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Pone nuevo municipio una demanda de juicio político contra el Congreso local

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El integrante del comité gestor del nuevo municipio Ñuu Savi, Melquiades Gregorio Porfirio, informó que ya interpusieron una demanda de juicio electoral contra el Congreso del Estado ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), porque no se les notificó oficialmente el cambio de fecha de instalación de los nuevos municipios.
Gregorio Porfirio aseguró que con ello violaron el acuerdo de que el 1 de octubre ya tendrían un gobierno instituyente, así como lesionaron “los derechos de los pueblos indígenas, al no tomarlos en cuenta” para pedir el segundo periodo de prórroga.
También dijo que observan indecisión por parte de los diputados para nombrar a los cuatro cabildos instituyentes de Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, además que “se avecinan tiempos electorales y no hay gobierno instituyente, lo que nos lleva a pensar que posiblemente no podamos participar en el proceso electoral 2024, porque se vienen antes las vedas electorales”.
El 1 de diciembre de 2022 comenzó el periodo de aplazamiento que aprobaron los diputados locales, para que tuvieran 120 días más para designar a los gobiernos instituyentes de los cuatro nuevos municipios. El periodo de aplazamiento concluirá el 30 de marzo.
Consultado este domingo vía telefónica, respecto a los avances de los legisladores locales para el nombramiento de los cabildos, Felipe de la Cruz, promotor de San Nicolás, respondió que ellos están a la espera de que los diputados terminen el proceso de estudio socioeconómico sobre las comunidades de altas marginación, por lo que pidieron la prórroga y esperan que cumplan, porque argumentaron que no tardarían los 120 días sino que a finales de enero ya tendrían noticias.
Sin embargo, en diciembre pasado el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, afirmó al El Sur que ya había presentado una propuesta de redistribución del recurso de los municipios, de donde se desprenden las nuevas demarcaciones.
Destacó que la aprobación la tenía el Congreso local, porque incluso, si no estaban conformados los cabildos instituyentes, no podrían transferirles presupuesto.
Manifestó que a pesar de que en el Congreso local ya entraron en la etapa de receso, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, les dijo que no se preocuparan porque instalarían una sesión extraordinaria para designar a los cuatro nuevos municipios.
Afirmó que en estos días se reunirán nuevamente con el secretario general de Gobierno y con la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, donde esperan que les informen la fecha y hora para detallar lo que falte.
Exigió a los diputados, a los secretarios de gabinete y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “que regresen a ver a los pueblos. Ya tiene más de un año de que se crearon los municipios y somos los más necesitados de que esto se termine”.
También consultado por teléfono, el integrante del comité gestor del nuevo municipio Ñuu Savi, Melaquiades Gregorio, contó que están procediendo legalmente ante el TEE, donde “estamos solicitando juicio político electoral contra el Congreso del Estado”.
Contó que el pasado lunes 9 de enero se reunieron con el diputado morenista, Alfredo Sánchez Esquivel, quien les dijo que “no hay ningún movimiento ni de la Comisión de Asuntos Políticos ni de la Jucopo (Junta de Coordinación Política), de nosotros. De por sí ya teníamos pensado que así iban a actuar, entonces decidimos que mejor se recurra a la vía legal”.
Sostuvo que la demanda de juicio electoral es porque no les notificaron oficialmente del cambio de fecha de instalación; además, violaron el acuerdo que les habían planteado, de que se instalaría el Cabildo el 1 de octubre y violaron “los derechos de los pueblos indígenas, al no tomarlos en cuenta en esta prórroga (de 120 días)”.
Expuso que en el Poder Legislativo se observan “tiempos de indecisión”, porque “se avecinan tiempos electorales y no hay (gobiernos) instituyentes; entonces, nos lleva a pensar que posiblemente no podamos participar en el proceso electoral 2024, porque se vienen antes vedas electorales”.
Melquiades Gregorio mencionó que observan que los legisladores locales tienen muy poco interés y por ello apostarán a presionar judicialmente con esta demanda ante el TEE.
Opinó que en Ñuu Savi los partidos políticos no han intervenido para tratar de imponer a un presidente municipal instituyente, pero que en el caso de San Marcos es muy evidente la división que está provocando el presidente perredista Tomás Hernández Palma, pues anda impulsando a un candidato.
Contó que otro caso ocurre con las comunidades que conforman San Nicolás, donde el gobierno municipal de Cuajinicuilapa, encabezado por Edgardo Miguel Paz Rojas, del PVEM, ya dejó de ofrecer todos los servicios públicos, no tienen obras, recolección de basura ni policías.
“No tienen nada, abandonaron completamente a estos pueblos que solicitaron ser nuevo municipio, pareciera ser como venganza, pero también como una forma de presión para seguir manteniendo el control político y económico”, aseveró.

 

Ya necesitan que el Congreso instaure sus cabildos, dicen los cuatro nuevos municipios

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Representantes de los cuatro nuevos municipios: San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, Ñuu Savi y Las Vigas, pidieron al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que el Congreso del Estado en enero agilice la instauración de los nuevos cabildos.
Además, el gobierno estatal informó sobre la gestión de las claves de las nuevas demarcaciones ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con las que podrán recibir recursos federales.
El 1 de diciembre, en sesión, el Congreso local le otorgó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, un segundo plazo de 120 días para emitir un dictamen, en el que designe a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios, porque su primer plazo concluía el 3 de diciembre.
Contactado por teléfono, Felipe de la Cruz, representante del comité gestor del nuevo municipio de San Nicolás, informó que el jueves 15 de diciembre se reunieron 14 representantes de los cuatro nuevos municipios, con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, en sus oficinas del poder Ejecutivo, en Chilpancingo.
Contó que le expresaron al secretario que “los pueblos están desesperados porque todavía no se instituyen los ayuntamientos y el Congreso pidió la prórroga de 120 días. Le dijimos que para nosotros es demasiado tiempo, y le pedimos que agilice los movimientos, para que no sean los 120 días que pidieron los diputados”.
“Pensamos que posiblemente en enero ya se estén instituyendo los ayuntamientos, porque hay muchas gestiones que tienen que hacer los que queden como representantes de los pueblos. También nos informó (el secretario) que el gobierno estatal ya tiene las cuatro claves de Inegi para los municipios, lo que nos darán la facilidad de ahorrarnos tiempo de gestión y con ello el gobierno federal nos tome en cuenta”.
Aseguró que Reynoso Núñez les argumentó que el aplazamiento en el Congreso se debió a detalles técnicos en cuanto a la separación de recursos, porque para asignar presupuesto a los nuevos municipios no es tan fácil, “está detenido en esa parte, porque están haciendo los estudios para no generar conflictos después”.
Felipe de la Cruz mencionó que Ludwig Marcial se comprometió a darle seguimiento, para que a la brevedad posible se instituyan los nuevos municipios, “porque también para ellos es una responsabilidad darle respuesta”.
“Esperemos que cumplan el compromiso y que las cosas salgan, porque los pueblos son los que más lo necesitan”, comentó.
Fue hasta el 20 de diciembre que, en un boletín del gobierno estatal, se informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, recibió del director regional Centro-Sur del Inegi, Jorge Valdovinos Espinosa, las claves geoestadísticas de los cuatro municipios de nueva creación: Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, “con los que podrán acceder a recursos y programas estatales y federales, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Añadió que en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario destacó la importancia de estas claves geoestadísticas de los municipios de nueva creación, “que son producto de la lucha social de las y los guerrerenses, de la voluntad los diputados, y de la coordinación y compromiso de esta administración con la justicia, el bienestar y desarrollo”.
“Dichas claves también fueron integradas al Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y localidades, que se podrán consultar en: ”, agregó el boletín.
En entrevista con El Sur, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, afirmó que la creación de los municipios es el primer paso y el segundo paso fue gestionar las claves de los municipios ante el Inegi, para que sean reconocidos dentro de la geografía del país.
Sostuvo que la gobernadora Evelyn Salgado fue quien pidió que se hicieran los trámites con el Inegi, porque sin las claves “no se les puede transferir recursos (a los nuevos municipios), sin claves no son reconocidos por el gobierno federal para la distribución de participaciones federales del Ramo 33”.
Afirmó que con las claves se ofrece a la población certeza de que ya podrán recibir transferencias de recursos en cuanto sean instituidos los cuatro nuevos cabildos y mencionó que son necesarias para que tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
“Todos los municipios deben tener un RFC, porque les otorgan sellos fiscales; es decir, la capacidad de emitir un documento fiscal cuando el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas les envía los recursos y tienen que timbrar un comprobante fiscal, entonces con estas claves del Inegi ya tienen las condiciones para que puedan funcionar como tal”, expuso.
Sostuvo que en una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, les presentó un análisis de cómo podrían distribuir los recursos del Ramo 33 a los cuatro nuevos municipios, “tenemos una dificultad, que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el principal fondo de los municipios, porque su distribución está en función del nivel de pobreza extrema”, pero explicó que el índice de pobreza de los municipios los da Coneval cada cinco años, “pero no a nivel localidad”.
Manifestó que el análisis por localidades ya lo hicieron y se lo presentaron con la fórmula de distribución de los recursos a la Secretaría de Bienestar, que es el ente que los válida, y al Congreso local.
Aseguró que en la Secretaría de Planeación ya presentó una propuesta de redistribución del recurso de los municipios de donde se desprenden las nuevas demarcaciones, “el que decide es el Congreso, la aprobación no la hace el gobierno del estado, la decisión está de aquel lado y la conformación de las autoridades mismas, si el municipio no está conformado, no puedes transferirle ningún peso de recursos federales”.
A la comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que no emitió el dictamen para instituir los ayuntamientos, la presidente es la priista Alicia Zamora Villalba; la secretaria es la morenista, Leticia Castro Ortiz, y los vocales son los morenistas, Alfredo Sánchez Esquivel y Andrés Guevara Cárdenas, así como la perredista, Elzy Camacho Pineda.

 

Recibió Evelyn déficit de 3 mil 351 millones y hereda adeudos por 27 mil millones en impuestos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno de Evelyn Salgado recibió el erario estatal con un déficit de 3 mil 351 millones de pesos, que obligó a la contratación de créditos para pagar sueldos y prestaciones económicas de fin de año en 2021 y para el inicio de 2022, más adeudos por 27 mil 816 millones por impuestos no enterados al ISSSPEG, SAT, el Insabi, y laudos, informó el secretario de Finanzas y Administración Raymundo Segura Estrada.
En la glosa del primer informe de gobierno sobre la hacienda pública en el Congreso local, el funcionario precisó que los ingresos del presupuesto estatal ascienden a 55.9 mil millones de pesos, 97.7 por ciento provenientes de la federación y 2.3 por ciento por gestiones propias.
Durante las preguntas de los grupos políticos, el funcionario agregó que el estado además tuvo descuentos de las participaciones federales este año por mil 200 millones de pesos, relacionados a la insuficiente recaudación de ISR, IVA y el IEPS.
“Nos ha implicado serios problemas para administrar los recursos del estado, pero estos ahorros salvan esta posibilidad de que el gobierno caiga en crisis”, precisó.

Deuda y descuentos

De la deuda de 27 mil 816 millones de pesos, indicó que 14 mil millones son de aportaciones al ISSSPEG; 5 mil millones al SAT, mil 504 millones al Insabi, y 2 mil 500 millones en laudos laborales.
Explicó que el ISSSTE aplica descuentos mensuales por 50 millones de pesos en las participaciones federales, y el SAT 36 millones de pesos, “(y) avanzamos en esa deuda institucional, sin importar el origen, que viene de muchos atrás”
Asimismo, infirmó que cada mes, la federación determina saldos a cargo o saldos a favor para los estados, particularmente en el Ramo 28, dependiendo de la recaudación de ISR, IVA, IEPS.
“Sacan sus cuentas y dicen cuánto debe haber pagado a cada uno de los estados, estamos hablando de más de mil 500 millones de pesos de saldos a cargo y a favor… precisamente por esa política de austeridad hemos podido aplicar ahorros en los presupuestos que no hemos recibido”.
Señaló que para cerrar el 2021 y comenzar 2022, el gobierno del estado solicitó 345 millones de pesos de créditos bancarios de corto plazo que terminarán de pagar en diciembre. Este año, Sefina propuso que los créditos fueran menores, pero de entrada tienen un crédito de mil 500 millones, que falta segunda evaluación.
La diputada del PRI, Alicia Zamora Villaba, reconoció de la comparecencia las acciones de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero aclaró la deuda institucional “quizá es de los últimos 25 años”.
Recordó que el gobierno anterior recibió la deuda en 32 mil millones de pesos, y consiguió reducirla 4 mil millones de pesos. Estimó que, por la no contratación de deuda este año, de 2015 a 2022 habrá una reducción de 44 por ciento.
Pidió continuar los esfuerzos de los últimos siete años, “es la misma historia la están viviendo ustedes”.

ISSSPEG

Para el pago de adeudos al ISSSPEG, explicó que se realizó estructuración interna, se redujeron salarios para gastar lo menos posible, y cubrieron 90 por ciento de la deuda con proveedores.
Asimismo, informó que hay un acercamiento con los ayuntamientos, para que paguen sus adeudos y enteren las retenciones de las aportaciones patronales y de los trabajadores.
Señaló como principal deudor al ayuntamiento de Chilpancingo, “no ha hecho el esfuerzo de atender ni la retención que hace (en este gobierno) a sus empleados”, y asimismo CAPAMA.
Señaló que el ISSSPEG cobrara todo lo que se tienen en cuentas retenidas por cuotas no enteradas, estaría sano, “ojalá (el Congreso) pueda dar mas herramientas al ISSSPEG para obligar el pago de cuotas con sanciones”.
Advirtió que a partir de 2023, será muy grave que las entidades y ayuntamientos no enteren las cuotas que están reteniendo del ISSSTE.

Préstamos y laudos

En el pleno, representantes del PRI, PRD y Morena insistieron en conocer de las peticiones de préstamos o adelantos de los ayuntamientos para concluir el año fiscal, así como de las sentencias de laudos de ayuntamientos y los juicios laborales

Segura Estrada confirmó que han recibido “muchísimas” solicitudes para cubrir de adelanto de participaciones o de préstamos para cubrir aguinaldos, y sólo apoyaron con 18.8 millones de pesos a Copala, Tlacoachistlahuaca, Chilpancingo, Huitzuco, Atoyac, Cocula, Iguala, Coyuca de Benítez, San Luis Acatlán y Benito Juárez “por diversas circunstancias y prioridades no obstante nuestra situación”.
Ahora están invitando a los ayuntamientos a solicitar el préstamo global de Banobras, mediante el Congreso.
Asimismo, indicó que el estado realiza descuentos de las participaciones federales a los ayuntamientos, para pagar laudos que ordena el tribunal, en cantidades que no pongan en riesgo su operación.
Sin embargo, hay ocasiones en que los tribunales laborales no aceptan la cantidad por considerar que es muy baja respecto al laudo por eso debemos ser muy cuidadosos del informe del recurso, siempre con el mejor propósito de que puedan atender su gasto corriente.
Para atender los juicios laborales recomendaron a los ayuntamientos integrarse a un Fondo de Fomento Municipal, que al 30 de septiembre con ayuntamientos adheridos con aportaciones del 10 por ciento del fondo general y del fondo municipal, contaba con 68 millones de pesos para hacer frente a sus laudos.
De los juicios laborales del sector central, detalló que de enero a agosto recibieron 69, a la fecha aumentaron a 98, pero en total son juicios, los cuales se les da seguimiento legal.
Asimismo, informó que en primer año de gobierno se emitieron 47 multas por laudos y sentencias pendientes de notificar, las cuales corresponden a ex servidores públicos multados que, en algunos casos, cambiaron de domicilio o interpusieron amparos que imposibilita el cobro, “estamos en esa tarea, solicitando información”.

Presupuesto de 2023, equilibra inversión federal y estatal

En el camino para resolver el déficit del presupuesto, informó que solicitaron a las dependencias su propuesta de gasto en el ejercicio 2023, con enfoque basado en resultados e indicadores de seguimiento.
“Reunimos todas las propuestas de toda la estructura de gobierno, la sumatoria excedían al presupuesto autorizado por más de 5 mil millones de pesos, nos puso en disyuntiva y se tuvo que considerar del presupuesto ejercido en 2022 lo que se ha otorgado como partidas extraordinarias”
Enfatizó que el anteproyecto está enfocado al apoyo a la educación, para cubrir el sistema de Pari Passu, es decir, que el estado aporte la misma cantidad que la federación para la inversión en la entidad, que nunca se alcanzaba.
“En este presupuesto se va a encontrar presupuesto importante en educación estamos llegando a equilibrar la aportación de la federación y el estado”.

Ayuntamientos adeudan 40 millones por impuesto de nómina

Al final, el diputado de Morena, Jacinto González Varona pidió saber sobre la recaudación del 2 por ciento del impuesto sobre nóminas, cuánto adeudan los municipios por este concepto, y la estrategia para estimular la captación.
El secretario informó que, de enero a junio de 2022, 68 municipios deben 40 millones de pesos, entre estos, Acapulco, Iguala, Ometepec, Tixtla y Tlapa.
Cuando este impuesto se paga puntualmente, la federación devuelve 100 por ciento a través de las participaciones, principalmente del Ramo 28, y cuando hay retraso, sólo obtienen 50 por ciento.
“Por ello insistencia a municipios, inclusive a las secretarías que también han omitido pago de impuesto a la nómina, pero creo que vamos a conseguir buenos resultados en 2023”.
Destacó que la recaudación de 2 por ciento de enero a junio de 2022, fue de 381 millones, y en comparación con el mismo periodo del año anterior, aumentó 15 por ciento.

Otros temas

En otros asuntos, el secretario informó que en 2023 estarán gestionando la ampliación de la conectividad gratuita de internet 4 mil 100 puntos, el doble de lo que se logró avanzar en 2022, y concluir la red estatal en 2024, hasta los lugares más apartados.
La diputada Flor Añorve denunció que, en la agencia de recaudación en Taxco, hay cobros de 200 pesos por trámites y 4 por copias, luego que el funcionario aseguró que se estableció la política de cero efectivo, para evitar prácticas de corrupción que detentaron en el cobro en efectivo con recibos.
Segura Estrada aclaró que el pago de coyotaje y copias no entran como recaudación, “pero agradezco observaciones porque haremos seguimiento, no permitiremos estas acciones que lastiman al gobierno de Guerrero.

Culpa diputado al sindicato y a la Secretaría de Salud de la falta de médicos en el estado

El diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el perredista Raymundo García Gutiérrez dijo que la falta de médicos en hospitales, centros de salud y clínicas se debe a la “mezcla de intereses” entre el sindicato y la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a la población.
“Aquí  hay una mezcla de intereses entre las administraciones públicas y el sindicato, lo que provoca que salga perjudicada la ciudadanía”, agregó.
Consultado sobre el caso del indígena que murió en la sala de espera del hospital en San Luis Acatlán, dijo que la comisión ya presentó los exhortos correspondientes.
Este jueves en estas páginas se publicó que en San Luis Acatlán los vecinos de las comunidades no tienen derecho a la salud los fines de semana, porque no se presentan los médicos.
Ayer sin entrar en detalles dijo que se pidió que se reforzaran las zonas donde no hay médicos los fines de semana, y que fuera el personal de las jurisdicciones el que resolviera ese problema.
Dijo que su función en la comisión y como diputado es “tender” un puente de comunicación con la Secretaría de Salud, para que atienda la petición de médicos en las zonas que se requieran.
Insistió en que la falta de personal médico del hospital de San Luis Acatlán no sólo se presenta ahí, sino que es un “padecimiento” que se ha presentado a lo largo de los años en todo el estado.
Mencionó que el problema de esta falta de atención médica para la población de cualquier región indígena y urbana, es que entre los sindicatos y las dependencias públicas hay intereses que buscan y sólo los benefician a ellos.
El domingo 1 de octubre murió el señor Calixto Zavala esperando ser atendido en el área de urgencias, cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos no hay servicio médico.
De la muerte de cinco bebés que presentaron complicaciones de enfermedades nosocomiales, y el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Acapulco, dijo que no se ha presentado ese caso a la comisión del Congreso.
Aseguró que los familiares de los bebés deben presentar una denuncia formal ante el Congreso, para que los diputados  puedan actuar y se presione a la Secretaría de Salud. “Los familiares deben denunciar la negligencia, aquí no ha hbido una denuncia de manera formal”, agregó.
Informó se presentó un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el presupuesto del próximo año se den más recursos a las morgues. Dijo que no ha sido informado de cómo iniciará el proyecto para mejorar las condiciones en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Exige seguridad el Grupo ACA tras 10 años de violencia; se reúne con MC en el Congreso

En una reunión entre diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) y los integrantes del Grupo ACA, la presidenta Adelaida Alarcón Domínguez dijo que después de más de 10 años de violencia en Acapulco ya no piden, sino que exigen seguridad y que los gobiernos estatal y municipal cumplan la certificación, evaluación y profesionalización de las policías.

Alarcón Domínguez también dijo a los diputados locales que tienen la obligación de legislar, por lo que les pidió que no dejen que las iniciativas importantes “se enfríen”, en respuesta cuando se le preguntó por las iniciativas contra el halconeo (vigilancia de grupos criminales) y la extorsión.
La reunión entre los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco de Aquino con los integrantes del Grupo ACA fue en la sala José Bajos Valverde del Congreso del Estado, al principio el encuentro fue cerrado pero casi al final se permitió el acceso a reporteros.
Los de la asociación pidieron que “la sociedad civil tengamos figura jurídica para tener voz y voto”. Aleida Alarcón Domínguez comentó que pretenden intervenir para que en los municipios no se creen consejos o comités ciudadanos en materia de seguridad a modo.
Reiteró que los ciudadanos, y se refirió a los acapulqueños, no confían en sus instituciones, “mucho menos en sus corporaciones (policiacas) y de impartición de justicia”.
Denunció que las extorsiones y el cobro de “cuota” de grupos del crimen organizado son los principales problemas en Acapulco, y que están “ahogando” la economía.
Lamentó que las autoridades pretendan ocultar la realidad en seguridad, “la violencia ya no se puede tapar con un dedo, no está funcionando lo que están haciendo”.
La presidenta también manifestó la preocupación del Grupo ACA por las policías ciudadanas y comunitarias, porque afirmó que no todas son de los pueblos originarios y que algunas responden a intereses de cada región del estado.
“No queremos que en las principales ciudades donde se desarrolla la economía del estado, existan y se gesten estas figuras de autoridades comunitarias”, sin embargo reconoció que el motivo de los movimientos de autodefensa es precisamente porque las policías constituidas y el gobierno “ya no responden”.
Los principales sectores de desarrollo económico fueron afectados por la violencia en Acapulco, principalmente el de la construcción y prestadores de servicios turísticos, quienes pagan cuota o tienen que cerrar si no lo hacen, comentó.
Dijo que aún no concluyen un diagnóstico de cierre de negocios víctimas de extorsión, pero comentó que en la periferia del puerto el problema es mayor, sobre todo en las colonias Zapata, La Venta, Pie de la Cuesta, Coloso, pero también en asentamientos céntricos como La Progreso.
De la propuesta de MC para eliminar el fuero en Guerrero dijo que plantearon a la fracción que informe cuáles serían los alcances de la desaparición de la figura, “porque necesitamos saber si las minorías se van a volver entonces los acosados o las mayorías… es lo que no entendemos”.

Lleva 90% de avance la separación de Buena Vista de las Pilas del municipio de Chilapa, informan

La fracción de regidores del PRD en el cabildo de Chilapa informó que sólo falta sesionar para que se apruebe la separación de la comunidad de Buena Vista de las Pilas para que se incorpore al municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), como lo han pedido autoridades y líderes del pueblo desde 2012.
El coordinador de los regidores perredistas, Efraín Flores García dijo que el cabildeo para la segregación de esa comunidad lleva un avance del “más de 90 por ciento”, y que sólo falta llevarlo a una sesión ordinaria para poderlo someter a votación.
El gestor de Buena Vista de las Pilas, Felipe Huitzilac García dio a conocer que desde abril del año pasado el cabildo no le ha dado trámite a la solicitud de segregación de comunidad de Chilapa y su incorporación al municipio de José Joaquín de Herrera. Recordó que desde 2012 la solicitud llegó al Congreso del estado y que en la reciente legislatura les informaron que el cabildo de Chilapa tendría que aprobar la separación y hacer de nuevo el trámite.

Cumple ocho días la toma de tres pozos de agua para la capital en La Villita, Mochitlán

Unos 400 vecinos de la colonia La Villita, municipio de Mochitlán, tomaron desde el jueves de la semana pasada tres pozos de agua del sistema que abastece a colonias del oriente de Chilpancingo; reclaman que, mientras que el agua se extrae de su territorio para abastecer a la capital, ellos carecen del servicio.
Para liberar los pozos exigen que el municipio de Chilpancingo les pavimente la calle principal, construya un puente y coloque una toma de agua.
El camino a Mochitlán se recorre en unos 30 minutos en transporte público desde la capital. La Villita no está a más de 15 minutos a pie, desde el centro de la cabecera municipal.
Para llegar a la colonia, se camina en una calle de terracería que va al río Huacapa, cuya corriente es espesa y verdosa en esta temporada, aunque permite llegar a La Villita en carro ante el pobre caudal.
Si es a pie, los transeúntes caminan un puente estrecho de cemento, que a los costados tiene unos tubos delgados y torcidos que sirven como pasamanos. Desde ahí, no hay ninguna calle pavimentada.
A unos 15 metros desde el puente se puede ver un grupo de 30 niños y adultos que se cubren del sol con tres pequeñas lonas que pusieron afuera del subsistema de agua potable Chilpancingo-Mochitlán, pozo M-2, que mantienen tomado.
En este municipio hay seis pozos del sistema Mochitlán, uno de los tres sistemas de agua que abastecen a la capital, de manera “simultánea”, según el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas, a unas 60 colonias de la parte oriente.
En la cerca de malla ciclónica que rodea el pozo, los colonos colgaron dos cartulinas en las que se leen: “La colonia La Villita exigimos obras: puente, pavimentación de calles, drenaje, ampliación de electricidad”, y “La colonia La Villita no se moverá de aquí, hasta tener respuesta de las obras, y hablar con el presidente de Chilpancingo (el priista Marco Antonio Leyva Mena), atentamente La Villita”.
La representante de la colonia, Felicitas Mateo Reyes explicó que el jueves a las 6:30 de la tarde los 400 vecinos cerraron los tres pozos.
Se quejó de que desde hace 22 años que comenzaron a funcionar los pozos, ellos no han sido beneficiados con nada, que aún carecen de los servicios públicos básicos de agua, drenaje, luz y pavimentación. “En lugar de que nosotros estemos ocupando esa agua, todo (va) para Chilpancingo”.
Los vecinos se plantaron en el pozo M-2 porque tienen que encender éste para que los otros dos, que cerraron con candados, funcionen.
Comentaron que esta semana los colonos se han estado rotando los turnos para permanecer en la toma del pozo de día y de noche, unos 30 vecinos en cada ronda.
Reprocharon que medios de comunicación han acudido a los pozos tomados y han mal informado a los habitantes de Chilpancingo, publicando, “que la toma de los pozos terminó, que ya nos resolvieron, que ya están llegando los apoyos”, pero que todo es mentira.
El domingo, el director de la Capach aseguró que la toma fue sólo de un pozo, y que duró 24 horas porque el alcalde Leyva Mena acudió para llegar a un acuerdo.
Felicitas Mateo recordó que el sábado, cuando el alcalde acudió al plantón, ella no estaba, que le dijeron que llegó “muy grosero” cuando se percató de que la responsable de la toma no se encontraba en el lugar, “si no están los responsables, yo me voy”, amenazó.
Dijo que ella no estaba en los pozos porque salió junto con otros compañeros a pedir apoyo a propietarios de lotes en la colonia que no habitan ahí, para que les ayudaran con alimentos para los que se mantienen en el plantón.
Cuenta que cuando ella llegó, el presidente de Chilpancingo ahí estaba; le explicó el motivo de la toma de los pozos y lo que exigían a su municipio por llevarse el agua que les pertenece.
Viven vecinos en condiciones precarias y con carencias

El alcalde les propuso gestionar ante el gobernador Héctor Astudillo Flores sus demandas, además les prometió que este lunes estaría colocada una toma de agua para ellos, sin embargo hasta ayer ningún funcionario los visitó.
“Aquí estamos en el calor, no tenemos respuesta y mientras no haya respuesta, ni modo, aquí vamos a estar”, advirtieron los inconformes.
Los habitantes de La Villita son campesinos. En la temporada de lluvias siembran maíz, frijol, jícama y cacahuate. En un recorrido en la colonia, vecinas mostraron las condiciones precarias en las que viven.
Las calles no tienen nombres, y la que conocen como “La Principal” tiene baches, zanjas, montones de piedras de distintos tamaños y tierra.
Felicitas Mateo mostró que un parte de esta calle está sumida porque la Capach excavó para colocar tuberías, “pero así la dejaron, no la arreglaron”.
La mayoría de las casas de unos 6 metros cuadrados están hechas de carrizos, maderas, troncos, varas, telas, láminas de cartón y de metal. Sobresalen algunas con paredes de cemento.
Sólo unos 100 habitantes tienen drenaje, los demás defecan “en el campo”; otros construyeron fuera de su casa espacios de unos 2 metros cuadrados que sirven como baños, con paredes de trapos; en el interior defecan y cubren los desechos con tierra.
Aunque están conscientes de que eso puede provocar enfermedades, dicen que no tienen otra opción.
Asimismo, sólo cuentan con servicio eléctrico unos cuantos vecinos. Los que no cuentan con el servicio piden a los vecino que lo tienen que lo compartan con ellos.
En la calle principal se nota claramente el cruce del río Huacapa y lo que queda del angosto puente.
Ahí una vecina recordó que en temporada de lluvias el río Huacapa crece y no hay manera de cruzar, dejándolos atrapados en La Villita.
En la colonia no hay ninguna escuela. La más cercana es una primaria que está cruzando el río, a unos 150 metros.
“Los niños batallan bien feo en tiempo de lluvias, las mamás los pasan abrazando el río”, consignó una señora.
Del puente, reclamaron que, “vino la Sedatu, limpiaron el Huacapa, y lo que pasaron a fregar fue el puente, en vez de reforzarlo le escarbaron”, y lo debilitaron.
El agua que utilizan los vecinos viene de un pozo distinto a los del sistema Mochitlán, que se encuentra en un cerro, les dotan de agua dos veces por semana durante media hora, sólo logran llenar un bote de 100 litros, que utilizan familias conformadas de tres a ocho integrantes.
En una casa se constató que, de dos tambos de 100 litros, un tanque de concreto y uno de plástico, sólo uno tenía agua.
La dueña de la casa enfatizó que tienen que racionarla para lavar los trastes y bañarse, porque si no, no les rinde.
Los 400 habitantes de la colonia pretenden que el alcalde de Chilpancingo pavimente la calle principal, coloque la toma de agua y construya el puente; y que el alcalde de Mochitlán, Jhobanny Jiménez Mendoza, amplíe el servicio de energía eléctrica y el drenaje, y la pavimentación de otras calles.
Para liberar los pozos, exigen que ambos alcaldes acudan para dialogar al plantón, quieren que se coloque la toma de agua y comiencen la pavimentación de la calle principal, y que darán un plazo de dos meses para que el municipio capitalino comience la construcción del puente.
Si en dos meses no empiezan a construir el puente, “que se olviden de los pozos, porque no se los vamos a dejar”, advirtieron.

Critican que en los foros para el Plan de Desarrollo el gobierno no tomó en cuenta a la Sierra

El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero anunció que se realizará el octavo foro regional en la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac, para hablar de las condiciones de pobreza y marginación en la sierra.
En conferencia de prensa el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero, dijo que el 6 de enero solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores se realice el octavo foro regional este 31 de enero.
Mencionó que para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 sólo consideraron siete foros de consulta pública, pero es importante que también sea atendida la sierra como la octava región del estado.
El presidente de la Unión Estatal de Silvicultores, Pablo Cortés Varona manifestó que, “hay un abandono en la sierra de toda la vida”.
“Es un territorio de completa impunidad, allá se mata, se hacen tropelías y no pasa nada, nadie va a la cárcel, no respetamos la ley, basta irnos a otro poblado, no hay justicia”. Dijo que hace 60 años llegó más gente y cambió la economía, “desde hace 20 años sólo cultivamos la amapola y tenemos que comprar la comida”, por eso es necesario el octavo foro para atender las problemáticas de la sierra.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.