Israel Flores

Ciudad Altamirano

Los alcaldes de Tierra Caliente se mantienen atentos y a la expectativa de lo que ocurra con la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra y luego de los bloqueos que encabezaron a finales de abril y principios de mayo.
Ninguno de los presidentes municipales de Tierra Caliente quiso dar declaraciones acerca de la solicitud de información enviada al Congreso por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, con fecha 7 de julio.
Sin embargo, algunos de ellos se reunieron en privado durante la mañana y la tarde de este lunes, para dialogar al respecto.
De los nueve alcaldes de la Tierra Caliente, ocho estuvieron involucrados en el bloqueo de carreteras contra acciones de la FGE luego de que agentes ministeriales entraron a una bodega y decomisaron automóviles de marcas premium cuya propiedad se atribuyó a los presuntos líderes de La Familia Michoacana.
En El Sur se informó que la FGE solicito copia certificada de las actas de protesta o, en su caso, de las constancias documentales que los acrediten como servidores públicos y su cargo.
Entre los funcionarios que se mencionan está el presidente municipal César Ortiz Torres, de militancia perredista, de Acapetlahuaya; la presidenta municipal priista Mayté Lucero Arce Jaimes, de Cutzamala; también los priístas Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; José Luis Antúnez Goicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán, y el perredista Eusebio Echeverría Tavares, de Coyuca de Catalán; además de la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa, y la diputada local del distrito 17, Elzy Camacho Pineda, de militancia perredista.
El documento señala que la solicitud de las constancias es “en virtud de que puede ser información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan, dentro de la respectiva carpeta de investigación, misma que se mantiene en reserva en atención a los artículos 15, 105, 106, y 218 del código nacional de procedimientos penales”.
Los alcaldes de Tierra caliente se manifestaron el 28 de abril, luego de los cateos de agentes de la Fiscalía estatal en Ciudad Altamirano, señalando que se trataba de acciones arbitrarias en represalia por los señalamientos que los mismos alcaldes hicieron en contra de agentes de la Policía Ministerial por su relación con la delincuencia organizada que opera en la sierra.
Luego, hubo una reunión donde estuvieron presentes la gobernadora Evelyn Salgado Pineday la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón, de la cual luego se pudo conocer que ahí también ésta habría señalado a los alcaldes como personas con posibles relaciones con la delincuencia, lo que provocó tensión entre los asistentes, que días después terminó con los bloqueos, por cuatro días, de las carreteras en Tierra Caliente como una protesta en contra de las acciones de la Fiscalía.
Estas protestas concluyeron luego de que la gobernadora se presentó en la región, el 1 de mayo, para dialogar con los alcaldes. Al finalizar el encuentro, los alcaldes señalaron que habían llegado a un buen acuerdo y que no sufrirían represalias, es decir, que no se iniciaría ningún procedimiento en contra de ellos ni de las personas que estuvieron manifestándose en el cierre de carreteras.
Mientras que el presidente municipal de Pungarabato, luego del diálogo con la gobernadora, se desistió de presentar una denuncia en contra de la Policía Ministerial, por un acto que él consideraba una amenaza, cuando elementos de la corporación llegaron afuera de su casa, cerraron la calle con patrullas y agentes algunos incluso vestidos de civil se pararon con armas en la puerta de su casa por varios minutos y luego se retiraron.
En la solicitud de la FGE al Congreso local no aparece el nombre del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Freddy Vázquez Palacios, de militancia perredista, al cual le anunciaron que iniciarían por separado una investigación, por las protestas que encabezó después, a finales de mayo, luego de la detención de dos campesinos.
A los campesinos les aseguraron un vehículo con reporte de robo, pero de acuerdo con la opinión del alcalde, se debió considerar la pobreza de las personas y el uso que le daban a esta unidad, para transportar su fertilizante, y los diversos apoyos para el campo que se estaban entregando. Señaló que había quejas de que los agentes estaban abusando de la población, vigilando su llegada a la entrega de apoyos para el campo, pero debido a que en esa manifestación los encerraron en su oficina y pintaron el edificio y patrullas, la FGE informó en su momento que abriría una carpeta de investigación en contra del alcalde.