Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista

Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.

Se va la Policía Federal también de la región de la Tierra Caliente para contener protestas contra el gasolinazo

 

La Policía Federal (PF) se fue otra vez de la región Tierra Caliente, este viernes y sábado los agentes fueron enviados a otras partes de la República, donde hay conflictos sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Lo mismo sucedió en Iguala el jueves pasado.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
El 13 de diciembre se informó de la conformación de una operación de búsqueda del ingeniero Isauro de Paz, quien estaba secuestrado y fue liberado, entonces se anunció, “una fuerza conjunta de 220 elementos para iniciar un operativo de búsqueda y localización, integrada por 120 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 policías federales y 40 estatales”.
Pero la Policía Federal se fue de la región desde el viernes y sábado, fueron enviados a otros estados donde se han incrementado las manifestaciones en contra del gasolinazo.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan principalmente fueron recogidos y dejaron las bases abandonadas. En los hoteles se observan sólo las recientes barricadas que construyeron para su protección.
Debido a que se incrementaron las protestas contra el aumento al precio de la gasolina, se reforzarán ciudades clave, pero no se conoce si los agentes van a regresar.
Esta medida ocurre a menos de un mes de que inició el movimiento de autodefensa en San Miguel Totolapan, el cual provocó el anuncio de una fuerte operación de la Policía Federal en esta zona de San Miguel Totolapan, para brindar seguridad tal y como lo pidió la población.
En 2016 la corporación estuvo sólo cinco meses en Tierra Caliente y de manera intermitente, según los registros del pago de hoteles.
Su última llegada fue el 15 de diciembre, después de cuatro meses de ausencia. Cuando no hay policías federales sólo 80 policías estatales tienen que atender los nueve municipios, tarea que no pueden cumplir porque es mucho territorio y son largas las distancias.
La Policía Federal llegó a la zona en el último mes, pero sólo en tres municipios instaló bases permanentes: Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
A San Miguel Totolapan los agentes entraban constantemente, pero sin quedarse. El resto de los municipios: Cutzamala, Zirándaro, Tlalchapa, Ajuchitlán y Tlapehuala, no tienen la presencia de ninguna corporación, sólo hay recorridos esporádicos de grupos militares.
Recién el jueves los 200 agentes de la Policía Federal que estaban al frente de la seguridad en Iguala fueron enviados a la Ciudad de México, para contener las protestas y saqueos provocados por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.

Pide Protección Civil a alcaldes inspeccionar las viviendas donde venden gasolina a granel




El director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Sabás de la Rosa Camacho informó ayer que en todos los municipios del estado se comercializa gasolina y gas para uso doméstico a granel, por eso llamó a los alcaldes a realizar un diagnóstico y acciones de inspección en las viviendas habilitadas como centros de abastecimiento de combustibles para verificar que cumplan con las normas de seguridad para evitar incidentes como la explosión ocurrida este miércoles en Olinalá.
Dijo que en el estado sólo las autoridades municipales de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) tienen un control y regulación de este tipo de casas donde la población en el área rural principalmente se abastece de combustibles, luego de que una explosión provocada por la acumulación de pólvora en un establecimiento comercial en el cetro de la cabecera municipal provocó la muerte de siete niños en 2005.
Consultado sobre la reciente explosión en una vivienda donde se comercializaba gasolina en Olinalá que dejó un saldo de una persona con quemaduras y dos intoxicados, el funcionario estatal dijo que es urgente la participación de las autoridades municipales para evitar que sigan ocurriendo este tipo de incidentes debido a que en todos los municipios del estado existen casas donde se almacena combustible para su venta.
Señaló que los alcaldes deben realizar inspecciones en las viviendas donde “todos saben” que venden hidrocarburos para verificar que cumplan con las mínimas normas de seguridad y reubicarlos en las inmediaciones de los centros poblacionales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.