Acaba de ser anunciado el Premio Nobel de Economía, y los galardonados son Daron Acemoglu, Simón Johnson y James A. Robinson, investigadores de algunas de las universidades más importantes del mundo. El reconocimiento es valorado a partir de sus aportaciones para la comprensión de los orígenes y medios de reproducción de la desigualdad en el Mundo y las diferencias en el desarrollo y la prosperidad entre países. Los tres –quienes han sido coautores en buena cantidad de trabajos– son neo institucionalistas en el enfoque de sus publicaciones, por lo que revalorizan el rol de las instituciones (en tanto reglas del juego) y la construcción de evidencia a partir del análisis de procesos históricos. Entonces, las diferencias en las instituciones de una sociedad –si se le compara con las de otros países– explican la brecha de desigualdad entre países ‘ricos’ y ‘pobres’.
Los investigadores premiados (Acemoglu y Robinson) publicaron en 2012 un libro titulado Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. En el texto delinean la que es –hasta ahora– su tesis principal: el problema de la economía no es estrictamente económico, sino político y social. El argumento se inscribe en una serie de investigaciones –fuera de la ortodoxia de los economistas– que destacan los problemas de la economía por su vínculo con la conjetura de que el problema no está relacionado con la suficiencia de recursos, sino con su distribución.
Para los ganadores del Nobel de Economía, el éxito o fracaso de los países depende de sus instituciones políticas dado que determinan las económicas. Las cuales pueden ser de dos tipos: inclusivas y extractivas. Las instituciones económicas de tipo inclusivas “posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas”. El ejercicio de la política determina en mucho las condiciones en que desarrollan las instituciones económicas.
Resulta complejo trazar una hoja de ruta sobre cómo mejorar las instituciones políticas –para contar con instituciones económicas inclusivas–, empero, destaca la importancia del Estado como organización política para hacer valer la ley y contar con suficientes capacidades para delimitar la actuación de diferentes actores de la vida económica. Lo que nos conduce a reforzar el valor de la Fiscalización Superior.
Ahora mismo, con renovados bríos para lograr la reducción de las desigualdades en el mundo, es prioritario el hecho de generar más y mejores capacidades estatales y de administración pública. Para lograrlo, todas las actividades que abonen en esa dirección son útiles.
Al respecto, hace unos días –en la Auditoría Superior de la Federación– publicamos la Guía de Inducción a la Administración Pública Federal. Se trata de un documento marco de referencia para quienes se incorporan a la Administración Pública Federal, tanto para brindar un panorama general de su conformación, atención y seguimiento a los procesos de fiscalización, obligaciones en materia de transparencia, y responsabilidades, como para orientar en el acto de entrega-recepción de las Unidades Administrativas a cargo de las dependencias y entidades, facilitar su proceso en lo concerniente a la planeación, programación y seguimiento, y tener una visión del estado que guarda la administración, a fin de garantizar la continuidad institucional con los principios de ética, moral pública, honestidad, honradez, lealtad y confianza.
Las acciones que tienen por objeto mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas del Estado tienen impacto directo en la posibilidad de contar con mejores instituciones públicas y, en consecuencia, con mejores instituciones económicas que generan mayores condiciones de igual y distribución de la riqueza.

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Nuestra maestra Ifigenia, fue entre muchas cosas más, directora de la Escuela Nacional de Economía, maestra muy querida desde entonces por los jóvenes economistas, que tuvimos otro icono, el maestro Don Jesús Silva Herzog. Al ingresar en mi caso a la ENE en 1970, después del Movimiento Estudiantil, habiendo estudiado en la Prepa 1 en San Ildefonso, Conocí a la Maestra Ifigenia, recibiendo siempre sus consejos, su apoyo y sosteníamos platicas sobe finanzas públicas, la coordinación fiscal y la reformas tributarias.
Era directora de la ENE en 1968, cuando ingresó la policía a las instalaciones de la UNAM a detener a quienes ahí estaban, entre ellos varios alumnos de Economía, queridos compañeros, y la Maestra subió a la Julia a acompañarlos.
A fines del sexenio de Echeverría, siendo Porfirio Muñoz Ledo presidente del PRI, una corriente de jóvenes economistas y políticos, que cubrieron el periodo 1976-1979 encabezados por la Maestra, entre ellos, Jesús Puente Leyva, Armando Labra, Jorge Eduardo Efrén Domínguez, Víctor Alfonso Maldonado, Julio Zamora Bátiz y algunos más que no recuerdo en este momento.
Ya en el Congreso visitaron al secretario de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, para pedir información sobre la Carta de Intención que el gobierno de México firmó con el Fondo Monetario Internacional, en 1976, como corolario de la devaluación del peso que abandonó los 12.50 por dólar, llegando casi a 25. El secretario, molesto, les dijo que no existía tal documento.
Sin embargo, Jesús Puente Leyva, destacado economista de Nuevo León, funcionario de Nacional Financiera durante el gobierno de Echeverría, sacó de su portafolio un Documento, que era la Carta de Intención que Moctezuma “no conocía”, provocando que este estallara en furia contra ellos acusándolos de traidores al Presidente López Portillo.
Este Secretario duro sólo un año y meses y fue cesado junto con Carlos Tello, el entonces brillante secretario de Programación y Presupuesto que tenía una visión progresista, que fue recuperado por JLP cuando la nacionalización de la banca.
Hay muchos testimonios de acciones de la maestra en las cuales siempre demostró su amor a México, un ejemplo, hoy, en su texto, La Profesión del Economista en mayo de 1990, en la Memoria de la Generación 61- 65, “25 años en la vida económica de México”. Se menciona el gran trabajo de la maestra, sobre la distribución del ingreso en México,
En dicho libro de la maestra, editado por la UNAM, decía que “Keynes tiene el mérito de haber conceptualizado en una doctrina coherente, el efecto multiplicador de la inversión pública como instrumento para salir de la recesión y el desempleo”.
Por otra parte mencionó que “muchos economistas luchamos por una reforma fiscal que estableciera el impuesto progresivo personal sobre la renta. Se avanzó en el terreno de gravar sobre todo los sueldos y salarios, mas no en el de incluir los intereses y dividendos…”.
Cuando la maestra Ifigenia postuló para ser diputada del Congreso de la Unión para el periodo 1976-1979, un grupo de compañeros de nuestra Generación, la 70-74, llevamos a cabo dos encuestas. una en el Distrito de la maestra Ifigenia y otra en el de Armando Labra en el Estado de México, elecciones que por supuesto ganaron.
Como estudiantes de la hoy Facultad. Siempre tuvimos su apoyo y su consejo. Y ella nuestro respeto y admiración.
En lo personal, cuando en 1970 encabecé una planilla para buscar la presidencia de nuestro Colegio, en elecciones abiertas, tuve el apoyo de nuestros grandes maestros de la UNAM, de los colegios de los Estados, del periodismo progresista y de los jóvenes economistas, pero destacadamente de la maestra Ifigenia.
Hitos destacados: por ejemplo, encabezado por el ingeniero Cárdenas, participó la maestra Ifigenia junto con Porfirio Muñoz Ledo, Armando Labra entre otros, que marcaron un hito en la historia política del país…

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La administración pública funciona sobre la base de principios que garantizan que su actuación sea confiable, pertinente, honesta y eficaz. A propósito, destaca el principio de la corresponsabilidad, según el cual tanto los gobiernos como la sociedad tienen incidencia y tareas asignadas para atender los asuntos comunes en lo que constituye el ámbito de lo público; es decir, la responsabilidad es compartida.
Dichas tareas responden a diferentes niveles definidos en las normas jurídicas, y destaca el rol que la población desarrolla al contribuir económicamente a la estructura del gasto de la administración pública (por ejemplo, a través del pago de impuestos, productos, aprovechamientos). Esa misma condición, además del reconocimiento constitucional, le otorga la condición de mandante en las decisiones públicas. El tema es reducir la desigualdad social
Dada esta relación horizontal, en el caso de las prácticas de gobiernos que alientan la participación popular y la conformación de redes de gobernanza, y de relacionamiento vertical, en tanto la sociedad ejerce como mandante del gobierno y los gobernantes como mandatarios, los gobiernos deben considerar los intereses y demandas en la conformación de su estructura de políticas públicas.
El hecho de que los presupuestos distribuyan recursos económicos en función de su disponibilidad, suficiencia y el combate contra la desigualdad y la pobreza, figura como uno de los principales argumentos de la necesidad de contar con instituciones y programas públicos con enfoque a resultados. Varios países han vinculado el enfoque a resultados con el proceso de presupuestación para lograr, idealmente, una cadena de incentivos que permita ofrecer mayores recursos a aquellos programas de alto desempeño y colocar más procesos de revisión dinámica a aquellos con registros menores. Esto permite cumplir con otro principio para la administración pública: el de la eficiencia.
Por otra parte, el interés en los problemas de la sociedad es otro principio fundamental de la administración pública. Así se argumenta en el libro “Principios de Administración Pública” de Omar Guerrero citando a Charles-Jean Bonnin, sobre todo para distinguirla respecto de la administración en el sector privado. De ahí que, la administración pública, en tanto administración de la sociedad, utilice herramientas como el enfoque a resultados para atender problemas, proponer soluciones, definir objetivos y alcanzar metas.
La aplicación de estos instrumentos es relevante, por ejemplo, en el caso de los programas y políticas públicas para la atención de grupos de población vulnerable, como los clasifica Coneval: niños, niñas y adolescentes (NNA); adultos mayores; y personas jóvenes. En lo que corresponde a esta población el reto es mayúsculo tanto en México como en el mundo. Es pertinente destacarlo dado que el 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña.
Los NNA son un grupo poblacional importante, dado que es en la niñez en la que se forman muchas de las destrezas, conocimientos, desarrollo ético y cognitivo de las personas. Sin embargo, su atención ha enfrentado dificultades históricas, más si se agrega la variable del género.
Como lo muestran los datos, los NNA –con énfasis en las niñas– tienen escenarios más adversos para su desarrollo. Por tanto, es indispensable que los programas públicos para su atención tengan el mejor desempeño posible. En ello, el enfoque a resultados, la función de rendición de cuentas, auditoría, fiscalización y evaluación de políticas públicas fungen como catalizadores para la mejor obtención de las metas y objetivos que se definen en las políticas públicas.

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La evolución del Estado, aunque menos dinámica que la de las sociedades en las que se inserta, ha sido natural en las instituciones humanas que pretendan trascender a las personas que las conformaron.
Así, la creciente complejidad cuantitativa y cualitativa de las comunidades humanas, ha requerido que las funciones del Estado sean cada vez más especializadas, y que la coordinación entre órganos de naturaleza técnica con los de naturaleza política, sea una condición necesaria para el desarrollo democrático y su proyección en el desarrollo.
La idea ilustrada de la soberanía popular como el núcleo legitimador de cualquier democracia, sin importar la forma de gobierno, y con diversos arreglos institucionales de acuerdo con la tradición histórica y la cultura de cada país, conduce a que haya autoridades encargadas de emitir normas generales y abstractas que deben ser obedecidas por la comunidad (legislan), otras que se encargan de hacer cumplir esas normas además de construir políticas públicas que atiendan los problemas y mejoren las condiciones de vida de la población (administran) y otras más que resuelven controversias, ya sea entre particulares, o entre el propio gobierno y aquellos (juzgan).
Estas funciones no son las únicas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y para tender a la construcción del programa político de los pueblos; se han ido completando con otras entidades del estado, que, con sus diversos mecanismos para su conformación, lo fortalecen.
Una de las funciones esenciales del Estado que ayuda a la consecución de las demás, es la fiscalización superior. No es extraño que el primer antecedente que se tiene de límites al poder absoluto de un monarca –un proto constitucionalismo en cierto sentido–, haya tenido como última razón la fiscalización de los recursos, en ese caso, del reino de Inglaterra.
La Carta Magna, impuesta al Juan sin Tierra en 1215 por la nobleza feudal, limitaba la autoridad del monarca sobre los bienes y las tierras, evitando confiscaciones arbitrarias, además de un incipiente control sobre sus decisiones en materia de impuestos. Desde antes del surgimiento del Estado Nación moderno, entonces, las personas han sabido que en el control de los recursos está el límite más tangible del uso del poder.
Hoy en día, fiscalización superior es una materia altamente desarrollada, con una riqueza conceptual y práctica que se nota en todas las entidades superiores de fiscalización; esto es, órganos encargados del control externo, sean auditorías, contralorías generales, cámaras de cuentas o tribunales, alrededor del mundo.
En México la vigilancia del uso de los recursos públicos está inscrita en un sistema de equilibrios que busca eficientar la operación del Estado, previniendo actos de discrecionalidad, ineficiencia y posibles irregularidades por parte de los funcionarios públicos.
Esta labor está conferida, por mandato constitucional, a la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, que en su carácter de órgano técnico especializado está dotado de autonomía técnica y de gestión en la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier operación que implique recursos públicos federales.
La función de fiscalización se ejerce conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que las observaciones que realiza son acciones finales y las dependencias públicas están obligadas a responder por ellas. En ese entendido, las acciones estratégicas que se realizan en la Auditoría Superior de la Federación impactan en el mejoramiento de la administración pública en todas sus esferas de competencia a nivel federal, estatal y municipal, pues aporta elementos fundamentales para aumentar la calidad del gasto de los recursos presupuestales, así como transparentar y hacer pública la gestión de las entidades.
Con base en las mejores prácticas, el arduo trabajo técnico y neutral que se ha realizado en la Auditoría Superior de la Federación, se ha podido consolidar la labor de fiscalización mediante el uso de herramientas técnicas e informáticas como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la Inteligencia Artificial para que se integren a las labores de auditoría, con la finalidad de facilitar el acceso y el análisis de la información, fortalecer la calidad, eficiencia y cobertura de las propias auditorias.

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La educación y el acceso a la cultura son derechos fundamentales de los ciudadanos. Una y otra conforman la cosmovisión de una persona, la perspectiva que tiene de su lugar en el mundo, su responsabilidad social, y sus horizontes de progreso y de vida.
Sin embargo, los rezagos estructurales a superar por las naciones para garantizar que la totalidad de las personas estén en posibilidad de contar con servicios educativos y acceso a la cultura son numerosas. Ante esta condición, los gobiernos –por medio de políticas públicas y otras estrategias como las que derivan de la fiscalización superior– han tenido que resolver y prever escenarios diversos, como el caso de la educación superior en el que se profundiza la cobertura, absorción y egreso escolar.
En regiones como América Latina, los indicadores de educación y acceso a la cultura están correlacionados con las proyecciones de desarrollo y el sostenimiento de temas sociales. En el caso de la educación superior, pese a que entre 2015 y 2020 una cantidad aproximada de 17 millones de estudiantes se integraron a la educación superior, la expansión se presentó de forma desigual. Por ejemplo, en el sector rural aumentó de manera marginal entre 2015 y 2020.
La relevancia de la educación y el acceso a la cultura, los gobiernos de América Latina han buscado revertir la situación, apostando por mayor inversión en ambos rubros.
Los beneficios son variados, aunque los más importantes están vinculados con la formación propia de la persona. Como lo escribió Juan José Arreola en su Confabulario (de quien, por cierto, se celebra hoy su natalicio), “la exposición a conocer que hay más cosas en el mundo, incluso más allá del propio contexto individual”. Eso permite la educación y las políticas para garantizar el acceso a la cultura. Son una apuesta reivindicatoria del humanismo en favor de la construcción de la persona para resolver mejor los problemas colectivos a los que se enfrentan nuestras sociedades.
En este contexto, el 22 de septiembre se celebra un aniversario más de la inauguración de la Universidad Nacional Autónoma de México (1910), y con ello el recordatorio de uno de los principales proyectos educativos y culturales de México. La fecha es un buen aliciente para reflexionar acerca de cómo lograr que los espacios educativos y culturales estén al alcance de cada vez más personas. El caso de la UNAM es especialmente interesante porque desde su modelo de Universidad Nacional a lo largo de su vida institucional se ha colocado como un motor de desarrollo, formadora de profesionales capaces e íntegros, seres humanos y ciudadanos comprometidos con su entorno, como pocas instituciones educativas del continente.
Ahora bien, las grandes metas a las que aportan las instituciones de educación superior, deben estar acompañadas por la participación de la sociedad y del resto de las instituciones del Estado. Es decir, su objetivo requiere de la colaboración y participación de múltiples actores. Justo ahí, destaca el rol de las organizaciones públicas dedicadas a los procesos de rendición de cuentas –como el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)– que aportar con evidencia a través de sus resultados valor y beneficio a la mejora permanente de los procesos y servicios finales para una mejor educación y acceso a la cultura.
En ese sentido se desarrolló el pasado 10 de septiembre la capacitación de la ASF a funcionarios de la Asociación Mexicana de órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C., en la que se expuso el tema de “Fiscalización Superior a Instituciones de Educación Superior”. Reiteradamente se destacó que la aportación de la educación superior requiere protegerse. Y en ese marco, las actividades de fiscalización son fundamentales para lograr ese propósito.

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El incremento de la complejidad de los problemas públicos ha conducido a los gobiernos a sofisticar sus herramientas. Algunos cambios fueron de tal magnitud, que replantearon el proceso de toma de decisiones. Así se fortaleció la relación de los gobiernos con la sociedad para crear esquemas de gobernanza a partir de un enfoque colaborativo y en el contexto de lo que las atribuciones legales aplicables establecen. La idea parte del supuesto de que los problemas públicos complejos integran una cantidad mayor de variables y alcance superior de sus efectos, por lo que es necesario que –como argumenta la CEPAL– “un conjunto de actores independientes trabaje de manera colaborativa, complementando sus competencias, coordinando sus esfuerzos y sumando sus recursos”. Otra consecuencia se da al interior del Estado, en la que se configuraron redes de acción conjunta o gobernanza multinivel, la cual permite que diferentes Órdenes de gobierno participen de ciertas tareas en torno a objetivos compartidos, es decir, “las competencias administrativas, así como los recursos presupuestarios se distribuyen entre estos niveles de gobierno que se rigen de manera independiente” (CEPAL), pero con objetivos comunes. Un instrumento adecuado sería nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual aunque perfectible, es un buen instrumento para la distribución de recursos entre los tres órdenes de gobierno en el federalismo mexicano.
Esto último es la característica principal de la gobernanza, la cual se desarrolla en un contexto multinivel, sobre todo en países con organización político-administrativa federal. El argumento principal está asociado con la distinción territorial-regional de los problemas públicos, sobre todo en el caso de las políticas públicas dedicadas, por ejemplo, al mejoramiento de las condiciones económicas para atraer inversiones (por la distinción de vocaciones económicas regionales) o aquellas dedicadas a la atención de la población con carencias sociales (dada la diferencia existente en la cantidad y características de los grupos poblacionales en situación de desventaja).
La aplicación de esquemas de gobernanza se ha extendido a otras materias, propias de la gestión interna de los gobiernos. Ese es el caso de las políticas de fiscalización superior, control interno, anticorrupción, rendición de cuentas, en las que, aunque –en el caso de México– existen mandatos y principios generales manifestados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se desarrollan en un efecto de gobernanza. De tal suerte, tanto a nivel federal como subnacional hay acciones, políticas, estrategias y demás instrumentos que, de una u otra forma, atienden a los grandes objetivos de prevenir, detectar, investigar y sancionar casos de corrupción.
Los conceptos y la práctica de la gobernanza multinivel y fiscalización deben –en un entorno ideal para lograr eficacia y eficiencia– emparejarse y comprenderse como un binomio. En el caso de México, muchas dependencias pueden aprovechar los contenidos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las auditorías que practica en cada ciclo de la Cuenta Pública; todas ellas tienen algo que aportar, porque a distintos niveles se conoce una realidad administrativa y política distinta. Cabe comentar que esta buena práctica es compartida en la Olacefs y la Occefs a través de la participación de la ASF en los comités, grupos de trabajo y fuerzas de tarea de estos organismos dedicados a la gobernanza.
La aproximación de gobernanza a través de los resultados de la fiscalización superior incide en forma positiva, pues entre otros aspectos pueden ayudar a distribuir de manera más eficiente los tramos de responsabilidad que cada institución tiene en los procesos.

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Con el tiempo el fantasma de la corrupción ha obligado a los países, a contar con procesos y procedimientos acuciosos para la toma de decisiones para el buen ejercicio de los recursos públicos, con el fin de definir los tramos de responsabilidad de los servidores publicos.
Enfrentar la corrupción parte del supuesto de que las personas toman decisiones a partir de la información de la que disponen y de ciertos incentivos negativos y positivos.
Los enfoques contemporáneos para la atención del problema y la gestión de riesgos asociados a la comisión de actos de corrupción, suman al enfoque tradicional las perspectivas de la ética e integridad pública. Este cambio significa, como lo ha dicho (OCDE) en el documento La integridad pública desde una perspectiva conductual, pasar de políticas centradas en disuadir y ‘hacer cumplir’ a otro enfoque que promueve decisiones basadas en valores, principios y estándares éticos.
Ambos enfoques —aunque con diferencias notables— son complementarios y no excluyentes. Las instituciones públicas de los países con mejor desempeño en el control de la corrupción han implementado políticas públicas que consideran elementos de ambas perspectivas con miras a atender con mayor eficacia las causas y consecuencias de un problema multifactorial y, por definición, complejo. De ahí que las políticas de integridad definan un tipo ideal de comportamiento institucional por parte de las personas; es decir, consideran el factor humano como una variable relevante para contar con mejores controles y reducir la probabilidad y riesgo potencial de actos de corrupción.
La apuesta por la integridad pública no es una solución individual a un problema estructural. Más bien, es el resultado de análisis que han identificado una relación directa entre la disminución de casos de corrupción y la atención al factor humano dentro de las organizaciones públicas a través de la formación en principios de integridad pública. La creación de políticas de integridad en las instituciones públicas es un reconocimiento tácito de que las personas son relevantes en la cotidianidad de la gestión pública y en el proceso de toma de decisiones. Por ello, aunque en un espacio de decisión individual, los valores y principios de integridad se construyen colectivamente para aprovechar el factor humano en el combate a la corrupción.
Recientemente, recibimos una delegación de la OCDE encabezada por José Antonio Ardavín, Jefe de la División para América Latina y el Caribe, así como el titular del Centro de la OCDE en México. En dicha reunión, expusimos los avances de la ASF de la materia, así como nuestra participación en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), en lo relacionado con la gestión de políticas de integridad. Se recalcó la importancia de que las entidades de fiscalización discutan permanentemente sobre los mecanismos más apropiados para lograr que las políticas de integridad incidan directamente en comportamientos éticos.
La ASF ha apostado, hacia el interior de la gestión institucional, por fortalecer la ética e integridad pública. Muestra de ello es la política de integridad que funge como el marco de referencia institucional para garantizar que las personas servidoras públicas y el personal, guíen su actuar acorde con los principios, valores, reglas de integridad y criterios rectores, señalados en el Código de Ética, Código de Conducta y Directrices para prevenir posibles conflictos de intereses; a fin de generar confianza y credibilidad a la sociedad.

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Los principios de la fiscalización superior establecidos por nuestra Constitución en su artículo 79 son legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Hablando de la confiabilidad los gobiernos y las administraciones públicas deben tomar las decisiones basados en diagnósticos precisos, datos verificables y evidencia que permita evaluar la eficacia de las acciones emprendidas.
En todo este proceso, la información de calidad es un insumo esencial para el diseño e implementación de políticas públicas con diferentes propósitos: para el bienestar de las personas; la provisión de bienes y servicios; la atención a las garantías de derechos como la educación y salud; entre otros.
Si la información para la toma de decisiones es confiable, entonces la probabilidad de que la acción de gobierno sea eficaz, crece. El efecto inmediato de las intervenciones públicas gubernamentales es generar gobiernos presentes que alivian contextos de incertidumbre en los que –contemporáneamente– las sociedades se desarrollan. Es decir, las acciones de gobierno tienden a contrarrestar la percepción generalizada de escenarios de incertidumbre, como manifestación de un temor social extendido, ante los más grandes y complejos problemas. “La sociedad del miedo”, de hecho, es una tesis publicada por Heinz Bude en un libro del mismo nombre que señala que “El miedo es síntoma de una situación social de incertidumbre, en la que el individuo se siente arrojado a un mundo en el que ya no se siente resguardado.”
Por ejemplo, a las personas les preocupa la inestabilidad económica, el ‘futuro’ de sus propias vidas en el contexto de los sistemas de protección social, y su propia calidad de vida frente a problemas de salud. Estas preocupaciones compartidas son –según Bude– los elementos indisociables de la sociedad en ciertas ocasiones que, imbuida en las presiones e incertidumbre contemporáneas, busca respuestas y certezas. De ahí la relevancia de que los gobiernos pongan atención a la información sobre diagnósticos de problemas públicos y sobre el bienestar y satisfacción de las personas.
Este debate ha sido, en los últimos años, razón suficiente para replantear las intervenciones públicas gubernamentales.
La información del Inegi identifica como algunos de los dominios que generan menor satisfacción la seguridad ciudadana, las condiciones del ‘vecindario’ y el nivel de vida. Estos datos construyen un relato digno de tomarse en cuenta, relacionado con cómo las intervenciones públicas y la calidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona tienen impacto directo en el bienestar y satisfacción de las personas. La incidencia de los gobiernos sobre la estabilidad social e individual a nivel agregado está demostrada.
Por ello resulta fundamental que los datos informen la toma de decisiones y que las instituciones encargadas de procesos de rendición de cuentas coloquen el énfasis en la necesidad de que las políticas, programas y demás instrumentos de gestión pública, generan resultados demostrables en la mejora del bienestar y la satisfacción de las personas.
Pero la información, además, está moviéndose cada vez más rápido, en una revolución digital que no cesa.
En este marco, la ASF tuvo una participación destacada en la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), donde presentamos el informe de actividades del Comité de Incremento de Capacidades y de la Fuerza de Tarea para el Desarrollo Sostenible. Además, compartimos experiencia y conocimientos en los temas estratégicos de Auditoría Forense Digital, Fiscalización Digital y Ciberseguridad.

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La historia de México también es la historia de sus constituciones y leyes fundamentales. Actualmente, está vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pero su antecedente más fiel es la Constitución Federal de 1857, y como parte del arreglo jurídico fundamental del momento, las Leyes de Reforma. La tradición constitucional vigente es fuertemente liberal y federalista. Y en ambas cartas magnas, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos han ocupado un lugar fundamental.
Antes de la creacion de la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda era el órgano constitucional especializado que se encargaba de revisar la cuenta pública del gobierno federal y del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Pero este órgano tenía una gran tradición. En su artículo 72, la Constitución liberal de 1857 establecía la facultad del Congreso para aprobar el presupuesto anual de gastos de la federación y para nombrar y remover a los empleados de la Contaduría Mayor de Hacienda, que se establecía como un órgano dependiente del Poder Legislativo y sus funciones más importantes eran la de revisar la cuenta pública del Gobierno Federal, y la de establecer normas, procedimientos, métodos y sistemas de auditoría.
En 1999 se realizaron modificaciones fundamentales a nivel constitucional, con lo cual la Contaduría Mayor de Hacienda, desaparece con la creación de la ASF.
Por otra parte el 18 de agosto se cumple un aniversario más desde que, en el año 1873, surtió efecto la Declaración del Congreso de la Unión como Benemérito de la Patria al ilustre indígena oaxaqueño Benito Juárez, presidente de México entre 1858 y 1872. Decía Victor Hugo que Juárez era el más noble varón de América.
Dicho reconocimiento, justo en el concierto de otras distinciones internacionales de su tiempo, por ejemplo: la declaración como Benemérito de las Américas por parte del Congreso de Colombia en 1865, y la proclamación como Benemérito de la América por el Congreso Dominicano en 1867. Fue la evidencia tácita de su heroísmo y arrojo por la defensa de los derechos, el reconocimiento de libertades, la creación de instituciones y la defensa del liberalismo como proyecto político.
La figura de Juárez es relevante para la historia nacional por sus ideas políticas, sus posiciones éticas y en general su historia de vida. Puso al centro de la idea de nación y formación del Estado mexicano, la necesidad de más derechos y más libertades. Quizás una imagen que describe bien la figura de Juárez es la ilustración El abogado de los pobres de Rabbel, en el libro El México de Benito Juárez. Ahí es descrito como alguien siempre a disposición de las mejores causas y en auxilio de los más necesitados. Pero además, era un funcionario público ejemplar, que siempre tuvo como principio personal y profesional la moderación pública y privada, y que siempre fue señalado como un hombre íntegro, ajeno a las tentaciones del abuso del poder y de la avaricia en las que cayeron otros personajes de su tiempo.
Algunos de los proyectos del ideario liberal juarista que sostienen el proyecto político nacional de México son tan notables que, aunque con ciertas modificaciones, rigen la vida actual.
Los retos que el país enfrenta podrán resolverse a partir de políticas públicas que aprovechen el aprendizaje histórico de etapas cruciales para la vida nacional, en los que se requirió de la disposición plena y puesta en auxilio de todas las capacidades de quienes participamos de la vida pública en favor de las mejores causas. Una de ellas, que defendemos todos los días desde la ASF, es la rendición de cuentas y la fiscalización superior como principios de la acción gubernamental, que coadyuvan al Estado de Derecho, a la gobernanza y a la calidad de la vida democrática del país.

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Justamente hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como una reivindicación del acuerdo internacional hacia la protección de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones indígenas.
En México el INEGI ha contabilizado 23.2 millones de personas que se identifican como indígenas, representando el 19.8 de la población total, de los cuales más de 10 millones hablan una lengua indígena. Solo en Oaxaca el estado con mayor diversidad étnica y lingüística con 15 de los 68 etnias de todo el país, hay 1.3 millones de personas indígenas, el 58 por ciento de la población estatal.
La unanimidad en torno a la necesidad de reconocimiento de los pueblos originarios, así como el respaldo de las organizaciones internacionales, derivó en la adecuación de los marcos jurídicos nacionales y los textos constitucionales de diferentes países. México lo hizo en 2021 tanto en la Constitución como en la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Entidades como Oaxaca se habían anticipado desde 1998 en estas reformas, en el marco de la esfera de competencia local. Destaco la actividad de personajes como Armando Labra, Gustavo Esteva y Salomon Nahmad, así como Ana Luisa Ramírez, siendo gobernador Diódoro Carrasco.
Cabe destacar la Ley de Pueblos Indígenas de Oaxaca, entidad cuya población es mayoritariamente indígena, que cuenta con figuras como el Tequio única, que evidencia el nivel cultural que esta entidad tiene.
Sobre este consenso, es posible definir que la base mínima de derechos reconocidos y relacionados con los pueblos originarios son: su integración plena al reconocer la composición de naciones pluriculturales; sus derechos a la cultura, la identidad, la conservación de idioma, a la educación; y el derecho a mantener sus instituciones, tradiciones y la promoción de su desarrollo.
El reto es mayúsculo si se consideran las variables de la cantidad de población y la diversidad de los pueblos indígenas. A propósito, de acuerdo con datos de la ONU, en el mundo existen más de 5 mil grupos distintos que habitan en 90 países diferentes que hablan alguna de las 7 mil lenguas identificadas.
En total, la población de pueblos indígenas asciende a más de 476 millones de personas en el mundo. Por tanto, su organización y escucha corresponde a los gobiernos nacionales con la consideración de tales condiciones que impiden su atención como un grupo homogéneo y, más bien, apunta en la dirección de la autonomía y la libre determinación bajo un marco constitucional compartido.
La discusión sobre cuáles son los mecanismos más eficaces para la gestión de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas, está en desarrollo. El reconocimiento de sus propias formas de organización se encuentra relacionado con la búsqueda de eficacia y estabilidad.
Sin embargo, no implica que los pueblos originarios estén fuera de las dinámicas de la población en general, aspectos que han sido revisados en sus incidencias en las diferentes auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación en orden al cumplimiento y eficacia de los programas públicos y las asignaciones presupuestales.
Gran tiempo para fortalecer el reconocimiento a la pluralidad.

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