Durante mucho tiempo, la idea de la fiscalización fue asociada a una visión punitiva de la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Esto generó un muy acotado grado de comunicación y colaboración por parte de las entidades de fiscalización superior con los entes públicos sujetos de revisión; y el segundo es una tendencia a interpretar las auditorías alejadas de su propósito central de mejorar la gestión pública y optimizar el uso de los recursos públicos.
Por esta razón, a partir de mi experiencia en los temas hacendarios, no solo frente a los contribuyentes, quienes con enfoques comprensivos y claros logramos que cumplieran mejor sus obligaciones tributarias, sino también para abatir la desigualdad en la distribución de participaciones, cuyas fórmulas olvidaban siempre al sur; era una coordinación fiscal injusta, por lo que trabajamos con el apoyo de la mayoría de los estados y nuestra presencia con ellos. Y lo logramos.
En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a pesar de la pandemia, buscamos una presencia permanente en estados y municipios; allá y aquí, les hemos aportado capacitación y mesas de trabajo que han permitido mejorar los resultados de sus auditorías. En la Nueva Auditoría se ha privilegiado al enfoque preventivo como indispensable. Este enfoque permite que las auditorías sean concebidas como una herramienta que permite, sí, identificar irregularidades en el ejercicio de recursos federales, pero sobre todo corregir y mejorar la intervención gubernamental para resolver problemas públicos. En consonancia, el enfoque preventivo permite que la ASF tenga mejores canales de comunicación con los entes públicos y a su vez espacios de colaboración formal.
La colaboración interinstitucional es fundamental para lograr el cumplimiento de objetivos estratégicos. Se reconoce así –sobre todo– ante la complejidad de los problemas públicos a los que los gobiernos se enfrentan y que requieren de la atención de instituciones diversas. Entonces, la fiscalización y la colaboración entre instituciones construyen un círculo virtuoso que –al final– concluye con la mejora de los servicios públicos. Si la fiscalización y los procesos de auditoría generan información –desde una lógica preventiva– útil y suficiente, entonces es lógico que los entes públicos tengan la posibilidad de actuar en consecuencia para mejorar tanto el ejercicio de recursos públicos federales como los bienes y servicios que ofrecen a la población.
En el caso de países como México y en general la región de América Latina destaca la necesidad de mejora de servicios. Por ejemplo, en el caso de servicios de salud, resulta fundamental que los gobiernos garanticen el derecho a la salud, como un derecho humano universal, a partir de esquemas de protección social y atención médica universal que respondan a una lógica de cumplimiento de derechos.
Aunque el diagnóstico y las necesidades para la protección social de la salud son evidentes, en América Latina la mayor parte de los países cuenta con un sistema de provisión insuficiente y fragmentado.
En este sentido, las instituciones del sistema de salud en México han mejorado a partir del círculo virtuoso entre fiscalización preventiva y comprensiva, así como de la colaboración interinstitucional. Un caso afortunado es IMSS Bienestar.
Esta y otras reuniones y acuerdos para la cooperación interinstitucional con entes relacionados con los fines de la ASF, como los que recientemente hemos suscrito con el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, son una muestra fehaciente de la utilidad del enfoque preventivo, así como el permanente trabajo preventivo con las universidades locales y los entes municipales y estatales que ayudó a formar una EFS que colabora con las instituciones del Estado Mexicano.
Procuraré detallar cada caso.

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En cuanto a la fiscalización, la inversión pública tiene un doble propósito: el primero cuando la autoridad detecta irregularidades en el ejercicio del gasto publico, por lo cual la intervención del gobierno resulta necesaria –ya sea a través de programas, obra pública, políticas públicas, etc.– y en la fiscalización, para prevenir o corregir conductas incorrectas. El segundo tiene que ver con un efecto esperado, pero no necesariamente inmediato, de dinamizar ya sean algunas conductas sociales o económicas. Es decir, la inversión pública tiene un efecto multiplicador de los beneficios sociales, por lo que resulta indispensable que cuente con criterios de eficiencia, eficacia, economía e integridad en el ejercicio de los recursos públicos.
El gasto en infraestructura es relevante y estrategico, fundamental para el desarrollo economico, por lo que debe ser bien gastado y en un trabajo preventivo de preferencia, bien ejercido y fiscalizado.
La mayor parte del gasto público se dedica al gasto en infraestructura, de ahí que debe ser bien ejercido y revisado por la ASF. Al destinarse dos terceras partes del gasto publico a ello, se ha desarrollo la tecnología, para actuar con mayor precision y eficacia. En el sector privado por supuesto que sucede lo mismo.
Por ello, recientemente la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción suscribimos un Convenio de Colaboración con el objetivo de fortalecer la vinculación entre ambas instituciones y apoyar –dentro del marco de sus atribuciones y competencias– en la realización de diversas acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas; buenas prácticas de contratación; fomento del diálogo con el sector formal de la construcción y cumplimiento de obligaciones, en la fiscalización y capacitación.
Una virtud de este tipo de relación de colaboración suscrita entre la ASF y la CMIC, y que hemos también desarrollado con otras dependencias u organismos, es que permite vincular a la fiscalización superior con los sectores productivos del país. Estos sectores están a cargo o participan de una buena parte de las tareas estratégicas para el crecimiento y el desarrollo del país. Además, permite un diálogo en vías en las que –sobre todo en las materias de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización y ejercicio de los recursos públicos– se comparten buenas prácticas, estudios y demás elementos que redundan en la mejoría institucional y en el trabajo conjunto para la mejoría de capacidades.
El sector económico en el que participa la CMIC es estratégico para el aís. La inversión pública que se traduce en mejores condiciones de vida e infraestructura para el desarrollo requiere de transparencia, apego al marco legal y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Por ello, resulta alentador que un sector tan importante y con tareas simultáneas responda positivamente al objetivo de que los constructores conozcan las reglas a las que están sujetos y se fortalezcan los procesos y buenas prácticas para la rendición de cuentas.
Este razonamiento de la importancia de que este sector productivo tenga conocimiento pleno de las características de las auditorías y el marco legal al que están sujetas las obras públicas desde la fiscalización de los recursos públicos de orden federal, es parte del enfoque preventivo que se ha subrayado desde la Nueva Auditoría.
Tanto el sector público como los particulares tienen responsabilidad en lograr una visión integral de la inversión pública y específicamente de las obras públicas. Ahí, el enfoque preventivo es fundamental y genera la interacción de la fiscalizacion, con actores estratégicos como es el caso de los constructores privados.

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Los economistas formamos modelos económicos a partir de la interacción de variables para la mejor comprensión de las dinámicas económicas tanto a nivel micro como macro. Sin embargo, la realidad y los intercambios económicos –situados en contextos sociales y políticos diferenciados– siempre más complejos.
En el caso de la economía en la era digital, los modelos económicos iniciales diseñados a principios de los años 90 previeron el cómo la irrupción del internet y una sociedad en red podrían modificar la dinámica de la economía tradicional. Se visualizó –en alguna medida– el crecimiento del comercio electrónico, la transacción de bienes y servicios ligados a software y a productos digitales. Es decir, las proyecciones económicas parecían indicar la conversión de una economía tradicional hacia una en la que se incorporaría lo digital. No obstante, las proyecciones –con el juicio de la evidencia sobre lo que ocurrió– fueron conservadoras ante la realidad.
La irrupción del nuevo espacio digital no solamente trasladó la dinámica de la economía tradicional a un entorno no tangible, sino que la revolucionó. Las tres etapas de la economía digital, según Tapscott (1996): economía de la información, economía de internet y nueva economía, sugieren que el proceso ha sido amplio y es previsible que los cambios se profundicen dada la utilización –en mayor escala y mayores ámbitos de la vida económica de las personas– de las tecnologías y el espacio digital. Si la economía digital es, según Yan Xia en su texto Evolución de la investigación en economía digital: un análisis bibliométrico “una “serie de actividades económicas en las que los datos se consideran factores clave de producción, las redes de información modernas como un importante soporte y el uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación como un importante motor para mejorar la eficiencia y optimizar la estructura económica”, entonces el proceso por uso de las tecnologías a nivel individual y agregado es permanente.
La economía se transformó no solamente a nivel de los intercambios comerciales a través de las interfases digitales del internet, también en el uso de nuevas monedas más allá de la idea monetaria de los Estados y los Bancos centrales. La expansión del comercio digital/electrónico ha crecido en popularidad, según datos del Informe sobre Economía Digital 2024 publicado por la ONU, las ventas de las empresas por la vía digital se incrementaron de 17 billones de dólares en 2016 a 27 billones en 2022 en 43 países, considerando las economías más grandes en el mundo. Los datos reflejan el crecimiento exponencial de los intercambios a través de plataformas digitales.
Al tiempo, el uso de criptomonedas crece simultáneamente como síntoma de la profundización de la economía digital. En 2025, un aproximado de 834 millones de personas utilizan criptomonedas en el mundo, y se espera que la cifra crezca hasta 992 millones de personas para el año 2028. En binomio, el comercio electrónico y las monedas digitales se constituyen como un desafío para los Estados nacionales, sobre todo en términos de control del volumen de los intercambios, el registro fiscal y la detección de operaciones fuera de norma con estas nuevas divisas.
Ciertamente, la nueva economía digital trae consigo nuevos retos, sobre todo relacionados con las capacidades para continuar con el control fiscal para la tributación en los diferentes países y –la continuidad de la dinámica de “follow the money” que es la base fundamental de la idea de control de la corrupción y detección de movimientos irregulares de recursos de tipo financiero.
Ahí, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tienen un rol central y es eso lo que ha hecho que la Nueva Auditoría haya apostado por las auditorías digitales, el uso de inteligencia artificial en los procesos de fiscalización y el uso de modelos de Big Data para la fiscalización. Ha sido una experiencia de alto provecho en la fiscalización, misma que ya es considerada por otras EFS, incluso de países altamente desarrollados, como una práctica exitosa a replicarse.
El tema ha llegado a las mesas principales de cooperacion” de las EFS. En INTOSAI, el Grupo de Trabajo para la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales celebró diversas cesiones al respecto.
La apuesta es que las EFS pueden y deben participar en la reducción de los riesgos que representa la economía digital en términos del uso de recursos. Por ello, también apostamos por ello. El análisis económico del entorno internacional y la evolución de la economía digital, sobre todo con la consideración de que los cambios suponen retos nuevos y desafíos constantes para los que la evolución y mejora de las capacidades institucional son indispensables.

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La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional autónomo, creado en 1963, que agrupa a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación, el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento institucional en el ámbito del control y la fiscalización gubernamental. OLACEFS forma parte de la comunidad internacional de fiscalización encabezada por INTOSAI y constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos regionales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha impulsado, como parte de una nueva Auditoría, establecer una visión que reconoce el valor de la fiscalización superior a manera de instrumento fundamental para mejorar nuestra gestión pública en materia de rendición de cuentas, poniéndo énfasis en la prevención y la generación de valor y beneficio a través de la fiscalización superior.
Como reconocimiento internacional de nuestra labor, la ASF fue electa por sus pares, como Secretaría Ejecutiva de OLACEFS para el periodo 2023-2028, secretaría que encabezo, a la par de una función administrativa distinguida por su ejemplaridad y rendición de cuentas, como una oportunidad estratégica para articular iniciativas que fortalezcan a las EFS de Latinoamérica y el Caribe.
Desde la OLACEFS hemos buscado que nuestras experiencias y conocimiento, en materia de fiscalización, se traduzcan en el desarrollo institucional acompañado de buenas prácticas y el incremento de capacidades entre pares, lo que se logra por medio de programas de capacitación, desarrollo de herramientas digitales y grupos de trabajo técnicos, promoviendo una fiscalización más moderna, íntegra y orientada a resultados.
Desde la ASF, lideramos el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres, una iniciativa orientada a mejorar la supervisión de recursos en situaciones de emergencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Asimismo, hemos promovido el uso de tecnologías emergentes en los procesos de fiscalización y hemos compartido nuestra experiencia en auditoría digital, análisis de datos e inteligencia artificial –áreas en donde la ASF se ubica en la vanguardia internacional–, como ejemplos de cómo la transformación tecnológica puede optimizar el control público. Esto ha sido bien recibido en la región y ha servido como punto de partida para el desarrollo de herramientas comunes y útiles a la ciudadanía de Latinoamérica y el Caribe, así como para la INTOSAI.
Nuestra participación en espacios multilaterales, como INTOSAI y los encuentros interregionales con EUROSAI, como la X Conferencia Conjunta OLACEFS-EUROSAI: Auditorías para Futuros Resilientes, que se celebró en la sede de la ASF en 2024, han permitido enriquecer nuestra perspectiva regional y posicionarnos como un actor relevante en los debates internacionales sobre fiscalización y buenas prácticas. Estos vínculos fortalecen nuestra capacidad de respuesta y han ampliado nuestro horizonte de colaboración internacional.
La ASF en las instancias multilaterales de las que es parte como lo son la INTOSAI, la OLACEFS, la OCCEFS y próximamente CAROSAI, promueve una fiscalización que fortalezca la rendición de cuentas, el buen uso de los recursos públicos, la confianza ciudadana y el buen gobierno a través de los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización superior. Nuestro compromiso es continuar construyendo una región más transparente, más cooperativa y más justa, desde el trabajo técnico, la cooperación técnica, el diálogo y la responsabilidad compartida.
Proximamente tendremos la visita de nuestro par de Arabia Saudita y de colegas de INTOSAI de las dos regiones.

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Desde un principio de mi gestión en la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el trabajo técnico que empezamos a realizar dependía de premisas como la presencia en las entidades a fiscalizar, hablar de una política presencial, comprensiva, no tecnocrática, cercana a a la gente, y más aun con los entes que tendríamos que auditar.
El resultado ha sido relevante, prevenimos, no cazamos, priorizamos el territorio no al escritorio, trabajamos con los entes, no con terceros o gestores, buscamos mejorar el nivel de vida de las clases populares, la desigualdad es un lastre para para el desarrollo, etc. . Fiscalizar no es solo revisar cuentas del gasto público federal: es también prevenir, fortalecer el buen funcionamiento de los planes y programas públicos, construir confianza y aportar soluciones desde la fiscalización superior.
Este propósito es compartido por las entidades de fiscalizacion que integramos la Intosai, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que agrupa a 190 de ellas en el mundo.
En este grupo se han desarrollado marcos conceptuales, herramientas metodológicas y guías prácticas para demostrar cómo la fiscalización superior fortalece la rendición de cuentas, mejora la gestión pública y genera confianza ciudadana. Desde su creación, México –a través de la ASF– ha presentado iniciativas relevantes, encabeza auditorías como las de desastres naturales y pandemias, liderando a más de 15 paises en el mundo. Hoy encabezó la Secretaria Ejecutiva.
La ASF ha asumido responsabilidades clave en otros espacios. Por ejemplo, la Intosaint, una herramienta de autoevaluación de integridad institucional que también coordinamos a nivel mundial. A través de este foro, hemos capacitado, colaborado, coordinado o apoyado a moderadores en todas las regiones del planeta, contribuyendo a que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) no solo detecten irregularidades, sino que también fortalezcan su ética interna.
Asimismo, dentro de la Intosai, hemos tenido participación destacada en los Congresos Incosai, foros donde se trazan las prioridades globales de fiscalización. Recientemente impulsamos el debate sobre auditoría digital y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y compartimos la experiencia de México en resiliencia institucional postpandemia a través de los resultados de la fiscalización superior.
A través de sus grupos de trabajo, comités técnicos y congresos trienales, la Intosai define estándares, comparte experiencias y establece prioridades globales para mejorar la auditoría gubernamental. Asimismo, se compone de siete regiones, dentro de ellas la Olacefs (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) que agrupa a las EFS de América Latina y el Caribe, en donde somos la Secretaría Ejecutiva. A su vez también integramos las organizaciones subregionales de la Olacefs, como la Occefs, en donse se agrupan las EFS de los países de Centroamérica y el Caribe y estamos integrándonos a Carosai, en donde están representados específicamente las EFS de los países del Caribe.
En la Olacefs hemos firmado recientemente acuerdos bilaterales de suma importancia, como el convenio con la Contraloría General de Perú, para alinear agendas nacionales con los compromisos globales de lucha contra la corrupción.
Ser parte activa de Intosai, la Olacefs y sus organizaciones subregionales, nos ha permitido compartir experiencias y recibir las de otros. La nuestra es una fiscalización que transforma, que colabora y que lidera con integridad. Esa es la visión que regula nuestro trabajo y que seguiremos fortaleciendo en cada espacio, local o global generando conjuntamente valor y beneficio a través de la fiscalización superior. Asumimos un liderazgo que fortalece la fiscalizacion superior.

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En un entorno global cada vez más complejo e interconectado, las tareas que enfrentamos las naciones, como el fortalecimiento del estado de integridad pública, conducen el combate a la corrupción. Esta tarea se relaciona con la rendición de cuentas y la eficacia. eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público.
Un buen ejercicio del gasto público, permite abordar modelos de cooperación multilateral que enriquecen las capacidades técnicas y la mejora continua. En este contexto, la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la iniciativa MIKTA-SAI, impulsada por las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, responde a una visión estratégica para construir conjuntamente sinergias globales entre instituciones hermanas que comparten retos comunes.
El MIKTA es un mecanismo multilateral establecido en 2013 entre potencias económicas equiparables, las mencionadas, y una vocación global comprometida con la gobernanza responsable, el desarrollo sostenible y el multilateralismo eficaz.
El MIKTA-SAI está orientado al diálogo político, la cooperación práctica y la generación de consensos en temas clave de auditoría superior. En 2020, con el impulso de la Junta de Auditoría e Inspección de Corea del Sur y la ASF, se impulsó la creación de una red de colaboración técnica entre las EFS de los países miembros, que traslada este modelo de cooperación al campo de la auditoría pública.
MIKTA-SAI tiene el propósito de robustecer las entidades fiscalizadoras superiores de los paises participantes mediante el intercambio de experiencias, metodologías y enfoques en fiscalización superior, centrados en principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia gubernamental y el uso estratégico de la información pública, así como de nuevas tecnologías. Se trata de una colaboración horizontal, que respeta la diversidad institucional de cada país, pero que parte del reconocimiento de un terreno común: el valor público que genera una auditoría eficaz, independiente, integra y con una capacidad técnica de excelencia.
Las acciones de MIKTA-SAI se estructuran en tres líneas prioritarias: la coordinación de actividades conjuntas (talleres, auditorías cooperativas, foros técnicos); el fortalecimiento de capacidades (intercambio de buenas prácticas, innovación y formación); y la promoción del impacto de la fiscalización en la calidad del gobierno. Tanto en mi paso por la Coordinacion Fiscal, como desde la Fiscalizacion Superior asumimos un rol activo, como generadores de conocimiento técnico, de colaboracion institucional, incluso con colegas intrnacionales, reafirmando nuestro compromiso con una administracion pública fuerte, prepcupada por los intereses populares, un sistema de coordinacion fiscal entre los tres ordenes de gobierno, como en la fiscalizacion coordinada, preventiva, presencial, comprometida con el bienestar de las grandes mayorias y las generaciones futuras. Con mecanismos de colaboracion de los tres ordenes de gobierno, fiscalización moderna y útil a la ciudadanía que genere valor y beneficio.
Estas redes de cooperación técnica, es una expresión concreta del multilateralismo con beneficios que hemos desarrollado desde 2018, en la ASF, mpliando nuestro alcance institucional y definiendo una plataforma desde la cual contribuimos al fortalecimiento de la auditoría pública.
Hemos dedicado tiempo y atencion, al gran equipo de compañeros comprometidos con ello.

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El desarrollo y crecimiento desigual de los países, y al interior de ellos, ha colocado al análisis de sus causas como un asunto prioritario tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos. Es claro y existe consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones historicas y sociales. Estos aspectos subrayan la importancia de la existencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes a través del control externo cuidan que los recursos públicos sean ejercidos con base en las normas que los rigen, de preferencia con enfoques preventivos, en nuestro caso, con fuerte presencia y comunicación con los titulares de los tres ordenes de gobierno y con capacitacion continua. La politica social es fundamental, pero hay que refrozarla permanentemente. Se requieren politicas de territorio, no de escritorio.
Las causas de la desigualdad son estructurales, sus causas son vastas. Al respecto, el libro Dependencia y Desarrollo en América Latina de Henrique Cardoso y Enzo Faletto presentó la tesis de que es una condición inherente e intrínseca otorgada a la región en la dinámica de la economía global.
De tal suerte, los países con actividades de alto valor agregado, ya sea por el conocimiento técnico que implica o la etapa de las cadenas productivas de alto valor, se encuentran en una posición privilegiada que difícilmente podrán alcanzar rápidamente aquellos países con tenencia de procesos de bajo valor agregado en la economía global o actividades primarias.
Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de los países, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales, en un pais federal, dentro de cada orden de gobierno.
Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen –en términos nominales y estrictamente económicos– una mayor riqueza.
Si se observa que una parte importante de la población mundial reside en zonas rurales, y que estos espacios tienen un “papel central” para asegurar la soberanía alimentaria, así como para el desarrollo en general. A pesar de esto, la población rural se enfrenta a problemas complejos como: el cambio climático, la inseguridad alimentaria, y la falta de acceso a servicios como conectividad, educación, atención a salud y servicios básicos, como el agua.
En este contexto, el pasado junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de julio como el Día Mundial del Desarrollo Rural. Se trata de un recordatorio y la puesta en marcha de una agenda de atención pública para resolver la brecha de desigualdad ensanchada entre lo rural y lo urbano. Al final de cuentas, los entornos rurales albergan a una proporción mayor de la población mundial y es inadmisible que el 80 por ciento de las personas más pobres del mundo (por carencia en ingresos, aunque se relaciona con otras carencias sociales) viven en zonas rurales en las que el ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las desigualdades al interior de sus países. Eso pasa, aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la FAO. A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.
Por ello, es prioritario que el gasto pubico, , sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia, el aprovechamiento para enfrentar el gran desafío del combate a la pobreza. Asi como a la disponibilidad del agua, a la educacion, y el apoyo de recursos a la poblacion con menores ingresos.

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La organización federal de los estados tiene razones y motivaciones diferentes: políticas, administrativas, geográficas, identitarias –ligadas a motivaciones históricas en función del país de cual se trate–, y económicas.
Para el caso mexicano, la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas ha generado facultades exclusivas y otras concurrentes. En el caso de la política fiscal –y la recaudación en general– todos los ordenes de gobierno tienen a su cargo algún concepto.
Sin embargo los recursos, en función de su procedencia de ingreso, tienen mecanismos y reglas diferenciados para ejercerse. Si bien es cierto que una fracción importante de los recursos federales los ejercen los gobiernos de estados y municipios, es relevante señalar que las participaciones o aportaciones de origen federal, no pierden su naturaleza de recursos federales, como lo establece la propia Ley de Coordinación Fiscal que indica cuáles son las competencias de las autoridades involucradas en la administración, ejecución y fiscalización de recursos federales. En el caso de la fiscalización respecto al ejercicio de tales fondos, corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta precisión es relevante porque da cuenta de cómo el ejercicio de los recursos federales –aunque sea realizada por Estados y Municipios– es una etapa del ciclo presupuestario en la que se presenta una función exclusiva para la Federación, en este caso para la ASF. Además de la fiscalizacón a recursos federales como facultad exclusiva para la ASF permite diferenciar a partir de la procedencia de los recursos cuál autoridad es la –cuando las hay– competente, también ofrece la oportunidad de las órganos de fiscalización en las entidades federativas … para que enfrenten otro reto de igual importancia: la fiscalización del ejercicio de los recursos propios, en los estados. Como estos son muy pobres, particularmente a nivel municipal –más donde países como Costa Rica, Chile, Argentina, etc. nos rebasan con creces– igual sucede con varios estados, que dependen en su mayoría del esfuerzo federal.
A propósito de este interesante debate sobre el arreglo político federal y la organización de la fiscaliación, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en su Segunda Sala –ratificó, subayo, ratificó por unanimidad de votos, que la ASF es la única autoridad que cuenta con la atribución de fiscalizar el ejercicio de recursos de origen federal.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación refiere que:
a) Cuando las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos (recursos federales) no han sido aplicados a los fines señalados por la Ley, deberán hacerlo de conocimiento inmediato a la ASF, por ser la única facultada para ejercer atribuciones al respecto.
(b) Que corresponde a la ASF, la custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.
No existe una facultad concurrente entre la ASF y el órgano de fiscalización estatal para fiscalizar recursos de origen federal; repito, dicha facultad le corresponde exclusivamente a la ASF.
Este año ya vamos a fiscalizar el total de municipios de 20 estados, incluso Edomex y Nuevo Leon.

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Una buena administración pública es fundamental para el desarrollo de la sociedad, al garantizar el bienestar y desarrollo integral de la población. Su operación impacta su calidad de vida, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la estabilidad medioambiental y el ejercicio de los derechos sociales. Por ello resulta importante destacar a la administración pública y al valor del servicio público para la comunidad y para el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos.
El funcionamiento eficaz y eficiente de los gobiernos, a partir de una lógica receptiva por parte de las administraciones públicas genera valor público. Es decir, beneficios que se distribuyen a la totalidad de la población de diferentes maneras: la solución de los problemas, la atención de necesidades básicas, la provisión de bienes y servicios, etc. Todo esto –en conjunto– son motivos suficientes para valorar las administraciones, y su evaluación, tareas que se llevan a cabo a través de la labor de las entidades fiscalizadoras superiores, como la Auditoría Superior de la Federación mediante las auditorías al cumplimiento financiero, al gasto federalizado y las de desempeño.
Justo con ese propósito, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. La finalidad fue definir una fecha dedicada a la promoción del valor de los servicios públicos. Esta declaratoria en 2016 se complementó con el enfoque de la consecución de los objetivos señalados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La tesis sobre el valor de las administraciones públicas, requiere de reposicionamiento en contextos como el de América Latina y el Caribe (ALC), como lo ha señalado la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural de la región.
A propósito de este tópico, el año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el documento “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024”. En este se presenta el argumento de que la región avanzó significativamente en varias áreas, entre las que destacan el establecimiento de mecanismos participativos –entre administraciones públicas y partes interesadas– y normas de integridad pública, así como instrumentos y medidas para abordar las brechas de género en la administración pública.
A pesar del escenario de retos y oportunidades, es alentador que –según los datos reportados por la OCDE– en el año 2022, el 36.3 por ciento de la población de 16 países de ALC declaró tener confianza en el gobierno.
El nivel de apertura en la toma de decisiones en la administración pública ha sido bien valorado en nuestra región. Esto contrasta con las acciones gubernamentales para fortalecer las capacidades de gobernanza que inciden en el desarrollo sostenible: por ejemplo, de los 12 países encuestados, solamente cinco (México, Chile, Colombia, Honduras, y República Dominicana) utilizan la presupuestación verde, “que se refiere a la integración de consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público”. Un dato que contrasta: los países miembros de la OCDE, suman un 67 por ciento con ejercicios de presupuestación verde.
La función estratégica y preventiva de la fiscalización superior resulta sumamente valiosa, para que se cumpla lo programado en bien de las clases populares de México. Un peso desviado o no gastado, es un retraso al no usar los recursos que necesitan las clases más necesitadas.
En México hay avances. Lo cual se observa en los informes que se presentan hoy, en la primera entrega de tres. De los 2189 informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2024, que presento hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encabezada por el Diputado Javier Herrera Borunda.

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Ha sido recurrente en el mundo la insuficiencia del abasto del agua en muchos países todavía. La insuficiencia es estacional o periódica y se trata de un problema factorial, o por el cambio climático. Así como la contaminación, la sobre explotación del agua la falta de infraestructura para su almacenamiento, la corrupción o la falta de recursos financieros. En suma, estas son algunas de las razones que han propiciado que este problema crezca poniendo en riesgo el crecimiento económico, el medio ambiente y la salud pública.
Recurrentes son las crisis del desabasto de agua en el mundo, y en algunos estados o regiones de nuestro país, así como en otras regiones del planeta. Recordemos cómo historiadores han hablado de las guerras del futuro por el agua. Un ejemplo el libro de Alvin y HeideToffler en 1993 publicaron Las guerras del futuro . Hubo otro texto que señalaba mucho los conflictos potenciales del río Nilo, etcétera.
En muchos países se ha venido agrandando cada vez más el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de agua, la falta de infraestructura para su almacenamiento, la corrupción y la falta de recursos financieros… esos son algunas de las razones que han propiciado que este problema crezca poniendo en riesgo el crecimiento económico, el medio ambiente y la salud pública.
Añadimos hoy los efectos del cambio climático, que es real y muy costoso.
De toda el agua del planeta solo el 2.5 por ciento es agua dulce. En muchos países, incluso el nuestro, un porcentaje importante de la población carece de acceso al agua entubada. De acuerdo a otro estudio de la OCDE de 2015, esto es de hace 10 años, ha existido un gran desperdicio de agua por diversas razones, como por su fuga.
El tema se encuentra dentro de los objetivos de desarrollo “Agua Limpia y Saneamiento”, la falta de infraestructura y recursos además de la corrupción en las mega obras de agua son problemas que rodean este tema. En su mayoría este tipo de proyectos deben trascender las administraciones públicas o son obras de poca lucidez, como las plantas tratadoras de agua o las presas, que una vez terminadas se requiere de muchos más recursos para su operación. Esto sucedió mucho mas en el pasado.
En 2016 la infraestructura hidráulica con la que contaba el país consistía en más de 5 mil presas y bordos de almacenamiento, 6.5 millones de hectáreas de riego 965 plantas potabilizadoras en operación, 2 mil 540 plantas de tratamiento de aguas residuales y más de 3 mil kilómetros de duetos, representaban el reto de no solo crecer, sino de mantener lo que se encontraba operando.
Recodar que en 1982 se presentaron adiciones al artículo 115 constitucional cuando se definió de manera explícita que los servicios de agua potable eran responsabilidad primaria de los municipios, sin embargo, para la mayoría de ellos los servicios de agua potable y alcantarillado se convirtieron en una carga económica derivado de la falta de cobro y valores adecuados, haciendo de estos organismos un peso adicional para las finanzas municipales. Clarísimo, si añadimos el desinterés fiscal de la mayor parte de los municipios, incluida la colaboración administrativa con los gobiernos estatales.
Para el caso de las megaobras llegaban a tener problemas mayores. Existen algunas presas en el país que aún y cuando ya estaban terminadas, tardaban en entrar en operación.

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