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Se compromete la SEG a gestionar la recuperación del predio invadido de la Técnica 221 en Acapulco

Padres de familia de la secundaria técnica 221, ubicada en la colonia Huertas de Santa Elena, al lado del reclusorio, se reunieron con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, quien se comprometió a seguir gestionando la recuperación del predio que pertenece al plantel y que está invadido por unas diez familias desde hace 20 años.
El secretario aclaró que la solicitud y respuesta, así como una posible resolucón se van a llevar un par de meses, porque hay un proceso jurídico.
Antes, durante los acuerdos, los padres acordaron reanudar las clases luego de dos semanas de paro, para exigir atención de las autoridades educativas en diversos problemas. El secretario señaló a los padres que el tema del predio no le es ajeno y que hacía el compromiso de poder resolverlo “jurídicamente, lo que le corresponde de origen a la secundaria que es el terreno de al lado”.
Le manifestó a los padres que ese tipo de asuntos son difíciles jurídicamente, complicados por los años que lleva el terreno sin se ocupado por la secundaria, pero “le encontraremos una respuesta, lo vamos a resolver ,pero ha sido complicado por el tema jurídico”. Aseguró que se trata de lograr que no haya ningún problema entre las partes.
Advirtió a los padres que el asunto les va llevar un par de meses, “quiero ser muy sincero, ya está muy encaminado, ya están los acuerdos, hay varias cosas firmadas, pero a la hora que nosotros tengamos que resolver, con lo que corresponde resolver, el recurso pues tendremos que asegurarnos que el asunto va quedar de origen resuelto”.
Además, se comprometió a llevar el 13 de diciembre butacas, pizarrones y mesas para los maestros. Informó que se logró bajar un recursos del programa de la reforma educativa, para reparar las afectaciones que tuvo la escuela por el sismo y cómo los padres y maestros con ese recurso van a decidir qué hacer, pero tienen que ser para afectaciones por el fenómeno natural.
González de la Vega llegó a la escuela poco después de las 10 de la mañana, donde ya era esperado por los padres y maestros, con quienes dio un recorrido por las instalaciones para supervisar las condiciones en la que se estaban impartiendo clases.
Una de las madres de familia le dijo que les ayudara a mejorar las aulas y le mostró una receta médica, donde le manifestó que su hijo se ha enfermado por estar en aulas que son un horno por el calor, pues tienen techo de lámina galvanizada.
Pero además de la situación del predio, el secretario de Educación recibió varias quejas contra algunos maestros, que tratan mal a los niños, y del intendente, que no asea la escuela y que la limpieza la tienen que hacer los alumnos. En este punto, el funcionario instruyó que en el tema se aboque el Jurídico y Contraloría y les prometió a los padres que si se tiene que dar una sanción, se hará.
También pidieron que al director encargado le den un oficio de enlace, de la dirección con la coordinación para que pueda firmar las constancias y otros documentos que se necesitan. Luego de una hora de reunión, se firmó una minuta de acuerdo y el secretario salió de la escuela con el compromiso de ser padrino de generación.

Desalojan a comerciantes del viejo mercado central de Ayutla que se negaban a mudarse al nuevo

Policías municipales y empleados del Ayuntamiento de Ayutla encabezados por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana, del PVEM, desalojaron violentamente a comerciantes del mercado del centro de la cabecera, y con maquinaria pesada destrozaron algunos locales para obligarlos a trasladarse al nuevo centro de abasto, ubicado en la salida a Cruz Grande.
Durante el desalojo, golpearon a unas 12 mujeres, quienes en la tarde presentaron su denuncia ante el Ministerio Público, informaron las afectadas, vía telefónica, quienes, además, informaron de la agresión mediante un video enviado al reportero vía WhatsApp.
Las comerciantes se niegan a cambiarse al nuevo mercado, debido a que con el sismo del 19 de septiembre tuvo cuarteaduras y no se ha hecho un dictamen de Protección Civil, denunciaron.
La presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, condenó que se haya ejercido violencia contra mujeres en un municipio en el que se declaró una alerta de género, y anunció que presentarán la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en el transcurso del día se habían comunicado vía telefónica con el delegado del organismo en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés.
Las comerciantes denunciaron que el desalojo por policías municipales y empleados del Ayuntamiento fue encabezado por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana; el director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales; el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán; y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Los policías y funcionarios llegaron a las 9 de la mañana al mercado que se encuentra a un costado del Palacio municipal, en el centro de esa cabecera municipal, y arremetieron a empujones con escudos contra más de 100 comerciantes que se niegan a trasladarse al nuevo mercado.
Según Obtilia Eugenio, en la agresión resultaron 12 mujeres golpeadas. Informó que a la hora de la agresión había mujeres, quienes trataron de impedir el desalojo.
Las comerciantes fueron replegadas y con un trascabo los empleados destruyeron los locales.
La comerciante, Wendy Molina Carrillo denunció que en la tarde los comerciantes se habían retirado por completo del antiguo mercado y que la máquina seguía destruyendo los locales. Agregó que las autoridades municipales les habían cortado la energía eléctrica, y se quejó de que a ella se le echaría a perder la carne que vende y que tiene almacenada en refrigeradores.
Explicó que la alcaldesa los quiere cambiar al nuevo mercado al sur de la cabecera, en la salida hacia Cruz Grande, y que no se niegan al traslado, pero que piden que se revisen las instalaciones afectadas con el sismo del 19 de septiembre.
Declaró que el estudio no se ha hecho, o cuando menos no les han dado a conocer los resultados, y que habían convenido que en tanto no estuvieran seguros de que no corren riesgos, seguirían en las antiguas instalaciones del centro de la cabecera municipal; sin embargo, ayer, sin aviso fueron desalojados violentamente.
Denunció que son unos 350 comerciantes los que se niegan a mudarse en tanto no haya un estudio de riesgos de las nuevas instalaciones, y que sólo unos 20 ya están en el nuevo edificio.
Explicó que a muchos que se niegan al traslado, la alcaldesa ya les quitó los locales a los que tenían derecho en las nuevas instalaciones, con el argumento de que “son revoltosos”, y que ya no tienen a dónde ir a vender ahora que han sido desalojados del antiguo mercado.
A su vez, la comerciante Eneida Lozano Reyes denunció que la alcaldesa pretende construir en la zona donde estaba el mercado una plaza comercial, en la que no están considerados los comerciantes locales.
El mercado que comenzó a ser demolido ayer tenía 40 años funcionando en ese lugar, de acuerdo con los comerciantes desalojados.

Temen mineros de Media Luna en paro un desalojo ante el aumento de vigilancia de policías y militares

Trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, de capital canadiense, denunciaron este martes que la presencia de marinos dentro de las instalaciones, y los constantes patrullajes del Ejército cerca del plantón, son preparativos para un desalojo de trabajadores de la empresa minera, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones advirtió que los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero que si las fuerzas federales intentan desalojarlos van a oponer resistencia, y que llamarán a los pueblos a que defiendan el derecho de los trabajadores.
Declaró asimismo, que los desplegados en los que la empresa canadiense menciona prestaciones a los trabajadores y beneficios a los pueblos vecinos, es sólo una parte de una campaña que ha iniciado para legitimarse, pero que en los hechos no ha cumplido las acciones que menciona.
Ayer, a 12 días de iniciado el paro con el que los trabajadores exigen el cambio de su contrato laboral de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al SNTMMSRM, los paristas, con el respaldo de habitantes de las comunidades vecinas, permanecieron a la expectativa en dos plantones, uno que se encuentra en el acceso 3, a unos 5 kilómetros de Nuevo Basas, en la carretera Valerio Trujano-Nuevo Balsas, y otro al extremo sur del cerro donde la minera explota oro y plata, cerca de la comunidad de Mazapa, municipio de Eduardo Neri.
Los trabajadores comenzaron su movimiento laboral a las 2 de la tarde del 3 de noviembre y a partir del sábado y el domingo pasado, comenzaron a recibir el apoyo de habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula, así como de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y de Colonia Valerio Trujano, de Tepecoacuilco.
Este martes, el ambiente se percibió tenso entre quienes participan en el primer plantón, ante el temor a un posible desalojo de las fuerzas federales, luego de que la tarde del lunes entraron a las instalaciones de la mina 70 o 80 policías de la Gendarmería, a bordo de seis patrullas y un autobús. Además, durante el transcurso de este martes se vio patrullar cerca del plantón a soldados del Ejército mexicano en dos camionetas Pick Up.
La presencia de la Marina y el Ejército se dio a la par de llamadas de la minera a trabajadores para que regresen a sus labores. En mensajes de texto les dicen que los patrullajes del Ejército y la presencia de la Marina son para “proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones”.
El delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, denunció que los representantes de la minera no han dado la cara directamente a los trabajadores en paro, “no ha querido presentarse a buscar una solución a la demanda de los trabajadores, que es un derecho legítimo”, pues sólo quieren decidir qué sindicato los va a representar.
Declaró que la inconformidad de los empleados se debe a que empresa y sindicato “coludidos”, han estado cometiendo una serie de atropellos y violado sus derechos laborales, así como también sus derechos humanos.

No cumple la empresa su obligación de dar seguridad laboral, se quejan

Dijo que una de las situaciones más grave es que la empresa no cumple su obligación de observar las normas más elementales de seguridad, y ejemplifico que los trabajadores están obligados a laborar dentro de la mina en condiciones inseguras, “la empresa no les da el equipo de protección personal que se requiere, aun cuando sabemos que la minería es un trabajo de alto riesgo”, acusó.
Aseguró que desde que comenzó sus trabajos de explotación la minera Media Luna, en enero de 2016, dos trabajadores han muerto por la falta de medidas de protección, cuando ocurrió la volcadura de un camión.
Denunció que los trabajadores no reciben equipos de seguridad en condiciones óptimas, y que los caminos no son adecuados para que transiten ese tipo de camiones, porque están en pésimas condiciones.
“La empresa está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y nosotros como representante de los mineros, siempre hemos dicho que la seguridad no puede estar por debajo de la producción, tienen que ir de la mano, y para que la empresa tenga una producción segura, debe de tener un trabajador seguro, y es la empresa la que tiene que darle la seguridad”, explicó.

Discriminan a trabajadores locales, denuncian

Destacó que la minera incurre en discriminación porque tiene clasificados a los trabajadores en “trabajadores locales y trabajadores foráneos”, y que los foráneos ocupan los mejores puestos, y tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, “les dan alojamiento, comida, viáticos para su traslado, y a los trabajadores de las comunidades los hacen trabajar jornadas de hasta 12 horas en actividades que son las más pesadas con salarios que van de mil 500 a 2000 pesos semanales.
El martes, la minera Media Luna publicó un desplegado en la prensa en el que asegura que el 99 por ciento del personal es de origen mexicano, el 66 por ciento es guerrerense y el 52 por ciento es de las localidades cercanas a la minera, pero consultado al respecto, el dirigente sindical aseguró que esto “es falso” y que, al menos en cuanto a trabajadores sindicalizados, 50 por ciento son foráneos y 50 por ciento son locales.
En cuanto a los salarios y prestaciones a los que se refiere la empresa en el mismo desplegado, en el que destaca que cuenta con las mejores remuneraciones, Pérez Morones, declaró que pudiera ser, pero que estos beneficios son sólo para el 50 por ciento, de la gente foránea, que es el que ocupa los mejores cargos, y los mejores salarios y prestaciones, “lo cual consideramos que no es justo, porque el trabajo debería de ser preferentemente para la gente de las comunidades, que es de donde se están llevando esas empresas extranjeras la riqueza que existe aquí”.
Aseguró que en la región hay personal calificado para ocupar esos puestos, pero que la empresa simplemente no los contrata, tampoco capacita, como es su obligación, a los trabajadores locales ya contratados para que tengan oportunidad de ascender a mejores cargos.
Según el desplegado de la empresa, 450 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios en las comunidades vecinas, lo que desmintió el dirigente local, que dijo que esa es otra de las inconformidades, porque la empresa y la dirigencia de la CTM acapararon las concesiones del servicio de transporte y de maquinaria.
Dijo que también incumplió el compromiso de que sus directivos y empleados consuman los productos de las localidades, porque la empresa les construyó zonas habitacionales a los trabajadores foráneos, en donde tienen todos los servicios y productos, que traen de fuera de la región.
“Estamos ante una empresa extranjera que viene a México a invertir, y que debe de respetar las normas y las leyes de nuestro país, pero no lo hace. Mientras el gobierno se debería de encargar de que esta empresa respete las leyes, a los trabajadores y a los pueblos, pero que tampoco lo hace”, criticó.
Pérez Morones denunció que, frente a las justas demandas que están planteando los trabajadores, la empresa está contestando de otra manera. “Tal parece que le quiere apostar al enfrentamiento, tal parece que lo que quiere es un desalojo, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que en este lugar vuelva a suceder lo del 20 de abril del 2006 en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo un intento de desalojo y perdieron la vida dos trabajadores, y más de 100 fueron heridos”, advirtió.
Advirtió que los trabajadores no quieren eso, “porque esa no es la forma de solucionar los problemas, pero si la empresa quiere apostarle a eso, nosotros también vamos a responder defendiéndonos. Estamos dentro del marco de la legalidad, estamos participando en este movimiento pacíficamente y la empresa nos quiere provocar”, denunció.
Pérez Morones aseguró que cuentan con el respaldo de los pueblos vecinos, porque la empresa tampoco les ha cumplido los compromisos, y que se han involucrado en el movimiento. Advirtió que, ante un posible desalojo recurrirían al apoyo de los pobladores para defender sus derechos.
Mientras tanto, entre los trabajadores que participan en el paro, se percibió el temor tanto por la presencia de la Gendarmería que llegó la tarde del sábado y permanece dentro de las instalaciones, como por los patrullajes constantes de los militares cerca de donde se encuentran en plantón, pero también a causa de las advertencias que la minera les ha enviado a través de mensajes.
Este martes, ninguno de los trabajadores que participan en el movimiento quiso declarar, salvo el dirigente del SNTMMSRM, “es lógico, los tienen amenazados”, dijo Pérez Morones cuando ninguno de los trabajadores respondió las preguntas del reportero.
El domingo y el lunes, les hicieron llegar un comunicado membretado de Torex Gold, en el que les advierte que el bloqueo es “ilegal” y que la empresa “está haciendo planes para llevar a cabo el reinicio eficaz de la planta, una vez que se levante el bloqueo”.
“El ejército está patrullando el área y la operación periódicamente”, dice el texto, y agrega que, “Le avisaremos cuando hayamos programado las reuniones en persona para los empleados en el sitio y tratar los asuntos de carácter laboral y los planes para regresar a trabajar”, y los conmina a regresar a su trabajo, “una vez que el cuerpo de seguridad esté en el sitio”.
A pesar de que la empresa ha insistido en que los trabajadores están bloqueando el acceso a la minera, el plantón no obstruye la entrada. Las carpas y lonas con las que se protegen del sol se encuentran a la orilla del acceso principal, y el paso de vehículos está libre; incluso, en el módulo de seguridad, después del plantón, hay policías estatales y policías auxiliares de empresas, que controlan el paso e impiden la entrada más allá del módulo.

Piden trabajadores del Palacio de Gobierno abrir salidas de emergencia para facilitar desalojos

Trabajadores del Palacio de Gobierno, adscritos a la sección séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), emplazaron al gobierno estatal a abrir salidas de emergencia y a construir escaleras en el segundo y primer nivel para agilizar el desalojo de los edificios en situaciones de emergencia.
Los trabajadores también demandaron el retiro de las vallas metálicas que, desde el año pasado fueron colocadas en el acceso principal del Palacio para reguardar el inmueble de las protestas sociales.
Las peticiones fueron hechas durante una concentración de los trabajadores en la explanada del Palacio de Gobierno la mañana del miércoles, donde fueron atendidos por el director general de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, Jaime Ramírez Solís.
Sin embargo, el funcionario les dijo a los trabajadores que por el momento no hay recursos para la apertura de puertas de emergencias y la construcción de escalaras del segundo y primer piso, pero que serán considerados cuando se autoricen recursos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre pasado.
También les dijo que las vallas metálicas que permanecen instaladas en el acceso principal no pueden retirarse, porque sirven para el resguardo del inmueble ante protestas sociales.
El trabajador, Javier Mendoza contó que la petición obedece a la dificultad que tienen para desalojar el inmueble ante situaciones de emergencia, como ocurrió en el sismo del 19 de septiembre pasado.
Dijo que hay una sola escalera para cada uno de los siete edificios, y que para llegar a la salida los trabajadores tienen que recorrer un solo pasillo repleto de escritorios y mobiliario de oficina, en donde se van atropellando y obstaculizando entre ellos, lo que no sólo implica riesgos, sino que obstaculiza la salida rápida de sus oficinas.
Otro empleado, quien dijo que es de base, coordinador sindical de la sección séptima del SUSPEG e inscrito en la secretaria de Planeación y Desarrollo Regional con número de empleado 11174, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles y director responsable de obras en el estado, se quejó de que desde que estaba en rehabilitación el edificio Tierra Caliente observó la falta de salidas de emergencias y la necesidad de construir escaleras para la salida de ocupantes del primero y segundo nivel, en todos los edificios.
Dijo que cuando hizo la observación le dijeron que su propuesta se iba a considerar en la rehabilitación, pero que el día de la conclusión de los trabajos observó que persistía la falta de salida de emergencia y las escalares, pero que le dijeron que se iban a construir después.
“Desafortunadamente, la naturaleza no perdona ni nos está dando la oportunidad de que podamos salvar vidas”, reclamó; aclaró que con el reclamó sólo está defendiendo su vida como trabajador y solicitó, a nombre de los trabajadores del Palacio de Gobierno, a las autoridades responsables que atiendan su petición, pues dijo que en este inmueble los trabajadores, “pasamos la mayor parte de nuestro tiempo”.
Otro empleado que sólo dijo que labora en el edificio Tierra Caliente, denunció que han encontrado negligencia de parte de las autoridades. Dijo que empezaron a ser atendidos por el subsecretario de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, quien sólo les dio largas.
Informó que su petición cobró urgencia a partir del sismo de 7.1 grados con epicentro en Axochiapan, Morelos, luego de las dificultades que se encontraron para desalojar con rapidez los edificios.
Informó que, el miércoles pasado salieron a manifestarse en la explanada para que los escucharan, y que entonces salió a atenderlos el director general de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno del estado, Jaime Ramírez Solís, quien nuevamente les dio respuestas imprecisas.
Informó que el acuerdo de los trabajadores es solicitar una audiencia, ahora directamente con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que escuche de manera directa la petición de los trabajadores, porque dijo que todos los trabajadores que laboran en los siete edificios están expuestos a sufrir en cualquier momento “fatales accidentes”.
Se quejó, asimismo, de la “mezquindad” de los funcionarios públicos, que por proteger el inmueble de los grupos sociales que protestan estén poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, puesto que ni siquiera las vallas metálicas quieren quitar de la entrada principal del Palacio para agilizar la salida no sólo de los trabajadores, sino también de los ciudadanos que acuden a hacer trámites.
Dijo que dieron un plazo de 15 días a los funcionarios que los han atendido para que les den una respuesta o les gestionen una audiencia con el gobernador, de lo contrario tendrán otro tipo de acciones.
Dijo que no aceptan que con el argumento de que no hay recursos no se resuelvan peticiones elementales para garantizar la seguridad de los trabajadores. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Toman trabajadores del servicio docente una oficina de la SEG; piden diálogo con el secretario

Unos 40 trabajadores de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPD) tomaron la oficina de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir una audiencia con el titular, José Luis González de la Vega Otero, mejores condiciones laborales y la legalización de la dependencia.
A las 12 del día, los inconformes llegaron a la oficina de asesores de la SEG, ubicada en el bulevar del río Huacapa, a unos metros del Congreso local, donde desalojaron a los trabajadores que se encontraban en las instalaciones y las clausuraron de manera simbólica.
Los manifestantes colocaron pancartas en las que se leyó: “Clausurado”, “solución inmediata a nuestras demandas” y “señor gobernador, los trabajadores de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente exigimos que la CESPD esté dentro de la estructura orgánica de la SEG, mejores condiciones laborales y evitar cualquier tipo de represalias”.
Uno de los inconformes, Ricardo Fabián Terrones, dijo que los trabajadores decidieron tomar la oficina de asesores de la SEG porque ahí también laboran directores de área y la titular de la CESPD, Margarita Nava Muñoz, aunque no se encontraba en las instalaciones cuando éstas fueron desalojadas.
Recordó que el 1 de mayo, González de la Vega Otero atendió a una comisión de los inconformes, pero no se concretó ningún acuerdo, y después las autoridades no volvieron a comunicarse con ellos, por lo que decidieron volver a manifestarse.
El martes, los trabajadores bloquearon un carril de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Eduardo Mendoza. Se quejan de que la coordinación no está legalizada y sus oficinas en la colonia Loma Bonita, que fueron destrozadas en 2015 durante las movilizaciones por los 43 normalistas de Ayotzinapa, no han sido restauradas, les falta equipo, mobiliario y papelería.
De acuerdo con Fabián Terrones, el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, acudió a dialogar con los inconformes cuando bloquearon las vialidades, pero no para resolver sus demandas, sino para pedirles que desistieran de la manifestación.
Reiteró que los trabajadores continuarán manifestándose hasta que las autoridades reanuden el diálogo y resuelvan sus demandas, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para realizar sus labores..

Desalojan policías municipales a 15 familias que invadieron una zona federal al norte de Iguala

Alejandro Guerrero

Iguala

Agentes de la Policía Municipal de Iguala y de Gobernación municipal desalojaron la mañana de ayer a 15 familias de precaristas que el 11 de marzo invadieron áreas federales junto al río San Juan al norte de la ciudad, no hubo personas lesionadas.
Minutos antes de las 12 de la tarde unos 15 policías al mando del secretario de Seguridad Pública, Domingo Tlatempa Vázquez y agentes de Gobernación al mando de su director, Miguel Salgado Martínez desalojaron a las 15 familias que ya habían instalado precarias chozas con palos, lonas y sábanas, en una franja de terreno federal junto al cauce del río.
El terreno fue invadido el 11 de marzo por familias que al parecer fueron encabezadas por el ex regidor del PRD, Valentín Amador Mata, está en la Ciudad Industrial en la avenida Industria Petroquímica.
Según declaraciones del representante de los precaristas, Feliciano Bolaños Mendoza denunció que los policías llegaron violentamente para desalojar a las familias que hace casi un mes se habían asentado en este predio ante la falta de vivienda. Reclamó que el desalojo fue sin que les mostraran una orden de desalojo.
Declaró que cuando ellos llegaron al lugar el terreno estaba lleno de basura y ellos se encargaron de limpiar y cercar la zona que era usada como tiradero clandestino de basura. Bolaños Mendoza advirtió que se volverían a instalar en el lugar.
Por su parte, el secretario Domingo Tlatempa negó que hayan utilizado la fuerza para el desalojo de las familias, dio a conocer que se les invitó a que abandonaran la zona federal sin que los precaristas opusieran resistencia, siendo ellos quienes desarmaron sus chozas y se llevaron sus pertenencias.

Con su amenaza tras el bloqueo en Iguala, el gobernador evidencia su intolerancia, dice la UCEZ

La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.

“No nos vamos a dejar chantajear”, dice el gobernador sobre el desalojo en Iguala

“El gobernador mandó sencillamente un mensaje con esto (el desalojo) de que no estamos sentados esperando a ver a qué horas nos chantajean”, subrayó Héctor Astudillo Flores sobre el desalojo de este miércoles de policías estatales contra campesinos de la asociación civil El Ángel de la Paz que bloqueaban la carretera federal de Iguala.
En declaraciones al concluir el acto de develación de la plaza de dos edificios en el Instituto Tecnológico Acapulco, ubicado en el crucero de El Cayaco, Astudillo Flores se refirió al desalojo y acusó que la organización de que en los últimos meses “frecuentemente nos amenazaban en bloquear la carretera y previo al bloqueo pedían una serie de cuestiones materiales y económicas. En las últimas dos ocasiones tratamos de ayudarles hasta donde más nos fue posible”.
Señaló que lamentablemente sus posiciones y exigencias salían de lo normal y “se tomó la decisión de hacer lo que se hizo, porque no podemos colocarnos en la ruta de la presión y del chantaje”.
Indicó que lo que se hizo “sencillamente fue enfrentar un grupo de personas que no iban precisamente en son de paz. Quienes encabezaban este grupo llevaban motosierras, las llevaban encendidas”.
Astudillo Flores insistió que se tomó la determinación de “enfrentar a este grupo” porque se había convertido en un grupo de presión, no solamente para el gobierno del estado sino para los ayuntamientos de Iguala y Taxco, “en donde si no les daban las cosas que pedían bloqueaban las carreteras”.
Aseguró que a los manifestantes se les dijo que el operativo (de desalojo) se iba hacer y “aún así ellos avanzaron con las motosierras prendidas y entonces se actuó”.
El gobernador indicó que instruyó para que a todas las personas detenidas se le respeten sus derechos humanos y se ordenó liberar a los menores de edad y a los adultos mayores.
Señaló que se va seguir la ruta de carácter penal y que serán muy cuidadosos de los derechos humanos de los detenidos, pero “también el gobernador mandó sencillamente un mensaje con esto, de que no estamos sentados esperando a ver a qué horas nos chantajean”.
Indicó que los dirigentes de la organización tienen orden de aprehensión, y por eso también se ejecutó la acción porque “y entonces era necesario pararlos o de lo contrario iba a haber un bloqueo seguramente de 24 horas, y hasta que no les fuéramos atendiendo sus demandas entre las cuales hay posiciones de carácter económico, seguramente no se iban a quitar”.
En su edición de El Sur de este martes, se informó que policías estatales con equipo antimotines desalojaron a pedradas, toletazos y con gas lacrimógeno a campesinos de la asociación El Ángel de la Paz de la carretera federal en la entrada a esta ciudad por Chilpancingo, así como del acceso a la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca y de los accesos a la colonia La Floresta y Acatempan, que cerraron durante dos horas.
El saldo fue de al menos 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad y unos 20 lesionados, entre estos mujeres y dos niños que fueron reportados como delicados de salud a consecuencia de las piedras que les lanzaron los agentes a los manifestantes.

En Chilapa tiran cuerpos fuera de la ciudad como mensaje

En otro tema, sobre los hechos violentos en Chilapa donde lo último fue una el hallazgo de cinco cuerpos calcinados, Astudillo Flores aseguró que era una prioridad en ese momento la atención en la zona.
Indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero fue tratado el tema de Chilapa-Chilpancingo, pero “yo creo que es más Chilapa, sin dejar de observar que puede haber algunas otras regiones que tienen problema, entonces se llegaron a algunos acuerdos ayer (jueves)”.
Sobre los cuerpos tirados en la carretera, Astudillo Flores explicó que hay operativos en las ciudades y que eso trae como resultado que se hagan una serie de acciones que “son, diríamos, mucho muy delicadas como el tirar cuerpos afuera de las ciudades, porque dentro de las ciudades ya no lo están haciendo”.
Señaló que hay más vigilancia dentro de las ciudades y entonces (los grupos de la delincuencia) buscan como mandar ese tipo de mensajes, con acciones que no sólo están encuadradas en los códigos penales, como es asesinar a alguien, sino después tirar los cuerpos fuera de la ciudad”.
Agregó que es un asunto que se está atendiendo, “por supuesto sin dejar de observar que hay zonas (en) que se nos está presentando una considerable violencia, como lo del incendio del carro ayer, y yo creo que todo eso sin que se diera antes de la reunión de ayer, se empezó a observar y habrá por supuesto respuesta en algunos operativo en puntos muy concretos”.
Otros temas que se trataron en la reunión fueron lo relacionado a la seguridad para la Convención Nacional Bancaria, el Campeonato Mundial de Tiro y el Tianguis Turístico, donde “la Secretaria de la Defensa Nacional y la Marina en coordinación con el gobierno del estado realizarán operativos para cuidar que la agenda turística este resguardada por los órdenes de gobierno que trabajan en torno a la seguridad”.
En cuanto a la irrupción de la UPOEG en el poblado de la Concepción que es resguardada por la CRAC, el gobernador solamente dijo que son situaciones que conociéndolas “lo único que puedo decir es que hago mi parte todos los días para que las cosas que suceden no vuelvan a suceder. Voy a hacer lo que sea necesario para encontrar la paz y la armonía”.
Finalmente, Astudillo Flores informó que en próximos días se va lanzar la campaña Amanece por Acapulco, que no es otra cosa se promocionar en sentido positivo al puerto y pidió a los reporteros: “por favor, ahí les encargo a Acapulco, no hablen mal”.

Desalojan policías a pedradas a campesinos de la vía en Iguala y lesionan a 20; hay dos niños graves

Policías estatales con equipo antimotines desalojaron a pedradas, toletazos y con gas lacrimógeno a campesinos de la asociación civil El Ángel de la Paz de la carretera federal en la entrada a esta ciudad por Chilpancingo, así como del acceso a la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca y de los accesos a la colonia La Floresta y Acatempan, que cerraron durante 2 horas.
El saldo fue de al menos 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad y unos 20 lesionados, entre éstos mujeres y dos niños que fueron reportados como graves de salud a consecuencia de las piedras que les lanzaron los agentes a los manifestantes.
En la tarde de ayer horas después del desalojo efectivos armados de la Policía Ministerial, entre ellos agentes vestidos de civil y en carros particulares sin rótulos de la dependencia, hicieron redadas en cerros de colonias cercanas donde fue el desalojo y catearon las oficina de la organización El Ángel de la Paz, ubicada en la avenida Vicente Guerrero de la colonia Centro, para detener al presidente de la asociación, Leovigildo Morales Garcés, quien vía telefónica dio a conocer que su abogado ya estaba tramitando un amparo para evitar su detención y para liberar a los detenidos.
Minutos después de las 9 de la mañana unos mil integrantes de la organización –unos 2 mil según sus dirigentes- que aglutina a campesinos, amas de casa y vecinos de colonias populares y comunidades de Iguala, Cocula, Teloloapan, Taxco y Tepecoacuilco, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores llegaron a la carretera federal México-Acapulco en el entronque con la entrada a la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca, y a las 9:35 de la mañana bloquearon de forma total los cuatro carriles de la vía federal y los accesos a las colonias La Floresta y Acatempan, para evitar el paso de los automovilistas que quedaron varados en la zona por dos horas.
La protesta causó molestia de transportistas, comerciantes y personas que quedaron detenidas en el lugar, y que en el caso de quienes viajaban en el transporte público fueron obligados a cruzar a pie la zona del bloqueo para llegar al otro lado y seguir su camino. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se vio que se diera paso a personas enfermas.

Piden despensas, láminas, cobertores, colchonetas, 20 toneladas de maíz, cemento y 200 mil pesos

El dirigente de la asociación civil, Leovigildo Morales dijo durante el bloqueo de la vía federal que cerraron el paso porque no se cumplieron las minutas de acuerdo que firmaron con el gobierno del estado, y que les prometieron cumplir antes de finalizar febrero.
Estimó que entre los “rezagos” a sus demandas desde 2015 son un millón y medio de pesos en especie: 15 mil despensas, cinco mil láminas galvanizadas, cinco mil cobertores, cinco mil colchonetas, 20 toneladas de maíz, cinco toneladas de semilla para siembra, 100 toneladas de cemento y 200 mil pesos en efectivo para gastos de la movilización.
En los bloqueos fueron mostradas lonas con las leyendas: “campesinos y sus mujeres en pie de lucha” y “nadie aboga por los pobres… sólo El Ángel de la Paz”. A los manifestantes se les vio portando machetes, palos y cuatro moto sierras.

El desalojo

A las 11:30 de la mañana en un carro de sonido el dirigente de la organización llamó a los líderes de colonias y organizaciones concentrar a la gente hacia la carretera y dar paso a lo que llamó el segundo plan de acción, que era la toma de la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca, a unos 400 metros del bloqueo, para lo cual pidió a los hombres con machetes y moto sierras que se fueran al frente.
Los manifestantes avanzaron a paso lento al tiempo que encendían las motosierras y algunos golpeaban los machetes contra el pavimento. A unos 60 metros los más de 200 policías antimotines que se encontraban en el entronque hacia la caseta de cobro cerraron el paso, y golpearon sus escudos con los toletes.
En el lugar también había policías federales y ministeriales armados. Se vio al fiscal regional José Luis Martínez Silva, peritos y agentes del Ministerio Público.
Ante el cierre del paso hacia la caseta un grupo de unos 30 hombres y adultos mayores rodearon a los policías estatales y éstos nuevamente les cerraron el paso.
En este lugar inició un intercambio de empujones y después de piedras, principalmente de los antimotines que en ese momento superaban en número al grupo de inconformes que avanzó, ya que el resto de la gente, en su mayoría mujeres y niños se quedaron en la retaguardia.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y unos minutos después había unos 15 inconformes intercambiando pedradas con los más de 200 agentes estatales que con esta acción abrieron el paso a los automovilistas.
Los manifestantes corrieron, pero los antimotines siguieron lanzando piedras hacia donde estaba la multitud donde había mujeres, niños y reporteros.
Después de haber dispersado a la gente algunos policías lanzaban piedras hacia los vehículos que estaban estacionados, al parecer de los manifestantes.
Con el apoyo de policías ministeriales armados, algunos vestidos de civil y en vehículos particulares sin rótulos de la dependencia persiguieron a los manifestantes que corrieron hacia los cerros y calles del lugar. Los agentes estatales se metieron a negocios de donde sacaron con violencia y a punta de golpes con los toletes a presuntos integrantes de la organización, a los cuales sometían en grupos de cinco a siete.
Algunas mujeres fueron golpeadas y sometidas por los policías cuando intentaron defender a sus esposos o familiares, hechos que fueron videograbados y difundidos en la red social Facebook. Una mujer se desmayó durante los reclamos y no fue atendida a pesar de que sus familiares pedían una ambulancia.
La agresión de los antimotines también fue contra reporteros, al de ABC radio, Ricardo Almazán le impidieron grabar y con un golpe le tiraron su teléfono. Algunos antimotines también hicieron uso de sus escudos para evitar que los reporteros tomaran fotografías o video de la violencia al momento de las detenciones.
En varias patrullas de la Policía Ministerial del estado y algunos vehículos particulares sin rótulos, civiles armados al parecer policías ministeriales se llevaron detenidas a varias personas, entre jóvenes y personas mayores. Durante esta acción se vio la detención de al menos 15 personas, aunque el reporte oficial menciona 13.
Después de la una de la tarde ya que había desalojada la vía federal se vio que policías estatales, ministeriales y federales, los dos últimos armados, seguían en busca de más manifestantes.
Un grupo de ocho agentes ministeriales en dos vehículos particulares catearon las oficinas de la asociación ubicadas en la avenida Vicente Guerrero para detener al dirigente Leovigildo Morales.

Los detenidos y lesionados

Según información vía telefónica del dirigente de la organización social El Ángel de la Paz, Leovigildo Morales, fueron 13 detenidos pero no descartó que puedan ser más, y reportó 20 personas lesionadas, entre estos a mujeres y dos niños heridos de gravedad por las piedras que les cayeron y que fueron lanzadas por los policías. Dijo que los heridos estaban siendo atendidos por ellos o en sus casas, ante el temor de ir a hospitales y ser aprehendidos por los policías.
En un boletín oficial el gobierno estatal dice que los antimotines fueron “agredidos” y que “repelieron” esa agresión, y que resultaron 13 personas detenidas.
Agrega que “se tiene conocimiento” que una de las personas que está “manipulando” a esta organización es el ex alcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado.
En el reporte se dice que los inconformes lanzaron petardos, pero esto no se vio en la protesta, sí se oyeron los disparos de los lanza granadas de los antimotines.
Los detenidos son: Juan Esteban Moreno Martínez de 23 años, Alfredo Cortés Rodríguez de 28, José Martín Cortés de 45, Aurelio Fuentes Sánchez de 40, Jesús Carrera López de 19, Silvestre Martínez Díaz de 27, José Luis Enrique Pastor Fuentes de 23, Juan Juárez Lara de 42, Rosa Fuentes Santos de 42, así como dos jóvenes de 17 años, uno de 16 y una adolescente de 14.
Morales Garcés responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores de haber ordenado el desalojo, y dijo que en ese momento (a la 1:20 de la tarde) los abogados de la asociación ya tramitaban un amparo para evitar que fuera detenido. Dijo que la consigna que había del gobierno del estado era llevárselo, “y golpear a algunos cuantos para darnos un escarmiento y ya no salgamos a las calles”.
Adelantó que se aliará con otras organizaciones y protestará en Chilpancingo en contra del gobierno estatal y la represión de sus policías.
Denunció que tres policías federales vestidos de civil lo querían detener, pero logró escapar. “Nos clavaron a tres policías federales que iban encubiertos y ellos empezaron a lanzar piedras a los antimotines para que ellos respondieran con todo, tenemos fotos de esos federales disfrazados de civil, los vamos a exhibir”.

Desalojan el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia

Durante la represión los empleados del Palacio de Justicia desalojaron el edificio durante una hora y media, después regresaron a sus actividades.
Según un empleado del poder judicial abandonaron el edificio –ubicado a unos 100 metros de donde fue la protesta- por miedo, y no porque alguna autoridad haya dado la indicación.
A las 12:30 de la tarde la sede del Ayuntamiento en el centro de la ciudad también fue desalojada ante el rumor de que los manifestantes llegarían para destruir el edificio.
Ahí se generaron rumores de la llegada de policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan en apoyo a los integrantes de la asociación civil El Ángel de la Paz, pero esto no sucedió. Algunos empleados, principalmente de Tesorería sacaron equipo de cómputo para su resguardo.

Anuncia la UCEZ protestas contra el desalojo

La activista y dirigente de la organización social Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ)-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena reprochó en declaraciones por teléfono el abuso de poder del estado en el desalojo, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a la reflexión para que no demuestre su ambición, la corrupción y el abuso que existe en su gobierno.
Advirtió que se sumarán a las movilizaciones en apoyo a la organización El Ángel de la Paz para exigir cumplimiento a las demandas de los campesinos de Guerrero.
Denunció que “el Estado mexicano abusa del poder para desalojar una manifestación, que hasta donde sabemos fue pacífica y había mujeres y niños”.
Señaló que las movilizaciones campesinas son el reflejo de las necesidades del campo y de la corrupción que existe en las dependencias estatales y federales que deben atender a los agricultores.
“Sí nos molesta, sí nos indigna y sí le llamo a Astudillo para que no se vea la corrupción y la ambición desmedida de su gobierno, que trae no sólo en el campo y en otros sectores como en la Salud y la Educación”, señaló.
Denunció que los gobiernos priistas de la zona Norte sólo están beneficiando a gente identificada con el PRI, en un claro uso de los recursos públicos para el proceso electoral de 2018.

Se enfrentan precaristas de Iguala con encapuchados que intentaron desalojarlos; hay una mujer lesionada

La mañana de ayer precaristas de la colonia en litigio 20 de Septiembre se enfrentaron con un grupo de hombres que llegaron al lugar con el rostro cubierto, lo que dejó a una mujer embarazada lesionada, responsabilizaron del intento de desalojo violento al ex regidor del PRD Valentín Amador Mata.
Minutos después de las 11 de la mañana, vecinos del asentamiento irregular, que se encuentra el litigio entre los hermanos Apolinar y José Socorro Linzaga Nava, informaron vía telefónica que unos 15 hombres encapuchados llegaron a la colonia ubicada al noroeste de la cabecera municipal de Iguala, con la intención de desalojar a las más de 200 familias que viven allí.
Los precaristas dijeron que los encapuchados llevaban palos y machetes, los identificaron como integrantes del grupo que lidera el ex regidor del PRD cercano al ex alcalde detenido José Luis Abarca Velázquez, Valentín Amador Mata y a la ex líder de este asentamiento Graciela Velázquez, quienes iban con la instrucción de desalojarlos violentamente, empezaron a quitar palos y la cerca de alambre para poder irrumpir en el asentamiento.
Entre los precaristas y los encapuchados se dieron jaloneos y empujones, una mujer embarazada resultó lesionada de un golpe, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital.
Los precaristas reclaman la posesión del terreno de más de 33 mil metros cuadrados y en el que actualmente están asentados, aseguran que están pagando entre 27 y 30 mil pesos por cada uno de los 230 lotes.
Casi una hora después del hecho llegaron más de 50 policías federales, municipales y soldados del Ejército, pero los encapuchados ya habían huido del lugar.
Los precaristas de la colonia 20 de Septiembre responsabilizaron de los hechos al ex regidor Valentín Amador Mata y a Graciela Velázquez que anteriormente los representaban, pero fueron expulsados y desconocidos como sus líderes, porque los acusaron de defraudarlos con más de 400 mil pesos.
Los policías y soldados sólo recabaron información del enfrentamiento, no hubo detenidos, y los vecinos manifestaron su temor de que vuelva a ocurrir otra confrontación o intento de desalojo con violencia.