Los cambios políticos, sociales y económicos tienen efectos sobre la forma en cómo las instituciones públicas operan. El acuerdo mayoritario entre los países democráticos del mundo configuró regímenes basados en las libertad y la creación de márgenes y límites para el poder público. La democracia post ilustrada, como régimen político, reconfiguró la relación entre sociedad y gobierno, por lo que las organizaciones públicas debieron modificar sus dinámicas e instrumentos de gestión orientados hacia una mayor colaboración, transparencia, cooperación y apertura entre gobierno y sociedad.
Hoy el uso exponencial del internet y la incontable información puesta a disposición en tiempo real en la red también es una variable importante para describir cómo las instituciones del Estado actuales evolucionan a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real.
El tránsito hacia la apertura ha sido, en buena medida, condicionado por el avance en la definición de mecanismos para generar, captar, recopilar y administrar la información. Es un hecho que existen avances globales en ese sentido; destacan el reconocimiento casi unánime del derecho al acceso a la información en el mundo y la aceptación de compromisos internacionales promisorios como el caso de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Sin embargo, el avance normativo al tiempo que genera expectativas, advierte de la necesidad de que se implementen políticas públicas y prácticas institucionales que efectivamente los hagan realidad.
En lo referido al cambio político hacia la democracia en el mundo, construyó el consenso sobre valores fundamentales como la transparencia y valor de la información pública, a partir de las propias dependencias o instituciones, que ya cuentan con mecanismos propios para difundir la información necesaria, directamente, con las economías de tiempo, y eficiencia requeridos.
Los datos abiertos son –según la Carta Internacional de Datos Abiertos– “datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”. Dicha información puesta a disposición en este tipo de formatos ofrece la posibilidad no solamente de informar, también de interactuar y realizar análisis a partir de diferentes técnicas y con distintos propósitos.
Si los datos abiertos son aprovechados de manera óptima, entonces su valor funcional está garantizado. Reconocemos, pues, la utilidad pública y ventajas tecnológicas que ofrecen los datos abiertos para crear entornos propicios de gobernanza.
En el caso de instituciones dedicadas a la rendición de cuentas, fiscalización y evaluación de políticas, nuestro rol será crucial para avanzar en esa dirección y crear círculos virtuosos. Es el caso del Sistema Público de Consulta de Auditorías (http://www.asfdatos.gob.mx/), en el cual es posible revisar estadísticas de todas las auditorías de la ASF y sus hallazgos utilizando criterios de búsqueda como el periodo fiscalizado, la cantidad y tipo de auditoría, las entidades auditadas, las acciones emitidas y el estado actual dentro del proceso de fiscalización. Asimismo, en él se registran los datos de las denuncias y promociones resultantes del proceso de fiscalización que la ASF presenta o promueve ante otras autoridades para su debido seguimiento o resolución.
En la misma situación están tanto dependencias federales, como gobiernos estatales, que cuentan con interesantes espacios de difusión.

[email protected]

Esta semana el Sistema Nacional de Investigadores del Estado Mexicano celebró su trigésimo quinto aniversario. En términos relativos, no es poco, pues implica que el modelo se ha mantenido ya durante la carrera completa de varias generaciones de académicos.
Los países deben apoyar el desarrollo de la ciencia, porque esta es una máxima tan obvia, que corre el riesgo de convertirse en un lugar común, y se deje de reflexionar sobre sus implicaciones. De entrada, hablamos aquí de ciencia en sentido amplio, como rama del conocimiento humano cuyos postulados y controversias están sistematizadas y son refutables o demostrables a través de su uso social. Asi el papel de los investigadores, es vital, mas cuando están comprometidos con un proyecto nacional de desarrollo, como el caso del Laboratorio de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca.
En este contexto, cabe aclarar que para la epistemología y la historia de las ideas, la ciencia pura y la tecnología no son sinónimos. Huelga decir que su desarrollo no ha sido paralelo, ni mucho menos, ya Thomas Kuhn, en su espléndido libro de la segunda mitad del siglo XX, que en la Facultad de Economía de la UNAM, revisamos con gran placer, sobre la estructura de las revoluciones científicas, muestra que el camino recorrido por la ciencia no ha sido uno de acumulación lineal de conocimiento, sino de zigzagueo, virajes radicales y controversias irreconciliables dentro de la sociedad.
Eso no quiere decir que el conocimiento científico sea falaz ni que sus afirmaciones sean arbitrarias. Por eso no puede usarse el mismo método para las matemáticas que para la biología, la economía o la sociología. Porque no se puede aislar el objeto de estudio de la misma manera, de entrada: no se puede reproducir, para efectos de observación, la crisis económica de 1929, como sí se puede replicar la demostración de una fórmula matemática.
Los países con mayores recursos suelen ser los que invierten más en la formación y el trabajo de sus científicos y técnicos, por lo que sí hay una correlación positiva entre el desarrollo científico y el desarrollo nacional. Recomiendo la lectura del informe de acceso libre intitulado “El estado de la ciencia. Principales indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2023”, publicado por la UNESCO. Según este documento, la inversión en esta materia, en América Latina y el Caribe, representa solamente el 2.2% del total mundial, y de este porcentaje, el 84% proviene de tres países: México, Brasil y Argentina. En el caso de las patentes internacionales sucede lo mismo.
Si bien el principal motor de la ciencia y la tecnología en los países suele ser la iniciativa privada, a través de sus departamentos de investigación y desarrollo (en la industria farmacéutica, por ejemplo, esto es un tema de supervivencia de los grandes laboratorios), el Estado y las instituciones públicas tienen un papel rector esencial, en tanto que enarbolan el interés público, para que los avances y descubrimientos realizados tengan un aprovechamiento universal e impacten en la búsqueda del bienestar de toda la población, aunque todos sabemos que la industria farmacéutica, administra la entrada al mercado de medicamentos que sanan, pero no curan enfermedades como la diabetes, por ejemplo.
Por ello, en la Auditoría Superior de la Federación, a lo largo de mi gestión, ha sido prioritaria la modernización de procesos y la aplicación de nuevas tecnologías, desde la firma electrónica y el buzón digital, hasta las auditorías colmena. Todo esto nos ha permitido aumentar la eficiencia de nuestra labor, aentando nuestro universo auditado, perfeccionando la fiscalización, y haciendo un uso más eficiente de nuestros recursos, ojo sin disminuir puestos de trabajo.

[email protected]

 

Existe un consenso en el mundo acerca del valor público de la rendición de cuentas. En 2024, con un proceso abierto de relativización del poder político en función de procesos complejos y cambios sociales, entre los que destaca la conformación de la “sociedad de la información” o “sociedad del conocimiento”, se advierte una nueva realidad. Esta es caracterizada por el poder centrífugo, es decir, la distribución de funciones y actividades públicas más allá de la esfera del Estado.
Los cambios políticos fueron de tal magnitud dado que, como argumentó el sociólogo Daniel Bell primariamente, una sociedad apuntalada en la información provoca una nueva relación con las estructuras clásicas de poder. Esto provocó, desde entonces, la transformación del ejercicio de gobierno y la conformación de instituciones democráticas, bajo el supuesto de que las sociedades informadas están presentes en la vida pública, y participan, observan y mandatan.
En este contexto la rendición de cuentas es un valor y un proceso central en las democracias modernas. Al respecto, Andreas Schedler escribió que la rendición de cuentas es un concepto “comprensivo” para controlar el ejercicio del poder y por tanto, una estrategia que actúa para tres propósitos específicos: para la apertura a la inspección pública; para la explicación y justificación de los actos; y para la imposición de sanciones.
La discusión teórica y la aproximación semántica al concepto de rendición de cuentas denota la relevancia de la participación de la sociedad. Sin embargo, el rol de las instituciones encargadas de esta política democrática es igualmente valioso. Sobre todo, si se considera que la rendición de cuentas, siguiendo el argumento de Schedler tiene dos dimensiones básicas: (1) la ‘answerability’, referida a la obligación de las organizaciones del Estado y por tanto de servidores públicos de “informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público”; (2) el ‘enforcement’, como la capacidad de “sancionar a servidores públicos en caso de que hayan infringido sus deberes públicos”.
Estas dimensiones de la rendición de cuentas justifican la necesidad de contar con instituciones sólidas que revisen, analicen, fiscalicen y evalúen el actuar de las organizaciones del Estado. La relación entre esta definición teórica y la realidad siempre está expuesta a mejores ejercicios revisionistas que ayuden a comprender mejor estos procesos de rendición de cuentas, en función de la alta probabilidad de que los conceptos no alcancen a definir lo que acontece en el ejercicio real de la función pública. De hecho, el proceso de rendición de cuentas es descrito como permanente en el ejercicio de gobierno en regímenes democráticos.
Al respecto, el texto “Further Thoughts on Horizontal Accountability” de Guillermo O’Donnell clasificó la rendición de cuentas en horizontal y vertical. La primera se da en un mismo nivel relacional —aquella en la que se presentan agencias estatales con autoridad legal para emprender acciones de revisión y/o fiscalización—, la vertical advierte una relación de subordinación entre mandatarios y mandantes —aquella ejercida a partir de la capacidad de los ciudadanos, organizaciones sociales y medios de comunicación para vigilar e interpelar a organizaciones gubernamentales y funcionarios—, por lo que es necesario que ambas actúen contundentemente para lograr instituciones más eficaces.
La rendición de cuentas ha avanzado en la conformación de suficientes instrumentos jurídicos que sustenten su función. También en la creación de instituciones con capacidades técnicas para realizar trabajos de auditoría, fiscalización, monitoreo y evaluación eficaces. El concepto de rendición de cuentas ha avanzado en la dirección adecuada hacia convertirse en una política de Estado insustituible.

[email protected]

 

En días pasados la Auditoría Superior de la Federación tuvo el honor de ser anfitriona de la Décima Conferencia Conjunta entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) y la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Eurosai), Eurosai, que respectivamente conforman el bloque de entidades superiores de fiscalización de América, y de Europa; además asistieron representantes de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe (Carosai), y de otros miembros importantes de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), como las delegaciones de Estados Unidos y Arabia Saudita.
En suma, los días 9 y 10 de julio, recibimos alrededor de 100 representantes de 50 países. Estos encuentros de cooperación internacional, en los que México ha asumido una posición cada vez más prominente, se basan en dos premisas: la primera, que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tienen una incidencia significativa en la gestión pública integral, en sus respectivos países; esto es, que la adecuada fiscalización y rendición de cuentas es un componente esencial de la calidad del gobierno y la calidad de la democracia en general. La segunda, que muchos de los retos que enfrentan las auditorías han adquirido un cariz complejo y global, de modo que se requiere de la cooperación inteligente y el aprendizaje acumulado conjunto de las EFS para hacerles frente de manera exitosa.
En la conferencia tuvo un lugar importante el tópico de la reacción estatal a las emergencias, con especial énfasis en las situaciones catastróficas. Nuestro país tiene un cúmulo de experiencias valiosas y memoria institucional al respecto, pues desgraciadamente una parte importante del territorio nacional es vulnerable a fenómenos naturales como sismos y huracanes, algunos de los cuales han dejado pérdidas de vidas humanas (el daño principal, siempre) y daños materiales considerables. Esto ha requerido de una respuesta cada vez más eficaz y coordinada de todas las instituciones del Estado y la sociedad, que, en su conjunto, han reconstruido de forma resiliente y admirable el tejido social y la vida económica en todos los territorios donde las fuerzas de la naturaleza han desatado su poder. Pero no es un problema exclusivo de algunos países. De hecho, en el año 2023, las tormentas eléctricas fueron el fenómeno que causó más daños a nivel global, con una estimación de cien mil millones de dólares totales, y con una bandera roja clara de que el cambio climático es una realidad palpable y su mitigación una necesidad apremiante.
Ahora bien, las EFS tienen, en estos escenarios, una responsabilidad que no puede detenerse, e incluso debe redoblarse, puesto que, también por desgracia, las acciones de emergencia requeridas para superar la crisis aumentan los espacios de discrecionalidad, vulnerabilidad y potencial manejo irregular de los recursos públicos. Siempre en el marco de las atribuciones de las EFS, y acorde con el marco legal de cada país, las situaciones de excepción cambian, pero de ninguna manera anulan el deber de velar por el uso eficiente y legal del dinero de la gente. La acción pública de fiscalización, también en estos casos, debe ser correctiva, pero sin dejar de lado el aspecto preventivo, que es el más impactante en la mejora permanente de las instituciones públicas para llegar a un punto de equilibrio de alto desempeño y gobernanza democrática. Celebramos los resultados exitosos de la Conferencia Conjunta Olacefs-Eurosai, y desde la Auditoría Superior de la Federación, seguiremos activos en la elaboración de instrumentos cada vez mejores para la fiscalización, y en la coadyuvancia para la elaboración de políticas públicas transversales que resulten, finalmente, en el desarrollo continuo y permanente de nuestra labor auditora.

[email protected]

 

 

Las instituciones son, en buena medida, marcos de referencia correlativos a las características de una visión, o una época. Están sujetas a la influencia de características sociales, políticas y económicas de su tiempo. Por esta razón, también las organizaciones y fuerzas que les dan sentido práctico son sujetos del cambio permanente o de la necesidad de cambio constante.
Su proceso puede ser —en mayor o menor medida— resultado de las exigencias ciudadanas, de la mayor complejidad de los asuntos a los que se enfrentan, o de macroprocesos políticos en los que la totalidad de las instituciones experimentan cambios y modernización; por ejemplo, en ocasiones la economía ha determinado el cambio abrupto de la política, como ocurrió en la década de los ochenta en casi todo el mundo occidental, debilitó las economías de los países subdesarrollados “del tercer mundo”.
Esta tesis sobre el cambio de las instituciones ha sido objeto de análisis desde las ciencias sociales a partir de diferentes enfoques. Destaca el del institucionalismo histórico, que se concentró sobre todo en grandes procesos de cambio en los que el proceso de ruptura y generación institucional son acentuados. En contraparte, si se analiza el cambio institucional, bajo el argumento de Elinor Ostrom de que las instituciones “existen en niveles múltiples que se relacionan”, entonces también son relevantes los cambios a nivel micro y al interior, es decir, el cambio organizacional.
Un proceso de cambio ilustrativo ha sido la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en un primer momento y de tecnologías alternativas y de última generación recientemente al funcionamiento de las instituciones públicas.
El cambio fue de tal magnitud que hoy, la tecnología está presente en todo el ciclo de las políticas públicas; y en funciones como la administración de la información; la creación de datos abiertos; el análisis de datos en grandes volúmenes para la toma de decisiones (Big Data); la orientación para trámites y servicios, etc. Es decir, las instituciones tuvieron que reconocer el valor público del uso de tecnología y avanzar hacia su incorporación en el desahogo de las tareas cotidianas e incluso especializadas de las organizaciones públicas.
El cambio tecnológico actual, caracterizado por la transformación digital, es simultáneo a la formación de nuevos conceptos como el de gobierno abierto y gobernanza para describir nuevas tendencias de la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno. Destaca que este proceso de cambio en las instituciones sea coincidente con sociedades más y mejor informadas y la participación de más actores en los asuntos públicos, llámese organizaciones sociales u otras. Esto es importante porque el uso de herramientas tecnológicas tiene la finalidad de generar mayor involucramiento en las tareas de gobernanza.
A partir de la propuesta para la implementación de transparencia, datos abiertos, visualización y mapeo de éstos, la tecnología cívica se ha convertido en un catalizador del cambio institucional y de la rendición de cuentas, como es el caso de la app ciudadana de la Auditoría Superior de la Federación, que proporciona información de las auditorías realizadas en el país en cada Cuenta Pública, con los resultados de la fiscalización de los recursos de origen federal.
Todos estos nuevos enfoques e instrumentos tienen la finalidad de lograr mejores instituciones, que respondan eficazmente a las necesidades de la fiscalización superior y entreguen resultados positivos, oportunos y preventivos a la luz del objeto para el que fueron creadas. En el caso de función democrática de rendición de cuentas, el rol de la tecnología cívica representa un complemento para optimizar el universo de la fiscalización.

[email protected]

 

Las sociedades democráticas tienen como una de sus bases el que el ejercicio de gobierno está sujeto a procesos de rendición de cuentas. Es decir, a la posibilidad de todos de conocer y evaluar las acciones realizadas por los entes gubernamentales, bajo el supuesto de que el arbitrio de las y los servidores públicos está limitado o controlado por el marco legal y las responsabilidades dadas por sus propias funciones. Por ello, la rendición de cuentas es un imperativo democrático que posibilita regir al ejercicio de gobierno a la revisión de la gestión, a la evaluación de los objetivos cumplidos, a la prevención de omisiones, e incluso a la definición de procesos de sanciones en el caso de presencia de irregularidades o actos de corrupción.
El cambio de paradigma de los regímenes democráticos en el mundo fue de modelos burocráticos hacia esquemas de gobernanza democrática. Esta transición fue sobre todo a partir de cambios sociales y políticos que impulsaron una agenda centrada en la revalorización de la sociedad como agente participativo de la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Justo en ese contexto, la rendición de cuentas es una herramienta de la gobernanza democrática para colocar márgenes de responsabilidad de los servidores públicos y con ello combatir de manera afectiva la comisión de actos irregulares en la gestión de los recursos públicos.
Sobre el concepto de rendición de cuentas, es importante señalar que incluye dos vertientes. La primera es la obligación del servidor público de reportar y justificar sus acciones, sobre todo por el carácter público de sus funciones y el impacto de sus decisiones sobre las personas en general. La segunda es la posibilidad que genera para sujetar dichas actuaciones a un marco sancionatorio en el caso de irregularidades.
Sobre esta discusión teórico-conceptual tuve la oportunidad de exponer y abundar en el 2° Congreso Internacional Sobre la Administración de los Tribunales de Justicia organizado por el Poder Judicial del Estado de México. Ahí señalé el emparejamiento del principio de rendición de cuentas y la utilidad funcional de la fiscalización superior, sobre todo por la máxima democrática de que, finalmente, el pueblo en su carácter de mandante tiene el derecho de conocer los resultados de la gestión gubernamental. Por ese razonamiento, la rendición de cuentas –efectiva a partir de los procesos de fiscalización– es fundamental para el mejoramiento de la gestión de los asuntos públicos y demuestra su altísimo valor social.
En México hemos logrado avances en la materia a partir de reformas legislativas coincidentes con el mayor involucramiento de la sociedad en la evaluación de la gestión gubernamental. Desde que se instituyó en el año 2000 la Auditoría Superior de la Federación con esta denominación, se ha encaminado correctamente hacia la ampliación del universo auditable y el mejoramiento de las atribuciones necesarias para robustecer el ejercicio de fiscalización y evaluación de la gestión y ejercicio de los recursos públicos. Es un esfuerzo del Estado mexicano por lograr mejores relaciones entre sociedad y gobierno, mayor eficacia de los programas y políticas públicas, prevención y combate de problemas como la corrupción, mejoras continuas en la gestión pública y promoción de integridad públicas en la totalidad de las instituciones públicas.
Por ello, la rendición de cuentas y la función de fiscalización superior son un binomio fundamental para la gobernanza democrática. Desde su análisis y propuesta de fortalecimiento se podrá reforzar la confianza institucional y la generación de valor colectivo. En el corto plazo es relevante que los ejercicios de rendición de cuentas apuesten más por la utilización de nuevas tecnologías.

[email protected]

 

La presencia del Estado en la administración pública es lo que posibilita la implementación de programas y políticas, que a su vez es la primera línea de garantía de los derechos sociales; servicios públicos (por ejemplo, salud y educación); el mantenimiento del orden y la inversión en infraestructura para el crecimiento y desarrollo. Por estos objetivos, el rol que desempeña la administración pública –en todos sus niveles– es fundamental para la racionalidad del Estado como organización política y el bienestar de la población. Las funciones de la administración pública dotan de un sentido funcional al Estado, por lo que su actuación bajo ciertos principios posibilita relaciones de colaboración, cooperación y orden entre la sociedad.
La importancia de contar con una administración pública eficaz para la gestión de los asuntos públicos para obtener buenos resultados para la sociedad. Esto se destaca en el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio), fecha fijada por la Asamblea General de la ONU para estimular y celebrar el valor de los servicios públicos y destacar su contribución en el desarrollo individual y colectivo. Además, es un recordatorio anual, pertinente para reconocer la necesidad de modernización de las administraciones, la orientación hacia resultados, la conformación de esquemas profesionalizantes y de innovación para la mejora continua.
Destaco esta conmemoración porque en el caso de México, mediciones como la de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el estudio Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sugieren una mejora gradual de la confianza ciudadana en los gobiernos y por tanto en las administraciones públicas. La ENCIG en su edición 2023, publicada en marzo de 2024, arroja que algunos de los servicios públicos con mejores registros porcentuales del nivel de satisfacción general son la educación pública universitaria (81.6 por ciento), la energía eléctrica (78 por ciento), la educación pública de primaria a bachillerato (71 por ciento) y el agua potable (50.7 por ciento).
El escenario que plantean los datos demuestra el valor dado a las funciones vinculadas con la satisfacción de necesidades individuales y de los hogares en México. Además, el documento de la OCDE señala una mejora sustantiva –para el caso de México– en la confianza en el gobierno federal, que pasó de 41 por ciento en el año 2008 a 53 por ciento en 2022. Las explicaciones pueden ser diversas, sin embargo, muchas de ellas están relacionadas con el nivel de satisfacción que los ciudadanos experimentan al momento de relacionarse con las administraciones públicas en trámites y servicios, así como la atención a través de programas sociales y políticas públicas.
En el plano internacional son varios los esfuerzos institucionales por mejorar el desempeño de la acción de gobierno. Hay un consenso sobre la relevancia que tiene la actuación de la administración pública en la consecución de objetivos de la más alta importancia y, por tanto, de la necesidad de que sean espacios de innovación y modernización permanente. En consecuencia, si los problemas públicos cambian, entonces las organizaciones de la administración pública deben ser –como se argumenta desde Naciones Unidas– receptivas y adaptativas de las nuevas necesidades. Esta tesis sugiere que las administraciones deben generar esquemas de autoevaluación y también de vinculación con las entidades de fiscalización y evaluación externa para mejorar procesos, políticas, programas, trámites y servicios.
Si las administraciones públicas conforman dinámicas virtuosas para fortalecer sus áreas de mejora, entonces su actuación en la atención de las necesidades sociales será más eficiente.

En memoria de Margarito David, mi padre.

El poder público en los sistemas democráticos, en los gobiernos del pueblo, delega su soberanía en distintos poderes y órganos constituidos, a partir de consideraciones funcionales; es decir, para que el Estado sea un aparato eficaz que convierta las demandas sociales en acciones orientadas al bienestar general. De tal suerte que las funciones legislativas y ejecutivas están –aunque diferenciadas– relacionadas entre sí, y de hecho la relación entre poderes es uno de los aspectos fundamentales de regulación en la parte orgánica de todas las constituciones. Más en un país federal como el nuestro.
El diseño institucional de los regímenes políticos en América Latina, en buena medida herencia del presidencialismo norteamericano, y con alguna influencia del parlamentarismo inglés, ha incluido la conformación de espacios en los que el legislativo y el ejecutivo cuentan con mecanismos formales para su mutua observación y control. En esta dinámica, los controles del parlamento –dada su integración por representantes populares– son determinantes para la rendición de cuentas.
Tras los procesos de transición democrática en América Latina, los Congresos y Parlamentos han experimentado cambios importantes, orientados hacia consolidar la agilidad legislativa, la transparencia y la fijación de procesos de rendición de cuentas horizontales.
Estas nuevas relaciones entre las funciones del Estado parten del supuesto de que la rendición de cuentas incide en la obtención de mejores resultados. Justo en este supuesto, las atribuciones de fiscalización superior, son una herramienta de dos vías: primero, para orientar la relación entre poderes hacia el control del ejercicio de los recursos públicos, y la generación de insumos para las tareas de control parlamentario y de creación de leyes.
Por ello es sano valorar la importancia de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) en su relación con otros entes públicos, fundamentalmente con los actores parlamentarios.
Recientemente, las EFS miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) tuvimos una reunión con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde, tuvimos la oportunidad de exponer las fortalezas de establecer una relación dinámica y colaborativa plena entre las EFS y los legisladores, considerando la relevancia del proceso de difusión de los resultados de la fiscalización, ponderando la prevención, dado que son electos por el pueblo.
A mayor abundamiento, dada la facultad legislativa de aprobar el presupuesto de egresos, comúnmente atribuida a la Cámara Baja en varias legislaciones de América Latina. Los resultados de la fiscalización superior son un insumo indispensable para diseñar presupuestos basados en resultados.
Al ser las EFS un actor importante en la división funcional clásica del poder del Estado. Por tanto, la fiscalización superior –como se ha planteado en el Seminario Internacional organizado por la Olacefs y el Parlatino– es un espacio natural de optimización de la relación colaborativa entre EFS y Parlamentos.
Tras la reunión con el Parlamento Latinoamericano, así como el diálogo sostenido sobre experiencias y buenas prácticas en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las EFS y los parlamentos de países como Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, etc., quedó de manifiesto la necesidad de cuidar y fortalecer los canales de comunicación institucional, facilitar el acceso a la información derivada de la fiscalización, y diseñar agenda conjuntas o vinculadas para beneficio popular.
Esta colaboración entre parlamentos y entidades de fiscalización superior contribuye a un mejor entendimiento y el aprendizaje de las mejores prácticas parlamentarias y fiscalizadoras.

[email protected]

 

La gestión del conocimiento en las organizaciones públicas del Estado requiere de herramientas e instrumentos suficientes para procesar la información que se genera permanentemente. Por ello, la definición de procesos es trascendental para alcanzar los objetivos institucionales. Actualmente, dichos procesos también pueden desarrollarse con el auxilio y utilización de innovaciones tecnológicas tales como la digitalización, el uso de inteligencia artificial y el Big Data. La tecnología puesta al servicio de las instituciones facilita la gestión del conocimiento, el cumplimiento de metas y la obtención de resultados positivos en función de los mandatos legales.
Para el caso de las entidades de fiscalización superior, las innovaciones tecnológicas tienen un impacto directo en el desahogo de los trabajos de auditoría. Sobre todo, por los grandes volúmenes de información, las metodologías basadas en los análisis de datos y la celeridad con la que –prácticamente en todo momento– se genera información. Ante este escenario institucional y con el propósito de mejorar los mecanismos y herramientas de la que disponen las EFS para gestionar el conocimiento, instancias como la OLACEFS son clave.
Estos organismos multilaterales son importantes para generar capacidades institucionales en las EFS, entre otras cosas, en lo relacionado al uso de tecnologías, el fortalecimiento de la digitalización e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Justamente en la 78 del Consejo Directivo de la Olacefs, ocurrido en Panamá –en donde también nos reunimos con el Parlamento Latinoamericano–, se resaltó la importancia del desarrollo de herramientas tecnológicas que incidan en la eficacia, eficiencia y economía de la función de fiscalizadora de las instituciones. La inversión en tecnología ha demostrado ofrecer resultados positivos para la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La región de América Latina y el Caribe debe avanzar en la dirección de cooperación y colaboración –sobre todo de aquellas entidades de fiscalización con mayor experiencia en el desarrollo de herramientas para la gestión del conocimiento a partir de tecnología– para el desarrollo de proyectos tecnológicos y digitales, A propósito, destacan las aplicaciones como las auditorías de tipo Colmena que desarrollamos en la ASF, etcétera.
Para el caso de México, en la Auditoría Superior de la Federación se han desarrollado diferentes proyectos de tecnología pública. Destacan el desarrollo de auditorías digitales y la creación del Buzón Digital. Ambas herramientas dejan de manifiesto la valía de la tecnología en el contexto actual del mundo. Uno caracterizado por la distribución de información a través de canales digitales y, sobre todo, la generación de información constante.
En el corto plazo, los acuerdos establecidos tras la última reunión del Consejo Directivo de la Olacefs se han aterrizado en acuerdos de colaboración en materia tecnológica entre las Entidades de Fiscalización Superior de la región. Las materias de fiscalización en las que se requiere de mejoras son numerosas: por ejemplo, la vinculación de la fiscalización con las tareas de contención de cambio climático, sobre todo a partir del análisis de los datos sobre auditorías de acción gubernamentales medioambientales para la concientización de la sociedad. Esto requiere de administración y análisis de información para orientar la acción ciudadana en favor del medio ambiente.
En el corto plazo, lo aprendido a nivel regional también tiene aplicabilidad a nivel local, por ello es deseable que otra de las áreas de colaboración entre la ASF y los entes del estado que tienen repositorios de información valiosos para la fiscalización como el SAT, sea precisamente lo tecnológico y el desarrollo de aplicaciones de IA para mejorar procesos, gestionar el conocimiento y ofrecer mejores resultados a la sociedad.

[email protected]

 

No somos muchos los países federales en el mundo, en AL somos cuatro, a saber, Argentina, Venezuela, Brasil y México, tenemos tres órdenes de gobierno y existen arreglos institucionales basados en la distribución de facultades, funciones, atribuciones y competencias. Hay materias en los que la Federación, los estados y municipios son concurrentes, (como el caso de la seguridad pública, la salud o el equilibrio ecológico) en la que se definen esquemas y mecanismos de coordinación para la consecución de objetivos comunes. Es muy relevante la concurrencia hacendaria. Es decir, el orden tributario y la definición del gasto público que los gobiernos tienen a su cargo.
Desde los años ochenta contamos en México con un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que en el tiempo tiene un balance positivo y ha avanzado en la distribución más equitativa de la recaudación nacional; el mismo descansa fundamentalmente en el esfuerzo recaudatorio del gobierno federal y son pocos los estados que recaudan parte importante de sus ingresos totales.
Sobre esto, dada la relevancia de las intervenciones gubernamentales a nivel local, por ejemplo, por el ejercicio del gasto en cuestiones relacionadas con servicios básicos (definidos en el artículo 115 constitucional) en los municipios, México tiene un modelo de federalismo hacendario que pretende facilitar una distribución de los recursos ágil y óptima, sin dejar de lado la fiscalización, y potestades tributarias entre los tres órdenes de gobierno. Este esquema ha permitido a los estados y municipios contar con mayores recursos y cierta libertad en la asignación del gasto en sus presupuestos respectivos sin detrimento de la coordinación con los órdenes estatal y federal.
Es importante destacar que la operación efectiva de los tres órdenes de gobierno, destacadamente en el orden fiscal, es de gran relevancia, la importancia surge del supuesto de que la integración de lo local tiene una valía incalculable para la integración de los tres órdenes de gobierno. En consecuencia, es indispensable integrar a los gobiernos subnacionales y locales, a los procesos de planeación, coordinación para el gasto y la evaluación. De ahí que los avances –desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días– en la materia hacendaria, permiten dilucidar algunos de los retos más importantes para seguir –en línea ascendente– con la mejora y modernización del federalismo fiscal.
Nuestro modelo tributario esta centralizado en el esfuerzo recaudatorio por parte del gobierno federal, sin embargo, con la Colaboracion Administrativa en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se han dado resultados importantes, por supuesto diferenciados por las condiciones de desarrollo o de pobreza de los entes subnacionales y locales.
Repensar el reparto hacendario ha permitido, desde finales de los años 80, crear instituciones, mejoras legislativas y mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios. Es el caso de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Para el éxito de estos proyectos e iniciativas se requiere de profesionales con un enfoque compartido basado en conocimientos técnicos hacendarios, y la visión de que el desarrollo local, importantísimo, está condicionado por el funcionamiento adecuado de las relaciones intergubernamentales y el federalismo hacendario. Solamente con un reparto adecuado y el fortalecimiento de las haciendas públicas en estados y municipios podrá lograrse el desarrollo local sostenible con cierto grado de autonomía local.
Por ello, destaco el actual proceso de modernización y mejora del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). Esta organización, creada en el contexto de la III Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales de las Entidades Federativas y del Gobierno Federal en 1973 como un organismo de todas las partes integrantes de la Coordinación Fiscal Intergubernamental, ha aportado en la promoción e incremento de capacidades técnicas de los organismos encargados de la administración de las haciendas públicas en las entidades federativas y municipios. Su proceso de mejora continua tiene incidencia positiva en el mejor funcionamiento del federalismo hacendario a partir de la eficiencia en la administración subnacional. A propósito, destaco la cercanía institucional del Indetec con la Auditoría Superior de la Federación que, dicho sea, también incide en el fortalecimiento de un federalismo hacendario corresponsable y real.
En el mundo se ha revalorizado el nivel local de gobierno. Incluso en la planeación de objetivos, compromisos y actividades de la Agenda para el Desarrollo Sostenible se cuenta con un grupo de trabajo de gobiernos locales y regionales.

[email protected]