Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Existen dos dictámenes de Protección Civil estatal sobre la biblioteca del Congreso del Estado emitidos en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, en el que sólo se señalaban deterioros “debido al paso del tiempo” que estaban provocando algunas “filtraciones de humedad”, afirmó ayer el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus.
Dijo que los dos documentos los entregó hace un mes y medio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en los que entonces se recomendaba que debía intervenir un “director de obra”, quien establecería si era necesario una demolición o no.
Se le preguntó si Protección Civil estatal emitió algún dictamen en el que se recomendara la demolición o solamente una reparación, Arroyo Matus manifestó que sí realizó dictámenes la dependencia, pero en la administración de Astudillo.
“Nosotros revisamos lo que logramos encontrar, porque nos lo pidió el Congreso justamente para revisarlo ellos también, y lo que se nota es que había un poco de deterioro en la biblioteca, pero normalmente la Secretaría de Protección Civil nunca emite dictámenes de demolición, no lo hacemos porque eso le corresponde a un director responsable de obra, son los únicos facultados para emitir dictámenes de demolición”, contó.
“De la biblioteca había deterioros, sobre todo debido al paso del tiempo se estaban provocando algunas filtraciones de humedad, básicamente era eso”, precisó.
Se le reiteró la pregunta de si ameritaba la demolición y reconstrucción o solamente una remodelación, pero manifestó que “lo que yo pude ver en los dictámenes, es que se recomendaba que participara un director de obra para establecer si era necesario llevar a cabo una demolición”.
Aunque destacó que los “directores de obra” son entes autónomos y privados que debió contratar el Congreso local.
Comentó que normalmente Protección Civil no está facultado para emitir dictámenes de demolición, se hacen dictámenes de opiniones técnicas de la seguridad estructural, pero no puede recomendar demoliciones, eso le corresponde a un director responsable de obra por ley.
Afirmó que entregó al Congreso del Estado a solicitud de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y otros diputados locales que “signaron un oficio”, –hace un mes y medio– dos documentos justamente emitidos por la dependencia en la administración de Héctor Astudillo, donde se hacía un recuento de lo que tenía la biblioteca demolida.
El pasado 10 de noviembre, Yoloczin Domínguez Serna reveló que el presupuesto etiquetado para la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local fue para rehabilitar el edificio, no para su demolición y la construcción de uno nuevo, y consideró que el anterior presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, “solicitó recursos para la rehabilitación de la biblioteca, más no para su reconstrucción” y que “se cometió una falta muy grave al querer darle otro cauce al recurso que se etiquetó”.
También señaló que Protección Civil le informó que no existía un dictamen en el que se plantee contruir un nuevo edificio, como lo indicó Arroyo Matus.

Cambia de nombre la Secretaría

Ayer al concluir la inauguración del último Foro Regional de Consulta Ciudadana de la zona Centro que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera, en Palacio de Gobierno, Roberto Arroyo Matus informó que el pasado viernes 11 de noviembre la Secretaría de Protección Civil cambió de nombre a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero se publicó el 11 de noviembre la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Número 242, en la que se contempla el cambio de denominación de la Secretaría de Protección Civil por Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Esta modificación se realizó para adaptar las acciones y estrategias de trabajo del gobierno del estado en materia de prevención de riesgos, con base a las nuevas demandas y necesidades de la población guerrerense, para transitar a un nuevo esquema de trabajo que busca obtener ciudades y comunidades mayor resilientes ante cualquier contingencia.
Arroyo Matus severó que la decisión obedece a que a nivel mundial se está manejando así, añadir la “gestión” que significa que todos los entes que participan en la protección civil como las entidades gubernamentales, las fuerzas armadas, los grupos voluntarios y la sociedad civil intervengan en conjunto para proponer las políticas para salvaguardar la vida de las personas y de sus bienes.
“La idea también es de que pasemos de una Secretaría completamente reactiva a una Secretaría donde se puedan llevar a cabo más acciones preventivas”.
Aseguró que no cambiará mucho la estructura organizativa y sólo le darán énfasis a la prevención, es decir, que acelerarán los trabajos para que la mayoría de los municipios empiecen a contar ya con “capas que puedan ser subidas al Sistema Nacional de Protección Civil, que es propiamente el Atlas de Riesgo”.
Mencionó que el Atlas de Riesgo trata de involucrar los peligros que hay, la vulnerabilidad y obviamente el costo que puede tener para la población si hay alguna emergencia o desastre.
De la marcha de integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Secretaría de Protección Civil Guerrero este martes para exigir la reinstalación de un trabajador y el pago de un bono de riesgo, Roberto Arroyo respondió que le parecen justas las demandas.
Detalló que él trabajador José Luis González Castro “estaba bailando en un evento público con el uniforme, por eso se le despidió en una administración pasada y consideramos que cada quien tiene sus criterios, pero que no fue una falta tan grave y creemos que se le puede reinstalar, ya estamos en eso justamente”.
Del bono de riesgo, afirmó que los trabajadores están en pláticas con la Secretaría de Finanzas del estado para llevar a cabo el ajuste y que “ojalá que se les pueda aportar, la verdad es que sí se lo merecen, es una actividad de riesgo que llevan a cabo y es complicado asegurar a una persona que realiza labores de riesgo”.