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Desalojan con gases lacrimógenos y macanazos a los ocupantes del predio en Metlapil

 

 Reportan los precaristas nueve lesionados, 26 detenidos y una niña desaparecida, y los policías ocho golpeados. Casi una hora duró el enfrentamiento que comenzó con la entrada al terreno de cientos de motorizados y judiciales del estado y preventivos del municipio de Acapulco. A los golpes, los colonos respondieron con pedradas, dicen desalojados

 Karina Contreras, Jorge Nava y Roxana Ibarra

Por una orden del Ministerio Público, la madrugada de ayer unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil donde el domingo ya había unas 500 familias.

El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó que el desalojo es parte de las acciones “para combatir el delito de despojo que se ha convertido en el modus vivendi de algunas personas”.

El abogado de los detenidos, el perredista Alvaro Díaz Castro denunció que durante el desalojo hubo nueve precaristas lesionados, entre éstos una adolescente embarazada, y una niña desaparecida de 5 años. Las corporaciones policiacas, por su parte, reportaron ocho agentes con diversas lesiones, cuatro de ellos policías del estado y cuatro municipales, así como varias patrullas con daños.

El fiscal especial para la Atención de Delitos Graves, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Monreal Leyva informó que hubo 26 detenidos que están a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica en 48 horas. Sin embargo, el boletín oficial de la Procuraduría sobre estos hechos, sólo reconoce a 25 personas detenidas.

Entre los detenidos que se encuentran en los separos está el dirigente perredista de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, suplente de la diputada local del PRD, Yolanda Villaseñor Landa. En el Sector Central del MP se encontraban 21 de los detenidos, y otros cinco en los separos de la Policía Ministerial (Judicial) de Renacimiento.

El abogado Díaz Castro señaló que entre los 26 detenidos se encuentra el caso de Severo Chapín Abarca, quien era atendido de fuertes lesiones en la Cruz Roja, de donde fue sacado por la fuerza por agentes de la Policía Ministerial para llevarlo a los separos. Por la tarde, se quejó de que el delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo, no permite que Chapín Abarca regrese a la Cruz Roja para ser atendido por las lesiones que tiene en la cabeza y el cuerpo.

La señora Gloria Vargas García, dijo a El Sur que los policías golpearon a su hija Edith Ramírez Vargas, de 16 años, que cuenta con tres meses de embarazo y que por los golpes que recibió presentó un sangrado vaginal.

Según versiones de los ocupantes del predio y de los policías, ambos grupos se enfrentaron durante más de una hora. Del lado de los precaristas la versión indica que se defendieron a pedradas contra los policías cuando éstos llegaron a desalojarlos a golpes con macanas y rociando gases lacrimógenos.

El director de Seguridad Pública del estado, Víctor Hugo Peña López –al mando de 200 antimotines que vigilaban el lugar– aseguró que los policías “conminaron” a los colonos a que desocuparan el predio, pero en lugar de hacerlo “lanzaron piedras y varillas”, y fue cuando tuvo que “entrar” la Policía Judicial.

Según dijo, en la operación de desalojo participaron 150 policías del estado, 80 judiciales, y 120 preventivos. En la PGJE se informó que también participaron 12 agentes del Ministerio Público de diferentes agencias de la ciudad.

No fue orden de desalojo, sólo una inspección ocular, dice el fiscal Monreal

Funcionarios del departamento Jurídico del Invisur informaron a El Sur que el desalojo, ocurrido a las 5 de la mañana de este martes, fue ordenado a raíz de la denuncia Tab/V/073/2004 que presentó el lunes el delegado de ese Instituto, Alejandro López Salgado, por el delito de despojo contra quien resultara responsable, por la invasión a un predio en propiedad de la dependencia.

En un comunicado de prensa de la PGJE, el procurador Ramírez Guerrero explicó que el MP especializado en Despojos “en uso de sus facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, dio inicio a la averiguación previa TAB/V/073/04 y acudió al lugar de los hechos, con el propósito de realizar el desahogo de la diligencia”.

Ramírez Guerrero advirtió que “acciones delictivas como el despojo que se han convertido en un negocio lucrativo para algunas personas, se seguirán combatiendo enérgicamente por la dependencia a su cargo”.

Asimismo, el procurador exhortó “a los guerrerenses a no dejarse engañar, porque este es un delito de los considerados como graves, que alcanza una penalidad mínima de siete y una máxima de 18 años.

Sin embargo, por la tarde, el fiscal Monreal Leyva negó que se haya tratado de una orden de desalojo, y que los policías sólo acudieron “como apoyo” a una inspección ocular para integrarla a la averiguación que se abrió por la demanda del Invisur.

El delegado López Salgado pidió en la demanda que había presentado ante la Quinta Agencia del Ministerio Público especializada en despojos, la recuperación del predio para ser reintegrado a Invisur, pues está destinado para reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad.

Los colonos comenzaron la agresión, dice el delegado de la PGJE

Ayer por la tarde, un grupo de desalojados presentó la queja número Crac/100/04/2004 en la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, de agentes de la Policía Ministerial del Estado, y de agentes de la Policía Preventiva municipal, por violación a los derechos humanos, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.

Por su parte, el fiscal Monreal Leyva negó que hubiera enfrentamiento y responsabilizó a los colonos de comenzar la agresión.

Indicó que en el momento en que se hacía “la diligencia de inspección ocular”, encontraron en el predio “a mucha gente posesionada en el mismo”. Agregó que los invitaron “a que desalojaran el lugar”, y los colonos comenzaron con la agresión.

Del predio, indicó que quedó a disposición del Invisur, que es el propietario.

Verifica la Codehum la violencia contra los colonos

Por la tarde, acudió a los separos del Sector Central de la Policía Judicial, el coordinador regional de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, donde al concluir su visita a los detenidos habló con algunos de sus familiares sobre el estado en el que se encontraban.

Declaró a reporteros que encontró sólo a 18 detenidos, de los cuales a cinco tienen lesiones en diversas partes del cuerpo, sin atención médica por parte del Ministerio Público. Advirtió que por ello podría fincarse alguna responsabilidad porque el MP debe de verificar en qué condiciones se encuentran los apresados.

Agregó que al encontrarlos en ese estado llamó a la Cruz Roja para que en ese momento fueran atendidos en algún hospital de la ciudad.

Navarrete Magdaleno dijo que quiso verificar la violencia que ejerció la policía contra los desalojados, y señaló que ésta no se justifica.

Más tarde, Navarrete acudió al hospital general del IMSS Vicente Guerrero, y al Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, para tomar la declaración a los lesionados por la queja que presentaron sus familiares. Sin embargo, en el módulo de información de la sala de urgencias del Vicente Guerrero no encontró registrado ninguno de los nombres que tenía en su lista de presuntos lesionados.

En el Donato G. Alarcón le informaron que atendieron a Edith Ramírez y Maricela Marcos, pero que ya habían abandonado el lugar. Dijo que pedirá por escrito el informe de las condiciones de salud en las que se encontró a la lesionadas. De la visita, a la que lo acompañó su secretaria Patricia Delgado Rojas, señaló que levantará una constancia.

Agregó que harán intervenir al Ministerio Público adscrito a la Codehum para que en caso de que los policías acusados tengan culpa, respondan de manera legal.

Indicó que la médico legista adscrita a la Comisión, María Soledad Nava Arango, hará un examen médico a los lesionados detenidos en los separos para tener la valoración médica, y que toda la información se integrará al expediente.

Dijo que se pedirá por escrito la versión de los hechos al secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Lima Gómez, al director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, y al delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Sólo como apoyo participó la policía municipal en el desalojo: López Rosas

 

 Ya no es tiempo de invasiones, dice

Magdalena Cisneros

El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, afirmó que el gobierno municipal participó en el desalojo del predio de Metlapil porque “fue a solicitud de un juez, nosotros sólo fuimos como apoyo”.

A las 13 horas de ayer, el alcalde informó que el reporte que tenía era de “lesionados leves, tres policías, algunos de los invasores detenidos, no tengo mayores datos, sé que se realizó el desalojo, que no pasó a mayores en cuanto a la integridad física de los participantes”.

Consultado en oficina de la Presidencia por reporteros sobre el desalojo del predio en Metlapil, López Rosas precisó que la decisión no “corrió por cuenta del Ayuntamiento, ni encabezamos el operativo para desalojarlos, sólo fuimos de apoyo como es nuestra obligación una vez que una autoridad competente solicita nuestra intervención”.

López Rosas rechazó las invasiones en los predios porque “ya no son tiempos, no hay justificación, hay instancias para poder canalizar la petición de oportunidad de vivienda y ojalá se agotaran esos trámites”.

Insistió que su obligación como gobierno “es auxiliar y apoyar cuando hay un mandato de autoridad competente y eso es lo que procedimos a hacer”.

Indicó que el gobierno municipal continuará participando en estos desalojos “siempre y cuando tengamos una solicitud formal de intervenir de la autoridad competente, es nuestra obligación nos guste o no nos guste debemos hacerlo, tenemos que respetar las decisiones judiciales”.

Los policías persiguieron a los colonos por el predio y a los que detenían los golpeaban y los aventaban a las camionetas

Testimonios de desalojados

 Karina Contreras y Jorge Nava

Ayer a medio día, en el predio desalojado en Metlapil, todavía se notaban los restos de las casas de palos y sábanas construidas por los precaristas y que fueron destruidas en la madrugada con máquinas retroexcavadoras.

Varios vehículos de los colonos tenían los cristales estrellados por las pedradas que hubo durante el desalojo, y todavía se percibía el olor a llanta quemada que tenían como barricada en toda la orilla del predio, y que fueron prendidas cuando los que hacían la guardia se dieron cuenta de la llegada de los policías antimotines.

Cerca del predio quedaron muy pocas personas desalojadas, y cuando accedieron a hablar de cómo fue el desalojo, lo hicieron con voz entrecortada, ojos llorosos y los cuerpos temblorosos. Mostraron moretones que, aseguran, fueron hechos con las macanas de los policías.

Afirmaron que los arrastraron por todo el predio, pero que se libraron como pudieron para huir, aunque fueron perseguidos.

Una señora de nombre Adela, que no quiso dar sus apellidos, era la más serena de los desalojados y accedió a contar su versión. Afirmó que en la madruga de ayer la mayoría de los colonos estaban dormidos cuando fueron rodeados por los policías antimotines, que sin considerar a nadie se fueron contra ellos a golpes como “si fuéramos animales”.

Recordó que como pudieron se defendieron hasta replegar a los policías en la entrada del predio, pero fue cuando los agentes rociaron los gases lacrimógenos, inclusive contra los niños, que gritaban aterrados.

Manifestó que en ese momento corrieron y fueron perseguidos por los policías, y a los que detenían los golpeaban y los aventaban a las camionetas como “sacos de papas”.

Los desalojados calificaron la acción de las autoridades como una injusticia, pues ellos necesitan un lugar donde vivir.

Otra señora de nombre Blanca comentó que los policías luego del desalojo, se portaron como “aves de rapiña”, porque esculcaron sus cosas y les quitaron el poco dinero que tenían.

Dijo que alcanzaron a recuperar estufas, tanques de gas y algunas bicicletas de las camionetas porque uno de los comandantes ordenó que les regresaran las cosas, pero cuando éste se fue, los “mañosos policías se las llevaron”.

Entrevistado afuera de los separos del Sector Central del MP, Bernardo Trujillo Joaquina, uno de los precaristas, dijo que los policías también lanzaron gas lacrimógeno a niños y ancianos.

Afirmó que los policías separaron a los niños de los adultos para meterlos en una Combi a la que también lanzaron un frasco de gas lacrimógeno.

Sostuvo que inclusive en la mañana a una niña la encontraron debajo de los escombros del desalojo, porque hubo gente que fue arrojada a una barranca que hay en ese predio.

Piden comerciantes desalojados de la calle Matamoros un predio para vender al Ayuntamiento

 

 Los locatarios de la Diana, dos metros de la Costera

 Luluani Vega

Comerciantes que fueron desalojados de la calle Matamoros, en el centro de la ciudad, solicitaron al director de Mercados, Jesús Gómez Salgado, su intervención para que el gobierno municipal les ayude a buscar un predio para que puedan expender sus productos.

A pesar de que ayer a las 2 de la tarde venció el plazo que la dirección de Mercados dio a unas 30 personas que ya habían sido desalojadas el viernes, pero que invadieron                 áreas del mercado El Parazal, no fueron desalojados porque solicitaron a las autoridades una alternativa de trabajo, aseguró Gómez Salgado, “hoy ya no deben estar vendiendo en ningún lugar del mercado El Parazal”.

Por otro lado, el director de Mercados informó que ayer venció el término de 72 horas que tenían los comerciantes del mercado de artesanías de La Diana para alinearse .

Dueños de locales comerciales se reunieron con Gómez Salgado y los regidores María de los Angeles González Nava y Wulfrano Salgado Romero, en la sala de Cabildo Juan R. Escudero del Ayuntamiento del parque Papagayo ayer al medio día.

El presidente de los locatarios del mercado de artesanías La Diana, Felipe Martínez Reynoso, informó que  el motivo de la reunión fue para conocer las medidas que llevará a cabo la dirección de Mercados, porque el termino que tenían ya venció.

Aseguró que unos 30 comerciantes están solicitando dos metros de las áreas comunes que se encuentran sobre la Costera, propuesta que no ha sido aprobada por las autoridades municipales.

Seguirá el desalojo de calles invadidas por ambulantes

 

 El alcalde Alberto López Rosas informó que el ayuntamiento continuará desalojando calles que están invadidas por comerciantes ambulantes porque “es un proyecto de gobierno, está en marcha, no es selectivo, es generalizado y creo que Acapulco merece tener sus áreas libres”.

El comercio ambulante no puede ser un fin sino un medio, indicó López Rosas, y señaló que “después de 15, 20 años o más, justifica que ya tengan capacidad para establecerse y por lo mismo vamos a seguir actuando con firmeza, así lo quiere la sociedad, me lo planteé en campaña y lo estamos ejecutando”.

Sobre el retiro de los vendedores semifijos del bulevar José López Portillo, lidereados por el expriísta Antonio Valdés -cuyo plazo para desalojar es hasta mayo-, precisó que los desalojos son “por las condiciones del proyecto que tenemos, no puedo adelantar”.

López Rosas recibió ayer una comisión de funcionarios de la ciudad de Qingdao, China, para hablar sobre el hermanamiento entre esa ciudad y Acapulco, donde el vicepresidente de la Conferencia de Consultivos en Política de Qingdao, Min Xiangchao dijo que desde 1985 han tratado de obtener esta distinción para hacer intercambios de inversión y comercio.

Puso de ejemplo la relación con la ciudad de Sendaí, Japón, y mostró fotografías de camiones donde está impresa la publicidad de ambas ciudades, lo que provocó muestras de aprobación de los funcionarios chinos.

Desaloja el Ayuntamiento unos cien locales de comerciantes que invadían la calle Matamoros

Tenían de 20 años ocupando esa céntrica vía

Luluani Vega

De manera sorpresiva fueron desalojados unos cien locales de comerciantes agremiados a los líderes priístas Eloy Polanco y Reyna Medina Manríquez, quienes tenían más de 20 años invadiendo la banqueta de la calle Matamoros del Centro, la operación fue la noche del viernes alrededor de las 23:00 horas.

La operación del desalojo estuvo a cargo del secretario General del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, quien aseguró acudió a la calle Matamoros, ubicada frente al mercado El Parazal, para coordinar los trabajos y constatar que no hubiera abusos de parte de los policías de la Secretaría de Protección y Vialidad.

Larequi Radilla aseguró que independientemente de que se hayan retirados los puestos, posteriormente la dirección de Imagen Urbana intervendrá para realizar trabajos de rehabilitación del lugar “lo que sea necesario se hará para que el lugar quede bien”.

El funcionario municipal aseguró que se les notificó a los comerciantes de las acciones del Ayuntamiento, mencionó que con la ex secretaria General, María de la Luz Núñez Ramos, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los comerciantes, “el retiro de los puestos obedece a un programa de recuperación de la vía pública”.

Larequi Radilla acepto que lamentablemente el Ayuntamiento no les dio ninguna alternativa de trabajo en las reuniones que ya se habían hecho, “la verdad de las cosas, no hay nada más estamos haciendo mención de la recuperación de la vía pública”, después dijo que buscarán en la dirección de Fomento Económico y Desregulación una alternativa para los vendedores.

El Ayuntamiento tiene prevista la recuperación de otras calles, aseguró el funcionario municipal, quien no quiso decir cuales son, porque las operaciones serán sorpresivas, “el programa de rescate a la vía pública es en las principales calles del Centro y Mercado Central”

Justo cuando Larequi Radilla termino de dar la información  a los reporteros, llegó la representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, quien le grito al secretario General del Ayuntamiento que había un acuerdo de por medio, en el que las autoridades municipales se habían comprometido a reubicar a los comerciantes y el cual no respetaron.

“Yo tengo 20 años tengo registro de la organización, ¿porque nos están haciendo esto? Sabemos que es la autoridad, pero no es justo lo que nos hizo, estamos perdiendo todo, díganos que vamos a hacer nos mantenemos de las ventas, usted y el señor presidente se pasaron, estabamos en platicas”.

Medina Manrique aseguró que no tuvieron ninguna notificación del Ayuntamiento para que retiraran por lo menos sus mercancías, al mismo tiempo Larequi Radilla decía “hubo varias reuniones de trabajo”, enseguida se quitó del lugar y se reunió con otras autoridades municipales que presenciaron el desalojo. Entre ellos se encontraba el director de Protección Civil, Sabás Arturo de la Rosa Camacho; el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez; la coordinadora de Servicios Públicos, Rosa María Gómez Saavedra; el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Váldez; el director de Saneamiento Básico, Fernando Terrazas Sánchez; el director de Mercados, Jesús Gómez Salgado; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Orlando Soberanis Vargas.

Los puestos de lámina fueron retirados por maquinaria especial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como por 45 inspectores de la dirección de Vía Pública; 35 de la dirección de Mercados y diez personas de Bomberos.

También acudieron unos cien policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, quienes esperaban en las calles aledañas la orden para poder intervenir, en caso de registrarse algún enfrentamiento con los comerciantes desalojados, pero no fue así porque a pesar de lo aparatoso que fue la operación, no se registró ningún incidente que hubiera requerido la acción de los policías preventivos municipales.

Los puestos de lámina desmantelados fueron trasladados en volteos de la dirección de Saneamiento Básico al relleno Sanitario ubicado en Paso Texca.

El sábado los trabajos de rehabilitación de la calle Matamoros continuaron en calma, aunque se tuvo la presencia de policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, inspectores de Vía Pública y de Mercados, quienes tienen instrucciones de impedir que los comerciantes se adueñen del lugar.

La representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, informó que no harán ninguna manifestación    porque temen ser objeto de represalias del presidente municipal Alberto López Rosas. Asimismo, lamentó que ni siquiera les hayan notificado de la acción para rescatar  sus mercancías. “Todo nuestro patrimonio se lo llevaron, lamentamos que el presidente municipal actúe de esta manera porque merecemos respeto, además como lo dije antes se nos había prometido que seríamos reubicados”, expreso la señora Medina.

Bloquean capitalinos una calle; exigen desalojar a vendedores de la vialidad

El alcalde Saúl Alarcón no cumplió con retirar a comerciantes mayoristas y camiones de descarga que invaden cerca del mercado Baltazar R. Leyva, dicen

 Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Vecinos de la colonia Ampliación Caminos, de Chilpancingo, bloquearon ayer la calle Arturo Alvaradejo, aledaña al mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, para exigir al presidente municipal Saúl Alarcón Abarca el retiro “inmediato” de camiones de descarga, así como la alineación de comerciantes mayoristas, pues ambos obstruyen el paso vehicular y peatonal.

Cerca de las 7 de la mañana de ayer domingo, unos 15 vecinos cerraron con piedras la calle Arturo Alvaradejo, porque “ya estamos cansados de la invasión de baquetas, problemas de basura, problemas viales que ocasionan los comerciantes”, aseguró la presidenta del Comité de Desarrollo, Lourdes Noriega Avelino.

Explicó que el problema de los comerciantes que “obstruyen” las banquetas con su         mercancía, y el de los camiones de carga que “afectan” la circulación de vehículos, prevalece sobre todo en tres calles ubicadas del lado norte del mercado central, de la colonia Ampliación Caminos.

Indicó Noriega Avelino que en reiteradas ocasiones han solicitado a la dirección de Gobernación municipal que establezca límites a los comerciantes que tienen locales, y “los inspectores vienen, pero a la vuelta de la esquina los vendedores se vuelven a salir a las banquetas”.

En el caso de los camiones de descarga –que venden mercancía al mayoreo–, Noriega Avelino dijo que fue el periodo de Efrén Leyva         (1991-1994) cuando sólo autorizaron la permanencia de cinco vehículos, pero “hoy son demasiados” y la cifra incrementó tras el incendio del mercado central, cuando los comerciantes se ubicaron en las calles.

De acuerdo con Noriega Avelino, el 29 de febrero el alcalde Saúl Alarcón Abarca se comprometió –con la firma de una minuta– a que en cuanto se reinstalaran los comerciantes damnificados “las calles y banquetas quedarían libres, pero no fue así, incumplió con su palabra, seguimos igual”.

De ahí que Noriega Avelino exigió al alcalde capitalino “el retiro inmediato” de los camiones de descarga, y la alineación de los comerciantes que tienen locales en las calles aledañas a mercado.

Aseguró que como el alcalde no ha “cumplido totalmente con los acuerdos, vamos a continuar con el juicio de revocación de mandato” que interpusieron ante el Congreso del Estado.

Desalojan un plantón de los Palma y policías de civil se llevan a tres de ellos

Intentaban ponerse en las inmediaciones del hotel Quinta Real

Los acusan de ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín. Exigen el pago de 70.5 hectáreas en Punta Diamante

 Karina Contreras y Jorge Nava

César Sabino Palma, su esposa Alba Peláez Galeana y Pedro Palma Rivera fueron detenidos por policías vestidos de civil al mando del comandante de la Motorizada, Guadalupe Arellano Delgado adscrito a El Coloso, tres horas después de que habían iniciado un plantón afuera del hotel Quinta Real para exigir la indemnización de un predio de 70 hectáreas y media en la zona de Punta Diamante que reclaman como suyo. Hasta las 10 de la noche se supo que los delitos eran ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín por lo que se inició la averiguación previa Tab/Col/183/2004.

A pesar de esto, el titular del Ministerio Público de El Coloso, David García Muñoz, continuó negando que los detenidos estuvieran a disposición de esa agencia.

La familia Sabino Palma comenzó a las 10 y media de la mañana un plantón afuera del hotel Quinta Real. En un área verde hicieron mesas de palos y pusieron un toldo para iniciar otro plantón para exigir el pago por la afectación de la que fue objeto su familia en las valiosas tierras que, a decir de ellos, tiene un valor mínimo de 700 millones de pesos.

Tenían una manta donde se leía: “Sr. presidente Fox. El gobernador del estado e inversionistas no quieren pagar a la familia Palma los terrenos en Punta Diamante. Solución” o la de “Señor gobernador. La familia Palma exige solución en Punta Diamante. Ya, ya, ya”.

Alrededor de las 12 del día César Sabino Palma en declaraciones a los medios dijo que estaban cansados de las promesas del gobernador, René Juárez Cisneros, quien delante del presidente Vicente Fox Quesada el 29 de septiembre prometió dar solución al problema.

En esa ocasión la esposa de César Sabino Palma, Alba Palma, burlando todo los dispositivos de seguridad en el evento del Día Internacional de Turismo logró llegar hasta donde estaba el presidente Vicente Fox, a quien interrumpió durante su discurso, para exponerles el problema de valioso predio en Punta Diamante y exhibió al gobernador Juárez Cisneros que atinó a decir que “se trataba de un asunto local, que después de despedirlo en el aeropuerto la recibiría y que hoy mismo estaría solucionado el problema”.

Entonces Juárez Cisneros le dijo a Sabino Palma que se fueran a Protur y que ahí los recibiría, pero dicha reunión no se llevó a cabo, ya que el ejecutivo los dejó esperando. Ese día César Sabino Palma calificó a Juárez Cisneros como “mentiroso” y que sólo dijo que los iba atender para evitar más escándalos frente al presidente

César Sabino durante la entrevista antes de que fuera detenido por los judiciales precisó que ellos lo que querían es que les pagarán las 70.5 hectáreas que son de ellos y que el gobierno renejuarista se ha resistido a pagar. Dijo que el gobierno pensó que cuando su abuelo muriera ya no iban a reclamar las tierras, pero dijo que tienen documentos que demuestras que esas tierras son de ellos, ya que las tierras nunca entraron en el decreto de expropiación de esa área.

Precisó César Sabino que las villas Océano, Cactus, y el hotel Quinta Real están construidos en las 70.5 hectáreas que reclaman, y dijo que no se oponían al desarrollo siempre que se les indemnizara. Lamentó que tuvieran que estar en plantón “mire, nosotros somos los dueños y aquí estamos como arrimados, mientras ellos están vendiendo las tierras que son nuestro patrimonio”.

Reconoció que con el plantón daban mala imagen, pero el gobierno del estado los obligó a actuar así, ya que desde el domingo trató de buscarlos para que le dijeran qué pasaba con la solución a su problema y no le hicieron caso.

Recordó que incluso buscó en la inauguración del Tianguis Turístico al gobernador por medio de la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda, y siempre lo bloquearon y manifestó que no veía intención al gobernador René Juárez Cisneros de querer resolver su problema y lo único que quieren es ganar tiempo para al salir “dejarlo al próximo gobernador para empezar de nuevo y así nunca acabar”.

Al lugar llegó el secretario del director de la Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro, Ignacio Ortiz, quien le informó que su jefe le mandaba a decir que su problema sería tratado en el Consejo de Administración de Protur el 27 de este mes, “para dar una solución definitiva”.

El consejo está integrado por el gobernador, René Juárez Cisneros, la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Juan Farill Herrera, entre otros.

Sabino Palma le respondió que entonces permanecerían en plantón hasta esa fecha, ya que hace tres meses le dijeron lo mismo y no ha visto claro.

La detención

Cerca de las 2 de la tarde aproximadamente 30 judiciales vestidos de civil y en varias camionetas y policías preventivos llegaron al lugar donde horas antes se había instalado el plantón y sin avisó detuvieron a César Sabino Palma al que subieron a una camioneta blanca sin ninguna inscripción federal; mientras que a Alba Palma se la llevaron en un Tsuru blanco.

Para ello una camioneta de policías preventivos bloqueó la entrada a Quinta Real –cerca de la gasolinera de El Revolcadero– y otra se ubicó sobre el lado del hotel.

Posteriormente al lugar llegaron alrededor de 30 policías del estado y policías preventivos para resguardar el área. Al momento de la llegada de los reporteros estaban en reunión el delegado de Gobernación estatal, Manuel Zorrilla Suazo y el jefe de operativos de la Preventiva, Humberto Hernández, quienes inmediatamente se dispersaron, pero antes prohibieron dar información a los policías. Luego se reunieron en el destacamento de la Policía Judicial de Llano Largo.

Sabino Palma fue ubicado hasta las 3 de la tarde en los separos de la Policía Judicial del Estado en El Coloso, pero lo mantenían incomunicado. Lo que se pudo ver de él fue que la camisa amarilla que portaba estaba desabrochada y como los judiciales no querían que lo vieran le ordenaron que se recargara en la pared.

César Sabino Palma ha denunciado que en varias ocasiones ha sido amenazado y secuestrado, y en una de esas ocasiones fue cuando salía de Palacio de Gobierno de una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, dijo que fue liberado cuando la prensa se dio cuenta de su detención.

En el área de guardia, los judiciales tenían detenidos a una mujer y a un hombre. El comandante Felipe Bahena Camiña argumentó que no se encontraba nadie en el lugar; pero el lugar está resguardado por cerca de 10 judiciales que lo custodiaban.

En el lugar se mantuvo la postura de no tener detenido a Sabino Palma, que se asomaba por las rejillas de los separos para que los reporteros lo vieran. Después de esto, Felipe Bahena recomendó que se acudiera con el agente determinador del Ministerio Público, David García Muñoz, para solicitarle la presentación de los detenidos.

El servidor público argumentó que fueron policías auxiliares del estado los que detuvieron a esas personas que según dijo desconocía de quiénes se trataba y se limitó a argumentar que la Policía Auxiliar del Estado no había puesto a disposición a los detenidos ni bajo qué cargos.

Por la noche se supo ya de los delitos que le imputaban a los detenido, pero el determinador siguió negando los datos.

Dan feligreses 15 días a una familia para desalojar un asilo de ancianos de Iguala

Oracio Lagunas Iguala

Feligreses de la parroquia San Gerardo María Mayela dieron un plazo de 15 días a la familia Rosendo Brito para abandonar las instalaciones y la administración del Asilo de Ancianos, los cuales la habitan desde hace 22 años.

La tarde y noche del miércoles, unos 100 feligreses del Comité Pro Defensa del Asilo de Ancianos San Gerardo María Mayela se reunieron en los patios que dividen los terrenos de la parroquia y del asilo, para determinar, con base a denuncias de vecinos, qué hacer con los señores Juan Salomé Rosendo Brito, Tomasa Brito y su hijo Benjamín Rosendo Brito, encargados de administrar los recursos del asilo desde 1982.

Los inconformes acusaron a la familia Rosendo Brito de administrar bienes muebles e inmuebles, donaciones de particulares y asociaciones civiles y no gubernamentales nacionales e internacionales, “de manera turbia”, sin rendir cuentas a nadie.

Indicaron que no han permitido la remoción o modificación del cascarón donde se asienta el asilo de ancianos, que data de hace más de 35 años, por el bien de unas 20 personas de la tercera edad que han sido abandonadas por sus familias.

De acuerdo con un documento entregado a los asistentes a la reunión, se indica que a la 1 de la tarde del 25 de marzo, una comisión de feligreses limpiaba en la parte poniente del predio utilizado como cancha de futbol, y de manera imprevista se presentaron Rosendo Escobar y su esposa para amenazarlos de muerte porque ellos no habían ordenado nada.

“Por lo anterior y tomando en cuenta que los terrenos donde se encuentran el asilo y la parroquia de San Gerardo María Mayela no son propiedad particular, sino federal, manifestamos nuestro desacuerdo total…”.

Durante la reunión se acordó que darán 15 días para que la familia Rosendo Brito se retire de manera voluntaria, o de lo contrario se solicitará la presencia de la fuerza pública.

Exigen semifijos desalojar a ambulantes de las calles del mercado Baltazar R. Leyva

 

 Nosotros nos retiramos para no afectar al consumidor, pero ahora el administrador de la central de abasto no hace nada por retirar a oportunistas, se quejaron

 Comerciantes semifijos del Mercado Baltazar R Leyva Mancilla exigieron al presidente municipal de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca, a que “más tardar este lunes” retire a los comerciantes “oportunistas” que con el respaldo del administrador, Jorge Bernabé González, se colocaron sobre una de las calles aledañas a la central de abasto, y advirtieron que “o limpia la calle o limpiamos nosotros”.

El dirigente de los semifijos, Juan Serrano Moreno, entrevistado en las instalaciones de la central de abasto, expuso que tras el incendio ocurrido el 23 de mayo se firmó un acuerdo alcalde Saúl Alarcón Abarca, y el compromiso fue que “para no afectar al consumidor” la calle 21 de Marzo –ubicada a un costado– quedaría libre de semifijos.

Pero –según Serrano Moreno– “nos están haciendo una serie de jugadas” con el apoyo del administrador Jorge Bernabé González, ya que permitió que en la calle 21 de Marzo se instalaran 15 comerciantes gaviotas –llamados así porque no están registrados en el padrón–.

Precisó que en dos ocasiones se ha entrevistado con el alcalde, pero “sólo nos dice: mañana los quito y seguimos igual.         Nadie le hace caso, su palabra no vale y sabemos que atrás de este desorden está el síndico Humberto Calvo”.

En este conflicto –dijo Serrano Moreno– el director de Gobernación sólo viene a “simular” que los retira, pero “no pasa nada y no se vale que nosotros hayamos quitado a nuestra gente y ahora lleguen los oportunistas a colocarse”, por lo que exigió al alcalde a que “más tardar este lunes quite a las gaviotas”.

Y advirtió: “o limpia o limpiamos nosotros, porque respetamos lo acuerdos pero él no lo ha hecho, además de los hechos violentos que se susciten aquí responsabilizamos a las autoridades municipales”.