En 2020 hubo una sesión del Parlamento Abierto a invitación del presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, y de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política; el tema: el Fonden –sus resultados-– así como el qué hacer con él.
El Fonden fue creado en 1996 con el fin de reconstruir infraestructura pública y vivienda de población marginada. Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos, lo presentó a los funcionarios fiscales en San Carlos, Sinaloa, y empezó a operar en 1999.
Era un fideicomiso que tuvo, dificultades y defectos, aunque con la apertura del Congreso, decían, parecía el momento de corregirlos, ya sea en el mismo Fondo o desapareciéndolo, para crear uno nuevo con equidad, transparencia y control en el manejo de los recursos; atender a estados y municipios con menores niveles de desarrollo y de recursos, con mejores reglas de operación cuyos recursos fuesen administrados con transparencia y rendición de cuentas que dieran equidad a las entidades y municipios con menores niveles de desarrollo y por supuesto, de recursos. Los pari passus eran totalmente usurarios, especialmente para los de menor desarrollo, como los municipios.
En cinco estados se concentraba más de la mitad de los recursos de reconstrucción, entre ellos están los que han tenido mayores niveles de pobreza y que fiscalmente no eran favorecidos, ya que durante años se privilegiaron las inversiones en infraestructura en el norte y en algunos estados de centro; por supuesto, los recursos se dirigieron a los estados con mayores recursos y se utilizó a Banobras para ser la caja donde se tenían que concentrar los pari passus. Particularmente el sur no era beneficiado.
Los recursos se concentraban en los domicilios fiscales de las grandes empresas del Valle de México, Nuevo León y Jalisco, dejando a los estados del sureste con pocas posibilidades para tener alguna reserva fiscal para enfrentar los desastres naturales. “La idea” de crear el Fonden operaba con una estructura de pari passu, difícil para los estados más afectados por los desastres naturales, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, y Morelos, los de infraestructura más endeble y con mayor recurrencia de los desastres naturales, como lo seguimos observando.
Los llamados pari passus eran regresivos; por ejemplo, la aportación municipal llegó a ser del 70 por ciento en algún momento, y para los estados de 60, lo que se igualó en 2001 en 50-50, sin embargo la regresividad no cambió. La estructura financiera nunca estuvo vinculada al peso fiscal de estados y municipios. En una visita de diputados y autoridades de Sinaloa, para conocer mi opinión sobre los créditos de Banobras, la respuesta fue que además de usurarios, eran eternos, ya que no podrían adelantar pagos.
Como es claro, varias entidades federativas literalmente no podían aportar su parte y dependiendo de la “capacidad negociadora” de sus autoridades, éstas conseguían recursos de alguna dependencia federal, disfrazados, que en el fondo eran para “la aportación estatal” al Fonden, al no poder el estado “depositar sus pari passu”.
En Banobras se crearon los “bonos cupón cero”, una presión adicional y costosa para las haciendas estatales, que sólo podían pagar los intereses, ya que venía la reconstrucción por ejemplo, no adelantar sus pago, a lo convenido, una “deuda eterna”. Estos recursos no se usaban para ampliar su cobertura, incluyendo las epidemias y pandemias, como se incluyeron en su momento, las sequías y los incendios forestales.
Por ello y otras cosas, fue afortunada su desaparición.

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La educación pública –en todos sus niveles– genera valor social, pero la educación superior además tiene un vínculo poderoso con la formación de capacidades de desarrollo y, con ello, la mejora de calidad de vida de la población.
Sin embargo, en nuestro país, la educación superior enfrenta desafíos asociados al financiamiento, particularmente en algunas universidades estatales, donde no reciben las aportaciones que les corresponde pagar a sus gobiernos. Son los menos.
Las instituciones de educación superior son receptivas de las propuestas que emanan de la sociedad y deben vincularse formalmente con otras instituciones del Estado que les permitan, entre otras cosas: mejorar su capacidad técnica; fortalecer sus planes y programas de estudio; contar con mecanismos para el ejercicio eficaz y transparente de los recursos públicos, mismos que son revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y reciben capacitación cuando así lo necesitan.
Este caso de la sinergia entre educación superior y fiscalización es un ejemplo del valor generado en el modelo de la Nueva Auditoría en la ASF, que iniciamos en esta gestión. El cual está centrado en la utilidad pública de la fiscalización, la prevención y la generación de valor permanentemente. La ASF, emprende relaciones interinstitucionales con las universidades públicas. A propósito acabamos de firmar un Convenio de Colaboración entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la ASF.
Esta vinculación asegura la transparencia en el uso de recursos públicos, y también cataliza la mejora en la ciencia, la tecnología y las capacidades productivas del país. A propósito de los retos que representa la inversión en educación superior, en un país como el nuestro, el Informe sobre Educación Superior en América Latina 2024, publicado por la UNESCO, destaca que hemos logrado la expansión de la matrícula universitaria. Dicho avance posiciona al país como un actor relevante en lo relacionado con el desempeño de las instituciones de educación superior y permite dilucidar el valor de la formación profesional frente a los retos nacionales.
La vinculación entre la entidad de fiscalización superior y las universidades públicas ha evolucionado significativamente. Desde 2012, las mismas son auditadas cada año por la ASF, lo que ha marcado un hito en la rendición de cuentas. A partir de 2021, se aplican auditorías integrales que abarcan recursos ordinarios y programas extraordinarios. promoviendo una asignación más transparente de recursos hacia la investigación y la innovación.
Hoy contamos con grandes universidades, un gran número de excelencia, tenemos por supuesto a la UNAM, o muchos ejemplos en los estados.
Esta colaboración eleva la calidad educativa, y vincula directamente la educación superior con el desarrollo nacional, al impulsar proyectos de ciencia y tecnología que potencian las capacidades productivas.
En este sentido, la sinergia entre fiscalización y educación superior es un elemento necesario para las universidades mexicanas. La ASF lidera esfuerzos –a partir de la buena voluntad de la ANUIES y las universidades– para implementar auditorías integrales y relaciones institucionales que generan valor público, reduciendo la probabilidad de irregularidades.
En última instancia, la integración de la fiscalización en la educación superior –al tiempo que fortalece la rendición de cuentas– ayuda a fortalecer universidades con mejores capacidades, más eficaces y con mayor confianza por parte de la sociedad.

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Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), de America Latina y el Caribe, enfrentamos desafíos estructurales para mejorar nuestras capacidades institucionales, y ajustarnos presupuestariamente, para evitar lo que sucedió en Perú. Por ello, los temas relacionados con la integración de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales es importante como acción estratégica para fortalecer la rendición de cuentas. Este enfoque centrado en la utilidad pública de las tecnologías, significa una fiscalización proactiva. Que ojo, incluya una actualización y capacitación permanente de los auditores, que son claves para estos procesos.
A propósito de los retos que representa la inversión en tecnología para las instituciones públicas en una región como América Latina, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, publicado por la CEPAL, destaca que América Latina paradójicamente considerando las múltiples desigualdades que aún debemos superar, tiene buenos resultados en la adopción de la IA, identificando oportunidades para ecosistemas digitales más robustos.
En países como México, Brasil y Chile, los repositorios de sistemas de IA en el sector público muestran iniciativas que optimizan la supervisión fiscal, vinculando big data con algoritmos avanzados para evaluar el cumplimiento de normativas y políticas públicas. A la par, la integración de IA enfrenta desafíos significativos, tanto en materia de ciberseguridad, como en la necesidad de establecer regulaciones específicas para sancionar su uso inapropiado y garantizar su alineación con principios éticos de ahí que la capacitación en competencias digitales y éticas se vuelve crucial, como sucede en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde lo hemos desarrollado en todas las áreas auditoras, incluyendo la auditoría forense, en algunas incluso sin costo, con el talento de nuestro personal especializado.
Paralelamente, las temáticas como ciberseguridad y la protección de datos se consolidan como fundamentales en el proceso de adopción tecnológica para la fiscalización, aspectos que hemos fortalecido en la nueva Auditoría.
En estos procesos se deben fortalecer mecanismos de supervisión, ciberseugirdad y soberanía de los datos para garantizar que la innovación tecnológica sume todos sus beneficios, pero con un mejor control de riesgos con la condición de proteger a las instituciones de nuevos riesgos por la adopción tecnológicaa sus procesos.El eje es nuestra area de sistemas.
Al respecto, el BID, en su informe sobre Ciberseguridad en América Latina, subraya oportunidades para integrar encriptación y monitoreo continuo en los sistemas de rendición de cuentas, promoviendo la resiliencia operativa frente a amenazas digitales.
Por otra parte, en America Latina, podemos crear herramientas de autoevaluación, como la “Gestión de la Integridad en las EFS”, para incluir medidas específicas de ciberseguridad, iniciativas que reflejan el cambio a una fiscalización constructora de confianza pública mediante la prevención de riesgos.
En este sentido, en la ASF lideramos esfuerzos para implementar sistemas de gestión de calidad que integran IA y ciberseguridad, siendo referentes en la región por los avances que ya hemos desarrollado, reduciendo la probabilidad de irregularidades y elevando la sostenibilidad de los procesos de auditoría a partir del uso de herramientas tecnológicas, en particular en el caso de ciberseguridad en la Auditoría contamos con el nivel 3 de seguridad otorgado por el ICREA, el cual certifica centros de datos a nivel internacional.
En última instancia, en la fiscalización superior –al tiempo de que fortalece la rendición de cuentas– ayuda a construir EFS con mejores capacidades, más eficaces y con mayor confianza por parte de la sociedad.

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Los procesos de fiscalización superior representan un pilar fundamental para la gobernanza pública, asegurando la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) operan en el mundo, con desafíos como la garantía de la igualdad social, el combate a la corrupción y la estabilidad y sustentabilidad económica, lo que hace imperativa una gestión de calidad robusta y sostenible.
La Olacefs, como ente regional clave, ha impulsado, con el liderazgo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, procesos que alinean las EFS con principios globales, fomentando colaboraciones interinstitucionales y la adopción de herramientas innovadoras.
Por ello, las relaciones interinstitucionales entre las EFS y organismos regionales resultan fundamentales. En un contexto regional marcado por desigualdades estructurales y presiones presupuestarias, la gestión de calidad en los procesos de fiscalización emerge como un eje estratégico para asegurar que las auditorías no solo detecten irregularidades, sino que prevengan riesgos y fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas.
Ahora mismo, se requiere que los mecanismos de control incorporen el enfoque preventivo y de calidad integral, como hacemos en la ASF. Como se ha destacado en análisis regionales, el enfoque preventivo de la gestión de calidad ha reconfigurado la fiscalización superior en la región, pasando de un rol reactivo a uno constructor de confianza mediante la prevención de riesgos y la mejora continua.
Por ejemplo, la Olacefs ha fomentado la “Gestión de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe”, una herramienta de autoevaluación que evalúa avances en ética institucional, certificaciones de calidad y adopción de normas como las ISSAI. Esta iniciativa, documentada en perspectivas y buenas prácticas, ha permitido a EFS como la Auditoría Superior de la Federación de México implementar sistemas de gestión de calidad que incorporan visión de mediano y largo plazo en la planificación auditora, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de irregularidades y elevando la sostenibilidad de los procesos.
En este contexto, la relación interinstitucional entre las EFS de la región –por medio de la Olacefs– genera acciones concretas orientadas a robustecer el Estado de Derecho y cultivar una cultura de legalidad. Para ello, la capacitación emerge como pilar: organización conjunta de talleres, cursos y seminarios sobre estándares de calidad, difusión de actividades alineadas con competencias normativas y participación en informes nacionales voluntarios sobre ODS. Por supuesto, el intercambio de experiencias.
En ese sentido, nuestra capacitación apoya no solamente lo interno, sino incluso a los entes auditados; ha sido relevante con estados y municipios, o con las universidades locales, como apoyo en algunos temas a países hermanos de Centro y Sudamérica.
Lo mismo sucede con la investigación y avance en las áreas auditoras, con organismos empresariales, parte del material que daremos a conocer ¿ sobre lo que llamamos la Nueva Auditoría: la de territorio, no de escritorio, la capacitación a los entes auditados, de investigación y fortalecimiento de las mejores prácticas. Reconocido incluso a nivel internacional, no solo de nuestra región; prueba de ello son los acuerdos que tenemos con otros países, como el reciente acuerdo que firmamos con la Auditoría de Arabia Saudita, y desde el año pasado con otros de Eurosai, aquí en México y, por supuesto, de nuestra región. Destacando con Arabia Saudita.

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La fiscalización hace uso de los datos para potenciar su trabajo. Dado que la información es un activo estratégico para toda organización pública y social, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) también reconocen que el uso eficiente de datos no solo optimiza los procesos de auditoría, sino que además enriquece la comunicación de resultados, promoviendo una gestión pública más efectiva y confiable. Esta centralidad de los datos es vital, así como la capacitación de los auditores.
Es decir, los datos se han convertido en un recurso fundamental para garantizar la integridad, equidad y eficacia en los procesos de fiscalización, fortaleciendo la capacitación permanente, incluso para los gobiernos estatales, municipios, las universidades públicas y a las entidades públicas que auditamos.
En el pasado, las auditorías dependían en gran medida de procesos manuales, revisiones documentales y muestras limitadas, lo que hacían que el alcance y profundidad de los resultados de auditoría fueran limitados, escandalosos, pero insuficientes. Hoy, el uso intensivo de datos –así como herramientas tecnológicas para su análisis– permite a las EFS auditadas a recibir capacitacion preventiva. Las areas auditoras, pueden ya reunir volúmenes masivos de información, detectar patrones, identificar riesgos y generar hallazgos con mayor precisión. En esto participan todos, no solo Gasto Federalizado, también Seguimiento, Cumplimiento Financiero y Desempeño así como fortalecer nuestras areas forenses.
Esto da un nuevo perfil de auditorías, con mayor cobertura, menor tiempo y mejores resultados, con un enfoque preventivo en la Nueva Auditoría con más territorio que escritorio.
Según un informe de la Olacefs, el empleo de tecnologías digitales y datos ha permitido a las EFS regionales avanzar hacía auditorías más integrales, pasando de enfoques reactivos a modelos predictivos que anticipan irregularidades antes de que se materialicen. De ahí la importancia de prevenir lo que ha funcionado.
En suma, hay dos espacios de incidencia para un buen manejo de datos en el proceso de fiscalización: el primero es en el análisis de la información, el segundo es en la propia presentación de resultados. Las herramientas de analítica de datos permiten a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar análisis múltiples de los recursos públicos, desde el gasto en programas sociales hasta la ejecución de proyectos de infraestructura.
En la ASF hemos implementado sistemas de analítica avanzada que cruzan datos de múltiples, fuentes para detectar irregularidades, reducir los riesgos y asegurar que los recursos públicos se utilicen en beneficio del pueblo.
Hemos fortalecido, un liderazgo de la ASF, como referente a nivel global, impulsando proyectos como el desarrollo de capacidades en analítica de datos y la estandarización de metodologías para el uso de tecnologías digitales. Nuestras relaciones internacinales, nos permiten sortear crisis como las actuales. Apoyamos a otros países, a nuestros colegas de Intosai, a América Central y fortalecemos las capacidades técnicas de nuetros colegas de América Latina y con un enfoque coordinado para enfrentar desafíos globales.
Es importante señalar que el potencial de los datos en la fiscalización tiene desafíos: una débil infraestructura tecnológica, la resistencia al cambio, una débil capacitación; en México, estas limitaciones se han superado con programas de capacitación en analítica de datos y la modernización de los sistemas tecnológicos. Fortaleciendo la capacitación. En suma, la ASF esta posicionada como un referente en la región y en el mundo.

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La cultura de paz es relevante para la vida en sociedad dado que rechaza la violencia y privilegia dinámicas sociales de cooperación y diálogo. Es decir, significa la posibilidad de rechazar el conflicto. Por eso el marco del Día Internacional de la Paz, conmemorado cada 21 de septiembre desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981.
Para lograr un entorno de paz y fomentar la cultura de la paz, muchos agentes de la vida pública tienen incidencia. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) son evidentemente relevantes.
La cultura de la paz –según la UNESCO– implica no solo la ausencia de guerra, tambien la promoción de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos mediante el diálogo, la educación y la justicia social. El mundo contemporáneo caracterizado por desafíos sociales y económicos, una gestión pública deficiente puede exacerbar tensiones sociales, generando descontento y potenciales erupciones de violencia. En este sentido, la aportación clave de la fiscalización –al vigilar el uso de recursos públicos– asegura que las políticas públicas y en general la intervención de las administraciones públicas sean eficaces, inclusivas y orientadas al bien común.
La fiscalización rigurosa impacta en la prevención de la corrupción, un factor que mejora la confianza en las instituciones y fomenta la estabilidad social al proteger la generación de valor público. Esa función esencial garantiza que los fondos destinados a servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura sean resguardados y evita que los conflictos garantizados cuando estas necesidades no están cubiertas. Las EFS, mediante auditorías integrales detectan irregularidades, recomiendan correcciones y promueven la rendición de cuentas, lo que restaura la confianza en las instituciones. Este proceso fortalece el Estado de Derecho y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que aboga por instituciones eficaces, responsables e inclusivas como base para sociedades pacíficas.
La dimensión internacional de la fiscalización amplifica estos beneficios. A través de organismos como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), las EFS colaboran en el intercambio de mejores prácticas y estándares globales.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México, su liderazgo en la Secretaría Ejecutiva de la Olacefs ha impulsado proyectos colaborativos que refuerzan la fiscalización regional, como capacitaciones en auditorías de desempeño y evaluaciones de integridad institucional, como lo es el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual presidimos. Estas iniciativas han permitido a México posicionarse como un referente en la promoción de gobernanza responsable, contribuyendo a generar valor y beneficio a través de la fiscalización.
Ciertamente, la fiscalización superior es un instrumento indispensable para la cultura de la paz, al garantizar una gestión pública transparente, eficiente e inclusiva que reduce desigualdades y fortalece la cohesión social. El marco del Día Internacional de la Paz, es oportuno para resaltar el trabajo de las EFS, respaldado por la cooperación multilateral, para contar con contextos más justos y armónicos.

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera constitución social del mundo y ha mantenido, en sus diferentes, reformas su carácter progresista, a pesar de etapas de desnacionalización. También ha destacado en el constitucionalismo global por la estructura de la administración pública federal que establece.
La estructura paraestatal parte de la necesidad de que el Estado cuente con una organización interna suficiente para cubrir necesidades estratégicas de desarrollo. Estas se encuentran relacionadas con el fomento al desarrollo económico y social del país. Además, la administración pública paraestatal presenta otra naturaleza jurídica y de toma de decisiones en función de su participación en actividades económicas fundamentales para el país vinculadas con el crecimiento y estabilidad económica, por ejemplo, en el sector energético y en los sectores sociales.
En el caso del sector energético –aunque con algunas reformas legislativas– el cambio hacia la figura jurídica de empresas productivas del Estado, y después el retorno a la figura de empresas paraestatales, han sido centrales para la economía nacional y configuran el rol de la figura del Estado en la dirección, administración y actuar estratégico en el sector. En el rubro de la energía que se genera, transporta o transmite, distribuye y comercializa en México, los procesos de fiscalización preventiva y participativa, esto es, la participación ciudadana, en los programas sociales, asi como el enfoque preventivo asumido desde el inicio de mi gestión en la ASF adquieren un doble valor.
En nuestras visitas a las reuniones de capacitación en estados y municipios, partimos de la base de que la mima es básica. No siempre se trata, como dicen sectores conservadores, cuando hay alguna falla, de corrupción, es mas falta de capacitación. P.E. un sector debilitado presupuestariamente es el de las universidades estatales, ya que algunos estados no pagan correctamente sus aportaciones a las mismas, por supuesto la parte federal, si se paga correctamente y en tiempo.
Por otra parte, el proceso de fiscalización redunda en la mejora de la gestión de las entidades paraestatales que están estrictamente relacionadas con la generación de insumos estratégicos para el desarrollo (ya sea infraestructura crítica o energía). El segundo elemento de valor es que la fiscalización con enfoque preventivo en las entidades paraestatales permite garantizar que los recursos públicos federales sean invertidos adecuadamente y a partir de razonamientos y principios como la eficiencia, transparencia, oportunidad y economía.
Debido al valor y carácter estratégico de las tareas que desarrollan las entidades paraestatales, los gobiernos estatales, los municipales, los programas sociales, resulta importante que su trabajo responda a esquemas de rendición de cuentas. Por ello, las reuniones de trabajo entre dichas instituciones federales, estatales, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen un sentido estratégico y preventivo, en tanto fortalece la coordinación institucional. Contribuye al crecimiento económico, y a la seguridad estratégica.
La vinculación de entes públicos, como el caso de las empresas estatales, y los programas sociales, tienen tal repercusión, para el crecimiento económico y la seguridad nacional, con la institución del Estado encargada de la fiscalización de los recursos públicos federales (ASF), además se revisan los avances en la capacitación de cada sector fiscalizable, y evitar actos de corrupción, por desconocimiento y falta de capacitación, sirven para optimizar la gestión de los recursos públicos.

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Horst Rittel y Melvin Webber publicaron en la década de los setenta (1973) el artículo Dilemas en una teoría general de la planificación, el cual introdujo en el vocabulario de la administración público la voz: “problemas complejos”. El concepto teóricamente y en resumen, califica a un tipo de problemas públicos que se desarrollan en un sistema social público, en el que sus causas y consecuencias, así como sus soluciones no están del todo claras ni definidas en virtud de las circunstancias históricas en las que son aplicables. En buena medida, ello ocurre por su frecuencia en la ocurrencia y la multiplicidad de actores que participan.
Los problemas complejos en las sociedades contemporáneas están asociados con la dificultad para atender asuntos de gran magnitud en escala y frecuencia, así como con su relación a la rápida eficacia institucional para darles solución. Por esta razón, resulta importante destacar que, para enfrentar a los problemas públicos complejos –por ejemplo, el desarrollo, la corrupción, la reducción de las desigualdades económicas y el ejercicio siempre eficaz y eficiente de los recursos públicos para la consecución de los objetivos de acciones de gobierno y políticas públicas– la creación de canales de comunicación formal entre los entes públicos del Estado, así como de políticas públicas que se comuniquen entre sí.
En el caso de la política de rendición de cuentas y la fiscalización superior, sus resultados pueden obtener mejor vinculación y creación de valor y beneficio si estos son considerados para la toma de decisiones y la mejora de la gestión pública e internos de control para, entonces, mejorar procesos, adecuar mecanismos y –al final de cuentas– hacer eficaz el ejercicio ya sea del programa público, la oferta de bienes y servicios, o la gestión al interior de las organizaciones públicas. En todos los casos resulta fundamental la coordinación entre los fiscalizadores del ejercicio de los recursos públicos en el ámbito de sus atribuciones, como la que se ha establecido entre la ASF, tratándose del control externo, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso del control interno.
A propósito de este enfoque interesante para resolver problemas públicos complejos y la necesidad de generar políticas que se comuniquen entre sí, recientemente presentamos en la ASF la Guía para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones a Contralorías Estatales, en el caso del control interno a nivel local. Se trata de un instrumento valioso con el propósito de coadyuvar a que las entidades fiscalizadas realicen un adecuado seguimiento de las acciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización a los recursos públicos federales. Esta Guía permitirá mejorar los procesos e incidencia de los resultados de auditoría.
En términos generales, la Guía, coordinada por Alfonso Damián, permite revalorizar el seguimiento de los resultados del proceso de auditoría como una etapa sustantiva que permite vincular a la fiscalización con la mejora de la gestión. Es decir, en tanto la guía es una referencia para comprender mejor y gestionar la conversión de los resultados de auditorías en la toma de decisiones, entonces ofrece la posibilidad de que tanto fiscalización como control interno abran canales de comunicación que redoblen el valor y beneficios del proceso de fiscalización.
Este instrumento, como otros que están presentes desde el enfoque preventivo de la fiscalización, abren nuevas posibilidades para resolver problemas públicos complejos y contar con mejores instituciones, programas y políticas públicas. Si control interno –a partir de la Guía– logra desempeños óptimos en el seguimiento de acciones y fiscalización y control interno inciden directamente en ello.

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Los problemas públicos son analizados desde la economía y las ciencias sociales como un sistema. Sucede así porque tanto en las causas como en las soluciones, participan una gran cantidad de actores e instituciones que –ya sea por decisión u obligación formal– realizan funciones que inciden en la puesta en marcha de acciones de gobierno. Es decir, en las sociedades contemporáneas se presentan sistemas en el que participan diferentes organizaciones, intereses públicos y actores, lo que concibe a la relación con dependencias federales, sociales, los estados y municipios, así como organizaciones de la sociedad civil que ejercen recursos de origen federal.
Las relaciones intergubernamentales, es decir las relaciones formales entre los diferentes órdenes de gobierno –sobre todo en estados federados– como la relación interinstitucional entre instituciones publicas y privadas, son fundamentales.
Ahora mismo, en una etapa en la que distintos actores de la vida pública participan de los procesos productivos y de la generación de valor público, como es el caso de los agentes económicos, entendido como el conjunto de particulares y empresas, que participan en la vida publica, como sería el caso de las organizaciones privadas, es necesario que los espacios de comunicación, control y colaboración sean formales y logren esquemas de cooperación.
Bajo esta realidad de la vida pública, recientemente, firmamos un Convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El objetivo central es establecer una ruta formal de colaboración mutua, en el ámbito de nuestras atribuciones, con el propósito de establecer bases, mecanismos y acciones que permitan desarrollar actividades conjuntas y difundir temas de interés común para el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, en función del fortalecimiento del enfoque preventivo emprendido para la fiscalización.
El valor de este instrumento de colaboración radica en la posibilidad de que la vinculación entre el sector privado y el público provoque efectos positivos. Resulta relevante, dado que la colaboración es estratégica: buscamos fortalecer la rendición de cuentas, impulsar la fiscalización con enfoque preventivo y combatir la corrupción desde la lógica de la reducción de la probabilidad de ocurrencia.
Como lo mencioné en una colaboracion previa, el enfoque preventivo de la Nueva Auditoría ha permitido figurar la idea de que la fiscalización superior no debe concebirse únicamente como un mecanismo de sanción, sino como una herramienta para prevenir, mejorar y generar confianza mediante la rendición de cuentas de los recursos públicos federales. Por ello –en este caso– la participación del sector privado es coincidente en el objetivo principal de lograr la construcción de una entidad de fiscalización superior que se comunica, previene, capacita y construye prácticas transparentes.
La colaboración entre la ASF y el CCE generará acciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y promover la Cultura de la Legalidad. Para eso, la capacitación y la apuesta por la formulación de políticas de cumplimiento –en el caso del sector privado– mediante la organización conjunta de talleres, cursos, seminarios y eventos institucionales, etcetera.
Es provechoso el enfoque preventivo y la necesidad de un sistema multiactor como elementos provechosos para mejorar la actuación de las organizaciones públicas y preveer escenarios y otras consideraciones para mejorar el valor y beneficio que tanto el sector privado como el público le entregan a la sociedad. La dinámica receptiva que ha asumido la ASF es resultado de la disposición y reconocimiento de otros actores como el CCE de su trabajo y resultados.

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Durante mucho tiempo, la idea de la fiscalización fue asociada a una visión punitiva de la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Esto generó un muy acotado grado de comunicación y colaboración por parte de las entidades de fiscalización superior con los entes públicos sujetos de revisión; y el segundo es una tendencia a interpretar las auditorías alejadas de su propósito central de mejorar la gestión pública y optimizar el uso de los recursos públicos.
Por esta razón, a partir de mi experiencia en los temas hacendarios, no solo frente a los contribuyentes, quienes con enfoques comprensivos y claros logramos que cumplieran mejor sus obligaciones tributarias, sino también para abatir la desigualdad en la distribución de participaciones, cuyas fórmulas olvidaban siempre al sur; era una coordinación fiscal injusta, por lo que trabajamos con el apoyo de la mayoría de los estados y nuestra presencia con ellos. Y lo logramos.
En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a pesar de la pandemia, buscamos una presencia permanente en estados y municipios; allá y aquí, les hemos aportado capacitación y mesas de trabajo que han permitido mejorar los resultados de sus auditorías. En la Nueva Auditoría se ha privilegiado al enfoque preventivo como indispensable. Este enfoque permite que las auditorías sean concebidas como una herramienta que permite, sí, identificar irregularidades en el ejercicio de recursos federales, pero sobre todo corregir y mejorar la intervención gubernamental para resolver problemas públicos. En consonancia, el enfoque preventivo permite que la ASF tenga mejores canales de comunicación con los entes públicos y a su vez espacios de colaboración formal.
La colaboración interinstitucional es fundamental para lograr el cumplimiento de objetivos estratégicos. Se reconoce así –sobre todo– ante la complejidad de los problemas públicos a los que los gobiernos se enfrentan y que requieren de la atención de instituciones diversas. Entonces, la fiscalización y la colaboración entre instituciones construyen un círculo virtuoso que –al final– concluye con la mejora de los servicios públicos. Si la fiscalización y los procesos de auditoría generan información –desde una lógica preventiva– útil y suficiente, entonces es lógico que los entes públicos tengan la posibilidad de actuar en consecuencia para mejorar tanto el ejercicio de recursos públicos federales como los bienes y servicios que ofrecen a la población.
En el caso de países como México y en general la región de América Latina destaca la necesidad de mejora de servicios. Por ejemplo, en el caso de servicios de salud, resulta fundamental que los gobiernos garanticen el derecho a la salud, como un derecho humano universal, a partir de esquemas de protección social y atención médica universal que respondan a una lógica de cumplimiento de derechos.
Aunque el diagnóstico y las necesidades para la protección social de la salud son evidentes, en América Latina la mayor parte de los países cuenta con un sistema de provisión insuficiente y fragmentado.
En este sentido, las instituciones del sistema de salud en México han mejorado a partir del círculo virtuoso entre fiscalización preventiva y comprensiva, así como de la colaboración interinstitucional. Un caso afortunado es IMSS Bienestar.
Esta y otras reuniones y acuerdos para la cooperación interinstitucional con entes relacionados con los fines de la ASF, como los que recientemente hemos suscrito con el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, son una muestra fehaciente de la utilidad del enfoque preventivo, así como el permanente trabajo preventivo con las universidades locales y los entes municipales y estatales que ayudó a formar una EFS que colabora con las instituciones del Estado Mexicano.
Procuraré detallar cada caso.

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