Etiqueta: Congreso del Estado

Yoloczin: el Congreso está abierto a citar a la fiscal y al secretario de Seguridad

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Yoloczin Domínguez Serna, dijo que el poder Legislativo está abierto a la posibilidad de realizar comparecencias o “mesas de trabajo” con la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, ante el incremento en los hechos de violencia.
En declaraciones en el Congreso local, después de dar la bienvenida a la Mesa de Trabajo Presencial de la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular a Personas con Discapacidad de Guerrero, para el proceso legislativo en materia de educación inclusiva, la diputada dijo que en septiembre valorarán realizar las comparecencias.
Aseguró que en el Congreso local “ha sido muy respetuosos” de realizar “ciertas acciones”, en referencia a llamar a comparecer a la fiscal y al secretario de Seguridad Pública, “porque consideramos que las instancias correspondientes, para llevar a cabo todos los temas de procesos de investigación, están haciendo su trabajo y nosotros le estamos dando ese respeto y la autonomía que se merece. En este caso es la fiscalía”.
La morenista dijo que “para nada estamos cerrados a los temas de comparecencias o mesas de trabajo”, sin embargo, de realizarse éstas, serían planteadas hasta septiembre porque ahora están en periodo de receso.
La violencia en la capital se desató desde los primeros días de julio y en diferentes partes del estado se han registrado hechos violentos, en las últimas semanas, cuando el Congreso local ha estado precisamente de vacaciones.
Reconoció que no es un tema que esté sobre la mesa en la Junta de Coordinación para ser abordado, y de plantearse, se tendría que “dialogar, detallar, con la junta, para que se pueda ya sacar alguna determinación. No estamos cerrados para nada”.
Precisó que será hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso local, es decir hasta septiembre, cuando “estaremos analizando la posibilidad de las mesas de trabajo con las instancias de seguridad y con la Fiscalía, para tratar estos temas”.
Yoloczin Domínguez señaló que el tema al que le están dando prioridad es a la designación de los cabildos instituyentes de Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, para cumplir con los tiempos que establece la ley, y los acuerdos a los que llegaron con los comités gestores.
La presidenta de la Junta de Coordinación recordó que en las mesas de trabajo que tuvieron con los comités gestores, acordaron que en la segunda quincena de agosto se tendrían ya las propuestas de cabildos instituyentes, planillas que serán llevadas ante las asambleas comunitarias, para que estas avalen estos nombres.
Hasta que las planillas sean aprobadas por las asambleas, el pleno del Congreso local podrá aprobar y designar a estos cabildos instituyentes, que rendirán protesta y estarán a cargo de la administración municipal por un año.

 

No tiene manera de imponer nada en Las Vigas, responde el alcalde de San Marcos

El alcalde perredista de San Marcos, Tomás Hernández Palma, rechazó que pretenda imponer una planilla para integrar el Ayuntamiento instituyente de Las Vigas, y dijo que él no tiene el poder para mandar a los diputados perredistas en el Congreso del Estado.
El promotor del nuevo municipio de Las Vigas, José Feliciano Cruzalta, denunció que desde San Marcos y mediante los diputados del PRD, se propone la planilla amarilla para integrar el nuevo Ayuntamiento.
Consultado por teléfono, el alcalde de San Marcos respondió: “Yo no puedo hacer algo así, le falta el respeto a los diputados. Me están poniendo en una circunstancia muy especial, ¿qué tanta influencia tengo? No, no, los diputados son libres. Esa es facultad del Congreso nombrar, yo estoy dedicado de servirle a mi pueblo”.
“Los diputados no están al servicio de un presidente municipal, al contrario, yo estoy para servirle a mis diputados. Un presidente tiene menor jerarquía que un diputado local, eso es faltarle el respeto a la inteligencia de los diputados. No, no tengo tanta influencia”.
“No es mi facultad proponer a nadie y menos que los diputados me obedezcan. Eso es faltarles al respeto”. (Daniel Velázquez).

 

Mesa en el Congreso de consulta sobre reformas a la ley de educación inclusiva

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En el Congreso del Estado se realizó la Mesa de Trabajo Presencial de la Consulta Previa, Pública, Abierta y Regular a Personas con Discapacidad de Guerrero, para las reformas a la Ley de Educación en materia de educación inclusiva, de la cual no se dieron a conocer los resultados.
Este jueves, el poder Legislativo, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, realizó la quinta mesa de trabajo presencial, con la presidenta del colegiado, la morenista Citlali Calixto Jiménez, quien recordó que es una obligación del Estado tomar en cuenta a este sector de la población, para realizar modificaciones a la ley que tengan un impacto directo en el sector.
“A partir de ahora, cualquier ley, política pública o acción gubernamental que afecte de alguna manera a las personas con discapacidad, deberá ser consultada”, recordó Citlali Calixto.
Informó que también se han realizado cuatro mesas de trabajo presenciales en Tecpan, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca e Iguala, además de dos mesas a petición de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y con diversos colectivos.
En la mesa participaron integrantes de las organizaciones Talleres de Padres y Madres de Familias con Autismo, Ayúdanos a Escuchar y Asociación de Sordera del Estado de Guerrero.
Calixto Jiménez dijo a los presentes que “quienes alguna vez fueron vistos como personas enfermas, como personas que requerían de caridad, hoy son las y los protagonistas de este proceso legislativo”.
Por su parte, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, vocal de la comisión, aseguró que “si ustedes están de acuerdo, se aprobará. Si no, lo votaremos en contra, pero tengan la certeza de que siempre se les consultará todo lo que el Congreso proponga”.
En este foro se instalaron seis mesas de trabajo, distribuidas conforme a cada discapacidad: visual, auditiva, motriz e intelectual, y dos mesas enfocadas a infancias, personas de talla baja, que sufren neurodivergencias y epilepsias.
Estuvieron presentes las presidentas de la mesa directiva, Yanelly Hernández Martínez, y de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados Nora Velázquez Martínez, Osbaldo Ríos Manrique y Jacinto González Varona.

En las zonas indígenas sí hay seguridad, subraya la CRAC en mitin en el Congreso

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)durante el mitin en la entrada del Congreso local Foto: Lenin Ocampo Torres

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizaron un mitin en la entrada del Congreso del Estado, para demandar reformas constitucionales a las leyes de seguridad pública y la 701, para reconocer su sistema de seguridad y justicia.
Denunciaron que el poder Legislativo puso en la ilegalidad los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a pesar de que gracias a la Policía Comunitaria que se rige por usos y costumbres son las zonas más seguras del estado.
También demandaron que se saque de “la congeladora” la iniciativa de reformas en la materia, presentada desde diciembre de 2019; sin embargo, llevaron una nueva propuesta, para que se vuelva a presentar ante el pleno a través del diputado Masedonio Mendoza Basurto, así como la aprobación de cinco nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
El mitin se realizó en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y estuvieron unas 50 personas, además asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y representantes de las cinco casas de justicia, que tienen presencia en 211 comunidades de 39 municipios.
Ahí, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que están inconformes con las decisiones del Congreso local, de desaparecer de la ley del reconocimiento de su sistema de justicia, y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por avalar estas modificaciones.
Raúl de Jesús criticó que “los gobernantes” estén festejando el día de los pueblos indígenas y afromexicanos, “dónde dicen que han garantizado los derechos de los pueblos”, porque dijo que en los hechos no es así, debido a que las reformas a la Constitución y a las leyes, representan cada vez más retrocesos.
Reclamó que a pesar de que existe el reconocimiento de que debido a la presencia de la CRAC en los territorios, “hay menos violencia que dónde no existe nuestro sistema”, hay una resistencia a que en la Constitución y en las leyes se le dé certeza a este sistema.
“La gobernadora sí reconoce la estabilidad de seguridad en nuestro territorio, reconoce que estamos haciendo una labor efectiva, sin embargo, en el Congreso no se nos da el reconocimiento jurídico. Nos sentimos atropellados y que han violado nuestros derechos”, dijo de Jesús Cabrera.
También aseguró que quien “más nos ha traicionado” es el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, porque fue durante su periodo cuando se realizaron las reformas con las que dejaron fuera el reconocimiento de su sistema de justicia y su policía comunitaria, mientras que de la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, señaló que mantiene en “la congeladora” la iniciativa que le presentaron.
Lo mismo ocurrió en el gobierno federal, porque señaló que a pesar de que han planteado la necesidad de estas reformas al presidente Andrés Manuel López Obrador y le hicieron llegar su iniciativa, para que interviniera ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que en el estado se realizará una nueva reforma en la materia, la respuesta fue que “para eso está el Congreso del Estado”.
Otra institución que dijo también ha traicionado a los pueblos originarios es la SCJN, que avaló la consulta “simulada” que realizó el Congreso y las reformas aprobadas.
Por su parte, el coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, Zeferino Lorenzo de Jesús, reclamó que se continúe criminalizando a esta organización, a pesar de los resultados en materia de seguridad y de la pobreza en la que los gobiernos han mantenido a las comunidades indígenas.
Sobre Huehuetán, que reclama su reconocimiento como un nuevo municipio indígena, Leonardo García Basilio demandó a la gobernadora que trabaje con los diputados locales, para que se avance en la reforma indígena y afromexicana, de lo contrario, dijo que van a tomar acciones “fuertes”.
También de Huehuetán, Pedro Marín Mayo recordó que desde octubre pasado solicitaron al Congreso local su reconocimiento como nuevo municipio afromexicano, pero no les han dado ninguna respuesta ni a favor ni en contra.
“Hoy le digo al Congreso: Huehuetán se está enfureciendo nuevamente, puede tomar nuevamente esas carreteras, 3 o 4 días. Lo vamos a hacer si no hay respuesta, no es sólo Huehuetán, son cinco municipios los que están exigiendo su reconocimiento”, advirtió Pedro Marín.
En el mitin estuvo presente el diputado morenista Masedonio Mendoza, quien dijo que muchos piensan que los diputados “estamos al servicio de alguien más y no es así. El poder Legislativo es independiente”, también recordó el avance y después los retrocesos que tuvieron en el reconocimiento de sus derechos en las últimas cuatro legislaturas.
Basurto Mendoza afirmó que la fecha que conmemoran “no es una fiesta” y que es una lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, criticó que los gobernantes y funcionarios consideren que vestir ropa artesanal es respetar los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, dijo: “Hay tres cuestiones fundamentales que no reconocen, la propiedad ancestral de las tierras, territorios y nuestros bienes naturales en nuestras comunidades. No se ha aprobado el derecho a la consulta, ni siquiera existe en el artículo 2 constitucional (…) el 70 por ciento del territorio está concesionado a las empresas mineras extranjeras, no se han revocado las concesiones; y el otro gran pendiente que tenemos es el que tiene que ver con la seguridad, justicia y reeducación, conocido como la jurisdicción indígena”.
Demandó que los diputados reconozcan en la ley el ejercicio que en la práctica ya realizan, relacionado con la seguridad y justicia en sus territorios.
“Es fácil que el Día Internacio-nal de los Pueblos Indígenas nos lleven a danzar al zócalo, nos lleven a declamar en nuestras lenguas, se vistan los funcionarios con nuestras camisas y los vestidos que elaboran nuestros compañeros y compañeras de los pueblos”, dijo Vidulfo Rosales.

 

Se planta UPOEG en el Congreso local; exige nueva consulta sobre la Ley 701

Integrantes de la UPOEG protestaron afuera del Congreso local en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), exigió en el Congreso del Estado respeto a los derechos de las comunidades originarias.
En un plantón afuera de las instalaciones del Congreso, el dirigente de la agrupación, Bruno Plácido Valerio, denunció que los diputados incumplieron con su derecho a la consulta en la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado.
Después, se reunieron por separado con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, con quienes programaron reuniones posteriores.
Un contingente de la organización, de pueblos de Costa Chica, llegó al Congreso a las 10 y media de la mañana y se plantó afuera.
“Queremos ser consultados y que el Congreso local y el gobierno estatal retomen la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, pero con una consulta previa a los pueblos”, declaró Bruno Plácido.
Denunció que el Congreso local violó el derecho a la consulta y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no consultar a los pueblos indígenas para las reformas a la Ley 701, que en junio pasado avaló la SCJN.
El dirigente de la UPOEG informó que los pueblos están exigiendo que se reponga la consulta, que se tome en cuenta a la gente de los pueblos y después se realice una nueva reforma a la ley.
El dirigente indígena informó que otro de los derechos que exigen es tener un gobierno propio, “es decir, el derecho que tenemos a la construcción de un gobierno electo mediante asambleas de los pueblos”.
Denunció que no se les respeta el derecho que tienen a la salud, a la educación y a los servicios públicos, “por eso hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos exigiendo que se nos respeten todos nuestros derechos”.
El contingente también pidió una mesa de diálogo con el gobierno estatal, para revisar las solicitudes que tienen para obras en las comunidades y planear las de 2024.
Plácido Valerio dijo que hay muchas comunidades que no tienen agua potable, drenaje, energía eléctrica y hay lugares que no tienen maestros, médicos o medicamentos.
La intención, según, dijo Plácido Valerio, es “ayudar al gobierno mediante la organización de los pueblos, porque ya vimos que solo no puede”.
Añadió que el objetico de la UPOEG es evitar que haya más bloqueos, “queremos actuar de una manera diferente, para evitar el desgaste de la gente, pero también exigimos que el estado garantice y facilite el diálogo con los diputados, así como con los funcionarios, para encontrar una salida a todos los problemas y conflictos que tenemos”.
El dirigente de la UPOEG informó que en su reunión con la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, ella les prometió que se va a reunir con los diputados, para que les den una respuesta la semana próxima.
En un breve boletín de prensa, el Congreso local informó que Domínguez Serna recibió a integrantes dela UPOEG, “que se manifestaban de forma pacífica frente al recinto legislativo”, en demanda de obras en distintas comunidades, y pidieron ser incluidos en los procesos de consulta que realiza el Congreso, en relación con los derechos de los pueblos originarios.
Agregó que la diputada ofreció buscar una mesa de trabajo entre diputados e integrantes de la Jucopo, funcionarios estatales y representantes de esta organización, para analizar un proyecto de desarrollo comunitario, en beneficio de los pueblos indígenas de Guerrero.
Plácido Valerio informó que con el secretario de gobierno, Marcial Reynoso, acordaron armar una agenda de desarrollo comunitario, entre el gobierno y las comunidades, para atender sus peticiones de carreteas, agua potable, vivienda, falta de maestros y médicos.
Dijo que el funcionario se comprometió con instalar una mesa de trabajo permanente, para programar las obras del próximo año.
Explicó que esto fue a cambio de un “pacto de gobernabilidad y orden, que nosotros ya no andemos bloqueando carreteras”.
Informó que acordaron volverse a reunir la tercera semana de septiembre, porque antes van a revisar sus demandas y darles respuesta.

Hubo diálogo abierto: gobierno
estatal

Por la noche, mediante un boletín, el gobierno estatal calificó la reunión con la UPOEG como un “ejercicio de diálogo abierto, con la presencia de más de 350 integrantes, y que se realizó en el auditorio José Joaquín de Herrera, del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo”.
Agregó que asistieron, el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y la coordinadora de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Lilia Taquillo López.
“El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo una asamblea con representantes e integrantes de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio”, refirió el boletín.
De acurdo con el comunicado, el secretario de Gobierno les dijo que “se continuará trabajando en pro del desarrollo de las regiones, para que se mantenga el orden, la seguridad y el respeto a los sistemas de organización que cuentan con la aprobación de los pobladores”.
Añadió que como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo para coordinar la recepción de documentación y solicitudes de obras para 2024, y celebrar una próxima asamblea en septiembre, para su análisis y seguimiento.

 

Denuncian que el alcalde de San Marcos pretende imponer el nuevo cabildo de Las Vigas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El promotor de la creación del nuevo municipio de Las Vigas, José Feliciano Cruzalta, denunció que diputados del PRD respaldan una planilla “amarilla”, que es propuesta desde San Marcos, por lo que es importante que la integración de los ayuntamientos instituyentes sean avalada por asambleas que no acepten imposiciones.
Dijo que el acuerdo fue que del 15 al 21 de agosto el Congreso del Estado definirá el género de quienes encabezarán los cabildos instituyeses de los cuatro nuevos municipios: Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, debido a que dos deben ser mujeres y dos hombres.
Agregó que en la última semana de agosto ya se integrarían las planillas, para cada uno de los cuatro municipios, las cuales deben ser aprobadas por el pleno del Congreso local.
Contrario a la postura de Felipe de la Cruz, promotor de la creación del municipio de San Nicolás, de que después de que el Congreso apruebe los cabildos no deben de volverse a consultar a las asambleas, Feliciano Cruzalta dijo que es importante este paso.
Explicó que el Congreso local abrió el proceso y no sólo se recibieron las propuestas que presentaron los comités gestores, a partir de las determinaciones que realizaron las asambleas, sino que “se abrió a otras gentes, a otros actores políticos. Entonces, por eso no se ha cerrado, por eso se tiene que regresar a las asambleas, para que avalen los cabildos propuestos por el Congreso”.
Por lo que, de acuerdo con los tiempos señalados, sería en septiembre cuando los comités regresen a las asambleas de las comunidades que conformarán los nuevos municipios, para que cada una avale estos cabildos, que podrían integrarse por las diferentes propuestas que hicieron llegar los comités y otros ciudadanos, incluidos algunos que enviaron personas vinculadas con partidos políticos.
A más tardar el 1 de octubre los cabildos instituyentes deberían estar ya trabajando pues la ley indica que éstos deben estar en funciones al menos un año.
José Feliciano Cruzalta dijo que es importante que las asambleas avalen a estos ayuntamientos instituyentes, porque “si no volvemos a caer en lo mismo, en los dedazos, en el compadrazgo. Los pueblos no tan fácil van a aceptar una planilla, viniendo de personajes desde arriba”.
En ese sentido, dijo que desde el Ayuntamiento de San Marcos, que encabeza el perredista Tomás Hernández Palma, están proponiendo una planilla.
“Traen propuestas, pero quién sabe si las comunidades acepten, ya que el ayuntamiento de San Marcos sí está proponiendo dentro del Congreso, a través de los diputados del PRD, una planilla, la planilla amarilla. Entonces, no creo que lo permitan los pueblos que van a tener la última palabra”, dijo el promotor de Las Vigas.

 

La Jucopo ya ofreció instalar cabildos instituyentes en agosto: De la Cruz

Felipe de la Cruz Sandoval, promotor de la creación del municipio de San Nicolás, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se comprometió con que en la segunda quincena de agosto se instalarán los ayuntamientos instituyentes.
En declaraciones telefónicas, el promotor de la creación del municipio de San Nicolás, comentó sobre el compromiso de los integrantes de la Jucopo del Congreso del Estado y dijo que se espera la realización de un periodo extraordinario de sesiones, para aprobar las planillas de quienes conformarán los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi.
Comentó que esperan que los primeros días de agosto sean convocados los comités gestores, a una reunión previa para que los diputados les informen de la integración de estos cabildos.
El planteamiento de la Jucopo es que una vez que integren estas planillas, los comités gestores deben llevar estas propuestas ante las asambleas en las comunidades, para que avalen la propuesta, y luego, si son autorizadas, entonces pasarían a votación al pleno.
Sin embargo, los comités gestores plantean que este último paso sea omitido, porque las listas con las propuestas de los integrantes de la planilla traen ya el aval de las asambleas, porque todos esos nombres surgieron de votaciones en cada comunidad.
“Es un trabajo que el mismo Congreso nos encomendó. Lo hicimos como nos indicaron, entonces porqué volver a repetir el proceso. No sé cuál sea la condición de ellos, pues no estamos de acuerdo, lo que ya queremos es que se instituya, porque ya queda poco tiempo”, comentó Felipe de la Cruz.
Por lo pronto, dijo que esperan ser convocados por el Congreso local para hablar de este paso, también para conocer en qué municipios los cabildos serán encabezados por mujeres y en cuáles por hombres. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Se desconoce en la Comisión de Minería el control del crimen sobre minas: Olaguer

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El vocal de la Comisión de Minería del Congreso del Estado, Olaguer Hernández Flores, dijo que desconoce la información dada a conocer por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) sobre el control de grupos delictivos en las zonas mineras, que sólo conoce la información oficial de que no han tenido esos problemas.
El diputado priista fue consultado por teléfono sobre lo señalado por Rema, que desde el inicio de la operación del complejo Los Filos-Bermejal, en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en 2007, el territorio fue controlado por Los Rojos, después por los Guerreros Unidos y ahora por Los Tlacos; también por lo declarado por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien admitió que hay “intereses económicos muy fuertes” de grupos delictivos para controlar estas zonas.
Al respecto, Olaguer Hernández dijo que solamente conoce lo declarado por “las directivas de las mineras sobre esta situación, de que no han tenido ellos antecedentes, es lo que alcancé a observar en sus declaraciones (…) es la única información oficial que tengo”.
Las declaraciones fueron breves, porque el diputado argumentó que viajaba por carretera y se perdió la comunicación.
El diputado priista informó que en la Comisión de Minería no “hemos tenido recientemente sesión” y a pesar de este contexto, comentó que esperan reunirse hasta “regresando al periodo ordinario, y ya tendríamos nosotros una postura”.
En ese sentido dijo que “lamentablemente hay sucesos que nosotros quisiéramos que no ocurrieran, que no se dieran, toda vez que alteran la vida de un ciudadano, una familia, una región. Lamento los hechos ocurridos” y dijo esperar que sean encontrados con vida los pescadores desaparecidos en Mezcala.
Al diputado se le preguntó si entonces el Congreso local o en específico esta comisión, no tienen ninguna información del control y cobro de cuotas de estos grupos delincuenciales durante los últimos 16 años, pero la comunicación se empezó a cortar y sólo se alcanzó a escuchar “eso no lo sé”.
También se buscó al presidente de la Comisión de Minería, el morenista Andrés Guevara Cárdenas, quien por mensaje de texto comentó que estaba en un lugar sin señal de celular y que el internet era inestable por una fuerte lluvia.

 

Busca la FGE distraer del video de Norma Otilia, dice la Comisión Política del PRD

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Comisión Política del PRD en Guerrero, integrada por las dirigencias del partido y de las corrientes internas, coincidió en que las investigaciones contra alcaldes y una diputada son una estrategia para distraer de la difusión del video en el que se exhibió a la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya la investigación e informe de los resultados.
En declaraciones telefónicas, al presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE), Alberto Catalán Bastida, se le preguntó por la reunión de la Comisión Política realizada el miércoles, y señaló que en este encuentro coincidieron en que “el tema de la seguridad ha vulnerado la esfera política en el estado y esto se da a raíz de los videos que se filtraron de la presidenta municipal” y la amenaza filtrada de investigación que recibieron los alcaldes y diputados de la Tierra Caliente y Norte.
En este último caso, dijo que a pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con ellos, y conoce su situación, “hasta el momento no hay algún avance en la posición en la que ellos se encuentran, y lo que se nos hizo muy raro fue este documento que llegó al Congreso del Estado”.
Insistió en que se trata de “una estrategia mediática, de desviar el tema que se ha generado en torno a la presidenta municipal de Chilpancingo”, y pidió que se realice una “investigación seria”.
En ese mismo sentido, Catalán Bastida señaló que en la reunión plantearon que “el PRD no mete las manos al fuego por nadie. Creo que es importante poder diferenciar las esferas de competencia que tenemos nosotros, como dirigentes de partidos, y lo que hacen los presidentes municipales, diputadas y diputados”. Apuntó que sus representantes populares están a favor de ser investigados.
En la reunión también se planteó que conforme se acerca el inicio del proceso electoral, “estas situaciones se empezarán a intensificar. Se empiezan a calentar los ánimos en varios aspectos”.
Recordaron que no cuentan con “un esquema” o mapa de riesgo de seguridad para el proceso electoral venidero.
En declaraciones telefónicas, el secretario de Agendas de Derechos Humanos y de Diversidad Sexual de la dirigencia nacional perredista, Ricardo Ríos Barrientos, confirmó que en este encuentro hablaron de la inseguridad en el estado y la capital, así como de las investigaciones que realiza la fiscalía contra alcaldes y una diputada de este partido.
“Estamos en la espera de que la fiscalía avance en esos temas. Lo único que planteamos es que tiene que ser un tema de responsabilidad institucional, creo que tenemos que pensar todos en el tema de la paz en Guerrero y aportar como perredistas”.
Sin embargo, recordó que la responsabilidad es de los gobiernos estatal y los municipales “es sumamente importante, más allá del partido político”. Dijo que no pretenden “incrementar el fuego, sino tratar de ir mitigando, pero sí en la exigencia de la responsabilidad de las autoridades estatales y federales”.
Ricardo Ríos comentó que en esta reunión se planteó que la investigación no debe ser cargada en “asuntos políticos electorales, pues ya esos pronunciamientos se han hecho en la cámara, por parte de diputados de Morena. Pues no se vuelvan hacer, cuando no haya pruebas suficientes para señalar y denostar a nuestros compañeros”.
Reiteró que se vive una “situación difícil en el estado” y que los pronunciamientos de representantes de partidos y funcionarios “deben ser con mayor responsabilidad”.

 

Denuncia la comunidad LGTBI al Congreso local ante el TEE por no cumplir un mandato

Integrantes de la comunidad LGBTTTI Alberto Serna y Chiquis Demetrio presentaron un incidente de inejecución de sentencia por el decreto 471 aprobado por el Congreso del Estado en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Activistas por los derechos de la comunidad LGTBI acudieron al Tribunal Electoral del Estado (TEE), a presentar un incidente de inejecución de sentencia en contra del Congreso del Estado, al que acusan de no cumplir con el mandato que le ordenó garantizar la integración de este sector en planillas y fórmulas de candidatos a ayuntamientos a diputaciones.
El presidente de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas de Guerrero, Alberto Serna Mogollón, acudió al TEE a presentar un incidente de inejecución de sentencia contra el decreto 471, aprobado por el Congreso local, en el que no se atendió una sentencia del tribunal.
Con esta sentencia se buscaba garantizar la postulación de integrantes de este sector en los primeros espacios de las planillas de candidaturas a regidurías en los municipios.
La reforma a la ley electoral del estado, “su vigencia y efectos, causan agravios directos a los derechos políticos electorales de las poblaciones LGTB”, dijo Alberto Serna.
Recordó que en el proceso electoral 2020-2021 se presentó un juicio para “salvaguardar” los derechos políticos de este sector y la sentencia mandató al Congreso local a garantizar estos derechos en la legislación local; sin embargo, en la última reforma realizada en ese sentido no se acató esta sentencia, denunció el activista.
Por ello, piden a las y el magistrado del TEE que “revisen la resolución que se emitió, porque el Congreso local emite un decreto que es deficiente y no garantiza o da pie a no garantizar nuestros derechos políticos electorales en el proceso electoral venidero”.
Alberto Serna explicó que su solicitud es que el TEE nuevamente ordene al Congreso del Estado que legisle “a favor” de este sector, porque “mañosamente dejaron al aire nuestros derechos y sí da pie a que los presidentes de los partidos políticos elijan las mejores pocisiones”.
Detalló que la intención es estar dentro de la toma de decisiones en los cabildos y el Congreso local, a lo que no han podido llegar porque los partidos políticos no los incluyen o los dejan en los últimos espacios en las planillas o fórmulas que registran.
Para poder acceder a estos espacios, detalló que los integrantes de la comunidad LGTB deben ser incluidos en los primeros cuatro lugares en las planillas que los partidos registran a regidurías, y en el caso de las diputaciones locales, ser postulados en distritos competitivos.
Serna Mogollón dijo que esta reforma no se llevó a cabo en el Congreso local porque hay resistencia de los representantes de los partidos, “los políticos viejos quieren seguir mamando de la ubre, como vulgarmente se dice”.
El activista comentó que del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la comunidad gay, que presentaron en el Congreso local el pasado 6 de julio, fue turnado a la Comisión de Justicia, “lo vemos como el primer error, porque se tenía que haber notificado al TEE”.
El documento lo recibió el secretario general de Acuerdos, Alejandro Paul Hernández Naranjo, quien les dijo que se le dará el trámite correspondiente y que serán notificados del avance de este procedimiento.