El 28 de enero se celebró el Acto de Transferencia de Mando de la Presidencia de la Olacefs –el espacio por definición para la cooperación entre las entidades de fiscalización de la región. La Contraloría General de Paraguay, a cargo del contralor Camilo Benítez, concluyó su periodo y lo asumió el Tribunal de Cuentas de la Unión correspondiente a Brasil, cuyo presidente es el ministro Vital Do Rego. Ahora, la organización debe continuar el trabajo institucional sobre la idea compartida de que la cooperación regional en materia de fiscalización representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza en América Latina.
Como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) tuve el honor de tomar la protesta al nuevo presidente de la misma, cuyo periodo es por 3 años.
La Olacefs como organismo multilateral ha demostrado en su trabajo permanente que la cooperación –en lo que se refiere a la fiscalización– genera valor público significativo, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de recursos públicos. Actualmente, como lo mencioné en un texto previo en este mismo espacio, en un contexto de crisis múltiples –desde pandemias, nuevos equilibrios geopolíticos, hasta el cambio climático–, la integración regional al tiempo de que optimiza las capacidades técnicas de las EFS (Entidades de Fiscalización Superior) y también contribuye a la resiliencia democrática y al desarrollo sostenible.
El trabajo reciente y conjunto de las EFS desde la Olacefs demuestra el potencial transformador de la cooperación para la fiscalización. Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar las EFS a entornos tecnológicos altamente dinámicos, permitiendo auditorías más eficientes, coordinadas y compartidas en el ámbito regional.
Otro argumento clave proviene de la promoción de la participación ciudadana. Es evidente que la sociedad civil, representada en los congresos locales, fortalece lo anterior. En esencia, estos trabajos demuestran que la cooperación regional –entre las propias y la suma de otros actores del sector social– multiplican el valor público de la fiscalización, lo que en el trabajo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabezo nos ha permitido no solo ampliar la cobertura de fiscalización con los entes auditados al optimizar recursos limitados, compartir buenas prácticas y abordar problemas transnacionales.
Con este panorama, las experiencias con resultados positivos representan una oportunidad invaluable, ya que permiten aprovechar las experiencias acumuladas. Iniciativas no solo tecnológicas sino las vinculadas con la participación ciudadana y el incremento de la cobertura.
Asimismo, es imperativo profundizar las relaciones con aliados estratégicos. La colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai por sus siglas en inglés) IDI ha sido fructífera en temas como la independencia de las EFS y auditorías coordinadas en preparación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), se puede avanzar en marcos anticorrupción, aprovechando el Memorando de Entendimiento entre Intosai y UNODC para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Finalmente, la asociación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) ha probado su eficacia en proyectos ambientales, y su expansión podría abarcar mayores espacios para la fiscalización basada en la capacitación de los entes. Estas alianzas amplifican el alcance de la fiscalización, y amplia nuestra cobertura fiscalizadora.
En todo este proceso, ante el rol de la ASF –en funciones de Secretaría Ejecutiva de la Olacefs– respaldamos los proyectos de esta gran organización regional que abre la puerta a la posibilidad de mejora continua de nuestras instituciones. Nuestra experiencia así lo demuestra: que la fiscalización sin demagogias asegura contribución al bienestar público.

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El Día Internacional de la Educación, proclamado por la UNESCO y celebrado el 24 de enero, es una oportunidad inigualable para reflexionar sobre el papel fundamental de la educación –más allá de su evidente rol como transmisora de conocimientos– como herramienta social para la formación ética de las personas. Hay una relación evidente entre educación e integridad, sobre todo si se considera que educar implica formar ciudadanos conscientes que, a su vez, pueden ocupar posiciones de decisión pública, lo que asegura instituciones confiables, transparentes y orientadas al bien común.
La educación más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la estimulación de procesos cognitivos, y de la adquisición de competencias técnicas o académicas; constituye un proceso integral de formación humana que ayuda a formar valores y principios rectores. Desde la educación básica hasta la educación superior, los programas educativos deben incorporar componentes éticos y cívicos que fomenten la conciencia de los derechos y deberes ciudadanos.
Educar implica transmitir no solamente conocimientos técnicos, sino tener un impacto en la formación ética que priorice el interés público. El rol de la educación es relevante si partimos del supuesto de que ahí se forman las personas que desarrollan funciones en el ámbito de lo privado y lo público, quienes toman decisiones que inciden en la sociedad. Ello resalta la contribución de maestros, pedagogos, personal administrativo y de los alumnos en un proceso de retroalimentación activa y permanente.
Diversos estudios, muestran una correlación negativa significativa entre los niveles de percepción de la corrupción y la calidad educativa (indicadores como PISA o tasas de matrícula y logro educativo). La conclusión general, bajo esta óptica, es que países con sistemas educativos más robustos, exhiben menores niveles de corrupción en el sector público. En buena medida, esto es resultado por el efecto de la educación en dos vías: (1) los empleados públicos, deben actuar con ética e integridad; (2) en la población en general dicha formación les determina para constituirse como actores que demanda mejor rendición de cuentas y transparencia por parte del sector público.
Por lo que burocracias educadas en integridad tienen mayor probabilidad de generar políticas coherentes, ejecución eficiente y confianza ciudadana. Ello fortalece la democracia, reduce desigualdades y promueve el desarrollo sostenible.
En México, los retos educativos reflejan la necesidad de fortalecer la relación entre educación e instituciones confiables, en lo cual el vínculo con la fiscalización superior es fundamental. Ello además no puede perder su perspectiva intercultural presente en nuestro país que tiene 69 pueblos indígenas y 418 municipios de usos y costumbres –417 están en Oaxaca. De acuerdo con el Inegi, el promedio nacional de escolaridad es de 9.7 años, mientras que en la población indígena el analfabetismo supera el 16 por ciento, frente al 4.7 por ciento del promedio nacional. La OCDE advierte que estos rezagos sitúan a México por debajo de países latinoamericanos como Chile y Uruguay, cuyos promedios educativos superan los once años de escolaridad. Experiencias regionales documentadas por la UNESCO y la CEPAL muestran que los sistemas educativos con enfoque intercultural fortalecen la cohesión social, reducen desigualdades estructurales y contribuyen a la legitimidad de las instituciones públicas.
El Día Internacional de la Educación es un buen recordatorio, para tener presente la relevancia de la educación social, lo cual es una oportunidad para contar con sociedades más integradas y educadas.

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Desde el inicio de mi gestión en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) he sostenido una convicción clara: la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos no son opcionales, son un deber ético y político.
Bajo esa premisa, la ASF ha sido fundamental para fortalecer la rendición de cuentas en las entidades federativas.
A lo largo de mi gestión hemos mantenido reuniones de trabajo frecuentes con los Estados con el objetivo de coordinar esfuerzos en la revisión y correcta aplicación del presupuesto estatal. Estas reuniones no han sido actos protocolarios, sino espacios de diálogo técnico y cooperación institucional orientados a garantizar que cada peso del erario se ejerza conforme a la ley.
Siempre he encontrado en el gobernador Alfonso Durazo a un aliado comprometido con una visión moderna de la fiscalización. Su postura ha sido clara y coincidente con la nuestra: la auditoría no debe entenderse como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta de apoyo para mejorar la gestión pública. Lo cual expresé con claridad en julio de 2023, durante la apertura de las Auditorías Colmena en el estado de Sonora, al señalar: “No vengo a buscar, sino a apoyar”. Esa frase sintetiza el espíritu de nuestra colaboración.
Actualmente, en el caso del estado de Sonora, se encuentran en desarrollo seis auditorías al gasto federalizado ejercido por el gobierno del estado, de un total de diecisiete auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Es importante subrayar que los recursos de origen federal tienen una relevancia particular en el estado de Sonora.
En el caso del gobierno estatal, estos recursos representan más del 70 por ciento de su presupuesto, mientras que, en el ámbito municipal, el promedio de dependencia de recursos federales alcanza hasta el 100 por ciento, es decir, los recursos que les provee la Federación conforman la totalidad de su presupuesto.
Estas cifras reflejan la importancia de ejercerlos con el mayor cuidado, responsabilidad y apego a la normatividad, pues de su correcta aplicación depende, en gran medida, la prestación de servicios públicos y el desarrollo local.
Por tal motivo desde la Auditoría reafirmamos nuestro compromiso compartido de acompañar a los gobiernos locales para que cumplan correctamente con sus responsabilidades administrativas y financieras dotando a los entes fiscalizados con las herramientas necesarias para el adecuado uso de los recursos públicos.
Estoy convencido de que la capacitación es una de las mejores herramientas para prevenir irregularidades y fortalecer las capacidades institucionales. Desde que iniciamos un trabajo, derivado en mi caso, de la experiencia desde el gobierno de Oaxaca, con don Heladio Ramírez López, cuando se hizo la Ley de Usos y Costumbres, recordamos a Armando Labra y a Gustavo Esteva, unica en el país, y en la Secretaria de Hacienda siendo el conductor de la ultima Convención Nacional Hacendaria, un hito frente a recomendaciones del Banco Mundial sobre las reformas a nuestra ley, que no acepté y acordamos con las entidades federativas.
En suma, desde nuestros respectivos ámbitos, hemos construido una relación de colaboración y respeto institucional que ha permitido avanzar en una fiscalización más eficiente, preventiva y cercana. Estoy convencido de que este trabajo conjunto seguirá dando resultados positivos para Sonora y para México.

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Hoy la fiscalización superior es un pilar fundamental de la gobernanza democrática y la rendición de cuentas en estados modernos. Ahora mismo –en un contexto global marcado con procesos de digitalización–, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) enfrentan la necesidad de adaptarse a un entorno donde los procesos migran rápidamente a plataformas digitales. Los organismos internacionales como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) han identificado a la tecnología como una oportunidad para mejorar la eficiencia de las auditorías.
La transformación digital permite a las EFS transitar de auditorías tradicionales, basadas en muestreo y ciclos prolongados, hacia modelos de análisis en tiempo real. Como se destaca en contribuciones recientes al Journal of Government Auditing de Intosai, la integración de flujos de datos continuos –provenientes de fuentes de información diferentes– posibilita la reducción del ciclo auditor y el incremento en la eficiencia de sus resultados.
En el ámbito regional, la Comisión de Tecnologías de la Información e Innovación en el Control de Olacefs ha impulsado iniciativas concretas, tales como la creación de plataformas para el intercambio de datos abiertos y herramientas de big data e inteligencia artificial (IA). Al respecto, destacan sobremanera las herramientas que implementamos en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a partir de la idea de que la transformación podía orientarse desde la innovación tecnológica: ha permitido auditorías más ágiles en contextos de grandes volúmenes de información.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Tecnologías de la Información (WGITA) de Intosai identificó desafíos clave: (1) la construcción de una cultura de datos en las EFS; (2) la verificación independiente de hallazgos generados por IA; (3) la gobernanza y seguridad de datos, y (4) el desarrollo de competencias digitales entre los auditores.
En regiones como América Latina y el Caribe, estos retos se agravan por la brecha digital. La información de la Olacefs y otras experiencias nacionales destacan limitaciones en conectividad, especialmente en áreas rurales o municipios marginados, así como la insuficiente preparación de las administraciones auditadas para migrar a procesos digitales. Por ello las EFS deben auditar sistemas digitales gubernamentales –incluyendo aquellos basados en IA–, y también proteger sus propios procesos contra ataques que podrían comprometer su integridad.
Uno de los mayores riesgos para la fiscalización superior, no radica en la tecnología per se, sino en la inercia institucional. Las EFS que no inviertan sistemáticamente en capacidad y gobernanza digital corren el peligro de perder relevancia y sentido de utilidad pública. Resulta recomendable una aproximación gradual al cambio tecnológico en las tareas de fiscalización: iniciar con procesos prioritarios (recopilación y análisis de datos), fomentar alianzas interinstitucionales para superar brechas de conectividad, y priorizar la capacitación continua entre los empleados, quienes al final de cuentas dirigen los procesos.
La capacitación, representa un hito de la fiscalización superior, un tema que en la Nueva Auditoria se ha fortalecido de manera permanente, compartiendo lo anterior con los entes auditados, esto es a los tres órdenes de gobierno. Además, la cooperación regional e internacional entre las EFS resulta importante, con nuestro apoyo, la oportunidad de reinventarse como instituciones resilientes y proactivas en la era digital, preservan la defensa del interés público. Hemos apoyado, como ejemplo, a colegas de Centroamérica y América del Sur. Por ello, la ASF, está considerada como un referente por sus avances e innovaciones, tecnológicas, compartidas.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas –en el año 2003 con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)– estableció el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción. Dicha fecha, además de ser un elemento simbólico a nivel global, reiterando un consenso entre todos los pueblos del mundo de rechazar la corrupción, lo cual es un llamado para atajar el problema de la corrupción.
Esta genera pérdidas económicas estimadas en billones de dólares anuales, según informes de la ONU, y agrava las desigualdades. En países en desarrollo, es relevante avanzar en la implementación, de estrategias preventivas. Por ello, políticas públicas como la fiscalización superior, actuán en el control externo, para la buena gobernanza. Esto es, instrumentar correctos ejercicios de los recursos públicos.
La corrupción, entendida como la suma de prácticas negativas en el uso de los recursos publicos, para obtener beneficios privados, no es un fenómeno aislado sino un síntoma de fallas sistémicas en la gobernanza e instituciones públicas. Su impacto genera un efecto multiplicador: erosiona la legitimidad de los gobiernos, distorsiona la asignación de recursos públicos y perpetúa ciclos de pobreza. Desde la literatura especializada en el tema y desde una perspectiva académica, la corrupción puede analizarse a través de marcos teóricos como el principal medio para desvíar recursos de los ciudadanos, debido a debilidad de la rendición de cuentas.
En este sentido, la fiscalización superior, adquiere un rol de primer orden. Las Entidades de Fiscalización Superiores (EFS) tienen la posibilidad de revertir, sobre todo en regiones como la nuestra. Mediante auditorías preventivas es posible reducir riesgos, y mejorar los mecanismos prventivos, no punitivos, con buenas políticas administrativas. Siempre con enforques preventivos, con lo que la fiscalización superior trasciende la visión punitiva, por el uso correcto de los recursos públicos, en lo que se requiere para incorporar herramientas que mejoren y transparenten la gestión preventiva..
A pesar del valor manifiesto del trabajo de las EFS, la fiscalización superior enfrenta desafíos. Desde la ASF hemos optado por emprender un proceso de innovación, enfoques preventivos y la toma de decisiones eficaces para enfrentar los desafíos a la fiscalización en términos técnicos y acercar a las institución con los demás entes públicos y con la sociedad.
Por ejemplo, la digitalización y la incorporación de auditorías basadas en Big Data e inteligencia artificial. Además, es esencial la cooperación con otras EFS, como lo hacemos con OLACEFS e INTOSAI.
En el Día Internacional contra la Corrupción es pertinente para revitalizar la agenda de atención a problemas públicos complejos como el caso de la corrupción. Su presencia es un recordatorio oportuno para atender y definir agendas conjuntas entre las EFS de los países y también a nivel de las entidades federaivas. Es una prioridad el fortalecimiento de instituciones como las EFS, a partir de la inversión en capacitación y tecnología para transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo y basado en la prevención.
La fiscalización superior, con su énfasis en la prevención, representa una herramienta indispensable para construir sociedades transparentes.
Al promover la rendición de cuentas a partir de la información generada en la fiscalización, las EFS previenen la corrupción, al tiempo de que restauran la confianza en las instituciones.

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Como señalé hace poco, las aproximaciones sucesivas hacia una fórmula de distribución de participaciones a Estados y Municipios dan cuenta de resultados de distribución casi perfectos, a partir de la reforma que hicimos en 1991. Sin embargo, este camino en el diseño de la distribución revela la complejidad inherente a la construcción de un pacto federal equitativo en lo relacionado con ingresos y egresos.
El diseño de estas herramientas tenía como propósito principal la mejora en la eficiencia y equidad para la distribución, también la del fortalecimiento de la confianza y seguridad en el distanciamiento de la discrecionalidad. El proceso tuvo y tiene al diálogo como eje: desde la inquietud surgida en Oaxaca de los años setenta hasta el consenso de 1990, el sistema ha sido forjado en el ánimo del debate y el intercambio de experiencias. Especialmente en el primer cambio, se buscaba equidad, ya comenté cómo el per cápita de un estado, Tabasco, versus Oaxaca era de 9 a 1. Con la reforma primera se acortaron las brechas, pero cuidamos meter dos reservas de compensacion para los estados, que no eran perdedores, siempre ganaron, sino que contribuyeron a mejorar la situacion de los cerca de 20 que recuperamos algo, como los del sureste encabezaos por Oaxaca. El contexto actual caracterizado por la presencia de retos a nivel local urge extender este espíritu federalista hacia reformas que aborden no solo la distribución, sino la sostenibilidad fiscal en un contexto de desigualdades persistentes, así como la mayor responsabilidad de gobiernos subnacionales. No solo seguir en el que llamamos el “padrotismo fiscal”.
La realidad exige que el federalismo fiscal trascienda la fórmula de 1991 –vigente pese a sus ajustes del año 2007– para incorporar mecanismos innovadores de incentivos y rendición de cuentas, preservando el equilibrio en la distribución.
El trayecto histórico da cuenta de un federalismo en movimiento, sujeto a actualizaciones. La creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, junto con la introducción del IVA y fondos como el de Fomento Municipal, representaron puntos de inflexión o momentos paradigmáticos. Estos instrumentos no sólo descentralizaron recursos, sino que fomentaron una coordinación administrativa que delegaba facultades a las entidades federativas, reconociendo la necesidad de su participación para resolver las asimetrías regionales. Sin embargo, la eficacia en la recaudación a nivel local es muy pobre y descuidada.
En este sentido, conviene identificar y reconocer las insuficiencias del esfuerzo fiscal de los municipios, insistir en la equidad y la responsabilidad fiscal. El ajuste de 2007, a todas luces regresivo, fue sugerido por el Fondo. Limitando la ponderación de ingresos como el predial, en el Fondo de Fomento Municipal.
La inaccion recaudatoria de los municipios, con organizaciones a veces inactivas: recaudan mejor el predial Costa Rica o Argentina. El cero control administrativo en algunos de ellos, el llamado”padrotismo fiscal”, esto es “yo no racaudo, pero dame”…. En suma, sin recaudar no hay federalismo fiscal. Por ello es conveniente avanzar hacia una fórmula de distribucion de partipaciones, donde no sean meras transferencias, sino inversiones para mejorar y generar condiciones idóneas para el desarrollo.
En última instancia, el federalismo fiscal es una expresión del espíritu federalista. Su historia nos enseña que las aproximaciones sucesivas triunfan cuando priorizan el bien común. El debate sobre la fórmula, aunque con elementos técnicos, también es una discusión política fundamental para la evolución del federalismo fiscal y el cumplimiento de la expectativa de la equidad.

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Hace casi 50 años, he vivido los avatares del federalismo fiscal en México. Podría describirse como la historia de una serie de aproximaciones sucesivas a la fórmula de distribución de las participaciones a los estados y municipios, casi perfecta que satisfaciera a todos, éramos casi 26 estados que habíamos sido marginados de la distribución. La inquietud surgió en Oaxaca, su permita era inferior en 9 veces a la del estado más beneficiado por ello. Para algunos, los avances parecían exasperantes, pero para quienes vivimos de cerca este proceso, recapitular sus episodios, deja varias convicciones alentadoras, entre las cuales destaco dos:
1. Hemos ido en el camino correcto; es decir avanzamos enterados hacia donde debíamos ir, formamos un frente de 26 entidades. Encontramos una formula, “casi perfecta” en la coyuntura, un año de reuniones y un consenso mayoritario para el cambio de la misma, que compenso a los estados del sur y centro de sus rezagos. En su fuero interno tarde o temprano, cada secretario de finanzas en las Entidades Federativas y
2. Este proceso de construcción del federalismo ha sido una obra conjunta, de dialogo, intercambio de experiencias acumuladas. En otras palabras, es expresión del mismo espíritu federalista y demostración de la capacidad de la buena política para lograr acuerdos y compartir objetivos.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene su origen en un conjunto de experiencias exitosas: la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, la introducción del IVA, así como del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo Financiero Complementario, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en bancos, la delegación de mayores facultades a las entidades federativas en la coordinación administrativa en materia fiscal federal, la introducción del mecanismo de anticipos en el pago de las participaciones con el fin de da liquidez a los estados, hasta el diseño y aprobación a fines de la década de los ochenta, de la formula –vigente desde entonces, con algunos cambios regresivos en 2007. Detrás de estas experiencias hubo análisis y debates profundos entre las propias entidades y los funcionarios federales, que asumimos la esencia del debate en 1990 e integramos una propuesta que recogía los elementos sustantivos de las propuestas.
En la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales celebrada en Huatulco en 1990, la nueva fórmula de participaciones surgía del trabajo de los funcionarios fiscales y reflejaba, con la mayor aproximación posible, la preocupación de todos por forjar un sistema equitativo y moderno en beneficio de la población. El desafío consistió entonces, en conciliar las dos mitades que se contrapesan en el ideal federalista: buscar la igualdad en el trato a las entidades al mismo tiempo que se reconocen -y tratan de aliviar- las evidentes desigualdades de tamaño y condición entre las economías estatales.
En esa ocasión, se presentó también la propuesta del Estado de Oaxaca para crear una tercera parte en el Fondo General con el fin de evitar las distorsiones del Sistema de Distribución de Participaciones, específicamente en el periodo 1991- 1994.
La iniciativa fue aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 1990, con el apoyo abrumador de la mayoría de los funcionarios fiscales estatales.
La Fórmula de Distribución de Participaciones, que inició su vigencia en enero de 1991, con el ajuste de 2007, ha sido el instrumento fundamental de las relaciones fiscales de los tres órdenes de gobierno. La fórmula incluye un impulso al esfuerzo recaudatorio local, al incluir como asignables para la distribución del Fondo de Fomento Municipal la dinámica recaudatoria de predial y agua.
Seguiremos con la historia…

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En un contexto caracterizado por la incertidumbre y la creciente demanda de transparencia, el anuncio de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025 adquiere una relevancia estratégica para el Mundo. El galardón a Joel Mokyr, por su identificación de los prerrequisitos para el crecimiento permanente, mediante el progreso tecnológico, y a Philippe Aghion y Peter Howitt, por su teoría del crecimiento a través de la “destrucción creativa”, construyen una simbiosis notable entre tecnología y desarrollo. Sus contribuciones explican los mecanismos históricos que impulsan la prosperidad económica, también ofrecen un marco analítico indispensable para abordar desafíos contemporáneos a partir de la tecnológica. Pero lo fundamental es el hombre.
El valor de lo anterior, radica en su utilidad para vincular la innovación tecnológica, con la gobernanza responsable, promoviendo un desarrollo inclusivo que fomente la rendición de cuentas. Particularmente, en nuestro contexto, esta perspectiva encuentra eco en la transición tecnológica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, en el contexto de la Nueva Auditoría, en la que la tecnología es concebida como una herramienta para fortalecer sus alcances, pero nunca sustituyendo la labor del personal humano, que cada vez está más capacitado. Por eso hemos crecido sin despedir a nadie.
Repito, su valor fundamental, reside en su aplicación, en la revisión del ejercicio correcto del gasto público. En la ASF lo comprendimos desde un principio, a ello se debe el uso de herramientas tecnológicas en todas las áreas auditoras y administrativas. En las áreas auditoras, en Cumplimiento Financiero, Seguimiento, Gasto Federalizado, y Desempeño, así como en Administración. Tenemos logros en el Centro de Estudios y Capacitación, la cual se basa en un ecosistema sustentado en un enfoque preventivo.
Siguiendo las ideas de los Nobel de Economía 2025: el progreso sostenido que supone el viraje tecnológico requiere confianza en las instituciones, lo que en términos de la fiscalización superior implica herramientas digitales que no solo detecten irregularidades en el ejercicio de recursos, sino que prevengan riesgos mediante el análisis predictivo.
Esta vinculación teórica-práctica se materializa en los avances tecnológicos de la ASF. Un hito clave es la implementación de auditorías integrales, anunciadas para la Cuenta Pública 2024, que combinan análisis de datos masivos con IA para procesar volúmenes informativos previamente inalcanzables.
Esta transición no ha sido abrupta, por el contrario, se ha implementado como resultado de una integración gradual. La ASF ha evitado rupturas disruptivas al fusionar metodologías tradicionales con innovaciones digitales. La adopción del Big Data y datos abiertos democratiza la información, como evidencia la app móvil de la ASF, lanzada en 2023, que ofrece a ciudadanos informes de auditorías, seguimiento de recursos y hallazgos preliminares. Esta herramienta ilustra bien las ideas de Aghion y Howitt sobre el valor adicional de la tecnología para contar con instituciones integrales.
Es importante señalar que la fiscalización pública abrace la innovación tecnológica como base de su gestión cotidiana. En México, la ASF ejemplifica esta sinergia, transformando la fiscalización superior a partir del uso extendido de herramientas tecnológicas.
Para maximizar su potencial, urge fortalecer marcos regulatorios que incentiven la adopción digital en todos los niveles de gobierno, invirtiendo en educación tecnológica y la profesionalización de las y los servidores públicos para la adopción de herramientas de este tipo.

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El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, celebrado desde 2001 cada 10 de noviembre, implica un compromiso global con el uso ético y responsable del conocimiento científico como instrumento para la construcción de sociedades sostenibles. Proclamado a raíz de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de Budapest (1999), este día busca renovar el pacto internacional en favor de una ciencia orientada al bien común, enfatizando su contribución a la erradicación de la pobreza y la resolución de desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad.
En el núcleo de la relación ciencia desarrollo, se encuentra la fiscalización superior, por su capacidad y potencial para medir, conocer y recomendar mejoras para el uso positivo de los recursos públicos destinados a la investigación, la tecnología y la ciencia. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), son actores indispensables para la rendición de cuentas horizontal y vertical. Su labor no se limita a la detección de irregularidades financieras; incorpora auditorías de desempeño que evalúan la economía, eficiencia y eficacia de los programas de inversión en ciencia y tecnología (CyT).
La relación entre ciencia y fiscalización superior es notable en varios sentidos: el primero porque genera evidencia empírica para la toma de decisiones; el segundo en función de que garantiza que esa evidencia se traduzca en políticas verificables y equitativas. En democracias consolidadas, las EFS aplicamos metodologías estandarizadas, que generan utilidad pública en la entrega de resultados.
Es América Latina, donde la inversión pública en ciencia promedia poco más del 0.6 por ciento del PIB regional, la fiscalización superior adquiere un valor funcional para lograr que la inversión sea eficaz. De tal suerte, la región avanza en una dirección contextual en la que será necesario redoblar los esfuerzos relacionados con la inversión en CyT, así como su consecuente fiscalización.
La fortaleza democrática de los gobiernos, depende, de su claridad en la rendición de cuentas sobre el valor social de la inversión en ciencia y tecnología. Cuando los gobiernos destinan recursos a medicamentos, energías renovables o inteligencia artificial, sin mecanismos adecuados de información pública, se corre el riesgo de erosionar su legitimidad y confianza. Es decir, hay una correlación, entre a eficiencia de los programas científicos y el desarrollo. Asi como de su evaluación y la percepción ciudadana.
Si el pueblo valora los resultaos, y se requiere de inversión para el desarrollo de proyectos de investigación, la formación de capital humano y la divulgación de los resultados, entonces dicha inversión –proveniente de la hacienda pública– está sujeto a la revisión, el análisis y la evaluación de su desempeño.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo nos recuerda que el conocimiento científico que generan los países implica la inversión pública.; por tanto, su impacto depende de la calidad de sus resultados, la ausencia de burocracia, una administración austera, pero suficiente. La ASF cumple un papel relevante. para el buen ejercicio de los recursos públicos y la gobernanza de las políticas públicas.
En un continente marcado por desigualdades históricas, la fiscalización superior emerge como el puente entre el laboratorio y el valor público. Solo cuando los recursos públicos –en este caso los invertidos en la ciencia– son auditados con rigor metodológico y los resultados de auditoría divulgados con transparencia absoluta, los gobiernos democráticos y sus sociedades pueden avanzar en el logro de los resultados positivos de ciencia y desarrollo.

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Estados federales como el nuestro, tienen distintas formas de organización política, administrativa y territorial, que los que no lo son. No obstante, la complejidad inherente a su estructura –por la distribución del poder, funciones y competencias entre diferentes órdenes de gobierno– genera desafíos asociados a la rendición de cuentas.
En sistemas federales, dichos órdenes de gobierno participan en la gestión de recursos públicos a partir del ciclo presupuestario e instancias competentes. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, es la única institución que tiene facultades constitucionales para auditar recursos públicos federales. Por ello destaca la existencia de un órgano técnico de fiscalización y auditoría, capaz de garantizar que los recursos se utilicen con honradez, eficiencia, transparencia, economía y equidad.
En la Constitución de 1917 y sus diferentes reformas, la competencia concurrente de la recaudación –con la salvedad de que los impuestos e instrumentos para la recaudación que están señalados expresamente para cada orden de gobierno– no es suficiente, para la obtención de mayores ingresos propios. Por ello, la dependencia de estados y municipios a los ingresos de origen federal es tan elevada, que la ASF se ve obligada a revisar su gasto. En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –como ente con la competencia exclusiva para fiscalizar los recursos públicos de origen federal–, subrayo recursos exclusivos, emerge como un pilar indispensable para la vigilancia, correcta del gasto público. Por ello, en tanto órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía de gestión, extiende su competencia, por ministerio de ley, al “sistema subnacional”, esto es, estados y municipios que ejercen recursos federales.
Por ello, en la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, presentada el 23 de octubre ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se reportó la fiscalización de más de 9 millones de pesos, ejercidos por más de seis mil entes públicos de los tres órdenes de gobierno. La entrega reciente incluyó 546 auditorías: 356 dirigidas al ámbito subnacional (estados, municipios y órganos locales) y 190 a entes federales directos, además de más de 173 recomendaciones derivadas de 79 auditorías de desempeño, dan cuenta del valor de la fiscalización en un ente de carácter federal.
Los resultados y hallazgos presentados, subrayan la relevancia de un órgano como la ASF para contar con un federalismo estable y funcional. En primer lugar, asegura la utilidad de la fiscalización a partir de un enfoque preventivo. En la ASF, aplicamos estándares desde la Auditoría Integral hasta herramientas innovadoras como la inteligencia artificial, que agilizará el análisis de datos masivos. En un país con 32 entidades federativas y más de 2 mil 500 municipios, esta capacidad institucional garantiza mejores intervenciones gubernamentales a nivel local.
En segundo lugar el órgano técnico fomenta la rendición de cuentas vertical y horizontal. La presentación de los informes –disponibles en Informe.asf.gob.mx y la app ciudadana– son una oportunidad para socializar y agregar valor al trabajo de la Auditoría, y su vinculación con la sociedad.
Una Auditoría como la que hoy tenemos, es un instrumento que revaloriza el sentido del Pacto Fiscal, que equilibra el federalismo, al vigilar que nadie quede exento del escrutinio, revisión, evaluación y fiscalización. Hubo cinco entidades federativas que no registraron montos por aclarar en esta segunda entrega, un ejemplo de los beneficios de la visión preventiva con la que trabajamos.

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