Un manejo correcto y transparente de la política fiscal en estados y municipios, permitiría en un país como el nuestro, tener recursos suficientes para el desarrollo.
Desde el ámbito municipal sería más efectivo, no olvidemos que el municipio es el único nivel de gobierno que tiene un espacio territorial primario. En el federalismo, existen tres órdenes de gobierno, no rebasamos los treinta países federales en el mundo y no hemos, por lo menos en México, armonizar el esfuerzo fiscal, estatal y municipal, cumplir con sus responsabilidades a través de ingreso, y gasto público. Sin embargo, los tipos de ingresos de cada nivel de gobierno responden a una definición fundamental sobre cuáles ingresos son de su competencia, lo cual está previsto en la Ley.
No obstante, la conformación de los presupuestos a nivel subnacional –quizás más acentuado en el nivel municipal– enfrentan retos para construir menor dependencia de los recursos de origen federal, participaciones y aportaciones del Ramo 33. El diseño institucional del régimen recaudatorio mexicano tiene aciertos y algunas áreas por mejorar, empero, se ha logrado que, con base en la coordinación fiscal, se repartan mejor las potestades recaudatorias.
Importante ha sido el impuesto a la tenencia, a cargo de los estados, pero normado por el gobierno de la Republica.
Siendo titular de la UCEF, excelente cobrador fue el gobierno de la Ciudad de México, con Emilio Barriga de Tesorero y Mario Delgado de secretario de Finanzas; hubo estados, que me llegaron a plantear ampliar un mes su cobro, no todos, porque iban un poco retrasados, entre ellos Puebla, pero se ponían pronto al corriente; fue un error desaparecerlo del ámbito federal, pues los municipios dejaron de recibir por lo menos el 20 por ciento de la recaudación.
Calderón planteó su derogación, y muchos estados lo derogaron, sin tomar en cuenta a los municipios que tenían que recibir por lo menos el 20 por ciento. Fue una decisión equivocada.
A cargo de los estados, no ha sido suficiente para obtener su aprovechamiento óptimo. En varias entidades ha perdido impacto ya sea por su eliminación –con los costos que para las haciendas públicas implica– o por la disminución de sus tasas. Según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., de 2014 a 2023 la recaudación por tenencia de autos disminuyó en un 43.7 por ciento.
Este escenario debilita a uno de los impuestos más relevantes para las finanzas estatales. Los datos de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM) registradas por Inegi señalan que para el año 2023 los impuestos –todos– recaudados por los estados apenas representan cerca del 18 por ciento de las participaciones totales para las entidades federativas.
Desde la óptica de la fiscalización, la mayor disposición de recursos significa mayor gasto en programas y con ello –para las entidades locales– un mayor universo auditable por lo que si se mejora la recaudación también deben explorarse áreas de mejora en el control y fiscalización de dicho ejercicio de recursos.
En suma, debemos actuar con mesura en las finanzas estatales y municipales. Hay temas como la aportación estatal a las universidades públicas, que la mayoría de los estados no las cumplen, con una leyenda que dice: de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. El gobierno federal si la cumple, pero no se aplica el pari passu. Hay estados como Oaxaca y Chiapas que sí lo hacen.

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La recaudación del impuesto predial que es una facultad de los gobiernos municipales o locales, fortalece, –además de darles capacidad de gasto–, que como ya he comentado, no ejercen en su mayoría correctamente, y mejor piden ayudas al orden estatal o una gran mayoría, manejan con poca responsabilidad, su gasto público.
Por eso, al tiempo de ser una responsabilidad recaudatoria de ese nivel de gobierno, también es una oportunidad para fortalecer su autonomía de gestión, y reducir la dependencia respecto de las participaciones, derivadas del esfuerzo recaudatorio del orden federal, esto es del poder central. Sin embargo, es claro que el eje del federalismo es el orden municipal.
Además, la definición constitucional del artículo 115 sobre las funciones básicas a cargo de los gobiernos municipales le ofrece centralidad a la acción de gobierno y está enfocada a la capacidad directa para incidir en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Sin dejar de lado los niveles de pobreza en la mayoría de nuestros municipios, El esfuerzo para lograr el incremento de la recaudación del impuesto predial, requiere de avances constitucionales e institucionales. Por ejemplo, la actualización de los registros catastrales, la innovación en los sistemas de pago y la concientización hacia la sociedad sobre el valor de pagar impuesto y exigir su retorno en forma de servicios ciudadanos. Como lo mencioné en el texto de la semana pasada, algunas autoridades locales, de todos los niveles, piensan que el cobro del impuesto predial tiene “un costo político”. Una excepción se da en los municipios sujetos a los sistemas de usos y costumbres, como ha sido Oaxaca, particularmente durante el gobierno de don Heladio Ramírez López y la gran participación ciudadana en proyectos rurales la administración pasada, como el caso de los caminos rurales.
En cifras nos falta –nuestro país es grande; aun es baja la recaudación del predial a nivel municipal. Según datos recientes, solamente en 458 de 2 mil 450 municipios del país se llevó a cabo la actualización de información catastral.
Este es solamente uno de los problemas ligados a la recaudación del impuesto a nivel municipal. Poco a poco se diluye, pero aún hay quienes protestan, particularmente ciertos sectores, beneficiarios de su cobro, pero que quisieran pagar menos. En realidad, se trata de un problema accesorio que, en el largo plazo, podría resolverse si se habilitan suficientes, eficaces y seguros medios alternativos de pago. Es mejor opción el Sistema de Usos y Costumbres de Oaxaca.
Por otra parte los proyectos de digitalización son un avance, porque tiene un límite o barrera: la brecha digital y el acceso desigual a servicios de la red. Una buena parte de los municipios en México no podrían apostar plenamente a la diversificación con raíz tecnológica de los medios de pago, afortunadamente el Banco del Bienestar ha salvado el tema de la ausencia de bancos en regiones de estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, entre otros.
Como un asunto de responsabilidad gubernamental, para el cobro del predial, los gobiernos municipales no deben rehuir a su responsabilidad para mejorar esta carga impositiva., que se debe de traducir en bienestar para los ciudadanos de menores ingresos. Y los estados no deben incumplir con sus obligaciones respecto a los municipios.
En suma, para lograr que el ciclo presupuestario sea eficaz, entonces deben coincidir en el mismo nivel de eficiencia la recaudación, el gasto y también la fiscalización del ejercicio de los recursos. Por tanto, el rol de la fiscalización superior tiene impactos directos en el uso correcto de los mismos… Siguen las finanzas estatales.

A Consuelo Barrera Ríos, somos dos hermanos que nos elegimos.

El gasto realizado por los gobiernos es un instrumento de atención a los problemas públicos. Es, en buena medida, un factor de desarrollo en los países en los que la distribución de la inversión en infraestructura social y de atención a las necesidades sociales, descansa en el presupuesto público.
Por otra parte, el gasto público está regido por criterios técnicos, límites jurídicos, establecimiento de reglas de operación, distribución de competencias para el ejercicio, etc.
El ingreso público proviene en mayor proporción de los impuestos, fundamentales para contar con recursos para financiar el gasto gubernamental, y satisfacer las demandas sociales. De ahí, la importancia de la función recaudatoria de recursos de origen federal, que en México lleva a cabo el SAT.
Recaudar bien es básico para obtener recursos que permitan satisfacer las necesidades populares. Más recursos disponibles para el gasto social, y de infraestructura, significa una mayor cantidad de necesidades atendidas.
Ante este escenario, se resignifica el rol de las y los servidores públicos que participan en el proceso de recaudación. Por ello destacan los esfuerzos institucionales para capacitar a los servidores públicos en todas aquellas tareas relacionadas con garantizar el buen uso de los recursos públicos, para este fin. Es parte del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, con la capacitación permanente a los entes auditados y su presencia territorial.
En el caso de México –como lo he señalado en algún artículo previo– tenemos un sistema impositivo concurrente, pero con mecanismos de coordinación fiscal. Esto ha permitido que los tres niveles de gobierno tengan distribuidas diferentes responsabilidades recaudatorias y tipos de impuestos.
Pero el esfuerzo recaudatorio de los estados y municipios, donde los retos aún son importantes, ya que en la mayor parte de los casos –salvo algunas excepciones– la recaudación es aun reducida y se ha configurado una relación de absoluta dependencia respecto del esfuerzo recaudatorio federal. En algún momento un gobernador del norte, le llamó “el padrotismo fiscal”, esto es “tu recaudas y luego me das mi parte”. Ya he mencionado aquí el desinterés municipal para recaudar impuestos, como el predial, por ejemplo, y cómo gastan sus participaciones sin racionalidad y transparencia presupuestarias.
Es claro que en el impuesto predial podrían mejorar su recaudación. Así sucede en otras partes de algunos países de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en las que los impuestos a la propiedad representan una fracción sobresaliente del Producto Interno Bruto (PIB). Las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalan que el promedio de la suma total por impuestos a la propiedad en los países miembros es de 1.9 por ciento del valor total del PIB.
Un cuento: alguna vez fueron a verme presidentes municipales de una región muy pobre de Guerrero, me dijeron que “el gobernador les debía un mes de participaciones”, revisamos los libros y no existía tal cosa. Al cuestionarlos me respondieron que era Rubén Figueroa papa, con muchos años fallecido…. Me contestaron que como era del PRI, mejor lo cobraban muchos años después al del PRD, Zeferino Torreblanca”. Y al preguntarles del predial, contestaron que no lo cobraban porque “tenía costo político”.
Ello dio lugar a que algunos estados, les quitaran el cobro del predial: según datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023 realizado por el INEGI, hay un total de 433 municipios (distribuidos en seis entidades federativas) en los que el Estado cobra el impuesto predial. Eso apareció antes en la Ley y se les advirtió con tiempo, a las organizaciones de presidentes municipales, pero…

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Con la salida de la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, algunos le criticaron injustamente con adjetivos que no se merece. Rogelio, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, titulado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, el primer mexicano en titularse, autor desde joven de brillantes textos de economía, y extraordinario consultor internacional. Además de ser un economista reconocido en su gremio, del cual formo parte, es un hombre íntegro, un gran economista, reconocido aquí y a nivel internacional.
Hace algunos meses nos encontramos un grupo de economistas egresados de la UNAM y vinculados al Colegio Nacional de Economistas, lamentablemente ya varios habían muerto, entre ellos Armando Labra, Jesús Puente Leyva, Rodolfo Becerril, Antonio Gasol, Manuel Aguilera… incluso la maestra Ifigenia Martínez estaba enferma.
Estaban, Rogelio; el actual rector de la UNAM, Arturo Lomelí; Enrique Del Val; Enrique Quintana y Lucy; Graciela Márquez, directora del INEGI; Gerardo Esquivel, del Colegio de México. Perdíamos a Carlos Tello y a Guillermo Ramírez. Sí estuvo Ricardo Carrillo Arronte y el decano del Colegio, Jorge de la Vega con Julio Millán, Pablo Arroyo, y Maru Romero, su compañera, quien entre otras obras ha escrito La Historia del Neoliberalismo en México, publicado por el FCE, dirigido por Paco Ignacio Taibo. Un egresado de la Universidad de Veracruz, Emilio Barriga y Jaime Valls, ex titular de la ANUIES. En suma, economistas y ciudadanos extraordinarios.
El nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador, es otro brillante economista egresado de la UNAM. Y sus resultados lo demostrarán.
La coyuntura actual, requiere siga siendo la economía, manejada con talento, prudencia y nacionalismo.
En virtud de que en el contexto de la política fiscal, en su vertiente recaudatoria, debemos fortalecer y apoyar a los municipios para que mejoren la recaudación local del impuesto predial, un impuesto a la propiedad, que en México tiene lamentablemente niveles muy bajos, en relación a países del sur del continente.
Desafortunadamente, hemos padecido una ineficiencia recaudatoria, particularmente por parte de los municipios, tanto los pequeños, pero más en algunos grandes. Cuantas veces he escuchado a los municipios pequeños, decir que no lo cobran “porque tiene un costo político”. Se vuelven dependientes de las cada vez más apretadas tesorerías estatales. Es muy común que a fines de los meses de noviembre y diciembre, los presidentes municipales se acercan a las autoridades estatales para solicitar “recursos adicionales” o prestados, para poder pagar sus aguinaldos, cuando tienen todos los mecanismos para prevenirlo, con un esfuerzo fiscal mínimo.
Una anécdota: recuerdo alguna vez que un grupo de gobernadores en la primera década de este siglo se reunió con el secretario de Hacienda y uno de ellos que había sido presidente municipal, dijo: “mira yo he sido presidente municipal, sin embargo, los municipios de hoy no hacen caso, y no hacen previsiones para los aguinaldos. Por ello he estado pensando hacerles “su guardadito”. ¿Tú qué piensas?”. El secretario les contestó: “tienes toda la razón, como los gobernadores son iguales, voy a pensar cómo hacerles también su guardadito…”.
Hoy las cifras nos muestran que estamos muy por debajo de lo que recaudan de predial, países como Argentina, como Chile, como Brasil, e incluso hasta como Costa Rica y Colombia. Hoy nuestro promedio sigue siendo de 0.25 por ciento en 2023. Claro, hay algunos estados que lo hacen mejor que otros, particularmente, la Ciudad de México y Quintana Roo. El Estado de México no tiene malos resultados, aunque puede mejorar, así como algunas entidades del norte del país.
A nivel estatal hay buenas experiencias, que tendré que comentarlo en otra ocasión.

Revisaba algunas de las cifras de la recaudación del impuesto predial, el principal rubro impositivo del nivel municipal, nuestro tercer orden de gobierno, en el país federal que es nuestro México.
Es claro que tenemos más de 500 municipios, siendo más de la mitad con niveles de pobreza, incluso de alta marginalidad.
Seguimos en situación crítica, ya que no rebasamos el 0.25 por ciento del PIB, lo que no ha variado desde hace mucho tiempo.
La mayoría no ha cambiado, así que, con datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, observamos que seguimos muy por debajo de países como Argentina, Chile, por supuesto Brasil y se mantiene una dependencia presupuestaria terrible de los recursos de origen federal, derivados del esfuerzo fiscal del SAT y son escasos los municipios que han participado en las actividades de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal acompañando a las entidades federativas. Por supuesto han sido reacios a cumplir con sus facultades recaudatorias, particularmente en el predial. Siendo el principal impuesto municipal.
El impuesto predial es el impuesto municipal por excelencia, que en México ha tenido y tiene niveles recaudatorios muy pobres, incluso entre algunas autoridades municipales, han sido reacios a implementar medidas sancionatorias para recuperar lo que no han cobrado, sin embargo, prefieren jugar a la concertación, e inclusive han llegado a descuentos fuera de la Ley. Recuerdo el caso de un presidente municipal de Cancún, que ofrecía descuentos a hoteleros si le pagaban directamente, el impuesto adelantado. Le decían El Chacho y terminó en la cárcel.
Durante mucho tiempo se ha hablado de que las entidades federativas requieren más facultades tributarias, sin embargo, debemos también observar que las que tienen ya sea de manera directa o a través de la colaboración administrativa, no han sido por todos los estados aprovechadas.
Por otra parte, hemos también padecido un bajo nivel recaudatorio por parte de varios estados, no solo en la colaboración, también en los ingresos propios. Lo que incluso ha inhibido se cumplan adecuadamente los compromisos financieros con las aportaciones estatales a las universidades públicas. Claro hay casos de excepción: Las aportaciones a las universidades de estados con mayores niveles de pobreza son menores a los otras, pero si han cumplido en mejor medida, con sus obligaciones en general. En algunos casos esto se ha debido a la falta de recursos, pero hay casos motivo de malversaciones, como se dio en Durango en la administración anterior, donde también hay funcionarios con problemas legales.
El impacto de la debilidad presupuestaria de los municipios, su bajísimo nivel recaudatorio, la falta de planeación, un gasto público generalmente mal programado, la presión en algunos estados de lo que llaman “el cuarto orden de gobierno”, como en Oaxaca y Puebla por ejemplo, ¿ hace que los municipios generalmente no tengan suficiencia para pagar los aguinaldos de sus empleados –los que los tienen– y recurren a solicitar “prestamos de fin de año” a los secretarios de Finanzas, que, también tienen problemas.
En la Convención Nacional Hacendaria, que inició el 5 de febrero de 2004, se incluyeron temas que fortalecerían el esfuerzo recaudatorio de estados y municipios, como un impuesto estatal a las ventas finales, que no prosperó por su bajo potencial recaudatorio, y los entes subnacionales no operaron mejor el predial, el del hospedaje. Los cedulares, solo en Guanajuato o los ambientales, en Zacatecas.

 

El federalismo es una institución política y jurídica, que en el ámbito del Estado es una de las tres formas conocidas de organización intergubernamental para la integración de los diversos órdenes de gobierno. Otras formas son los estados unitarios y las confederaciones: en los primeros la estructura política es indivisible, y los órdenes locales no pueden tener leyes ni gobiernos propios. El extremo contrario se da en las confederaciones, muy populares en los siglos 17 y 19, las cuales surgían para fines específicos de carácter militar o económico, como fue el caso de la confederación de estados independientes, la CEI, cuyos 12 miembros fueron estados independientes y soberanos; no surge un nuevo estado, ni se dio unidad nacional. En cambio en el federalismo sí surge un nuevo estado que abarca el territorio de todos las entidades que integran la Federación, los cuales mantienen su propia soberanía con división de poderes propia.
En el federalismo se comparten soberanías con el objetivo último de la unidad nacional, por medio de la integración de los gobiernos locales y de las regiones, la mejor fórmula para consolidar nacionalmente la diversidad cultural, histórica, geográfica e inclusive étnica de países tan grandes, como México, Estados Unidos, Rusia y Brasil que suman más de la mitad de la superficie de la Tierra. Como nos dijo a sus alumnos de la UNAM el maestro Benjamín Retch, el federalismo es un remedio político para males politicos, es signo de debilidad de las diferencias y de fortaleza de los intereses comunes. En suma es la vía para descentralizar lo excesivamente centralizado.
La Tierra, decía el maestro Benjamín Reitchkiman, del Instituto de Investigaciones Economicas (IIE) de la UNAM, que, aunque sólo existen pocas naciones federales, formalmente hablando, en un mundo de cientos de países. La discusión sobre el federalismo ha alcanzado a los organismos políticos mas importantes del planeta y su impacto se siente en todos los aspectos, tanto administrativos, económicos o institucionales. Por supuesto en los problemas fiscales –es decir, de ingresos y gastos, presupuesto, deuda y administración pública. De forma tal que la discusión sobre centralización y descentralización económica como política y administrativa, ha llegado a todas las naciones, cualquiera que sea su estructura de gobierno.
Otras características de los estados federales, decía Retchkiman del IIE, son entre otros los siguientes: cada orden de gobierno mantiene su soberanía, preservando su defensa y su derecho a separarse de la Federación, como sería el caso de la llamada “separación del Pacto Fiscal”, que hace algunos meses planteara el anterior gobernador de Jalisco y en otro tiempo algunos ex gobernadores como José Murat, Alfonso Sánchez Anaya, Amalia García, sin embargo existe un Pacto de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que se suscribió a principios de los ochentas, donde los estados dejaron en suspenso algunas facultades compartidas con la Federación, a cambio de recibir “participaciones” de la recaudación federal, esto es del esfuerzo fiscal federal . Por ello se han creado figuras como el Convenio de Colaboración Admisnistrativa en Materia Fiscal, que algunas entidades sí aprovechan, otras no mucho.
El tema es que la dependencia de las participaciones es muy alta, pocos aprovechan las potestades que pueden ejercer, los municipios son apáticos con la recaudación del impuesto predial, salvo excepciones como la Ciudad de México , Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y algunos más.
Tambien se debe llegar a esfuerzos de responsabilidad presupuestal en el gasto de estados y sobre todo municipios.

 

 

En la actualidad, muchos países en mayor o menor medida se enfrentan a desafíos de desigualdad que impiden una debida integración y participación plena en la economía global. Factores geopolíticos, económicos e incluso ahora el cambio climático intensifica este problema, tal cual se ha referido la semana pasada en el World Government Summit ocurrido en los Emiratos Árabes Unidos con la participación de diferentes jefes de Estado. Sus consecuencias se pueden apreciar en los altos índices de pobreza, discriminación y exclusión social en una gran parte del Planeta.
Erradicar estas desigualdades, es un tema constante en la agenda de organismos internacionales que proponen implementar políticas no solo nacionales sino también a nivel global para fortalecer –en la medida de lo posible– los sistemas económicos y medioambientales de los países en desarrollo, que mantienen altos niveles de pobreza y seguir políticas como las que se han y siguen instrumentándose en México, con el fin de abatir la desigualdad y la pobreza, con buenos resultados.
Por ello, cada 20 de febrero la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Justicia Social y refrenda el compromiso de promover sistemas económicos que se basen en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas y un enfoque preventivo, como lo que hemos logrado en la Auditoría Superior de la Federación.
Curiosamente ese día presentamos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2023. En virtud que, hay un punto de intersección entre la búsqueda de la justicia social –en tanto ideal democrático– y la fiscalización. La justicia social significa eliminar la desigualdad, evitar los abusos en el uso del gasto público, lo que implica caminar los territorios, que no trabajemos solo en el escritorio y estemos cerca de los ciudadanos.
Cuidar que se respeten los derechos humanos, eliminar por supuesto la corrupción y hacerlo con la participación ciudadana.
La fiscalización superior, por su parte juega un papel trascendental en la promoción de la justicia social. Lo hace a través del aseguramiento del uso correcto de los recursos públicos y las acciones gubernamentales que inciden en la consecución de dicho objetivo. También por la observancia de que los recursos se utilicen de manera transparente y eficiente para propiciar comportamientos de gasto adecuados para el desarrollo social.
En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar los recursos públicos federales y el buen desempeño de los programas gubernamentales, tiene incidencia en el reto mayúsculo del Estado mexicano por la justicia social. En tanto se trata de una institución con tareas técnicas-especializadas y encargado de vigilar el ejercicio correcto de los recursos del pueblo.
Por ello el Día Mundial de la Justicia Social permite reflexionar sobre la importancia de trabajar en políticas públicas que propicien la equidad social e integridad medioambiental. En países de la región, se ha avanzado en la conformación de agendas integrales que pongan en el centro la justicia social y el combate a la desigualdad.
Por ello la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta 2023, es un claro ejemplo de esa constante revisión y de la labor preventiva de la fiscalización superior, pues se refuerza el permanente proceso de trabajo conjunto con los entes fiscalizados.
Los resultados de nuestras auditorías son públicos y pueden consultar en: https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria

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La gestión de los asuntos públicos requiere de tareas técnicas que la faciliten y mejoren sus resultados. Esto es necesario para garantizar el mejor desempeño en el ejercicio de recursos públicos, la mejor distribución de actividades para el cumplimiento de objetivos y el apego a metodologías o estrategias que permitan el desarrollo de las funciones de la organización pública. Estos elementos permiten que la gestión pública sea estratégica. Lo es porque ofrece valor y beneficio –propósito central de la Intosai– al trabajo sustantivo de las organizaciones. También realiza análisis previos con suficiente anticipación para el desarrollo de sus tareas y establece referencias obligadas para el seguimiento y monitoreo de los avances.
Ciertamente las organizaciones públicas evolucionan en tanto las necesidades que atienden se transforman. Sin embargo, influyen casi en igual magnitud: la sofisticación de sus procedimientos, las oportunidades de innovación que surgen en su entorno (por ejemplo, la tecnología) y el ejercicio de planeación constante. Todos estos procesos permiten que las organizaciones públicas mejoren sus capacidades, tengan certeza sobre cuáles son sus tareas y las realicen con apego a lo planteado.
En el caso de las instituciones dedicadas a la fiscalización superior, los procesos de planeación y programación sirven –además de lo señalado– para ofrecer transparencia sobre cuáles serán los procesos de auditoría. La integración de programas de auditoría permite a las y los ciudadanos conocer el trabajo auditor y a los entes públicos que serán objeto de auditoría.
La semana pasada (06 de febrero de 2025) el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este es el documento que define las auditorías e investigaciones a realizar por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública. Es el resultado de los procesos de planeación y programación y su integración es fundamental para el ejercicio de fiscalización, y en consecuencia para la utilidad de la política de rendición de cuentas.
La integración del PAAF es una tarea técnica que distingue la rigurosidad de la labor encomendada por la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a la ASF. Además, es una oportunidad institucional para lograr mejoras continuas en las instituciones a través de la fiscalización superior. Esto sucede porque el marco general de planeación considera cuatro componentes: (1) Análisis de la capacidad operativa, el cual revisa y califica los recursos disponibles y el personal, así como otras circunstancias que influyen en la capacidad de la institución para realizar auditorías o estudios; (2) las fuentes de información para el proceso de planeación, (3) los criterios de análisis de información y (4) los criterios de selección para orientar la identificación de los sujetos y objetos de auditoría.
El proceso de planeación abona al conocimiento de la organización. En consecuencia, repercute directamente en la mayor probabilidad de mejora continua. En adición a este beneficio hacia el interior por el proceso de integración del PAFF, los beneficios hacia el exterior son igualmente notables; destaca el hecho de que los ciudadanos pueden conocer cómo se desarrollará el trabajo auditor de la ASF y la selección de cuáles entes públicos y recursos serán auditados.
Sumado al proceso de planeación, la programación tiene el objetivo de identificar a los sujetos y objetos a fiscalizar. En el caso mexicano, dada la gran cantidad de combinaciones sujeto-objeto que son susceptibles de ser revisadas, la ASF aplica una metodología de programación basada en factores de riesgo y la aplicación de criterios y subcriterios de análisis, los cuales han venido creciendo significativamente en las muestras de auditoría –que en muchos casos ya abordan el 100 por ciento de los horizontes a fiscalizar– así como en el número de auditorías, abarcando cada vez más entes en todas las esferas de competencia y niveles de gobierno. Los criterios que se consideran son: (1) el monto de los recursos de los programas; (2) los antecedentes de auditoría; (3) el impacto social; y (4) los diagnósticos de control interno. Estos ofrecen la posibilidad de que los trabajos de fiscalización tengan mayor impacto y mejores resultados.
Resulta gratificante que sea notorio el valor del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Durante diferentes momentos del proceso de fiscalización se hace evidente este valor, por ejemplo, la entrega de los informes como el que ocurrió ayer 20 de febrero al presentarse a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Todo esto garantiza una rendición de cuentas y fiscalización que ofrece resultados con legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

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Las instituciones ofrecen respuestas a los problemas y necesidades. En lo relacionado con la fiscalización, hace algunos años el principal reto para las entidades de fiscalización superior era demostrar el valor y beneficio generado por las auditorías, ahora el reto principal es aprovechar el potencial de las herramientas tecnológico-digitales para el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo. La colaboración con otras entidades es sustantiva, prueba de ello fue la reunión que tuvimos en julio con las entidades de fiscalización superior de Europa y América Latina, en la sede de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y convocamos también a Arabia Saudita y a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés).
Si las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) aprovechan las ventajas que las herramientas tecnológicas suponen, los beneficios se presentan en dos vías: la primera, mayor eficiencia en los procesos de auditoría y con ello mejoría en la política de rendición de cuentas. Mayor número de auditorías, como las que hoy se hacen al orden estatal y municipal.
El paso fundamental de las EFS hacia la innovación tecnológica y la digitalización debe considerar tres elementos fundamentales, los cuales han marcado la vanguardia que distingue a la ASF en estas materias: (1) el proceso no implica una ruptura con los procesos previos y las metodologías tradicionales, más bien se busca la integración plena de las herramientas (por ejemplo, análisis de datos e inteligencia artificial) en el desahogo de las tareas cotidianas conforme a los marcos jurídicos que rigen la fiscalización; (2) la digitalización mejora las capacidades de control de quienes toman de decisiones y facilita el monitoreo de los procesos de auditoría, lo que permite que la tecnología incida –en buena medida– en la gestión pública de las EFS; (3) la transformación digital asegura que las EFS podrán mejorar la formación, el almacenamiento, la indexación y la aplicación del conocimiento de auditoría.
Las virtudes de la innovación tecnológica y digitalización son suficientes para apostar en el argumento de que, por un lado, se trata de un proceso con altos rendimiento y beneficios y, por otro lado, un suceso de inevitable aparición. No obstante, es importante que la EFS estén al tanto de las discusiones más importantes y actuales respecto de las ventajas y los retos que este proceso coloca de frente. Algunos de estos últimos están relacionados, por ejemplo, con los riesgos y amenazas en el mundo de lo digital; la seguridad de la información y certeza jurídica de los procesos que se desarrollen de manera digital.
Sí, la digitalización y la tecnología ayudarán –innegablemente– a mejorar los procesos de las EFS y situarlas como instituciones que responden y aprovechan las ventajas de su contexto. Es realmente interesante cómo algunas de las herramientas digitales en puerta para las EFS permiten –por mencionar algunas ventajas– incrementar la muestra auditable de entes públicos, además de agilizar algunos procesos. Por ejemplo en la ASF se auditan a estados y municipios todos los fondos de participaciones y aportaciones, no lo que no se hacía antes. Aumentando así el universo participable.
Para la ASF la la certeza de sus resultados es un principio en sus mandatos, su centralidad en la política de rendición de cuentas y la relevancia de los resultados de su trabajo de fiscalización. las sitúan en todo momento como instituciones de gran valor público. Por ello, la digitalización e innovación tecnológica es un proceso necesario e inaplazable.

 

 

Hace seis años se llegó a pensar que los municipios podrían colaborar en la recaudación de impuestos como el IVA, uno de los dos impuestos más importantes de nuestra estructura tributaria, –el otro es el ISR– el cual lo administra el gobierno federal, sustituyendo al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles desde 1980 –cuando lo desaparecen–, alrededor de 500 impuestos federales y locales al consumo, que era la llamada “jungla fiscal”.
Este impuesto se aplica por primera vez en 1965 en Francia, fue un impuesto que contribuyo a la armonización tributaria en materia de impuestos al consumo de la Comunidad Económica Europea. En México, después de que David Ibarra convenció al presidente López Portillo de su entrada en vigor, su aprobación se aprobó en la Cámara de Diputados en 1978, al igual que la Ley de Coordinación Fiscal, pero dadas las críticas contra el llamado efecto inflacionario del impuesto, se retrasó su legislación hasta 1980, con una tasa del 10 por ciento.
Tenemos un sistema impositivo concurrente, esto es que puede haber doble tributación, esto es, lo podrían aplicar los estados y el gobierno federal, sin embargo al adherirse al sistema nacional de coordinación fiscal, los estados dejan en suspenso el uso de estas potestades tributarias, a cambio de recibir participaciones, esto es un porcentaje de la recaudación federal de los impuestos, hoy llamados federales, recaudación que realiza el SAT, dejando además un mecanismo de cooperación a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, donde los estados pueden auditar, entre otros impuesto, el IVA.
Un tiempo las entidades federativas recaudaban el impuesto, sin embargo, no funcionó: había estados donde las devoluciones eran mayores que lo recaudado, la misma era asimétrica, por ejemplo, los estados del sur recaudaban una parte mínima y recibían el resto de sus participaciones, de lo que depositaban en la Tesorería de la Federación, los que recaudaban más, como Nuevo León. Fue desafortunadamente una experiencia fallida.
Se requería de voluntad política para ello, sin embargo, el SAT ha operado con eficiencia, tan es así que las participaciones que son un porcentaje de la recaudación federal participable, crecen de acuerdo a lo programado, excepto en algunos momentos de crisis como en 1998. Se habló algún tiempo de crear un impuesto estatal a las ventas, lo que significaría una reducción del IVA en el mismo monto, sin embargo, al final fue un impuesto a las ventas finales, cuya recaudación no llegaría ni al 10 por ciento de un punto del IVA. Obvio no prosperó.
Por otra parte, los municipios son responsables de cobrar el impuesto predial, sin embargo, han sido muy pobres sus resultados. Al respecto, se ha repetido a la saciedad que estamos muy por debajo de lo que recaudan Chile, Argentina, Colombia o Brasil. Apenas llegamos al 0.2 por ciento del PIB y si quitamos a la Cdmx, que ha sido eficiente, apenas estaríamos a la mitad.
Está bien revisar cualquier reforma en la materia, pero antes los gobiernos subnacional y local deben cobrar lo que han tenido como el impuesto a la tenencia y el impuesto predial. Tenencia son pocos los estados los que la sostienen, pero por razones “políticas” lo eliminaron, y después estiraban la mano a la SHCP. Así no…
Por otra parte, debe ser claro que la coordinación fiscal es entre estados y federación, y los municipios se coordinan con los gobiernos estatales, incluso en algunos han existido sistemas de coordinación fiscal estado-municipios.
En el caso del predial, la recaudación se concentra en no más de cien municipios de los cerca de 2 mil 500 que hay en el país, por ello primero deben cobrar con eficiencia los impuestos locales. Se puede. Y ojo, gastar los recursos con transparencia y honestidad.

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