Todo país federal tiene tres órdenes de gobierno, como es el caso de México, y en América Latina de Argentina, Brasil y Venezuela. Por supuesto en el Norte Estados Unidos y Canadá. Veamos los órdenes subnacionales, estados o entidades federativas, y posteriormente el caso municipal.
En la parte recaudatoria, la responsabilidad más relevante es la del gobierno central, en virtud de que desde los años 80, al crearse el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades federativas, firmaron un convenio de adhesión, mediante el cual se comprometían a dejar en suspenso, esto es no utilizar potestades que al no darlas la Constitución de manera exclusiva al gobierno central o federal, podrían utilizar los estados, como el ISR o el IVA, recibiendo a cambio Participaciones, esto es un porcentaje de la recaudación que haría la Secretaria de Hacienda y hoy el SAT, y muy bien por cierto. El entonces Departamento del DF al ser una dependencia federal, no se “adhirió” con el Convenio sino a través del Convenio de Colaboración Administrativas en Materia Fiscal. Hoy la Cdmx ya es una entidad Federativa, pero con un régimen fiscal centralista y las alcaldías, no recaudan, sino el gobierno central.
La Ciudad ha tenido, a diferencia de la mayoría de los estados, recaudadores eficientes, destaco a Pepe Merino Mañón en el Edomex y posteriormente consejero independiente del SAT, y hoy a Emilio Barriga Delgado –hoy es el Auditor de Gasto Federalizado en la ASF. Así, la Ciudad ha recaudado de ingresos propios entre el 50 por ciento y el 42 por ciento. En las entidades federativas o estados, el promedio mayor fluctúa entre el 15 y el 20 por ciento, pero en la mayoría entre el 8 y el 5. Lo que demuestra que parecería más fácil esperar participaciones, que hacer un esfuerzo para cobrar mejor lo que la Ley les permite. Ya hay por supuesto importantes excepciones, incluso en entidades como Quintana Roo.
Por otro lado está el ejercicio correcto y transparente del gasto y eso está muy claro en la Constitución y en la Ley de Disciplina Financiera, por cierto esto es facultad exclusiva de la ASF, como señala el artículo /9, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, en que se facultó expresamente a la ASF para fiscalizar los recursos de origen federal administrados o ejercidos por los gobiernos locales y particulares, así como las participaciones federales, los empréstitos que contaran con garantía de la Federación, la deuda pública y la disciplina financiera.
En suma, la intención del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales fue facultar exclusivamente a la ASF para fiscalizar los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como las participaciones federales.
La fuerte dependencia de las entidades federativas y de los municipios, ha habido excepciones, por ejemplo, Chihuahua y Nuevo León con más del 20 por ciento de ingresos propios,
Quintana Roo rebasa el 18 por ciento ya en 2022, además hizo el año pasado importaciones modificaciones en su estructura fiscal que seguro se reflejará en las cifras definitivas.
Ha habido errores en el pasado como cuando muchas entidades desaparecen el impuesto a la tenencia que administraban los estados, correspondiendo el 20 por ciento a los municipios, por razones eminentemente de coyuntura electoral, con casos tan desafortunados como los de Chihuahua, Veracruz, Puebla, etcétera. En la Cdmx se mantiene con muy buena recaudación, Edomex y aun en estados como Oaxaca, cuya riqueza vehicular es menor.
Un caso irregular ha sido el cobro del impuesto sobre nóminas, hay muchas excepciones desaprovechando su potencial recaudatorio. Y deben explorar las posibilidades de los impuestos ambientales como en Zacatecas o los cedulares.

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Es conocido y reconocido el valor cultural, social de la organización ciudadana para el trabajo y la fiscalización de los recursos que reciben sus comunidades y municipios. Oaxaca es el estado en que se refleja mejor la organización comunitaria. Es un estado que tiene 570 municipios, la cuarta parte del total nacional, donde 417 son municipios de usos y costumbres. Así la entidad ha tenido programas sociales exitosos, como fue Lluvia, tequio y alimentos, en el principio de los años noventa, por ejemplo en la realización de caminos rurales, atajar el agua a como dé lugar, del drenaje en algunos pueblos como Ayoquezco.
Por otra parte, las comunidades tienen reglas rigurosas para vigilar que el uso de los recursos que reciben sus autoridades, sean bien ejercidos.
En suma, el tequio es una costumbre de los pueblos originarios a través de la cual entrega su trabajo de manera gratuita a la comunidad. Esta tradición se ha transmitido por generaciones y hoy en día goza de gran arraigo entre los pobladores del estado. El tequio permite el mantenimiento y construcción de caminos, escuelas y mercados, entre otras acciones que se desarrollan de manera solidaria gracias a un sentimiento de comunidad. Además de los beneficios en la infraestructura de los pueblos y municipios donde se realiza el tequio, esta forma de trabajo permite fortalecer los lazos comunitarios que a su vez redundan en una mejor convivencia.
Tomo este ejemplo para señalar lo que hacemos las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) integrantes de Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) en materia de creación de capacidades y generación de buenas prácticas. En los últimos años hemos hecho un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación para compartir conocimiento, por ejemplo, por medio de los webinarios, así como los cursos que constantemente nuestro personal auditor tiene la posibilidad de cursar. La alianza desarrollada entre las EFS integrantes de Olacefs así como con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) nos ha permitido fortalecer las capacidades y asistencias técnicas de las EFS así como perfeccionar el proceso de monitoreo y evaluación del plan de capacitación y promover la capacitación en tecnologías y metodologías de aprendizaje.
A casi cuatro años de la emergencia global de salud pública, podemos afirmar que las EFS hemos mejorado y aumentado nuestro conocimiento respecto al uso de la tecnología en la fiscalización de recursos públicos.
En el caso particular de la Auditoría Superior de la Federación, con las propuestas de cambios legales que realizó el poder legislativo, nos han permitido cumplir de mejor forma nuestro mandato constitucional, y fortalecer la labor fiscalizadora, por lo que los recursos públicos y las acciones gubernamentales se fiscalizan de manera más eficiente, eficaz y expedita. He de señalar que los cambios legislativos se acompañaron de un cambio organizativo interno para cumplir de manera óptima la nueva normativa.
Es sabido que la región de América Latina enfrenta diversos riesgos de desastres naturales, ante ello la Olacefs ha llevado a cabo capacitación y sensibilización permanentes, señalando tres puntos que deben tenerse en cuenta ante la fiscalización de estos eventos: la identificación de buenas prácticas de fiscalización de la gestión de desastres; la generación de mecanismos de socialización de buenas prácticas y la elaboración una guía de fiscalización de la gestión de desastres que contribuya a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es así que la solidaridad e intercambio generoso de experiencias fortalecen el trabajo de fiscalización que realizamos las EFS integrantes de la Olacefs; llevando el espíritu del trabajo comunitario del tequio a niveles internacionales, para que cada una de las entidades superiores de fiscalización estemos en mejores posibilidades de cuidar los recursos públicos de nuestros países.

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El tema de la corrupción en el mundo exige que las decisiones en torno a las políticas públicas, estén basadas en evidencia, y en la ley. Por supuesto apoyando a las instituciones de fiscalización superior, para que su trabajo sea comprendido y respetado, en todos los espacios. Este tema, es un asunto global, lo cual permite que las estrategias se discutan en espacios de cooperación entre las naciones. En este contexto, la 10 Conferencia de Estados Parte (Cosp) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), es uno de los mecanismos multilaterales más importantes para el combate a la corrupción, que se realizó la primera mitad de diciembre de 2023 en Atlanta, Georgia. Ahí se trabajó y se debatió el tema, hasta tomar acuerdos que revitalizan el compromiso de los Estados nacionales para combatir la corrupción.
Esta décima edición de la Conferencia ha sido relevante en la coyuntura actual: en la evaluación del avance de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el combate a la corrupción es considerado una tarea inherente para contar con mejores previsiones de desarrollo. Por ello, la Conferencia de la UNCAC funge como un espacio idóneo en la compleja tarea de contar con instituciones sólidas y buenos gobiernos. Si la corrupción es controlada eficazmente, la probabilidad de éxito en la consecución de los ODS crece exponencialmente.
El consenso entre los Estados Parte de la UNCAC ha sido que la corrupción es un problema global. Esta premisa hace plausible afirmar que, para resolverlo, se requiere la cooperación internacional y el multilateralismo. En adición, en el debate general de la COSP10 se vinculó al problema de la corrupción con otros delitos de carácter global como el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Por tanto, las tareas de combate a la corrupción deben avanzar en una agenda común en el mundo, centradas –sobre todo– en la generación de capacidades institucionales suficientes para hacer frente a un problema que rebasa los límites territoriales y soberanos de los países. En pocas palabras, si la criminalidad es transnacional, su combate también debe serlo.
El acuerdo entre gobiernos soberanos es indispensable para materializar acciones colaborativas. Ahí, la Conferencia ha sido exitosa. Fue aprobada la Declaración de Atlanta para la “promoción de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la lucha contra la corrupción”. Dicha declaración es un posicionamiento de los Estados parte de la UNCAC en favor de principios y valores democráticos compartidos, además se pone de manifiesto la voluntad política de colaborar, cooperar y entablar relaciones institucionales ante un problema global.
Esta perspectiva global de la corrupción ha estado presente en la agenda pública, cuando menos los últimos veinte años. Empero, la reunión en Atlanta ha avanzado en una dirección positiva: la definición técnica de cómo abordar la relación transversal entre los delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. En esa tarea, las aportaciones de la OLACEFS fueron relevantes en la resolución adoptada con el nombre de “Abordando los vínculos entre la corrupción y la delincuencia organizada”, en el ámbito de la fiscalización superior. La aprobación de dicha resolución, junto con la Declaración de Atlanta, revitaliza la agenda anticorrupción y su importancia para lograr los ODS.
En la OLACEFS con las auditorías coordinadas, trabajamos en ese sentido. La mejor defensa de las entidades de fiscalización superior, es lograr que se reduzca la corrupción, principalmente con un enfoque preventivo y con firmeza, se observen las irregularidades cuando existan y se castigue la corrupción.
Asimismo la cooperación internacional, es fundamental y necesaria.

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La fuerza de la naturaleza se hizo sentir a principios de 2024 en Japón; un sismo de 7.6 grados generó daños principalmente en la región de Ishikawa. Al momento de escribir estas líneas, desgraciadamente, la cifra de fallecidos era ya de 55 personas. Por si fuera poco, se activó la alerta por tsunami, razón por la cual fueron evacuadas más de 5 mil personas a zonas altas a fin de evitar más pérdidas humanas.
Japón se ha distinguido por adaptar sus construcciones para hacerlas resistentes ante los embates telúricos, y la población tiene una gran cultura de protección civil, debido a que son una zona altamente sísmica, ubicada en el llamado cinturón del fuego del Pacífico (región de la cual también forma parte México, por cierto).
Podemos pensar que Japón está mejor preparado que otros países donde los desastres naturales han dejado resultados aún más trágicos, con miles de muertes como saldo, como los de Siria, Turquía y Marruecos del pasado reciente o la inundación en Libia. Estos países no tienen desarrollado un sistema de alerta temprana, por lo que la evacuación de los inmuebles se dio justo en el momento en que el suelo se estremecía, además de que (también a diferencia de Japón), la arquitectura de los inmuebles no estaba diseñada para aminorar el impacto de un evento sísmico.
En México hemos sufrido los embates de sismos en muchas ocasiones; quizá la más recordada por las pérdidas humanas y los daños ocasionados sea el terremoto de 1985, aunque el de septiembre de 2017 fue especialmente traumático para varias comunidades y hogares particularmente en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Es indudable que, los últimos cuarenta años, la cultura de la prevención civil ha avanzado en nuestro país; hoy contamos con un sistema de alerta sólido, planes de evacuación, así como la práctica de simulacros, para que todas las personas sepan qué hacer en caso de un evento de esa naturaleza, las técnicas de construcción han mejorado y el impacto ha sido muy inferior a lo que pasó en 1985.
De acuerdo con información disponible, 10 entidades federativas concentran el 98 por ciento de los daños por sismos (explicable por sus condiciones geológicas y estructurales debido a sus niveles de pobreza). En el caso del terremoto del 19 de septiembre de 2017, las aseguradoras contabilizaron los daños en mil 449 millones de dólares, lo que nos recuerda que, además de las vidas humanas, los desastres causan daños profundos a la economía, lo que también afecta el sostén de innumerables familias. Por otra parte, el año pasado, las tormentas eléctricas ocuparon el primer lugar en los daños causados en el mundo, con un costo aproximado de 100 mil millones de dólares es la primera vez que estos fenómenos meteorológicos ocupan el primer lugar, probablemente debido a los efectos del cambio climático (a mayor abundamiento, cabe resaltar que los costos por daños tienen 30 años aumentando progresivamente).
En este contexto, es importante recordar que en 2022 se presentó la iniciativa “Alertas Tempranas para todos” en el Caribe. Esto fue en el marco de la 27° Conferencia sobre el Cambio Climático, y estimó una inversión inicial requerida de aproximadamente 3 mil 100 millones de dólares para establecer sistemas de alerta temprana entre 2023 y 2027. Este sistema busca la reducción de riesgos de desastres, incluyendo modelos de alerta sísmica, monitoreo de volcanes activos, de ciclones tropicales, tsunamis, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos potencialmente catastróficos.
Por último y de manera esencial, ante los desastres naturales, la labor de fiscalización es particularmente relevante, tarea que asume la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores a través del Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres que preside la Auditoría Superior de la Federación.

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El desarrollo tecnológico –como hemos comentado a partir del trabajo de Jeremy Rifkin a partir de El fin del trabajo–, así como es una oportunidad para un proceso de cambio, también puede tener un doble filo al invocarse que él mismo quita el empleo a muchas personas e inclusive puede modificar la necesidad de ciertas profesiones. También es una herramienta útil siempre y cuando no se pierdan los criterios éticos de la necesidad de mantener ocupada a la gente o de brindarles la capacidad de compra suficiente para poder sobrevivir a los cambios.
La tecnología es fundamental para controlar cambio climático, estamos obligados a desarrollar y utilizar los avances tecnológicos para frenar y revertir los efectos no deseados de la industrialización y el consumo energético irracional que han sido posibles, también, por avances humanos.
El Informe de la Situación sobre Tecnología Climática 2023 (The Climate Tecnology Progress Report 2023) nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta la humanidad por las tres crisis que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En el caso de México, ya lo he dicho en otras ocasiones, por su gran reserva de biodiversidad, es importante que se redoblen los esfuerzos con miras a la protección de nuestra flora y fauna ya sea esta terrestre o marina. En cuanto a los avances tecnológicos el informe evalúa y explica tecnologías en el transporte público, la refrigeración de edificios, la gestión del agua, la vivienda social y la distribución y generación de energía.
Se nos recuerda que los materiales de construcción sostenibles desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia energética y material y que materiales sostenibles como el acero reciclado, madera recuperada bambú, plástico reciclado, cob (arcilla, arena, paja y barro) y el hormigón de cáñamo contribuyen a la reducción del consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, además estos materiales son más resistentes a los cambios climáticos. En el tema de la gestión eficaz y eficiente de la generación de energía se explica acerca de los paneles aislados al vacío y los aerogeles, los cuales ofrecen una mejore resistencia térmica lo que permite menos gasto de energía en mantener los edificios a una temperatura agradable, otras tecnologías desarrolladas en el mismo sentido son los Sistemas de Gestión Energética de Edificios, las bombas de calor y la recuperación del calor residual.
Un tema fundamental señalado en el Informe es la Gobernanza de las ciudades, la rápida urbanización tiene repercusiones sociales y ambientales, por lo que el diseño de una ciudad debe tenerse muy en cuenta para evitar catástrofes ambientales, el reporte señala el caso de Bangalore en la India, en la que la forma actual de urbanización de la ciudad ha disminuido su capacidad para responder a los riesgos concurrentes de inundación urbana. En ese mismo país en la ciudad de Churmuri Bhatti, Dharwad, se desarrollaron los “Bienes Comunitarios” que son espacios compartidos que proveen un apoyo ambiental, social y económico a los pobres de ambientes urbanos, estas zonas de vegetación crean zonas de sombra que mitigan el calor y combinados con pavimento permeable ayudan a evitar corrientes de agua que pueden ser un peligro en casos de huracanes. El reporte también señala que el sistema hídrico debe renovarse, en primer lugar para emitir menos gases de efecto invernadero y mediante una gestión adecuada del agua. Este es un breve recorrido sobre lo que se está haciendo a nivel de tecnología para mitigar los efectos del cambio climático.
En cuanto a las EFS, la transversalidad de los planos de impacto vuelve cruciales las auditorías coordinadas en materia ambiental a fin de evaluar las políticas implementadas por los gobiernos de los países participantes. Concretamente, la OLACFES tiene un grupo de trabajo enfocado al medio ambiente y al cambio climático, me refiero a la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (Comtema), que recientemente presentó la iniciativa ClimateScanner, cuya existencia y utilidad conviene difundir, y que además de que contribuye al desarrollo de estudios vinculados al control de la gestión ambiental, tiene un impacto positivo para la buena gobernanza ambiental. El medio ambiente es un tema fundamental en la cual todas las personas somos parte de la conservación de nuestro entorno, así que la reflexión al respecto apremia.

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El cuidado del medio ambiente es ya un tema de derechos, además de serlo de corresponsabilidad humana, que trasciende edades, identidades y nacionalidades. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se celebró en la Ciudad de Dubai, Emiratos Árabes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). El cambio climático pone en riesgo a naciones enteras y aquellas que están más vulnerables ante este fenómeno son los países insulares. Los efectos del cambio climático los hemos constatado con huracanes cada vez más intensos, sequías prolongadas y la pérdida de glaciares.
La reunión tuvo como objetivo buscar una ruta para la disminución del uso de combustibles fósiles y de la emisión de los gases de efecto invernadero. La humanidad como nunca ha visto un aumento en la temperatura por lo que se ha planteado debe reducirse la temperatura mundial en 1.5 grados a fin de evitar una catástrofe ambiental. Entre la información que se dio a conocer en la COP destaca que la inversión en actividades que dañan el medio ambiente es 140 veces mayor que la inversión privada en soluciones verdes.
El cambio climático es un hecho comprobado científicamente y sus implicaciones van desde la desertificación, las tormentas cada vez más intensas y la pérdida de biodiversidad en los países; algunos tienen su propia existencia física en riesgo por las consecuencias del aumento de los niveles en el mar, que son los Estados insulares. Por tal motivo, es apremiante que los gobiernos del mundo, científicos, la sociedad en general y las entidades fiscalizadoras busquen las formas de mitigar y adaptar a los países ante el cambio climático.
En el ámbito de las EFS, hemos tenido reuniones de capacitación a fin de mejorar nuestro conocimiento sobre las acciones que impacten en la mitigación y adaptación del cambio climático, por ejemplo los días 23, 24 y 35 de octubre pasados la Comisión Técnica Especial?de?Medio Ambiente?(COMTEMA)?de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), organizaron un taller para debatir sobre la contribución de las EFS al fortalecimiento de las acciones en respuesta a la crisis climática, en esa misma ocasión se dio seguimiento al proyecto ClimateScanner.
Este proyecto tiene como objetivo principal crear una metodología para evaluar de manera rápida las acciones de los gobiernos nacionales en tres ejes relacionados con el cambio climático como lo son gobernanza, financiamiento y políticas públicas. Esta iniciativa surgió toda vez que los mecanismos de evaluación y seguimientos existentes necesitan enfocarse hacia la implementación de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático a fin de tener información específica sobre los rubros que mencioné con anterioridad.
A nivel mundial INTOSAI a través de Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio Ambiente (WGEA por sus siglas en inglés) ha impulsado las auditorías ambientales las cuales tienen el objetivo de fiscalizar el cumplimiento y desempeño de las políticas ambientales y climáticas. La información obtenida de las auditorías es indispensable para diseñar de mejor manera políticas públicas que contribuyan efectivamente a la lucha contra el cambio climático, la adaptación y la mitigación de este.
Los esfuerzos que hagamos en este sentido, permitirán posicionar a México como una potencia energética, económica y social, además de seguir siendo punta de lanza de la región. Nunca antes las generaciones presentes habíamos tenido en nuestras manos tanta responsabilidad sobre el mundo que habitarán las generaciones futuras, responsabilidad en la que las EFS estamos también ocupándonos.

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En el campo de las políticas públicas, en cualquiera de sus fases (diagnóstico, diseño, implementación o evaluación), se conoce que una de las fuentes primordiales de conocimiento acumulado es la experiencia comparada. Es la observación de las políticas en la realidad la que, complementada con la reflexión y la teoría, permite cambiar para bien la realidad social por medio de la acción pública.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai por sus siglas en inglés) es una institución que surgió para generar lazos de unión, intercambio de conocimientos y experiencias entre entidades de fiscalización superior –como la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, a lo largo de todo el mundo. En 1953 auspiciada por la ONU, se erigió como uno de los referentes obligados de autoridad y buenas prácticas en la rendición de cuentas. Durante estos años los conocimientos de las distintas Entidades de Fiscalización Superior (EFS) se han nutrido en gran parte gracias a esta organización con 195 miembros de pleno derecho, cinco miembros asociados y un miembro afiliado. Las lenguas oficiales son el alemán, el árabe, el español, el francés y el inglés.
En la última sesión del Consejo Directivo de la Intosai, que integra México representando a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) junto con Perú, se trataron temas de alta relevancia sobre los desafíos de las EFS para reforzar su independencia y autonomía técnica y de gestión, con el apoyo de organizaciones como la IDI (Iniciativa para el Desarrollo de la Intosai). Además, como parte de los festejos del 70 Aniversario de Intosai, su Secretaría General a cargo de Austria publicó el texto Las contribuciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores al desarrollo sostenible global, publicación que da cuenta del estudio permanente y la cooperación que desarrolla la organización y en el cual participamos.
Su labor se ha fortalecido a partir del trabajo de las instituciones regionales que promueven la cooperación profesional y técnica de sus miembros a nivel regional. Las organizaciones reconocidas por Intosai en esta labor son: AFROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de África); ARABOSAI (Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores); ASOSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Asia); CAROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe); EUROSAI (Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa); OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras) Superiores y PASAI (Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico).
La Auditoría Superior de la Federación participa activamente en la OLACEFS, donde tiene a cargo la Secretaría Ejecutiva, mientras que la Contraloría General de la República del Paraguay ocupa la Presidencia de la Organización. Esto a raíz de la elección realizada en el año 2022, en el Marco de la Trigésima Primera Asamblea General, celebrada en la Ciudad de Oaxaca, en la que la ASF tuvo el honor de ser anfitriona. Además la ASF es par de la OCCEFS en Centroamérica, y ha estrechado sus vínculos con CAROSAI, en el Caribe.
La OLACEFS tendrá el siguiente año en México un encuentro intrarregional con la EUROSAI, lo cual estrechará nuestros permanentes vínculos de coperación y colaboración.
En los 70 años de la Intosai y 60 de la OLACEFS, se ha desarrollado una activa promoción de la capacitación del personal auditor, así como de la transición hacia nuevas tecnologías de la información y comunicación, esto con la finalidad de realizar un trabajo más profesional, eficaz y eficiente. Ha sido una tarea ardua en la que por décadas muchos hombres y mujeres han aportado para mejorar la labor de fiscalización y auditoría alrededor del mundo.
Lo he mencionado en otras ocasiones: en todas las esferas de competencia y niveles de gobierno la cooperación entre pares es una necesidad indispensable para fortalecer los aspectos preventivos de la fiscalización superior.

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En México coexisten tres órdenes de gobierno, somos un país federal que tenemos alrededor de 2 mil 500 municipios, la mayor parte concentrados en el sur, solo la Zona Fiscal 7, referencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), tiene cerca de la mitad de municipios, destacando el estado de Oaxaca, con 570, de los cuales 417 son de usos y costumbres, que no están sujetos a las reglas electorales y generalmente duran un año.
Los municipios, desde 1983, tienen la facultad de cobrar el impuesto predial de manera exclusiva, desafortunadamente no lo ejercen debido a la precariedad de su estructura administrativa, y en muchos estados son cobrados mediante convenio por las autoridades estatales. En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal reciben el Fondo de Fomento Municipal, cuyo pago se realiza a través de las secretarías de finanzas o su equivalente en las entidades federativas. Además, reciben por lo menos el 20 por ciento del Fondo General de Participaciones, que debe serles cubiertos por las secretarías de Finanzas estatales, quienes reciben los recursos que les deposita la Tesorería de la Federación; al respecto la Ley establece un plazo breve para que se realice el pago.
Conocemos que existen un gran número de municipios en condiciones de marginalidad, incluso en pobreza extrema, por ello la recaudación del predial se concentra en alrededor de pocos municipios, así como la deuda municipal, que deja a los de estados con un gran número de municipios en los últimos lugares.
En la reforma a la Fórmula de Distribución de Participaciones de 1990, se modificó la fórmula del Fondo de Fomento Municipal incluyendo la dinámica recaudatoria del impuesto predial, y los derechos de agua. Con lo que se premiaba el esfuerzo fiscal de cada municipio.
Por otra parte, cuando se crea el Ramo 33, se crea el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fism), que equivalen, solo como referencia, a 5 puntos de la Recaudacion Federal Participable (RFP), pero son recursos etiquetados a fines específicos. Incluso se abrieron en Banobras oportunidades en torno a los mismos, por un periodo de tres años. Pero ese es otro tema diferente al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En ambos casos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la entidad fiscalizadora.
Los ingresos de los municipios, son auditados por la ASF y el área encargada de hacerlo es la Auditoría de Gasto Federalizado, que audita casi cuatro quintas partes, de las revisiones totales, equivalentes a una tercera parte de los recursos presupuestarios. En los últimos dos años se ha incrementado el número de municipios auditados gracias al desarrollo tecnológico de la ASF, incluso en casi 10 estados se revisa a la totalidad de sus municipios. Siendo esta una facultad exclusiva de la ASF.
Ya existe un área de Auditoría Forense del Gasto Federalizado, que incluye estados, municipios, congresos locales, universidades estatales, organismos autónomos, etcétera.
En congruencia con esta idea, la ASF promueve el diálogo y la colaboración con los entes auditados, acentuando la doble vocación de la entidad superior de fiscalización, que además de sancionadora cuando es necesario, es sobre todo preventiva, para garantizar acciones que garanticen el valor público en el ejercicio del gasto.
Los vínculos que hemos fortalecido con las entidades federativas y los municipios, se han traducido en mejores resultados en la fiscalización, gracias por ejemplo, a la capacitación que hacemos a una parte importante de los municipios, y al desarrollo tecnológico, prueba de ello es el incremento en el número de auditorías en los dos últimos ejercicios fiscales, con el modelo de Colmena, contando con el apoyo de las autoridades estatales, al convocarlos para las firmas de los convenios y el proceso de capacitación por parte del personal de la entidad de la ASF.

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Si bien las crisis generadas por las fuerzas de la naturaleza son inevitables (en el sentido de que no se pueden prever, o que pudiéndose prever, no se pueden evitar), la tecnología nos ha permitido reducir en ciertas regiones, las pérdidas humanas provocadas por ese tipo de desastres.
Al respecto, este año se han dado varios sismos relevantes como el de Turquía y Siria, a principios del año, con alrededor de 59 mil muertos. Otro caso es el que acaba de sufrir Marruecos, hace un par de semanas, que ha sido uno de los más intensos de los últimos años, dejó miles de muertos y heridos, con cuantiosas pérdidas en daños a la infraestructura de ese país. A la fecha se han contabilizado cerca de tres mil personas fallecidas, debido a que fue de baja profundidad, sus consecuencias no fueron mayores.
En México, para asombro de los sismólogos, ha temblado la misma fecha en tres ocasiones registradas, el 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022. El sismo de 2017 no fue de la intensidad del 85, cuando murieron miles de personas y el daño a la infraestructura urbana obligó tener que levantar viviendas para damnificados. Fue notable, la reacción del pueblo, con una organización social, que rebasó a la burocracia y a los políticos de la época, la cual se activó desde el momento en que comenzaron los trabajos de rescate.
Como anécdota, el año pasado el simulacro se hizo a la mitad de una reunión de los países centroamericanos, miembros de la OCCEF, en la sede de la Auditoría Superior de la Federación, y al regresar del simulacro, volvió a sonar la alerta, pero ahora era real, de un sismo de verdad. La sede de la Asamblea este año será en Perú, y dudan replicar el sismo.
El avance en las capacidades del gobierno y la población entre los sismos de 1985 y los subsecuentes ha sido muy grande. Hoy en día se cuenta con un mejor marco legal para enfrentar este tipo de desastres, se organizan simulacros en todo el país y contamos con alertas que en situaciones “normales” dan un margen de tiempo para que la gente se resguarde.
Otro caso, las inundaciones recientes. La tormenta Daniel, que empezó en Grecia, “donde –dice la BBC– sólo en 24 horas, cayo el equivalente a 18 meses de lluvia”, provoco un desastre terrible en Libia, donde colapsaron dos represas; información reciente señala 11 mil muertos y cerca de 12 mil desaparecidos.
Al respecto, entre los instrumentos para ampliar el marco de prevención y contención, son las alertas tempranas, que en el caso de las inundaciones, aún son poco eficaces. No obstante, desde la ONU se ha impulsado la iniciativa “Alerta Temprana para Todos”, que tiene la finalidad de generar un sistema de alerta para todos los habitantes del planeta para 2027, ante terremotos, huracanes, tornados, tormentas, etcétera. Esta iniciativa ha sido declarada de máxima prioridad por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Así, esta Iniciativa será prioridad en el Plan Estratégico 2024 – 2027.
El cambio climático ha incrementado las posibilidades de huracanes más poderosos, terremotos, incendios forestales, tornados, incluso inundaciones, claro hay países más vulnerables que otros, relacionado con su nivel de desarrollo.
La Asamblea General de la ONU, en una resolución de marzo de este año, solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático.
Al respecto, en la Declaración de Oaxaca de 2022, suscrita por los miembros de la OLACEFS, nos comprometimos a Intensificar y fortalecer la auditoría a los ODS y considerar como prioritarias aquellas que estén vinculadas al ODS 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.
El tema está lejos de estar agotado, pero es claro que prevenir es mejor que lamentar.
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Los vínculos de hermandad de nuestro país con los países centroamericanos datan desde que tuvieran estos sus denominaciones actuales; el pueblo maya se asentó en el sur de México y llegó hasta Honduras. Lo que después se llamó Mesoamérica ha tenido intercambios culturales y sociales desde la época precolombina. Ello generó una rica interculturalidad; por ejemplo, los mayas tuvieron intercambio permanente con la cultura chorotega de Costa Rica. Esa región abarca lo que hoy son los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el centro-sur de México.
Nuestros tiempos no son la excepción. El intercambio social, cultural, académico y profesional entre nuestros países ha sido prolífico, y en el marco de la fiscalización y la rendición de cuentas es una materia de gran dinamismo e intercambio regional recíproco.
En días pasados se firmó el Acuerdo de Cooperación dentro del marco de la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de las Entidades de Fiscalización Superior (GSAI) de la Iniciativa para el Desarrollo de la Intosai (IDI), contando con la presencia de Marta Acosta Contralora General de Costa Rica.
La iniciativa GSAI fue lanzada en 2022 por la Cooperación entre Intosai (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) y la IDI (fundación actuante bajo la ley noruega dedicada a apoyar a las EFS de países emergentes). En este contexto, el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras fue elegido por la IDI para apoyar y desarrollar distintas acciones orientadas al incremento de capacidades de su personal auditor, la calidad de sus auditorías y proceso de digitalización. La modernización, eficiencia y eficacia de los procesos de fiscalización son importantes para que cada EFS cumpla el mandato constitucional y legal que tienen encomendado.
Es, además, una oportunidad excelente de compartir la experiencia que se ha desarrollado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de formación de expertos en geo tecnologías, así como el diseño e implementación de programas relacionados con análisis de alertas de degradación ambiental, la identificación de áreas de oportunidad para la actividad minera y en temas de alerta temprana para casos de desastre y otros fenómenos como las pandemias, entre otros asuntos.
La ASF, como Secretaría Ejecutiva de la Olacefs y la Contraloría General de la República de Costa Rica, como socio estratégico, realizaron reuniones de trabajo junto con el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras con el objetivo de trabajar en la planificación y estructuración del Acuerdo de Cooperación del Proyecto GSAI de apoyo entre homólogos, fase 1 (2023-2025). El proyecto antes descrito tiene como objetivo mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de control del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de gestión, para incidir en las acciones de prevención de la corrupción y aporte de valor público a la ciudadanía. Huelga decir que la mejora en los procesos y en los resultados del tribunal, se volverán punta de lanza para ser compartidos y replicados con otras entidades auditoras de la región. Siendo el primer país que a nivel mundial concluye la primera parte de este programa.
He dicho en otros espacios, que los problemas a los que se enfrentan nuestros países y nuestras instituciones son cada vez más multidimensionales por lo que el trabajo conjunto, la profesionalización y el intercambio de buenas prácticas es una receta que potencia los buenos resultados en las EFS y en el trabajo que se reporta a la ciudadanía de nuestros países. Mantengamos los lazos de solidaridad entre nuestras naciones y generemos capacidades de fiscalización para reforzar nuestro trabajo en beneficio de los ciudadanos de AL y el Caribe.

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