Sin comentarios, responde el alcalde sobre la fianza de más de un millón

 

 Roxana Ibarra

El alcalde Alberto López Rosas se limitó a contestar que no tenía comentario cuando se le preguntó si no se le parecía alta la multa que asignaron a los 12 detenidos en el desalojo del predio Metlapil, de 100 mil pesos cada uno y que ascendió a esa cantidad por la denuncia que puso en su contra el Ayuntamiento por las lesiones que recibieron algunos de los policías que participaron en la operación.

–¿La multa es alta por la denuncia que interpuso el Ayuntamiento?

–No tengo comentario, —interrumpió enseguida–. Yo ya dije lo que tenía que decir y no tengo comentario.

El Ayuntamiento presentó el jueves pasado la denuncia contra los detenidos en el desalojo de Metlapil porque dijo: “Cada policía es un ser humano que tiene sus derechos garantizados, no puedo impedir que al verse lesionados, agredidos, actúen como personas agraviadas, están en su derecho y espero que esta etapa se supere”.

–¿No le parece muy alta la multa?

–No sé, si está fundada habrá que saber por qué se aplicó la sanción, pero no tengo comentario al respecto. No tengo comentario, yo no lo aplico, no tengo comentario respecto a ese asunto.

El alcalde fue consultado cuando llegaba al festejo del Día de las Madres en el Zócalo de la ciudad acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, María Eugenia Díaz de López y sus hijas Erika y María Eugenia López Díaz.

A la celebración llevada a cabo ayer por la tarde, y que fue organizada por el DIF Municipal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social municipal,

asistieron unas 100 madres de familia.

En el programa musical se presentaron el trío Los Bachilleres, imitadores de Paquita la del Barrio, Charlie Buenrostro, Carlos Luis Valencia, el dueto Pimpinela; Pepe Ramos, entre otros. Se rifaron 100 artículos, a las festejadas les repartieron pastel, una pera o manzana, un panecillo y refresco.

En este año van 35 detenidos por narcomenudeo en la entidad: PGR

El delegado de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón, informó que en lo que va del año han detenido a 35 personas por narcomenudeo en el estado.

El funcionario indicó que no han encontrado vínculos de los detenidos con policías, y que de esos 35 la mitad son de Acapulco.

Después de visitar, el viernes, el nuevo edificio de esa dependencia en Acapulco, en compañía del procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, Rodríguez Calderón argumentó que “Acapulco nuestra primera preocupación. Si hablamos de regiones del estado, es nuestra primera preocupación, estamos definitivamente conscientes del compromiso que esto implica”.

Agregó que esos detenidos ya se encuentran en penitenciarias del estado. Planteó que un problema para ellos es que el narcomenudeo, por las cantidades pequeñas que se manejan, es fácil de transportar en mochilas, maletas, en la bolsa del pantalón o en una cangurera.

Declaró que son los ciudadanos quienes tienen “más ojos” que ellos, pues ubican los lugares donde se ejerce la actividad.

El funcionario explicó que el reportaje realizado por Tv Azteca, en marzo pasado, en el cual se ubicaban lugares donde se distribuía droga al menudeo en la Costera, fue motivo de una revisión; “obviamente fue negativo, pues el domicilio ya no se encontraba habitado en este momento. Obviamente ese trabajo de investigación, alertó al delincuente que se encontraba ahí”.

Y añadió que antes de la transmisión de ese reportaje hicieron una operación, “escasamente a diez cuadras de ese lugar, donde encontramos una casa en la cual entramos y detuvimos a dos personas, y aseguramos 54 bolsas de cocaína”.

Añadió: “recogimos más de 25 gramos de cocaína pura”.

El funcionario señaló que la mitad de narcomenuderos fueron aprehendidos en el poblado de El Cayaco, playa Hornitos, Ciudad Renacimiento, colonia Emiliano Zapata, Mozimba, “en todos esos lugares se logró esas detenciones porque fueron denuncias anónimas”.

Agregó que incluso en el parque Papagayo han logrado detener a gente que se dedica a vender mariguana.

José Alberto Rodríguez señaló que “cuando se habla de una casa de venta de cocaína, por ejemplo, en la tiendita es venta cerrada, y eso nos genera más tiempo para abrir investigación y solicitar el cateo correspondiente al juez federal”. (Jorge Nava).

Fijan fianza de 1 millón 200 mil a los 12 detenidos en el desalojo de Metlapil

Jorge Nava

 

 

El juez les fijó una fianza de un millón 200 mil pesos a los 12 detenidos por la invasión de un predio de 14 hectáreas que se ubica en el poblado Metapil, para liberarlos y así puedan enfrentar el proceso.

Trabajadores del juzgado informaron este viernes que esta decisión del juez Víctor Alejandro Arellano Justo se les comunicó a los abogados después de que sus defendidos rindieron su primera declaración, el jueves por la tarde, a unas horas de ser internados en el centro penitenciario de la colonia Las Cruces.

Al ampliar sus declaraciones, los presuntos responsables de despojo y daños en agravio del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), así como por lesiones y daños contra agentes de la Policía Preventiva municipal y la estatal, aseguraron que no son invasores y cuando se efectuó su detención estaban presentes porque los habían invitado a un festejo de la Santa Cruz.

Empleados del juzgado dijeron que hoy sábado los defensores de los procesados solicitaron al juez que se practique una diligencia, donde se interrogará a policías que participaron en la detención, la madrugada del martes.

En el hecho –según cifras oficiales de la Secretaría de Protección y Vialidad– participaron 400 policías ministeriales, preventivos del estado y del municipio.

Se agregó que será el miércoles cuando se venza el término constitucional de los procesados, y ahí les informarán si los declaran formalmente presos para enfrentar el juicio por el delito de despojo y daños.

Fijan fianza de 1 millón 200 mil a los 12 detenidos en el desalojo de Metlapil

Jorge Nava

El juez les fijó una fianza de un millón 200 mil pesos a los 12 detenidos por la invasión de un predio de 14 hectáreas que se ubica en el poblado Metapil, para liberarlos y así puedan enfrentar el proceso.

Trabajadores del juzgado informaron este viernes que esta decisión del juez Víctor Alejandro Arellano Justo se les comunicó a los abogados después de que sus defendidos rindieron su primera declaración, el jueves por la tarde, a unas horas de ser internados en el centro penitenciario de la colonia Las Cruces.

Al ampliar sus declaraciones, los presuntos responsables de despojo y daños en agravio del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), así como por lesiones y daños contra agentes de la Policía Preventiva municipal y la estatal, aseguraron que no son invasores y cuando se efectuó su detención estaban presentes porque los habían invitado a un festejo de la Santa Cruz.

Empleados del juzgado dijeron que hoy sábado los defensores de los procesados solicitaron al juez que se practique una diligencia, donde se interrogará a policías que participaron en la detención, la madrugada del martes.

En el hecho –según cifras oficiales de la Secretaría de Protección y Vialidad– participaron 400 policías ministeriales, preventivos del estado y del municipio.

Se agregó que será el miércoles cuando se venza el término constitucional de los procesados, y ahí les informarán si los declaran formalmente presos para enfrentar el juicio por el delito de despojo y daños.

Encarcelan a 12 de los 26 detenidos en el desalojo del predio en Metlapil

 

 Aseguran que no son invasores y que se encontraban celebrando el día de la Santa Cruz

 Jorge Nava La madrugada de ayer policías ministeriales internaron en la cárcel ubicada en la colonia Las Cruces a doce de los 26 detenidos porque el resto fue dejado en libertad.

A disposición del juez octavo penal quedaron Marcelo Villanueva Genchi, Miguel Angel Arteaga Hipolito, Vidal Herrera Cruz, Policarpo Chavez García, Gabriel Leal Alvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal, Miguel Angel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González, Francisco Salinas Clemente, Concordio Jacobo Sánchez y Rodimiro Ramírez Román.

Todos ellos ingresaron al penal a las 6 de la mañana, luego de que los trasladaron en cuatro automóviles de la Policía Ministerial, que eran encabezados por el coordinador regional, Alfredo Camacho Millán, quien a su vez era acompañado de 15 policías.

A las 3 de la tarde, en el juzgado se comenzó a tomar la declaración inicial de los doce procesados por la causa penal 79-2/2004, en las dos secretarías de acuerdos adscritas a ese juzgado.

Los procesados acusados de despojo y lesiones aseguraron que nunca se posesionaron del predio de 14 hectáreas, ubicado en el poblado de Metlapil, pues afirmaron que año con año, se celebra el día de la Santa Cruz, y que por eso fueron invitados a convivir en ese lugar.

Indicaron que la fiesta duró hasta el amanecer, y que fue en ese momento cuando fueron detenidos, por lo que no reconocieron las declaraciones que rindieron al Ministerio Público.

En la diligencia, el fiscal adscrito a ese juzgado, Héctor Alarcón Alemán, pidió que el juez octavo, Víctor Alejandro Arellano Justo, tome en cuenta el artículo 177, en el que se señala que con dos personas o más, se comete el delito de despojo.

Abogados de los detenidos pidieron la ampliación del término constitucional de 72 horas para aportar pruebas, antes de que el juez resuelva si los declara formalmente procesados o no.

En la diligencia, Marina Salinas Morales, hija del procesado, Francisco Salinas Clemente de 70 años, cuestionó el que hayan dejado en libertad a varios detenidos, y que a gente que no tiene que ver con el asunto se le encerró en la cárcel.

Explicó que en el caso de su papá, que se dedica a la albañilería, se quedó en el predio desalojado ese día porque otros amigos de él lo invitaron a beber cervezas. Enojada, se quejó de que ahora tuvo que contratar un abogado personal porque su papá está encarcelado sin que sepa por qué lo detuvieron.

El perredista dejado en libertad, Juan Carlos Muñoz Leal, informó que se integró un grupo de abogados para defender a sus compañeros que fueron encerrados, para que en lapso de la ampliación del término constitucional se aportaran las pruebas de que son inocentes.

Luego de señalar que el Ayuntamiento está en la libertad de presentar una denuncia contra los desalojados, aclaró que ellos no fueron los agresores ni invadieron el predio, pues aseguró que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), no ha acreditado la propiedad de las 14 hectáreas que fueron ocupadas “por gentes que necesitan de una vivienda digna”.

Denuncian policías preventivos por lesiones a los detenidos en Metlapil

Por otro lado, se informó que los policías preventivos del Gobierno del Estado, Aníbal Cipriano García, Gilberto Ortiz Sánchez, y Narciso Dorantes Vargas, acudieron al MP a presentar una denuncia contra los detenidos en el predio en Metlapil.

Cipriano García señaló que sufrió una lesión en la mano derecha, y Ortiz Sánchez acusó que le dieron una pedrada en el ojo izquierdo; mientras que Dorantes Vargas dijo que fue lesionado con otra pedrada en el lado izquierdo de la espalda.

Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

 Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

 Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.

Decenas de ellos han sido detenidos y secuestrados, dice en su informe anual la organización

En 2003, ocho periodistas muertos en AL: Reporteros Sin Fronteras

Con al menos ocho periodistas muertos en el ejercicio de su profesión en 2003 y decenas de detenidos y secuestrados, América Latina sigue siendo una tierra de contrastes para la libertad de prensa, seriamente amenazada en países como Cuba y Colombia, y víctima de la inestabilidad política en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Perú.

En su informe de 2003 publicado con motivo de la decimocuarta Jornada Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que Colombia sigue siendo el país más peligroso de la región para los informadores.

La muerte de cinco periodistas en 2003 es sólo una parte de la larga lista de ataques que sufren los informadores en el país, atrapados entre la guerrilla y los grupos paramilitares, cuyos ataques aumentaron el año anterior, según RSF.

“Más de 60 periodistas fueron secuestrados, amenazados o agredidos, otros 20 se vieron obligados a abandonar su región o incluso su país (…). El gobierno de Alvaro Uribe aparece cada vez más como una amenaza para la prensa”, asegura el informe.

RSF denuncia igualmente la ola de detenciones llevada a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003, cuando 75 disidentes internos, entre ellos 27 periodistas independientes, fueron encarcelados y condenados a penas de cárcel de hasta 27 años.

“¿Su crimen? Publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos estadounidenses. ¿Sus armas? Máquinas de escribir y bolígrafos embargados en sus domicilios”, afirma el informe, acusando al régimen de Fidel Castro de consolidar con esta campaña “el monopolio estatal de la información”.

Según RSF, en muchos países latinoamericanos, la prensa paga el precio de la inestabilidad política. En Bolivia, numerosos periodistas fueron atacados y amenazados por las fuerzas del orden durante la represión de las revueltas que llevaron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.

En Venezuela, más de 80 periodistas fueron amenazados o agredidos al final de la gran huelga contra el presidente Hugo Chávez, en enero y febrero. “El gobierno ha multiplicado las agresiones y presiones contra la prensa”, denuncia RSF.

En Guatemala, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de una multiplicación de agresiones contra periodistas, uno de ellos (Héctor Ramírez), fallecido.

“Prácticas que creíamos acabadas resurgieron. Los derechos humanos y la corrupción siguen siendo cuestiones peligrosas para los profesionales de la información”, asegura RSF.

En Perú, la libertad de prensa paga las consecuencias de la inestabilidad política “y de un gobierno desacreditado que intenta controlar su imagen”, según este informe, en el que se denuncian los “escándalos de espionaje a periodistas que marcaron 2003”, métodos que “recuerdan la era de Alberto Fujimori (1990-2000)”.

RSF subraya que la impunidad sigue reinando a la hora de establecer responsabilidades en los crímenes de periodistas y cita como ejemplo a Brasil, donde dos informadores perdieron la vida este año, o Argentina, donde a los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, muerto en 1997, se les ha aplicado una importante reducción de condena.

La organización también subraya la diferencia entre la prensa nacional latinoamericana, “que tiene gran poder y no padece presiones importantes”, y los medios regionales, “que continúan en conflicto con las autoridades locales, funcionarios o policías, quienes no aceptan la crítica”.

En países como México, Argentina o Perú, por ejemplo, la mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra los medios de comunicación locales, según RSF.

“Desgraciadamente, la prensa nacional no siempre se muestra solidaria con sus colegas de medios regionales y muchos de estos atentados contra la libertad de prensa pasan desapercibidos”, denuncia la organización.

Además de los ocho periodistas oficialmente fallecidos en el ejercicio de su trabajo (cinco en Colombia, dos en Brasil y uno en Guatemala), un periodista (Germán Antonio Rivas) fue asesinado en noviembre de 2003 en Honduras y otro (Daniel Martich) falleció en República Dominicana en circunstancias dudosas, aunque es imposible de comprobar que sus muertes tuvieron relación con el ejercicio de su profesión.

No son chivos expiatorios los detenidos de Los Goyos, responde el procurador

* Destaca coordinación con autoridades federales

 * Se investiga el atentado contra Peredo, no al ex comandante que sigue desaparecido, dice Ramírez Guerrero

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia Jesús Ramírez Guerrero negó que sean chivos expiatorios los integrantes de la banda de secuestradores detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), el fin de semana pasado.

Entrevistado después del informe número 13 del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, Ramírez Guerrero dijo que esa acción donde se arrestó a miembros de la banda Los Goyos, es muestra de que la coordinación entre las autoridades estatales y federales para el combate a la delincuencia da buenos resultados.

Informó que la Procuraduría trabaja en coordinación con la PGR en investigaciones “que han dado como resultado la detención de estos secuestradores involucrados en 11 plagios, ocho de los cuales se cometieron en Guerrero y tres más en el Distrito Federal.

En otro tema, Ramírez Guerrero reconoció que la PGJE aún desconoce del paradero del ex comandante Federico Peredo Jiménez, quien recientemente sufrió un atentado en Acapulco y desde entonces no aparece.

Sin embargo, señaló que del caso se investiga el atentado, pero no se persigue a Peredo Jiménez porque –señaló– no tiene ninguna denuncia en su contra.

Ramírez guerrero deslindó también al ex comandante Peredo Jiménez de la recomendación 019, no obstante que la Coddehum acreditó su responsabilidad en la desaparición forzada de ese documento.

“El asunto de Peredo está atendido y no obedece a la 019, porque en la 019 no hay ninguna responsabilidad de Peredo”, aseguró el funcionario.

Preciso que el ex jefe policiaco fue separado del cargo a petición de la Coddehum pero que recurrió a la garantía de amparo, por lo que las autoridades correspondientes ordenaron su reinstalación.

Ramírez Guerrero puntualizó que la recomendación número 19, de 2001, “está muy avanzada”, sin embargo que no se podía finiquitar hasta que se ejecuten las aprehensiones de algunos elementos.

Informó que el incumplimiento en las órdenes de aprehensión contra algunos agentes prófugos de la Procuraduría, quienes participaron en la desaparición forzada de personas, es lo que impide dar por acatada la recomendación 19 / 2002 de la Coddehum.

Fueron torturados y amenazados, dicen los detenidos por el asesinato de la menor

* Riden su declaración ante el juez

 Jorge Nava * Armando de la Mora Calles y Juan Zahuatitla Morales, acusados de matar a Wendoline Lara Nochebuena, de 11 años, el viernes de la semana pasada, afirmaron que son inocentes y que la Policía Ministerial por medio de la tortura y amenazas los obligó a declararse culpables del crimen.

Los detenidos encerrados la madrugada del miércoles en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), localizado en la colonia Las Cruces, rindieron ayer su declaración preparatoria en el juzgado quinto penal, en donde negaron las supuestas declaraciones que dieron al Ministerio Público con relación a los hechos y ampliaron, cada uno en su turno, que hubo presión de los policías para que se declararan culpables.

La niña Lara Nochebuena murió ahorcada. Sus hermanas la encontraron colgada, amarrada de las manos y desnuda. En su casa ubicada en la avenida Paseo de la Cañada, número 8, de la colonia Alta Progreso, a un costado de la unidad habitacional Infonavit.

La diligencia se efectuó en la primera secretaria de acuerdos adscrita al juzgado, donde el secretario Vicente Guerrero Campos les leyó a ambos las declaraciones que cada uno dio al Ministerio Público.

En el caso de Zahuatitla Morales había dicho que ese día se encontraba en casa de unos profesores en el Infonavit junto con su sobrino Oscar, que es su ayudante de obra. Señala que regresó a su casa a las 7 de la noche. Pero que, a la hora de la comida, su esposa Susana Reyes Navarrete le informó, a través de una conversación telefónica, que no podría llevarle de comer porque acompañaría a la mamá de Wendoline, pues habían matado a la menor.

Indico que regresó a su casa para acompañar a la familia de la menor muerta. Ese día, aseguró, no vio a su vecino De la Mora Calles, en el velorio.

Según la declaración que dio en el Ministerio Público, señala a De la Mora Calles como una persona adicta a la mariguana, vive solo, nunca se casó y consume alcohol.

Aclara que mantiene buena relación con los papás de                 Wendoline y nunca ha tenido problemas con ellos.

Por su parte, De la Mora Calles afirmó que desconoce esas declaraciones porque cuando lo detuvieron los policías, nunca le dijeron a dónde lo llevaban. Además de que lo estuvo torturando mucho el comandante adscrito, en la colonia Garita.

Agregó que no era posible que matara a Wendoline, ya que ese día se encontraba en casa de sus padres dormido. Despertando tarde porque su mamá, Rufina Calles Mendoza, lo dejó encerrado en su casa con sus sobrinos, a quienes les preparó de comer.

Aseguró que ante los golpes constantes, le pidió al comandante de la colonia Garita, que lo encerrara en el reclusorio para que ya no lo siguiera golpeando.

El agente del Ministerio Público adscrito en el juzgado, Rubén Figueroa, le solicitó cuestionarlo con relación a los hechos, pero De la Mora Calles se negó porque dijo sentir mucho dolor de cabeza y de estómago. El fiscal pidió también al juez que le decrete formal prisión por negarse a contestar las preguntas.

Por su parte, Zahuatitla Morales negó también que mató a la niña, y su abogado solicitó al juez la ampliaron de 72 horas para ofrecer pruebas a favor del detenido. Solicitó fechas para que se llame a declarar a la profesora para la que realizó trabajos de albañilería ese día de los hechos, así como al ayudante de su cliente.

Mientras que la defensa de De la Mora Calles solicitó fecha para que declaren los padres de su cliente, Rufina Calles Mendoza y Abundio de la Mora, con relación a qué hizo ese día el procesado.