Intentan desalojo de colonos para instalar un cuartel en Teloloapan; irrumpen militares en casas de Tlapehuala

 

Pobladores de la colonia La Mohonera, de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron ayer que unos 200 policías antimotines, policías ministeriales y soldados armados, así como funcionarios del gobierno estatal intentaron desalojar a más de 80 familias de este asentamiento sin una orden judicial, ya que en la zona se construyen las instalaciones del cuartel del 41 Batallón de Infantería.
Por separado, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de ayer, gendarmes y soldados del Ejército ingresaron por la fuerza a catear sus casas y robaron dinero y diversos artículos.
Un vecino de La Mohonera, Cristino Bahena Salgado denunció, vía telefónica, que ellos tienen constancias de propiedad de esos predios, que son usados como parcelas de cultivo de maíz hace más de 17 años, y que durante el gobierno perredista de Ignacio de Jesús Valladares Salgado y Ángel Aguirre Rivero, se falsificaron las escrituras para ceder los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un video que los afectados compartieron con el reportero, se ve a los antimotines con los escudos de la policía del estado y toletes, también se ve a otros policías, al parecer ministeriales, cubiertos del rostro, y a soldados del Ejército armados.
En la grabación de uno de los vecinos se alcanza a escuchar cómo los pobladores, entre ellos mujeres, reclaman a los policías y soldados que, “así deberán de actuar en contra de los delincuentes que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa, allá sí se necesitan armas para pelear con los delincuentes y los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa y encontrar a los culpables, no con la gente humilde, los campesinos, vienen a hacer sus ‘panchos’, allá vallan a hacerlos y busquen a aquellas personas”.
Cristino Bahena denunció que, la mañana de ayer llegaron unos 200 antimotines y después de las 3 de la tarde empezaron a avanzar hacia ellos de una forma intimidatoria.
Señaló que el gobierno municipal le cedió parte de esos terrenos a la Sedena para la construcción del cuartel, que el gobierno sacó una escritura “falsa” de la propiedad de ese predio en 2012, pese a que ellos tienen constancias de propiedad desde hace 17 años. Precisó que esas tierras son ejidales y las utilizan para la siembra de maíz, y que de hecho empezaron a preparar las tierras para este ciclo agrícola.
Puntualizó que ellos no están en contra de que se construya el Batallón en esa zona, “sino al contrario, pero que respeten nuestro trabajo y nuestras tierras”.
Comentó que en ese asentamiento viven 140 familias, pero las afectadas directamente son unas 80. El predio donde se construye el cuartel militar está en la carretera Teloloapan-Apaxtla, a unos 5 kilómetros de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el área en disputa se construye una barda.
Dijo que en el gobierno de Ignacio Valladares se compraron casi 14 hectáreas del terreno que después se donaron a la Sedena, pero que ahora pretenden invadir otras 15 hectáreas del predio y los pretenden desalojar sin una orden judicial y con el uso de la fuerza pública.
Señaló que las autoridades han ofrecido reubicar a las familias, pero en un terreno “más feo” y pedregoso, que no les conviene, y declaró que ayer por la tarde se dialogó sin que se diera ninguna confrontación, y después se retiraron del lugar los antimotines.
Advirtió que ellos defenderán sus tierras hasta las últimas consecuencias, y responsabilizó a las autoridades estatales y militares de lo que llegue a suceder; dijo que, de ser necesario convocarán a vecinos de otras colonias de Teloloapan para defender sus terrenos, y que el ofrecimiento de reubicación que les dan es en un predio de tres hectáreas, lo que rechazan, y exigen la presencia del ex alcalde, Ignacio de Jesús Valladares, para que aclare la situación.
En el video se alcanza a ver al Subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel.
En hechos separados, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de este miércoles gendarmes y soldados del Ejército irrumpieron en sus casas para hacer cateos y terminaron robándose dinero en efectivo y diversos artículos que encontraron.
Frente al centro de salud de San Juan Mina, vecinos reportaron que en dos viviendas se metió la gendarmería reclamando que tenían reportes de que ahí había mariguana escondida, y exigiendo a los dueños que la entregaran.
En una de las viviendas estaba una pareja con una niña de unos nueve años de edad, a quienes amenazaron y apuntaron con rifles y pidiendo que entregaran la droga.
La familia reportó que los gendarmes encontraron sobre la mesa una bolsa llena de hojas secas y semilla de hierbabuena, que la señora siembra, y que mostró en el patio el lugar donde tiene sembrada la planta, pero que los gendarmes insistieron en que era mariguana.
Tiraron muebles, ropa, camas, y en el cateo se llevaron el dinero en efectivo que ahí había.
“Eran sólo mil pesos que tenía para la semana. Mi esposo es albañil y eso tenía guardado”, dijo la mujer entre lágrimas. “Tenemos miedo de presentar denuncia, nos amenazaron y tenemos miedo de que vayan a volver. Si nosotros anduviéramos en cosas malas, no tendríamos así la casa, de humilde”, dijo la mujer.
Al fondo, la vivienda se conecta con otra casa. En donde rompieron una cama en la búsqueda de diversos artículos. Ahí reportan el robo de un celular y unas bocinas. El dueño dice que se dedica a la venta de agua, y que a la hora del cateo no estaba en su casa.
La localidad de San Juan Mina está muy pegada a Tlapehuala, y en la ruta que conduce a pueblos del río Balsas que pertenecen al municipio de Ajuchitlán.
En San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán, ubicado a 5 kilómetros de San Juan Mina, también reportaron la incursión de la Gendarmería, pero también reportaron la presencia de una patrulla del ejército. Ahí señalaron que, alrededor de las 11 de la noche llegaron buscando a hombres armados en un rancho abandonado.
Amenazaron a los vecinos de un rancho abandonado, para exigirles que les dijeran dónde estaban los hombres.
“Nos apuntaron a toda la familia, somos cuatro, tenemos una niña en casa y así con el rifle se metieron a la casa. Se llevaron como 12 mil pesos que teníamos, se llevaron unos cartuchos de un rifle 22, tenemos una escopeta y se la querían llevar, pero está muy vieja y la dejaron. Luego escuchamos disparos y se fueron”, indicaron.
“Sólo pedimos al gobierno que no venga a robar, si vienen contra alguien, vayan contra ellos, pero por qué se meten a las casas a robar, eso no está bien”, expresó uno de los inconformes.
En el rancho se observó una camioneta estacionada; de acuerdo con los vecinos, el dueño desapareció hace varios años y el lugar está solo. A la camioneta le rompieron los vidrios y había un cartucho percutido a un costado. Luego se fueron del lugar.

Reportan decomiso de droga y un vehículo en Tlapehuala

La Gendarmería puso a disposición del Ministerio Público federal, con sede en Altamirano, una camioneta con reporte de robo, 5 kilos de mariguana y una moto, decomisados en el municipio de Tlapehuala.
Informes policíacos señalan que aproximadamente a las 10 de la mañana, la Gendarmería puso a disposición una camioneta en la que señalan que llevaban un cargamento de 5 kilos de mariguana en una bolsa.
También pusieron a disposición una moto con reporte de robo, tipo Itálica. No se reportaron detenidos, ni se pusieron a disposición dinero, armas o teléfonos.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlapehuala, donde reportaron la presencia de la Gendarmería y el Ejército desde las 10 de la noche en la localidad de San Juan Mina y en San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán.

 

Desalojan a precaristas de un área protegida en Zihuatanejo; llevaban cinco días en el predio

Este martes, inspectores de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y de la de Ecología, policías municipales y bomberos, desalojaron a precaristas que el jueves 24 de mayo invadieron y se quedaron en un predio de más de 2 hectáreas, ubicado en el área natural protegida parque El Limón, en Zihuatanejo.
La zona invadida colinda con la colonia irregular La Cima de Jesús, en una de las partes más altas de los cerros al poniente de este puerto.
Los inspectores llegaron a las 11 de la mañana a informar a los precaristas que tenían que quitar los palos y las lonas con las que tenían levantadas sus tiendas; sin embargo, los invasores reclamaron que tienen necesidad de una vivienda y que han solicitado al Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo que les venda un terreno para construir sus casas, pero no han tenido una respuesta y por eso invadieron el predio.
Aunque los precaristas se enfrascaron en una discusión ríspida con los inspectores, no fue necesaria la intervención de los policías municipales, pues no ofrecieron resistencia cuando los trabajadores municipales empezaron a derribar las improvisadas techumbres, aunque advirtieron que las veces que los quiten serán las mismas que regresarán a ocupar el área natural protegida. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Apoyan vecinos a una madre de dos hijos con síndrome de Down que hoy sería desalojada

“No están solos”, apoyaron vecinos, madres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 1 Lucia Alcocer, a Mercedes Gutiérrez, para evitar que la deje en la calle su ex esposo, Mario Romero Hernández, quien pretende desalojarla junto a sus dos hijos con síndrome Down.
El pasado viernes, Mercedes Gutiérrez Martínez denunció que su ex esposo y la familia de éste la quieren desalojar de la vivienda que ocupa hace 29 años en la colonia Francisco Figueroa Mata. Una jueza falló a favor de su esposo y hoy martes debe ser desalojada con sus hijos y un perro.
Vecinos, alumnos del CAM, madres y padres de familia, tras enterarse de que la familia del ex esposo de Mercedes pretenden desalojarla, se reunieron este lunes afuera de la casa donde vive la madre de familia para acompañarla y brindarle su apoyo.
Una madre de familia, Eréndira Monroy Sanabria dijo que es una injusticia que se está cometiendo con Mercedes y sus dos hijos, y manifestó que son más de 120 padres que llevan a sus hijos al CAM número 1 quienes apoyan totalmente a Mercedes, y que están inconformes por el fallo que dio la juez segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y de Oralidad en Materia Mercantil del Distrito Judicial, Iracema Ramírez Sánchez, porque “prácticamente” dejó a la familia desamparada y en la calle.
Monroy Sanabria pidió que el ex esposo, que los abandonó en 2009, quien no les ha pasado pensión, compre un terreno y les haga una casa, “aunque sea de madera”, pero que los pongan en un lugar donde puedan vivir.
Aseguró que los niños y Mercedes no tienen a dónde ir, y que si los desalojan dormirán en la calle.
“En el CAM somos una familia, por eso los compañeros de Mario y María (hijos de Mercedes Gutiérrez) los apoyan, junto con las madres, y no vamos a permitir una injusticia y abuso de las autoridades y de los familiares”, indicó la madre de familia.
Manifestó que la juez viola los derechos de los niños con discapacidad, por lo que hizo un llamado al DIF y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) para que intervenga.
Los padres y vecinos también solicitaron que la presidenta del DIF, Mercedes Calvo, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, intervengan para que la familia no quede desampara.
Solicitaron que el caso se vuelva a investigar, porque no es posible que se violen los derechos de los niños especiales.
Por su parte, Mercedes Gutiérrez reprochó que, después de la denuncia que hizo el viernes, a su hogar acudieron funcionarios del DIF estatal que le solicitaron copia de la demanda para ver qué podrían hacer para evitar el posible desalojo, pero no le han informado nada.
Mercedes Gutiérrez se dijo satisfecha, “de que las madres y los compañeritos de mis hijos nos estén apoyando. No sé qué pasara mañana estaré en la espera”, declaró.
En el lugar, vecinos y el presidente de la colonia, Alejandro Martinéz López, dijeron que desde que se enteraron del desalojo le manifestaron a Mercedes su apoyo porque se comete una ilegalidad. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Denuncian comerciantes del mercado de Coyuca de Benítez que el alcalde los amenazó con desalojarlos

El representante legal de los comerciantes del mercado Morelos de Coyuca de Benítez, José Rojas Vázquez denunció que el presidente municipal, Javier Escobar Parra amenazó con desalojar a los inconformes si no se retiran de las instalaciones.
En una llamada a la Redacción, Rojas Vázquez informó que ayer en la mañana trabajadores del Ayuntamiento se presentaron en el mercado, y les dijeron a los comerciantes que Escobar Parra solicitó que antimotines acudieran a desalojarlos por lo que era mejor que se retiraran del lugar de manera pacífica.
Expuso que la acción del alcalde se debe a que hoy se llevará a cabo un foro para discutir la situación de las instalaciones que siguen en litigio, por la demanda que presentaron los locatarios y que impide a las autoridades construir en el lugar. En el foro se espera la participación de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), así como de pobladores de la sierra que también discutirán el proceso legal de la posesión del predio.
Puntualizó que en las instalaciones hay cerca de 100 comerciantes que tienen miedo de ser desalojados durante la noche o en los siguientes días.
Declaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para que los comerciantes cuenten con protección y se respete su movimiento, porque las autoridades les devuelvan sus locales de los que fueron retirados sin ninguna explicación, a pesar de que algunos llevaban más de 40 años laborando en el mercado.
Añadió que el gobernador Héctor Astudillo Flores conoce de la medida cautelar y que Escobar Parra no ha hecho nada para evitar que el conflicto concluya, según lo que se determine en el proceso legal, prueba de ello es la amenaza de desalojo que recibieron los comerciantes de allegados del alcalde.
El 14 de marzo los comerciantes bloquearon 2 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir que las autoridades respeten el dictamen de un juez civil, que ordenó que no se debía tocar la propiedad donde se encontraba el mercado Morelos, mismo que fue demolido.
Desde entonces los inconformes instalaron un plantón en lo que fueron las instalaciones para evitar la limpieza de la zona, ya que introdujeron máquinas y delimitaron el lugar a pesar de que sigue el litigio por el predio. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

No reparan el drenaje en Ayutla en represalia a locatarios que no dejaban el viejo mercado, señalan

Comerciantes de Ayutla que se negaban a cambiarse del mercado que fue demolido en el centro de esa población, al nuevo que se construyó a la salida sur de la cabecera municipal, denunciaron vía telefónica que el domingo pasado reventó el drenaje en el área de fondas, lo que obligó al menos a seis comerciantes a mantener sus negocios cerrados desde entonces.
Otros locatarios, según se muestra en un video enviado a El Sur, tienen que barrer debajo de las mesas las aguas negras que escurren, mientras sus clientes consumen sus alimentos.
Los comerciantes afectados, el domingo denunciaron el desperfecto en el Ayuntamiento, pero no ha acudido nadie a repararlo, en represalia porque en esa nave están los comerciantes que se negaban a salir del viejo mercado y a ocupar las nuevas instalaciones y han sido hostigados por la administración del mercado.
Una de las comerciantes, Amada Morales Cerón denunció que a partir del domingo, comenzaron a brotar aguas negras de las coladeras de tres fondas, pero que hasta este martes las fétidas aguas ya salían en seis.
“Yo tengo la fonda número 940, y desde el domingo salió mucha agua de drenaje, que apesta mucho, mero cuando está la gente comiendo”, dijo la propietaria, quien se quejó de que no tiene a quién recurrir porque el administrador no les hace caso, “el señor está en contra de nosotros”, denunció la comerciante.
Informó que las aguas negras comenzaron a brotar precisamente el domingo, cuando tienen más clientes, y se quejó de que trabajadores del Ayuntamiento “nomás vinieron a ver”, pero no repararon la coladera.
Dijo que no les hacen caso porque son los que no se querían salir del mercado que estaba en el centro de la cabecera municipal y que fue demolido para ampliar el Zócalo.
Desde el domingo se vieron afectados, además los puestos del comerciante René Gutiérrez y de otra locataria que, definitivamente cerró su negocio.
Morales Cerón informó que unos comerciantes definitivamente cerraron desde el domingo, y otros tienen que estar barriendo permanentemente el agua pestilente que sale del drenaje, mientras sus clientes consumen sus alimentos.
Dijo que no tienen a quién acudir porque si el administrador no les hace caso, mucho menos la presidenta municipal, Hortencia Aldaco Quintana, del PVEM, quien ordenó el desalojo del antiguo mercado del centro para que se fuera a las nuevas instalaciones.

 

Marchan maestros en Acapulco a tres años del desalojo y del asesinato de Claudio Castillo

Más de 600 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Servidores Públicos de Guerrero (SUSPEG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) marcharon en la zona Diamante de Acapulco, al cumplirse tres años del desalojo violento de la Policía Federal en el que murió el maestro jubilado Claudio Castillo Peña.
Además de exigir justicia y castigo a los responsables de la muerte de Castillo Peña, los manifestantes demandaron la libertad de los integrantes del Cecop, Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, la de los policías comunitarios detenidos el 7 de enero, un alto a los feminicidios y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el rechazo a la reforma educativa y en defensa del sindicalismo.
Durante el mitin, los oradores no dejaron pasar el momento y, aunque no mencionaron al candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, si fue obvio que se referían a éste cuando llamaron a “hacerle pagar la factura al gobierno federal ayudando a construir el proyecto de nación en julio; echar abajo esas reformas” con organización y compromiso.
A las 10 de la mañana los maestros empezaron a llegar al entronque a Metlapil, en el bulevar de Las Naciones, y comenzaron su marcha a las 11:30, rumbo al punto lugar donde fue el desalojo, cerca del centro de convenciones Fórum Mundo Imperial; durante todo el camino, los manifestantes fueron vigilados por patrullas de la Policía Federal.
Mientras avanzaban, los oradores, mediante un equipo de sonido demandaron justicia, castigo para los asesinos, y acusaron que el desalojo fue ordenado por quien entonces era el subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda.
La marcha ocupó el bulevar en el sentido Puerto Marqués-Aeropuerto, por lo que la Policía Federal habilitó los carriles contrarios para la circulación de automóviles en ambos sentidos.
Mientras los manifestantes avanzaban, gritaban consignas como: “Claudio vive, la lucha sigue” y “Si Claudio viviera, en la lucha estuviera”.
Una hora después, la manifestación llegó al punto donde se dio el desalojo el 24 de febrero de 2015, y ahí, uno a uno los oradores recordando al maestro Claudio Castillo, de quien destacaron que en las marchas siempre iba al frente lanzando consignas o de orador, siempre llamando a la unidad y a la no violencia.
La presidenta del Frente Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara recordó que el día del desalojo las mujeres fueron golpeadas por los federales, y señalando a los que estaban vigilando la marcha, dijo, “a esos policías que están vigilando la marcha por qué no se van a vigilar las zonas donde la delincuencia ha estado acosando, asustando a la comunidad, es ahí donde tienen que cuidar y no venir vigilando esta marcha”.
Recordó que a los maestros los golpearon y acusó que los policías se ensañan con el pueblo, pero no son para ir por los delincuentes, y subrayó que el legado del maestro Claudio Castillo fue de la unidad; que se tienen que organizar para hacer pagar la factura el 1 de julio y “todos y todas tenemos que construir ese proyecto de nación, todos y todas (tenemos) que hacer que se vayan abajo esas reformas educativas”.
Por su parte, el dirigente sindical del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez indicó que el maestro Claudio Castillo fue un ejemplo de lucha, de compañerismo, de convicción y un ejemplo a seguir siempre; que a pesar de su edad y salud, siempre estuvo al frente con el magisterio y la lucha popular, y “por eso hoy no podía pasar desapercibido y tener que marchar y exigir a las autoridades nuevamente que este hecho del asesinato del compañeros no quede en la impunidad”.
Señaló que el mejor homenaje que le pueden rendir al maestro fallecido es “que las reformas educativas y las demás reformas estructurales no se impongan al magisterio y al pueblo de México y, para eso, el 1 de julio tenemos una gran oportunidad de cambiar el estado de cosas de inseguridad, de pobreza, de violación a los derechos humanos, de encarcelamiento a los campesinos y dirigentes sociales”. La movilización concluyó antes de las 2 de la tarde, luego de un mitin en el que los maestros exigieron justicia en el caso y castigo a los asesinos de Claudio Castillo Peña, y cantaron el himno Venceremos con el brazo izquierdo en alto, en el lugar donde cayó el maestro jubilado hace tres años, y donde colocaron un ramo de rosas rojas.

 

Protege la Codehum a mujer que construyó una casa en un área verde en la capital, denuncian

Vecinos del fraccionamiento Río Azul al oriente de Chilpancingo denunciaron que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno intervino para que no desalojaran a una vecina que invadió un área verde en dicho asentamiento, pese que la mujer tiene otro lugar donde vivir.
En el fraccionamiento Río Azul, unos vecinos encabezados por el presidente de la colonia, Eduardo Mendoza Acosta mostraron el área verde que fue invadida por la mujer que tiene su casa de material frente a dicha zona.
Eduardo Mendoza informó que desde hace tres meses la señora de quien desconoce el nombre empezó a construir en el lugar destinado como área verde y se le informó que no podía pero no hizo caso.
Indicó que los vecinos acudieron a Desarrollo Urbano Municipal de Chilpancingo y los trabajadores acudieron a notificarle a la mujer y clausuraron la obra, sin embargo no le importó y continúo con la construcción.
Precisó que la casa de madera y lámina ya tiene drenaje, piso de material y pronto se introducirá energía eléctrica.
Manifestó que este jueves le hablaron los del Ayuntamiento y le dijeron que se cancelaría el desalojo para este viernes porque la señora giró un oficio de la Codehum por parte de Ramón Navarrete quién la apoya para que no la desalojen.
Los vecinos dijeron que en el fraccionamiento habitan 325 familias quienes quieren el área verde para sembrar árboles frutales y tener espacios para sus hijos “pero la señora se adueñó del lugar”, recriminó Eduardo Mendoza.
Expresó que desconoce el motivo por el cual el presidente de la Codehum apoya para que la vecina no sea desalojada ya que ella ya tiene una casa de material en frente de donde construye la otra.
El presidente de la colonia responsabilizó al Ayuntamiento de Chilpancingo y al titular de la Codehum, Ramón Navarrete de que si la señora no quita su casa dentro de las 24 horas los vecinos se apropiarán de las 7 áreas verdes.
Los colonos pidieron al Ayuntamiento que haga el desalojo porque el lugar fue donado para área verde. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Desalojan padres una oficina de la SEG; piden maestros para una primaria de Tecoanapa

Padres de Chautipa, municipio de Tecoanapa, desalojaron a los trabajadores y cerraron la Dirección General de Administración de Personal, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la reposición de cuatro maestros de la primaria Pablo Galeana.
A las 10 de la mañana, unos 20 padres llegaron a la oficina en la colonia Tribuna Nacional y colocaron pancartas con sus demandas.
Se quejaron de que desde el inicio del ciclo escolar los alumnos de primero, segundo y tercer grado no tienen clases, porque un maestro se jubiló y tres más pidieron su cambio por la lejanía de la comunidad.
En la protesta, el padre de familia Noé Carlos Navarrete dijo que desde hace seis meses les hacen falta cuatro maestros.
Indicó que un maestro se jubiló y los otros tres pidieron su cambio, porque la escuela está alejada. Explicó que 86 alumnos, desde que inició el ciclo escolar no han tenido clases, en 1º, 2º y 3º.
Recriminó que pese a las solicitudes de los padres de familia, las autoridades de la SEG no solucionan la falta de maestros, por lo que decidieron tomar las oficinas.
Dijeron que los niños tienen derecho a la educación, y que en todo el ciclo escolar no han tenido clases, por lo que las autoridades deberán de solucionar el problema.
Uno de los padres dijo que “no era necesario tomar las oficinas porque, buscamos las bases del diálogo, pero las autoridades no nos deja otra solución más que manifestarnos”.
Agregó que hay niños que no reciben clases, “qué les esperan a esos niños, pasarán a sexto grado, no sabrán ni leer ni escribir, es lo único que exigimos que nos proporcionen los maestros”.
Los padres fueron atendidos por el director de Educación Primaria, Praxedis Mojica Molina. Informaron que las autoridades educativas se comprometieron enviarles dos maestros el próximo miércoles.
Después de llegar a acuerdos, a las 3 de la tarde los padres abrieron las oficinas y se retiraron del lugar.

Viven en la incertidumbre 16 familias damnificadas por el sismo que aún habitan en la unidad Infonavit de Taxco

A tres meses del sismo del 19 de septiembre, que prácticamente dejó inhabitable la unidad habitacional San Francisco Cuadras, en Taxco, las 240 familias que la habitaban y de las que sólo quedan 16, continúan en la zozobra de qué pasará con sus departamentos, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ofreció rehabilitar los edificios y, donde sea necesario, demoler y reconstruir, pero no les dio fechas.
“El suelo se sigue hundiendo, los muros de contención se han separado de la base de los cimientos de los edificios, y por la noche se escucha cómo tuena el suelo”, narró la señora Teresa, que vive en el tercer piso del edificio 9, que aún ocupa, con sus hijos, y es de las 16 familias que siguen viviendo en el conjunto habitacional a pesar de la indicación de desalojo del gobierno local y de las recomendaciones de Protección Civil para que ese lugar ya no sea habitado, pues es considerado de alto riesgo.
A tres meses del sismo, la unidad habitacional Infonavit luce abandonada, como un lugar fantasma, pues las únicas 16 familias que quedan, están ahí porque forman parte de un comité vecinal de vigilancia, para evitar rapiña, luego de que desconocidos han intentado entrar a los departamentos para robar lo poco que algunas familias dejaron al salir.
En una visita el viernes pasado a este asentamiento, ubicado al poniente de la cabecera municipal, en la salida hacia el municipio de Ixcateopan, lo primero que se notó en el lugar abandonado fue una lona colocada en la entrada principal de los edificios, en la que se advierte que es una zona de alto riesgo y se pide no pasar. Las grietas en los edificios con mayores daños se notan a distancia, en algunos, con facilidad se puede ver dentro de los departamentos por entre las cuarteaduras.
Durante el recorrido llegó uno de los últimos vecinos que se fue con su familia, el señor Francisco Flores, quien iba con su hija adolescente a recoger las últimas pertenencias que había dejado en su departamento del edificio 9.
Con sorpresa, el hombre de unos 55 años notó nuevas cuarteaduras en su edificio, donde sólo permanecen dos de las 10 familias que lo habitaban.
Poco a poco halló al menos 10 nuevas fracturas que, dijo, hasta hace una semana el edificio no tenía. Las delgadas fisuras en los muros del edificio de cinco pisos se aprecian con facilidad y algunas de ellas atraviesan los muros de lado a lado.
Su vecina Teresa, una mujer de unos 50 años que vive en el piso 3 con sus hijos, platicó que ella no se había ido de su departamento porque ese edificio era de los que menos daños había tenido y pensó que aún era habitable.
Cuando su vecino le mostró las nuevas grietas en gran parte de la estructura y el ligero desplazamiento del muro de contención que separa a los edificios de un voladero que rodea a más de la mitad de la unidad habitacional, la mujer reconsideró su idea y dijo que se encontraba buscando con calma un lugar donde rentar para salirse de ahí, lo que haría en los días próximos, “a más tardar en enero yo me salgo, y es que como hubo una psicosis las rentas se dispararon”.
Los vecinos narran que, desde 1985 se había dicho que esa zona no era apta para la construcción de viviendas, y que incluso hay un dictamen que lo considera un área de laderas inestables. Cuentan que antes de Infonavit, una constructora tuvo la intención de construir casas en esa zona, pero no lo hizo ante ese dictamen de uso de suelo, que ya existía, “el que autorizó esta construcción es culpable”, manifestó Francisco Flores.
Dijo que han notado que en esa zona hay hundimientos del suelo que provocan nuevas fracturas en los edificios.
Uno de los damnificados dio a conocer que, a tres meses del sismo sólo han recibido dos paquetes de apoyo del gobierno, uno de 4 mil pesos y otro de 5 mil, que les entregaron para pagar rentas en otros lugares; sin embargo, se quejó de que tras el desalojo de las familias, las rentas en Taxco “se dispararon”.
Cuentan que cuando inició la construcción de la unidad habitacional, en 1985, los departamentos fueron ofrecidos en 11 mil pesos, y tras la devaluación del peso sus costos se elevaron. En la actualidad están cotizados entre 300 y 350 mil pesos, y la mayoría de los propietarios ya terminaron de pagar y cuentan con escrituras.
Inicialmente, los departamentos fueron vendidos a mineros, prestadores de servicios y hoteleros adheridos a la CTM. También la habitan plateros, funcionarios municipales, mecánicos y carpinteros.
Francisco Flores señala que el problema del desalojo fue también para quienes rentaban estos departamentos, porque mientras aquí pagaban rentas de entre 900 pesos y mil 100, se tuvieron que ir a otros lugares donde las rentas están entre mil 500 y dos mil pesos, ya que los apoyos que se están entregando son únicamente para los dueños de los departamentos y no para los inquilinos.

Vicios ocultos en el Infonavit

Por separado, uno de los integrantes del Comité General de la unidad habitacional, Abraham González Herrera adelantó que los vecinos harán un propio dictamen del suelo con peritos que contratarán de la ciudad de México y que estarían iniciando sus trabajos hoy, martes.
Estos serían adicionales al dictamen que hizo la Secretaría de Protección Civil del estado con el apoyo del especialista en diseño estructural sismo-resistente e ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus.
Mencionó que inicialmente, el delegado del Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés no aceptaba el resultado del dictamen del Especialista Arroyo Matus, y especifica que, “En tanto no se ejecute un proceso de reparación y refuerzo en la totalidad de los edificios del conjunto habitacional del Infonavit, estos no son habitables y representan un riesgo grave para sus ocupantes, debido a que su seguridad estructural actual es muy inapropiada y puede deteriorarse en caso de la ocurrencia de un evento sísmico importante futuro, por lo tanto, debe aplicarse de manera urgente, un proceso de reparación y refuerzo para subsanar las graves deficiencias y vicios ocultos detectados”.
Entre los “vicios ocultos” de los que refiere el dictamen se lee que el espesor de las juntas entre piezas de mampostería en su mayoría son de entre 5 y 8 milímetros, cuando el recomendado por la norma vigente es de 17 milímetros, es decir más del doble del aplicado.
Se informa además que se hicieron muestreos al azar en muros de mampostería, y se halló que en varias de las celdas o huecos donde se localiza el refuerzo vertical, no fueron rellenados de concreto, “lo cual representa un vicio inadmisible en el proceso de construcción, pues la norma vigente especifica que todo refuerzo vertical debe rellenarse con mortero”.
Detalla que de seis muestras que hicieron en diferentes edificios, en cuatro de ellos los muros no están rellenados “lo cual se califica como un vicio oculto muy grave”, dice el dictamen del doctorArroyo Matus.
González Herrera señaló que en noviembre el Infonavit hizo un nuevo dictamen con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero hasta el viernes no les habían dado a conocer los resultados y por eso la inquietud de los vecinos de hacer su propio estudio.
Estimó que el nuevo estudio de Infonavit es sólo para alargar el tiempo del proceso de restauración o reconstrucción de los edificios.
Explicó que en 1985 se hizo un estudio de suelo en esa zona, y fueron detectadas tres fallas, y una de éstas habría sido la que afectó mayormente los edificios 11,13, 14, 15, 16 y 17, que están en una misma línea, y que están a punto del colapso. En ese mismo dictamen, dijo, hubo otra compañía que se negó a construir porque el terreno no servía, “se comenta que hubo un soborno para que permitieran la construcción de éstos edificios”.
Menciona que al inicio de la contingencia les entregaron despensas del DIF, pero con el paso del tiempo y conforme las familias se empezaron a ir, los apoyos se suspendieron. Dijo que, desde el 19 de septiembre no ha tenido trabajo, pues se dedica a la reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos, pero ahora que ya casi nadie vive ahí, no ha tenido un ingreso, sólo los 4 mil y 5 mil pesos que le han dado para ayudarlo conel pago de la renta, pero que es insuficiente.
Dio a conocer que el Delegado de Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés, tras una reunión con el gobernador Héctor Astudillo y el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majúl, les informó que todos los edificios se van a restaurar y en el caso donde sea necesario, se van a demoler y a reconstruir, para lo cual calculan una inversión de 46 millones de pesos, sin embargo.
Señaló que los vecinos están pidiendo que todos los edificios se rehabiliten y que, los que requieran una reconstrucción, se demuelan y que ya no sean construidos de cinco plantas, sino de tres para que no tengan mucho peso, además que se coloquen zonas de salida de emergencias y puntos de reunión en caso de un siniestro, ya que en la actualidad no se tienen.

Selló el MP entradas del mercado de Ayutla tras desalojar a comerciantes

Comerciantes que ocuparon el estacionamiento del nuevo mercado municipal de Ayutla, denunciaron que la alcaldesa, Hortensia Aldaco Quintana acudió a desalojarlos el jueves, y en la noche las salidas del lugar fueron selladas por el Ministerio Público.
En el lugar hay 359 comerciantes instalados bajo carpas y techos de cartón, que antes vendían en pequeños puestos en las calles alrededor del viejo mercado de Ayutla, que estaba ubicado en el centro.
Según los locatarios del viejo mercado, los comerciantes que ocuparon el estacionamiento del nuevo mercado tienen un año vendiendo ahí, y reclaman locales en el mercado.
Por teléfono, uno de los quejosos, Gerardo Nava Mauricio dijo que ocuparon el espacio del estacionamiento porque la propia alcaldesa se los ofreció mientras buscaba integrarlos a los nuevos locales construidos.
Sin embargo, el jueves la alcaldesa llegó y les dijo que se tenían que salir del lugar, los encaró diciéndoles que no eran comerciantes establecidos y que querían aprovecharse de la situación.
Los comerciantes indicaron que el producto que tienen en sus puestos, como la carne, se echaron a perder, y ahora tienen perdidas porque los clientes no puede entrar ya que hay sellos colocados.