Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y el 23 por ciento en pobreza extrema y no tiene para comprar la canasta básica, evidencian el fracaso de las políticas públicas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El antropólogo dijo que ese es el resultado de la apuesta del gobierno solamente a la inversión extranjera, sobre todo a las empresas extractivas, como las mineras, y de que no invierta para el desarrollo en el campo. Añadió que también es el resultado de la corrupción y de la aplicación “clientelista” de los programas sociales. Dijo que a la clase política del país le conviene que sigan así las condiciones para tener clientela política cautiva.
Consultado por teléfono sobre los resultados del estudio del Coneval, Barrera Hernández declaró que el modelo económico que se ha impuesto en el país y en el estado, “es un modelo para generar programas compensatorios que solamente van paliando el problema del hambre, de la salud, de la educación”.
Expresó que no existe una política construida desde la base comunitaria y pensando en el bienestar de la comunidad, y que esas estadísticas reflejan los contrastes abismales entre los municipios de alto poder adquisitivo, como Nuevo León, con los municipios más empobrecidos de la Montaña de Guerrero, como Metlatónoc o Cochoapa El Grande.
“Es la expresión de la desigualdad al máximo. Estamos en un estado totalmente desigual y totalmente marginal de las políticas sociales que solamente son corporativas, clientelares y los programas netamente asistencialistas para asegurar clientela cautiva entre los sectores empobrecidos y, sobre todo, tratar a la población como objeto de conmiseración, no como sujeto de cambio o como actor que transforme la realidad”, denunció Barrera Hernández.
El antropólogo declaró que por eso no se consulta a los pueblos y se imponen modelos de desarrollo extractivistas, como la entrada de empresas extranjeras para extraer los minerales, “porque ese es el modelo a nivel global, y las autoridades mexicanas lo siguen a pie juntillas y a lo único que le están apostando las autoridades es a que venga la inversión extranjera a hacer una derrama de inversión, pero su inversión no se compara con la riqueza y el tesoro que se llevan”, lamentó.
Barrera dijo que, además esas empresas vienen a destruir el hábitat, a contaminar los ríos y a devastar toda la riqueza natural, “y vemos, en contraste, que no hay una apuesta por reactivar el campo, por recuperar los cultivos tradicionales como la siembra mesoamericana del maíz, frijol, calabaza y el chile”.
Dijo que esa política ha llevado a que a las comunidades de la Montaña se lleve hasta chile, maíz y frijol de las ciudades, porque el gobierno retiró el subsidio al campo para hacer dependientes del sector empresarial urbano a los campesinos, “por eso ha descapitalizado al campo”, acusó.
La reforma del campo fue para volcar la estructura agraria hacia el capital, señala

Explicó que la reforma agraria fue precisamente para transformar la estructura agraria e irla volcando hacia el capital. “Ahora, las estructuras corporativas imponen los paquetes tecnológicos al sector agrario para tener el control de los electores, y eso, lamentablemente es lo más perverso que se está dando en la implementación de políticas para el desarrollo… En verdad, la información del Coneval está constatando el fracaso de esas políticas públicas que no están apostándole al desarrollo local, al desarrollo comunitario, y están trayendo tecnología basada en el petróleo, que lo único que está haciendo es acelerar el problema del calentamiento global”, dijo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan alertó que “nos vamos a seguir hundiendo, lamentablemente, si se sigue este modelo extractivista, privatizador, depredador y saqueador sistemático de los recursos naturales”.
Denunció que otra de las causas de los resultados del Coneval es la corrupción endémica de las empresas que han llegado a construir obra pública y que sólo se vienen a llevar los recursos porque no hacen la obra pública.
Agregó que los programas que ha implantado el gobierno son sólo un negocio de los proveedores, y que hay un contubernio entre funcionarios públicos que aprueban los proyectos con grupos de proveedores para hacer negocio con la venta de los insumos.
“Todo es un robadero en los proyectos, al campesino solamente le queda de recuerdo de los programas de PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) es un alambre tirado y raído, una parcela montosa, y pequeñas aulas de lo que fue la granja, o los invernaderos todos abandonados… se implementan para sacarse la fotografía o enriquecer a los políticos”.
Aseguró que en el campo no se ve un programa que invierta directamente en las familias del campesino.
“El campo se trasformó en una mina de oro, pero para los grandes inversionistas de empresas tanto agroindustriales, como farmacéuticas o metalúrgicas, para una explotación a escala global”, dijo Barrera.