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Pretenden diputados dar por concluido el caso del exhorto de Solorio para aclarar gastos de gestoría



Con un informe muy escueto los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, pretenden dar por “definitivamente concluido” la polémica generada por el ejercicio de 70 millones de pesos para obras de “gestoría” de los diputados locales y el cual se ha utilizado el 66 por ciento de lo aprobado para el 2006.
El uso “discrecional” de esos recursos públicos los denunció en tribuna del Congreso local el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán el 22 de diciembre, en donde presentó un punto de acuerdo para pedir al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desglose de la aplicación del recurso etiquetado por 70 millones de pesos bajo el rubro “Programa de Atención a Obras de Gestoría Social”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones citadas las que en su dictamen que será discutido la próxima semana y sometido a votación, justifican “que cada diputado será gestor y promotor de pueblo; esto infiere que las y los diputados tienen la posibilidad jurídica de proponer lo que consideren en beneficio de la población”.
La Comisión de Presupuesto la preside un diputado cercano al gobernador, José Jorge Bajos Valverde del PAN y la de Desarrollo Urbano, el perredista, Guadalupe Perea y ambos en el dictamen que da respuesta a la petición de Solorio afirman que el Poder Ejecutivo “debe estar en la mejor disposición (de atender esas solicitudes de información), no sólo responde a las peticiones de información que se formulen, sino además de presentar en sus portales los avances de obras que se hayan etiquetado en el presupuesto de egresos. Las y los diputados tenemos la obligación de cerciorarnos del estado que guardan los programas estatales y vigilar que los recursos públicos se estén aplicando correctamente”.
Indican que a través del oficio número HCE/CDUOP/228/2006 los diputados de ambas comisiones solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas un informe desglosado de la aplicación de 70 millones de pesos etiquetados para el Programa de Atención a Obras de Gestoría Social.
Ante esa petición, Guillermo Torres Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, envió un informe donde afirma que “se pudo constatar que el destino de los 70 millones fueron etiquetados para el programa de atención a Obra de Gestoría Social; se advierte que se han invertido la cantidad de 43 millones de pesos en 80 obras, lo cual representa un 66 por ciento del presupuesto autorizado, que además se encuentran obras pendientes por ejecutar, debido a que están en proceso de su dictaminación de su viabilidad técnica y financiera, hasta completar la partida autorizada para ese rubro”.
Debido a esa explicación, los diputados de ambas Comisiones “convienen que se encuentra satisfecho el objetivo de la propuesta de acuerdo que nos ocupa, acordando que dicha información sea distribuida a los diputados integrantes de la 58 legislatura al Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, de igual manera la información que posteriormente recepcione, deberá ser distribuida a los legisladores para el mismo fin, por lo que procede dejar sin materia el exhorto propuesto al titular del Poder Ejecutivo del estado, en el sentido de que informe a la soberanía sobre el desglose de los 70 millones de los cuales ya se tiene su información”.
Proponen en ese tenor dejar “sin materia el exhorto al titular del poder Ejecutivo de estado, en virtud de que la información ya fue proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, solicitando se descargue de la relación de asuntos pendientes y se archive el presente asunto como total y definitivamente concluido”.
Por los integrantes de la Comisión de Presupuesto firman el dictamen José Jorge Bajos Valverde, Fernando Donoso Pérez y Alejandro Luna, del PRD; Socorro Sofío Ramírez del PRI.
Por la Comisión de Desarrollo Urbano firman Guadalupe Perea Pineda y Germán Farías del PRD; Noé Ramos Cabrera del PRI; vocal, Alejando Carabias Icaza del PVEM y Jéssica Eugenia García Rojas del PAN.

Presentan en el Congreso a 12 ex alcaldes más que no han comprobado 165 millones




Ayer en la sesión el Congreso del Estado se presentó un segundo paquete de 12 ex alcaldes del PRD, PRI y PT, que no han comprobado recursos por 165 millones 377 mil 535.02 pesos, que se encontraron en la revisión de las cuentas públicas del último cuatrimestre de 2003.
En el apartado del orden del día, correspondiente a Comunicados, el secretario de la Mesa Directiva por el mes de mayo, José Luis Ramírez Mendoza del PRD leyó un oficio en el que se pide dictaminar el acuerdo que presentó hace una semana el priísta Noé Ramos Cabrera, el cual exhorta al gobierno estatal a respetar las iniciativas de la sociedad indígena y que atienda el proyecto de creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena.
La petición responde a que los miembros del grupo Calpulli Tecuanichan, los promotores del Instituto, sostienen una huelga de hambre desde hace una semana, pues exigen que el gobierno del estado defina su participación en el proyecto que ya fue aprobado por el gobierno federal que aportaría 5 millones de pesos a tavés de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) .
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Luna ordenó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside Fernando Pineda Ménez a apresurar el dictamen.
También se conoció un oficio enviado por el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en el que solicita que el Congreso expida el decreto que le permita la contratación de un “crédito simple” con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), hasta por 114 millones 690 mil pesos.
Piden firmeza a Fox para condenar la militarización en la frontera norte
Mientras que la propuesta del diputado zeferinista, Fernando Donoso Pérez, de exhortar al presidente Vicente Fox Quesada a que por medios diplomáticos demande al presidente George W. Bush “que dé marcha atrás al envío de tropas de la guardia nacional a la frontera México-Estados Unidos e implemente mecanismos que regulen y orienten el flujo de mexicanos a ese país”, fue modificada a petición del diputado Ramiro Solorio, estableciendo un exhorto al gobierno de Vicente Fox Quesada para que presente firmeza en la condena a la militarización de la frontera y frente al gobierno de Estados Unidos.
Raúl Tovar del PRI y José Luis Ramírez del PRD, se opusieron al punto de acuerdo, porque dijeron que es un derecho del gobierno de Estados Unidos cuidar sus fronteras del terrorismo y de los guerrilleros centroamericanos.
Los perredistas, Martín Mora Aguirre, Felipe Ortiz Montealegre y Marco Antonio Organis, criticaron a su compañero y al priísta y les dijeron que Estados Unidos aplica una política de intervencionismo y no se puede permitir que militarice la frontera por el riesgo que corren los inmigrantes mexicanos al cruzar la frontera.
Los ex alcaldes son seis del PRD, cinco del PRI y uno del PT
De los ex alcaldes que no les aprobarán sus cuentas públicas en la próxima sesión porque les falta comprobar dinero son: seis del PRD, de Cualac, Fortunato Sánchez Sánchez, debe comprobar un total de 8 millones 389 mil pesos; el de Copala, Óscar Bonilla Pérez, 3 millones 683 mil 303 pesos; el de Malinaltepec, Apolonio Cruz Rosas, 30 millones 835 mil 249 pesos; el de Metlatónoc, Saúl Rivera Mercenario, 41 millones 581 mil 716 pesos; el de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez, 866 mil 562 pesos; y el de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, 20 millones 907 mil 797 pesos.
De los ex alcaldes del PRI, el de Atlamajalcingo del Monte, Francisco Galindo Vivar, 4 millones 26 mil 829 pesos; el de Atlixtac, Raúl Aguilar Ortega, 16 millones 690 mil 546 pesos; el de Mártir de Cuilapan, Antonio Viliulfo Morales Iglesias, 11 millones 805 mil 451 pesos; el de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra, 363 mil 600 pesos; el de Tlapehuala, Gregorio Víctor Bravo, 26 millones 53 mil 958 pesos. Y del PT, el ex alcalde de Xochihuehuetlán, Claudio Rafael Morelos Estrada, debe 173 mil 388 pesos.
Antes de la primera lectura de los dictámenes, la sesión se aplazó en dos ocasiones por falta de quórum pues la bancada del PRD se reunió con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López; mientras que los diputados del PRI se ocuparon en preparar la visita a Guerrero de su candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado.
La primera cita a la sesión fue a las 11 de la mañana, pero a la 1 de la tarde no se completaba el quórum porque no llegaban los diputados del PRD ni los del PRI. Luego y se aplazó una hora que se extendió 30 minutos más por la misma razón.
Fue hasta las 2 y media de la tarde, que llegaron algunos perredistas, solo así sumaron 28 asistentes y empezó la sesión, luego se incorporaron casi la mitad de los diputados del PRI.
Atención para las concesiones de la zona federal marítimo terrestre
En otro asunto, el perredista Wulfrano Salgado Romero propuso un exhorto a los tres niveles de gobierno para que estén atentos y cumplan el mandato constitucional federal, para que al otorgar concesiones de la zona federal marítimo terrestre, se establezcan los mecanismos que aseguren la apertura de los accesos para los ciudadanos.
A propuesta de Solorio se agregó al punto de acuerdo, instruir a la Auditoría General del Estado (AGE) investigar a la Promotora Turística (Protur) para revisar la autorización de concesiones.
En nombre de Érika Lührs Cortés del PRI, Fernando Donoso Pérez del PRD y José Jorge Bajos Valverde del PAN, el diputado Alejandro Carabias Icaza del PVEM presentó un punto de acuerdo que no se discutió, sino que fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, para que investiguen los hechos que constituyen violaciones al Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Acapulco, así como el otorgamiento de licencias de construcción de manera ilegal y del impacto ambiental que se ocasiona con las construcciones irregulares.

Presentan notarios propuesta de reforma de ley sobre cultura de la legalidad y la paz en Guerrero



El ex presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Othón Pérez Fernández del Castillo presentó ante miembros del Grupo ACA una reforma de ley sobre la cultura de la legalidad y la paz, para que la asociación civil lleve la propuesta al Congreso del Estado de Guerrero.
En entrevista con El Sur, Pérez Fernández del Castillo mencionó que la paz es primordial y que en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni siquiera está la palabra paz”; por ello dijo que es importante que estas reformas se integren a la Constitución de estatal y se cuestionó; “Cómo podemos enseñarle a los niños el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, a cumplir con la ley o simplemente cumplir con los deberes que todos tenemos si no está plasmado en la carta magna”.
Agregó que “vivir en paz significa como bien decía Benito Juárez respetando los derechos de los demás, pero si no sé lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, si no sé vivir en paz, si no sé los valores de la colaboración o no ir a la violencia no podemos construir una manera de ser” dijo.
Asimismo añadió que el respeto debería ser parte esencial de la educación de los niños y adultos, “si educamos a los niños no tendremos que encarcelar a los adultos” anotó.
La presidenta del grupo ACA, Eloína López Cano, externó que es la segunda ocasión que llevará al congreso una propuesta y comprometió al diputado Ramiro Solorio, presente en la sesión, a ser el portavoz de la reforma ante el Congreso.
Por otra parte Othón Pérez Fernández del Castillo hizo referencia al tema del proyecto hidroeléctrico la Parota y dijo que al gobierno de Guerrero le ha hecho falta tener un mediador para negociar con los ejidatarios; criticó que a los campesinos se les dice los beneficios en abstractos, que en nada los beneficia.
“Sabes que vamos a lograr el saneamiento de las lagunas costeras y el tratamiento de aguas negras y el ejidatario va a decir a mí qué; vamos a lograr mayor utilización de la autopista México Acapulco, pero si ni coche tengo (contesta el ejidatario), en qué me beneficia a mí la autopista (se preguntará); vamos a reducir los azolves, pero yo que vivo ahí que no tengo otra tradición más que mi tierra (replicará el ejidatario), a mí qué me interesa que se vaya a descentralizar la ciudad de México, si esta es mi tierra, que es donde vivo, mi entorno aquí crecieron mis hijos y yo, es la tierra de mis padres” detalló.

Tomar en cuenta la profesionalización de magistrados del TEE, piden a diputados

La presidenta del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Olimpia Godínez Viveros pidió al Congreso del Estado que antes de tomar la decisión de renovar a los magistrados del órgano electoral “tomen en cuenta” el servicio profesional de carrera de los mismos, y consideró que se han esforzado en contribuir para consolidar la democracia del estado.

Sin embargo, reconoció que la decisión de renovar o ratificar a los magistrados del TEE sólo compete a los diputados locales.

Consultada al término de la sesión extraordinaria del pleno, donde quedó instalado el TEE para el proceso electoral mediante el cual se elegirá al gobernador del estado, Godínez Viveros dijo tener conocimiento que el Congreso local “a través de los medios de comunicación” tiene la intención de ratificar o de renovar a los magistrados de esta instancia electoral.

“Hay opiniones que pretenden ratificarnos, esta medida estaría apegada a la norma legal y existe otra opinión que demanda la renovación de los magistrados”, expresó la presidenta del TEE, quien apeló al servicio profesional de carrera de los integrantes del TEE, como argumento para que los diputados locales permitan que el tribunal continúe funcionando con los integrantes que están actualmente.

Antes, durante la sesión, Olimpia Godínez a través de un mensaje leído pidió a los partidos políticos “dignificar” la contienda electoral. Exhortó a que “hagan honrosa” la derrota y el triunfo.

Como parte del TEE electoral se comprometió a seguir “velando” por el respeto a la voluntad popular expresada en el sufragio “con irrestricto apego a la ley”, y consideró que los magistrados llegan a este proceso electoral con “esfuerzos renovados, nutridos con el estudio sistemático y con la experiencia acumulada”.

El Congreso del Estado reitera exhorto al Congreso de la Unión sobre casinos

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado presentó ayer un punto de acuerdo que le fue aprobado por unanimidad por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que “a la brevedad posible” atienda el primer exhorto hecho el 24 de septiembre de 2003 –también en un punto de acuerdo- y retome la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y la aprueben.

El diputado panista Max Tejeda leyó en tribuna el punto de acuerdo que reitera el argumento de que con la instalación de casinos en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo se promoverá un flujo mayor de turismo de estancia de un promedio anual de 2.5 a 4 días con estos centros de diversión.

Dijo el diputado en su lectura que habrá una inversión de 700 a mil millones de pesos y se generarían 3 mil empleos directos y 6 mil indirectos y una derrama económica de 600 millones de pesos por impuestos para los gobiernos estatal y municipal.

Además agregó que está comprobado que los lugares donde existen casinos como las Vegas Nevada, Atlantic City en New Jersey, Biloxi en Mississipi, en Austria y Montecarlo en Mónaco son lugares muy seguros y su índice de criminalidad es de los más bajos en el mundo, debido a los controles y candados de seguridad para evitar ilícitos.