Etiqueta: homicidio en razón de parentesco

El caso de Aurelia muestra que “estamos a años de tener justicia con interculturalidad”, dice su abogada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, Verónica Garzón Bonetti dijo que el caso de Aurelia García Cruceño, la joven nahua absuelta esta semana del delito de homicidio en razón de parentesco tras un parto fortuito en octubre de 2019, evidenció que en México y particularmente en Guerrero, “estamos a años de tener justicia con interculturalidad”.
Indicó que a la joven ahora de 23 años de edad, de los cuales tres estuvo en prisión en Iguala, no se le garantizó lo más básico que es un intérprete en el proceso, y sobre todo, verificar que haya entendido cada situación.
En consulta telefónica consideró que la visibilización de las irregularidades que detectaron en el proceso contra Aurelia, y que se dieron a conocer principalmente durante el juicio oral (entre noviembre y diciembre), desató a nivel nacional cuestionamientos de que haya más casos de criminalización de mujeres en el país.
Es decir, que estén en prisión no sólo por haber tenido un parto fortuito, como fue el caso de Aurelia, también por aborto espontáneo, voluntarios o inducidos, violentando sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Mencionó que estimaciones de organizaciones civiles retomadas en documentos por la Comisión Nacional para Atender y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim), es de unas 300 o 400 mujeres detenidas en estas circunstancias, y aunque no es certero, es lo único que existe ante la falta de cifras oficiales.
“Este dato se ha otorgado a nivel nacional, pero es lo más cercano y fue retomado por Conavim en algún momento de las organizaciones de la sociedad civil, que lo pusieron en la mesa, en el proceso de una ley de amnistía federal (2020)”.
Ahí se incluyó la libertad de mujeres acusadas de aborto y también de mujeres que tuvieron emergencias obstétricas como el caso de Aurelia.
Explicó que la ley de amnistía federal contemplaba este supuesto, como referente para que los estados sacaran sus propias leyes de amnistía, ya que el que se deliberó no es del fuero federal, no hay delito de aborto, sino del fuero común.
“Se contemplaba el supuesto de delitos relacionados con el aborto, porque presentaba un referente importante para los estados que sacaran sus leyes de amnistía local”.
Aclaró que el planteamiento fue la revisión de las denuncias de homicidio en razón de parentesco que tiene muchas, los cometidos contra ascendiente, descendiente, conyugue, incluso en reacciones de defensa personal, “no se sabe cuántas son en esos contextos similares como el de Aurelia, eso impide tener tener información real”.
La revisión de expedientes de casos relacionados por aborto en Guerrero es una de las 21 medidas de la alerta de violencia feminicida decretada en Guerrero, desde 2017.
Es lo que tendrían que revisar todos los estados, através de los directores de cada centro penitenciario, indicó la abogada de derechos humanos.

Falencias y omisiones en el sistema judicial

“La sentencia absolutoria de Aurelia es un precedente importante de la violencia institucional en contra de mujeres indígenas, no sólo en lo relacionados con aborto, sino en cualquier otro tipo de delito”, denunció.
Lamentó que en 2022 las indígenas enfrentan un sistema de falencias y omisiones, después de años de la reforma en materia de derechos humanos (2011), y criterios en torno a la perspectiva de género.
Enfatizó que ocurre en un estado con alta población indígena en relación con otras entidades.
“El caso permite visibilizar que a pesar de todo los avances siguen discriminando a las mujeres dentro del sistema de justicia, ni hablar de la criminalización de mujeres en casos de abortos fortuitos y abortos espontáneos”.
“Desde el instituto consideramos que el caso permite problematizar la situación del país y pueda servir como precedente para cambiar las formas en que actúa la autoridad para atender a las personas indígenas”.
Aclaró que la justicia intercultural representa muchas cosas, pero lo más básico es que justamente haya una intérprete en todos los momentos, y que la persona imputada entienda todo el procedimiento.
Implica acercarse al contexto de las personas, a la cultura, a la ideología, a las instituciones comunitarias, (lo cual) parece imposible en el sistema de justicia, precisó.
“No se garantiza lo fundamental, estamos a años luz de tener una justicia intercultural en todo el país pero sobre todo en Guerrero”, señaló.
Aclaró que la sentencia de Aurelia quedará firme una vez que pasen los cinco días de plazo de apelación, que podría promover la Comisión Estatal de Víctimas (CEAV), que representó a la parte acusadora.
Cuando todo haya terminado, estimó que podrían hacer un análisis exhaustivo de la argumentación de la argumentación de la sentencia.
Por ahora, dijo que tampoco tienen información de que se haya iniciado un proceso de obstrucción de la justicia contra ella y otra abogada del caso, como trascendió en una de las audiencias del juicio oral.

 

Protestan activistas y familiares de Aurelia en el Palacio de Justicia en Iguala antes de la audiencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres se manifestaron afuera del Palacio de Justicia en Iguala, con los padres de Aurelia García Cruceño, la joven nahua acusada de homicidio en razón de parentesco tras un parto fortuito, antes de la audiencia de alegatos del juicio oral.
Llamaron a la jueza que lleva el caso, Mariela Alfaro Zapata, a que considere todas las violencias, física, sexual e institucional de las que ha sido víctima Aurelia, y que la mantienen en prisión desde hace más de tres años antes de dictar sentencia este martes.
En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabiela Candela Garzón denunció que personal impidió el acceso al edificio a las activistas de Acapulco y Chilpancingo que esperaban escuchar la audiencia que debe ser pública, después de la protesta.
Informó que sólo pasaron las abogadas y los padres de Aurelia, Alberto García Palazin y Agustina Cruceño Naranjas, argumentando una “cuestión administrativa”, les dijeron.
Recordó que la fecha anterior de la audiencia que se ha diferido en diferentes días de noviembre y diciembre por la carga de trabajo de los juzgados, lograron pasar tras esperar una hora. Estimaban que ayer sería igual, pero no ocurrió así.
Las abogadas fueron condicionadas por el Poder Judicial a no hablar del caso en una audiencia anterior que se citó de manera urgente, donde se supo que serían acusadas del delito contra la administración de la justicia, además de violar la presunción de inocencia de Aurelia por la cobertura del caso en la prensa.
Consideró que la jueza sigue en la misma tónica para que no se hable del caso, pero las mujeres organizadas fueron a Iguala con una consigna, que Aurelia recupere su libertad para retomar un proyecto de vida y alcanzar su sueño de ser maestra.
Adelantó que hoy a las 5 de la tarde también estarán esperando la resolución del caso en el Palacio de Justicia.
Lamentó que en el tiempo que lleva en reclusión ni en el proceso judicial que se repuso por una sentencia de apelación, nadie ha considerado la salud de la joven indígena detenida, “no tiene acompañamiento sicológico, emocional, no hay cuidado de su salud, no se preocupan por ella”.
“Pero hoy lo importante es centrarnos en su libertad, que regrese con su familia”, dijo, y precisó que los padres de Aurelia han tenido que viajar de los campos del norte del país a Iguala para acompañar a su hija en las audiencias.
En la protesta la feminista María Luisa Garfias Marín dijo que Aurelia ha sido víctima de violencia física, sexual e institucional en un estado donde las autoridades afirman que Guerrero se convertirá en un santuario para las mujeres, pero ese anhelo “no existe”.
Llamó a la jueza a cargo del caso que reconsidere la sentencia que va a dictar, para que sea a favor de la joven nahua que fue víctima de violación sexual y a partir de ese hecho tuvo un embarazo no deseado que terminó con un aborto, tras un parto fortuito.

 

Amenaza la jueza del caso de Aurelia con imputar delitos a la defensa, denuncian activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Poder Judicial llamó a las abogadas de Aurelia, la joven indígena nahua originaria de Xochicalco acusada de homicidio en razón de parentesco debido a un aborto espontáneo, a una audiencia urgente para ayer a las 7 de la noche, pero la jueza Mariela Alfaro Zapata les negó la posibilidad de comparecer de manera virtual, informó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Lo más grave del caso, explicó la organización en un comunicado distribuido en redes sociales, es que se pretende señalar a las abogadas como responsables de violar el derecho de presunción de inocencia de su propia defendida, además de imputarles la comisión del delito contra la administración de justicia y lo que resulte.
Lo anterior debido a la difusión que ha tenido el juicio oral que se realiza en el Palacio de Justicia de Iguala, diferido en distintas fechas de noviembre y diciembre, donde las abogadas de la Red han destacado las irregularidades en el proceso.
A pesar de que solicitaron formalmente que se les permitiera la presencia virtual de las defensoras, porque se encuentran fuera de Guerrero, la jueza Mariela Alfaro Zapata se negó y advirtió que en caso de no estar presentes físicamente se tendrá por abandonada la defensa.
En este tenor, la tarde de ayer la Red solicitó que se revoque la determinación y se permita la asistencia virtual de ambas defensoras de Aurelia, asimismo que se garantice la no criminalización y la no intimidación a las abogadas.

 

Aplazan la audiencia de Aurelia; la defensa señala “prácticas dilatorias”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Por “prácticas dilatorias” y un retraso de hasta cuatro horas en el inicio de la audiencia de juicio oral del jueves, la resolución del caso de Aurelia,  indígena nahua de Xochicalco, municipio de Chilapa, acusada de homicidio en razón de parentesco por un aborto “espontaneo”, se aplazó para las 6 de la tarde del 8 de diciembre.
Para la abogada que lleva el caso, Verónica Garzón, “es evidente” la parcialidad de la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que le concedió recesos y un plazo para que busque incluso peritos para que le brinden asistencia técnica.
La audiencia de juicio oral que se realizó en el Palacio de Justicia de Iguala estaba programada para dar inicio a la una de la tarde pero comenzó a las 5 “y con muchas complicaciones”, declaró por teléfono la abogada Verónica Garzón del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia que lleva la defensa de Aurelia y da seguimiento al caso.
Dijo que debido al retraso y por varios recesos, algunos a petición de la jueza y otros del Ministerio Público, sólo se desarrollaron dos peritajes, uno de la Fiscalía y otro de la defensa de Aurelia.
“El problema fue que hubo muchos recesos, se argumentó que la jueza tenía otras audiencias y que el Ministerio Público también”, explicó la abogada.
La abogada informó que la defensa de Aurelia iba a presentar tres dictámenes, uno psicológico, otro antropológico y el tercero de medicina legal, pero no fue posible porque el Ministerio Público argumentó que necesitaba contar con asistencia técnica de alguien que fuera experto en esas materias para poder estar en condiciones de desahogar y poder hacer un contrainterrogatorio.
“Nosotros les dijimos que eso lo debieron haber visto antes, porque ya tenían conocimiento de que íbamos a presentar esas pruebas desde hace dos meses”.
Además, agregó que desde la una de la tarde que iniciaría la audiencia debieron haber previsto y conseguir a los expertos que necesitaban, y no esperar hasta las ocho de la noche para pedir que se difiriera la audiencia porque no habían conseguido su asistente técnico.
Para la abogada Verónica Garzón la actitud del Ministerio Público es muy “desleal” y está retrasando el proceso, “nosotros ya tenemos nuestros testigos, y sí, nos parece que fue una práctica dilatoria, nomás para molestar”.
Añadió que lo increíble y lo que les sorprendió fue que la jueza le dio la razón al Ministerio Público, “le dijimos que eso no era posible, porque es como decir que el Ministerio Público no hizo la tarea y ahora pide tiempo para que la haga”.
Explicó que la actitud tanto del Ministerio Público como de la jueza fue desleal porque la defensa trasladó y pagó a sus peritos, “nosotros cumplimos con nuestra parte y la Fiscalía, con la mano en la cintura, dijo: no estoy lista, cuando tuvieron todo el tiempo para hacerlo”, se quejó.
Verónica Castrejón añadió que es muy frustrante esta práctica dilatoria, “nos enojamos mucho porque la jueza les dio la razón y no se pudo desahogar toda la agenda de la audiencia.
Informó que lo único que se pudo desahogar en esa audiencia fue el testimonio de Lucía, la tía de Aurelia que supuestamente la encontró en su cuarto después de que perdió a su bebé, así como el testimonio de un paramédico a petición de la defensa, que fue el que atendió a Aurelia en su cuarto por el llamado de la familia.
Informó que después de las 10 de la noche la jueza determinó aplazar la audiencia para las seis de la tarde del 8 de diciembre.
Explicó que la justificación que dio la jueza fue “evitar una violación al debido proceso”, porque a la FGE le asiste el derecho de contar con asistencia técnica en una audiencia.
Pero aclaró que la defensa no le está negando a la Fiscalía su derecho a contar con una asistencia técnica, “lo que estamos diciendo es que tuvieron todo el tiempo del mundo para prever esta situación porque ya sabían de qué se trataban las pruebas, que era una en medicina, otra en antropología y otra en psicología”.
Explicó que la jueza argumenta que debe haber igualdad de condiciones de las partes en el juicio, “pero debe verse cuales son los recursos que tiene la Fiscalía y con qué recursos contamos nosotros, en que situación está Aurelia privada de su libertad durante todo este tiempo y ahora resulta que ellos (la Fiscalía) son los que están en desigualdad y carecen de asistencia técnica sólo porque no previeron en su momento”, insistió.
La abogada dijo que eso les parece un argumento “completamente absurdo, decir que la Fiscalía, es decir, el Estado, que tiene todo el recurso, está en posición de desventaja frente Aurelia, una mujer indígena y privada de su libertades”.
Para la abogada es “gravísimo” que la jueza haya comprado eso y argumentar que le da la oportunidad a la Fiscalía para que no le vayan a reponer el procedimiento, “el argumento fue con base al debido proceso, cuando no es cierto”, reiteró.