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Denuncian precaristas de Iguala que un ex regidor del PRD los amenaza con levantarlos

La tarde de ayer precaristas de la colonia irregular 20 de Septiembre denunciaron que el ex regidor del PRD Valentín Amador Mata amenazó con incendiar sus viviendas y levantarlos, si no desalojan el predio.
Minutos después de las 5 de la tarde en conferencia de prensa, las coordinadoras de más de 250 familias que viven en el predio de 33 mil metros cuadrados exigieron la intervención de las autoridades agrarias para resolver el conflicto, y establezca quién es el propietario del terreno para comprarle los lotes.
La secretaria de la Mujer de la dirigencia estatal de Morena, Esther Aracely Gómez Ramírez pidió la vigilancia de las corporaciones policiacas para evitar una confrontación entre los dos grupos que disputan la compra del terreno.
Denunció que el ex regidor del PRD durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, Valentín Amador Mata amenazó con incendiar sus viviendas y levantarlos si no desalojan el predio.
Gómez Ramírez responsabilizó a Amador Mata de lo que les pueda pasar a los representantes de la colonia y a cualquier vecino, agregó que en una asamblea acordaron que denunciarán al ex regidor ante el Ministerio Público por amenazas y robo de unos 400 mil pesos, que les cobró a las familias por la venta del lote y cuotas que les pedía para supuestas gestiones.
Declaró que el ex funcionario municipal expulsó a más de cien familias porque no pudieron pagar la cooperación que pedía cada semana durante las reuniones que hacía, y fue una de las razones por el que lo desconocieron como representante y lo expulsaron de la colonia.
“Vivimos con miedo y en zozobra por un posible enfrentamiento”, dijo la coordinadora tras dar a conocer que en el perímetro de la colonia mantienen vigilancia permanente para evitar que entren personas ajenas.
Gómez Ramírez rechazó los señalamientos en su contra que hizo el ex regidor en un medio local, de que tener vínculos con la delincuencia organizada, y manifestó que si tiene pruebas, que las demuestre ante las autoridades competentes.
Pidió a las autoridades municipales y estales “que no se dejen engañar” por Amador Mata y que visiten la colonia para que conozcan la situación real por medio de los vecinos que fueron estafados por el ex regidor.
Añadió que hasta ayer ninguna autoridad municipal ni estatal se ha presentado para mediar en el conflicto.
Gómez Ramírez negó que el conflicto sea político y calificó que su presencia en ese asentamiento es por “azares del destino”, y porque familiares suyos viven en ese lugar.
En la conferencia también estuvieron otras tres coordinadoras de la colonia 20 de Septiembre: María Isela Villalobos Granados, Rocío Manuel y Angélica Ochoa.

Desalojan antimotines el plantón de los despedidos de Prospera en Chilpancingo

 

A las 5:30 de la mañana de este martes los trabajadores despedidos del programa Prospera que mantenían un plantón desde hace 15 días, fueron desalojados por unos 20 policías estatales con equipo antimotines.
Los trabajadores informaron que en las oficinas estaban cuatro de los siete paristas, y que en el desalojo al edificio ingresó el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, vestido de policía para pasar desapercibido, de quien los manifestantes piden su destitución junto con el delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia.
Uno de los despedidos, Rubén García que trabajaba como jefe de brigada y que estaba a un mes de cumplir 7 años en Prospera cuando fue despedido, contó que a las 5:30 de la mañana llegaron policías antimotines que rodearon el edificio, mientras que junto con sus compañeros se mantuvieron en el pasillo de acceso a las instalaciones, pues desde que cerraron las oficinas permanecen afuera para evitar ser acusados de robo, además de que adentro de las oficinas siempre estuvieron policías de seguridad privada.
“Se acercó el comandante que venía enfrente el cual no mencionó su nombre, o no lo recuerdo, y el (agente Fidel Martínez Cervantes del) Ministerio Público que venía con ellos a dar fe de los hechos que se estaban suscitando… nos pedían de la manera más pacífica que nos retiráramos, de lo contrario traían orden de llevarnos y desalojarnos por la fuerza en caso de que nosotros opusiéramos resistencia, pero al ver que eran varios elementos de policía tomamos la decisión mis compañeros y su servidor, de tomar las cosas que teníamos en las instalaciones y retirarnos”, relató.
Agregó que el agente del MP, Fidel Martínez tenía aliento alcohólico y que les aseguró que estaban representantes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), pero éstos llegaron más tarde luego de que los manifestantes desalojados les llamaron.
Rubén García informó que Axel Fernando Zamudio entró vestido de policía a las instalaciones de Prospera, y adentro comenzó a llamar a otras personas como a la encargada del padrón del programa federal, Narcedalia de Jesús Hernández Jiménez, pidió la presencia de un perito de la Procuraduría General de la República (PGR) para que avalara las condiciones en las que se encuentra el edificio, porque aseguró que los trabajadores en plantón habían entrado, lo que negó y afirmó que siempre hubo seguridad privada en el interior.
“No esperó a que llegara el perito, así que si llega a faltar algún equipo de cómputo o se pierde alguna información hacemos responsable a Axel Fernando Zamudio Estrada, a la señora Narcedalia y a sus demás compañeros”, expuso el trabajador despedido.
A las 9:30 de la mañana los trabajadores bloquearon la calle lateral de la avenida Insurgentes, y permanecieron hasta las 5 de la tarde. Vía telefónica, el dirigente de la Dirección Colectiva, Nicolás Chávez Adame informó que cuando el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio salió con los demás trabajadores de las oficinas, los manifestantes les aventaron huevos, sin embargo no les dirigieron la palabra y se retiraron.
Los trabajadores se retiraron después de 15 días de que mantuvieron un plantón en las instalaciones del programa federal para exigir, entre otras cosas, la reinstalación de sus puestos o reubicación en otra dependencia.

 

Instalan vecinos de la Fuerza Aérea guardias para evitar que los desalojen de sus viviendas

Vecinos de la colonia Fuerza Aérea, ubicada cerca de Pie de la Cuesta, informaron que para evitar el desalojo del predio que reclama el hijo del ex gobernador Israel Nogueda Otero, Israel Nogueda Pineda, instalaron guardias afuera de las viviendas notificadas por el delito de despojo.
Por separado vía telefónica, los inconformes reclamaron que sigue el hostigamiento de hombres armados enviados por Nogueda Pineda.
La vecina Guadalupe dijo que los colonos instalaron guardias afuera de las casas para evitar el desalojo “injusto”.
Añadió que la mayoría de los afectados se congregan en el día en una casa a la que se le venció el término del desalojo, “no vamos a permitir que se nos arrebate una vivienda más”.
Insistió que no tienen dinero para el pago que exige el hijo del ex gobernador, “nos pide hasta 80 mil pesos, aunque unos ya dieron el dinero para evitar ser desalojados”.
Criticó que los tres órdenes de gobierno no han intervenido, “a la gente pobre no la ayuda, nos quieren quitar nuestro patrimonio a la fuerza”.
Reclamó que continúa el hostigamiento porque Nogueda Pineda va a la colonia con hombres armados.
Guadalupe descartó que haya más notificados por el delito de despojo, “tampoco hay un altercado que lamentar”.
Otra vecina, que omitió su nombre por temor, reclamó que los tres órdenes de gobierno no han intervenido.
Comentó que para evitar un desalojo se instalaron guardias de “seguridad”, “ya nos vamos a permitir otro desalojo en la colonia, queremos que las autoridades regularicen los terrenos”.
El lunes pasado, vecinos de la colonia Fuerza Aérea denunciaron que Nogueda Pineda presentó 100 demandas contra ellos por el delito de despojo y que ya fueron notificados para desalojar el predio.

Protesta de vecinos de la colonia Fuerza Aérea; pretenden desalojarlos de su predio, denuncian

Avecindados de la colonia Fuerza Aérea protestaron y cerraron de forma simbólica, por una hora, las oficinas del Registro Público de la Propiedad ubicadas en el centro de convenciones Copacabana, para exigir al delegado que anule el registro de 37.5 hectáreas escrituradas como propiedad de la empresa Basiliks, del hijo del ex gobernador Israel Nogueda Otero, Israel Nogueda Pineda.
Desde las 9 de la mañana, unas cien personas, acompañadas de las ex diputada federal perredista Rosario Merlín, llegaron al centro de convenciones, y con lonas y cartulinas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores no caer en el fraude de Israel Nogueda Pineda y la empresa Basiliks, que pretenden ocupar 37.5 hectáreas habitados por familias que han empezado a ser desalojadas con violencia.
A las 10 de la mañana, 10 vecinos, incluida Rosario Merlín, entraron al centro de convenciones Copacabana y clausuraron las oficinas del Registro Público de la Propiedad, colocaron dos sellos y un sillón en la entrada. Una hora después, luego de ser atendidos por el delegado Gregorio Apreza Herrera, los inconformes se retiraron.
El delegado, en breves declaraciones, dijo que se revisará la petición de los inconformes y precisó que la dependencia no expide escrituras, solo las inscribe en un padrón.
Al término de un encuentro con los manifestantes, se informó que hoy se realizará una reunión en la Secretaría General de Gobierno.
Según indicaron los manifestantes, Apreza Herrera se comprometió a no entregar más folios ni registrar escrituras hasta el 12 de abril, día en que dará a conocer cuántos folios de registro de propiedades se han entregado y cuál es la notaría que dio las escrituras a los supuestos propietarios del terreno de 37.5 hectáreas que es parte de un ejido.
En declaraciones, el abogado de los colonos, Jaime Alvarado López, adelantó que al menos una escritura fue emitida por la Notaría número 4, a pesar de que el predio donde se ubica la colonia Fuerza Aérea pertenece al ejido de Las Playas, donde viven más de mil familias. Sin embargo los terrenos ocupados desde el año 2000 no cuentan con escrituras.
La vecina y representante de los colonos, Joaquina Hernández Agüero, señaló que el comisariado ejidal los ha respaldado y en el 2001 los reconoció como avecindados de la colonia Fuerza Aérea.
Agregó que el 13 de septiembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también reconoció el predio donde está la colonia como ejido.
En 2003, el Tribunal Unitario Agrario dictaminó que las tierras del asentamiento no eran ejidales, y en aquel año el ex gobernador Israel Nogueda Otero ofreció 500 lotes para las familias en Pie de la Cuesta, pero no especificó el lugar.

Desaloja la policía estatal a trabajadores de Vectores de la Jurisdicción 07 y detiene a 19

Policías del estado con equipo antimotines desalojaron ayer en la madrugada a trabajadores del Departamento de Vectores, tras seis meses de plantón afuera de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07, ubicadas en la calle Vasco Núñez de Balboa, en el fraccionamiento Hornos.
Los policías ministeriales detuvieron a 19 trabajadores, quienes fueron trasladados al penal de Las Cruces por 22 órdenes de aprehensión contra ellos, luego que la Secretaría de Salud presentó una denuncia por los delitos de motín y daño patrimonial.
En la mañana, los trabajadores no detenidos consideraron “inhumano” el desalojo porque solamente buscaron una plaza en la dependencia del estado, y responsabilizaron al gobernador Héctor Astudillo Flores de cualquier agresión que sufran.
El Ministerio Público y los peritos realizaron las diligencias afuera y adentro del inmueble, mientras que las pertenencias de los trabajadores se las llevaron en un camión de volteo.
Las personas contratadas por la dependencia del estado retiraron de la entrada del inmueble muebles, tablas, trastes, camas y bolsas de plásticos. Posteriormente limpiaron y lavaron el edificio.
Se observó que unos 100 policías del estado con equipo antimotines rodearon el acceso del edificio de la Jurisdicción Sanitaria 07.
Los policías resguardaron el edificio durante todo el día en el desarrollo de la cuantificación de los daños, como medicinas, equipo de cómputo y vehículos.
Un trabajadora parista, quien no dio su nombre, contó que los policías ministeriales y estatales acudieron a desalojarlos a las 5:30 de la madrugada: “sacaron a mis compañeros casi dormidos y a la fuerza, yo di otro nombre por seguridad y para no ser arrestada, tengo tres hijos”.
Llorando, la quejosa relató que los policías ministeriales dividieron a sus compañeros en dos bloques, izquierda y a la derecha, posteriormente los agentes golpearon a los hombres que se resistieron a la detención, y luego los esposaron para subirlos a la patrulla.
Añadió que los inconformes pidieron a los ministeriales mostrar el documento de las órdenes de aprehensión, y los efectivos respondieron que “no éramos quién para hacerlo”.
Conmocionada, manifestó que los efectivos desalojaron a sus compañeros como viles delincuentes, “no nos dejaron sacar nada, se llevaron todas nuestras cosas, somos trabajadores de la Secretaría de Salud y no se vale, hacemos responsable a Héctor Astudillo por si le llegará pasar algo a nuestros compañeros”.
Consideró injusto el desalojo, “nosotros pedíamos una basificación de acuerdo al tiempo que teníamos trabajado, somos trabajadores de más de cinco años”.

Se terminó el diálogo: Ssa

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, afirmó que se tomó la decisión de interponer una denuncia por el delito de daños al patrimonio, porque los vectores radicalizaron su postura al no aceptar la propuesta de la dependencia.
En declaraciones por teléfono, el funcionario estatal comentó que la denuncia se inició desde hace un mes. Sin embargo, dijo que la dependencia tomó una alternativa -que fue la demanda y luego el desalojo- para ayudar a la población.
Mencionó que después de seis meses de estar tomada las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 07, hubo un daño patrimonial, porque se caducan medicamentos y descomponen las vacunas.
Recalcó que la toma de las instalaciones de los vectores se vio bloqueada desde el punto de vista médico y administrativo. “Qué alternativas tomamos, pues bueno la salud de los acapulqueños, no podemos quedarnos con las manos cruzadas”.
Afirmó que después de agotar el diálogo se procedió a la denuncia por daño patrimonial, “se llevó un proceso y se les siguió invitando a trabajar siempre con la disposición”.
De la Peña Pintos dijo que la dependencia trato de convencerlos de reincorporarse a su trabajo a cambio de impulsar su formalización, sin asegurar una plaza, tal como está la minuta.
Descartó que un hecho violento en el desalojo y se les informó y mostró las órdenes de aprehensión, junto con al visitador de los derechos humanos, y después fueron trasladados al penal de Las Cruces.
Confirmó que fueron detenidos 19 trabajadores de las 22 órdenes de aprehensión que hay. Descartó que vayan a retirar la demanda de los empleados, “que siga el curso de todo lo que tenga que ver con lo legal”.
Apuntó que los trabajadores de vectores están en la lista de raya no tienen ningún vínculo con la dependencia laboral de contrato, “son personas que se contratan para fortalecer los programas para la promoción de la salud, abatización y fumigación”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó 19 órdenes de aprehensión giradas por el juez Sexto por el delito de motín contra los trabajadores que mantuvieron tomadas las instalaciones de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07 en Acapulco.
El delito de motín quedó bajo la averiguación previa TAB/SC/02/0059/2016 tras la denuncia de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero.
El documento indica que hay 22 órdenes de aprehensión, de los cuales ayer se cumplimentaron 19, entre ellos, 14 mujeres y ocho hombres, quedando tres por ejecutar.

Familiares piden la libertad de los detenidos; denuncian represión del gobierno del estado

Por la tarde, familiares se congregaron afuera del penal de Las Cruces para exigir al gobernador Héctor Astudillo la libertad de los 19 trabajadores de Vectores que fueron detenidos en la operación policiaca.
En declaraciones a reporteros, el papá de una de las detenidas, Juan Solano García contó que él habló con la dirigente Isabel Miranda Torres, y comentó que los detenidos están tranquilos, porque no cometieron un delito, y acusaron que los policías ministeriales y del estado robaron dinero, celulares y despensas.
Denunció que los policías ministeriales no mostraron las órdenes de aprehensión y detuvieron a los 19 trabajadores de manera “arbitraria” para trasladarlo al Ministerio Público de Renacimiento para integrar la averiguación previa, y al final consignarlos a la cárcel.
Advirtió que si el gobierno del estado no libera a los 19 detenidos acudieran organizaciones sociales para buscar la libertad de los presos.
Pidió una audiencia con el gobernador Astudillo Flores para que los 19 trabajadores queden en libertad en menos de 72 horas, “necesitamos el granito de arena del gobernador, no se vale, los trabajadores anda buscando trabajo, y por eso los mandan a encerrar”.
El 13 de septiembre del año pasado, los trabajadores del departamento de Vectores iniciaron un paro laboral y tomaron las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 07, esto porque no se había cumplido en ese entonces una minuta firmada por el ex secretario de Salud estatal Edmundo Escobar Habeica el 1 de junio en la que se comprometía en colaborar para la integración del proceso de formalización de 63 trabajadores de Vectores.
Sin embargo, el 1 de diciembre de ese mismo año, 33 de 63 trabajadores del departamento de Vectores dejaron el plantón para incorporase a trabajar, y dejaron a sus compañeros que buscaron una plaza en la dependencia.

Hubo uso excesivo de la fuerza en el desalojo del predio El Mirador en la capital, denuncian

 

Vecinos de la manzana 5-A del predio El Mirador denunciaron que la operación del gobierno estatal para desalojar a las familias que habitaban ahí de manera irregular fue violento, y hubo uso excesivo de la fuerza de los policías.
Los colonos quienes omitieron su nombre por temor a represalias remarcaron que durante el desalojo, “los policías rompieron los vidrios de las casas y agredieron a la gente sacando a la calle sus cosas”, principalmente en la inspección a la manzana 6.
Expusieron que debido al abuso de autoridad, una mujer de 82 años fue trasladada al hospital a causa de la impresión que le provocó el ingreso de los policías a su vivienda sin motivo aparente.
Consultados en el predio El Mirador, los vecinos aclararon que fueron beneficiados con una vivienda a principios del año pasado luego de los meteoros Ingrid y Manuel de 2013, relataron que atestiguaron todo lo ocurrido durante el desalojo ya que en ese momento se encontraban en sus hogares.
Detallaron que los uniformados no llegaron de forma pacífica, quebraron los vidrios y desalojaron a las familias “invasoras” de manera violenta.
“Creímos que la acción era llegar a las casas para tocar y pedir los documentos legales, o bien solicitar de manera pacífica que desalojaran, sin embargo (los policías) llegaron a romper vidrios y abrir puertas para sacar las cosas de la gente a donde fuera. No se procedió como declararon”, expusieron.
Un vecino detalló que la operación no pudo haber sido de manera pacífica, “porque para empezar todos los policías venían armados”, y señaló que las principales afectaciones ocurrieron en la manzana 6-A, donde luego mediante un recorrido se comprobó que al menos 20 ventanas de las viviendas permanecen quebradas de las 70 que componen esa zona.
“Nosotros escuchamos que la gente gritaba y lloraba, pero en ningún momento logramos salir a ver qué ocurría porque los policías nos mantuvieron adentro de nuestras casas, no permitían que subiéramos a ver qué ocurría”, agregó.
Tras un recorrido en la manzana 6-A se observó que ninguna vivienda está habitada, mientras que la zona está acordonada y hay ropa y juguetes tirados en el suelo.
Una vecina de la manzana 5-A recordó adentro de su hogar durante la operación algunos brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) junto a policías estatales acudieron a verificar quién habitaba la vivienda.
Explicó que la beneficiaria real es su madre de 82 años, quien en la visita de la brigada mostró el folio que le asignó la Sedatu y el Ayuntamiento capitalino, y comprobó ser la propietaria legal de la casa, sin embargo, al cabo de unas horas los uniformados regresaron acompañados del delegado federal, José Manuel Armenta Tello para solicitar una nueva inspección.
“Ellos tocaron la puerta y pregunte qué era lo que querían, él (Armenta Tello) de manera prepotente me indicó que abriera la puerta, en ese momento mi mamá del susto se comenzó a sentir mal y estaba acostada, ¿usted se imagina el daño que estas personas ocasionaron?, el señor se paró aquí con los policías, eran 6, entraron a revisar un colchón y después fueron a otro cuarto a inspeccionar en otro colchón, nunca supimos qué buscaban, ¿mi mamá qué daño les podía hacer?”, expuso.
Añadió que debido a la impresión que le causó la presencia policiaca en su hogar, la señora de 82 años fue trasladada al hospital del Seguro Social, “mi madre sufre del corazón y en ese momento no había transporte, ¿cómo la trasladaba al médico?, casi nadie se enteró pero hubo muchas irregularidades en el desalojo”.
Reiteró que ningún vecino pudo salir afuera de las manzanas donde se encuentran sus viviendas, “los policías acordonaron y taparon todo, no dejaron salir a nadie, nunca quisieron dejarnos salir”.

Acusa Javier Gutiérrez a Lucino Loyo de robar 60 mil pesos en el pasado desalojo

Serían utilizados para pagar la deuda del sindicato con el IMSS, denuncia el líder sindical

Mónica Martínez García

El líder sindical de la Sección 20, Javier Gutiérrez Santoyo ratificará la denuncia de despojo contra el ex secretario general de la Sección, Lucino Loyo Cuevas debido a que presuntamente está saqueando el sindicato pues al parecer extrajo 60 mil pesos que había en caja, 39 contratos colectivos de trabajo, 2 máquinas de escribir, una computadora y las escrituras del inmueble, informó Gutiérrez Santoyo.

El líder sindical externó que desde el sábado 12, cuando Loyo Cuevas se apoderó de las oficinas, acompañado de sus hijos, ha estado sacando equipo, mobiliario y documentos del sindicato, así como 60 mil pesos que se encontraban en la caja fuerte del sindicato y que serían utilizados para pagar el adeudo que el Sindicato tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social y para la remodelación del edificio.

Aseguró que las personas que Loyo Cuevas tiene “custodiando” el edificio niegan el paso a los “verdaderos trabajadores”.

Lo anterior después de que el sábado 12 los seguidores del ex secretario de la Sección 20, Lucino Loyo Cuevas sacaron a colaboradores de Gutiérrez Santoyo del Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares de la CTM, para ocupar ellos las oficinas.

Exigen vecinos de la Libertadores que el gobierno estatal desaloje a invasores

 

 Afectan a 300 familias. Precaristas invaden desde el sábado más de mil metros cuadrados asignados para el parque del lugar, informan

 Karina Contreras

Habitantes del fraccionamiento Libertadores –ubicado aún costado de la colonia Emilia Zapata– exigen al gobierno estatal su intervención para que desaloje a familias precaristas que invadieron, desde el sábado pasado, un área de más de mil metros cuadrados del parque del lugar, y acusaron al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) de no hacer nada, a pesar que ese predio desde hace 14 años está destinado para área de esparcimiento.

El señor Andrés Perea Nava dijo que han buscado a las dependencias como Fideicomiso Acapulco (Fideaca) e Invisur para que les ayuden, pero en ésta les dicen que pertenece a Armando Plata Leyva, quien también se dice propietario del predio, el cual fue invadido por colonos donde se formó el asentamiento irregular 7 de julio, pero insistió que el predio es área verde desde hace varios años.

El miércoles pasado, y para que el gobierno les haga caso, los habitantes inconformes de la Libertadores llevaron a cabo una protesta de más de cuatro horas en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para exigir una solución a la invasión del predio por ocho familias.

Los quejosos fueron atendidos por el delegado de Gobernación estatal, Manuel Zorilla, quien les informó que están haciendo la investigaciones a cerca del terreno para determinar quién es el dueño. Las cerca de 25 personas que protestaban portaban pancartas donde se podía leer: “Fideicomiso evade responsabilidades” o “Sr. Gobernador. Pedimos su apoyo”.

Perea Nava insistió en la intervención del gobierno estatal, pues las dependencias encargadas tienen oídos sordos a su petición de la invasión de esas familias encabezadas por el líder Antonio Ortiz Rodríguez, quien también lidero la invasión en la colonia 7 de julio, y que se encuentra junto al predio que el sábado ocuparon. Dijo que con está situación se ven afectadas unas 300 familias que habitan el fraccionamiento Libertado-res, pues es el lugar en donde juegan sus hijos.

Desaloja Vía Pública del Zócalo a personas que ofrecían servicios médicos

Está autorizado un módulo, pues la encargada presento los documentos que la avalan para prestar este servicio, dice Uriel Leal

Laluani Vega

La Dirección de Via Pública desalojo a tres personas del Zócalo que ofrecían servicios médicos de manera particular, informó el titular de la dependencia municipal, Uriel Leal Ramírez, quien agregó que solamente está autorizado un modulo para que brinde este servicio.

Aseguró que debido a la inconformidad de las otras personas que fueron desalojadas, junto con sus mesas y sillas en donde tenían su material de trabajo para   checar la presión, aplicaban inyecciones entre otros trabajos, la dependencia a su cargo les ofreció la alternativa de trabajar en el Mercado Central, pero hasta ayer las personas aún no aceptaban la sugerencia, “la propuesta ya la tenemos solamente estamos esperando que la gente acepte que sea reinstalada, el Mercado Central es buena opción son muchas las personas que acuden”.

Comentó que las personas ya tenían conocimiento que se llevaría a cabo el desalojo porque se les notificó con anterioridad, pero estos no se retiraron voluntariamente y tuvieron que intervenir los inspectores de la dirección de Vía Pública.

Leal Ramírez informó que el único módulo que tiene autorización para brindar el servicio es porque la encargada le presentó diversos documentos que avalan su trabajo, el cual estará ubicado frente a la tienda de ropa Melodi.

Por otra parte, añadió que las operaciones de alineamiento con los comerciantes establecidos son permanentes y no hay tolerancia para que los comerciantes informales expendan sus productos en las calles del                                     Centro y de otros lugares.

Aceptan la reducción de la matrícula a cambio de la libertad de sus compañeros

Rechazan declaraciones del gobernador René Juárez Cisneros

 Se desiste la SEG de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes de la normal Rafael Ramírez

 Los dos estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez que fueron detenidos el martes pasado durante el desalojo por policías judiciales del estado de las oficinas de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Zona Centro, fueron liberados poco después de la 1 de la tarde de ayer, luego de que sus compañeros aceptaron negociar la disminución de la matrícula escolar a cambio de su libertad.

Uno de los dirigentes estudiantiles, Joaquín Mier Leyva, rechazó asimismo que, como lo declaró el gobernador René Juárez ayer en Acapulco, los estudiantes de esa escuela hayan roto el acuerdo que suscribieron las nueve normales en el sentido de reorientar la matrícula escolar, puesto que dijo que los estudiantes de esta normal nunca aceptaron los términos de dicho acuerdo y que decidieron movilizarse.

“Nosotros no firmamos ningún acuerdo y el error de los compañeros de las otras normales es que pensaron que nos íbamos a quedar calmados, cuando no fue así, porque no aceptamos los términos de dicho acuerdo que implica reducir la matrícula para las escuelas primarias e incrementarla en el caso de los niveles superiores”.

Por ello insistió que los estudiantes de esa escuela no rompieron ningún acuerdo, puesto que ni lo firmaron.

Mientras tanto, los dos estudiantes detenidos durante el desalojo del martes pasado, Erick Acevedo Lorenzo y Josué López Valadez, salieron libres poco después de la 1 de la tarde de ayer y también la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se desistió de cuando menos otras siete órdenes de aprehensión que había en contra de igual número de estudiantes, ello luego de que los estudiantes de la Rafael Ramírez aceptaron que la matrícula escolar se disminuyera de 60 a 40.

“En estos momentos lo que nos interesaba es la libertad de nuestros compañeros y por eso desistimos de nuestra demanda en el sentido de que la matrícula escolar se mantuviera en 60 espacios para el próximo ciclo escolar”, dijo el estudiante Mier Leyva.