En muchas ocasiones los asuntos públicos complejos, generan necesidades, demanda de cambios y comunicación entre los entes responsables de soluciones. Es el caso de los cambios permanentes en la lucha contra la corrupción, la comunicación permanente con los entes auditados, la capacitación que se le brinda al personal de la entidad fiscalizadora, pero también al de los entes auditados, en los tres órdenes de gobierno. El ente responsable de la fiscalización superior comparte, en México, la capacitación en los entes auditados de los tres órdenes de gobierno. La sociedad espera mejores resultados, que los recursos públicos se utilicen para lo que el espíritu del legislador aprobó, un manejo responsable de los mismos. Hay sectores “politizados” que piden sangre, no beneficiar a la población, sin importarles las necesidades de los mexicanos de menores ingresos. No es por ahí, ya hay hoy mecanismos para que se puedan concursos entre las entidades recursos que antes se reintegraban. Es un avance.
Pero hay una opción eficaz, pero más silenciosa: la preventiva. Su objetivo es disuadir y prevenir la materialización de diferentes conductas incorrectas. La prevención permite que los entes públicos auditados mejoren sus procesos de gestión, identifiquen áreas con mayor riesgo, definan mejores instrumentos de control interno y, reduzcan la posibilidad de mayores observaciones en el proceso de auditoría. De ahí la capacitación y lo que ya mencioné.
El contraste entre el enfoque punitivo y el preventivo es evidente. Mientras uno espera que la acción de fiscalización devenga en la identificación de actos ilícitos –lo cual no deja de hacerse y de ser relevante– el otro concibe a la acción de fiscalización y auditoría, desde una visión más integral, como un catalizador de la mejora de la gestión pública.
Como corolario, la diferencia sustantiva entre los enfoques preventivo y punitivo de la fiscalización está en el sentido estratégico de uno y otro. Aunque en el proceso de fiscalización el señalamiento de observaciones y los procesos que deriven en posibles faltas administrativas y delitos son importantísimas, parece todavía más relevante que el trabajo de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) –como lo ha señalado la propia Olacefs con una activa participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, en tanto organismos públicos del Estado que ejercen la más alta función de auditoría del sector público, esté centrado en prevenir la comisión de tales actos y con ellos avanzar en la eficacia/eficiencia de la intervención gubernamental para resolver problemas públicos.
En 2023, la Olacefs junto con la Comisión Técnica de Lucha Contra la Corrupción Transnacional emitieron la Política Regional para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. La posición en ese documento rector es orientada hacia el enfoque preventivo en el que destaca “el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores, como la ASF”. La posición ahí vertida se complementa con otros enfoques internacionales, preventivos.
La orientación multifacética del trabajo de auditoría desarrollado por las EFS implica que se deben aplicar acciones tendientes a aumentar la conciencia pública acerca de la corrupción y otras irregularidades, mediante la divulgación oportuna y pública de los hallazgos de auditoría; mejorar métodos y herramientas de combate a la corrupción y otros tipos de delito; y cooperar con otras instituciones en el combate a la corrupción. Todo esto, con un enfoque preventivo.
En el caso de nuestro país, trabajamos con un enfoque preventivo y presencial en los territorios, en suma, hablamos de una Nueva Auditoría.

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Los desastres naturales tienen impactos económicos y sociales costosos para la población, particularmente para los sectores de menores ingresos. Dado que los riesgos por la presencia de eventos naturales con potencial destructivo están siempre presentes, los gobiernos deben implementar estrategias de prevención, reaccion inmediata frente a los mismos, con el fin de reducir el impacto de los daños a la población.
Bajo esta lógica destaca el impacto de políticas públicas como la prevención, los mecanismos de auxilio y posteriormente la función de la fiscalización superior para mejorar la gestión de riesgos. Esta relación se profundiza cuando los gobiernos de todos los sistemas y niveles, están obligados a ser revisados y a rendir cuentas. Si se considera que la ocurrencia de desastres supone un sentido de urgencia en las tareas de tareas de atención a la población, recuperación de la infraestructura económica, en las inversiones físicas, en la ayuda a la población para la reconstrucción, y por supuesto partiendo de mecanismos de reacción inmediata. Recursos para la inversión social, particularmente en la etapa de reconstrucción, que debe contar con el apoyo de inversiones de infraestructura e incluso un trato preferente de apoyo de la política recaudatoria, para los sectores medios de la población.
Los organismos multilaterales de fiscalización superior han sido torales en el señalamiento de que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tienen incidencia directa en la mejora de capacidades para la gestión de desastres En México la ASF lo ha hecho, como con la creación del Grupo de Trabajo en Olacefs, sobre Fiscalización de Desastres Naturales (GTFD) de la Olacefs en 2019. Desde ahí las EFS de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México quien lo ha encabezado, Nicaragua, Perú, República Dominicana; el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, los Tribunales de Cuentas de los Estados de Ceará y Tocantins, Brasil, han sumado esfuerzos para promover la cooperación entre las EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización en la gestión de desastres.
Las EFS llevan a cabo un papel fundamental, en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres al supervisar, auditar y evaluar las políticas públicas orientadas a la prevención, mitigación y respuesta ante las emergencias. Así como vigilar el uso de los recursos, ya que bajo el amparo de la emergencia, en muchos casos han sido parte parte de actos de corrupción en algunos de los desastres históricos en nuestro país. El Fonden tuvo fallas estructurales por ejemplo.
Hoy existen renovados bríos e ideas nuevas sobre cómo puede ayudar el trabajo de fiscalización con la posibilidad de mejorar la gestión de desastres. Las EFS a partir del análisis demuestran la necesidad de que las organizaciones que participan de la gestión de los mismos, tengan claro el valor de su trabajo, y la necesidad de contribuir a reducir el impacto de los mismos sobre la población, particularmente en los estados de menores ingresos, y donde son más recurrentes los sismos de cualquier tipo. Kis estados del sureste son un ejemplo de ello.
En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación ha guiado al GTFD de la Olacefs alineando sus actividades a la Meta Estratégica que manifiesta el compromiso de las EFS a apoyar a sus respectivos gobiernos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
En suma las tareas de las EFS –en el contexto de la gestión integral de desastres– están relacionadas con el objetivo de reducir la magnitud del impacto presupuestario, y castigar los abusos.

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Las instituciones públicas tienen el objetivo común de establecer condiciones propias para el desarrollo sustentable y equitativo. Su estabilidad es resultado de su diseño, fortalecimiento constante y el trabajo cotidiano de las organizaciones públicas; a partir de estos elementos las consecuencias directas de contar con instituciones del Estado están relacionadas con la mejora de las capacidades para enfrentar contextos complejos o entornos de crisis.
Actualmente, frente al contexto de incertidumbre global las instituciones nacionales demuestran su gran valía. Aquellos países con fortaleza institucional logran enfrentar con mejores resultados los riesgos y amenazas de un mundo cambiante. La existencia de tales instituciones, así como su funcionamiento adecuado y permanente, son condiciones sine qua non para el desarrollo.
Estas deben contar con condiciones para el cumplimiento de sus funciones.
Retomando el asunto del comportamiento actual de la economía global y las presiones que genera en las dinámicas económicas nacionales y regionales, los países que cuentan con instituciones que se encarguen del buen uso de los recursos públicos, como es el caso de México. Ahí también destaca el rol de las entidades de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación, encargada en México de los procesos de rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno. En nuestro caso, el uso de recursos federales –casi dos terceras partes del presupuesto federal– a través de las Auditorías de Cumplimiento Financiero. con un gran avance en resultados al lograr la atención de los titulares de las dependencias federales, mediante acuerdos y mesas de trabajo. Así como las de Gasto Federalizado, con una tercera parte del presupuesto, pero con más de dos terceras partes de las auditorías. Revisamos a los gobiernos subnacionales, los estados y a los municipios, revisando también los fondos del gasto federalizado congelados, sin haber hecho caso a la Ley de Cumplimiento Financiero que exige su reembolso a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por este concepto el año pasado recuperamos mas de 300 millones de pesos. Por otra parte, el desarrollo de la tecnología que hemos logrado, sin parangón con nuestros colegas internacionales y sin más presupuesto, lo que nos ha permitido avances sustantivos. Este año auditaremos a 20 estados, el cien por ciento de sus municipios.
El funcionamiento correcto de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tiene consecuencias directas en cómo los países actúan en un mundo global, e inclusive contribuimos a tener un entorno positivo para la inversión extranjera.
A pesar del estado actual de la economía global, el buen funcionamiento de instituciones y organizaciones públicas como las nuestras, el intercambio internacional de experiencias, nos ha permitido enfrentar de mejor manera los avatares recientes. El desempeño de la ASF, su presencia internacional en organismos multilaterales, como la Olacefs y la Intosai, son elementos importantes que permiten mantener procesos de intercambio de conocimientos y de defensa de la labor técnica de los órganos auditores, como es el caso del informe del Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS (SIRAM), de la IDI-Intosai que destaca riesgos para la independencia de la Contraloría General de la República de Costa Rica, asi como la de Perú respecto a temas presupuestarios.

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A pesar de la crisis del multilateralismo en el mundo por la existencia de posiciones que cuestionan la globalización, hay esfuerzos para la cooperación en favor de mejores controles para el cambio climático, a cinco años de que la Agenda 2030 presente sus resultados. Por supuesto el clima bélico en el mundo no ayuda en nada, aunque no hay un año en el que no haya un conflicto en algún lugar del planeta.
La agenda previa de desarrollo sostenible –junto con otros esfuerzos de carácter regional– presenta nuevas posibilidades de éxito en la consecución de metas al respecto. Destaca la aportación realizada desde regiones como América Latina. Al respecto, autores como el diplomático chileno Van Klaveren señalan que “América Latina ha cultivado el multilateralismo a través de su contribución a regímenes internacionales globales en áreas como la medioambiental”, o la defensa de la integridad de las mismas en el mundo.
Un ejemplo claro es la participación desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a través de reuniones periódicas de análisis de inversiones y financiamiento para el control del cambio climático en el marco de la Conferencia de Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El ejercicio de mediación y dirección realizado desde los organismos multilaterales son positivos. Sobre todo, si se considera la renuencia por parte de Estados nacionales clave –mayormente aquellos con altos niveles de producción industrial y por tanto altas emisiones– para asumir compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducción de gases de efecto invernadero.
En adición, se presentan las acciones desde organizaciones y espacios de cooperación internacional como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con la participación destacada de la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), las cuales remarcan la relación positiva entre ejercicios de rendición de cuentas y la cooperación entre ellas, como la Reunión EUROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa)- OLACEFS, realizada en México hace 10 meses en la ASF.
El control del cambio climático es una prioridad de todas las entidades fiscalizadoras superiores del mundo. Recientemente, en la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental vol. 52, no.1, de la INTOSAI fue publicado el artículo “Participación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la evaluación del desempeño climático: experiencias, realidades y desafíos internacionales y locales” de la autoría de Vugar Gulmanmmadov, presidente de la Cámara de Cuentas de la República de Azerbaiyán. El texto define en cuáles mecanismos e instrumentos se manifiesta la relación positiva entre fiscalización superior y control medioambiental.
Es importante destacar que la magnitud de la incidencia de la fiscalización en el mejor control de cambio climático –retomando algunas ideas del mencionado autor– solamente se alcanza a través de instrumentos y mecanismos implementados durante y al final del proceso de fiscalización: como las auditorías del desempeño de alta calidad en áreas relacionadas con la implementación de programas para el control de emisiones, el cuidado del medio ambiente y el gasto energético. En lo que llamamos la nueva Auditoría (de la ASF), la presentación oportuna de informes relacionados con la legislación vigente en materia ambiental y con los acuerdos internacionales y la máxima difusión de los resultados sobre todo para lograr que el proceso de fiscalización y auditoría sean vinculantes con decisiones para una mejor gestión ambiental y mejor vida de los ciudadanos.
Desde OLACEFS, donde la ASF es la secretaria ejecutiva, hemos implementado proyectos que van desde la esfera de nuestra responsabilidad como institución comprometida con la fiscalización superior y de rendición de cuentas, en la mejora de acciones que buscan controlar el cambio climático… y no estamos solos.

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Garantizar la seguridad en una sociedad requiere de la participación coordinada de diferentes políticas públicas. Esto redunda en todo sentido en un enfoque estratégico e integral de la seguridad. De tal suerte, la función de fiscalización del ejercicio de los recursos públicos invertidos en seguridad se constituye como una política pública fundamental para garantizar que la seguridad sea un estado alcanzable y presente.
En tanto la función de seguridad se ha entendido como indiscutible y fundacional del Estado como organización política, su operación está sujeta a consideraciones de diferente naturaleza. Desde aquellas relacionadas con cuestiones estrictamente técnico-operativas; contextuales en función del enfoque estratégico de seguridad; y jurídicas. Esto significa que su operación requiere de la observancia de otras entidades gubernamentales, y también del apoyo institucional para conocer, por ejemplo, sobre los procesos de fiscalización y revisión del ejercicio de recursos públicos.
Esta gran trascendencia de la política de seguridad para cualquier gobierno la coloca como una materia de interés público. En regímenes democráticos, las tareas de seguridad –como todas las intervenciones gubernamentales que implican el uso de recursos públicos– están sujetas al escrutinio y la rendición de cuentas. En consecuencia, sus acciones y su administración tienen relevancia dado que la operación de los procesos propios de las instituciones observan el cumplimiento de reglas en el ejercicio de gasto y responden en un esquema de rendición de cuentas formal a las necesidades y los requisitos formales que las leyes definen.
En ese sentido, recientemente se firmo un Convenio Marco de Colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para coordinar a las instituciones en los procesos de auditoría y vigilancia, en el intercambio de información, la capacitación, y el control y seguimiento derivados del proceso de fiscalización a los recursos públicos federales destinados a la seguridad pública. El Convenio permitirá generar un espacio de relación institucional y transparencia que beneficia al objetivo de contar con seguridad a partir de la lógica de la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Considero que la definición de un mecanismo formal para la colaboración entre instituciones es beneficioso en dos vías. La primera es para la sociedad dado que se encuentra expectante de resultados y la colaboración ofrece la posibilidad de que los trabajos cotidianos se refuercen y con ello que el logro de metas crezca. La segunda vía es entre las propias instituciones que suscriben el convenio y manifiestan las materias en las que colaboran.
El convenio de colaboración entre la ASF y el SESNSP, permite fortalecer los mecanismos institucionales y la comunicación en procesos de auditoría, al ejercicio de recursos públicos federales en materia de seguridad. La relación estrecha también incrementa la posibilidad de que los fondos invertidos en materia de seguridad se potencien institucionalmente.
Este tipo de relación entre una entidad de fiscalización y un ente público encargado de tareas de seguridad representa un hito institucional. Exige que el personal auditor que conoce de información –derivada de su trabajo de revisión y fiscalización– se conduzca en estricto apego a la Ley, así como a los principios y valores de la ética e integridad pública. El intercambio de información entre las instituciones facilita los procesos –cualquiera que estos sean– pero requiere siempre –y subrayo siempre–, garantías de mantener la integridad de dicha información.

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La educación para todos es un derecho reconocido y tutelado por nuestra Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Es un instrumento social, contra la desigualdad.
Veamos que pasó en México durante la pandemia en estados del sureste como Oaxaca; los niños fueron mandados a sus casas, con familias humildes que tenían que trabajar, con familias que no tuvieron esa oportunidad de estudiar y por tanto poder transmitir a sus hijos la educación “a distancia”. Tuvo razón el presidente anterior, cuando insistió en el regreso a clases, no era regresar, por regresar, era salvar a millones de niños condenados a la falta de educación social.
A la educación se le considera como un derecho fundamental de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita, como lo es, por supuesto de alta calidad social. Y es un derecho ciudadano.
Hace algunos años se publicó –como parte del proyecto de Educación y Desarrollo en América Latina y el Caribe, dirigido por la CEPAL– el estudio “Elementos para un diagnóstico del sistema educativo tradicional en América Latina”, el cual indica que la educación ocupa “(…) un papel central tanto desde la perspectiva del cambio social como desde la que se refiere al destino individual de las personas”. No en balde la figura de Juárez, fue para muchos de nosotros el mejor ejemplo en la materia, por lo menos para mí.
Este razonamiento explica el nivel de atención dada a la educación desde el Estado y la formación de sistemas educativos y pedagógicos en el Mundo. El cumplimiento de sus metas no está exento de amplios desafíos; en el caso latinoamericano hay problemas regionales comunes que se han asociados a retos como cobertura geográfica de las escuelas, capacidad de matrícula, suficiencia terminal, por ejemplo.
Al respecto, sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en su Objetivo 4 (ODS 4) “Educación de calidad”, plantea metas que involucran a la totalidad de los niveles educativos, desde el básico hasta el nivel superior. Las características de estas metas denotan un enfoque educativo dirigido hacia el desarrollo. Aunque los países avanzan en el cumplimiento de esta agenda, hay nuevos desafíos como el uso extensivo de la inteligencia artificial en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Las nuevas tecnologías presentan ventajas en términos de comprensión de grandes volúmenes de información; menor tiempo a invertir en la búsqueda de datos; e incluso asistencia en el desarrollo de proyectos escolares. Sin embargo, estos mismos beneficios presentan otra cara como riesgos asociados a su uso no ético y a la posible codependencia a las herramientas tecnológicas, y el riesgo de ampliar la brecha tecnológica entre los países, y en nuestro caso entre los estados. Ejemplos Nuevo León y Oaxaca, el modelo del desarrollo estabilizador privilegio el Norte versus el Sur: los recursos, las inversiones físicas, etcétera.
La inteligencia artificial idealmente podría ayudar a reducir las desigualdades entre escuelas, docentes y estudiantes. La educación como un asunto de Estado, que debe considerar el contexto social en el que se desarrolla.
En mi caso soy un producto de la educación pública, incluso me tocó el 68 en la Preparatoria Número 1.
En este orden de ideas, destacan las aportaciones de proyectos estratégicos propuestos por las EFS en el mundo. Por ejemplo, el Proyecto de Fiscalización a los recursos públicos destinados a la educación en los países de América Latina y el Caribe, presentado por la Contraloría General de Cuentas de Colombia en el cual integramos parte de la iniciativa.
Leamos otra vez a Makarenco.

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Las instituciones públicas son valiosas en tanto transforman la vida de las personas, y generan valor social. Es decir, resuelven problemas, atienden necesidades y logran eficacia en la gestión de la vida pública. Por eso las instituciones se transforman acorde a la población que atienden, y también a la velocidad del cambio tecnológico. Al respecto, resulta interesante analizar cómo las organizaciones públicas realizan cambios, tanto en su funcionamiento interno como en su relación hacia el exterior.
El uso exponencial de la tecnología y la convivencia con el entorno digital –de magnitudes cada vez más importantes– es determinante en las iniciativas de cambio de las instituciones públicas. Ellas han tenido que enfrentar una transición, en algunos casos más prolongada que otros, hacia lo digital, lo que implica un esfuerzo adicional por renovar prácticas, modificar rutinas, capacitar al personal, emprender modificaciones a normatividad e invertir recursos suficientes para el aprovechamiento del entorno y la búsqueda de eficiencia en el desarrollo de los procesos y la obtención de resultados.
Para las entidades fiscalizadoras superiores en el mundo, la digitalización significa una gran oportunidad. Resulta útil para enfrentar las crisis (como en el caso de la pandemia por Covid-19), mejorar el desempeño, reducir el tiempo de auditoría y realizar análisis de grandes volúmenes de datos. La propia Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en la INTOSAI-P 12 sobre el “Valor y Beneficio de las EFS” en el Principio 5 señala la necesidad de que las EFS sean receptivas a los entornos cambiantes y riesgos emergentes.
Por eso, la era digital es una oportunidad para la creación de valor público. Su aprovechamiento está en función de la creación de equipos técnicos, inversión suficiente y adaptación de la cultura organizacional. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, como lo he comentado en textos previos, la apuesta por la tecnología y la transición digital es real y notoria, por ello hablamos de una Nueva Auditoría. La implementación de proyectos como el buzón digital, el análisis de datos, entre otros hitos, da cuenta de la comprensión del momento actual en el mundo. Lo digital-tecnológico abre posibilidades inéditas para lograr que el trabajo de fiscalización sea eficaz y se vincule con la mejora de las condiciones de vida de las personas al mejorar las intervenciones gubernamentales.
La dinámica y los proyectos digitales/tecnológicos de la ASF han devenido en buenos resultados. En consecuencia, sirve como referencia a nivel internacional y nacional. El efecto ha sido tal que se han anunciado modificaciones legislativas en otras entidades fiscalizadoras superiores del mundo.
Al tiempo de que resulta alentador que se retomen proyectos sobre digitalización, es loable el esfuerzo por replicar los casos de buenas prácticas, en las instancias de fiscalización. Hemos presentado aquí, nuestros logros a países hermanos de América y Europa, principalmente.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo generalizado por los proyectos tecnológicos y la apuesta por lo digital, es necesario considerar que su implementación requiere no solo de buenos deseos, sino de capacidades institucionales, buena planeación y recursos suficientes, sin excesos.

Signos y señales

Lamento el fallecimiento de Fidel Herrera Beltrán, con quien compartí varias experiencias en relación a las APIS, al federalismo fiscal, a los recursos de los estados. Gran promotor de fortalecer las finanzas estatales, en tiempos de la Convención Nacional Hacendaria y como Gobernador de Veracruz, cuando incluso un día antes de terminar su gestión, presidió la Conago. Un abrazo fraterno a su familia, particularmente al diputado Javier Herrera Borunda.

 

El futuro del trabajo está sujeto a procesos inusitados de cambio, lo cual no es nuevo, desde tiempos de la Revolución Industrial. Por un lado, la irrupción de tecnologías alternas –como el caso de la Inteligencia Artificial– que supone la posibilidad de que los mercados de trabajo se reduzcan en su oferta por la implementación de mecanismos de automatización que generan menores costos para los empleadores. Por otro lado, el cambio climático genera presiones y preocupaciones adicionales por su impacto en los espacios de trabajo. Asimismo, los ajustes dentro de las cadenas económicas regionales y mundiales que transitan inesperadamente del “nearshoring” al “inshoring” manteniendo las operaciones de producción y de servicios adentro o afuera de mercados tradicionales.
He escrito en publicaciones previas sobre el futuro del trabajo y sus riesgos. Es un objeto de estudio relevante sobre todo por las implicaciones e impactos posibles en el ingreso de las personas a nivel agregado y, con ello las consecuencias a nivel micro y macroeconómico. El análisis desde la economía laboral es importante y arroja algunas conclusiones que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, las consideraciones de política pública que serán necesarias para paliar el impacto de la automatización en la reducción de espacios de trabajo, como han señalado autores referentes en esta materia como Jeremy Rifkin en su libro El fin del trabajo (1995), prologado por el gran economista Robert Heilbroner.
A partir del análisis de los problemas públicos de forma integral, es decir con la consideración de su vinculación con otros problemas y su nivel de asociación, se han descubierto nuevos riesgos para el trabajo en el futuro inmediato. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha definido que: “Los efectos del cambio climático repercuten con graves efectos sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, que con frecuencia son los primeros en estar expuestos a estos peligros, a menudo durante periodos más largos y con mayor intensidad que la población en general. Estos se enfrentan a riesgos laborales exacerbados por los patrones cambiantes del clima como el calor excesivo, la radiación ultravioleta, los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación del aire en el lugar de trabajo, las enfermedades transmitidas por vectores y los cambios en el uso de productos agroquímicos, entre otros”.
La correlación entre trabajo precarizado y mayores riesgos laborales por exposición a condiciones climáticas extremas es altísima. Es decir, el cambio climático genera consecuencias negativas, sobre todo, a trabajadores con actividades expuestas a los riesgos por el medio físico natural. Esta consideración es importante para el análisis del futuro del trabajo.
Es un debate interesante en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) para encontrar estrategias y mecanismos institucionales que logren salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo en medio de un clima cambiante y crecientemente extremo. Este gran objetivo global –desde la perspectiva de la economía laboral– es posible siempre y cuando participen la totalidad de las partes involucradas en los mercados de trabajo: gobiernos en todos sus niveles, trabajadores, empleadores, entre otros. Lo que significa que la atención al problema del futuro y los riesgos del trabajo se soluciona a partir de la conformación de redes de gobernanza suficientemente comprometidas con la atención del cambio tecnológico y su impacto en los mercados laborales.
La atención a los riesgos para el futuro del trabajo requiere del involucramiento de la totalidad de las partes involucradas. Ahí –en medio del valor de la gobernanza para la atención del problema– destacan las tareas de fiscalización y evaluación de tales programas., por ejemplo, con las auditorías de desempeño.

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Las tareas de gobierno se mueven en un espacio de complejidad creciente. Como he señalado en textos previos, tanto el ejercicio de gobierno –a través de políticas y programas públicos– como el monitoreo, auditoría y evaluación de sus intervenciones son tareas que requieren de conocimientos, fortalezas institucionales y redes de colaboración, apoyo y cooperación entre organizaciones públicas. Estas dinámicas permiten compartir buenas experiencias, casos de éxito, prácticas institucionales que favorecen la obtención de resultados positivos, etc.
Bajo ese entendido, las relaciones institucionales se mueven en un espectro de complementariedad y subsidiariedad. La primera se refiere al tipo de relación entre instituciones pares que se comunican y comparten experiencias a partir de características similares y nivel de responsabilidad compartido. La segunda, la de la subsidiariedad –que no implica subordinación o sustitución– es resultado de la relación de una instancia superior para ofrecer apoyo y facilidades a otras instancias. Esta última ocurre, sobre todo, en Estados organizados federalmente en el que las competencias concurrentes e instituciones locales que cuentan con un símil a nivel federal –o en el caso de la fiscalización con una entidad superior– orillan al nivel local a establecer vínculos de este tipo.
A propósito de esta reflexión, la semana pasada destacaron dos actividades que justo demuestran el compromiso con formar dinámicas de complementariedad y colaboración institucional. En primer lugar, la firma del acuerdo de entendimiento entre la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General de la República de Colombia en la Cdmx. En segundo lugar –igual de relevante– fue un evento más de capacitación en materia de fiscalización superior en las entidades federativas; ahora en el estado de Coahuila.
En ambos casos se demuestra la gran valía de la cooperación institucional y la necesidad de que las organizaciones públicas se comuniquen entre ellas. En el plano internacional –como en el acuerdo firmado entre con el estado de Coahuila–, el entendimiento favorece la posibilidad de aprovechar y compartir metodologías, mecanismos y demás instrumentos que han favorecido el desarrollo de una tarea –por definición compleja– como la fiscalización. También permite, por el trabajo realizado desde la ASF, transmitir la fortaleza de la política de rendición de cuentas de México y fortalecer la creación de capacidades hacia el exterior.
La relación de México con otras ASF del mundo –sobre todo con nuestra región de América Latina– es un asunto sustantivo que desarrolla en la OCCEFS, la OLACEFS, en donde somos la secretaria ejecutiva y la INTOSAI. La participación de la ASF en diferentes organizaciones multilaterales y la fijación de relaciones institucionales con sus pares en otros países permite fortalecer el trabajo cotidiano de auditoría, fiscalización y evaluación.
Mientras que la buena relación de la ASF con los gobiernos locales y con las contralorías y secretarias de finanzas en las entidades federativas, las universidades, nos permiten compartir experiencias. El caso de las jornadas de capacitación de servidores públicos de la ASF hacia personal de gobiernos locales, estados y municipios, permite crear una dinámica positiva para: prevenir observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública; comprender y lograr la atención correcta de las auditorías en todas sus etapas, y las herramientas tecnológicas que ahora se utilizan para realizar el trabajo auditor.

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La eficiencia gubernamental es el equilibrio entre ingresos recaudados, y recursos ejercidos con racionalidad presupuestaria y transparencia, así como para cubrir gasto social, y necesidades sociales en el marco de las necesidades públicas y de gobierno que afrontan los países. Sin embargo, el criterio de la eficiencia implica eficacia en los procesos propios de cada uno de los tres órdenes de gobierno.
En este espacio he puesto énfasis, en dos elementos centrales, la recaudación y el ejercicio del gasto público. El énfasis se ha colocado en el nivel local; es decir, en los esfuerzos para fortalecer las responsabilidades recaudatorias de los gobiernos estatales y municipales, y en el correcto ejercicio del gasto público, en beneficio de las clases populares.
Esto implica que tanto la recaudación como el gasto público, son procesos que van juntos y deben ser vigilados con esa lógica. Para lograrlo hay diferentes herramientas, destacando la fiscalización superior, el control interno que apunta la fiscalización, las diferentes evaluaciones a programas presupuestarios y políticas públicas, entre otros.
Al respecto, hace unos días fue publicado por la Universidad de Cambridge el texto “Malas políticas públicas” (Bad Public Policy) de la autoría de Michael Howlett, Ching Leong y Tim Legrand. La publicación –que debe observarse siempre con neutralidad ya que es desarrollada desde una visión multilateral– destaca como idea principal que aunque comúnmente se espera “las políticas públicas ‘buenas’ se produzcan mediante mecanismos abiertos y procedimientos participativos en los que el pueblo pueda expresar sus preferencias y los responsables políticos escuchen y actúen de buena fe al determinar las acciones de los gobiernos”.
La tesis de este texto es sugerente y obliga a cuestionar cómo se puede lograr la eficiencia, entendida como el punto de equilibrio entre recaudación, gasto y atención de los problemas sociales.
Lograr este tipo de dinámicas significa cuidar los recursos y el equilibrio social y productivo de las políticas públicas. Es establecer una relación de diálogo y colaboración entre instituciones que implementan programas y aquellas que los revisan, fiscalizan y evalúan. Además, la presencia actual de tecnologías avanzadas que permiten revisiones en paralelo y reducir los tiempos de análisis y comunicación de resultados, facilita también el establecimiento de este tipo de dinámicas institucionales.
En el corto plazo, será importante que con el propósito de contar con mejores procesos de recaudación, ejercicio de gasto y políticas públicas eficaces, se mejoren los entornos de información con los que se diseñan y formulan las políticas. Es decir, que los procesos de revisión sirvan efectivamente para decidir si las políticas y programas públicos, cumplen con sus objetivos de cambio respecto de un problema determinado.
Esto significa mucho para el avance en la solución de problemas a nivel local. Si se logra, crece la probabilidad de que a mayor cantidad de recursos disponibles (a partir de la mejora recaudatoria), mejores provisiones en la asignación presupuestaria para el gasto público y, entonces, mayor cobertura y mejores condiciones para la implementación de programas y políticas públicas, particularmente en los entes con condiciones de pobreza. A nivel local, la fiscalización superior del ejercicio de recursos públicos, actúa con mayor fuerza en una mejor gestión y uso honesto de los recursos públicos.
Todos aspectos en los que la Auditoría Superior de la Federación, y sus entes hermanos en el mundo, inciden positivamente a través de la práctica permanente de auditorías de cumplimiento financiero, con el apoyo de auditorías forenses y de desempeño.

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