Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) juegan un rol estratégico en el proceso de rendición de cuentas. Su trabajo en la revisión del desempeño de gobierno y del ejercicio de los recursos públicos es, fundamentalmente. Una tarea legítimamente confiada por la soberanía en la que reside la representación popular –en la mayor parte de los regímenes democráticos. Por esta condición, su trabajo técnico y los resultados del proceso de fiscalización deben ser contenidos con autonomía técnica y de gestión, calidad y difusión . Asimismo, las propias EFS son instituciones susceptibles de la comunicación permanente, incluso por propia oportunidad y cumplimiento de su responsabilidad en el proceso de rendición de cuentas.
Esta premisa fortalece el argumento de que las EFS son, además de órganos técnicos que justifican su trabajo fiscalizador a partir de metodologías y rigurosidad en los procesos de auditoría, instituciones que generan un enorme valor público para la vida democrática a través del desarrollo de sus auditorías y la presentación de sus resultados. En consecuencia, sus procesos de comunicación son fundamentales. Sobre este punto, conviene destacar los elementos constitutivos de la tarea de comunicación de las EFS con base en los estándares internacionales que se han fijado por nuestros organismos regionales los cuales son: (1) una política de comunicación que identifique el centro del mensaje, el público objetivo y defina metas y objetivos, por ejemplo el nivel de conocimiento de los trabajos y resultados de la EFS en la revisión de la cuenta pública; (2) el establecimiento de comunicación bidireccional, sobre todo con la consideración de que las personas pueden informar y nutrir el proceso de revisión y análisis realizado por las EFS; (3) equidad e inclusión en la comunicación; (4) transparencia en la información y generación de los datos; (5) relación respetuosa con medios de comunicación; (6) diversificación en los canales de comunicación para lograr mayor alcance y cobertura con la mayor diversidad de actores y partes interesadas y, (7) campañas de información y concientización del valor de la rendición de cuentas y la utilidad de la fiscalización superior.
Estos elementos comunicacionales de las EFS son insustituibles para lograr instituciones sensibles a las peticiones de la población. Por cierto las virtudes de la comunicación de las EFS, como la propia Auditoría Superior de la Federación son destacadas en una publicación reciente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores titulada “Buenas prácticas comunicacionales para la vinculación con la ciudadanía con enfoque en la gestión de las entidades fiscalizadoras superiores”.
En ella, se otorga gran valía a la correlación entre comunicación efectiva de las EFS y participación ciudadana, no de militantes.
Es importante redundar en el valor de la comunicación. Ello implica el cumplimiento de una obligación legal (la publicación de informes periódicos en cada entrega de resultados, como la que ocurrirá el próximo mes de febrero con la CP 2023), así como el aprovechamiento de una gran oportunidad para explicar el valor y utilidad de la fiscalización superior. Solamente con comunicación efectiva se construyen las mejores organizaciones públicas. Únicamente con procesos de comunicación cuidadosa y minuciosa se cumplen objetivos de la política de rendición de cuentas.
En el pasado, sobre todo en países en donde había una gran desafección política y el crecimiento de la desconfianza hacia lo público, se exploró poco la eficacia de los procesos comunicacionales entre organizaciones del Estado y la población. Ahora, conviene que se exploren las más diversas formas de comunicación para transmitir como mensaje la relevancia de las tareas cotidianas –en este caso– de las entidades de fiscalización en la región.

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Las tareas de fiscalización y la dirección de la política de rendición de cuentas de las organizaciones del Estado son tareas de altísimo valor público y por tanto político. Esta condición determina –en buena medida– la necesidad de contar con altos estándares de desempeño institucional y capacidades técnicas. Además, el entorno modificado por la irrupción de tecnologías como la Inteligencia Artificial– obliga a las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) a ser organizaciones receptivas, con capacidad de adaptación y eficacia para la implementación de estrategias y demás instrumentos para aumentar su cobertura de entes auditados, calidad del trabajo de fiscalización, gestión de la información y comunicación precisa de los resultados.
Este completo contexto en el que se desarrollan las EFS son –al tiempo– un incentivo importante para la cooperación entre las EFS de diferentes países, la organización multilateral y la participación regional. Aunque esta tesis parece lógica para el funcionamiento de las EFS, lo cierto es que su comprensión plena es conveniente porque influye en la obtención de mejores resultados de la fiscalización superior.
Al respecto en 2023, se publicó un texto en el Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, donde sus autores señalan, casi como conclusión que el trabajo de las EFS nacionales tiene mejores prospectivas de éxito dado el respaldo de una voz global como la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés). Es decir que, dado que los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas de las EFS están respaldados por la voz global de la INTOSAI, el espacio regulatorio de un país y la organización, capacidad y alcance de una EFS, mejoran significativamente. En el artículo se identifica que existe gran diversidad en la organización, las capacidades y el alcance de las EFS, pero valoran positivamente el potencial de la INTOSAI en el cumplimiento de su voz global apalancada en los resultados de su trabajo con sus regiones y miembros.
Lo anterior significa que los espacios de participación global, comunicación y cooperación multilateral, son significativos en tanto fungen como un respaldo inigualable para el trabajo de las EFS nacionales. Todas las EFS se benefician de la participación en estos espacios, conocen de los proyectos y demás instrumentos implementados por las diferentes entidades de fiscalización, empero, las EFS que participan activamente a partir de compartir buenas prácticas, brindar asesoría o capacitación, como la ASF, entre otras actividades reciben beneficios con un efecto multiplicador.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación se apuesta por su presencia y participación en espacios habilitados por la INTOSAI y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). Nuestra participación en la línea de trabajo de “Auto evaluación de la integridad” y el grupo de trabajo “Valor y beneficio de las EFS” en INTOSAI ha permitido reposicionar el trabajo de México en lo relacionado con la fiscalización superior, la política de rendición de cuentas y evaluación de políticas y programas públicos.
El posicionamiento de México y su activismo en el ámbito de las organizaciones multilaterales de las EFS surge –sobre todo– por el razonamiento y comprensión plena del potencial de la cooperación entre las EFS de diferentes partes del mundo. En consecuencia, destaca la participación de la ASF al frente de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, espacio donde se han impulsado –en conjunto con la Presidencia de la Organización en manos de Paraguay– diferentes proyectos tendientes a reforzar y mejorar los mecanismos de cooperación y comunicación entre las EFS integrantes.
En el corto plazo, tanto en INTOSAI como en OLACEF, la cooperación regional y global se modernizará hasta cubrir mejores espacios para la aplicación de las auditorías. Un hito cercano fue la reunión en México de OLACEF con EUROSAI, en la ASF con la presencia de Arabia Saudita.

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El entorno de dinamismo de la economía global ha inaugurado, paradójicamente, una etapa de competencia y cooperación regional. En el caso de México, su relación e integración económica con Norteamérica es –por demás– relevante y marca un diferencial competitivo. Sin embargo, su relación con otros países de América Latina y el Caribe es igualmente relevante, para competir frente a las economías de manufacturas asiáticas y demás economías a escala competitivas sobre todo en sectores como las commodities.
Sostengo que esta etapa se trata de un período de competencia y cooperación simultaneas. Eso parecen indicar los estudios y análisis más serios en materia económica. Por ejemplo, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024 –publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)– indica que los signos de mejora económica tras la crisis de 2020-2021 provocada por la pandemia, crecen. Los datos registran que “en 2024 y 2025 el crecimiento económico del mundo se mantendrá estable en los niveles de 2023, con un mayor impulso por parte de las economías emergentes. En 2024 los principales bancos centrales del mundo expandieron la liquidez, poniendo fin al ciclo monetario restrictivo. Además, la región incrementa la emisión de deuda en los mercados internacionales; no obstante, la transferencia neta de recursos hacia el exterior va en aumento”.
Este contexto –a todas luces optimista– de repensar las estrategias correctas para mejorar el desempeño de las economías nacionales, la integración regional y con ello el ritmo del crecimiento económico. El informe también indica que la dinámica de la actividad económica en América Latina continúa siendo baja y depende cada vez más del consumo privado. Esta condición puede ser revertida dado el contexto macroeconómico de las principales economías de la región caracterizadas por un mejor control inflacionario, menores restricciones de política económicas y proyecciones para aumento de la inversión pública.
Es, en la mayor parte de los casos de países en la región, una oportunidad para que los proyectos de participación estatal incrementen en número y profundidad de su implicación. Empero, esta nueva ola de proyectos de inversión pública debe aprovecharse a partir de la óptica de los costos de oportunidad y la dirección del desarrollo por parte del Estado. Estos procesos y proyectos de inversión provocan un doble efecto: primero, dinamismo económico per se en función de su proceso gasto; segundo, mejores condiciones para el desarrollo económico y ganancia de puntos y referencias para la competitividad en el marco de los cambios (nearshonring, por mencionar algún proceso) de la economía global.
Dadas las virtudes de la coyuntura de la economía global y los procesos de inversión de un Estado emprendedor, como lo argumenta Mariana Mazzucato en un libro que lleva esa frase por nombre, es necesario que los gobiernos nacionales desarrollen mejores procesos de planeación, evaluación y fiscalización. Es un punto de inflexión en la historia contemporánea, puede ser identificado como un punto de inflexión en el entendimiento del crecimiento económico, prosperidad y desarrollo.
Por ello, las tareas de las Entidades de Fiscalización de Fiscalización Superior (EFS) son sustantivas y representan una oportunidad invaluable para contar con organizaciones públicas eficaces y políticas públicas que apuntalen el desarrollo nacional y por tanto de las regiones. En el corto plazo, los gobiernos nacionales tendrán que profundizar –a partir de espacios internacionales y multilaterales– en las tareas de cooperación para el desarrollo y la conformación de bancos de buenas prácticas para la obtención de mejores resultados y el logro de objetivos. Desde las EFS, como el caso de la Auditoría Superior de la Federación es importante reconocer el contexto global para dimensionar nuestros desafíos.

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Entre las funciones de la fiscalización superior esta incidir de forma directa o indirecta en la mejor operación del servicio público, revisar sus problemas, proponer acciones de mejora, fortalecer el ingreso nacional, medido a través de la contabilidad gubernamental, en suma, la mejora de los programas y políticas públicas.
Para ver como la fiscalización preventiva que planteamos para la Nueva Auditoría, desde 2018, como a través de las auditorías del desempeño, logramos mejoras en la administración pública, en suma, fortalecer la gobernanza.
Por supuesto una revisión de las políticas económicas e incluso en la función social de las instituciones. Ello, incluso puede incidir en el PIB. Dado que, en general, el mejor desempeño institucional está correlacionado con mejorías notables en las condiciones de vida de las personas, ya que las instituciones públicas son eficaces en el desarrollo de sus funciones, entonces generan valor y beneficio para la sociedad.
Este asunto es tan relevante que justifica la existencia misma de las organizaciones públicas y su sostenimiento a lo largo del tiempo. En el caso de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), el valor público y los beneficios que generan están directamente relacionados con la posibilidad de contar con mejores servicios públicos, cuidar el ejercicio de los recursos, fortalecer la política anticorrupción e informar a la sociedad sobre los resultados de la fiscalización superior.
Dado que esta es una función técnica, pero también social, es importante que las EFS cuenten con mecanismos para comunicar asertivamente el valor y beneficio para la sociedad. Este argumento es el centro de uno de los proyectos más importantes de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI): el Grupo de Trabajo Valor y beneficio de las EFS. Este grupo técnico -integrado por diferentes EFS- fue creado en 2007 en el marco del 19 INCOSAI. Ha tenido, desde su creación, el objetivo de desarrollar un marco y herramientas de medición para definir el valor y los beneficios de las EFS. Su existencia parte del supuesto de que es relevante que las EFS sean reconocidas como instituciones que hacen una diferencia en la vida de los ciudadanos, y segundo, para ser reconocidas como organizaciones modelo de independencia, acotada solo por la ley.
Al respecto, en 2023 publiqué un artículo en el International Journal of Government Auditing de la propia INTOSAI, titulado Making a Great Impact on Government and Citizens: Audit Methodologies and the Working Group on Value and Benefits of SAIs (WGVBS). En aquel texto sugerí que “en la medida en que una EFS puede hacer una diferencia en la vida de los ciudadanos, depende de que la EFS: fortalezca la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad del gobierno y las entidades del sector público; demuestre una relevancia continua para los ciudadanos, el Parlamento y otras partes interesadas; y sea una organización modelo mediante el liderazgo con el ejemplo”.
A pesar de que el trabajo de las EFS nacionales justifica su propia existencia, el propósito del grupo de trabajo de valor y beneficio en la INTOSAI es generar metodologías y estratégicas comunes que sean aplicables a la totalidad de las EFS. Por ello, también en la integración del grupo en el Plan Estratégico 2023-2028 participa la ASF, así como en el grupo de trabajo derivado del más reciente Reporte Global SAI Stocktaking Report 2020, que destaca la gran valía de comunicar sus procesos y resultados a la sociedad.
Considero que la tarea de fiscalización superior tiene nuevos bríos y retos por delante que obedecen a tiempos siempre en transformación, vitales para para el bienestar de los países.
PD. Felicidades.

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El uso de herramientas tecnológicas y tecnologías alternas en la gestión pública implica un cambio de paradigma para la gestión de los asuntos públicos, implica, en varios sentidos, el uso de un conjunto de herramientas inéditas que –presumiblemente– pueden facilitar, agilizar y mejorar procesos de producción, análisis, evaluación, administración y gestión, como es el caso de la fiscalización superior. Ojo, no hay recetas.
En el sector privado, el avance en la implementación de este tipo de insumos tecnológicos es notorio. No obstante, en el sector público –cada vez con mayor notoriedad– se avanza en la conformación de agendas de innovación tecnológica.
Recientemente se publicó en el EDP Audit, Control, and Security Newsletter que “las tecnologías de la información (TI) de alta calidad puede mejorar la precisión, integridad y seguridad de los datos, y automatizar los procedimientos de recopilación de datos. Estos atributos son importantes para los auditores, ya que su trabajo depende en gran medida de la calidad de los datos.” …Cierto.
Este argumento es resaltado para poner de relieve la relevancia de las tecnologías en la recolección, administración y análisis de los datos, mismos que para los trabajos de Auditoría tienen vinculación directa con la tarea de fiscalización superior. Ante ello, el cambio de paradigma tecnológico en el sector público requiere estar acompañado de iniciativas robustas para mejorar la arquitectura institucional, transformar el entorno organizacional y acelerar los procesos de aprendizaje colectivo en las instituciones para maximizar los beneficios de estas herramientas tecnológicas.
La comprensión de las características de este nuevo paradigma tecnológico está permeando positivamente, para seguir avanzado en la conformación de estrategias robustas para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías –como es el caso de la Inteligencia Artificial–, para mejorar su desempeño. Al respecto, hay casos de éxito, destacados por organizaciones multilaterales como OLACEFS e INTOSAI, a través de avances como los que ha desarrollado la ASF y otras Auditorías, como las de Brasil, Estados Unidos de América, India, China, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre otros.
Al respecto, una investigación reciente publicada en el Asia Pacific Journal of Public Administration destaca cómo a pesar de la adopción generalizada de tecnologías digitales en las instituciones dedicadas a la función fiscalizadora, se necesita dar más atención al nivel de experiencia de los auditores como principales usuarios de las tecnologías de auditoría. El involucramiento tecnológico esté acompañado de esfuerzos institucionales de capacitación y educación en estos tópicos.
En el caso de México, como hemos dado cuenta en colaboraciones previas, en la ASF apostamos al uso de la tecnología. Los resultados han sido impulsados por la necesidad de edificar una institución cada vez más eficaz y eficiente.
También es importante reconocer que las restricciones derivadas de la pandemia por Covid-19 (acentuadas en el período de 2020 a 2022) aceleraron la puesta en marcha de procesos de fiscalización no presenciales por medio de la utilización de sistemas tecnológicos en la ASF.
Además de los proyectos sustantivos para el trabajo de la ASF, su implementación ha sido acompañada de acciones de capacitación y mejora institucional para lograr que dichos proyectos –efectivamente– tengan incidencia en la mejora del desempeño institucional y el fortalecimiento de la función fiscalizadora de la ASF. Herramientas e instrumentos como el análisis de datos, la mejora de entornos digitales y la utilización de aplicaciones de IA son prioridades para mejorar y facilitar de manera permanente el trabajo cotidiano en la ASF.
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El 9 de diciembre de 2003 fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tras 21 años de historia institucional, el mecanismo ha permitido visibilizar el problema de la corrupción en el Mundo y construir agendas compartidas para su atención. Sin embargo, el objetivo de erradicarla persiste como un reto para las instituciones que —por definición— diseñan e implementan mecanismos, programas, políticas y estrategias para prevenirla y combatirla.
Por supuesto también se trata de un problema social y global, de distribución de la riqueza y de la desigualdad de oportunidades.
Hoy la Convención ya ha tenido rendimientos positivos, destacando el hito de que un gran número de gobiernos nacionales, comprometidos cada vez con una mayor cantidad de agendas multilaterales y acuerdos internacionales. También es relevante el involucramiento de actores no gubernamentales en la medición de la corrupción a través de encuestas de percepción, índices y tasas de incidencia, prevalencia y frecuencia de hechos de corrupción, así como el énfasis en resaltar el valor de la fiscalización superior para preservar la integridad y eficiencia de los estados y las políticas públicas. Este esfuerzo también ayuda a ubicar a los “militantes mediáticos encubiertos, con intereses claros”, como se ha destacado en reuniones internacionales, por ejemplo, de la INTOSAI y en la recién celebrada de OLACEF, en la Ciudad de México, en la sede de la ASF.
La participación de actores no gubernamentales, de buena fe, sobre todo en la medición del problema, ha permitido contar con datos objetivos sobre la percepción y el funcionamiento de las medidas y políticas anticorrupción.
En este orden de ideas, destaca la relación de la corrupción con dos problemas de dimensiones importantes. El primero es la paz y seguridad: según Steiner (administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD), la corrupción “alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al debilitar el estado de derecho, agravar la pobreza, facilitar el uso ilícito de los recursos y proporcionar financiación para los conflictos armados.” Otra problemática relacionada, como efecto de la corrupción, es el control medioambiental: ahí la corrupción se presenta desde “la malversación de fondos para programas de protección medioambiental, la expedición de permisos y licencias de explotación de recursos naturales, hasta la protección de especies y ecosistemas.”
Sobre esto, es un aliciente que tanto gobiernos, sus organismos especializados, responsables de la fiscalización superior, como la ASF, así como la sociedad civil y los actores privados de la economía tengan especial interés en la conformación de espacios libres de corrupción.
En el caso de México, en tanto un Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el avance institucional ha sido significativo. Destacan las funciones de la propia Auditoría Superior de la Federación que ha cumplido ya 200 años en su labor fiscalizadora.
A la par, hoy la ASF participa activamente en la propuesta en espacios multilaterales para construir capacidades, conocimiento colectivo e instrumentos anticorrupción. Incluso en la creación de mecanismos para otros temas igualmente importantes. En la ASF hemos sido enfáticos en la necesidad de que, sobre todo en América Latina y el Caribe, respaldemos proyectos como las auditorías medioambientales, al combate a la desigualdad y la pobreza, por supuesto, las auditorías al desempeño. Por otra parte, también hemos ampliado, la cooperación con organismos como la ARABOSAI, la IDI (Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI) y la GAO de Estados Unidos, quienes han estado recientemente en la ASF, durante la reunion OLACEF – EUROSAI. Seguiremos.

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El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha es, al tiempo, un recordatorio y llamado a la acción para atender un problema global que —en diferentes latitudes del mundo— necesita ser superado. Los datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugieren que el problema coloca de frente el reto de encontrar soluciones comunes. De acuerdo con la ONU, 736 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de violenser enfrentado.
En esta tesitura, la conformación de instituciones que atiendan el problema de la violencia de género contra las mujeres es una tarea urgente. Debemos partir del supuesto de que la solución al problema requiere de un enfoque de gobernanza en el que incidan en la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.
Actualmente existen institu-ciones (desde organizaciones públicas, legislación, mecanismos internacionales, organizaciones colectivas y sociales, además de valores y principios generales ya adoptados al respecto) que abonan a la conformación de políticas públicas que permiten sancionar, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres. Destaca, en el caso de México. la ratificación en 1981 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la publicación (año 2007) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la creación de la Secretaría de Mujeres a partir de diversas reformas, como el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En adición a las instituciones, organizaciones y disposiciones que tienen como propósito principal atender las diversas formas de violencia y erradicarlas, Es necesario que los estados diseñen políticas públicas a partir de la perspectiva de género. Así como la pertinencia de que las funciones relacionadas con la fiscalización, auditoría y evaluación de los programas presupuestarios coloquen especial interés en conocer el desempeño, resultados y alcance de las acciones gubernamentales para eliminar la violencia contra la mujer.
Sobre este último punto, la Auditoría Superior de la Federación ha sido enfática, así como nuestras organizaciones regionales, la OLACEFS, la OCCEFS y la INTOSAI. La institución ha emprendido, tanto al interior como en sus funciones hacia el exterior, diferentes acciones para garantizar el apego estricto al objetivo de eliminar las formas de violencia contra las mujeres. En la gestión interna, la ASF cuenta con la Unidad de Género y Cultura de la Fiscalización la cual formuló la Política de Igualdad de Género y ha realizado diferentes publicaciones, por ejemplo: la Evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2023) y diferentes memorias sobre eventos realizados en el marco de la Semana de la Igualdad de Género.
En lo relacionado con las funciones de la ASF hacia el exterior, la institución participa en el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de la OLEACEFS, apoya decididamente proyectos estratégicos como las Auditorías de Igualdad de Género impulsadas desde la INTOSAI, así como la iniciativa “Mujeres en el liderazgo”, a cargo del Tribunal de Cuentas de Brasil, en donde acaba de estar representada la Institución.
Prospectivamente, los trabajos de fiscalización y auditoría permitirán que las políticas, programas e instituciones arrojen mejores resultados. La ASF permitirá así producir conocimiento colectivo institucional y, avanzar en la dirección adecuada para construir entornos libres de violencia y condiciones plenas para el desarrollo de la igualdad de oportunidades y evitar la violencia de genero.

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El viraje hacia la perspectiva global de los problemas públicos derivó en la conformación de organizaciones multilaterales durante el siglo XX. Este contexto institucional global ha permitido crear espacios de colaboración, cooperación y comunicación permanentes. Es el caso de la fiscalización superior, ls entidades fiscalizadoras, Intosai a nivel mundial y la Olacefs para el caso particular de América Latina y El Caribe.
La participación voluntaria de los países, a través de sus respectivas Entidades de Fiscalización Superior (EFS) ha permitido generar conocimiento colectivo, referencias comunes sobre buenas prácticas, proyectos de innovación tecnológica y una red de apoyo internacional que respalda el trabajo de las EFS en sus respectivos contextos nacionales. Es decir, se trata de un círculo virtuoso en el que la totalidad de las EFS tienen la posibilidad de mejorar su actuación y cumplir con sus objetivos a partir de la lógica de la cooperación multilateral y el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas.
Los Congresos y Asambleas de la Intosai y la Olacefs son –además de un aliciente para el trabajo cotidiano de las EFS– espacios sin igual para el establecimiento de metas compartidas, estándares del trabajo fiscalizador y de la propia integración de las instituciones auditoras. En consecuencia, bajo el razonamiento de complementariedad, las decisiones acordadas en estos espacios influyen en la fiscalización superior.
Al respecto, justo en este mes, se cumplen 17 años de la aprobación de la “Declaración México” en el marco de la Intosai, ocurrida en noviembre de 2007. Este documento marcó un hito internacional al dejar de manifiesto la necesidad de que las EFS cuenten con autonomía técnica de gestión. En ese momento histórico marco el inicio formal del largo derrotero para contar con instituciones exclusivamente dedicadas a fiscalizar, observar, analizar y evaluar el ejercicio del gasto público. Dicha declaración partió del supuesto de que, en el mundo se requería contar con garantías mínimas para lograr que el trabajo de fiscalización tuviese confiabilidad y efectos inmediatos en el desempeño de las organizaciones públicas.
Tras ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación ASF ha tenido un rol activo y de liderazgo tanto en la Intosai como en Olacefs (donde actualmente desarrolla las funciones de Secretaría Ejecutiva) y la Occefs. En medio de estas fechas, conviene realizar el ejercicio de revisión hacia atrás para comprender la trascendencia de que la ASF impulse proyectos y compromisos a nivel internacional para mejorar las capacidades de fiscalización.
En ese sentido, destaca la aprobación de la Declaración Oaxaca en el marco de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Olacefs, celebrada en la ciudad de Oaxaca en septiembre de 2022. Este documento es un compromiso internacional entre instituciones auditoras para lograr que la función de las EFS tenga incidencia –por medio de la fiscalización– en la reducción del riesgo de desastres y los desafíos del cambio climático. El documento coloca el compromiso de que las EFS implementen auditorías para reducir los actos de corrupción, generar resiliencia, restauración ambiental y acelerar el desarrollo sostenible.
Como es notorio, la participación de México en el escenario internacional de la fiscalización superior ha permitido ejercer liderazgos para generar valor y beneficio. Ahora mismo, en el contexto de nuevas transformaciones –como las que supone la irrupción de tecnologías alternas y el frágil equilibrio medioambiental– es relevante revalorizar los espacios multilaterales con que se cuenta. Es un momento propio para avanzar en la consecución de objetivos vinculados con la agenda para el desarrollo sostenible y la mejora de las capacidades de fiscalización de las EFS.

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En los 80’s se puso en boga en algunos países aplicar la teoría del derrame o del ‘crecimiento por goteo’ planteada por autores como George Simmel a partir de Adam Smith. Su tesis principal era que el incremento de la riqueza total de los países generaría un efecto automático de reducción de la desigualdad en todos sus sectores, mejor distribución del ingreso y, con ello progreso social. Ello condujo en el entramado normativo, a que los países que la adoptaron buscaran fomentar una competencia económica con tendencia a la desregulación.
En la globalización, los países como destinos de inversión que compiten entre sí para mejorar sus niveles de crecimiento y sus condiciones de desarrollo.
El incremento del tamaño de otros problemas públicos y la apuesta global por una agenda común desde las Naciones Unidas (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) han provocado –de manera acentuada en los últimos años– renovados bríos y entusiasmo por la cooperación para el desarrollo y una nueva concepción de la competencia económica y el desarrollo.
El paradigma previo –el de la competencia extrema– causó que, sobre todo en regiones como América Latina y el Caribe, los problemas superaran las capacidades institucionales de los gobiernos y la región se ubicara como una de las de más rezago para la competitividad a nivel mundial.
Ante la necesidad urgente de resolver los problemas de pobreza y desigualdad en la región, se consideró por un tiempo que el solo hecho de competir con países de todas las regiones del mundo sería una solución para lograr mejor desarrollo económico y calidad de vida entre las poblaciones. Sin embargo, los asuntos por resolver en la agenda social y económica superaron esa visión unitaria.
Es así como las reuniones y las organizaciones multilaterales ganan mayor utilidad. A propósito, destaco la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) celebrada en Panamá en el mes de octubre de 2024; organización en la que fungimos como Secretaría Ejecutiva.
En ella se realizaron mesas de trabajo sobre temas trascendentales para la mejora de los sistemas de rendición de cuentas, funcionamiento de las entidades fiscalizadoras, implementación de tecnologías alternas (como es el caso de la inteligencia artificial aplicada) y la gestión interna de las instituciones para alcanzar los objetivos de desarrollo e igualdad. El objetivo principal es reafirmar la cooperación regional, para la generación de valor público.
Por otra parte, la Asamblea y la disposición institucional de las EFS de la región deja de manifiesto la vinculación de las tareas de fiscalización, rendición de cuentas y evaluación de programas y políticas públicas con la mejora de las acciones de los gobiernos. Es una muestra de cómo se gestionan colectivamente, retos como la gobernanza de la inteligencia artificial.
Las reuniones de la Olacefs –así como de otros organismos multilaterales en la América Latina y el Caribe– son un aliciente con gran vigor para la cooperación para el desarrollo. tanto al interior de los países como en la región en su conjunto.
Ello ocurre específicamente para la ASF a través del ejercicio de su mandato legal en la práctica de auditorías, a través de la revisión de la Cuenta Pública 2023, recién presentada al Congreso, que se compone de 2 mil 369 revisiones y de la cual, en esta segunda entrega, ocurrida el pasado 30 de octubre se presentaron 678 informes individuales, sumándose a los 68 de la primera entrega en junio pasado. Las mil 623 revisiones restantes se presentarán el próximo 20 de febrero; recordemos las entregas de auditorías a la Cámara de Diputados ocurren en tres momentos diferentes (junio, octubre y febrero).

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Los temas de la agenda pública y de gobierno pueden materializarse en interés colectivo; además tienen el beneficio adicional de interesar a la sociedad en todos sus componentes, creando consciencia participativa. En esa tesitura, existe una relación lógica entre el interés colectivo y los asuntos relacionados con el desarrollo de la sociedad, y la superación de la pobreza, aspirando a un mundo menos desigual. En estos aspectos se conjugan las funciones públicas y privadas que tienen impacto en la calidad de vida del pueblo, la atención a problemas públicos, la oferta de bienes y servicios básicos, etc.
Siendo el desarrollo económico y social, uno de los objetivos centrales de las tareas de los gobiernos, tanto a nivel nacional como multilateral, ha llevado a los gobiernos, a suscribir mecanismos internacionales y agendas de compromisos desde las Naciones Unidas. Destacando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (fijados en el año 2000 como meta para el 2015) y la Agenda para el Desarrollo Sostenible ODS 2030.
Ambos instrumentos delinearon un modelo de desarrollo centrado en mejorar las capacidades para atender el desarrollo humano, la relación entre crecimiento económico y estabilidad medioambiental, pero fundamentalmente, la reducción de la pobreza, así como el acceso a servicios básicos para toda la población, especialmente salud y educación.
La importancia y el interés sobre las actividades y funciones gubernamentales que inciden en el desarrollo, condicionan a cumplir con procesos exhaustivos de planeación. Siendo para ello fundamental la acción fiscalizadora de las entidades fiscalizadoras superioras.
En nuestro país, desde los años 80 se cuenta el ejercicio de la planeación para el desarrollo, lo que resulta en mayores beneficios y carácter estratégico del funcionamiento del sector público para atender las necesidades de la población.
Planear para el desarrollo requiere de información verídica, disponible y en formatos específicos que permitan su análisis. De ahí la relevancia del Día Mundial de Información sobre el Desarrollo (24 de octubre), designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El trasfondo es destacar cómo los procesos de toma de decisiones y la participación de actores –incluso más allá de los estrictamente gubernamentales– está en función de la disposición de información confiable. Dentro del paradigma de la sociedad de la información es necesario recopilar, administrar, proteger y publicar la información provista diariamente en el ejercicio cotidiano de las funciones de gobierno. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, a través de su Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, lo cual es transparencia.
La información es fundamental para lograr eficacia en la atención de los problemas públicos. En adición, la información generada ofrece un panorama claro del diagnóstico del desarrollo social y económico, lo que favorece que se incentive la participación social en acciones colectivas para fortalecer el combate a la pobreza y a la desigualdad.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, las tareas de fiscalización y auditoría que realiza, producen (mediante informes, resultados de auditoría y evaluaciones de políticas públicas) información que puede servir como insumo para la mejora de los procesos de planeación para el desarrollo y, en general, para contar con mecanismos eficaces que favorezcan los procesos de implementación de programas para el desarrollo, considerando la diferencia entre países federales o unitarios.

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