La comerciante María Elena Ponce González ten{ia 25 años cuando se la llevaron cuatro hombres armados al llegar a su casa en el fraccionamiento Villas del Parador en Chilpancingo Foto: Cortesía de la familia
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A más de 12 años de que hombres armados privaron de la libertad a la joven María Elena Ponce González, su familia continúa buscándola, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), sigue sin investigar su paradero, denunció el hermano de la víctima, Lino Ponce.
La comerciante María Elena, quien tenía 25 años de edad, fue levantada por cuatro hombres armados cerca de las 4 de la tarde del 25 de junio del 2013 cuando llegaba a su casa ubicada en la calle Rubí, del fraccionamiento Villas del Parador, al sur de la capital.
Lino Ponce contó que su hermana fue levantada por cuatro hombres “empistolados” que la esperaban en un coche blanco cerca de su casa; “la bajaron violentamente de su camioneta y se la llevaron con rumbo desconocido igual que su camioneta”, narró ayer.
La familia de la joven presentó la denuncia ante la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas no Localizadas de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) donde se integró la Averiguación Previa (BRA/SC/05/1570/ 2013.
Los familiares de la joven también presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero siguen sin recibir información del caso.
Con el acompañamiento del colectivo Siguiendo tus Huellas, de Chilpancingo, la familia de María Elena ha realizado varias campañas de búsqueda sin resultado alguno. Por el contrario, su hermano Lino Ponce fue detenido en una ocasión en la PJE (actualmente FGE), cuando fue a pedir información, según denunció.
“Lo que me hicieron fue una jugada, me llamaron por teléfono a mi pueblo que yo fuera a recoger las cosas de mi hermana y cuando me presenté a la Fiscalía Especializada de Delitos Graves me llevaron a una oficina donde me encerraron y me dijeron: ‘Estas detenido’”.
Dijo que cuando pidió que le explicaran el delito del que se le acusaba o la causa de su detención, le informaron que tenía una orden de aprehensión por el delito de secuestro.
Contó que les proporcionó todos sus datos personales, “y supuestamente se pusieron a investigar” y al final le dijeron que no coincidía la fecha ni el lugar de nacimiento de la persona que supuestamente buscaban.
Al final le aclararon que la persona que buscaban era “de Tlapa para adentro” y que tenía menos edad. Después le hicieron firmar un documento y lo liberaron, “pero ni si quiera disculpas me ofrecieron”.
Informó que ese día iba acompañado por otra persona que lo esperó afuera y se comunicó con él para informarle que lo habían detenido.
La vecina vio cuando cuatro hombres se la llevaron
Lino Ponce informó que ese día iba por unas pertenencias de su hermana que se había llevado una vecina de ella, misma que presenció cuando los cuatro tipos se la llevaron y después entró a su casa y se llevó a dos hijos de su hermana: una niña de tres años y un niño de cinco.
Contó que los liberó cerca de Aurrera Sur, porque iban llorando: “se oponían e iban llorando y haciendo mucho escándalo en la calle”, explicó, por lo que la mujer tuvo que pedir a los familiares de María Elena que fueran por ellos. Cuando localizaron a los menores éstos dijeron que se los quería robar y que se los llevaba a fuerzas.
El hermano de la desaparecida contó que esa misma mujer se llevó después las pertenencias que su hermana tenía en su casa y que las entregó casi dos meses después a la Procuraduría porque él presentó una denuncia en su contra.
Indicó que cree que esa vecina de su hermana tiene información de la desaparición de María Elena, si no es que está involucrada en el caso, pero reprochó que no ha sido investigada.
El hermano de la desaparecida informó que la mujer entregó después las cosas de su hermana a la Procuraduría pero que nunca la detuvieron.
Lino Ponce informó que la detención de él ocurrió aproximadamente dos meses después de que se llevaron a su hermana.
Reprochó que desde entonces no le han dado ninguna información del resultado de la investigación sobre la desaparición de su hermana y exigió que se realicen las búsquedas.
“Yo digo que para que el martirio de mi familia acabe, aunque sea muerta nos entreguen a mi hermana, mi madre ya fue a entregar las muestras de ADN a Servicios Periciales de la Fiscalía, pero es por demás, no nos han informado de nada”.
Agentes de la Fiscalía General del Estado al irrumpir en una tienda en El Zarco, municipio de Zihuatanejo, de donde robaron dinero de la caja registradora, según se observa en un video Foto: Tomada de un video difundido ayer
Vecinos de la comunidad El Zarco, municipio de Zihuatanejo, denunciaron que en la mañana de este miércoles, policías ministeriales irrumpieron en varias casas sin ninguna orden de cateo y a una miscelánea de la que se llevaron objetos de valor y dinero en efectivo, hecho que quedó grabado en las cámaras de vigilancia.
Los agentes de la Fiscalía iban acompañados de soldados del 75 Batallón de Infantería y agentes de la Guardia Nacional, reportaron testigos.
Ayer miércoles vía telefónica, una de las vecinas agraviadas manifestó que fueron “varias camionetas” con policías ministeriales que llegaron alrededor de las 6 de la mañana a la comunidad, la cual se encuentra en la zona rural oriente del municipio, a unos 25 kilómetros del puerto de Zihuatanejo.
“Entraron a varias casas, unas 10, rompiendo puertas y metiéndose como si fueran delincuentes, espantaron a todos, niños, mujeres, hombres y ancianos”, relató.
Dijo que los policías ministeriales en ningún momento les informaron qué era lo que buscaban, “tampoco nos mostraron ningún papel, una orden para que entraran a las casas, a la tienda se metieron porque con unas pinzas de esas que les dicen cizallas, rompieron la cadena del local y sacaron lo más que pudieron, incluso en los videos se ve cómo están sacando el dinero de la caja registradora y se lo llevan”.
Agregó que las familias agraviadas tienen temor de acudir a las oficinas del Ministerio Público del fuero común para hacer la denuncia correspondiente, pese a que tienen las pruebas de esos abusos en video y en ellos identifican al comandante o coordinador que los iba encabezando, “hay temor a que haya represalias y regresen al pueblo a hacer más destrozos, y se ensañen con la gente que los señale porque llegan como si fueran del crimen organizado, así mero llegaron”.
La vecina agregó que las camionetas en las que se trasladaban los policías ministeriales no llevaban logotipos ni números, “son camionetas de color blanco y se metieron al pueblo a puro robar”.
Hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, “para que intervengan, no pueden venir estas personas que se supone que están encargadas de procurar justicia a hacer abusos y a robar acá, en nuestro pueblo, tenemos las pruebas, tenemos los videos en los que se les ve la cara a esos ladrones con placa”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Diputados locales guardan un minuto de silencio en memoria de a la niña de 8 años, Camila Gómez Ortega,asesinada el pasado 27 de marzo en Taxco Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local designó como fiscal general del estado, por un periodo de 6 años, al coronel del Ejército Zipacná Torres Ojeda, abogado con especialidad en derecho penal y derechos humanos, con 36 años de servicio en los dos sistemas de justicia militar y civil.
En esta sesión, la Mesa Directiva notificó a la Legislatura local la terna de candidatos que seleccionó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para designar de entre ellos al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aclarando que el oficio se turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), este lunes primero de abril de 2024
También presentó el acuerdo para votar a los tres finalistas, con la precisión de que la Jucopo se reservó su derecho de argumentar el proyecto, y que tampoco se registraron intervenciones para la discusión.
El martes, 2 de abril, se habían desahogado las comparecencias de la terna, por lo tanto, el procedimiento de la convocatoria para seleccionar al titular de la FGE, aprobado el 18 de marzo, se agotó en dos semanas.
El único incidente visible en el procedimiento, fue el reclamo de la diputada de Morena, Leticia Castro Ortiz, alzando la voz en la sala de plenos, para concluir el nombramiento.
Antes de la toma de protesta, el candidato llamado al pleno pasó a saludar de mano a los diputados en sus curules, pero se quedó conversando un momento con los diputados del PRI, Héctor Apreza y Jesús Parra García, y la morenista urgió a que terminara su recorrido.
La votación secreta por cédula, con los nombres de la terna, resultó con 43 votos para Torres Ojeda, uno para el director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Sebastián Ortuño, cero para el fiscal especializado de Delitos Electorales de la FGE, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, y uno nulo. Un total de 45 votos, cuatro virtuales, en la sesión que se instaló con 41 asistencias.
Torres Ojeda, Coronel de Justicia Militar retirado, es licenciado en Derecho, tiene un doctorado en Alta dirección, una maestría en Derecho penal y en Derechos humanos, un diplomado en Seguridad nacional y otro en Cultura de la paz. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como agente del MP militar, secretario de Juzgado de Ejecución de Sentencias, juez del Sistema tradicional, de Control y del Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio.
Antes de ser aspirante a fiscal, fue por pocos días vicefiscal de Investigación en la FGE. De acuerdo con trabajadores, llegó a mediados de febrero de este año a la institución, cuando la ex fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón pidió licencia en el cargo por seis meses.
Fue enviado de la federación a reemplazar a Valdovinos Salmerón, que lo despidió cuando la entonces fiscal desistió de la solicitud de licencia.
Torres Ojeda, de 51 años cumplidos reside hace más de cinco años en el estado, que no ha sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública municipal estatal o federal, durante dos años anteriores a la designación, ni dirigente de partido, ni postulado a cargo de elección popular en tres años.
Tampoco está suspendido, ni ha sido inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni se encuentra sujeto a procedimiento ni responsabilidad administrativa federal o local, ni hace uso de sustancias sicotrópicas, de estupefacientes, u otras que reproduzcan efectos similares, y no padece de alcoholismo, de acuerdo con información de acuerdo que presentó la Jucopo en el pleno.
En esta sesión también tomaron protesta al cargo los alcaldes suplentes de Benito Juárez, Marquelia, y Ajuchitlán del Progreso, Georgina de la Cruz Galeana y Dagoberto Guevara Donato y Tomás Arévalo Ayala.
Primer mensaje en redes
El nuevo fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, informó, a través de un mensaje en redes sociales que difundió anoche, que va a elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la institución y que ya trabaja en atender a la brevedad los asuntos urgentes.
Esto, sin mencionar el feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega, y el linchamiento de la presunta delincuente, la semana pasada en Taxco, ni las primeras actuaciones de la FGR por el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por policías estatales, lo que llevó a la remoción de su antecesora, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Después de la votación de la terna en el Congreso local, el fiscal recién designado, salió del edificio con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, y con el director de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros.
Se supo que se dirigieron al edificio de la Fiscalía, aún con los estragos de la protesta de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuando se conoció de la fuga del autor material del homicidio de Yanqui Kothan.
En el mensaje de video, Torres Ojeda declaró que acababa de asumir el compromiso de procurar el acceso a la justicia en el estado, y su principal objetivo “es recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía. ¿Cómo lo haré? Con acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos, que se regrese la paz social a esta noble entidad”.
Señaló que Guerrero debe tener una fiscalía capacitada, con sentido humano y a la altura de las demandas de la gente, y que está trabajando en los temas urgentes que a la brevedad deberán ser atendidos.
Anunció que una de sus primeras tareas, será elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la FGE, del que informará en su momento.
Destacó la confianza que recibió de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que resolvieron la convocatoria y la designación del fiscal en 15 días.
Enfatizó que el trabajo coordinado con las instituciones de seguridad estatal y federal es fundamental para lograr el bienestar de la sociedad guerrerense.
Minuto de silencio por acontecimientos en Taxco
Antes de comenzar los trabajos de la sesión, la diputada del PRI, Flor Añorve Ocampo, pidió un minuto de silencio por los eventos acontencidos en Taxco dek 27 y 28 de marzo, en relación al feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega, y el linchamiento de la presunta responsable, Ana Rosa.
En el orden del día se contempló una intervención sobre la investigación y esclarecimiento en Taxco, por el diputado de Morena, Alfredo Sáchez Esquivel, que al final se retiró, al parecer, para mantener la designación del fiscal como tema principal.
Sólo el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, fijó un posicionamiento sobre el desarrollo del proceso electoral en condiciones económicas desfavorables, y cada vez más complejo por la seguridad de los candidatos.
Señaló que la integridad física y seguridad “es fundamental para garantizar la democracia en Guerrero”, y es necesario proteger las candidaturas, para proteger la voluntad popular y el ejercicio democrático en el Estado.
Reconoció los esfuerzos institucionales, e hizo votos para que el protocolo para dar seguridad a candidatos en la entidad “sea eficiente, pero sobre todo expedito, y no se torne burocrático. Sobre todo cuando Guerrero es el estado más peligroso para hacer política”.
Denunció además la demora en la entrega de las ministraciones mensuales de prerrogativas del financiamiento público a los partidos por el gobierno del estado, y la disminución en el presupuesto del IEPC que tuvo, entre otras consecuencias, la tardía operación de los Consejos Distritales Electorales.
Iniciativas y licencias
El diputado Carlos Cuz López propuso en dos iniciativas reformar la fracción décimo quinta del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, y la Ley secundaria, a fin de que el gobierno del estado garantice la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad en las áreas de toma de decisiones, y que las políticas públicas se diseñen con perspectiva de género e inclusión.
Además de garantizar la paridad de género en las secretarías de despacho, en las dependencias de la función pública descentralizadas y autóno-mas. Las propuestas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, propuso crear una Ley de los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Guerrero, para establecer y regular derechos, políticas públicas, acciones y programas tendientes a brindar una atención preferencial, a fin de mejorar sus condiciones de vida y las de sus dependientes, cuando se encuentren en situación socioeconómica vulnerable. Se turnó la Comisión de Igualdad de Género.
En la correspondencia, se dio a conocer que pidieron licencia por tiempo indefinido, el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, y los regidores de Cualac, Manuel Eugenio Arriaga Rosendo, y de Eduardo Neri (Zumpan-go), Guadalupe Castillo Alonso.
Asimismo, pidieron dejar sin efectos sus solicitudes de licencia los regidores de Aca-pulco, Jonathan Márquez Agui-lar; de Chilpancingo, Carmen Yamileth Castillo Valenzo; de Petatlán, Elena Irasema Obregón Rodríguez; de Juan R. Escudero, René Sotelo Figueroa
El secretario general de Tetipac, Silvino Rodríguez Arriaga, notificó al Congreso que llamó a la regidora suplente, Martha Rivera Millán, a que asuma el cargo y funciones, derivado de la licencia de la propietaria, Rita Patiño Muñoz.
El suplente del alcalde de Coahuayutla, Marco Antonio Villanueva Esquivel, informó a la Legislatura que renuncia a su derecho de acceder al cargo.
En un mensaje en redes sociales tras su designación, el coronel de justicia militar anunció que hará un diagnóstico sobre las condiciones en que recibe la institución y se comprometió a recuperar la confianza de los ciudadanos en la misma. En la imagen, toma protesta del cargo para el que fue nombrado por seis años ante el pleno del Congreso donde tuvo el voto de 43 de los 45 diputados presentes Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Designa el Congreso casi por unanimidad al coronel Zipacná Torres como fiscal del estado
Obtiene 43 votos de 45 diputados presentes para un periodo de 6 años. En mensaje en redes sociales el militar originario de Acapulco anuncia un diagnóstico de la situación en que se encuentra la institución y que buscará recuperar la confianza ciudadana en la Fiscalía. Ha sido agente del MP militar, secretario de Juzgado de Ejecución de Sentencias, juez del Sistema tradicional, de Control y del Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio. Tiene una maestría en Derechos Humanos
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local designó como fiscal general del estado, por un periodo de 6 años, al coronel del Ejército Zipacná Torres Ojeda, abogado con especialidad en derecho penal y derechos humanos, con 36 años de servicio en los dos sistemas de justicia militar y civil.
En esta sesión, la Mesa Directiva notificó a la Legislatura local la terna de candidatos que seleccionó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para designar de entre ellos al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aclarando que el oficio se turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), este lunes primero de abril de 2024
También presentó el acuerdo para votar a los tres finalistas, con la precisión de que la Jucopo se reservó su derecho de argumentar el proyecto, y que tampoco se registraron intervenciones para la discusión.
El martes, 2 de abril, se habían desahogado las comparecencias de la terna, por lo tanto, el procedimiento de la convocatoria para seleccionar al titular de la FGE, aprobado el 18 de marzo, se agotó en dos semanas.
El único incidente visible en el procedimiento, fue el reclamo de la diputada de Morena, Leticia Castro Ortiz, alzando la voz en la sala de plenos, para concluir el nombramiento.
Antes de la toma de protesta, el candidato llamado al pleno pasó a saludar de mano a los diputados en sus curules, pero se quedó conversando un momento con los diputados del PRI, Héctor Apreza y Jesús Parra García, y la morenista urgió a que terminara su recorrido.
La votación secreta por cédula, con los nombres de la terna, resultó con 43 votos para Torres Ojeda, uno para el director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Sebastián Ortuño, cero para el fiscal especializado de Delitos Electorales de la FGE, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, y uno nulo. Un total de 45 votos, cuatro virtuales, en la sesión que se instaló con 41 asistencias.
Torres Ojeda, Coronel de Justicia Militar retirado, es licenciado en Derecho, tiene un doctorado en Alta dirección, una maestría en Derecho penal y en Derechos humanos, un diplomado en Seguridad nacional y otro en Cultura de la paz. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como agente del MP militar, secretario de Juzgado de Ejecución de Sentencias, juez del Sistema tradicional, de Control y del Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio.
Antes de ser aspirante a fiscal, fue por pocos días vicefiscal de Investigación en la FGE. De acuerdo con trabajadores, llegó a mediados de febrero de este año a la institución, cuando la ex fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón pidió licencia en el cargo por seis meses.
Fue enviado de la federación a reemplazar a Valdovinos Salmerón, que lo despidió cuando la entonces fiscal desistió de la solicitud de licencia.
Torres Ojeda, de 51 años cumplidos reside hace más de cinco años en el estado, que no ha sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública municipal estatal o federal, durante dos años anteriores a la designación, ni dirigente de partido, ni postulado a cargo de elección popular en tres años.
Tampoco está suspendido, ni ha sido inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni se encuentra sujeto a procedimiento ni responsabilidad administrativa federal o local, ni hace uso de sustancias sicotrópicas, de estupefacientes, u otras que reproduzcan efectos similares, y no padece de alcoholismo, de acuerdo con información de acuerdo que presentó la Jucopo en el pleno.
En esta sesión también tomaron protesta al cargo los alcaldes suplentes de Benito Juárez, Marquelia, y Ajuchitlán del Progreso, Georgina de la Cruz Galeana y Dagoberto Guevara Donato y Tomás Arévalo Ayala.
Primer mensaje en redes
El nuevo fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, informó, a través de un mensaje en redes sociales que difundió anoche, que va a elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la institución y que ya trabaja en atender a la brevedad los asuntos urgentes.
Esto, sin mencionar el feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega, y el linchamiento de la presunta delincuente, la semana pasada en Taxco, ni las primeras actuaciones de la FGR por el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por policías estatales, lo que llevó a la remoción de su antecesora, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Después de la votación de la terna en el Congreso local, el fiscal recién designado, salió del edificio con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, y con el director de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros.
Se supo que se dirigieron al edificio de la Fiscalía, aún con los estragos de la protesta de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuando se conoció de la fuga del autor material del homicidio de Yanqui Kothan.
En el mensaje de video, Torres Ojeda declaró que acababa de asumir el compromiso de procurar el acceso a la justicia en el estado, y su principal objetivo “es recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía. ¿Cómo lo haré? Con acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos, que se regrese la paz social a esta noble entidad”.
Señaló que Guerrero debe tener una fiscalía capacitada, con sentido humano y a la altura de las demandas de la gente, y que está trabajando en los temas urgentes que a la brevedad deberán ser atendidos.
Anunció que una de sus primeras tareas, será elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la FGE, del que informará en su momento.
Destacó la confianza que recibió de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que resolvieron la convocatoria y la designación del fiscal en 15 días.
Enfatizó que el trabajo coordinado con las instituciones de seguridad estatal y federal es fundamental para lograr el bienestar de la sociedad guerrerense.
Minuto de silencio por acontecimientos en Taxco
Antes de comenzar los trabajos de la sesión, la diputada del PRI, Flor Añorve Ocampo, pidió un minuto de silencio por los eventos acontencidos en Taxco dek 27 y 28 de marzo, en relación al feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega, y el linchamiento de la presunta responsable, Ana Rosa.
En el orden del día se contempló una intervención sobre la investigación y esclarecimiento en Taxco, por el diputado de Morena, Alfredo Sáchez Esquivel, que al final se retiró, al parecer, para mantener la designación del fiscal como tema principal.
Sólo el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, fijó un posicionamiento sobre el desarrollo del proceso electoral en condiciones económicas desfavorables, y cada vez más complejo por la seguridad de los candidatos.
Señaló que la integridad física y seguridad “es fundamental para garantizar la democracia en Guerrero”, y es necesario proteger las candidaturas, para proteger la voluntad popular y el ejercicio democrático en el Estado.
Reconoció los esfuerzos institucionales, e hizo votos para que el protocolo para dar seguridad a candidatos en la entidad “sea eficiente, pero sobre todo expedito, y no se torne burocrático. Sobre todo cuando Guerrero es el estado más peligroso para hacer política”.
Denunció además la demora en la entrega de las ministraciones mensuales de prerrogativas del financiamiento público a los partidos por el gobierno del estado, y la disminución en el presupuesto del IEPC que tuvo, entre otras consecuencias, la tardía operación de los Consejos Distritales Electorales.
Iniciativas y licencias
El diputado Carlos Cuz López propuso en dos iniciativas reformar la fracción décimo quinta del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, y la Ley secundaria, a fin de que el gobierno del estado garantice la paridad de género y la inclusión de personas con discapacidad en las áreas de toma de decisiones, y que las políticas públicas se diseñen con perspectiva de género e inclusión.
Además de garantizar la paridad de género en las secretarías de despacho, en las dependencias de la función pública descentralizadas y autóno-mas. Las propuestas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, propuso crear una Ley de los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Guerrero, para establecer y regular derechos, políticas públicas, acciones y programas tendientes a brindar una atención preferencial, a fin de mejorar sus condiciones de vida y las de sus dependientes, cuando se encuentren en situación socioeconómica vulnerable. Se turnó la Comisión de Igualdad de Género.
En la correspondencia, se dio a conocer que pidieron licencia por tiempo indefinido, el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, y los regidores de Cualac, Manuel Eugenio Arriaga Rosendo, y de Eduardo Neri (Zumpan-go), Guadalupe Castillo Alonso.
Asimismo, pidieron dejar sin efectos sus solicitudes de licencia los regidores de Aca-pulco, Jonathan Márquez Agui-lar; de Chilpancingo, Carmen Yamileth Castillo Valenzo; de Petatlán, Elena Irasema Obregón Rodríguez; de Juan R. Escudero, René Sotelo Figueroa
El secretario general de Tetipac, Silvino Rodríguez Arriaga, notificó al Congreso que llamó a la regidora suplente, Martha Rivera Millán, a que asuma el cargo y funciones, derivado de la licencia de la propietaria, Rita Patiño Muñoz.
El suplente del alcalde de Coahuayutla, Marco Antonio Villanueva Esquivel, informó a la Legislatura que renuncia a su derecho de acceder al cargo.
Sindicalistas se retiran de la Fiscalía del estado luego de permanecer tres días en plantón para exigir la reinstalación de despedidos Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Miembros del Frente Común de Sindicatos terminaron su plantón en el acceso de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras ser atendidos por el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con quien acordaron que entregarán una plaza a la trabajadora de aseo despedida, Antonia Tolentino.
A la 1:20 de la tarde los manifestantes retiraron sus lonas, sillas, colchonetas, casas de campaña, leña y fogones improvisados para preparar sus alimentos en el plantón, y liberaron la entrada del estacionamiento de la Fiscalía.
En conferencia de prensa afuera de la corporación, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Nayeli Hernández Neri comentó que los trabajadores se reunieron con el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, en el en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado.
Informó que los acuerdos fueron que a la trabajadora de aseo despedida, Antonia Tolentino, quien fue golpeada con vallas metálicas por trabajadores de la corporación el miércoles, se le otorgó una plaza del gobierno del estado.
Indicó que ella en continuará el proceso legal y de otra compañera afectada, seguirán las mesas de diálogo para resolver su situación laboral, “ya estamos levantando el plantón, tuvimos acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, se solidarizaron a la agresión de la compañera despedida, hay voluntad de apoyarla, se le entregará una plaza del gobierno”.
Reprochó que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no tuvo la voluntad de atenderlos y resolver sus peticiones laborales, sino que agredió e intentó reprimir el movimiento, “está en un plan de que no quiere diálogo, es represora, agresora, espero que esto llegue a la presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga”.
Dijo que debido a la agresión a su compañera Antonia Tolentino acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y presentaron una queja.
“Vamos a hacer hincapié en que si la fiscal continúa con represalias, despidos injustificados, la aplicación del examen de control y confianza y amenazas, vamos a regresar a la movilización para exigir el respeto a nuestros derechos”, declaró.
En el tercer día de plantón en la Fiscalía General del Estado, trabajadores impidieron que miembros del Frente Común de Sindicatos cerraran el acceso principal y, al momento de colocar vallas metálicas para impedir la protesta, golpearon a una manifestante.
El lunes los manifestantes instalaron un plantón en la FGE, para exigir a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la reinstalación de dos trabajadoras, y el cese al hostigamiento contra trabajadores en la Fiscalía.
Imagen de la casa allanada por efectivos de la Marina, Policía del Estado y Fiscalía General del Estado, la madrugada del sábado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Vecinos de los fraccionamientos Casas Geo, 21 de Septiembre y Sedue denunciaron anónimamente que al menos 10 casas fueron allanadas presuntamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones policiacas sin tener órdenes de cateo, destrozaron mobiliario y robaron pertenencias.
Durante un recorrido por estas colonias, señalaron que el sábado a las 10 de la noche se fue la luz en esta parte norte de la capital, donde minutos después decenas de patrullas de la FGE, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, tomaron las calles “sin dejar salir a nadie”.
Uno de los afectados denunció que policías ministeriales “rompieron el portón de su casa, entraron y robaron pertenencias que él tenía, además de robarse el disco duro de su circuito cerrado de las cámaras que vigilaban su vivienda”.
El vecino del fraccionamiento 21 de Septiembre dijo que él y su familia no se encontraban en casa y que el lunes llegaron y encontraron todas las chapas de su vivienda destruidas.
“Nos llamó la atención que el portón estaba tirado, al llegar pensamos que habían llegado unos rateros, porque se llevaron dinero y alhajas que estaban guardadas, después los vecinos nos dijeron que los policías habían entrado para realizar un cateo”, contó el afectado en su vivienda que pidió el anonimato para evitar represalias.
Una vecina del Fraccionamiento Sedue narró que su casa también fue cateada y “que ella no estaba, hasta el domingo que llegamos y vimos que nos faltaban cosas, los vecinos nos comentaron que hombres de negro entraron y por miedo no salieron, pero creemos que fueron los policías”.
La versión de algunos testigos que fueron consultados por El Sur fue que la noche del sábado pasadas las 10 de la noche se fue la luz en gran parte de la zona y simultáneamente llegó “un operativo muy fuerte de corporaciones policiacas”.
“La verdad pues no quisimos salir, pero vimos que de algunas casas los policías sacaron a gente detenida, por miedo y como está la situación pues nosotros nos resguardamos y ya no supimos más”, reveló un colono del fraccionamiento 21 de Septiembre.
El lunes la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, informó ya hay detenidos por los hechos de violencia, aunque no precisó por cuáles y quiénes.
