El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que, el 9 de agosto, se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En el mundo se estima que somos más de 476 millones de personas indígenas. Representamos sólo el 6.2% de la población mundial, el 15% de las poblaciones en la miseria; con aproximadamente 7 mil lenguas que se hablan en el mundo, alrededor de 4 mil son lenguas indígenas; dos de éstas desaparecen por mes.
En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, cerca de 7.3 millones de personas hablamos alguna lengua indígena, aproximadamente el 6% de la población total del país; con una gran diversidad lingüística. El país cuenta con 11 familias lingüísticas, que se ramifican en 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes de lenguas indígenas.
En esta entidad guerrerense de acuerdo al Inegi 2020, 515 mil 487 personas de 3 años y más hablamos una lengua indígena, lo que equivale al 14.6% de la población total del estado.
Cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la riqueza cultural y la historia de nuestros pueblos. Este año 2025, la conmemoración adquiere un significado particular, con un indígena electo como magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enmarcado por la creciente visibilidad de nuestras luchas, junto con las de los pueblos afrodescendientes, por la justicia, la equidad y la plena participación en la vida pública.
La presencia de indígenas en espacios de poder, como el Congreso de la Unión, los Congresos locales, cargos en los diferentes niveles de gobierno es un hito. Los representantes populares deberían ser la voz de las demandas de nuestras comunidades. Además de enriquecer el debate político con nuestros conocimientos ancestrales y cosmovisión, su labor debería ser fundamental para la creación de leyes que protejan el territorio, la cultura y las lenguas de los pueblos que representan. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos; a menudo, algunos, se pierden en la burocracia y la partidocracia electoral.
El movimiento de mujeres indígenas ha emergido como una fuerza transformadora. Sus líderes no sólo luchan por la preservación de nuestras culturas y territorios, sino que también denuncian las desigualdades de género que persisten en nuestras propias comunidades y en la sociedad en general.
En esta conmemoración, es crucial reconocer la profunda conexión entre las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ambos grupos hemos sido históricamente marginados y despojados de nuestros derechos. La solidaridad entre nuestras comunidades es un pilar fundamental para enfrentar el racismo y la discriminación sistémica, y para construir un futuro más justo e inclusivo para todos. La lucha por la tierra, la identidad y la igualdad de oportunidades son aún batallas compartidas que refuerzan nuestra capacidad para resistir y transformar.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es sólo un día para recordar el pasado, sino una fecha para mirar hacia el futuro. Es un llamado a la acción para que la sociedad en su conjunto se comprometa a defender los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto implica reconocer y valorar nuestros saberes, respetar nuestros territorios y garantizar nuestra participación plena en todos los ámbitos de la vida. La diversidad es nuestra mayor riqueza, y en su defensa radica la construcción de una sociedad más equitativa y humana.
La celebración del 9 de agosto nos recuerda que la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes es una causa que nos compete a todos. Honremos nuestra historia, escuchemos nuestras voces y trabajemos juntos para que nuestros derechos sean una realidad palpable, no sólo en las leyes, sino en el corazón de nuestras comunidades. El futuro que construimos debe ser uno en el que la justicia y la dignidad sean el legado que dejemos a las próximas generaciones.
En México, la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas son realidades persistentes que no se resuelven sólo con la emisión de leyes. Si bien la Constitución y diversas legislaciones reconocen nuestros derechos, la aplicación de estas normas en la práctica es a menudo deficiente. El problema radica en una profunda brecha entre la legislación y la realidad social, una brecha que se evidencia de manera particular en estados con una gran población indígena, como Guerrero.

El estado de Guerrero, conocido por su riqueza cultural y biodiversidad, es también un territorio donde los pueblos indígenas hemos enfrentado un histórico abandono institucional. A pesar de los marcos legales que garantizan el acceso a la salud, la educación y la justicia, muchos pueblos en la región carecen de servicios básicos. Escuelas sin infraestructura adecuada, centros de salud lejanos sin medicamentos y con personal que no habla nuestras lenguas maternas son ejemplos claros de cómo nuestro derecho a la igualdad se desvanece ante la falta de voluntad política y recursos.
El racismo, que subyace en este abandono, no es sólo un acto de agresión verbal, sino una discriminación sistémica que se manifiesta en la exclusión económica y social. Los indígenas de Guerrero somos estigmatizados, relegados a trabajos precarios y nuestras voces ignoradas en la toma de decisiones. Este racismo institucionalizado perpetúa un ciclo de pobreza y marginación que ninguna ley, por sí sola, puede romper. Para cambiar esta realidad, es necesario un compromiso genuino de la sociedad y del gobierno.
El verdadero cambio requiere una transformación cultural y social. Necesitamos dejar de ser vistos como sujetos de ayuda o folclore, y comenzar a ser reconocidos como ciudadanos plenos, con derechos y saberes que enriquecen a toda la nación. Sólo así podremos superar la discriminación, el racismo y el abandono, y construir un futuro más justo para todos.

 

Escribe el periodista Arturo Cano, en un diario nacional, con el título ¿Cuál es el mejor de Todos? … que el jubilado Pedro Hernández Santos, manifiesta: “la corrupción que hubo con la Piña y sus cercanos… Esas cosas ya deben acabar” … lo que ocurre en las agencias del Ministerio Público, donde te sacan hasta lo que no tienes.
Según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, con un avance de 91.7% en los cómputos de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde la Mixteca Oaxaqueña, el indígena tu´un savi, Hugo Aguilar Ortiz, lleva la delantera con 5 millones 295 mil 364 votos (5.2 %). En su historial conocemos que fue coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); ha impartido capacitaciones sobre derechos indígenas y derechos agrarios, y ha publicado ensayos sobre comunalidad, pluralismo jurídico y autonomía indígena.
Sus propuestas y visión para el Poder Judicial giran en torno a una justicia más cercana a la realidad de nuestros pueblos; fortalecer un enfoque multidisciplinario y privilegiar el diálogo entre los poderes del Estado y nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Es una oportunidad para que el máximo tribunal de México profundice en la garantía efectiva de nuestros derechos como indígenas, avanzando hacia una justicia más equitativa y culturalmente pertinente para todos.
El acceso a la justicia de los pueblos indígenas en México se ha visto obstaculizado por barreras lingüísticas, culturales, económicas y estructurales. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional, juega un papel crucial en la interpretación y aplicación de los derechos humanos, incluyendo aquellos que garantizan la equidad y la pertinencia cultural en los procesos judiciales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2º, reconoce la composición pluricultural de la nación y establece derechos específicos para los pueblos y comunidades indígenas, sumados los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, forman el marco jurídico que debería asegurar el acceso de los indígenas a la justicia.
La jurisprudencia de la SCJN ha impulsado importantes reformas. Se han emitido sentencias que han enfatizado la necesidad de garantizar la asistencia de intérpretes y defensores bilingües desde el primer momento de la detención, la pertinencia cultural en la valoración de pruebas y la aplicación de la ley, y el respeto a los sistemas normativos internos de nuestras comunidades indígenas.
En abril de 2020, la SCJN invalidó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, por falta de una consulta previa a los pueblos indígenas, principalmente a la comunidad afromexicana.
Las comunidades indígenas de Guerrero, especialmente en la región de la Montaña y Costa Chica, se enfrentan a múltiples barreras para acceder a una justicia efectiva, muchos funcionarios públicos no hablan lengua indígena y son analfabetos de la cultura indígena; las distancias son enormes para llegar a las sedes judiciales; persisten las actitudes racistas y discriminatorias por parte de muchas autoridades judiciales; la justicia de Estado no conoce de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas y afromexicano. Guerrero es hogar de diversas lenguas indígenas; la ausencia de comunicación efectiva es uno de los mayores obstáculos: falta de intérpretes calificados; incomprensión cultural y sin una comunicación efectiva y culturalmente pertinente, se vulneran derechos fundamentales como el de defensa adecuada, la presunción de inocencia y el acceso a la información sobre el proceso judicial.
La justicia no es gratuita para los pueblos indígenas; la Defensoría Pública es insuficiente en muchas regiones, y conseguir abogados privados es costoso; además del transporte se suman gastos de alimentación, fotocopias de documentos, certificaciones, y a veces, incluso, presiones para pagar “gestiones” informales; el tiempo dedicado a un proceso judicial es tiempo no dedicado a la subsistencia familiar; además, las comunidades viven en condiciones de pobreza extrema.
La brecha entre el reconocimiento legal y la realidad social sigue siendo amplia, y las comunidades indígenas se encuentran en situaciones de desventaja, discriminación y exclusión.
Se requiere de una voluntad política firme, una asignación de recursos adecuada, una capacitación profunda y continua de todos los operadores de justicia en materia de derechos y cultura indígenas, y un verdadero diálogo intercultural que permita construir un sistema de justicia más inclusivo, respetuoso y equitativo.
El acceso a la justicia para los pueblos indígenas no es sólo un imperativo legal, sino un acto de justicia social que fortalece el tejido democrático y pluricultural de México.

 

¿Dónde está el matorral? Destruido
¿Dónde está el águila? Desapareció
Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia.
Gran Jefe Seattle, 1854.
Tribu Swamish

Ahora, Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, vive la devastación de su entorno; sus tierras muertas no aptas para el cultivo, sus habitantes enfermos por las secuelas de la explotación minera a cielo abierto.
En la región Centro–Norte de Guerrero, en el tiempo que iniciaba la última década del siglo pasado; los indígenas de la región del Alto Balsas gozábamos de una vida normal, como los antepasados nos enseñaron: fiestas patronales con la participación de las comunidades vecinas; la autoridad anfitriona daba sendos recibimientos a sus invitados que venían acompañados de su gente; llegaban con su banda oficial de música de viento, sus danzas, su huentli, su bebida; también, sus comisionados, así se le llamaba a los elementos de seguridad de la comunidad.
En los sitios sagrados se presenta la ofrenda para pedir buenas lluvias a fin de obtener una buena cosecha. Las iglesias con sus torres y campanas son las edificaciones más vistosas. La parcela de cultivo y la vivienda son el patrimonio más grande de cada familia, algunas casas de adobe, otras de concreto; una inmensa extensión de tierras de cultivo produce el maíz, el frijol, el garbanzo, el chile, el tomate, la calabaza, el ajonjolí y todos los alimentos necesarios para la vida. La tierra es la que nos alimenta, es como nuestra madre.
Oapan, Tulimán, Ahuehuepan, Ahuelican y Tecuiciapan trabajan el barro que se extrae, únicamente, en algún punto de la propia comunidad; se producen figuras de barro, collares, ollas, tinajas, “apaxtli”, cántaros, comales, entre otros; Ozomatlán trabaja el tallado de madera, de zompantli.
En 1990 nos enteramos que el gobierno de la República había estado realizando estudios en esta región desde 1959, la intención era construir sobre el río Balsas la presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo; de construirse, con sus aguas embalsadas destruiría la vida de 22 comunidades, la cultura y el medio ambiente de las poblaciones indígenas nahuas asentadas ahí desde cientos de años.
El centro ceremonial Teopantecuanitlan, en Tlalcozoltitlán, municipio de Copalillo, zona arqueológica notable por su arte monumental de estilo Olmeca, que data de entre 1000 y 500 años Antes de Cristo, según estudios de la Dra. Guadalupe Martínez Don Juan; y la inmensa extensión de ruinas arqueológicas no estudiadas, los sitios sagrados, iglesias, panteones y todo el patrimonio de las poblaciones quedarían bajo las aguas. Imposible exhumar a todos nuestros antepasados. La experiencia de comunidades desplazadas por presas en el país dice que el gobierno promete mucho, pero nunca cumple, sólo deja destrucción, desarraigo y pérdida de las culturas ancestrales.
La defensa del territorio de las comunidades nahuas del Alto Balsas se dio en un contexto de unidad, sin distinción de partidos políticos o religión; participaron todas las comunidades, se recibió la solidaridad de intelectuales, políticos, el clero y varios sectores organizados o de personajes. Se hicieron marchas, bloqueos de carretera, plantones, huelga de hambre, denuncia en diferentes foros del país y en el marco internacional.
El 13 de octubre de 1992, Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República en turno, suscribió el documento que previamente había firmado José Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero, donde se lee la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo.
El 31 de marzo de 2025 venció el contrato de arrendamiento de la minera Equinox Gold con los ejidatarios de Carrizalillo, no lograron pactar el monto del nuevo contrato para seguir la explotación a cielo abierto de las minas Los Filos-El Bermejal. El contrato que terminó suscribía 6.9 onzas de oro anuales por cada hectárea en renta, pero para renovárselos la empresa ofrece 2.5 por cada una de las mil 400 hectáreas, pero los ejidatarios rechazaron la propuesta, están dispuestos bajarse sólo hasta 4 onzas.
En el convenio se establecen becas para estudiantes desde su nivel básico hasta la licenciatura, los apoyos a madres solteras y personas con discapacidad, cubrir necesidades de infraestructura; también, surtir la Casa de Salud con medicamentos y equipo, donde se ofrece a los habitantes los medicamentos a mitad de precio, porque muchos toman fármacos especializados a causa de males como problemas en la piel, los ojos y el sistema respiratorio que asocian con la explotación minera.
Según el Informe de Sostenibilidad 2024 de la Cámara Minera de México, a nivel internacional, nuestro país se ubica entre los principales productores de 23 minerales: el primer lugar en la extracción de plata y el noveno lugar en el oro. Cerca del 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional la aporta la minería a cielo abierto.
La minería a cielo abierto remueve mucha de la capa superficial de la tierra para poder extraer los minerales, generando daño ambiental irreversible, incluyen deforestación, erosión del suelo y contaminación grave del agua y del aire por el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro.
Según información del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), Observatorio Ciudadano, Guerrero tiene 501 concesiones con una superficie de 673 mil 635 hectáreas.
Recordamos también que el 15 de octubre de 2023, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria demandó, al gobierno federal la cancelación de 50 permisos a empresas mineras de Canadá y Gran Bretaña, durante la conmemoración de su 28 aniversario. Esas concesiones afectan las tierras de las comunidades indígenas asentadas en la Costa Montaña de Guerrero.
Llegan las empresas mineras a ofrecer dinero a cambio de entregar las tierras, los manantiales, mantos acuíferos, sitios sagrados y todo el suelo y subsuelo a las empresas mineras extrajeras. Una venta disfrazada en arrendamiento. Con ello se compromete la vida, la de los hijos, nietos y muchas generaciones venideras; es un pacto con la muerte. Las mineras destruyen todo para extraer metales preciosos como el oro, la plata y otros minerales.
Debemos recordar que el 80% de los recursos naturales más protegidos del planeta se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas. Los dueños de las mineras no entienden cómo miramos el mundo. La tierra, para ellos, es cualquier mercancía que no importa desechar: llegan, la explotan y se van, dejándola muerta. Roban a la tierra aquéllo que pertenece a sus hijos y a los hijos de sus hijos, no les importa nada. Tratan a su madre, la tierra, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como un artículo intercambiable por dinero. Su hambre de dinero es tan grande que no importa acabar con la tierra.
Algunas comunidades, hace muchos años olvidaron que la tierra es sagrada en la memoria y tradiciones de sus abuelos. La naturaleza guardaba los recuerdos de sus muertos, que cuidaron como su madre, porque con bondad les dio de comer durante siglos. Olvidaron que forman parte de la tierra y ella es pate de ellos. Sus costumbres cambiaron, ya no podrán enseñar a sus hijos que la tierra guarda la vida de los antepasados; que, los ríos dan alimento y calman la sed de los humanos.

 

Tokuikatiskej nochimel ixuajlakan;
iuan iluikatl, xochimej tokuikatiskej,
tokuikatiskej iuan totomej, iuan chimalxochimej,
kosemalotl techmakas itlapalyo tokuikatiskej.
Yolanda Matías García

No es posible olvidar los crímenes contra indígenas en la historia del mundo… el líder indígena cubano de Guahabá, Hatuey, se limitó a preguntar “¿Y los españoles también van al cielo?” Al recibir respuesta afirmativa dijo sin pensar: “No quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver a tan cruel gente”. El 11 de noviembre de 1511, atado, fue quemado con fuego. La Controversia de Valladolid, de 1550 a 1551, planteaba saber si los indígenas tienen alma o no, sin son seres humanos o simples animales.
Los pueblos indígenas somos herederos de las culturas ancestrales y tenemos formas de convivencia social y ambiental diferente al resto de la población en el mundo. Tenemos una forma especial de mirar el mundo, de dialogar con nuestros hermanos, de festejar la vida, de organizarnos y de desarrollo que nos distinguen del resto de la población dominante con la que convivimos. Somos riqueza cultural en todo el planeta, a pesar de nuestras diferencias compartirnos los problemas de discriminación y las injusticias, así como la exigencia del reconocimiento de nuestros derechos más fundamentales, derechos que siempre han sido negados y violados.
Desde 1923, el jefe Haudenosaunee Deskaheh, quiso hablar ante la Sociedad de las Naciones y defender el derecho de su pueblo a vivir bajo sus propias leyes, en su propia tierra y bajo su propia cosmovisión; regresó a casa sin lograr su propósito.
El Primer Congreso Indigenista Interamericano se realizó en Pátzcuaro, Michoacán, México, entre el 14 y 24 de abril de 1940; el 4 de diciembre de 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI), en México, para desaparecer la cultura ancestral e integrar a los indígenas al resto de la sociedad; ya en 1977, reorienta su política indigenista para que participen en la construcción de su desarrollo y el derecho a preservar su identidad étnica.
En 1982 se estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas como órgano subsidiario de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; así mismo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) trabaja el tema indígena desde 1920; es responsable del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989. En 1990, fue la bandera de lucha de las comunidades nahuas del Alto Balsas, Guerrero, contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo; en ese año, nace el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero; el Consejo Mexicano 500 Años y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular; movimientos que fueron referentes en América.
En 1993, la Asamblea General de la ONU proclamó el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; en 1994, lanzó el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (1995-2004).
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declara la guerra al gobierno mexicano; se fortalecen las luchas indígenas en el mundo y con mayor énfasis en México. Ante este acontecimiento, los gobiernos del planeta voltean la mirada hacia los Pueblos Indígenas; a Carlos Salinas de Gortari se le cae el “Encuentro de Dos Mundos” que pretendía celebrar con el rey de España.
El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas se estableció en el año 2000; la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió nombrar, en 2001, un Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Se declara, 2005-2015, Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007; se dio la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la ONU en 2007; la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas se celebró en 2014, en Nueva York.
Las lenguas indígenas son importantes para el desarrollo social, económico y político, la coexistencia pacífica y la reconciliación en nuestras sociedades. Es importante resaltar que, muchas de éstas, están en peligro de desaparecer. El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas trabajó el tema de las lenguas indígenas amenazadas y formuló y promovió políticas para evitar su desaparición, en este contexto, se proclamó 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la UNESCO actuó como organismo principal de la ONU para el Año.
En este trayecto de las idas y vueltas a algunas sesiones de organismos internacionales han participado un número importante de activistas indígenas guerrerenses, entre los que podemos recordar: Marcelino Díaz de Jesús, Marcos Matías Alonso, Pedro de Jesús Alejandro, Vidulfo Rosales Sierra, Martha Sánchez Néstor (finada), Felicitas Martínez Solano, entre otros.
En el movimiento nacional, algunos se nos han adelantado: Cirino Plácido Valerio, Roque Nava Calvario, Sabino Estrada Guadalupe, Bruno Plácido Valerio, Martha Sánchez Néstor, Librado Gálvez Campos, Gaudencio Mejía Morales, José Pacheco Pineda, Lucila Ferrer Chino.
En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para el periodo 2022-2032, dada la importancia del uso, conservación y revitalización de las lenguas indígenas en el acceso a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el INPI implementó una plataforma colaborativa en línea en la que confluyen diversas iniciativas gubernamentales, académicas y comunitarias enfocadas al estudio, difusión y preservación de las lenguas indígenas; también, se creó la Universidad de las Lenguas Indígenas de México.
En 30 de septiembre del 2024 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos; reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural. Preserva, difunde y fomenta su cultura, lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza-aprendizaje.
El Estado mexicano garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan; participar en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la Nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, incluye las lenguas indígenas de nuestro país.
La lucha aún no termina, apenas empieza; hace falta armonizar las leyes y reglamentos en todos los niveles de gobierno; además, hace falta no dejar en letra muerta estos grandes logros. No son suficientes las reformas, es necesario la exigencia y, por ende, es importante la unidad. No podemos quedarnos callados sólo porque pertenecemos a tal o cual partido político o porque somos “amigos” de tales personajes o por nuestro “carguito” en la burocracia. ¡Antes que todo, somos indígenas!

* Indígena nahua del Alto Balsas, Guerrero.

 

“Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería.
Yo cantaría un rap y esta canción no existiría.”
Édgar Ricardo Arjona Morales

Simón Ramos Aburto fue detenido y llevado preso por policías antimotines estatales en el desalojo de la manifestación de padres de familia, alumnos y maestros de las Prepas Populares por exigir presupuesto para que sus hijos puedan estudiar; ocurrió el 7 de febrero de 2020.
En 2024, el costo presupuestado por estudiante de nivel medio superior es de 39 mil pesos, al Colegio de Bachilleres de Guerrero le proporcionan más de 45 mil pesos, a las Preparatorias Populares la miserable cantidad de 6 mil pesos por estudiante. El mismo gobierno es racista, pues, las prepas están en las regiones indígenas y en las comunidades más alejadas y pobres del estado.
Marchas, plantones, bloqueos, desvelos, arriesgar la integridad de los padres de familia, estudiantes y profesores.
¿Es necesario pasar por estas arbitrariedades del Estado mexicano para estudiar?
Soportar la represión del Estado no era suficiente. Los que teníamos interés, buscábamos otras comunidades para concluir nuestros estudios de educación primaria, porque, en el mejor de los casos, nuestra comunidad sólo tenía hasta cuarto grado. Estudiar la secundaria era más complejo, sólo había en las cabeceras municipales, esto no hace mucho tiempo, en los ochentas y noventas del siglo que acaba de pasar.
Abandonar a la familia en la comunidad para irse a estudiar desde los 8, 10 o 12 años de edad era traumático; sobrevivir con extraños era deprimente. Tenías que ser casi autosuficiente, lavar y remendar la ropa, hacer la comida y demás quehaceres que uno no sabía hacer era obligatorio. Además, tenías que soportar los maltratos de los compañeros y la sociedad racista que nos discrimina por nuestro origen indígena y no hablar bien el castellano, por ser sierreño o simplemente por ser pueblerino.
Estudiar la preparatoria era casi imposible, irse a la ciudad de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo, Taxco, Altamirano; hasta estoy exagerando, creo que había menos. Por eso, muchos, muchísimos no estudiaron; en nuestras generaciones muy pocos concluyeron la educación primaria; las siguientes generaciones, la secundaria.
En la ciudad sólo teníamos para comer una vez al día, lo absolutamente necesario para útiles y materiales escolares; no alcanzaba para pagar una renta, te tenías que asociar con varios estudiantes para compartir los gastos; nos empleamos en cualquier trabajo con el fin de obtener unos centavos para sobrevivir, la gran mayoría no concluía el primer año de preparatoria.
Intentar entrar al nivel medio superior no era seguro, no era fácil pasar el examen de ingreso. Las escuelas eran muy pocas, no todos los aspirantes quedaban en la matrícula, sólo había escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Recordar que en la historia se escribió que en la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, el 30 de diciembre de 1960, más de 10 mil manifestantes que exigían la autonomía universitaria al servicio del pueblo, fueron desalojados por el Ejército mexicano, masacrando a un número indeterminado de personas entre niños, mujeres y hombres, pueblo, estudiantes y docentes, mismos que se recuerdan en un monumento construido en la alameda.
En el rectorado del doctor Rasalío Wences Reza (1972-75, 1978-81 y 1984-87) se consolidó el Proyecto Universidad-Pueblo.
En la década de 1970, se crearon las preparatorias populares, sujetándose al plan de estudios y programas de la propia universidad, era la única institución pública que impartía educación a nivel medio superior en el estado de Guerrero.
Cuando no había opciones para los hijos de los que menos tienen, la Universidad Pueblo ofreció su respaldo al dar oportunidad de cursar la educación media superior en la modalidad de Preparatorias Populares incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero.
Algunos profesionistas o padres de familia voluntarios interesados en apoyar a su pueblo, a los jóvenes, decidieron dedicar parte de su vida a impulsar la creación de este tipo de escuelas en su comunidad. Estas instituciones se crearon, principalmente, en las comunidades indígenas, en las más pobres, igual que en la Sierra y la Tierra Caliente de Guerrero.
La Universidad Autónoma de Gurrero sólo reconoce los estudios, no da presupuesto alguno a los planteles populares.
En mi comunidad, San Miguel Tecuiciapan, me tocó hacer la gestión para crear la Preparatoria Popular Telpochkajli, funcionaba como todas la demás, una cuota económica de los padres de familia, más la voluntad de los maestros. Así se sostuvieron durante décadas las escuelas, algunas fueron fundadas de hace casi 50 años, una vida o más vidas de los maestros gastadas en ello.
La lucha empezó desde el gobierno de René Juárez Cisneros (PRI), Zeferino Torreblanca Galindo (PRD), Ángel Aguirre Rivero (PRD), Rogelio Ortega (Uagro), Héctor Astudillo Flores (PRI) y ahora Evelin Cecia Salgado Pineda de Morena, Cuarta Transformación, ¡Por el bien de todos, primero los pobres! ¡Todos son iguales!, ¡Insensibles!
El estado siempre se ha hecho el occiso, los funcionarios del PRI, del PRD o de Morena son iguales, insensibles, irresponsables, deshonestos, con falta de ética; prefieren crear nuevos subsistemas para colocar a sus amigos y familiares, mientras, mantienen a más de un millar de maestros sin salario ni prestaciones, sólo se les da una miseria que no es suficiente para mantener a una familia.
Desde Ángel Aguirre ya se tiene un proyecto de decreto para crear un subsistema como Organismo Público Descentralizado, todos los gobiernos dicen que sí, pero sólo le dan vueltas y vueltas, parece que es la estrategia para no resolver favorablemente.
A punta de arriesgar la integridad de los padres de familia, maestros y alumnos durante las manifestaciones, plantones y bloqueos, el Estado se compadeció y empezó a dar, aunque sea migajas; en 2012 el gobierno entregó 12 millones de pesos, mucho tiempo se mantuvo este raquítico presupuesto; en 2022, después de que uno de sus principales líderes fue a parar a la cárcel por exigir mayor presupuesto para la educación popular, logaron 75.5 millones; en 2023, 78.1 millones y para 2024, 80 millones.
De una matrícula de 135 mil 416 estudiantes de educación media superior, 12 mil 989 están matriculados en las Preparatorias Populares incorporadas a la Uagro, que representa casi el 10 por ciento de la matrícula total del estado.
Las injusticias de nuestros gobernantes son descomunales; mientras que el presupuesto federal es de 39 mil pesos por estudiante de educación media superior, a las Prepas Populares sólo les dan 6 mil pesos por cada alumno; basta con revisar el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, con una matrícula de 22 mil alumnos, tiene un presupuesto de 519.5 millones de pesos por parte del gobierno de Guerrero, más otra cantidad igual que la federación le aporta por el convenio de concertación que el gobierno del estado y la federación manejan en este subsistema, nos cuesta más de 45 mil pesos por estudiante.
Les vale a los gobernantes que la educación media superior es obligatoria, que están obligados a dar presupuesto para la operación de las prepas, olvidan que traen un discurso de izquierda de “Primero los Pobres”.
Mientras no haya justicia, la lucha sigue….
Llegue quien llegue al poder, es lo mismo.