El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publica cada dos años el Índice de Competitividad Estatal (ICE), y en él señala que, entre más competitivos sean los indicadores estatales anuales en las diferentes áreas de la actividad humana y en la calidad de vida de sus habitantes, más atractiva será una entidad federativa para que ahí enraícen mayores inversiones y desarrollo económico.
El ICE, a partir de las fortalezas y debilidades de los estados del país, reflejadas en datos y cifras de corte anual en tópicos: sociales, económicos y políticos, valoriza qué tan atrayentes son cada uno de ellos para el desarrollo de talentos humanos y el crecimiento de las inversiones en sus respectivos territorios; ubicándolos según un índice promedio ponderado de competitividad estatal.
Hace un año, en un artículo de opinión, expresaba lo siguiente: “Los endebles cimientos de tipo económico, educativo y de salud en esta entidad sureña, fueron aún más debilitados por la pandemia del Covid-19 y por los estragos del huracán Otis y siguen siendo, a la vez, los obstáculos más importantes para convertirnos en un estado competitivo e innovador, con constante fomento al conocimiento y tecnología aplicada, para poder otorgar un mayor valor agregado a los bienes y servicios manufacturados, a partir de un amplio espectro de mano de obra calificada y certificada. Hay que incluir además los impedimentos de la alta inseguridad pública, los altos niveles de corrupción e impunidad imperantes, así como la profundización de actividades delincuenciales y de narcotráfico en general, en el marco de un ‘Estado de Chueco más que de Derecho’. Guerrero permanece, para nuestro desdoro, como la entidad federal con la competitividad más baja de la República”.
¿Qué tanto hemos mejorado o empeorado en estos tres años de cogobierno de Evelyn Salgado Pineda y su “¿Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio?
En términos económicos generales y no obstante que permanecemos ubicados en el último lugar (32) a nivel nacional, es decir, somos lo peorcito de las entidades federativas, el PIB per cápita estatal mejoró de 77 mil 088 pesos (en el 2021) a 93 mil 181.10 pesos (en el año 2023). En inversión por población económicamente activa, de 39 mil 900 pesos (2021) a 42 mil 500 pesos (2023); pero descendió el indicador denominado “Talento” –porcentaje de la población de 25 años o más que cuenta con educación superior, normal o técnica–, de 14.6 por ciento a 14.1 por ciento.
En este primer trienio, mejoramos nuestra ubicación en el indicador: “sistema político” (del lugar 27 al 24); pero en “Gobierno eficiente y eficaz”, nos mantuvimos en el último lugar (32); en el de “mercado de trabajo eficiente” permanecimos en el lugar 31. Empeoramos en cuanto a “economía estable”, pasando del sitio 26 al 30°. Permanecemos en el mismo lugar, en “infraestructura básica productiva” (29); en “apertura a la economía exterior” bajamos del lugar 23 al 25. En materia de “Innovación”, mejoramos de posición al pasar del 32 al 28; lo mismo que en “Derecho” (21° al 19°) y no tuvimos variación en el indicador relativo a “sociedad” (31) y en el tema de “medio ambiente” (12).
Décadas atrás nos disputábamos, año tras año, con Oaxaca y Chiapas, el último lugar a nivel nacional. Ahora Guerrero, a partir de la pandemia del Covid-19 y el huracán Otis, así como con el deterioro paulatino pero constante, que hemos padecido gracias a nuestra clase política y de nuestra frágil estructura de seguridad pública, educativa y de salud y el alto nivel de criminalidad y delincuencia, dentro del marco de la corrupción e impunidad sistémica, nos hemos posicionado como el último eslabón de la cadena de capacidad competitiva a nivel nacional; es decir, por lo que se refiere a la eficiencia y eficacia económica, política y social en estas tierras del sur. Hoy Chiapas ocupa el penúltimo lugar y Oaxaca, el antepenúltimo lugar nacional. Nosotros somos, “la cola de la cola.”
Por otro lado, de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi-ENCIG) 2023, podemos saber que un estimado de 57.6 por ciento de los encuestados guerrerenses manifestaron insatisfacción general por los servicios públicos básicos y bajo demanda en nuestra entidad federativa; 96.7 por ciento manifestó su insatisfacción por los servicios de agua potable; el 64.1 por ciento manifestó que la presencia de la policía no es garantía de seguridad pública; el 87.4 expresó que seguirá la práctica de la corrupción gubernamental, donde ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en el mayor costo per cápita promedio (4 mil 883 pesos) a consecuencia de la misma.

[email protected]

 

Si entendemos por hegemonía partidista lo logrado democráticamente en las últimas votaciones por el partido Morena, que conquista con una significativa mayoría de votos a su favor una supremacía o predominio político avasallante, además de la nueva preeminencia de su influencia política sobre los demás partidos políticos, podemos afirmar la existencia de un nuevo hito político en México: el de La Cuarta Hegemonía Política.
Eso le da el derecho de conducir constitucionalmente los destinos nacionales en el marco de la continuidad gubernativa establecida por su máximo líder moral, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También queda bajo la égida del partido Morena, dos de los tres poderes constitucionales federales (Ejecutivo y Legislativo).
La primera hegemonía política de partido habida en el país con tintes de pacificación, estabilización y progreso, se da después de las guerras de Reforma, con el Partido Liberal y la República restaurada, siendo presidente, Benito Juárez, que detentó la investidura del Poder Ejecutivo cerca de 17 años, discontinuos.
La segunda hegemonía partidista, la detenta de nueva cuenta El Partido Liberal, teniendo como líder y gobernante a la vez a Porfirio Díaz, durante 30 años en forma continua. El tercer período histórico hegemónico partidista, se gesta cuando conquistan por las armas el poder nacional, algunos de los protagonistas de la Revolución Mexicana de 1910. Su vigencia empieza cuando se firma el pacto constitucional de 1917 y al conformarse el Partido de la Revolución Mexicana (PRI). La hegemonía del PRI en el poder duró aproximadamente 71 años. La particularidad de este último lapso hegemónico es que no hubo un único gobernante presidencial sino varios, con períodos de mandato de seis años, en acatamiento al pacto constitucional establecido.
La cuarta hegemonía política, en la historia contemporánea del país, la obtiene ahora el partido Morena. Con el apabullante triunfo de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum (CS). Respaldado ese triunfo por aquellos que integrarán las fracciones parlamentarias mayoritarias de Morena en las cámaras de senadores y de diputados federales; además de la conquista de la mayoría de los poderes estatales renovados, que participaron en la justa electoral el pasado 2 de junio.
En términos muy esquemáticos, el triunfo de Claudia Sheinbaum se perfilaba a partir de las amplias simpatías: 75 por ciento de los votos que generó su candidatura en el seno de la clase social pobre de México (según una encuesta de salida de El Financiero del 4 de junio pasado), como reflejo de reciprocidad a los programas sociales de apoyo económico directo, otorgados durante el régimen presidencial de AMLO. Pero también tuvo el apoyo de una parte de la clase media (59 por ciento) y en mucho menor medida el voto minoritario a su favor de la clase social alta del país.
Ya se ha mencionado en este diario que, el mucho poder derivado de una situación política hegemónica de corte democrático (con todos los peros que pueda tener), debe ejercerse con mucha responsabilidad, so riesgo que esa hegemonía se corroa con el tiempo por el desapego con las bases sociales que le dan sustento, sin dejar de tener presente que se debe gobernar para todos. Puede desgastarse rápidamente sin el buen y más fiel conocimiento de la realidad circundante y sólo es vista a través de prismas de privilegio o a partir de burbujas burocráticas de confort), sin tomar en cuenta los aspectos reales de las diversas actividades en que se manifiesta cada segmento social en los diversos territorios regionales que integran nuestro país.
Adquiere importancia implementar programas institucionales descentralizados ad hoc y tener el personal adecuado y capacitado; contando, además, con una estructura de administración pública eficaz (hay que restaurar lo que fue desmantelado sin mayor visión) con una dotación mínima de recursos públicos no dadivosos, sino orientados a detonar circuitos virtuosos, pequeños y medianos, de progreso económico y bienestar social.
Termino expresando que no basta la preeminencia política para hacer las cosas, sino también hay que saber dominar el qué, para quién, cuánto, el cómo, con qué, dónde y con quiénes. En pocas palabras hacer efectivos los procesos de planificación nacional y regional, con rendición de cuentas, desglose de gastos y obtención de logros específicos, como estilos de ejercicios de gobierno controlados y medibles; privilegiando la honestidad sobre la corrupción que debe ser efectivamente punible; erradicando la impunidad como forma y/o estilo de gobierno deshonesto. De otra suerte lo hegemónico durará cuando mucho un sexenio más.
[email protected]

 

No es una pregunta baladí, porque es meritoria. Las decepciones reales en el actual sexenio que termina se han forjado en el tiempo transcurrido. Su génesis la encontramos al estar ubicados como la entidad federativa más marginada y empobrecida de la República. Aún más que Oaxaca y Chiapas. (Inegi). Pero del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) –al cual, le otorgamos cientos de miles de votos para que conquistara la Presidencia de la República– no recibimos mayor gracia los sureños de él, en lo que se refiere a inversiones públicas destinadas a crear una plataforma de infraestructura productiva básica, que fuera detonante para el desarrollo de mediano plazo que mucho necesitamos y anhelamos.
No dejo de reconocer, por supuesto, los múltiples beneficios que recibió el pueblo pobre sureño de los programas sociales de AMLO, cuya dispersión alcanzó a alrededor de 30 millones de familias mexicanas, con un costo de 25 mil millones de pesos anuales a nivel del país y que son ya, de carácter constitucional y universal. O también está la aplicación del vital programa de vacunas contra el Covid-19, a pesar de los errores gubernamentales cometidos, o la reparación de una parte de los daños masivos causados por el huracán Otis en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Una decepción fue la no aminoración de la presencia y acción letal de la delincuencia organizada. Muy por el contrario, el número de homicidios creció y su actuación homicida se expandió a más del 75 por ciento del territorio estatal; provocando gran inestabilidad social y precaria paz social constructiva. “Dejar hacer; dejar pasar” Tal fue la consigna que prevaleció como estrategia principal de seguridad pública que fracasó estrepitosamente.
Además, la pregonada aspiración por hacer realidad el denominado: “Cuarto Nivel de Gobierno (Federal, Estatal, Municipal y Comunitario)” ha quedado frustrada por que la delincuencia organizada se adelantó, usurpándola. Es una realidad en Guerrero que gran parte de las comunidades y ciudades están bajo el dominio y poder de los bandoleros regionales y nacionales organizados, que hacen de las suyas sin que nadie impida la laceración social cotidiana que provocan al imponer a los pueblos inermes, por la fuerza de las armas, su propia ley, ordenamiento económico regional, movilidad y relaciones sociales en la localidad; las cuales giran en beneficio a sus propios intereses privados; coartando seriamente a libertad y prosperidad popular.
Mientras tanto, las autoridades gubernamentales responsables de garantizar la seguridad pública han permanecido en una fase contemplativa durante más de seis años, situación que ya es intolerable. Guerrero es uno de los estados que más ensangrentado está por acatar, sin mayor discernimiento, la vigencia de la consigna presidencial: “Abrazos, no balazos”.
Extrañamente en Guerrero, no protestamos mucho por la semi militarización que le impuso al país, AMLO. No obstante que somos sabedores y sufridores de amargas experiencias en décadas pasadas por acciones ilegales del gobernante federal en turno y del Ejército.
Parece habérsenos extraviado de nuestra memoria histórica, lo que las fuerzas armadas han hecho a hombres y mujeres guerrerenses en episodios socialmente trágicos del cercano pasado, como “los vuelos de la muerte” (desde la aeropista militar de Costa Grande, en la década de los 60’s del siglo pasado); con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; con los indígenas y estudiantes asesinados en El Charco, Ayutla; por solo mencionar algunos casos muy evidentes.
Cierto, los soldados son pueblo; nada más que uniformado y adiestrado para matar; contando con buen armamento para cumplir con su principal deber en la salvaguarda del pueblo. Pero hay que tener en cuenta que, desde hace varias décadas, los oficiales graduados son educados, entrenados y graduados en el Colegio Militar y otras instituciones de la misma naturaleza, dentro y fuera del país, donde su adoctrinamiento y preparación distan del respeto de todos los derechos humanos.
Lo que siempre ha echado a perder a buena parte de la oficialidad militar mexicana ha sido el poder, el dinero y las canonjías provenientes de fueros. Los soldados de línea y sus clases solo obedecen órdenes, como en todas partes, con sumisión y sin conciencia.
En conclusión y sin terminar, tenemos que recordarle a la nueva mandataria federal, Claudia Sheinbaum que, sin mayor retribución económica, Guerrero durante muchas décadas, ha dotado y subsidiado de agua del río Cutzamala y de electricidad generada en las hidro y termo eléctricas establecidas sobre el río Balsas, a la mayor parte de la demanda de la población que habita el valle del Anáhuac. Pero no ha habido la reciprocidad debida, para un desarrollo regional mutuo. Nos quedan a deber mucho con lo que se llevan, en comparación a las participaciones fiscales federales que nos aportan. Sin dejar de mencionar nuestra eterna queja de nuestra aportación histórica en la forja de este país.

PD1. El genocidio perpetrado por el gobierno israelita sobre el pueblo palestino asentado en la Franja de Gaza continúa segando cientos de miles de vidas de seres humanos inocentes, frente a una comunidad mundial demasiado insensible. Así comenzaron los alemanes nazis con el criminal e histórico holocausto ocurrido el siglo pasado.
PD2. Recomendable es otorgarle una segunda lectura cuidadosa al editorial de El Sur del 04/06/2024, para aquellos interesados en el próximo devenir de México y de Guerrero.

[email protected]

 

La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Karl Marx.

Episodio I. Entre 1936-1938 se realizaron en Moscú tres grandes juicios sumarios donde los acusados eran ex miembros distinguidos del Partido Comunista de la aquella entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, acusados de atentar contra la madre patria; la vida de José Stalin (máximo dictador en boga); y de buscar la restauración del capitalismo en Rusia. La cabeza responsable de esa “Gran Purga” de carácter político fue el propio Stalin y su equipo de fanáticos. Fueron acusadas 16 personas entre las cuales se encontraban fundadores del partido bolchevique y actores principales de la revolución rusa de octubre de 1917. Los mantuvieron encerrados en calabozos durante 10 meses, sometidos a diversas y cotidianas torturas; cesándolas cuando los imputados aceptaban ser enjuiciados públicamente tras lo cual, previa confesión pública escrita “a modo”, eran sentenciados a muerte y fusilados.
En una segunda purga fueron enjuiciados otros 17 dirigentes políticos, de los cuales 13 fueron sentenciados a muerte y fusilados; y el resto enviados al inhóspito Gulag, donde no sobrevivieron mucho tiempo dadas las inclemencias del clima. La tercera purga constó de 21 víctimas más, algunos de la talla intelectual de Nikolai Bujarin. En total fueron 54 personas encontradas culpables y casi todas ellas fueron fusiladas.
En el fondo, las purgas tuvieron como propósito fundamental eliminar cualquier intento oposicionista al régimen dictatorial de José Stalin o a cualquier disidente de los pensamientos del poderoso dictador soviético. Así, despejaba el camino para mantener su férrea dictadura personal durante varios decenios de años más.
Episodio II. En pleno siglo XXI (mayo del 2024), las máximas autoridades universitarias de la UAGro, convocaron a sesión extraordinaria al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (166 miembros), para acordar, por casi unanimidad y con voto pre orientado a través del fast track, la expulsión de 13 maestros de tiempo completo y un alumno de posgrado de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas quienes participaron en protestas contra los resultados de la reciente elección interna de los directivos de la mencionada escuela.
En dicha sesión, que duró poco más de tres horas (nota de Karina Contreras. El Sur. 28-mayo-2024), el magistrado ponente –de cuyo nombre no quiero acordarme–, leyó el dictamen del Tribunal Universitario, en donde se señalan las infracciones a los códigos respectivos sin presentar documento detallado de sustentación alguno; para, a continuación –con solamente dos votos en contra y una abstención–, los consejeros domesticados aprobaran, a mano alzada, el dictamen respectivo. A los acusados se les expulsó de la UAGro, imputándoles tan solo enunciados de actos de agravios genéricos y no señalamientos, individuales y puntuales, sobre “irresponsabilidad universitaria, violación a principios morales y éticos, incitaciones a la violencia y hostigamiento por razones políticas, ideológicas y personales, en la vertiente de retención ilegal de la libertad personal, en agravio de estudiantes y miembros de la Comisión Electoral, durante la etapa del conteo de votos en el proceso electoral, recién acaecido”.
El magistrado de marras también informó que una mamá de una alumna de la UAGro, en aras de salvaguardar la vida de su hija, presentó ante el Ministerio Público local una denuncia penal, al menos por la privación ilegal de libertad de su familiar. ¡Uf!
La sesión de Consejo fue presidida, en todo momento, por el hipócrita personaje que meció, desde un principio la cuna; a saber, el rector de la UAGro: Javier Saldaña Almazán. Lo hizo para dar una señal clara a toda la comunidad universitaria sobre las represalias a que se harían acreedores todos aquellos que, de aquí hacia adelante, osaran contravenir sus orientaciones directas o indirectas que les impondría a todos en un marco de unanimidad y acatamiento, sin mediar libertad de pensamiento, deliberación y expresión. Lo único que ganó con todo eso fue un repudio inmenso a tamaña pretensión. ¡Doble uf!
Episodio III. En los años que he vivido en Guerrero no me había tocado presenciar un evento universitario de tal naturaleza y de tamaña magnitud. Me sorprendió que volviera por sus fueros la antigua y perniciosa divisa de anteponer lo político por encima de lo académico que en última instancia es su actividad sustantiva nodal; máxime cuando son de carácter púbico, es decir, son subvencionadas con dinero proveniente del pueblo, vía gobierno federal y estatal. Lo político ya entronizado devino en lucha abierta por el poder mismo además de las plazas y recursos económicos que de él se derivan, en el marco de una autonomía mal concebida y peor implementada. ¡Triple uf!
El golpe antidemocrático, anti procedimental, anti didáctico e ilegal, que se otorgaron por sí mismos y para sí mismos los universitarios, ya nadie se los quita, aun cuando los perpetradores del mismo afortunadamente ya ¡recularon! Han entendido que la UAGro no es pertenencia de nadie en lo particular. Que la autonomía de la que goza, no permite ponerla al margen de la legalidad establecida y que sus directivos no pueden ser émulos de Calígula, ni sus seguidores, hatos de burros manaderos.

porelrescate.outlook.com

Capítulo I. Desaciertos.

1. Militarización de áreas importantes y sensibles de la vida y del gobierno civil; transfiriendo cuantiosos recursos presupuestales federales, facultades, funciones e infraestructura pública instalada para lo civil, incorporandolas al ámbito y fuero militar.
(2). Autoritarismo en todos los ámbitos del qué hacer público federal, como estilo de gobernar. Decisiones presidenciales unipersonales e indiscutibles, ya sea para su gabinete de trabajo o para instancias civiles; ante situaciones transcendentales de la vida nacional. Uso del engaño, la hipocresía y la mentira, contumaz y reiterada, para justificar tal o cual comportamiento o acción.
(3). La nula utilización de la planificación del desarrollo democrático nacional, –urbano y rural–, y también el nulo ejercicio de programación y presupuestación, secto-regional, como instrumentos de gobierno y de rendición de cuentas.
(4). Incumplimiento del compromiso presidencial del total esclarecimiento y aplicación de la justicia a quienes resultaren responsables, por acción u omisión, de la desaparición, en el municipio de Iguala y áreas circunvecinas, de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Cometiendo a la fecha delito de encubrimiento institucional.
(5). No hubo el prudente y deseable equilibrio; ni el suficiente respeto, entre los poderes de la nación establecidos; tratando el poder ejecutivo federal de subordinar a sus designios a los demás, lo que ocasionó fricciones, desgastes innecesarios y confrontaciones poco edificantes, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(6). Confrontación permanente con las organizaciones civiles, sobre todo las dedicadas a defender los derechos humanos, las cuestiones de género, las de los familiares desaparecidos. La violencia y los homicidios siguen pujantes.
(7). Pugna constante y extorsionadora con algunos medios de comunicación masiva, periodistas, analistas de la coyuntura y conductores de noticieros; enrareciendo la libertad de expresión y acentuando una rijosidad social innecesaria, que ha producido divisionismo a ultranza, escasa solidaridad y unidad nacional; el desgaste de la investidura presidencial ha sido fuerte al subirla cotidianamente al ring para un maratón de boxeo mediático-unipersonal, interminable.
(8). Desmantelamiento de la administración pública nacional, suprimiendo unilateralmente áreas operativas, conformadas a lo largo de los años, en los sectores de salud, educación, alimenticio y de seguridad pública; existiendo permanente escasez en la dotación de equipo e insumos operacionales para atender problemas y áreas de atención especializada.
(9). Deterioro de la plataforma de educación superior y del desarrollo científico; así como del cibernético-digital y de fuentes alternativas de energías limpias.
(10). Centralismo y suspensión del proceso de federalización de muestro devenir nacional, al disminuir la transferencia y operación de recursos a las entidades federativas y municipios; disminuyendo así, la capacidad de respuesta en sitio, de rezagos y necesidades ingentes y focalizadas; en materia de infraestructura y servicios públicos básicos, urbanos y rurales.
(11). Transferencia onerosa a los estados de la república de las responsabilidades de las cargas financieras derivadas de la atención inmediata de desastres naturales en los territorios estatales, lo cual los debilita aún más ya que son generalmente eventos catastróficos.
(12). La dadivocracia como modalidad de gobierno. Paternalista y popular, con el uso y abuso del presupuesto público para el clientelismo electoral y para el control social. Estimula el modesto consumo familiar, pero no fomenta el desarrollo de la economía social. La economía nacional ha estado semi estancada a causa de la pandemia, entre otros factores.
(13). Concentración de recursos federales de inversión pública en determinados estados de la república, sobre todo, donde se localizan los proyectos presidenciales estratégicos regionales: tren maya, ferrocarril transístmico, refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; en detrimento de un sano y equilibrado desarrollo regional en el plano nacional.
(14). Construcción de obra pública de carácter civil sin transparencia, con subestimación de costos y estados contables y de resultados mal elaborados y cuantificados. Registro de contratos, que, por su naturaleza y montos, debieran ser de licitación pública y no por adjudicación discrecional directa.
(15). Disfuncionalidad en el “Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad” y en la transparencia de la Secretaría de la Función Pública Federal. Han sido incapaces de detener el latrocinio en el actual sexenio, como lo muestran las irregularidades financieras en Segalmex y Pemex, así como no ejercer la actuación sancionadora a las autoridades involucradas en las grandes estafas del presupuesto público y en otros latrocinios en sexenios federales anteriores.
(16). La aplicación irregular y poco trasparente del presupuesto anual de egresos federal ha propiciado un extraordinario caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción e impunidad, así como la falta de entrega de resultados y cuentas públicas, veraces y oportunas, en tiempo real.
(17). No se combatió realmente el narcotráfico, que paraliza y asfixia a nuestro país; cáncer social que actúa con la mayor impunidad en los pueblos; apoderándose paulatinamente del control de la mayor parte del territorio nacional; llegando a dominar en la actualidad, entre un 50-70 por ciento del mismo.
(18). Las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos son poco estables. Lo endeble pone en jaque nuestras relaciones económicas y comerciales, en el contexto de una economía mundial polarizada y en proceso de reubicación mundial.
(19). Para terminar este primer recuento está la cuestión del flujo de migrantes que están de paso en nuestro país.

PD. Guerrero seguirá permaneciendo en la mediocridad, mientras lo gobierne una clase política mediocre, corrupta e impune.

[email protected]

 

Sea como fuere, la recién agresión cometida al obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, en la ciudad de Cuernavaca, lugar donde residía actualmente, no la puedo desligar de mi memoria como tampoco sus valiosos comentarios vertidos a mi persona, a finales del año de 2021, sobre su trayectoria como sacerdote franciscano y de su desempeño como responsable de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo, en el estado de Guerrero.
Él siempre tuvo consciencia de lo que podía pasarle al desempeñarse como pacificador y mediador entre las bandas de malhechores que asolan la comarca; así como entre ellas y los dos últimos gobiernos estatales que, digámoslo claro, se han desempeñado en forma por demás pasiva, inerme y contemplativa; en el marco de una posible simulación frente a los grupos delincuenciales organizados, como la cruda realidad nos lo ha dado entender en recientes años.
Pero no le importaba arriesgar su vida a cambio de parar el torrente de asesinatos que a diario sucedían en la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero. Los pueblos de esas regiones no tenían libertad ni seguridad para transitar por los caminos y carreteras vecinales. Había mucho temor; lo sigue habiendo. Conculcada estaba, la movilidad de tránsito regional.
Las comunidades eran hostigadas y confrontadas entre ellas mismas por los sicarios y sus autoridades comunales, divididas para así mejor controlarlas. Las organizaciones criminales dotaban a sus seguidores de armas de fuego. Incluso, presentaron públicamente niños armados. Eso causó por varios días, nota periodística nacional. Predominaba la indefensión social ante el poderío de la delincuencia y sus tropelías, sin mayor acción correctiva de las autoridades correspondientes.
El primer apostolado del obispo Salvador Rangel Mendoza fue coadyuvar con su enorme autoridad moral a restaurar la paz en la región para seguridad y bienestar de las familias. Se echó a andar por los caminos, sin mayor compañía y ánimo espiritual que el ejemplo de San Francisco de Asís en la búsqueda del diálogo con los “jefes de los lobos” que asolaban las poblaciones de la comarca.
Para nuestra sorpresa, esa acción pastoral por la paz causó resquemor, molestia e irritación pública de los gobernantes estatales y municipales; ya que, según ellos, el obispo se metía en asuntos que no le competían. Como si aminorar la violencia y la consecución de la paz fuera ajena a su intrínseca labor pastoral social. Los mandones del gobierno estatal lo denostaron públicamente y quisieron descalificarlo a como diera lugar. Con ellos sostuvo, en varias ocasiones, conversaciones ríspidas cuando el prelado les trataba la posibilidad de establecer diálogo (que no pactos) dado el enrarecido clima y la intensidad de violencia prevalecientes en ciudades y pueblos ubicados en la zona centro de Guerrero.
Con el cambio de gobierno estatal y con los nuevos gobernantes no hubo variación alguna sobre el trato de la violencia y de las bandas delincuenciales. Con gran soberbia le respondieron al obispo que no lo recibirían en audiencia; rectificando después, que siempre sí, pero como simple ciudadano.
El par de gobernantes que actualmente padecemos, públicamente afirmaron que no necesitaban dialogar con nadie; porque su nueva forma de gobernar ya contaba con una estrategia propia de seguridad pública. Posteriormente, el gobernante-senador –no menos célebre por sus bufonerías– también lanzó en forma pública su filípica dirigida al obispo: “Hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César”.
La irritación de la mafia del poder gubernamental en Guerrero, de ayer (PRI) y los de hoy (Morena), fue mayúscula porque el obispo les estaba moviendo el “tinglado” y los supuestos arreglos de facto que ya tenían de antiguo con los variados “chicos organizados” de la región, quienes se disputaban el control territorial del obispado regional.
El obispo no se inmutó ante la andanada de críticas despectivas e inapropiadas que le endilgaron los del gobierno estatal y siguió con su misión de tratar de establecer el diálogo entre los jefes de la malandrería regional. Unos lo oían y mostraban anuencia; otros lo escuchaban y guardaban escéptico silencio; otros de plano rechazaban cualquier posibilidad diciéndole al sacerdote que no tenía caso intentarlo ya que sabían que otros grupos tenían tratos con algunas autoridades gubernamentales que les brindaban impunidad e incluso una supuesta protección policiaca ante delitos realizados y que, por lo mismo, nunca se resol-vían. Los más prístinos espacios de conflicto eran y son Chilpancingo, Chilapa, la ruta del río Azul, Tlacotepec y Chichihualco, entre otros.
El Ejercito y la Guardia Nacional permanecían inamovibles, a menos que hubiera alguna instrucción superior; sólo estaban tomando nota de todo lo que acontecía; contemplativos incluso ante los asaltos y actos vandálicos a los recintos del Poder Ejecutivo estatal y del Legislativo, respectivamente.
En fin, el marco del acontecer cotidiano en estas tierras del sur ha sido el comportamiento de los gobernantes de Guerrero en la última década; destaca la frivolidad del gobernante-senador-bufón (transformador del zoológico “Zoochilpan” como reservorio alimentario de mascotas y desechos faunísticos de narcotraficantes) y, en general, es de lamentar la conducta de los jefes de la mafia del poder pluri partidista de Guerrero, que mantienen a esta entidad federativa sumergida en la peor de las ignominias.
De lo que se trata es que, como marco contextual de la infortunada agresión obispal, está “la pax narca” y los arreglos (de facto y en lo oscurito) con las distintas bandas en el reparto territorial de la región Centro de Guerrero y de sus actividades económicas, lícitas e ilícitas. ¡Uf!

[email protected]

 

En un estado pobre como Guerrero, donde hay acentuada escasez de empleo (bien o mal remunerado), dedicarse a la política institucional es negocio económico personal muy redituable. Nuestra democracia mercantilizada está ampliamente financiada con fondos públicos otorgados a partidos y candidatos; con adicionales fuentes de financiamiento no lícitas ni mucho menos transparentes.
Dependiendo del cargo que logre uno conquistar con el voto mayoritario del pueblo, puede uno salir de pobre y escalar a la clase media; de la clase media a la adinerada; y si le sigue, a la selecta lista de los millonarios. Todo de acuerdo a los ingresos totales asignados para cada cargo de representación popular o de la administración pública, en cualquier nivel de gobierno. Sin sumar los “moches” que haya de por medio.
Como botón de muestra, tenemos que, de acuerdo al tabulador de sueldos del año 2023 del Congreso del Estado, los diputados locales percibían 70 mil pesos de ingresos mensuales nominales; pero si se le agregan otros ingresos que recibían adicionales, no clasificados como sueldo, pero de libre asignación y disposición personal, entonces, el ingreso real monetario personal que recibían era alrededor de 280 mil pesos mensuales.
De acuerdo al formato oficial VIII-A del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Acapulco, parecidas cantidades también las recibían cada cual de los regidores y síndicos de la comuna porteña en 2023. El sueldo mensual de la presidenta municipal de ese municipio porteño, frisaba la cantidad de 124 mil dos pesos mensuales; pero sus ingresos totales no estaban alejados de sumar 400 mil pesos al mes. ¡Primero los pobres!
Lo anterior explica la feroz disputa que acabamos de presenciar entre los diversos polític@s que se postularon para que los variados partidos políticos institucionales registraran sus candidaturas definitivas ante el IEPC ­siempre al último cuarto de hora de la fecha límite, con el objeto de que no se alborotasen los inconformes–, en los principales municipios y distritos locales electorales del estado y también explica la simplona campaña electoral, pletórica de compromisos ocultos que aceptaron los aspirantes; comprometiéndose a puras generalidades, simulaciones y engaños; pero nada en lo concreto y específico.
Los candidatos y los dirigentes locales de sus partidos además del dinero que reciben como prerrogativas lícitas provenientes de las arcas públicas, son receptores del dinero de algunos grandes empresarios; de poderosos políticos y gobernantes que hacen mal uso del erario; de la venta de candidaturas al mejor postor y los no menos importantes billetes de la delincuencia organizada que, con sus concomitantes amenazas, imprimen un sesgo antidemocrático a las elecciones al forzar la libre voluntad electoral ciudadana.
Son cosas de la democracia mercantilizada sureña, donde más de la mitad del territorio estatal está dominado por el narco. “O cooperas o cuello. Plata o plomo”. De triunfar el candidato, éste tendrá que pagar las facturas correspondientes a lo largo de todo su mandato. Aún así, el saldo remanente que les quedará es atractivo para engrosar sustancialmente sus bolsillos personales. ¡Por eso estamos como estamos!
Adenda. Nicolás Maquiavelo en su imprescindible libro de política, El príncipe, escrito en la época del Renacimiento italiano (Siglos XIV y XV), plasmó en forma por demás lúcida su manera de ver el mundo de la política de su tiempo, aconsejándole al príncipe Lorenzo de Medici, lo siguiente: “Se trata de representar bien su papel, y de saber fingir y disimular oportunamente. Los hombres son tan débiles y simples, que aquel que quiere engañarlos encuentra fácilmente a sus víctimas, …tiene que esforzarse por conquistar una reputación de bondad, clemencia, piedad, lealtad y justicia; por lo demás, debe poseer todas estas buenas cualidades (para exhibirlas, no para practicarlas), pero seguir siendo lo bastante dueño de sí para desplegar las contrarias, cuando ello resulte conveniente… un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede ejercer impunemente todas las virtudes del hombre medio, porque el interés de la conservación de su poder lo obliga a menudo a violar las leyes de la humanidad, la caridad, la lealtad y la religión… En una palabra, tiene que saber perseverarse en el bien cuando no encuentre inconveniente alguno en ello, y apartarse de él cuando las circunstancias así lo exijan”.
PD1. Buen ejemplo de acción afirmativa afro-mexicana es la candidatura de Elizabeth Sosa Pacheco, que contiende para ser diputada local en el distrito 15 de Costa Chica, por la alianza: “México avanza”. Mis mejores deseos para que triunfe, como digna representante de la joven generación de mujeres afromexicanas, que ya no permiten ser ignoradas o discriminadas.
PD2. Como Gobernador Moral de Guerrero manifiesto mi total repudio al exterminio genocida del pueblo palestino perpetrado por el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Suman en lo que va del actual conflicto, 12 mil trescientos niños y niñas árabes muertos. ¡Triple uf!

[email protected]

 

 

Una de las formas como Guerrero puede remontar el escaso crecimiento económico que lo ubica en el último lugar de la República en materia de desarrollo social y económico es con una mayor inversión pública destinada a detonar una incrementada inversión privada. Toda sana inversión nacional proviene del excedente económico que se genera anualmente de la actividad económica realizada en la República. Eso, para evitar pesados endeudamientos externos.
De cómo se utilice el exceso económico generado en una sociedad, depende su progreso y bienestar. (Paul Baran, dixit). Por lo que están íntimamente correlacionadas las maneras de generar riqueza social (recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos públicos) y las formas de gastar el dinero público o del ahorro privado (derivado de las altas tasas de ganancias empresariales) al margen de evasiones fiscales particulares o francos latrocinios gubernamentales.
En México y en Guerrero en lo particular, la recaudación pública es baja y ha servido fundamentalmente para el derroche y ostentación de los políticos y gobernantes, para construir obras públicas no vitales, que poco incentivan la economía, pero sí son de alto costo por ser faraónicas o deslumbrantes, promotoras de la corrupción que deriva enriquecimiento suntuario e ilícito. En todos los casos es sencillamente acaparar y dilapidar el esfuerzo productivo realizado por millones de mexicanos que los aportan como impuestos para que el gobierno lo destine a incrementar el bienestar, la seguridad pública, la salud, la educación y la infraestructura esencial para progresar produciendo las empresas mayor número de satisfactores y empleos productivos.
También es necesario tener presente las altas tasas de ganancias económicas gravables, obtenidas por grandes empresas semi monopólicas que no las registran por elusión o evasión fiscal; además de que dichos montos no son invertidos productivamente, sino canalizados al consumo superfluo y suntuario de la oligarquía económica y política mexicana, por lo que no hay mayor producción de bienes y servicios, ni expansión o aumento de un mayor número de empresas y empleos en el sector privado; es más, hay fuga de millonarios montos de divisas hacia los mercados financieros internacionales con fines meramente especulativos; provocando el empobrecimiento de la población (66.4%. Inegi-2022*); muchos trabajadores con bajos salarios o forzados a participar en la economía informal (77.4 %. Inegi-2023*); el descomunal crecimiento y concentración del ingreso nacional en pocos agentes económicos y políticos corruptos; dando como resultado una distribución por demás inequitativa de la riqueza que impide crecer y desarrollarnos como un país con habitantes y pueblos prósperos.
De acuerdo con lo anterior, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comentó que muchos países en el mundo en desarrollo podrían poner mayores tasas impositivas a sus ciudadanos muy ricos y a las empresas monopólicas prósperas, (que éticamente están más obligadas a contribuir que el resto de la sociedad) como parte de una estrategia para elevar de manera sustentable los ingresos y reducir carencias y vulnerabilidades. El FMI indica que el coeficiente: impuestos/Producto Interno Bruto de México fue de 24.2 por ciento en el año 2022, nivel que ha permanecido relativamente constante durante las últimas dos décadas. Ese coeficiente es ¡significativamente menor! al de otras economías de América Latina como las de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirma también lo anteriormente expresado.
Ya he subrayado en artículos de opinión pasados que, en Guerrero, el gobierno estatal y los gobiernos municipales pueden y deben incrementar sus ingresos propios para aplicarlos con honestidad a mejorar y ampliar los servicios públicos, estatal y municipales básicos, que están obligados a proporcionar por mandato constitucional a la población y no depender tan solo de las participaciones y transferencias federales para tal finalidad.
Condición sine qua non (acción indispensable, imprescindible y esencial) para lograr eso son: a) Desmantelar el “sistema de corrupción e impunidad” prevaleciente en nuestra estructura gubernamental. B) Establecer un sistema de verdadera rendición de cuentas, honestidad y transparencia en el uso responsable del presupuesto público. c) Tener un gobierno que trabaje a partir de una inobjetable congruencia entre indicadores de resultados o metas obtenidas, con costos y financiamientos no inflados en los programas a realizar. d) Gobernantes y funcionarios públicos honestos, veraces, eficientes y capacitados; erradicando la impunidad y aplicando las sanciones administrativas y penales correspondientes a funcionarios ladrones. Sólo así habrá suficiente autoridad moral para convocar a obtener mayores recursos económicos de carácter público, que se destinen a sacar al toro de la barranca.
Y es precisamente ahí donde la puerca tuerce el rabo; porque con la clase gobernante y los partidos políticos que operan en estas tierras del sur tales condicionantes para progresar seguirán siendo sueños guajiros plasmados únicamente en el papel. Por tanto, seguiremos siendo hijos de Job. Seguiremos estando job-didos por larga data.
* Editorial de El Sur-18/04/2024.
PD1. Son tiempos electorales; es época de puterías variopintas.
[email protected]

 

Como Gobernador Moral de Guerrero lamento los desatinos de la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Salgado Pineda y expreso, una vez más, mi desaprobación a la conducta injerencista y grotesca de su “papá incómodo” en los recientes nombramientos gubernamentales que causaron el enardecimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y fueron motivo principal del incendio vandálico en el recinto sede del poder ejecutivo estatal.
Tal incendio y destrucción de bienes muebles tiene como antecedente social mediato (hace 30 días) el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa por parte de un policía estatal. El policía implicado directo en el crimen, fue retenido, pero después diose a la fuga de quienes debieron ponerlo de inmediato a la disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. Fue notoria la connivencia de los cuerpos policiacos para otorgar impunidad al sujeto guardado.
El suceso le produjo una contrariedad mayúscula al presidente de la República, Andrés M. López Obrador (AMLO), quien de inmediato –infiero– dio la orden (a tras mano) a la gobernadora estatal, Evelyn Salgado Pineda, de destituir a los titulares –dos militares de alta jerarquía federal– que tenían bajo su mando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General Estatal; así como de sustituir también al secretario general de Gobierno (ex colaborador del “papá incómodo” de la gobernadora), por mostrar tolerancia a la negligencia criminal de sus subordinados y, aún más, construir en posteriores días varias versiones contradictorias sobre los hechos acontecidos; que más allá de decir la verdad esclarecedora del crimen tendían a crear una red de mentiras y encubrimientos para que el presunto culpable, perteneciente al cuerpo policiaco estatal, eludiera la aplicación de la justicia. La resonancia del crimen hizo que la investigación la atrajera la Procuraduría General de la República que logró la recaptura del presunto.
Con la probable indicación presidencial de remoción de los funcionarios estatales mencionados, imprudentemente la gobernadora nombra como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a otro militar Y como uno de los principales subsecretarios de Gobierno, a un colaborador directo del secretario destituido. Estos últimos nombramientos fueron la causa principal de que los jóvenes de Ayotzinapa se enardecieran, los consideraran como burla y ofensa, y cometieran los actos ilícitos ya mencionados.
Reprobable también es la indicación dada mediante documento escrito por el senador, Félix Salgado Macedonio, a quien fungía como subsecretario de Gobierno, para que renunciara y así allanar el nombramiento respectivo de la gobernadora a una persona que ya estaba involucrada en las acciones para otorgar impunidad del fugado y recapturado presunto homicida. Es decir, la gobernadora realiza forzadamente los cambios para que nada cambie (Lampedusa, dixit). ¡Pobre Guerrero! ¡Pobre Evelyn! del desgobierno de estas tierras del sur seguirá teniendo responsabilidad compartida y a la vez continuará manipulada por su papá incómodo. De no rectificar ese nombramiento advierten los estudiantes de Ayotzinapa, el problema no termina, sino que se remasteriza. ¡Uf!
Adenda: En contraposición a la observancia de la ley constitucional estatal, la cual niega, de nueva cuenta, la justicia autonómica en el medio indígena, se instaló por parte de diversos pueblos –teniendo como sede la comunidad de Tilapa–, del municipio de Malinaltepec en la Montaña, el inicio de operaciones del “Sistema de Justicia, Seguridad y Resguardo Territorial Indígena” (Serti) ante la amenaza real de que: a) organizaciones criminales penetren en sus territorios y controlen la vida de los pueblos, b) empresas mineras extractivistas se apropian de sus recursos naturales y c) la permanente crisis de gobernabilidad existente en la región.
El Serti estará en estrecha comunicación con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que fue fundada en la región de la Montaña en el año de 1995, para hacer frente a los asaltos, violaciones de mujeres, robos de ganado, viviendas, ante la inacción y desatención de las instituciones de seguridad pública del estado. Ahora, además de lo anterior, establecerán una alianza las dos organizaciones indígenas para evitar que el crimen organizado y las empresas extractivistas se apropien de la vida de sus pueblos y de sus recursos naturales. Cuando una ley no es congruente con el cuidado de la vida de los pueblos es legítimo que estos no la acaten.

[email protected]