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Acusan a maestra de Odontología de la UAG de hostigamiento y de cobros indebidos

 

 Estudiantes y directivos exigen que Lourdes Muñúzuri sea sustituida por una interina

 Estudiantes y directivos de la Unidad Académica de Odontología de la UAG, denunciaron públicamente el supuesto hostigamiento que lleva a cabo la maestra Hilda Lourdes Muñúzuri Arana en contra de estudiantes.

La maestra también es acusada de irregularidades, al cobrar el año pasado 12 mil 250 pesos por un curso a estudiantes reprobados.

Los estudiantes inconformes estuvieron acompañados por el director del plantel, Alejandro Vélez Flores, además de maestros y personal directivo que les manifestaron su respaldo, brindaron una conferencia de prensa en el restaurante 100 por ciento Natural.

La jefa del salón 802, Rosario Longares Serna, informó que la maestra titular de la materia de odontopediatría los amaga constantemente con reprobarlos e incluso como responsable de una materia de titulación prolongar su estadía en la escuela. Por todo esto se perdió el respeto en la relación de alumno-maestro.

La estudiante precisó que la profesora se comporta de manera “grosera y altanera”, además “nos ha amagado con reprobarnos cuando nos imparta la materia de ergonomía y la materia para titulación”. Ante este panorama la mayoría de los alumnos de cuarto año de odontología exigen que ya no sean instruidos por Muñúzuri Arana.

Comentó que ante el disgusto de los estudiantes, ahora María Esther Adame es la maestra interina y que 60 de 75 alumnos prefieren recibir clases de la nueva maestra, que de la titular.

Rosario Longares también criticó la apatía de los representantes universitarios de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerenses, a quienes les pidieron su apoyo y un representante –de quien omitió su nombre– se comprometió a dialogar con la dirección, pero “por cuestiones de grupos políticos” no hizo llegar la inconformidad a la Comisión Mixta o al rector Nelson Valle López.

Aseguró que el interés de denunciar públicamente la irregularidad, es para “detener el hostigamiento”, y consideró que están rezagados los procedimientos en el departamento jurídico de la universidad e incluso en la Coordinación Regional de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, ya que su demanda ha sido infructuosa; ante ello preguntó “¿entonces quién nos va a defender como estudiantes?”.

La jefa del grupo 801, Wendy Escobar Suástegui, mostró un informal recibo signado el 1° de julio de 2003 por la maestra impugnada, que recibió 10 mil pesos por el cobro de un curso de Clínica II. La representante estudiantil precisó que después le entregaron 2 mil 250 pesos, porque algunos alumnos faltaron de pagar.

En tanto, el director del plantel mostró un documento en donde sólo autorizó que se abriera el curso, porque no se cumplió con todo el programa de estudio, pero recientemente fue informado del pago de los 12 mil 250 pesos que recibió la docente.

Alejandro Veléz aseguró que la maestra impugnada es una buena académica, pero el conflicto con los estudiantes se debe a la álgida relación personal que existe. Informó que la dirección signó un acuerdo para la incursión de la maestra interina, y garantizarle a Muñúzuri Arana el pago íntegro de las horas de clases, debido a la intervención del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.

El director de la escuela reconoció que “los alumnos son amagados con la reprobación”, y reiteró que los alumnos son apoyados por el personal directivo de la unidad académica.

Acusan al secretario de la Sección 36 de Salud de hostigar a empleados

Teresa de la Cruz corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Unión Trabajadora por la Salud del Estado de Guerrero AC acusaron ayer al secretario general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Felipe Becerril Sotelo, de incurrir en “irregularidades” y “continuar con la represión y el hostigamiento” contra trabajadores que no apoyaron a su planilla para llegar a la dirigencia sindical.

En conferencia de prensa, la dirigente de la Unión de Trabajadores por la Salud del Estado de Guerrero, Jaqueline Balbuena Ramos, explicó que debido a las “irregularidades” y violación a “nuestros derechos laborales y sindicales” por parte de el secretario general de la Sección 36 del sindicato de Salud, “decidimos formar, el pasado 29 de enero, una asociación”.

La unión de trabajadores –según Balbuena Ramos– “no es paralela al sindicato, es una asociación civil que integramos, preocupados por la represión y el hostigamiento” de que son objetos por parte del dirigente sindical de la Sección 36.

Entre las “irregularidades” en las que ha incurrido el dirigente sindical, Balbuena Ramos citó el caso de la técnica en Atención Primaria a la Salud, Columba Ortega Bravo –que laboraba en Conhuaxo, municipio de Huamuxtitlán– quien falleció el año pasado y cuya clave Becerril Sotelo “se negó a entregar a los familiares, y en cambio la asignó a sus allegados”.

Resaltó que Becerril Sotelo “en todo momento se negó a recibir a los familiares de Columba Ortega –quien era madre soltera de tres hijos–, quienes le pedirían la asignación de la clave que por derecho les corresponde”.

Lo que hizo el dirigente sindical –dijo Balbuena Ramos– es “otorgar la clave a otra trabajadora de nombre Celia Ortiz, y la de ésta la transfirió a Erubiel García, cuya clave de administrativo la asignó a un familiar de Columba Ortega, pero eso es injusto, se debió respetar su categoría” de técnica en Atención Primaria a la Salud, por lo que pidió al gobernador René Juárez que intervenga en esta “injusticia”.

En cuando a los casos de “represión y hostigamiento que han sufrido los trabajadores que no apoyaron a Becerril Sotelo para llegar a la dirigencia sindical, dijo Balbuena Ramos que existe el caso de las enfermeras del Hospital de Acatepec, a quienes “las quiere obligar a rolar su jornada laboral” , pero “no hay una aplicación correcta de los estímulos”.

Denuncia Gallegos que es hostigado por desconocidos que vigilan su casa

*  La PGJE o emisarios de la guerra sucia, posible origen

 * El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales atribuye el acoso a las denuncias que ha hecho de la guerra sucia, en particular por el caso de Nazar, o contra las detenciones injustas por el asesinato de Zacarías Barrientos

 El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, José Arturo Gallegos Nájera, denunció que es hostigado por parte de personas que vigilan su casa.

Atribuyó este acoso a las declaraciones que ha hecho en contra de la detención de cinco personas a las que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero involucra en el asesinato del testigo de la guerra sucia Zacarías Barrientos Peralta, o a las denuncias de casos de desaparecidos de la guerra sucia.

Consideró que esa acción pudiera venir de dos fuentes: de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), o de “emisarios del pasado relacionados con la detención de (el ex jefe de la Dirección Federal de seguridad procesado por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de Ignacio Salas Obregón). Agregó que esos dos grupos “son los únicos que pueden perjudicar a los que reclaman justicia y castigo a los responsables”.

En el caso

Gallegos ha denunciado la desaparición de seis de sus familiares, en la época de la guerra sucia en Acapulco y un asesinato, pero además, dice, “ser presidente de una asociación nacional             me obliga a tomar la defensa de todos los casos”.

Informó que ante el hostigamiento va a levantar un acta contra quien resulte responsable, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “a efecto de que se entere de lo que está resultando después de las declaraciones hechas por mí, y por las comparecencias que hice exigiendo justicia por los desaparecidos”.

Gallegos detalló vía telefónica que el pasado miércoles en la tarde frente a su casa ubicada en la colonia San Isidro, de la ciudad de Acapulco, su familia observó que en un auto marca Stratus color negro sin placas, iban cuatro personas una de ellas mujer, que iban muy despacio a diferencia del resto de los vehículos que por ahí circulan.

Dijo que del sospechoso vehículo se bajó un hombre a tomar fotografías de la fachada de su casa, y después el grupo se retiró ese día pero horas más tarde volvieron las personas en el auto negro, y en esa ocasión no se bajaron del auto.

Gallejos ha denunciado las “detenciones injustas” de Isaías Martínez Gervasio, Benito Salgado Aguirre, María de Jesús Martínez Reyes, Ramiro Rosas Contreras y Apolinar Martínez Barrientos, ocurridas el 6 de enero, señalados por la Procuraduría de Guerrero como responsables del asesinato de Zacarías Barrientos, que era testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Socales y Políticos del Pasado, en diciembre de 2003.

Consideró que el objetivo del hostigamiento es “silenciar las voces de denuncia”, situación “que no lograrán” porque el arma principal “es la denuncia”. Manifestó su temor de que continúe el hostigamiento y no descartó la posibilidad de que “sucediera un hecho lamentable” originado por el acoso.

Gallegos mencionó que en Guerrero existe mucha incertidumbre, y no existen garantías al asegurar que “se quedó corto” el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el sentido de que en Guerrero, existe un pobre respeto a los derechos humanos. (Raquel Santiago)