Las diputadas Marben de la Cruz Santiago y Patricia Doroteo Calderón y el también morenista Andrés Guevara Cárdenas, flanquean a la diputada del PT, Leticia Mosso, nombrada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para el último año de la 63 Legislatura Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Con la instalación de un periodo extraordinario para celebrar una sesión plenaria, el Congreso del Estado aprobó la nueva integración de la Mesa Directiva, que coordinará los trabajos legislativos en el tercer año de la 63 Legislatura, que tiene como presidenta a la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández.
Aunque la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, esperaba una votación unanime después del fallido intento de llevar a la presidencia de la Mesa Directiva al morenista Joaquín Badillo Escamilla, a través la representación del PVEM, hace un mes, la propuesta única de este miércoles se aprobó con cuatro votos en contra y una abstensión, mediante urna secreta.
Además, hubo un retraso de 2:45 horas en el inicio de la sesión extraordinaria, presuntamente por la revisión de aspectos legales sobre repetición de integrantes en la Mesa Directiva, en el primero y en el tercer año de la legislatura. El problema se resolvió porque no eran años consecutivos.
En ausencia, se aprobó el nombramiento como primer vicepresidente, del diputado del PRI, Esteban Albarrán Mendoza. Tomó protesta como segunda vicepresidenta, la diputada del PRD, Susana Paola Juárez Gómez; como secretarios propietarios los morenistas Andrés Guevara Cárdenas y Patricia Doroteo Calderón, y como secretarias suplentes, de Morena, Marben de la Cruz Santiago, y del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
Como única diputada del PT, Mosso Hernández, tuvo que renunciar a la integración de la Junta de Coordinación para poder presidir este organo de gobierno, pero seguirá siendo parte de la toma de decisiones en los trabajos legislativos, a través de la Conferencia, que es el órgano colegiado que conforman la junta y la presidencia de la Mesa Directiva.
En esta única sesión del periodo extraordinario, convocada para cumplir con el cambio de la Mesa Directiva, tambien se aprobó y se tomó protesta a cuatro integrantes de la Comisión Especial, que va a expedir la convocatoria y va dictaminar las candidaturas que se presenten para elegir al recipendiario de la Presea Sentimientos de la Nación, que se entrega el 13 de septiembre.
Estos son el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, y del PRD, Raymundo García Gutiérrez; la diputada del PAN, Analenis Resendiz Javier, y la presidenta de la Junta de Coordinación, de Morena, Yoloczin Domínguez.
La sesión extraordinaria comenzó con 37 asistencias, donde siete diputados pidieron permiso para faltar, entre ellos, Joaquín Badillo Escamilla y Esteban Albarrán.
Antes, a mediodía, sesionó la Comisión Permanente del segundo periodo de receso, para aprobar como asunto urgente y de obvia resolución, la convocatoria del primer periodo de sesiones extraordinarias.
Mal servicio de la CFE y costo excesivo de tarifas en Costa Chica
En la sesión permanente, el diputado del PRI, Rafael Navarrete Quezada, denunció en la sección de intervenciones que en Costa Chica son constantes los apagones del servicio electrico, que son unos tras otros o que se suspende el servicio durante semanas en las comunidades.
Aclaró que esta situación sólo causa molestias a la población, también daños a los aparatos electrodomésticos, por los cuales CFE no se responsabiliza, “quienes los sufrimos, nos quedamos en completo estado de indefensión, al no haber una instancia que nos escuche y dé solución al problema”.
Sobre esto, denunció que hay cobros excesivos para la región y ante las quejas de la ciudadanía, la paraestatal sólo permite la opción de pagos en parcialidades, o les suspende el servicio.
Añadió que particularmente en junio se iba la luz en Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, sin previo aviso, provocando afectaciones económicas por descomposición de comida, daño de aparatos electrodomésticos, generando, además, que se pierda la cobertura telefónica y con ello aislamiento social.
Llamó al director general de la CFE, al responsable de la paraestatal en Guerrero y a quien corresponda, para que se atienda el problema en Costa Chica y se garantice el servicio, “sin apagones constantes, sin cobros excesivos. Porque todo esto ofende y lacera la economía de nuestra región, que es de gente trabajadora, que sólo exige lo justo: energía eléctrica segura, económica, con calidad y sentido social”.
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Los alcaldes de Tierra Caliente se mantienen atentos y a la expectativa de lo que ocurra con la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra y luego de los bloqueos que encabezaron a finales de abril y principios de mayo.
Ninguno de los presidentes municipales de Tierra Caliente quiso dar declaraciones acerca de la solicitud de información enviada al Congreso por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, con fecha 7 de julio.
Sin embargo, algunos de ellos se reunieron en privado durante la mañana y la tarde de este lunes, para dialogar al respecto.
De los nueve alcaldes de la Tierra Caliente, ocho estuvieron involucrados en el bloqueo de carreteras contra acciones de la FGE luego de que agentes ministeriales entraron a una bodega y decomisaron automóviles de marcas premium cuya propiedad se atribuyó a los presuntos líderes de La Familia Michoacana.
En El Sur se informó que la FGE solicito copia certificada de las actas de protesta o, en su caso, de las constancias documentales que los acrediten como servidores públicos y su cargo.
Entre los funcionarios que se mencionan está el presidente municipal César Ortiz Torres, de militancia perredista, de Acapetlahuaya; la presidenta municipal priista Mayté Lucero Arce Jaimes, de Cutzamala; también los priístas Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antúnez Goicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán, y el perredista Eusebio Echeverría Tavares, de Coyuca de Catalán; además de la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa, y la diputada local del distrito 17, Elzy Camacho Pineda, de militancia perredista.
El documento señala que la solicitud de las constancias es “en virtud de que puede ser información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan, dentro de la respectiva carpeta de investigación, misma que se mantiene en reserva en atención a los artículos 15, 105, 106, y 218 del código nacional de procedimientos penales”.
Los alcaldes de Tierra caliente se manifestaron el 28 de abril, luego de los cateos de agentes de la Fiscalía estatal en Ciudad Altamirano, señalando que se trataba de acciones arbitrarias en represalia por los señalamientos que los mismos alcaldes hicieron en contra de agentes de la Policía Ministerial por su relación con la delincuencia organizada que opera en la sierra.
Luego, hubo una reunión donde estuvieron presentes la gobernadora Evelyn Salgado Pineday la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, de la cual luego se pudo conocer que ahí también ésta habría señalado a los alcaldes como personas con posibles relaciones con la delincuencia, lo que provocó tensión entre los asistentes, que días después terminó con los bloqueos, por cuatro días, de las carreteras en Tierra Caliente como una protesta en contra de las acciones de la Fiscalía.
Estas protestas concluyeron luego de que la gobernadora se presentó en la región, el 1 de mayo, para dialogar con los alcaldes. Al finalizar el encuentro, los alcaldes señalaron que habían llegado a un buen acuerdo y que no sufrirían represalias, es decir, que no se iniciaría ningún procedimiento en contra de ellos ni de las personas que estuvieron manifestándose en el cierre de carreteras.
Mientras que el presidente municipal de Pungarabato, luego del diálogo con la gobernadora, se desistió de presentar una denuncia en contra de la Policía Ministerial, por un acto que él consideraba una amenaza, cuando elementos de la corporación llegaron afuera de su casa, cerraron la calle con patrullas y agentes algunos incluso vestidos de civil se pararon con armas en la puerta de su casa por varios minutos y luego se retiraron.
En la solicitud de la FGE al Congreso local no aparece el nombre del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Freddy Vázquez Palacios, de militancia perredista, al cual le anunciaron que iniciarían por separado una investigación, por las protestas que encabezó después, a finales de mayo, luego de la detención de dos campesinos.
A los campesinos les aseguraron un vehículo con reporte de robo, pero de acuerdo con la opinión del alcalde, se debió considerar la pobreza de las personas y el uso que le daban a esta unidad, para transportar su fertilizante, y los diversos apoyos para el campo que se estaban entregando. Señaló que había quejas de que los agentes estaban abusando de la población, vigilando su llegada a la entrega de apoyos para el campo, pero debido a que en esa manifestación los encerraron en su oficina y pintaron el edificio y patrullas, la FGE informó en su momento que abriría una carpeta de investigación en contra del alcalde.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus informó que actualmente sólo un municipio tiene actualizado su Atlas de Riesgo, y es Chilpancingo; expuso que Tixtla, San Jerónimo y Ometepec están construyendo el suyo.
También destacó que en un diagnóstico estatal estiman que 2 mil 500 familias están en riesgo por deslizamientos en el estado, en Chilpancingo son 13 barrancas las que están en peligro de algún derrumbe, y es preocupante la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Atoyac, donde hay posibilidad de que haya un deslizamiento.
Ayer, en declaraciones al concluir la presentación de la convocatoria del Foro Estatal de Protección Civil, en el lobby del Congreso del Estado, Roberto Arroyo Matus expuso que en Guerrero, de los 81 municipios, solo Chilpancingo tiene actualizado su Atlas de Riesgos.
Dijo que afortunadamente los gobiernos de Tixtla, Benito Juárez (San Jerónimo) y Ometepec, están elaborando su Atlas de Riesgos con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), “no lo tenían, pero ya están en el proceso”.
Comentó que otros municipios que están en proceso de actualizarlo, son Zihuatanejo, Iguala y Acapulco. Del caso de Chilpancingo sostuvo que ya lo entregó y fue revisado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual sólo le faltaría subirlo a la plataforma nacional de Atlas de Riesgos.
Mencionó que será importante que la decisión de elaborar sus mapas o actualizarlos permee en todos los municipios, porque es “una herramienta muy importante para establecer los niveles de riesgo a los que puede estar expuesta la población”.
De cuántas zonas inestables se tienen detectadas en Guerrero, Arroyo Matus respondió que también están en un proceso de actualizar el Atlas de Riesgos estatal, pero con la información que tienen, en el caso de Chilpancingo hay 13 barrancas consideradas de alto peligro por deslizamientos.
Sin embargo, reconoció que es difícil, porque a pesar de que se le pide a la población que en temporada de lluvias se retire de esos lugares, no lo hacen, “lo que estamos haciendo ya con un programa especial con los ayuntamientos es que se haga un perifoneo horas antes de que llegue la lluvia más fuerte y que se saturan más los suelos, y haya oportunidad de atender y que pueda retirarse de esos sitios que son de muy alto riesgo”.
A nivel estatal, resaltó que a las autoridades estatales les preocupa un posible deslizamiento en el municipio de Atoyac, en la comunidad de El Paraíso, donde aseguró, “la población lo sabe y ya tenemos instalados allí algunos refugios temporales para atender a la población”, así como en una zona de Pie de la Cuesta, en Acapulco, aunque de esta última no dio más detalles.
El titular de Protección Civil estatal sostuvo que en Chilpancingo, en época de estiaje, las barrancas parecen seguras, pero sólo en las 13 barrancas están en riesgo unas 200 familias, “se les retira, pero vuelven al sitio”.
Manifestó que a nivel estatal el número de familias en riesgo por deslizamientos de tierra fluctúa, pero por lo regular tienen un estimado de alrededor de dos mil 500 familias.
Acerca de las 18 colonias del norponiente de Chilpancingo afectados por laderas inestables, Arroyo Matus aseveró que el Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó estudios geofísicos que incluyó la resistividad eléctrica del suelo para detectar de manera más apropiada el deslizamiento.
Contó que los resultados arrojaron que hay un deslizamiento que está ocurriendo a una profundidad de alrededor de 18 metros de la superficie, “es un deslizamiento que tiene una gran cantidad de humedad, una cantidad importante de agua y por eso se están presentando el afloramiento en varios lugares de manantiales que antes no existían en esa zona”.
Mencionó que el deslizamiento es relativamente lento, pero lo suficientemente grande para provocar ya daños severos en las viviendas, el estudio, precisó, lo recibirán esta semana de forma completa y lo entregarán directamente a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que se tomen las medidas y el gobierno federal emprendan las actividades de apoyo a la población damnificada.
Detalló que por lo menos alrededor de 75 a 80 viviendas están completamente destruidas, las que debería de atenderse de manera urgente.
Algunas de las colonias afectas por las laderas son: Villas Tlalmeca, La Era etapa I y II, 21 de Septiembre, Santa Cruz Norte, Tlacaellel, Las Estrellas, San Rafael Norte, Santa Cruz, Casas Geo, Ampliación Doctor Catalán, Ampliación Terraza, Bicentenario y Francisco Catalán.
Antes, Arroyo Matus acompañó a los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, quienes lanzaron la convocatoria para el Foro Estatal de Protección Civil, que se realizará en la explanada del mismo, el próximo 7 de julio, que busca recibir propuestas y recomendaciones para considerarlas para reformar la Ley 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
Durante la conferencia, Roberto Arroyo sostuvo es necesaria la reforma porque todavía su dependencia desarrolla actividades mayoritariamente de atención de emergencias y dedican un tiempo menor a las actividades de prevención.
Estuvieron, la presidenta de la comisión, la diputada perredista, Patricia Doroteo Calderón; el secretario de la comisión, Marco Tulio Sánchez Alarcón, por Morena; la vocal y diputada por Morena, María Flores Maldonado; el coordinador general de Protección Civil el UAG, Apolonio Bahena Salgado; y el coordinador del campus Zumpango, Juan José Tabares Catalán.
Integrantes del Frente de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero se reunieron este jueves con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Romero Olea, y les informaron que tres escuelas podrían ser reconocidas oficialmente el próximo semestre.
En la sala de Usos Múltiples de la Rectoría de la universidad, los maestros de las preparatorias populares se reunieron con el rector. También estuvo presente personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
En declaraciones, uno de los integrantes del frente, Simón Ramos Aburto, informó que la reunión fue para revisar las demandas de las preparatorias populares, para ver de qué manera los puede apoyar el rector para regularizar las escuelas.
También para determinar qué escuelas reúnen los requisitos y ver hasta dónde la universidad puede ayudar para su reconocimiento.
Enfatizó que el rector les aseguró que verán cuáles escuelas reúnen los requisitos, para que de ser posible en el próximo ciclo escolar se pudieran reconocer algunas de 103 que hay en el estado y que dependerán del presupuesto que le destinen a la UAG.
El otro compromiso con Romero Olea es que el próximo 3 de mayo se volverán a reunir, para dar la lista de las escuelas que reúnen los requisitos y ver cómo las irán incorporando a la universidad.
Detalló que el rector les presentó tres propuestas de preparatorias que podrían ser reconocidas: Tlacoachistlahuaca, Iliatenco y de la localidad Colotlipa, municipio de Quechultenango, “son las propuestas que nos dieron, las cuales reúnen los requisitos”.
Los requisitos que solicita la universidad para que las escuelas sean reconocidas son que tenga una matrícula de 250 alumnos, que la preparatoria se encuentre en un municipio donde la UAG no tiene presencia y el buen estado de su infraestructura.
“Hay un acercamiento con la universidad, para revisar las demandas de las preparatorias. Los maestros confiamos en que las escuelas sean reconocidas”, indicó Simón Ramo.
Integrantes del Frente de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero se reunieron con rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Romero Olea, y les informaron que tres escuelas podrían ser reconocidas oficialmente el próximo semestre.
Este jueves, en la sala de Usos Múltiples de la Rectoría de la universidad, los maestros de las preparatorias populares se reunieron con el rector. También estuvo presente personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
En declaraciones, uno de los integrantes del frente, Simón Ramos Aburto, informó que la reunión fue para revisar las demandas de las preparatorias populares, para ver de qué manera los puede apoyar el rector para regularizar las escuelas.
También para determinar qué escuelas reúnen los requisitos y ver hasta dónde la universidad puede ayudar para su reconocimiento.
Enfatizó que el rector les aseguró que verán cuáles escuelas reúnen los requisitos, para que de ser posible en el próximo ciclo escolar se pudieran reconocer algunas de 103 que hay en el estado y que dependerán del presupuesto que le destinen a la UAG.
El otro compromiso con Romero Olea es que el próximo 3 de mayo se volverán a reunir, para dar la lista de las escuelas que reúnen los requisitos y ver cómo las irán incorporando a la universidad.
Detalló que el rector les presentó tres propuestas de preparatorias que podrían ser reconocidas: Tlacoachistlahuaca, Iliatenco y de la localidad Colotlipa, municipio de Quechultenango, “son las propuestas que nos dieron, las cuales reúnen los requisitos”.
Los requisitos que solicita la universidad para que las escuelas sean reconocidas son que tenga una matrícula de 250 alumnos, que la preparatoria se encuentre en un municipio donde la UAG no tiene presencia y el buen estado de su infraestructura.
“Hay un acercamiento con la universidad, para revisar las demandas de las preparatorias. Los maestros confiamos en que las escuelas sean reconocidas”, indicó Simón Ramo.
Trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local en la protesta afuera de la sede del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso del Estado, continuaron por tercer día consecutivo con su paro de labores y bloqueo a la calle frente a la sede del Poder Legislativo, para exigir la reinstalación de dos compañeros y que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revise su pliego petitorio.
El viernes, después de que les notificaron el despido de sus dos compañeros, los trabajadores iniciaron un plantón afuera del Congreso local, ubicado en la colonia Villa Moderna, y bloquearon los dos sentidos de la calle Trébol Sur; además, denunciaron que el despido era una represalia por su movimiento de la presidenta de la Junta de Coordinación, la morenista Yoloczin Domínguez Serna.
Este domingo, afuera del Congreso local, los trabajadores inconformes mantuvieron el plantón, colocaron lonas en la fachada con sus exigencias y continuaron bloqueando un sentido de la calle Trébol Sur.
Consultado en el lugar, el secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román, informó que hasta el domingo ningún diputado se acercó para iniciar el diálogo, sostuvo que su dos peticiones son la reinstalación de dos compañeros que fueron separados de su trabajo, Ramón Núñez Campos y Alondra Itzel Reza Arzola; y que se revise su pliego petitorio.
“Creemos y confiamos en los diputados, pero también hacemos un llamado a las organizaciones sociales, para que nos ayuden a fortalecer el diálogo con los legisladores”, dijo.
Expuso que cuando iniciaron su lucha sindical por sus derechos laborales, confiaron en la presidenta de la Junta de Coordinación, Yolzcin Domínguez, “se llevó a cabo una asamblea, donde ella se comprometió a que se llevarían a cabo las mesas de trabajo, donde se le daría solución a nuestras demandas y así mismo, se comprometió a que no habría represalias hacia los trabajadores, pero además de que no se llevaron a cabo las mesas de trabajo, nos las fueron aplazando y sí se cristalizó la represión con los dos compañeros separados”.
Manifestó que este lunes seguirá su protesta, hasta que haya solución a sus peticiones, “nosotros no pedimos que le vaya mal a las diputadas o a los diputados, nosotros pedimos estabilidad laboral para las compañeras y los compañeros. Estamos para trabajar y ayudar a los legisladores en sus tareas sustantivas”.
Llamó a los diputados a ser sensibles con la situación de los dos despedidos, “Alondra es madre soltera, Ramón tiene más de 50 años, ya a esta edad ¿dónde va a encontrar otro trabajo? De aquí dependemos nosotros y nuestras familias, el llamado es a que se solidaricen”.
Uno de los trabajadores despedidos, Ramón Núñez, de 54 años de edad, contó que él tenía dos años trabajando en el Congreso local, “entré como chofer, pero hacía de todo; además de que manejaba el transporte del Congreso, tiraba basura, acarreaba archivos, sacaba copias. Me pedían que fuera a dejar oficios a las dependencias de gobierno, que vete a traer comida, bueno todo, como un mandadero”.
Argumentó que su horario de trabajo formal era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero realmente iniciaba a las 7:30 y salía a las 5:30 o 6 de la tarde, “esperemos que se haga justicia, porque me están despidiendo injustamente. Yo no he hecho nada, he cumplido, hasta me he llevado el bono de puntualidad, siempre he estado a mis horas y nunca he tenido problemas”.
Dijo que él es el sustento de su casa y pidió a los diputados a analizar la situación, “que se tienten el corazón, soy un padre de familia con necesidad de trabajo”.
Los trabajadores agremiados en el sindicato Sentimientos de la Nación mencionaron que se fueron turnando por guardias, para mantener el plantón el fin de semana, afuera de la sede el Congreso local, pero afirmaron que este lunes los más de cien integrantes se sumarán a su movilización.
Integrantes de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la CETEG bloquean la calle Trébol, frente al Congreso del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Luis Blancas
Chilpancingo
Integrantes de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro, de la Coordinadora Estatal de Trabjadores de la Educación en Guerrero (CETEG), bloquearon los dos sentidos de la calle Trébol, frente al Congreso del Estado, para exigir una audiencia con diputados locales y atiendan sus peticiones.
A la 1:40 de la tarde, unos 50 manifestantes cerraron la vialidad durante una hora, luego de que los guardias de seguridad no los dejaron entrar a buscar una reunión con los diputados.
El secretario de Prensa y Propaganda de la organización, Francisco Castro, exigió que se destine presupuesto para que arranque la construcción del edificio de las oficinas centrales, que fue derribado en el 2019, porque los trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no tienen oficinas dignas para laborar.
Dijo que las autoridades educativas se han encargado de rentar oficinas, lo cual genera mucho gasto, y pidió que ese dinero sea invertido para escuelas y el salario de los docentes, “se maneja que cuesta su construcción de 400 millones de pesos, hemos solicitado a los diputados que destine ese dinero. A la fecha no hay respuesta”.
Señaló que otras de sus demandas son que se les renueve su contrato a alrededor de mil 200 maestros, de distintos niveles educativos y administrativos, que desde hace cuatro años trabajan como interinos, lo que no ocurre desde julio pasado, y sean tomados en cuenta para que reciban plazas en la siguiente convocatoria.
Reprochó que el gobierno estatal, a pesar de que tiene el Código Violeta para la protección de mujeres, no ha dado protección a la coordinadora de esa estructura sectorial de la CETEG, Reyna Bello de Jesús, quien ha recibido amenazas de muerte, por lo que solicitó que intervengan en esta situación.
Comentó que los familiares de unos 338 jubilados y pensionados, que fallecieron por Covid-19, no han podido cobrar el seguro de vida y otros a 20 mil más se les adeudan prestaciones.
Por último, solicitó a los diputados que destinen un presupuesto para la construcción de la clínica del ISSSTE.
Consultado por teléfono, el miembro de la organización, Víctor Bartolo de la Cruz, informó que fueron atendidos por el diputado de Morena, Osbaldo Ríos Manrique, con quien acordaron que la próxima semana tendrán una reunión con los miembros de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para atender sus peticiones.
A las 2:40 de la tarde, los cetegistas se retiraron de la vialidad, al ser atendidos por diputados locales.
Alumnos de la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez protestaron en el Congreso del Estado y bloquearon vialidades, para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; pero no llegan a acuerdos con las autoridades estatales.
Unos 150 estudiantes, con el rostro cubierto con playeras, marcharon de su escuela, ubicada en la colonia Jardines del Sur, hasta el Congreso local, donde bloquearon la calle Trébol.
Los manifestantes sólo dijeron que querían una audiencia con la gobernadora. La semana pasada exigieron plazas docentes.
Uno de los normalistas dijo que la protesta también “era para evidenciar el trato que se le está dando a las normales rurales del estado de Guerrero, queremos un buen trato por parte de la SEG, para que se solucione el problema con rapidez y eficacia”.
Al preguntarle cuáles eran sus demandas, el normalista respondió: “Es todo lo que puedo decir, son muchísimas cosas, que son nuestros derechos”.
Los alumnos aseguraron que previamente entregaron un pliego petitorio a las autoridades estatales, pero no les han resuelto, motivo por el cual este lunes se manifestaron.
Después, marcharon hasta llegar al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, frente al museo interactivo La Avispa. Minutos más tarde avanzaron por la lateral de la Autopista del Sol, en el sentido norte-sur, y bajaron por la calle Recursos Hidráulicos hasta llegar al Recinto Estatal, donde cerraron las dos entradas principales.
Una comisión fue recibida y les propusieron una reunión para este martes, con las autoridades educativas estatales y federales, pero los alumnos no la aceptaron y dijeron que quieren la mesa de trabajo con la gobernadora, por lo que aseguraron que volverán a marchar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
