Más de 200 choferes, permisionarios y líderes del transporte público bloquearon la mañana de ayer dos horas un carril del bulevar Heroico Colegio Militar afuera de la Fiscalía regional de Iguala, para manifestarse en contra de cuatro agentes de la Policía Ministerial y del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Carlos Uri Arcos Alarcón, de quienes piden su cambio o destitución por abuso de autoridad, hacer detenciones arbitrarias y extorsionar a los transportistas.
Según el dirigente de la Coordinadora del Transporte Organizado en la Zona Norte, que aglutina a 16 federaciones y bloques del trasporte público en la región, Roberto González Sandoval, en un mes han sabido de tres choferes que han sido detenidos por el grupo de cuatro agentes ministeriales, quienes les “fabrican” delitos, se los llevan detenidos a la comandancia y ahí los extorsionan para liberarlos.
Denunció también que en un mes se han registrado al menos siete asaltos a mano armada a trabajadores del volante en el municipio y que en los operativos de la Policía Federal, Carlos Uri Arcos ha cometido abuso de autoridad.
Más de 200 transportistas salieron en caravana, en taxis y Combi de diferentes rutas, del monumento a la Patria Trigarante hacia la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca, y bloquearon el carril oriente-poniente, afuera de la Fiscalía regional.
Una comisión de transportistas encabezada por el coordinador de la Confederación de Bloques Independientes del Estado de Guerrero (Cobiteg) Roberto González, se reunió con el fiscal regional José Luis Martínez Silva.
Los líderes del trasporte entregaron un escrito que también iba dirigido al gobernador Héctor Astudillo y al alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, donde describen los abusos de los policías ministeriales y estatales y del encargado de despacho de la SSP municipal.
Denunciaron a los agentes de la patrulla 237 de la Policía del Estado, que extorsionan a los choferes con el argumento de que serán detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por usar radios de circuito cerrado sin autorización de la SCT.
Un dirigente comentó que lo que hacen los policías ministeriales, es “secuestrar” a los transportistas para pedir un dinero por su liberación.
El fiscal regional José Luis Martínez Silva ofreció a los transportistas un agente del Ministerio Público para tomar las declaraciones de los choferes que han sido afectados para levantar el acta.