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Acuerdan 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña impedir la explotación minera

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.
En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.
Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.
Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio “ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.
El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

Cancelan mineras 22 de las 44 concesiones registradas hasta diciembre de 2016 en la Costa Chica-Montaña

 

De 44 concesiones mineras registradas hasta diciembre de 2016 en la zona conocida como Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con datos oficiales recabados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En seguimiento al monitoreo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la biosfera y minería, informó que las 44 concesiones ocupan 142 mil 430 hectáreas, y fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Las 22 concesiones que siguen vigentes ocupan 32 mil 616 hectáreas.
En consulta, el organismo explicó que la cancelación que han hecho las mineras de las 22 concesiones, es un comportamiento poco común en el estado, donde hasta finales de 2016 sumaban más de 894 concesiones para exploración y explotación de minerales.
El periodo es coincidente con el proceso informativo y de organización que comenzó en la región en 2012, cuando las autoridades comunitarias y agrarias comenzaron la defensa de su territorio.
A la fecha, indicó, el Consejo está integrado por 21 núcleos agrarios, en cinco municipios, y que todos han aprobado actas de rechazo a las mineras.
Recordó que uno de los permisos que requieren las mineras para comenzar el trabajo de campo es la autorización de los pueblos, así como otras más de 30 de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque, las mineras y las instituciones públicas omiten informar y consultar a las comunidades sobre la actividad minera en sus tierras comunes, recordó que en la Montaña hay un precedente en la comunidad de San Miguel del Progreso, que solicitó un amparo contra dos concesiones mineras, Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes de que la Suprema Corte se pronunciara respecto a la legalidad de las concesiones, las empresas Hochschild y La Salamera, cancelaron las concesiones más amplias de la microrregión, con unas 37 mil hectáreas.

Aún hay cuatro concesiones vigentes en territorios del Consejo, dicen

Tlachinollan aclaró que hay una nueva concesión, denominada España, cercana a la cancelada Corazón de Tinieblas, que se otorgó a la empresa Metalúrgica Reyna SA de CV en 2007, de 513 hectáreas, de la que apenas supieron tras hacer de solicitudes de información.
Sin embargo, esta concesión está en el municipio de Acatapec, fuera del territorio del Consejo Regional de Autoridades, que continúan la discusión de la defensa del territorio por la vía jurídica.
Dentro del Consejo, indicó que hay cuatro concesiones vigentes, la de Toro Rojo, cedida a la empresa Montero Minas SA de CV, en Iliatenco; la concesión de San Gabriel a la empresa Santa Claws Minas, en el ejido y los bienes comunales de Iliatenco, la mayor cesión de terrenos con mil 800 hectáreas; la concesión Galeana y San Miguel, de la minera Camsim minas, en Paraje Montero, Malinaltepec y Zitlaltepec, donde los pueblos han mostrado rechazo.
Distintos a las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande, aclaró que la Costa Chica-Montaña es la única región donde se defiende el territorio con un bloque amplio de resistencia, donde no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. Tampoco tienen problemas de inseguridad como los que padecen las mineras en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.