Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechis Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó las descalificaciones que hicieron contra el organismo coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) durante la asamblea del domingo en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, en la que se trató el caso de Angélica, la niña que fue sometida a matrimonio forzado en Joya Real, municipio de Cochoapa.
En la asamblea del domingo, coordinares de la CRAC señalaron que Tlachinollan “busca hacer negocio con el caso de Angélica y que retuvo a la familia de la menor para que no declarara. Además que su director Abel Barrera “habló de dinero” por lo que consideran que la organización “no da un paso sin huarache”.
Ayer, por teléfono, el defensor de derechos humanos reconoció a la CRAC como una instancia legítima y valiosa para el sistema de justicia comunitaria.
“Respetamos a la CRAC, su autonomía y su sistema, nunca vamos a tomar una postura que haga daño a la CRAC, lo que más queremos es que haya unidad, que no se desapeguen del reglamento interno y que, obviamente, reactiven las asambleas comunitarias y regionales que es el núcleo que nutre la vida de la CRAC”, pero dijo que lamenta las descalificaciones de algunos coordinadores contra Tlachinollan.
Explicó que el caso de Angélica se sigue en dos rutas: una mediante las pláticas de la familia de la menor con la CRAC por la detención de los dos coordinadores de Dos Ríos acusados de la detención de Angélica y su madre que ya fueron liberados, y la otra por el proceso judicial contra Agripino, el suegro de Angélica.
Explicó que en el primer caso Tlachinollan no interviene, pero que sigue representado y acompañado a la familia en el asunto de la detención de Agripino; “ahí sí no hay reversa porque es un caso grave y se acreditaron los hechos y las pruebas, el proceso se mantiene firme”.
Sin embargo dijo que desconoce si los padres de Angélica ya no quieren seguir adelante con la denuncia por las presiones que han tenido de los abogados; “de eso no hemos podido hablar, simplemente seguimos con la representación jurídica”, declaró Barrera Hernández.
Al respecto, explicó que un abogado externo que buscó la CRAC para la defensa de los coordinadores de Dos Ríos, Carlos Martínez Cano y Daniel Alberto Jacinto, quienes fueron detenidos por violar el reglamento interno con la detención de Angélica y su madre, están condicionado el regreso de Angélica y su familia a Joya Real sin represalias a cambio de que se cancelen todas las cuestiones legales, incluso la de Agripino.
Pero insistió que en cuanto al proceso que se sigue al suegro de Angélica no se ha movido nada, “ese es un asunto delicado, aquí tendrá que ser la familia de Angélica la que determine si hay un cambio en cuanto a la situación legal, pero sabemos que es una situación grave y que no es sencilla como para cambiar de opinión”.
Argumentó que se supone que este es un hecho que está probado por las autoridades y por lo mismo hay una determinación judicial, “y nosotros decimos que se tiene que respetar la determinación judicial”.
Informó que Angélica y su mamá no han regresado a su comunidad porque no hay las condiciones para ello y siguen viendo en qué lugar pueden estar, aunque admitió que hay acercamientos con la gente y las autoridades de las comunidades pero todavía no retornan.
Dijo que por parte de Tlachinollan mantiene el apoyo para que se mantengan en el lugar que les asegure tranquilidad.
Insistió en que de parte de Tlachinollan ven que no hay condiciones para su retorno porque las medidas que dictó la Fiscalía son insuficientes y deficientes y la familia no se siente segura para regresar precisamente porque sabe que están condicionado su retorno.
“Más bien ellas están buscando refugio en otros lugares en donde se sienten más seguras”, declaró Barrera Hernández, quien informó que actualmente están en otra región.
Aclaró que el hecho de que no se encuentren en la Montaña hace difícil para Tlachinollan continuar con el apoyo que les han venido dando, “pero seguimos con la representación legal y con el seguimiento aunque haya factores que están influyendo para dividir a la familia, para impresionarla y como vemos que hay otros elementos no queremos ser un factor que genere conflicto en la decisión que vayan a tomar”, dijo en referencia al abogado que las presiona para que se desistan de los procesos legales a cambio de que regresen sin sufrir represalias a su pueblo.
Barrera Hernández, aclaró que en el acompañamiento que ha dado a la familia, Tlachinollan no ha pedido recursos ni para la familia de Angélica ni para Tlachinollan, como dijeron los coordinadores de la CRAC en la asamblea del domingo.
“Nosotros tenemos proyectos con agencias internacionales para el trabajo institucional. Cuando se han hecho campañas ha sido para poder garantizar apoyos extraordinarios a las víctimas. Somos un organismo no lucrativo y tenemos nuestros propios fondos a partir de proyectos que nos financian agencias de cooperación internacional”, explicó.
“En todo momento hemos apoyado a decenas de familias, tanto en casos de feminicidios, como de matrimonios forzados, violencia contra las mujeres y en casos de desastres”.
Informó que Tlachinollan brindó apoyo alimentario, por ejemplo, para más de 100 familias a víctimas de feminicidio y a víctimas de violencia, así como a familias que tienen personas desaparecidas.
“Es al revés, hemos brindado apoyo, no lo publicitamos porque con eso se pierde la esencia de nuestro trabajo solidario. El apoyo no es para cuestiones mediáticas ni para hacer publicidad como lo hacen las autoridades, simplemente es un apoyo solidario que respeta a las víctimas”, argumentó.
Recordó que Tlachinollan ha vivido desde hace 28 años con proyectos que obtiene a partir de su trabajo de agencias de cooperación internacional.
“Somos un organismo no gubernamental y no recibimos apoyo del gobierno ni de las instancias públicas, todo es apoyo solidario”, explicó Barrera Hernández.
Añadió que en el caso de Angélica y su familia, al contrario, Tlachinollan le garantizó que tuviera recursos para su hospedaje, para sus traslados, para alimentación y para gastos generales que han realizado.
En cambio recriminó que no ve que haya apoyo concreto, ni efectivo, tanto de la autoridad municipal de Cochoapa ni de las instancias estatales.
“No ha habido apoyo efectivo, más bien es acompañamiento, pero una cosa es el acompañamiento en términos mediáticos y solidarios y otra cosa es el apoyo en efectivo y Tlachinollan ha dado el apoyo en efectivo”.
Con respecto al señalamiento de que Tlachinollan trató de evitar que Angélica y su madre declararan ante la CRAC y resolver el caso de los coordinadores detenidos, Barrera Hernández, dijo que el organismo pretendió proteger los derechos de la niñez que garantizan tanto las leyes nacionales como las de los pueblos indígenas.
Explicó que los coordinadores de la CRAC que se encontraban detenidos, “de manera contradictoria” al sistema de justicia comunitario, contrataron a un abogado para que se encargara de liberarlos.
“El abogado fue el que se encargó de presionar a la familia de Angélica para que fuera a declarar a la CRAC, mientras que la postura de Tlachinollan fue que la decisión que tomó la CRAC para detener a los coordinadores fue porque decían que se violó el reglamento interno y no era competencia de la familia.
Sin embargo, añadió que el abogado particular y la CRAC llegaron al acuerdo de que tendría que ir a declarar la familia de Angélica para poder conocer los hechos y deslindar de responsabilidades a los coordinadores.
“El abogado particular llevó por su cuenta el caso y quería que fuera a declarar la niña Angélica y nosotros les dijimos en su momento a los coordinadores que la niña no tenía por qué ir a declarar debido a que era menor de edad y no podía ser tratada como una persona que estuviera sujeta a proceso penal porque las leyes tanto nacionales como de los pueblos indígenas la protegen”.
Barrera Hernández añadió que finalmente lo hicieron y que desconoce cuál fue el acuerdo que tomaron con la familia “entiendo que liberaron a los detenidos, pero a nosotros lo que nos preocupaba era proteger los derechos de Angélica y su familia para su retorno seguro a la comunidad”.
Insistió que eso no fue posible porque se condicionó su retorno a cambio de que se liberara tanto a los coordinadores de la CRAC como a Agripino, el suegro de Angélica.