El federalismo es un principio básico de la historia de México, es un modelo de Estado que compartimos más de 25 países en el mundo, cuatro en América Latina, destacando Brasil, más Estados Unidos y Canada. Los países federales son asimétricos en sus composiciones, y es una lista heterogénea en casi todos los aspectos, excepto en una manera particular de división política. En la lista encontramos, además de México, a Australia, Canadá, Brasil, Rusia, Suiza, Pakistán, los Emiratos Árabes, la India, o Estados Unidos de América, esto es los países mas grandes territorialmente.
El modelo federal da cauce a la representación democrática plural de una federación y entidades federativas, brindando legitimidad territorial a los gobernantes locales, que conocen mejor las necesidades de su localidad. Implica también una corresponsabilidad entre lo central y lo local, la cual parte de la dimensión fiscal y recaudatoria.
El órgano constitucional establecido como entidad superior de fiscalización en México, es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las atribuciones legales en materia federal de rendición de cuentas, la organización interna para la operatividad de los distintos tipos de auditoría (gasto federalizado, cumplimiento financiero, desempeño, seguimiento, informes e investigación) y el hecho de que sea un órgano técnico de la Cámara de Diputados, hacen a la ASF la dependencia constitucional de esa importante responsabilidad.
Ello no obsta para que se establezcan vínculos de colaboración con otras entidades fiscalizadoras locales, en el marco de la distribución de competencias que determina la ley, en la cual se reserva la fiscalización federal a la ASF. Es así como el 30 de abril de 2024, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. (Asofi), la cual es una es una organización presidida por la Auditoría Superior de la Federación y conformada por las treinta y dos Entidades de Fiscalización Superior de las legislaturas locales de la República Mexicana.
La Asofi es un espacio de fortalecimiento de capacidades desde la federación, a través de la ASF, hacia lo local, de ahí la suscripción del convenio de colaboración con los Titulares de once Entidades de Fiscalización Locales de las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Se trata de una primera etapa a la que se irán sumando paulatinamente nuevas auditorías locales.
En este marco la ASF comparte las buenas prácticas que la han convertido en una institución punta de lanza a nivel regional, y se abre la posibilidad de desarrollar programas y acciones en materia de capacitaciónespecializada, que pueden ser sumamente enriquecedoras y provechosas para las entidades de fiscalización a nivel estatal, fortaleciéndose la innovación tecnológica, la capacitación de alto nivel y la simplificación de procesos.
La modernización plena, acompañada de la ética y la profesionalización técnica, debe ser el sello de cualquier dependencia que pretenda coadyuvar a una fiscalización fuerte, objetiva, apartidista y transparente.

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Los cambios en la economía global devienen en transformaciones políticas y sociales. Actualmente destaca que la llamada economía de la innovación, al incorporar cada vez más procesos de automatización en las industrias y la utilización de Inteligencia Artificial (IA), que implica una revisión del futuro de las diversas profesiones y trabajo.
Y he comentado lo escrito por Jeremy Rifkin y el economista Robert Heilbroner en su prólogo al libro del primero, El fin del trabajo, lo cual obliga a revisar el futuro del empleo, nuevas actividades para aquellas que desplaza la nueva tecnología, obviamente genera cambios inevitables en los mercados de trabajo.
Por supuesto que las nuevas tecnologías, incorporan cambios, pero no suponen automáticamente riesgos alarmantes, por un lado surge la necesidad de nuevos empleos, a veces incluso en mayor medida que los que se extinguen. Ello no obsta para señalar la persistencia de los problemas estructurales del trabajo en el mundo: la precarización de las condiciones laborales, la alta tasa de informalidad y la baja capacidad para sostener a un ritmo constante la oferta de empleo.
Nuevamente la desigualdad y la pobreza.
Sobre esto destaca el libro El trabajo ya no es lo que fue. Cómo pensarlo de nuevo en un mundo que cambió de Alain Supiot, en el que refiere la necesidad de discutir las transformaciones de la actividad laboral colocando en el centro a las personas. Esto significa que los gobiernos, en tanto principales actores en la formulación de políticas públicas, deben de considerar tener programas para asegurar la protección frente al desempleo y la formación permanente de los trabajadores. Es decir, reconocer que los retos en el mundo del trabajo están directamente vinculados con el nivel de satisfacción de las necesidades mínimas de las personas y sus posibilidades de desarrollo en el trabajo.
Por su parte, el informe de la OCDE Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market destaca la alta probabilidad de impacto en los espacios laborales por la incorporación de herramientas de IA. Algunos cambios ya son visibles, desde la automatización virtual mediante robots y bots hasta la configuración de economías caracterizadas por la digitalización de las relaciones laborales.
Para el caso de México, las tendencias de la economía global tienen un impacto diferenciado por la orientación económica regional y la trayectoria nacional como una economía emergente que podrá beneficiarse del proceso de relocalización de procesos o cadenas productivas (nearshoring).
Sin embargo, los riesgos por la sustitución de fuerza de trabajo, la reducción de espacios laborales y el impacto en la calidad del empleo, están presentes. Al respecto, el Seminario sobre Trabajo y Desigualdades de El Colegio de México publicó el documento El futuro del trabajo en México, el cual presenta algunas de las repercusiones heterogéneas en lo laboral a partir del cambio tecnológico. Destaca el rol del Estado en la formulación de políticas públicas diferentes, para enfrentar eficazmente los cambios de la economía global a través de medidas de política social, nuevas regulaciones laborales en la economía digital y capacitación o formación para los nuevos entornos laborales.
Para garantizar que las personas accedan a empleos, y además cuenten con estabilidad laboral y con mecanismos para enfrentar la inestabilidad propia de los mercados de trabajo contemporáneos, es necesario que los países modelen políticas activas y pasivas de empleo, las cuales incidan directamente en el trabajo, con mejores condiciones laborales. En ello es útil una presencia sólida de las instituciones dedicadas a la fiscalización superior, por ejemplo, en el uso de las auditorías del desempeño.

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La Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-COP28, celebrada el año pasado, demostró la relevancia dada al asunto medioambiental en la agenda internacional. La edición de 2023 de este mecanismo de cooperación, integrado en el sistema de Naciones Unidas, partió del supuesto de que la Tierra enfrenta una crisis climática que avanza a gran velocidad.
La COP28 es una de las conferencias sobre cambio climático más importantes pues definió las bases para renovar los compromisos multilaterales para el control del cambio climático y advirtió que los esfuerzos, acciones y omisiones de los Estados tienen consecuencias directas con la propia supervivencia en el planeta. En este sentido, destacan algunos datos que sugieren la situación crítica en materia climática: según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el mundo podría alcanzar –hacia finales de siglo– un calentamiento de entre 2.5 °C y 2.9 °C; por otro lado el Informe sobre la Brecha de Adaptación muestra que los países no invierten lo suficiente para prepararse resilientemente contra las consecuencias de los fenómenos naturales vinculados con el cambio climático.
Aunque el problema del cambio climático es un asunto global, hay variación en el nivel del impacto de sus consecuencias. Las sequías afectan en diferente magnitud a los países con economías diversificados y a aquellos que sostienen economías primarias o dependientes de actividades como la agrícola. Esto significa que el cambio climático es un problema que está correlacionado con el incremento de las desigualdades y la pobreza globales. Otro evento reciente fue la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), realizada en marzo de 2024, la cual reafirmó la necesidad de un esfuerzo colectivo hacia la sostenibilidad –incluidos los sectores productivos y de extracción de recursos– con la consideración de que, según el Panorama de los Recursos Globales 2024, los países ricos consumen seis veces más recursos y generan diez veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo.
La COP28 y la UNEA-6 son espacios de diálogo y acuerdo multilateral que motivan a la comunidad internacional a renovar esfuerzos, explorar áreas de oportunidad e incrementar la innovación en la formulación de políticas públicas para el control del cambio climático. En este contexto la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) ha recibido con entusiasmo la iniciativa ClimateScanner propuesta por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU – Brasil), en calidad de presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
El proyecto tiene por objetivo lograr que las entidades fiscalizadoras de todo el mundo promuevan la evaluación global de acciones gubernamentales relacionadas con el control del cambio climático. Parte del supuesto de que los procesos de fiscalización, auditoría y evaluación son sustantivos para lograr que las acciones gubernamentales cumplan satisfactoriamente con los criterios de economía, eficacia y eficiencia. Esto es, notoriamente necesario, si se considera que el cambio climático es un asunto que requiere de las mejores intervenciones públicas.
Al respecto, destaco que la Olacefs es la primera región en recibir el Taller Regional ClimateScanner. La Auditoría Superior de la Federación ha fungido como sede de este importante punto de partida y el taller, desarrollado desde el 22 hasta hoy 26 de abril de 2024, el cual ha significado un espacio relevante para gestionar la respuesta de la fiscalización super para enfrentar el cambio climático.
El taller celebrado en Ciudad de México para la región de Olecefs y los talleres posteriores que se llevarán a cabo de manera presencial en todas las regiones de la Intosai, serán provechosos para establecer un instrumento de evaluación y monitoreo sistemático de las acciones gubernamentales relacionadas con el cambio climático.

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El año pasado fue el más caluroso del que se tenga registro de acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos de la OMM registró dos temperaturas extremas de 48 grados Celsius en 1977 para las ciudades de Atenas y Eleusis en Grecia, y en 2021, 48.8 en Sicilia, Italia. En nuestro continente, el 16 de marzo de este año de 2024, Río de Janeiro registró una temperatura máxima en algunos puntos de 50 grados centígrados. El calentamiento global es una realidad y los esfuerzos de los países para su mitigación, requieren de la participación de toda la sociedad, en sentido amplio, incluyendo a los gobiernos, las agencias internacionales y las grandes empresas transnacionales y nacionales.
Las consecuencias del cambio climático son diversas: van desde la extinción de flora y fauna hasta el escalamiento de fenómenos como los cultivos que se ven afectados al reducirse las áreas cultivables y la ganadería ve afectadas sus áreas de pastoreo. Al respecto, el informe Groundswell del Banco Mundial 2021, señala al cambio climático como un factor de la migración y pronostica que las altas temperaturas podrían provocar el desplazamiento de 216 millones de personas de seis regiones del mundo para el año 2050. Está bien, sin embargo considero que la migración se ha multiplicado fundamentalmente por la pobreza extrema en vastas regiones del planeta. La falta de empleos, por momentos la violencia, esto es la delincuencia y las guerras internas y entre países.
Por otra parte, el Banco Europeo de Inversión realizó en el año 2023 una encuesta entre 10 mil 500 personas de 13 países de América Latina (entre ellos México), a fin de conocer su opinión con relación al impacto del cambio climático y acerca de las políticas públicas que sus gobiernos deben adoptar ante este fenómeno.
La desigualdad es un factor fundamental para las migraciones, así repito, como la pobreza extrema. Las guerras vaya que impactan el cambio climático, veamos lo que pasa en los dos grandes conflictos en el Mundo, de hoy día, Ucrania y Medio Oriente.
Estas migraciones masivas tienen desde mi punto de vista, algún impacto por el cambio climático, como inundaciones, tornados o desgajamiento de cerros, pero fundamentalmente por la pobreza de una parte importante de la población mundial. El año pasado las inundaciones en Libia causaron más de 10 mil muertos, así sucede con los sismos, en países como Haití y los mismos en Marruecos y Siria.
El reto es reducir la pobreza y más la pobreza extrema, la estructura mundial de desigualdad, invertir recursos para mejorar la infraestructura y fortalecer la ayuda internacional para el desarrollo de los países pobres.
Po eso, desde nuestra esfera de competencias, la labor de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) es fundamental fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos y a través de las auditorias del desempeño, sugerir mejores políticas para el desarrollo igualitario de la sociedad. En la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, bajo el impulso de la Auditoría Superior de la Federación, realizamos un estudio para conocer los avances en materia de cambio climático, en el que participaron las Entidades de Fiscalización Superior de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los resultados muestran entre otras conclusiones, que la capacitación, profesionalización y cooperación entre las EFS es fundamental para enfrentar un problema global.

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El cambio climático ha provocado que la temperatura a nivel global haya aumentado. Las consecuencias van desde sequías prolongadas, huracanes, deshielo de glaciares, inundaciones, etcétera.
La sequía puede ser un factor de migración, y los grandes desplazamientos tienen efectos en el desarrollo urbano, los mercados inmobiliarios y hasta en las proyecciones del sistema financiero internacional, y la certidumbre crediticia de los bancos. No es asunto menor.
Dentro de las prioridades intra sistémicas del clima como problema, el manejo y cuidado del agua está volviéndose, cada vez más, un tema central. De acuerdo con datos del Inegi, en 2022 en 31 estados de la República, la sequía fue el principal factor de pérdida para las unidades de producción agropecuaria activas del país; ese mismo estudio indica que de los factores climáticos asociados con el agua, la sequía fue el factor de daño fundamental en casi todos los estados, salvo Tabasco, que tuvo problemas por inundaciones.
En 2016, con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), el 7 por ciento de la población mexicana no recibía agua en tubería y debía de conseguirlo por otros medios; por otra parte, datos de 2021 del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, indicaron que un 0.4 por ciento no recibía agua de la red pública. Esa misma encuesta mostró que el 19.2 por ciento de la población no contaba con acceso al servicio de drenaje y alcantarillado. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el número 6 es agua limpia y saneamiento. Esto significa que los Gobiernos deben implementar programas enfocados con la consecución de ese objetivo.
En la Declaración de Punta Cana de 2016, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) adoptamos los principios y compromisos para la implementación, desarrollo y fortalecimiento de la participación ciudadana, como requisito determinante de legitimidad en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que componen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y entre estos, como he dicho, se encuentra el acceso al agua limpia y saneamiento. El Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) 2020 señaló que 25 por ciento de la población en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua potable y 66 por ciento no tienen acceso a al saneamiento del agua.
El Grupo de Trabajo de Fiscalización de Infraestructura de Olacefs ha realizado auditorías coordinadas en infraestructura abordando en ellas proyectos de infraestructura hídrica. Por otra parte, la Comisión Técnica Especial?de?Medio Ambiente?(Comtema)?de la propia Olacefs ha contribuido en la formación del personal en la materia de cambio climático, el año pasado organizaron un taller técnico para debatir sobre la contribución de las EFS al fortalecimiento de las acciones en respuesta a la crisis climática.
En este mismo taller se presentó la herramienta ClimateScanner que lidera el Tribunal de Cuentas de Brasil, y que tiene como objetivo principal el desarrollo de una metodología que permita a las EFS promover evaluaciones rápidas de las acciones de los gobiernos nacionales relacionadas con el cambio climático, en tres ejes: gobernanza, financiamiento y políticas públicas.
Aplicado al tema que hoy analizamos, la Gobernanza del agua implica la participación de Gobierno, Sociedad Civil y Academia en la búsqueda de mejores formas de gestionar este recurso, el cambio climático nos insta a acelerar los esfuerzos cumplir con el ODS 6. Las EFS contribuimos a la fiscalización oportuna de los proyectos de infraestructura y con la evaluación de los programas relacionados con el combate al cambio climático.

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La desigualdad es un tema que preocupa y ocupa a los gobiernos de América Latina, al respecto recuerdo un ensayo que publiqué hace muchos años La Estructura Nacional de la Desigualdad, en un Congreso Nacional de Economistas. Desigualdad y Pobreza son conceptos unívocos: los niveles de pobreza del subcontinente dieron lugar entre otras cosas al surgimiento de la ALPRO en los sesentas con el fin de proporcionar a la población de América Latina, mejoras en materia sanitaria, mejorar el acceso de la población la educación, la vivienda, controlar la inflación (el ladrón de guante blanco), mejorar la productividad agrícola, etc.
América Latina y el Caribe, es una región rica en biodiversidad, agua y recursos naturales, pero también ha sido espacio de la desigualdad. Ha habido avances por supuesto, pero seguimos siendo una región con profundas desigualdades y eso es un detonante para movimientos sociales que buscan solo sobrevivir en medio de la pobreza. La migración es un fenómeno derivado de la pobreza.
El Banco Mundial cuando fue dirigido por Robert Mac Namara –1968 hasta 1981–, se diseñó el llamado enfoque de necesidades básicas, a partir de un análisis de los problemas y decisiones en las soluciones, fomentando un mayor monto de los préstamos en la región, lo cual provocó que muchos gobiernos usaran los préstamos incorrectamente.
Sin embargo, a nivel regional si han existido avances: de acuerdo con la Cepal, la desigualdad se redujo 4.9 por ciento de 2010 a 2020. Luego hubo un decremento por causa de la crisis sanitaria. La pandemia de Covid-19 fue un reto para la sociedad y en la economía mundial, como lo ha indicado la Cepal, que evidenció el impacto que tuvo este suceso en la desigualdad regional. ( “Panorama Social de América Latina y el Caribe)”.
Uno de los datos que arroja esa publicación es que la región durante 20 años ha sido donde más avances en materia de educación han existido, favoreciendo que grupos históricamente excluidos de la educación accedieran a ella y pudieran culminar sus estudios; sin embargo, también fue la que más tiempo no tuvo clases presenciales, lo que derivó en una deficiente formación del alumnado en la región.
En el rubro de pobreza extrema, el estudio indica que la región tuvo un ritmo acelerado de reducción de la pobreza en 2002, y una posterior desaceleración en 2010; además, desde 2017 ha habido estancamiento en la pobreza hasta 2020, donde la irrupción de la crisis de salud mundial tuvo las consecuencias en la economía y la consecuente afectación a la población de la región. Se señala también que, en 2021, la pobreza y la pobreza extrema afectaban de manera diferente a grupos etarios; en primer lugar, afectaba a niñas, niños y adolescentes, casi tres veces más que la población de 65 años y más.
En ese entendido fue que incluso durante el periodo más álgido del confinamiento y el cierre económico, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) continuamos con nuestro mandato constitucional y legal de fiscalizar los recursos públicos. En la Auditoría Superior de la Federación lo resentimos en su momento y en tres meses regresamos al trabajo presencial.
Trabajos como el realizado por la Cepal nos dan un diagnóstico de la situación social en América Latina en el tema de desigualdad y como el trabajo de las EFS sirve para vigilar que las políticas que buscan disminuir la desigualdad y fomentar la inclusión sean eficaces, además de vigilar que los recursos públicos sean invertidos correctamente.
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores han impulsado el uso de auditorías coordinadas para diferentes temas, instrumentos que permiten comunicar a los gobiernos si las políticas que han implementado han tenido un impacto positivo en la población.

Las mujeres son parte de la vida política y económica de los países como son los hombres y todos los seres humanos independientemente de raza, color, origen étnico, situación de discapacidad o minoría a la que se pertenezca.
Las mujeres, no obstante, siguen enfrentando desafíos únicos a nivel global, tales como la lucha por la igualdad de género (en la familia, en el trabajo, en la sociedad) y otros problemas estructurales que en muchas latitudes derivan inclusive en legislación discriminatoria y otras violencias sistémicas. Desde donde sea que estemos, todos estamos obligados a hacer nuestra parte y reconocer lo que podamos mejorar.
Por ello, es un compromiso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en particular, y de las Entidades de Fiscalización Superior en general, impulsar la equidad de género e inclusión como parte de sus políticas torales. Como prueba de lo anterior, en noviembre de 2023, en Lima, Perú, en el marco de LXXVII reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, se crea la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad (CGID). Relacionado con las labores de esta comisión, opera también el Observatorio de Género, Inclusión y Diversidad (GID) de la OLACEFS.
Esto permea, en la labor sustantiva de la fiscalización superior. Al respecto, la OLACEFS ha impulsado Auditorías Coordinadas en materia de Género; este tipo de auditorías nos sirven para identificar con datos objetivos el nivel de implementación y avance de las acciones que una entidad o dependencia de los gobiernos tienen en materia de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género.
El Manual de Auditorías Coordinadas, documento elaborado por la Fuerza de Tarea de Auditorías Coordinadas (FTAC) del Comité de Creación de Capacidades (CCC), establece las etapas de una auditoría coordinada, mismas que deben observarse con la mayor diligencia.
Otro de los trabajos que desarrolla el CGID fue el Taller de Consolidación de Resultados de la Auditoría Coordinada sobre violencia de género, donde el intercambio de experiencias permitió compartir buenas prácticas y hallazgos respecto de las políticas de equidad de género que se implementan en diversos países. Estos talleres permiten analizar los resultados de las auditorías coordinadas, tener parámetros de los avances en materia de equidad e inclusión, además de que nos permite descubrir, analizar e incorporar las políticas exitosas en esta materia. Conocer el estado de las políticas de equidad e inclusión permite a los Estados reforzar sus políticas, modificarlas o mantenerlas, a partir de los resultados objetivos arrojados en la auditoría.
La Comunidad internacional de entidades superiores de fiscalización toma en cuenta experiencias de auditorías emblemáticas de igualdad de género. Estos ejercicios de fiscalización ofrecen información valiosa para fines institucionales, académicos y ciudadanos.
Como considero que igualdad es igual a democracia, en la ASF procuramos tener políticas incluyentes, por ejemplo, en el área jurídica más del 70 de los abogados son mujeres, cada vez hay más funcionarias:, creamos la Unidad de Genero, el número de compañeras ha crecido y tenemos una política de igualdad de oportunidades y reconocimiento a sus capacidades. A nivel federal lo observamos en las titulares de secretarias, organismos descentralizados y en los estados cada vez más gobernadoras y pronto tendremos a nuestra primera presidenta de la Republica. El día de la mujer es hoy, pero debería ser siempre.

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Una parte importante de la gran disrupción digital de las últimas décadas, que ha permitido a los teléfonos inteligentes realizar cálculos y comandos que antes solo eran posibles con el uso de supercomputadoras, tiene que ver con la capacidad de procesamiento y la posibilidad de almacenamiento digital de datos. Concretamente, hoy en día se procesan grandes cantidades de datos e información como nunca en la historia, conduciendo a lo que se llama Big Data.
El pasado 20 de febrero, informamos que en la Cuenta Pública 2022 realizamos 1359 informes de Auditoría; el mayor número de informes que se ha presentado. Ello es posible gracias al reforzamiento de las atribuciones de la Auditoría Suoerior de la Federación (ASF) dando paso, entre otros avances, a las auditorías digitales. Cabe recordar que todas las fuerzas políticas de la Cámara han apoyado las reformas al reglamento de la ASF en beneficio de la fiscalización y sus resultados.
El trabajo de fiscalización superior tiene diferentes etapas: primero la planeación y programación de las auditorías, aquí se definen los objetivos a lograr con las auditorías de la ASF, se seleccionan las entidades y dependencias a auditar y se definen los criterios de revisión. La ejecución de auditorías es la etapa en la que se realizan las auditorías, ya sean financieras, de desempeño o de cumplimiento. Es en este punto donde se analizan una gran cantidad de documentos, algunos en formatos no comunes, como imágenes, y que gracias a la implementación de nueva tecnología hemos podido analizar. Con el análisis de documentación y finalizada la auditoría, se emiten una serie de observaciones a las entidades fiscalizadas. En la etapa de seguimiento se verifica si las recomendaciones se implementaron, lo que llevaría legalmente a la solventación de las observaciones; o en su caso se inician procedimientos de responsabilidad administrativa por alguna posible irregularidad que sea materia de una falta grave en términos de la Ley General de Responsabilidades.
El trabajo del año 2023 nos permitió auditar el cien por ciento de los municipios de algunos Estados, por ejemplo, Nuevo León. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo del personal auditor, de la cooperación de los entes y dependencias auditadas, y del uso de nuevas herramientas y metodologías para la fiscalización superior. Dentro de estas últimas, destaco el uso del Big Data, las auditorias de colmena, y el uso de la georreferenciación.
He dicho en diversas ocasiones que la capacitación del personal auditor es fundamental; por tal motivo, desde el inicio de mi mandato, hemos impulsado la formación de capacidades digitales, con la que el personal se ha ido especializando en tecnologías. Se ha impartido educación continua, usando herramientas informáticas y se ha tomado la experiencia de otras Entidades de Fiscalización Superior para conocer las buenas prácticas. Todo lo anterior nos ha permitido tener expertos que nos ayudan a detectar problemas de magnitud tan importante como, por ejemplo, situaciones de degradación ambiental, y a crear políticas de prevención ante desastres naturales. La tecnología no sólo automatiza procesos, sino que requiere siempre la formación de expertos en interpretación de datos. Los mecanismos de rendición de cuentas se fortalecen con profesionales de excelencia y con tecnología de punta.
El cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal permite constatar que los recursos públicos se eroguen de manera adecuada, a fin de que las funciones del Estado en sentido amplio, por medio de sus poderes, entidades y dependencias, o sus órganos autónomos, se realicen de manera eficaz y eficiente. La comunicación de las acciones que realizamos es importante para hacerle saber a la ciudadanía la labor fiscalizadora que realizamos con ese motivo hemos puesto a disposición la app ciudadana ASF en donde pueden consultarse información sobre las auditorías que el personal auditor ha hecho. Fortalecemos la confianza ciudadana en la ASF con profesionalismo e información accesible para todos.

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La confianza en el buen desempeño de las instituciones es multifactorial; en ello es relevante la eficacia con la que logran sus objetivos y comunican sus acciones a través de sus actos de gobierno.
Dentro de este resultante de fuerzas, los esfuerzos para diseñar, instrumentar y evaluar acciones colectivas son esenciales para el diálogo democrático, como lo es la publicación en cada entrega de informes individuales de Auditoría y el Informe general Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, mismos que a partir de que se entreguen a la Cámara de Diputados serán públicos. Desde 2015 empezamos a entregar tres reportes al año, en junio, octubre y el definitivo en febrero del siguiente año.
Los resultados de la fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivan del ejercicio de nuestras atribuciones legales, hasta cubrir el ejercicio de la totalidad de los recursos públicos de origen federal, incluyendo los asignados a los tres Poderes de la Unión, los entes autónomos, estados y municipios e, inclusive, particulares.
Nuestro trabajo es reflejo de la creciente confianza y respaldo que se ha ganado la ASF entre los legisladores y la sociedad, pues en la fiscalización superior se han encontrado fortalezas propias de la rendición de cuentas, así como en su relevancia para el combate a la corrupción.
En este último punto, y relacionado con los asuntos de gobierno se hace mención del Corruption Perceptions Index (CPI) que anualmente es publicado en torno a la percepción de la corrupción en el mundo.
La edición del año 2023, publicada el 30 de enero de 2024, recupera información de 180 países. El documento está especialmente preocupado por variables como el Estado de Derecho y el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, como lo es la fiscalización superior.
Las ediciones más recientes del Índice (incluida 2023) presentan –además de las mediciones sobre percepción de corrupción– una serie de recomendaciones de política pública, legislación o de cooperación internacional para mejorar la atención del problema.
El CPI afirma que la corrupción está ligada a otros problemas estructurales como la pobreza, contextos de inseguridad o baja confianza institucional; problemas de suyo multifactoriales, por lo que no se puede hacer análisis de contextos próximos en función de una compleja problemática, en cuya resolución uno de sus pilares es precisamente la fiscalización superior pues ella es la que permite contar con evaluaciones técnicas y objetivas.
En la actualidad la ASF dispone de técnicas de auditoría especializadas para desahogar sus responsabilidades, de un Plan Estratégico que encuadra su desarrollo, y de un marco legal que le permite llevar a cabo una amplia gama de actividades propias de su función, más la realidad plantea constantemente nuevos desafíos, ante los cuales el ente fiscalizador debe generar respuestas oportunas.
Tal es el caso de la práctica de auditorías digitales, así como el diseño de distintas metodologías orientadas a la fiscalización de los recursos federales transferidos a los órdenes estatal y municipal, las cuales son una contribución de la mayor relevancia para que la ASF expanda sustancialmente sus actividades de control en ámbitos en los cuales, dada la dificultad de acceso y la disponibilidad de recursos humanos y materiales, los beneficios de la fiscalización habían sido limitados. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor y además de las redes internacionales, contamos con un intercambio permanente de comunicación con nuestros pares.

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Un eje central de la democracia es facilitar el acceso, en forma y fondo, de los temas relevantes para todas las personas. Lo ideal es que todos los integrantes de una comunidad política puedan entender en general lo que el Estado hace, sus fines y razones. Mientras más entienda la gente sobre el funcionamiento de sus leyes y sus instituciones, más se interesará en ellas, y de eso también se trata la democracia.
En el caso de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), la rendición de cuentas es uno de sus conceptos centrales, y su complejidad hace oportuna una clarificación. Andreas Schedler afirma que el término procede de la expresión en lengua inglesa “accountability”, y que en ocasiones se ha traducido como control, fiscalización o responsabilidad; empero, la traducción más popular ha sido la de rendición de cuentas, cuya acepción más aceptada es aquella que tiene que ver con las responsabilidades de los servidores públicos.
La rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas: que los servidores públicos informen sobre sus decisiones y que las justifiquen ante la ciudadanía; es lógico, porque la publicidad y motivación, ambas características propias de las democracias, hacen imposible el gobierno despótico. Por otra parte, también está la dimensión de la sanción, esto es, que los servidores públicos están regidos en su actuar por la Constitución y las leyes y son responsables de las acciones que contravengan estos ordenamientos por lo que podrían ser sancionados.
Se ha escrito doctrinariamente que la rendición de cuentas puede ser horizontal, diagonal o vertical. En el primer supuesto, corresponde a la que realizan los organismos del Estado frente a las instituciones con facultades para supervisar su actuar o en su caso sancionar el incumplimiento a una norma, en el segundo supuesto es la ciudadanía la que se involucra con las instituciones para vigilar la actuación del Estado, por último la rendición de cuentas vertical se refiere a que los servidores públicos pueden ser recompensados o castigados por el electorado.
Quizás sea porque la dimensión sancionatoria suele ser privilegiada en los estudios sobre fiscalización, y en las historias de casos relevantes que destacan en los medios de comunicación, pero es importante que se entienda la rendición de cuentas de manera más amplia, teniendo presente también el sistema de incentivos positivos al que da lugar, el enfoque preventivo, puesto que todos los involucrados en la sociedad política (electores, autoridades, medios, factores productivos) se insertan en un mecanismo para generar confianza y legitimidad en las decisiones públicas, lo que a su vez fortalece el Estado de Derecho y la participación ciudadana.
Las EFS son componentes torales en la rendición de cuentas, ya sea en la referida a los recursos públicos o bien en las auditorías de desempeño, si bien ambas se realizan después de que los recursos han sido ejecutados.
Nuestro país tiene una larga tradición en la fiscalización de los recursos. Este año se cumplirán 200 años de la fiscalización en México, ya desde la Constitución de 1824 se consideró un órgano para ese propósito; en la Constitución de 1917 se contó nuevamente con ese órgano denominada Contaduría Mayor de Hacienda, la cual tenía la obligación de los recursos del Estado; como es bien sabido desde el año 2000 es la Auditoría Superior de la Federación.
Las reformas constitucionales relacionadas con la ASF han fortalecido su labor como órgano de fiscalización superior en beneficio de la ciudadanía. A pocos días de que nuestra Constitución cumpla un año más de vigencia, celebramos que la rendición de cuentas tenga un papel central en el constitucionalismo mexicano.

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