Acude la Codehum al Hospital de la Madre en Chilpancingo tras la denuncia de candidiasis

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) acudió al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense y recabó la queja de dos familias que denunciaron un brote de candidiasis (cándida) de la cual estaban infectados sus bebés, además denunciaron la mala atención que han recibido por parte de los médicos.
Algunas de las familias que denunciaron el caso a El Sur no quisieron interponer la queja y otras no estaban en el hospital durante la visita de la Codehum.
A las 10 de la mañana acudió la visitadora, Patricia Arcos Bautista y Reyna Santos de Jesús, además el perito médico, Said Sánchez Ramírez, quienes hablaron con dos familias.
Los familiares pidieron que vinieran especialistas al hospital y revisaran el brote de cándida que aseguran hay, además pidieron la presencia del secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, pues dijeron que querían que se aislara donde está el brote y se desinfecte el lugar.
Además mencionaron que si no se cumplen con las condiciones para que el hospital brinde los servicios es mejor que lo cierren y que trasladen a los bebés a otros hospitales.
También denunciaron que el lunes entraron a hablar con el subdirector del hospital, Julio César Polanco, y supieron que acudieron policías federales y estatales.
Recordaron que una vez un padre denunció negligencia médica en este mismo hospital ya que una de sus hijas gemelas murió, entonces acudieron policías y lo golpearon.
Resaltaron la forma déspota de como tratan a los familiares, que se pierden los pañales que les llevan a sus bebés, que no hay batas, ni medicamentos.
También informaron que hay un papá al que le dicen que no se junte con los otros papás que sus hijos tienen cándida y puede infectarlo, y que no use la misma bata que ellos, sin embargo es imposible porque no hay, que además las mismas enfermeras tocan a los bebés y no se lavan las manos y agarran a otro bebé.
También revelaron la muerte de tres bebés, dos el lunes y uno la madrugada del miércoles, que a los papás de uno de ellos le dijeron que murió porque no estaba la mamá para permitir que fuera operado. Añadieron que prácticamente a diario mueren dos bebés.
La visitadora Reyna Santos les manifestó a los familiares que el Estado tiene la obligación de brindar el derecho a la salud, sean derechohabientes o no, haya medicamentos o no, en su defecto se tienen que conseguirlos e informarles.
Dijo que algunos papás temen por su integridad si denuncian el caso públicamente.
Además expuso que se va a iniciar la queja por oficio para que no firmen y expongan sus nombres.
Pese a que los papás se reunieron el lunes con el subdirector y éste les aseguró que por la tarde les informaría sobre el faltante de batas, medicamentos, leche y un catéter para un bebé, no les dieron ninguna información.
Posteriormente se consultó al perito médico quien dijo que sería importante revisar la denuncia que hacen los familiares del brote de la infección por el hongo.
Sostuvo que en caso de la existencia de este brote en los infectados puede afectar la circulación, incluso todos los órganos y puede haber muertes.
Dijo que “hay que poner énfasis en esto, las enfermedades nosocomiales si se pueden presentar en cualquier hospital, que quede claro, todos los hospitales pueden infectarse con una infección nosocomial, así es que todos los niños o cualquier persona puede ser susceptible a que se adquiera una infección, estamos hablando que ningún hospital va a ser exento que se presente la infección, no estamos hablando de que sea carencia de alguna limpieza o algo todos tienen riesgos”.
Mientras, la visitadora Reyna Santos añadió que “ellos (los papás) tienen miedo de que tomen represalias en su contra pero es nuestra obligación toda vez que están vulnerando el derecho a la protección de la salud, a los menores y a otras personas mas, por lo cual se debe de iniciar una queja por oficio con la finalidad que se les de la mejor atención médica a los menores que así lo requieran y los medicamentos que sean necesarios, y si es necesario también brindarles el apoyo de especialistas”.

 

Vuelven a cerrar el hospital de Zihuatanejo; rechazan el nombramiento de dos funcionarios

Trabajadores sindicalizados del Hospital General Bernardo Sepúlveda Gutiérrez de Zihuatanejo cerraron durante siete horas las oficinas administrativas para rechazar a dos personas para ocupar puestos de confianza.
Los trabajadores regresaron a sus labores después de que la líder de la Sección 18 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mireya Reyes Grande dialogó con el director del hospital Alejandro Reséndiz Rosales.
El 12 de enero se presentaron los relevos de los jefes de Recursos Humanos, Alejandro Campos Cadena, ex director de Servicios Públicos de la pasada administración priista; Recursos Financieros, Marco Polo Rocha Galindo, abogado y militante priista; Recursos Materiales, Audel Bravo, ex administrador municipal de Mercados, en la pasada administración; Compras, Marlen Montaño Alba, militante priista y ex regidora de 2008 a 2012 y la encargada del programa Seguro Popular, Gabriela Árciga García.
Estos cargos de confianza causaron indignación y molestia entre los trabajadores sindicalizados y este viernes pararon labores encabezados por su líder, Mireya Reyes Grande.
El viernes el paro duró una hora y los trabajadores fueron notificados por Reyes Grande que Vélez Núñez negoció con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y acordaron que sólo se quedaría Marco Polo Rocha Galindo como jefe de Recursos Financieros.
Sin embargo el martes 19 de enero los funcionarios Alejandro Campos Cadena y Gabriela Árciga se presentaron a trabajar, razón por la que se inconformaron los trabajadores sindicalizados, informó Mireya Reyes.
La líder dijo que no están en contra de que se otorguen esos nombramientos, “sino de las personas que fueron nombradas, aquí conocemos el desempeño que han tenido y no queremos ese tipo de personas en el hospital, se están rompiendo los acuerdos y nos declaramos en asamblea permanente”.
El paro laboral inició a las 6 de la mañana con 30 trabajadores, quienes colocaron sillas frente a las oficinas administrativas y no permitieron la entrada a ningún funcionario, incluyendo el director del hospital, pero el resto de los servicios siguieron funcionando, “la idea no es afectar a los derechohabientes”, dijo la líder.
En el transcurso de la mañana Reyes Grande se reunió con el director del hospital y con el administrador interino para dialogar.
Al término de la reunión firmaron una minuta de acuerdos en donde plasman que Campos Cadena y Árciga García se retirarían.
Más tarde vía telefónica Alejandro Reséndiz informó que la jefatura de Recursos Humanos estará a cargo de Jessica Ramírez Núñez, trabajadora del hospital que ya ha ocupado ese puesto, agregó que los acuerdos fueron aprobados por el secretario de Salud.
Dijo que ahora ya no tendrán más inconformidades y seguirán trabajando “de manera respetuosa con los sindicalizados”.

Hay órdenes de aprehensión por la lucha del hospital de Atoyac, afirman

Francisco Magaña

Atoyac

Líderes de organizaciones sociales denunciaron que son objeto de represalias por haber reclamado un mejor servicio y atención en el hospital general regional de Atoyac y responsabilizaron al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, “quien dijo que él se encargaría de meter a la cárcel a los líderes de las organizaciones sociales”, según dijo la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino.

Por su parte, Estela Arroyo, del Frente Ciudadano Atoyaquense, pidió que se respete la minuta de acuerdos firmada por la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, en la que se acordó retirar las órdenes de aprehensión contra líderes que participaron en un plantón en el hospital de Atoyac, para pedir mejoras en la infraestructura y en el servicio.

Mesino expuso que, no obstante, “ya se liberaron dos órdenes de aprehensión y están listas cuatro más para otros líderes”. Señaló que “el mayor (León Aponte) está actuando como militar y no como una persona que debe solucionar problemas”.

“El querer un hospital digno no se puede considerar como un delito”, dijo Rocío Mesino y comparó el hecho de que ahora los policías se encapuchen “para denunciar la incapacidad del Mayor Aponte; es muestra de que el gobierno del estado debe considerar el no tener a un funcionario así en su gabinete, déspota y prepotente”.

Exhortaron al gobernador a que atienda la situación personalmente, para evitar que por la negligencia de un funcionario se tengan que lamentar hechos de este tipo.

Dijo que la “por la cerrazón de una persona”, luego se justifica la existencia de grupos armados en el estado y el país, que “tienen razón de ser, porque a quienes trabajan por la vía de la legalidad, se les ataca”.

Por su parte, Estela Arroyo, a quien también le fue liberada una orden de aprehensión, dijo que no tienen miedo porque luchan contra las injusticias que dañan a los pobres.

Señaló que “los que deben estar tras las rejas son los que se dicen médicos competentes y han actuado dañando y abusando de los más indefensos” y que lo único que hicieron las autoridades fue mejorarlos y cambiarlos de puesto.

Al respecto, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, exhortó al gobierno del estado a que cese la represión y atienda las demandas populares.

Se reúne Muñoz Parra con plantonistas del hospital de Atoyac y logran acuerdos

 Francisco Magaña Atoyac

Después de que fue reprendida públicamente por el gobernador Rene Juárez Cisneros, la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, se reunió con integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, del Frente Ciudadano, y del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos en Atoyac, quienes exigen buen trato y servicio de los trabajadores del nosocomio.

En la reunión, efectuada en el restaurante el Bodeguero, la funcionara estatal estuvo acompañada del presidente municipal de Atoyac, Germán Adame Bautista; del diputado local Elías Salomón Radilla –quien se comprometió con las organizaciones sociales a que serían atendidas– y por la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 05, Amelia Jaimes Pérez.

Las demandas de las organizaciones sociales, se concentraron en una minuta de diez puntos.

El primer acuerdo es la separación del cargo del director Carlos Jacobo Martínez, quien había comenzado una campaña de represalias contra los campesinos y lucraba con la salud de los pacientes, según señaló la líder de la OCSS, Rocío Mesino.

El segundo convenio es gestionar ante el Congreso local, por medio del diputado local Salomón Radilla, aplicar una auditoría en el hospital Dr Juventino Rodríguez García.

Se solicitó también la reparación de los equipos de Rayos X, Autoclave y el Rayos X portátil.

Otra demanda es la reubicación del médico Santana Pimentel a otro centro de trabajo, así como a dos enfermeras de cada grupo, entre otros.

Entre los acuerdos están el efectuar una investigación, para dar con los responsables que ordenaron desalojar a los pacientes del nosocomio, a quienes posteriormente les negaron el servicio a pesar de que varios llevaban sólo la mitad del tratamiento. “Entre ellos está el doctor Miguel Angel Ponce Jacinto”.

Asimismo se dio instrucciones para que los trabajadores asistan a cursos de autoestima y relaciones humanas, a fin de que mejoren la calidad y atención a los usuarios. Para ello proponen invitar a un presbítero a dar las pláticas.

Ambas partes también pactaron gestinar recursos ante las instancias correspondientes para construir un albergue, del cual el alcalde Germán Adame prometió apoyar.

Los dirigentes de las organizaciones sociales exigieron a Muñoz Parra intervenir ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se desista de la acción penal contra los plantonistas, a lo que la funcionaria les dijo que sí o haría.