En el complejo campo de la formulación de políticas públicas, el debate entre enfoques racionales exhaustivos y aquellos de carácter incremental, ha ocupado un lugar central en la literatura académica desde mediados del Siglo XX.
Mientras el modelo racional-comprensivo ha sido una organización perfecta basada en información completa y cálculo exhaustivo, la realidad política y administrativa suelen inclinarse hacia procesos más pragmáticos. Desde esta perspectiva se ofrece a lo largo del tiempo, en términos llanos, aprovechar las etapas previas de las políticas públicas.
El potencial transformador del incrementalismo radica en su capacidad para fomentar el aprendizaje institucional.
Los procesos incrementales facilitan la acumulación de conocimiento práctico, la refinación de rutinas organizacionales y el fortalecimiento de capacidades técnicas sin desestabilizar la estructura institucional.
En países en desarrollo, donde los recursos y la capacidad estatal son limitados, esta lógica adquiere especial relevancia. El aprendizaje institucional resultante se traduce en mejoras continuas del funcionamiento y desempeño de las instituciones. A pesar de cambios, las capacidades instaladas –sistemas informáticos, protocolos de auditoría y expertís acumulado– aseguran la continuidad de resultados positivos, contribuyendo a la generación de valor público.
Este proceso de aprendizaje genera varios mecanismos que aseguran continuidad. Primero la institucionalización del conocimiento en rutinas y procedimientos estandarizados reduce la dependencia de individuos específicos. Segundo, la retroalimentación interactiva permite ajustes que aumentan la resiliencia frente a entornos cambiantes. Asimismo, el éxito incremental construye confianza pública y apoyo político para profundizar procesos graduales, pero permanentes, de cambio. Si bien el incrementalismo puede criticarse por su potencial lentitud ante crisis urgentes, en áreas técnicas sus ventajas superan gradualmente las limitaciones, en síntesis el valor de las políticas públicas desde un enfoque incremental radica precisamente en su capacidad para tejer un aprendizaje institucional robusto. Ese aprendizaje es el mecanismo poderoso para el desarrollo de capacidades institucionales sostenibles.
Ciertamente las políticas públicas adoptadas bajo un enfoque incremental generan un valioso aprendizajeinstitucional que constituye la base para la continuidad y consolidación de resultados positivos en el mediano y largo plazo.
Charles Lynch planteó en 1959 una critica contundente al modelo racional y decía que en lugar de definir objetivos claros y evaluar todas las alternativas posibles, los tomadores de decisiones parten de políticas existentes y realizan ajustes marginales centrándose en las diferencias incrementales entre opciones. A pesar de la critica academicista, no es necesariamente malo dado que valoró los aprendizajesprevios y los potenciales institucionales que se han construido. Así el enfoque incrementalista garantiza que los resultados no sean efímeros si no perdurables. Insisto, solo a través de este mecanismo se puede aspirar a políticas públicas que realmente transformen la sociedad de manera sostenible.

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Los avances de nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en los últimos años confirman la relevancia que tiene la coordinación gubernamental para hacer más eficientes las haciendas públicas en la recaudación de impuestos, el ejercicio eficiente y transparente de las haciendas públicas del gasto gubernamental y un adecuado manejo de la deuda pública local.
Desde entonces las transferencias vía participaciones y gasto federalizado no tienen precedente en la historia de la coordinación fiscal, también porque se perfeccionaron mecanismos de colaboración administrativa, transfiriendo a estados y municipios nuevas facultades y responsabilidades, como es el caso de la administración de los pequeños y medianos contribuyentes.
Y esto se profundizó durante los primeros años de este siglo, en donde colaboré en la Secretaría de Hacienda.
Es evidente que lo anterior no es suficiente, ya que para pensar en términos de Nación, tenemos que considerar también la dinámica de los ingresos estatales y municipales, la cual, en algunos de ellos, no ha sido la más óptima ni la más transparente.
Recuerdo que hace 20 años algunas entidades llegaron a cuestionar la calidad y veracidad de la información referida a la recaudación petrolera, afortunadamente el Comité de Vigilancia del Sistema se abocó a revisar exhaustivamente el tema, con resultados positivos; los gobernadores de la época avalaron el procedimiento de cálculo y su satisfacción con los resultados en relación a los excedentes. Sin embargo, se han dado desde entonces conflictos, incluso demandas que me tocó recibir de alguna manera cuando estuve en la Secretaría de Hacienda a principios de este siglo.
Se crearon mecanismos institucionales para aclarar las diferencias, ya sean temas de interpretación legal, de desconocimiento de la ley o efectivamente de una violación a la ley por parte de alguna autoridad estatal.
Un ejemplo en esa época fue el conflicto que se presentó entre el municipio de Acapulco y el gobierno de Guerrero, en los tiempos en que el presidente municipal era Zeferino Torreblanca, quien después fue gobernador del estado. Resulta interesante la controversia que presentó ante la Junta de Coordinación Fiscal, que cuando fue resuelta a favor del municipio, el gobernador ya era Zeferino Torreblanca…
Fue un hito donde las entidades federativas asumieron un frente común y lograron resultados positivos, hubo más conciencia entre las entidades federativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y las autoridades hacendarias.
Hoy el tema que puede suceder es que se ha logrado un gran avance en la fiscalización a nivel municipal, antes de 2018 sólo se auditaban unos cuantos municipios y solamente un fondo, al día de hoy se auditan todos los fondos participables y se ha logrado avanzar casi a la mitad de los ayuntamientos del país. Es una labor que ha sido relevante en los últimos años, pero existen límites; por ejemplo estados como Oaxaca, que tiene un sistema de usos y costumbres que rige en cerca de 400 municipios y que se repite de la misma forma en diversos estados del sureste, sin embargo los avances han sido importantes.
Lo anterior constituyó un avance relevante en la coordinación fiscal, su utilidad ha sido incuestionable, es espacio de negociación y revisión de los diferentes foros de ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas pero más importante, espacio de trabajo coordinado de corresponsabilidad en materia fiscal. En esa época se incentivó en muchos estados la creación de sistemas estatales de coordinación fiscal. Recuerdo particularmente relevante los casos de Guerrero y de Zacatecas, así como de otros estados en los que inclusive se contrata la deuda pública municipal como fondo que se asignaba a aquellos municipios que tuvieran una solvencia para el pago de la misma, en un ejercicio de coordinación municipal, que realmente resultó relevante y eso no solamente avanzó en esos estados con el catastro, el registro público de la propiedad y los sistemas de agua potable, con la colaboración administrativa, la recaudación del predial, los temas jurídicos referidos a la relación estado municipio, así como la transparencia y rendición de cuentas por medio de sus propios comités de vigilancia.
Todos ellos, temas importantes para la modernización de las agendas públicas municipales.

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Un tema que nunca ha dejado los espacios de los profesionales de la Economía, la Administración y el Derecho, es él que me tocó encabezar como Presidente del Colegio Nacional de Economistas, en los años noventa, cuando la principal temática que planteamos, fue la necesidad de una Reforma Fiscal Integral y la revisión del Sistema Nacional de coordinación fiscal, a través de una nueva Convención Nacional Fiscal, que me toco coordinar años después. Al respecto realizamos reuniones en varios Estados destacando Oaxaca, Querétaro, Tabasco y la Cdmx. Conscientes en el CNE de que el tema Fiscal o Hacendario era central para el desarrollo social y de la Política Económica.
Conscientes, de que con sus dos vertientes: la del ingreso y la del gasto, teníamos que modernizar las finanzas estatales y municipales, vigilar el uso correcto de los recursos y dar un impulso a las universidades públicas de todo el país.
Era evidente desde entonces que nuestro sistema recaudatorio era uno de los menos suficientes, la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios no daba suficiencia al gasto público para el desarrollo, además de rezagos sociales, en Infraestructura, gasto educativo, salud e incluso de mantenimiento y renovación de activos importantes en el sector público. En materia de política económica, ya era evidente que la Reforma Hacendaria era prioritaria para el país, más adelante me tocó coordinar la Cuarta Convención Nacional Hacendaria encabezada por el Titular de la SHCP.
Por otra parte, como sabemos desde hace algunos años la OCDE, la CEPAL, el CIAT, elaboran las estadísticas tributarias en América Latina, y el Caribe. La última edición es de 2025.
Asimismo, la CEPAL y la Cooperación Española, difunden el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, en la edición 2023. Donde los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB de Brasil fueron del 32 por ciento en Argentina del 27.8 por ciento, Costa Rica el 24.9 por ciento, y México, el 17.7 por ciento.
Estas cifras indican que tenemos que hacer un gran esfuerzo para fortalecer nuestros indicadores de desarrollo económico y social. Es claro que una revisión de la política tributaria es necesaria, que se requiere un gran esfuerzo nacional, sin afectar a los sectores de menores ingresos, pero tampoco a los generadores de riqueza.
Tanto CEPAL como la OCDE coinciden que los bajos niveles de gasto publico inhiben las finanzas publicas en su papel de pivotes del desarrollo, de ahí la necesidad de incrementarlos y fortalecerlos con la participación de todos.
La maestra Ifigenia Martinez señalaba en el texto mencionado, que al inicio del siglo XXI existía en México una clara conciencia de que la situación del país, especialmente económica no era satisfactoria. Sólo como mención en ese trabajo, que coordinó el CNE entre otros, participaron Carlos Mancera, Dionicio Meade, el CEESP, Concamin, así como Horacio Sobarzo, entre otros.
Es evidente que vivimos una situación mundial compleja, sin embargo, también es cierto que si queremos fortalecer la política social, también debemos de impulsar el papel de la inversión privada, así como las economías de las entidades federativas y de los ayuntamientos.

PD. Un gran logro del doctor Eber Betanzos nuevo titular del INAP, destacado por múltiples virtudes, oaxaqueño brillante. Así como Secretario Técnico de la ASF.

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Todo país federal tiene tres órdenes de gobierno, como es el caso de México, y en América Latina de Argentina, Brasil y Colombia. Por supuesto, en el norte, Estados Unidos y Canadá.
Veamos los órdenes subnacionales, es decir, estados o entidades federativas, y sumemos después el caso municipal.
En la parte recaudatoria, la responsabilidad más relevante es la del gobierno central, en virtud de que desde los años 80, al crearse el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades federativas firmaron un Convenio de Adhesión, mediante el cual se comprometían a dejar en suspenso –esto es, a no utilizar– potestades que, al no otorgarlas la Constitución de manera exclusiva al gobierno central o federal, podrían utilizar los estados, como el ISR o el IVA, recibiendo a cambio participaciones, esto es, un porcentaje de la recaudación que haría la instancia federal –hoy directamente el SAT.
En ese momento, el Distrito Federal, al ser una dependencia federal, no se adhirió mediante el Convenio sino a través de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. Hoy la Ciudad de México es entidad federativa con un régimen fiscal centralista y las alcaldías no recaudan; lo hace el gobierno central.
La Ciudad de México recauda una parte importante de sus ingresos propios, por encima del 40 por ciento. En los estados, particularmente entre los del norte del país, han llegado a rebasar el 20 por ciento, destacando Nuevo León; pero en el sur la recaudación propia ha sido más limitada.
Con el tiempo, ya muchas entidades al interior de la república también han hecho un esfuerzo recaudatorio; sin embargo, tendrán que hacer un esfuerzo mayor. Una entidad destacada por su propia naturaleza como Quintana Roo ha incrementado de manera constante su recaudación fiscal, así como otros estados como Querétaro y otros más.
Por otro lado, como señalaba desde hace algunos años, está el ejercicio correcto y transparente del gasto, y está muy claro en la Constitución y en la Ley de Disciplina Financiera cuáles son las facultades correspondientes.
Aparentemente es el momento también de que las entidades federativas fortalezcan sus facultades recaudatorias, de que se revise la Ley de Disciplina Financiera –que ya tiene muchos años sin actualizarse– y de que los municipios sean más proactivos como el orden de gobierno fundamental de nuestro sistema federal.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido parte sustantiva del desarrollo económico del país y, por lo mismo, hay que fortalecerlo a través de sus propias facultades, sin olvidar que el municipio es la cuna del desarrollo del país, aun cuando hay estados como Oaxaca donde el sistema de usos y costumbres ha derivado en que, de los 570 municipios del estado, la mayoría sean de usos y costumbres, lo cual ha fortalecido la participación municipal y la transparencia ante los ciudadanos.
Ha habido errores en el pasado, como cuando muchas entidades desaparecieron el impuesto a la tenencia –que administraban los estados, correspondiendo el 20 por ciento a los municipios– por razones eminentemente de coyuntura política, con resultados desafortunados en ciertos municipios.
Es relevante, entonces, fortalecer nuestro federalismo apoyando y cuidando las facultades de los tres órdenes de gobierno.

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El desarrollo y crecimiento desigual de los países ha colocado al análisis de sus causas como un asunto prioritario tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos, existe un consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones históricas y sociales.
Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de cada país, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales. En un país federal, dentro de cada orden de gobierno.
Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen –en términos nominales y estrictamente económicos– una mayor riqueza.
Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las desigualdades al interior de sus países; aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la FAO. A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.
Por ello, es prioritario que el gasto público sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia y el aprovechamiento para enfrentar el enorme desafío del combate a la pobreza. Así como la disponibilidad del agua, la educación y el apoyo de recursos a la población con menores ingresos.
En este orden de ideas, es evidente que el desarrollo económico y social real del país solo puede surgir desde las regiones, desde los municipios y sus localidades. La desigualdad, la pobreza y la miseria se encuentran principalmente en el México rural, observemos lo que está pasando en comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.
La concentración a nivel municipal es clara, en las participaciones en impuestos federales, la recaudación del impuesto predial dónde estamos cerca del 0.03 por ciento del PIB, muy debajo de países como Chile, Argentina o Colombia, o del promedio de los países de la OCDE, que es del 1.9 por ciento incluso en la deuda pública.
Los municipios enfrentan múltiples necesidades de gasto principalmente porque son los proveedores de servicios, limpia, alumbrado, basura, agua… son asuntos de los municipios, además del equipamiento urbano.
A excepción de los servicios de agua potable, los demás servicios que provee el municipio solo pueden ser financiados con recursos propios o participaciones, es por esto que cuando las crisis financieras en los municipios aparecen de inmediato la sienten los ciudadanos, ya sea en la falta de recolección de basura o en el alumbrado público, entre otros; en otras palabras, se presenta un “apagón financiero municipal”.
Hacer política sin obra pública resulta complicado y los ciudadanos siempre exigieran nuevas obras nuevas y los alcaldes entran en la disyuntiva de parar los servicios o atender las nuevas gestiones, más cuando entran en administraciones que ya están endeudadas.
Las participaciones son el principal ingreso que tienen los municipios, sin embargo algunos estados aún tienen formulas deficientes de distribución que solo premian la ineficiencia, además son pocos los estados que apoyan con más del 20 por ciento –que la Ley de Coordinación establece como mínimo–, sin entender que en la medida que las ciudades crecen existe una mayor demanda de servicios sin que ésta sea compensada con recursos que no sean los de su recaudación local.
La Ley de Disciplina Financiera ha sido el parteaguas para una mejor administración municipal, pero aún hay mucho que hacer; las pensiones, los laudos, la corrupción y la falta de capacidades técnicas son algunos temas pendientes en la agenda, que aún continúan como un reto en el desarrollo local.

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El desarrollo y crecimiento desigual de los países ha colocado al análisis de sus causas como un asunto prioritario tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos, existe un consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones históricas y sociales.
Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de cada país, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales. En un país federal, dentro de cada orden de gobierno.
Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen –en términos nominales y estrictamente económicos– una mayor riqueza.
Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las desigualdades al interior de sus países; aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la FAO. A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.
Por ello es prioritario que el gasto público sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia y el aprovechamiento para enfrentar el enorme desafío del combate a la pobreza. Así como la disponibilidad del agua, la educación y el apoyo de recursos a la población con menores ingresos.
En este orden de ideas, es evidente que el desarrollo económico y social real del país solo puede surgir desde las regiones, desde los municipios y sus localidades. La desigualdad, la pobreza y la miseria se encuentran principalmente en el México rural, observemos lo que está pasando en comunidades de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.
La concentración a nivel municipal es clara, en las participaciones en impuestos federales, la recaudación del impuesto predial dónde estamos cerca del 0.03 por ciento del PIB, muy debajo de países como Chile, Argentina o Colombia, o del promedio de los países de la OCDE, que es del 1.9 por ciento incluso en la deuda pública.
Los municipios se enfrentan a múltiples necesidades de gasto principalmente porque son los proveedores de servicios, limpia, alumbrado, basura, agua son asuntos de los municipios, además del equipamiento urbano.
A excepción de los servicios de agua potable, los demás servicios que provee el municipio solo pueden ser financiados con recursos propios o participaciones, es por esto que cuando las crisis financieras en los municipios aparecen de inmediato la sienten los ciudadanos, ya sea en la falta de recolección de basura o en el alumbrado público, entre otros; en otras palabras, se presenta un “apagón financiero municipal”.
Hacer política sin obra pública resulta complicado y los ciudadanos siempre exigen nuevas obras nuevas y los alcaldes entran en la disyuntiva de parar los servicios o atender las nuevas gestiones, más cuando entran en administraciones que ya están endeudadas.
Las participaciones son el principal ingreso que tiene los municipios, sin embargo algunos estados aún tienen formulas deficientes de distribución que solo premian la ineficiencia, además son pocos los estados que apoyan con más del 20 por ciento que la Ley de Coordinación establece como mínimo, sin entender que en la medida que las ciudades crecen existe una mayor demanda de servicios sin que ésta sea compensada con recursos que no sean los de su recaudación local.
La Ley de Disciplina Financiera ha sido el parteaguas para una mejor administración municipal, pero aún hay mucho que hacer; las pensiones, los laudos, la corrupción y la falta de capacidades técnicas son algunos temas pendientes en la agenda, que aún continúan como un reto en el desarrollo local.

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La gobernanza pública a nivel global tiene nuevas presiones y otras tantas reeditadas. Destacan sobre todo la interdependencia global y los desafíos transnacionales, como es el caso del cambio climático y la transformación digital.
Por ello, los espacios en los que se comparte información, buenas prácticas y mecanismos para el fortalecimiento institucional se vuelven tan relevantes. En el caso de las Entidades de Fiscalización Superior, estos espacios internacionales tienen valor estratégico innegable dado que las tareas de las EFS son técnicamente complejas y se desarrollan en contextos caracterizados por la exigencia pública de resultados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ha constituido a partir de la implementación del modelo de Nueva Auditoría –caracterizada por ser una Auditoría itinerante y presencial, por invertir en capacitación, sostener un enfoque preventivo y una la transformación digital y el desarrollo de tecnologías, capacitación intensiva de nuestro personal, como un referente a nivel internacional.
Un hito fundamental en esta proyección internacional es la elección por parte de mis pares al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) para el periodo 2023-2028. Lo cual ha permitido elaborar el Plan Estratégico de la Olacefs.
Esta participación a nivel internacional ha implicado la promoción de estándares comunes en auditoría, el intercambio de buenas prácticas y la articulación de esfuerzos institucionales para enfrentar problemas compartidos. Esta posición permite a la ASF incidir directamente en la agenda regional, lo que le ha ganado reconocimiento e impulso a las ideas nodales de nuestro modelo de la “Nueva Auditoría” —un enfoque preventivo, orientado a generar valor público y no solo a la detección de irregularidades. De esta manera, la ASF cumple simultaneamente con su mandato constitucional de fiscalización y exporta un modelo de gobernanza que prioriza la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Quizás uno de los ejemplos más notables de este liderazgo regional se materializó en la realización de la X Conferencia Conjunta Olacefs-Eorosai, celebrada en la Ciudad de México en 2024. Pensamos que la cooperación internacional en esta materia genera –como se manifestó en el lema de la conferencia conjunta “Auditorías para futuros resilientes”– una suerte de resiliencia frente a la complejidad de los contextos en los que el trabajo de las EFS tienen lugar. Dicho evento reunió a representantes de las 22 entidades de Olacefs y cerca de 50 de Eurosai, la organización europea hermana.
La elección de México como sede no fue casual o fortuita. Reflejó el reconocimiento internacional al avance mexicano en la adopción de tecnologías y en la consolidación de una cultura de rendición de cuentas preventivas –más trabajo pero necesario. En aquel momento, se destacaron experiencias compartidas en la prevención de riesgos y la optimización del control público mediante herramientas digitale en todas nuestras áreas de trabajo como Cumplimiento Financiero y Forense, lo que permitió a las EFS latinoamericanas y europeas enriquecer sus marcos metodológicos.
El impacto de este tipo de iniciativas –presentes a lo largo de la historia reciente de la ASF– rebasó lo simbólico y posicionó a México como referente indiscutible en el tema de rendición de cuentas, tanto en América Latina y el Caribe como en el escenario global. La ASF proyecta al país no como un actor pasivo ni primitivo, sino como un líder proactivo en la construcción de estándares de transparencia, auditoría, fiscalización y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar procesos.

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La Organización Latinoameri-cana y del Caribe de Enti-dades Fiscalizadoras Supe-riores (Olacefs) es un organismo internacional autónomo, creado en 1963, que agrupa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación, el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento institucional en el ámbito del control y la fiscalización gubernamental.
Olacefs forma parte de la comunidad internacional de fiscalización encabezada por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai por sus siglas en inglés) y constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos regionales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha impulsado, como parte de una Nueva Auditoría, establecer una visión que reconoce el valor de la fiscalización superior a manera de instrumento fundamental para mejorar nuestra gestión pública en materia de rendición de cuentas, poniendo énfasis en la prevención y la generación de valor y beneficio a través de la fiscalización superior.
Como reconocimiento internacional de nuestra labor, estos años hemos tenido una participación relevante. Por ejemplo, me ha tocado encabezar la Olacefs desde hace algunos años, electo por unanimidad como secretario ejecutivo en un evento realizado en la Ciudad de Oaxaca; desde entonces he encabezado no solo la parte administrativa , sino la oportunidad estratégica para articular iniciativas que fortalezcan a las EFS de Latinoamérica y el Caribe.
Desde ahí hemos buscado y logrado que nuestras experiencias y conocimientos, en materia de fiscalización, se traduzcan en el desarrollo institucional acompañado de buenas prácticas y el incremento de capacidades entre pares, lo que se logra por medio de programas de capacitación, desarrollo de herramientas digitales y grupos de trabajo técnicos, promoviendo una fiscalización más moderna, íntegra y orientada a resultados.
Otros logros relevantes es la labor realizada por el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres, una iniciativa orientada a mejorar la supervisión de recursos en situaciones de emergencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Asimismo, hemos promovido el uso de tecnologías emergentes en los procesos de fiscalización y compartido nuestra experiencia en auditoría digital, análisis de datos e inteligencia artificial –áreas en donde la ASF se ubica en la vanguardia internacional–, como ejemplos de cómo la transformación tecnológica puede optimizar el control público.
Ha sido intensa nuestra participación en espacios multilaterales como el encuentro interregional con la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (Eurosai), como la X Conferencia Conjunta Olacefs-Eurosai realizada en Ciudad de México con la presencia de cerca de 50 miembros de Eurosai en las oficinas de la ASF. Inclusive tuvimos la presencia de la Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Arabosai) y de representantes de otros continentes fundamentalmente en nuestra región.
En la ASF, en las instancias multilaterales de las que es parte como lo son la Intosai, la Olacefs y la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), hemos promovido una fiscalización que fortalezca la rendición de cuentas, el uso correcto de los recursos público, la confianza ciudadana y el buen gobierno mediante los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización superior.
Asimismo, esto ha permitido que fortalezcamos nuestras áreas de capacitación, tener una presencia en los Estados y Municipios, en suma, tener un trabajo itinerante que fortalezca y haga transparentes el uso correcto de los recursos públicos.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) guarda relación directa con la totalidad de los entes públicos que ejercen recursos públicos federales en todos los niveles de gobierno. Además de esta relación necesaria con los sujetos obligados a los que audita, guarda relación sustantiva con el Poder Legislativo, específicamente con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Esta relación definida por la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es lógica en tanto la Cámara representa los intereses del pueblo y por tanto tienen la potestad en la decisión de los recursos públicos, tanto en la presupuestación como en la fiscalización del ejercicio del gasto público.

Esta función de revisar el uso de los recursos públicos asegura que se destinen y ejerzan de manera adecuada y se prevengan, detecten y observen las irregularidades. El cierre del ciclo de revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración federal anterior, ofrece una oportunidad para examinar los avances en esta materia. Si se realiza un análisis detallado de los informes entregados recientemente, se evidencia un progreso notable en la amplitud y profundidad de las auditorías, lo que fortalece la gobernanza y la confianza ciudadana en las instituciones.
La Tercera Entrega de los Informes Individuales, presentada el 17 de febrero de 2026 ante la Comisión de Vigilancia, culminó un proceso exhaustivo que abarcó un total de 2, mil 64 auditorías para la Cuenta Pública 2024. Esta cifra representa un hito en la historia de la ASF, superando los volúmenes registrados en ejercicios previos. En 2024, la distribución de las auditorías incluyó 153 de Cumplimiento Financiero, enfocadas en verificar la adherencia a normas presupuestales; 35 de Desempeño, que evalúan la eficacia y eficiencia de programas gubernamentales; y mil 378 dirigidas al Gasto Federalizado.
Esta expansión en el número de auditorías no se limitó a un incremento cuantitativo, sino que implicó una mayor cobertura geográfica e institucional. La ASF extendió su alcance a 186 entidades federales, un avance que permite una supervisión más integral de los recursos distribuidos a nivel subnacional. Los informes destacan que, en el marco de esta revisión, se detectaron observaciones por un monto total pendiente de 65 mil 169 millones de pesos, de los cuales una fracción significativa ya se encuentra en proceso de aclaración o recuperación.

Es importante, también reconocer en este ejercicio el profesionalismo del equipo auditor de la ASF.
Los hallazgos específicos presentados en este informe ilustran la utilidad de los procesos de fiscalización, su enfoque preventivo y su contribución en el combate a posibles hechos de corrupción, apegados a criterios técnicos y metodológicamente riguroso. Por ejemplo, en lo relacionado con las recuperaciones –con más de mil 146 millones ya reintegrados en etapas previas– demuestra que el proceso no termina en la detección, sino en la corrección efectiva, contribuyendo a un ciclo virtuoso de mejora institucional.
La capacidad de la ASF para ampliar su cobertura sin recursos adicionales refleja una evolución hacia prácticas más eficientes, incorporando herramientas tecnológicas y enfoques preventivos que minimizan costos operativos. Históricamente, esta tendencia marca un contraste con periodos anteriores, donde limitaciones presupuestales restringían el alcance, resultando en coberturas inferiores al 50 por ciento de las entidades federativas.
La revisión de la última Cuenta Pública 2024 es una muestra de cómo una fiscalización robusta (como la lograda en el modelo de Nueva Auditoría) fortalece el Estado de Derecho y la equidad social. Al identificar y abordar irregularidades, la función de fiscalización protege el patrimonio público y promueve una cultura de rendición de cuentas que beneficia a todos los mexicanos.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es –como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– la única institución con atribución constitucional para la fiscalización del gasto público federal. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, su mandato constitucional se centra en revisar la Cuenta Pública para evaluar la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, así como el desempeño de los programas públicos.
A partir de 2018, la ASF ha experimentado una evolución por demás significativa, pasando de un enfoque reactivo centrado en la detección de irregularidades a un modelo preventivo que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la fiscalización y con ello la gestión pública en general. Esta transformación ha potenciado su utilidad y eficacia, como lo demuestran indicadores relacionados con las recuperaciones financieras, las recomendaciones generadas y mejora en la gobernanza pública.
La fiscalización superior en México ha mostrado una expansión sostenida tanto en volumen como en alcance. Una vez superada la pandemia del Covid 19 el número de auditorías creció de manera constante, pasando de poco más de mil 600 en 2020 a una proyección de 2 mil 462 en 2025, el nivel histórico más alto registrado, con una tasa media de crecimiento anual de 5 por ciento. Este incremento ha ido acompañado de una ampliación sin precedentes en el número de entidades fiscalizadas, especialmente en el ámbito subnacional, que pasó de poco más de 200 entidades en 2019 a más de mil 500 previstas para 2025.
En paralelo, la cobertura de la fiscalización sobre el universo total de entidades del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha incrementado de manera sistemática, al pasar de 37 por ciento en 2019 a 79 por ciento en 2024, con una proyección de 91 por ciento para 2026, considerando el PAAF 2025. Estos datos reflejan de que pasar el modelo de fiscalización hacia uno preventivo, de mayor cobertura, intensidad y presencia territorial incide de forma estructural en el buen ejercicio del gasto público.
Históricamente, la ASF –al comienzo de su historia institucional– operaba bajo un modelo correctivo, enfocado en auditorías de cumplimiento financiero que identificaban desviaciones post facto. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 2008 y subsiguientes modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2016, se impulsó un viraje hacia una auditoría de control preventivo.
Este cambio se materializó en la incorporación de revisiones en tiempo real y mecanismos preventivos para fortalecer el control interno de las entidades fiscalizadas. Posteriormente, la auditoría avanzó con mayor celeridad –a partir del 2018– en la implementación de una Nueva Auditoría aplicando nuevos modelos de auditoría y la tecnología en todas sus áreas.
Este modelo persiguió como objetivos principales a la prevención como centro de la fiscalización; el incremento del tamaño de la muestra auditable; y la realización de las auditorías en un modelo ampliado para verificar el gasto público de origen federal en gobiernos locales; y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para construir una auditoría más útil y eficaz.
El valor del trabajo de la ASF se evidencia en sus impactos cuantificables. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, la ASF detectó anomalías por más de 8 mil millones de pesos (mdp) en 746 informes individuales. De estos, en la tercera entrega, se recuperaron más de 940 mdp en favor de la Federación, reflejando una efectividad en la solventación de observaciones. Para la Cuenta Pública 2024, se identificaron irregularidades por 6 mil 969 mdp, con recuperaciones iniciales de mil 146 mdp. Estos datos, disponibles en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, muestran una tendencia ascendente en recuperaciones: de 2018 a 2024, la ASF ha promovido acciones eficaces en el proceso de observaciones.
La ASF ha integrado auditorías auxiliadas por tecnologías de la información y comunicaciones en todas sus áreas, a la par de la capacitación permanente del personal en técnicas de auditoría, pues el capital humano es nuestro principal activo. Ello además aprovecha la integración tecnológica como una herramienta al servicio de los auditores de la ASF.
Esta transición hacia un modelo preventivo y tecnológico ha incrementado la relevancia de la ASF en el ecosistema de rendición de cuentas del país.

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