Hay una pugna interna entre funcionarios estatales: Brito

 El desalojo violento de normalistas “es un mensaje y una advertencia a todos los que desean movilizarse”, afirma el coordinador de los alcaldes perredistas

 El coordinador de los presidentes municipales del PRD, Modesto Brito González, dijo que los hechos de violencia suscitados en el desalojo de los estudiantes de la Normal “Rafael Ramírez”, el martes pasado, en los que resultaron lesionados cuando menos 15 personas entre estudiantes y maestros así como dos estudiantes detenidos, es parte de un ambiente de confrontación entre funcionarios del Gobierno estatal.

Modesto Brito, denunció ayer que en víspera de las elecciones para gobernador en el estado, el ambiente político se está “enrareciendo” y pareciera ser, dijo, que se trata de una pugna interna de los funcionarios del mismo gobierno estatal.

El alcalde de Teloloapan fue entrevistado el medio día de ayer en esta capital, después visitar al profesor Edmundo Alberto Hernández Alcántara, quien aún se encuentra grave en la clínica del ISSSTE a consecuencia de los golpes que recibió por agentes de la Policía Judicial del estado el martes pasado, durante el desalojo de los normalistas de las oficinas de la Subordinación de Servicios Educativos de la Zona Centro.

Ese día, el profesor salía de las instalaciones de lo que se conoce también como ex INEBAN, cuando se encontró con los judiciales que arremetieron en su contra sin que tuviera participación alguna en los hechos. Resultó con tres costillas rotas y algunas consecuencias en la cabeza por los golpes que recibió durante el desalojo de los normalistas.

Modesto Brito González visitó al profesor lesionado, “a nombre de los presidentes municipales del PRD”, quienes condenaron los hechos de violencia descritos el miércoles pasado, en una reunión que sostuvieron en el puerto de Acapulco.

Señaló que los hechos violentos del martes, son acciones del Gobierno estatal “que se aplicaban en la década de los setentas” y denunció que enviar a policías judiciales para resolver mediante la represión a demandas legítimas de los estudiantes y organizaciones sociales “es un mensaje y una advertencia a todos quienes desean movilizarse”.

Indicó que con ello se enrarece el ambiente en el estado y que pareciera ser que esto es consecuencia de una pugna interna que existe entre funcionarios del mismo Gobierno estatal, mismos que “se están saliendo del control del gobernador Rene Juárez”.

Incluso señaló que los funcionarios, que pudieran estar interesados en provocar hechos de violencia, en vísperas de las elecciones para gobernador en el estado son el propio secretario de Gobierno, Luis León Aponte, el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero y el director de la Policía Judicial del estado, Ricardo Leonel Coronel.

Indicó que ante estos hechos “se deja en un estado de indefensión a los ciudadanos del estado y que ello es grave”.

Brito González acudió a la clínica del ISSSTE acompañado del alcalde de Metlatónoc, Saúl Rivera Mercenario y ambos visitaron a otro de los maestros golpeados, Raúl Hernández Damián, quien también se encuentra hospitalizado todavía, a consecuencia de los golpes que recibió de parte de los judiciales.

Este último ha sido dado de alta dos veces, pero debido a que continúa desangrándose de los dos oídos, ha tenido que ser nuevamente internado.

La SEG pidió el desalojo; los policías fueron agredidos, dice la versión oficial

 

 Motín, sedición, privación ilegal de la libertad, y lesiones, los cargos contra los detenidos

 Chilpancingo En un boletín de prensa, el gobierno del estado da su versión de los hechos y dijo que agentes de las policías Ministerial y Municipal Preventiva desalojaron a un grupo de estudiantes y maestros de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, que se habían posesionado de las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (ex –Ineban), con un saldo de dos normalistas detenidos y dos policías heridos.

Los alumnos y maestros se posesionaron de las oficinas mencionadas, cometiendo diversos delitos en agravio de servidores públicos de la institución, así como de particulares, lo que originó que se activara la averiguación previa número BRA/SC/02/807/2004, que ya había sido abierta desde el pasado día 20 del presente, al tomar ese mismo grupo de normalistas dicho edificio por primera vez.

De esa forma, el Ministerio Público determinó –a solicitud de la SEG– acudir a dar fe de los hechos y proceder al desalojo correspondiente, acompañado por policías ministeriales y municipales, quienes al llegar al inmueble del ex Ineban fueron recibidos a pedradas y varillazos por parte de los normalistas, quienes mantenían cerradas las oficinas con cadenas y candados.

Pese a la agresión, dice el boletín oficial, los policías dispersaron a los estudiantes, deteniendo en flagrancia a los líderes del movimiento, Erick Acevedo Escobar y Josué López Álvarez, quienes fueron puestos a disposición del ministerio público, por los delitos de motín, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio de propio derecho y lesiones.

En el desalojo resultaron heridos los policías ministeriales Redi Olea Trujillo y Librado Juárez Obe, quienes fueron atendidos en el hospital Anáhuac. El primero requirió de una sutura de 7 puntos en la cabeza, y el segundo 3 puntos en el labio superior, y fueron dados de alta de inmediato.

La situación legal de los detenidos será determinada por el Ministerio Público en las próximas horas.

La SEG pidió el desalojo; los policías fueron agredidos, dice la versión oficial

Motín, sedición, privación ilegal de la libertad, y lesiones, los cargos contra los detenidos

 Chilpancingo En un boletín de prensa, el gobierno del estado da su versión de los hechos y dijo que agentes de las policías Ministerial y Municipal Preventiva desalojaron a un grupo de estudiantes y maestros de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, que se habían posesionado de las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (ex –Ineban), con un saldo de dos normalistas detenidos y dos policías heridos.

Los alumnos y maestros se posesionaron de las oficinas mencionadas, cometiendo diversos delitos en agravio de servidores públicos de la institución, así como de particulares, lo que originó que se activara la averiguación previa número BRA/SC/02/807/2004, que ya había sido abierta desde el pasado día 20 del presente, al tomar ese mismo grupo de normalistas dicho edificio por primera vez.

De esa forma, el Ministerio Público determinó –a solicitud de la SEG– acudir a dar fe de los hechos y proceder al desalojo correspondiente, acompañado por policías ministeriales y municipales, quienes al llegar al inmueble del ex Ineban fueron recibidos a pedradas y varillazos por parte de los normalistas, quienes mantenían cerradas las oficinas con cadenas y candados.

Pese a la agresión, dice el boletín oficial, los policías dispersaron a los estudiantes, deteniendo en flagrancia a los líderes del movimiento, Erick Acevedo Escobar y Josué López Álvarez, quienes fueron puestos a disposición del ministerio público, por los delitos de motín, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio de propio derecho y lesiones.

En el desalojo resultaron heridos los policías ministeriales Redi Olea Trujillo y Librado Juárez Obe, quienes fueron atendidos en el hospital Anáhuac. El primero requirió de una sutura de 7 puntos en la cabeza, y el segundo 3 puntos en el labio superior, y fueron dados de alta de inmediato.

La situación legal de los detenidos será determinada por el Ministerio Público en las próximas horas.

Desalojan locatarios del mercado Baltazar R. Leyva a 16 ambulantes

 

 Armados con martillos y pinzas, los comerciantes pretendían desarmar los puestos improvisados que invadían la calle 21 de Marzo, aledaña a la central de abasto. Se quedan en el lugar los seguidores del líder Juan Serrano

 Teresa de la Cruz Chilpancingo Para “mejorar sus ventas”, entre empujones, jaloneos y ríspidas discusiones comerciantes fijos del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, apoyados por la Dirección de Gobernación municipal y la Administración de la central de abasto, desalojaron ayer a 16 comerciantes ambulantes, quienes “protegidos por líderes” invadieron la calle 21 de Marzo.

Por la mañana, unos 100 locatarios del Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, armados con martillos y pinzas, desalojaron a los ambulantes de la calle 21 de Marzo –adjunta a la central de abastos–, y los comerciantes afectados por el incendio se reinstalaron en el inmueble recién remodelado.

Allí, los locatarios, quienes eran vigilados por policías municipales, desinstalaron algunos puestos provisionales construidos en marzo, “solapados por la líder Evelia Huerta Ramírez”. En el desalojo hubo empujones y jaloneos.

Peor los ánimos subieron de tono cuando los locatarios intentaban quitar los puestos de comerciantes “protegidos” por el también líder de semifijos, Juan Serrano. En ese momento los afectados formaron una barrera para impedir el retiro.

En ese momento se dio una ríspida y prolongada discusión, pues por un lado los locatarios y los semifijos de Evelía Huerta presionaban al administrador del mercado, Jorge Bernabé González, para que “se quitaran todos lo puestos. Si se quitan unos que se quiten todos”, mientras que por el otro el grupo de Juan Serrano se negaba a irse, con el argumento de que poseen licencias y lo acusaban de que el había sido quien les otorgó los espacios.

En entrevista, el administrador del mercado, Jorge Bernabé González, dijo que el desalojo de los 16 ambulantes lo “encabezaron” los locatarios, quienes buscan que la calle quede libre para que los consumidores “vengan a comprar y así mejoren sus ventas”

Luego dijo que la administración del mercado y la Dirección de Gobernación municipal participaron “porque el problema le preocupa” al alcalde Saúl Alarcón Abarca, y justificó que en mas de tres ocasiones “hemos notificado que debe retirarse, pero por protección de los líderes no se van, incluso hoy se han amparado” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, la líder de los ambulantes y semifijos, Evelia Huerta Ramírez, desmintió que “el problema sean los 16 comerciantes, y si quieren que se quiten pues entonces que les devuelvan los espacios que tenían asignados en los nuevo locales que construyeron para los semifijos”.

Justificó que los ambulantes se colocaron sobre la calle porque el administrador de la central de abastos y el líder de semifijos, Juan Serrano “vendieron los espacios a gente que no estaba en escaleras ni pasillos, los que están afuera, deberían estar allá adentro, pero Bernabé es el único responsable”.

Más tarde, y debido a que los locatarios “no pudieron quitar” los puestos de Juan Serrano, los 16 comerciantes ambulantes a manera de protesta se volvieron a colocar sobre las banquetas de la calle 21 de Marzo, por lo que los primeros advirtieron al administrador de que también se saldrían a las calles a vender, “por que vemos que no hace nada”.

Impiden el desalojo de campesinos que invadieron un predio en Zihuatanejo

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Habitantes de la colonia Ampliación 3 de Diciembre, ubicada a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, impidieron que policías municipales los desalojaran del lugar, luego de una orden del juez primero penal, José Jacobo Gorrostieta Pérez.

Ayer por la mañana, unos 45 policías preventivos y 15 agentes judiciales, encabezados por el director de Seguridad Pública, Fernando Barrientos Llanes, y el comandante de la PJE, Francisco Javier Cortés Osorio, acompañaron al juez para desalojar las 12 hectáreas, las cuales son propiedad del empresario gasolinero Ignacio González Cuevas.

En 1999, 87 campesinos invadieron 12 de las 26 hectáreas de un predio que –argumentan– “no es de Ignacio González, él ni siquiera es ejidatario ni tiene documentos que comprueben que es dueño, mucho menos campesino; estas tierras son del ejido de Barrio Nuevo”.

Ayer, los policías llegaron con máquinas y vehículos y empezaron a derribar una casa que no estaba habitada, y después se dirigieron a la escuela primaria, cuya construcción es un pequeño cuarto de madera y techo de lámina de cartón, de donde sacaron a los niños y los pupitres.

En tanto, en parejas o en grupos de tres, los policías se dispersaron por todo el predio en la espera de la orden para proceder al desalojo.

Las mujeres, al ver a los agentes formaron una valla humana para impedir que derribaran la escuela y acusaron a los policías de haber causado “un daño psicológico irreversible a los niños, porque los espantaron y se fueron llorando”.

La señora Lucía Molina consideró que la manera de actuar de los policías “no es la correcta, debieron de habernos avisado, no nomás llegar así como lo hicieron”.

El representante de los presuntos invasores, Guillermo Martínez, y algunos hombres se apartaron para platicar con el apoderado legal del empresario González Cuevas, José Luis Cuevas Agüero, y después de algunos minutos acordaron que la diligencia se suspendería hasta dentro de dos meses, mientras el Tribunal Unitario Agrario resuelve la controversia, “y nosotros nos vamos a salir de manera voluntaria”.

Al llegar a este arreglo temporal, los jefes policiacos y demás autoridades se retiraron.

En espera, la denuncia por el desalojo en Metlapil, dice la Codehum

Adalberto Valle

El coordinador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que las autoridades policiacas a las que se les requirió su declaración por el caso del desalojo de Metlapil, aún no han respondido al llamado de este organismo, tras la denuncia iniciada con el registro, CRA/100/2004.

Navarrete Magdaleno comentó que por el momento el proceso, luego de la denuncia iniciada por los desalojados,

está “en espera”, por las negociaciones que tienen ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.

Los funcionarios de quienes se espera una respuesta por escrito son el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez; del procurador Jesús Ramírez Guerrero y del secretario de Protección y Vialidad en Acapulco, Antonio Valenzuela Valdez, para responder sobre las acusaciones de abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, lesiones y robo.

Ramón Navarrete añadió que, luego de su declaración, los quejosos no se han presentado nuevamente a la coordinación para continuar el proceso. “Creo que es por las negociaciones que están teniendo con la autoridad. Estamos dando ese margen para ver si se puede llegar a un acuerdo”.

Despojo y lesiones en agravio del Invisur y de cuatro policías municipales, los cargos

 

 Luluani Vega El juez octavo penal dictó auto deformal prisión a los 12 detenidos en el desalojo del predio en Metlapil por ser presuntos responsables de los delitos de despojo y lesiones en agravio del Instituto de Suelo Urbano (Invisur) y de los policías municipales Cristóbal Cisneros Martínez, Leobardo Nava Bello, Manuel Alejandro Nava y Juan Ignacio Coronado.

Alrededor de la una de la tarde, el encargado de la segunda secretaría del octavo juzgado, Urbano Valente, informó del auto deformal prisión a los detenidos Rodimiro Ramírez Román, Marcelo Villanueva Genchi, Miguel Angel Arteaga Hipolito, Vidal Herrera Cruz, Policarpo Chávez García, Gabriel Leal Alvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal Alvarez, Miguel Angel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González, Francisco Salinas Clemente y Concordio Jacobo Sánchez.

Debido a que el detenido Rodimiro Ramírez Román, no asistió “por cuestiones administrativas”, solamente 11 de ellos escucharon desde la rejilla de diligencias la notificación, dijo Urbano Valente.

Aseguró que “la situación jurídica de los detenidos seguirá” en proceso en tanto los detenidos no depositen un fianza de 100 mil pesos por cada persona, la cual podían depositar a partir de ayer o desde el momento en que rindieron su declaración preparatoria.

Las 12 personas fueron detenidas el martes 4 de mayo en la madrugada, quienes habían invadido junto con otras 500 familias un terreno de 14 hectáreas propiedad del Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil. En el desalojo participaron unos 500 agentes de las policías Motorizadas y Judicial del estado, así como la Preventiva municipal.

Se movilizan en Chilpancingo por la libertad de los 12 detenidos

Familiares de los detenidos durante el desalojo de colonos de Metlapil, la madrugada del 4 de mayo, demandaron al director del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato y al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, el desistimiento de la acción penal y la libertad de 12 de sus familiares y compañeros detenidos.

Mientras tanto el grupo de miembros de la organización Frente Popular Tierra Digna, al que pertenecen los colonos de la ex Campo de Tiro que se instalaron en plantón, la tarde del martes frente al Palacio de Gobierno, para pedir la libertad de su compañero Martín Juárez Brito y la cancelación de 13 averiguaciones previas, pero que también pedían la libertad de los 12 colonos de Metlapil, retiraron su plantón la media noche del mismo martes.

Durante el día de ayer un grupo de familiares de los detenidos se mantuvieron afuera de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, mientras que otro grupo acudió al Invisur en donde pedían una entrevista con el titular Castrejón Lobato para solicitarle el cumplimiento de un compromiso que asumió con ellos en Acapulco, en donde les dijo que este miércoles acudiría a la Procuraduría para desistirse de la demanda por el delito de despojo que presentó en su contra.

Sin embargo, la comisión integrada por el abogado Alvaro Díaz y los dirigentes Manuel Baltazar Avila Sierra, Juan Carlos Muñoz Leal y Jorge Amado Muñoz Leal, no encontraron al director del organismo por lo que tuvieron que esperar hasta después del medio día, sin que el funcionario apareciera.

Así también, otro grupo se mantuvo en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia en donde esperaban confirmar el retiro de la demanda de la acción penal por parte del director de Invisur, para que después pidieran al procurador Ramírez Guerrero, la libertad de los 12 detenidos en el penal de Acapulco. Los familiares de los 12 encarcelados insistieron en que no hay ningún delito que perseguir, toda vez que la madrugada del desalojo no estaban invadiendo el predio propiedad de Invisur, sino se encontraban celebrando el día de la Santa Cruz. “Por ello estamos demandando el desistimiento de la acción penal, porque no hay ningún delito que perseguir y nuestros familiares están detenidos injustamente”, dijo Baltasar Avila.

Por la tarde esperaban que si físicamente el director de Invisur Castrejón Lobato no podía acudir a la Procuraduría a desistirse de la demanda, como se comprometió con ellos en Acapulco, cuando menos por teléfono tomara el acuerdo con el procurador Ramírez Guerrero.

Informaron que este jueves regresarían a esta capital a continuar exigiendo el desistimiento de la acción penal, en caso de que en las próximas horas no fueran atendidos por el director de Invisur o por el procurador de Justicia. (Zacarías Cervantes).

Desalojados de Metlapil ofrecen no reincidir a cambio de sus detenidos

Castrejón Lobato les responde que intercederá ante el procurador de Justicia en el estado

 Karina Contreras

Los desalojados del predio de Metlapil entregaron un documento con más de 80 firmas al director general del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato, donde se comprometen a no intentar reinvadir el predio de 14 hectáreas propiedad de esa dependencia, y a su vez el funcionario gestionará con ellos que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)       “otorgue el perdón” a los detenidos.

Por primera vez –luego del desalojo violento del 4 de mayo–, los inconformes se reunieron con el director de Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato, con quien hicieron un “pacto de caballeros” para juntos acudir a las instancias correspondientes, para que las 12 personas que están acusadas de despojo recuperen su libertad.

La reunión fue en las oficinas de Invisur donde, además de Castrejón Lobato estuvo el delegado, Alejandro López Salgado. La comisión de los inconformes estuvo integrada por los abogados, Álvaro Díaz Castro, Manuel Baltazar Ávila Sierra, Diocelina Facundo Mendoza, Juan Carlos Muñoz Leal, entre otros. Afuera, alrededor de 30 personas esperaban la respuesta del titular de la dependencia sobre el desistimiento de la demanda de despojo.

El primero en hablar fue el abogado, Álvaro Díaz Castro, quien fue directo al asunto entregando el documento a Castrejón Lobato con las firmas que la dependencia solicitó para desistirse de la denuncia de despojo, pues con ésta se garantiza que hay voluntad para cumplir con la palabra de no reinvadir.

Castrejón Lobato respondió que “ya no cabe el desistimiento de la demanda por parte de Invisur, pero para corresponder a la buena fe de los inconformes, pedirá al procurador, Jesús Ramírez Guerrero, el perdón para los detenidos, pues hay un compromiso que no volverá a pasar”.

Luego les dijo que lamentaba que no se hubiera acudido a los canales de entendimiento, porque la dependencia siempre está abierta al diálogo, y agregó que jamás vieron una solicitud de tierra. Les pidió no caer en un “circulo vicioso” de reinvadir de nuevo. Insistió en que hablará con el procurador, porque es el único que puede desistirse de la demanda ante el juez octavo que es el que lleva el proceso de los 12 inculpados.

Luego le dijo que no se vale llevar por delante a la gente pobre en la invasión de predios, y reveló que la dependencia ha hecho investigaciones donde muchos de los invasores tienen casa.

El abogado Manuel Baltazar Ávila Sierra, pidió a Castrejón Lobato, que si no sirve el documento debe decirlo inmediatamente,                     pues perdieron mucho tiempo con el anterior documento –el cual nada más llevaba tres firmas– que entregaron y sus compañeros fueron procesados. Y luego irónico dijo que los juzgados se habían vuelto eficientes, pues en 19 horas dio una orden de desalojo.

La reunión duró escasamente media hora, y las partes acordaron que a partir de hoy buscarán al procurador, para informarle del acuerdo y que otorgue el perdón a los 12 detenidos en el Cereso de Las Cruces.

Arbitraria, la fianza de un millón 200 mil a los 12 detenidos en el desalojo: abogado

Karina Contreras El abogado de los detenidos en el desalojo de Metlapil, Alvaro Díaz Castro, consideró que la multa de un millón 200 mil pesos fijada por el juez Víctor Alejandro Arellano a sus defendidos, es “arbitraria e injusta, y se basa en una línea que seguramente dio el gobernador René Juárez Cisneros, quien tiene interés por quedarse con el predio”.

Manifestó que los detenidos son de escasos recursos y no pueden reunir todo ese dinero, y adelantó que hoy llevarán a cabo manifestaciones en Invisur, las cuales cada vez serán más fuertes hasta lograr justicia para los detenidos, quienes se encuentran en el Cereso de Acapulco.

El viernes, el juez fijó una fianza de un millón 200 mil pesos a los 12 detenidos por la invasión de un predio de 14 hectáreas en Metlapil, el cual Invisur reclama como suyo. El pago de la fianza permitirá que éstos sean liberados y así puedan enfrentar el proceso fuera de la cárcel.

Díaz Castro dijo que la multa es excesivamente alta, arbitraria e injusta, y que el juez falló siguiendo la línea que le marcó el gobernador, luego del desalojo del martes, donde participaron 500 policías y resultaron varios heridos.

El abogado manifestó que la fianza no tenía porqué ser tan alta, pues el predio fue recuperado y no hubo tal despojo. Mientras que los daños al Ayuntamiento fueron de 40 mil pesos, y los heridos no sufrieron heridas que pongan en peligro la vida.

Insistió que la multa no está apegada a derecho. “Se ve claramente que el gobernador se quiere quedar con el predio”.

Dijo que los colonos esperan que la autoridad recapacite en su política. y en vez de encerrar les dé viviendas a los ciudadanos.

El desalojo en Metlapil no fue violencia, sino cumplir con el deber, afirma el arzobispo

 Los maestros se han convertido en fuerza de choque con sus marchas y plantones, ya no son instrumentos del saber, considera Aguirre Franco

 Karina Contreras

Para el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, el desalojo de varias familias en Metlapil, las cuales se habían apoderado de un predio de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) “no es ejercer violencia, es cumplir con el deber”.

Por otro lado, y a vísperas del Día del Maestro, cuando se esperan marchas de los mentores para exigir mejores salarios y prestaciones, Aguirre Franco dijo que éstos “ya son una fuerza de choque, ya no son instrumento para la enseñanza. Ya son para el mejor postor y cualquier causa política, cualquier inconformidad ellos la deben apadrinar”.

Entrevistado al finalizar su misa dominical, Aguirre Franco fue abordado por los reporteros y al preguntarle sobre el desalojo con policías de familias que ocuparon un predio en Metlapil, respondió: “el estado debe salvaguardar los derechos de las personas y la seguridad de los ciudadanos. Pueden (los ciudadanos) exigir sus derechos  y que se cumplan las leyes que les beneficien, pero también hay un terreno y cuando ya se rebasa la forma justa y legítima de demanmdar y se dañan los derechos de terceros el Estado tiene la obligación de actuar”.

–¿Con violencia, monseñor?– se le preguntó.

–No es violencia. No es violencia cuando exigen que aquellas personas lo hagan por los cauces debidos, y si alguien los hace por los causes indebidos y se les sanciona o reprime no es violencia. No es violencia, es cumplir con un deber.

Sobre las movilizaciones que año con año efectúan los maestros el 15 de mayo, dijo que la Iglesia está de acuerdo en que éstos sean retribuidos y tomados en cuenta sus legítimos derechos como verdaderos profesionales.

Pero –aclaró– no estamos de acuerdo en que se abandone la educación de los niños, y cambiar “el salón por el plantón”, porque de esa manera dejan la enseñanza y se lanzan simplemente a apoyar líderes, a candidatos, partidos y hacer exigencias ideológicas.

Asimismo –agregó– “¿qué tienen que hacer los maestros protestando por el problema de la presa La Parota? quiere decir que los están manipulando y ya son una fuerza de choque, ya no son instrumento para la enseñanza. Ya se dan al mejor postor y a cualquier causa política, cualquier inconformidad ellos la deben apadrinar”.

Manifestó que a los mentores los debe animar el verdadero amor a la niñez y la juventud, para que promuevan los valores éticos, morales, espirituales y transcendentes, por lo que deben comenzar con el ejemplo.

Aguirre Franco indicó que cuando los maestros se dedican a hacer caminatas con denuestos, con pintas, destruyendo lo que encuentran a su paso y gritando palabras ofensivas en nada educan; y agregó que con una mano le dan el libro al niño y con la otra le están enseñando a odiar a la sociedad, por lo que esa no es la verdadera escuela que necesita los alumnos.

Sobre la huelga del hotel Emporio, señaló que los justos derechos se deben reclamar, pero no deben hacerse para cerrar fuentes de empleo ni para perjudicar el turismo del estado de Guerrero, “porque se está matando a la gallina de los huevos de oro”.

Aseguró que los trabajadores son manipulados por la voluntad de dos o tres líderes que quieren llevar agua a su molino, y en eso no puede estar de acuerdo la sociedad.

Hay que buscar el entendimiento con Cuba, insiste

Sobre el rompimiento diplomático entre México y Cuba, Aguirre Franco manifestó que la hermandad y el respeto a las decisiones de otros pueblos no quiere decir que se aceptarán como una verdad de fe, o como lícitas las ofensas o las agresiones contra una nación.

Manifestó que Iglesia pide que antes que todo se busque el entendimiento y privilegiar el diálogo y la unidad, y agregó que se deben respetar aquellos derechos que cada quien tiene para que no queden lesiones entre las naciones.