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Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Denuncian padres de Ayotzinapa el constante acoso de policías federales durante la caravana

La caravana por la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en el norte del país, fue vigilada por policías federales desde Chihuahua hasta Michoacán, y hostigada en todas sus actividades públicas, denunció el representante d

e los padres, Melitón Ortega Martínez.
Consultado sobre el recorrido en seis estados del norte del país (a la par de la caravana sur en estados del sureste y centro de la República), informó que se caracterizó por el hostigamiento y la intimidación de agentes del Estado; como referencia, mencionó que los policías federales, quienes dijeron que sólo seguirían al autobús por la seguridad de sus integrantes, tomaban fotografías a los estudiantes en las casetas de cobro.
Esto, para dejar constancia de que los normalistas levantan directamente las plumas de paso de las casetas en las autopistas para entrar a las carreteras de cuota.
Aclaró que los gastos de la caravaba, combustible, alimentación y hospedaje, fueron cubiertos por ciudadanos y organizaciones que se acer

caron a los padres de familia, al igual que en la caravana del sur. Se hospedaron en las normales rurales y en las instalaciones de sindicatos en los estados.
Aclaró que, por ellos fue posible denunciar las irregularidades del caso en todo el país, los avances en las investigaciones, producto de movimiento social y la intervención internacional, y la convocatoria a la reunión nacional por la dignidad este 5 de febrero en la Ciudad de México.
Indicó que hubo tres marchas en Chihuahua, Michoacán y San Luis Potosí, con los normalistas rurales de Saucillo, Chihuahua, Atequiza, J

alisco y Tiripetío, Michoacán; y a pensar del frío intenso, con temperaturas bajo cero, los padres mantuvieron el ánimo alto, ante la solidaridad que se expresó al movimiento.
Recordó que en Colima el clima fue más benévolo, pero en Michoacán, donde concluyeron la gira, sufrieron las temperaturas más bajas, de 3 grados centígrados bajo cero, sumamente crudo para padres de la Costa y Montaña de Guerrero.

En Acapulco, Barrera quiere imponer un jefe de la Ssa acusado de hostigamiento, se quejan

Rocío Luna C.

Trabajadores de base de la Jurisdicción Sanitaria de Acapulco se quejaron porque el secretario de Salud, Luis Barrera Ríos, quiere imponer como jefe jurisdiccional a Roberto Orbe Trejo, a quien acusan de hostigamiento, en sustitución del destituido Everardo Martínez.

El secretario general de la Subsección 01 de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Lino Reyes Barrientos, dijo que después de una reunión extraordinaria del sindicato. Barrera Ríos llamó a comparecer a 11 trabajadores de la jurisdicción 07 ante la Contraloría general del estado, en la sección de normatividad y procedimientos.

“Ellos defendieron a la secretaria jurisdiccional, Dora María Lobato, del hostigamiento de un supuesto personal de la Secretaría de Salud (Ssa), supuesto porque no se identificaron, no traían gafetes y amenazaron, intimidaron a la secretaria para que firmara un documento dirigido a Everardo Martínez Sánchez, los trabajadores sólo apoyamos a la compañera y ahora nos acusan de obstruir e impedir mediante actos de intimidación, injurias y amenazas; pero como trabajadores cómo podemos amenazar”, dijo.

El documento de la Ssa revoca el nombramiento del jefe de la jurisdicción, Everardo Martínez, de lo que afirmó que “Barrera Ríos está poniendo a fuerzas como jefe jurisdiccional a Roberto Orbe Trejo y existe un documento desde el 6 de marzo firmado por la base trabajadora donde se desconoció a Orbe como coordinador médico, porque es una persona prepotente que hostiga al trabajador”.

Expuso que los sindicalizados no deberían comparecer ante una instancia estatal como es la Contraloría general porque “somos un organismo federal, un órgano centralizado”

Informó que los trabajadores de base hicieron un oficio dirigido a la secretaria general de la Sección 36 del SNTSS, Mercedes Vélez Cruz, donde piden “ponga un alto con el hostigamiento y que hable con Barrera Ríos” sobre el problema de Everardo Martínez.

Policías ex encapuchados denuncian que son hostigados por sus superiores

 Se reunieron con el secretario Lima y un subsecretario de Finanzas y temen represalias porque ya los identificaron, dicen integrantes de la llamada Organización Clandestina para la Protección a la Familia

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Policías de Seguridad Pública Estatal, integrantes de la Organización Clandestina para la Protección de la Familia, exigieron ayer terminar el hostigamiento en su contra luego de que pidieron solución a viejas demandas, las cuales aún no han sido atendidas por sus superiores.

Por medio de un nuevo comunicado que entregaron ayer a los medios de información, los policías informan que el 14 de mayo se reunieron en el Cuartel General de la Policía del Estado, con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez; con los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, René Lobato y Gustavo Miranda, así como con el subsecretario de Finanzas, Salvio Herrera, a quienes reiteraron sus demandas.

Agregan que la junta se concretó luego de que algunos agentes integraron la organización a la que pertenecen “y se manifestaron encapuchados en alguna cancha de esta capital” el pasado lunes 10 de este mes

Indican que en esa reunión, “al amparo de nuestros legisladores y con la certeza de que no se tomarían represalias contra los policías que intervenían, se manifestaron abiertamente las anomalías que han cometido los mandos superiores”.

Explican que denunciaron que el gobernador René Juárez “trajo como colaboradores a los mismos jefes que estuvieron en sexenios anteriores y que se la saben de todas para lucrar con la necesidad del policía, porque se llevan a sus bolsillos grandes cantidades de dinero”. Citan el caso del secretario de Gobierno, Luis León Aponte, quien antes se desempeñó como secretario de Seguridad Pública; el subsecretario de Seguridad Pública, César Gallegos y Torres; el subsecretario administrativo, Jesús Guadarrama Acevedo; el director operativo, Víctor Hugo Peña López, y el director administrativo, Pablo Sandoval.

Denunciaron también –según lo consignan en el documento– que muchos familiares de estos funcionarios se encuentran en la nómina y cobran sin trabajar con plazas de comandantes y policías, mientras que hay un déficit de personal de cuando menos 70 empleados.

Asimismo hablaron de “las pésimas condiciones” de los sanitarios del Cuartel General Nicolás Bravo, de esta capital, la falta de camas y colchones para que descanse el personal en sus horas de asueto; “se denunció que tiene más de dos años que tiraron, por órdenes superiores, los lockers de madera que fueron adquiridos por los propios policías para guardar sus pertenencias, y hasta ahora no los han repuesto”.

También se quejaron por el mal servicio que les brindan en el comedor del Cuartel General, donde les venden la comida de mala calidad “y por eso nos enfermamos muy seguido de nuestro estómago”.

Insistieron que sus ya las han hecho públicas, como la que se refiere a los descuentos, “a pesar de la explicación que nos dio la Secretaría de Finanzas en el sentido de que es un descuento de Hacienda, cuando sabemos que por recibir salarios mínimos estamos exentos de pagar impuestos”.

El temor de los policías es que el día de la reunión, el 14 pasado, fueron identificados algunos por sus superiores, y ahora los tienen vigilados y en algunos casos han comenzado a sufrir represalias, entre ellas la puntualidad y hasta han sufrido amenazas de despido.

Los policías demandan en este nuevo comunicado que audite a la secretaría de Seguridad Pública “para que se comprueben las pillerías que se cometen y que hemos denunciado. También que intervenga la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que se vigile la actuación de los jefes policiacos.

El desplegado, por la desesperación ante el hostigamiento de sindicatos: Mary Bertha

 Los emplazamientos a huelga son por tonterías, dice la presidenta de Aheta. Siempre el fregado es el hotelero, dice

 Mónica Martínez García La presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Mary Bertha Medina Cortés, dijo que el desplegado Ya         basta de Terrorismo Sindical, publicado ayer en El Sur, y firmado también por la asociación que dirige, se originó de la “desesperación” de los propietarios de los hoteles, que “continuamente están siendo hostigados por los sindicatos, que por cualquier cuestión amenazan con el emplazamiento a huelga”.

Medina Cortés, agregó que los propietarios “ya están hartos de que no haya negociación antes de este tipo de amenazas”, y señaló que durante el Tianguis Turístico los secretarios generales de los sindicatos amenazaron con emplazar a huelga al restaurante Mara Luisa y al hotel Club del Sol.

La empresaria informó que actualmente existen 22 hoteles emplazados a huelga y señaló que dichos emplazamientos surgieron “por tonterías, adelantan un paso por cualquier problemita, es como si tú le pegas a tu hijo sin razón y él te pregunta, ‘¿oye mamá por qué me pegas?’, y tú le dices, por lo que vas a hacer mañana”.

Recordó entonces la huelga de 24 horas que estalló el secretario general de la Sección 12 de la CTM, Rodolfo Escobar Ávila en el mes de marzo en el hotel Hyatt, cuando éste se encontraba al 100 por ciento de ocupación.

“Pensamos que lo del Hyatt iba a ayudar para la comunicación, pero sigue igual, sobre todo con los hoteles de la Costera y estamos hartos de que por votaciones internas en los sindicatos se lleven en las patas a tu hotel porque siempre el fregado es el hotelero”, señaló.

En el desplegado se hace referencia, precisamente, al caso del hotel Hyatt, y se culpa al dirigente de la Sección 12 de haber afectado la imagen de Acapulco, por lo que durante el día se trató de localizar Rodolfo Escobar para conocer su versión, pero éste nunca contestó las llamadas insistentes de la reportera.

Denuncian estudiantes de Ayotzinapa hostigamiento de policías de la AFI

 Lo hacen para inhibir acciones contra el cierre de este tipo de escuelas, dicen

 Teresa de la Cruz Chilpacingo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron ayer que están siendo “hostigados” por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a partir de que en su institución se llevó a cabo el Tercer Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) y con el propósito de disuadirlos para no ejecuten acciones en contar del cierre de estas escuelas.

El dirigente estudiantil Francisco Aguilar Quintero expuso en conferencia de prensa lo anterior.

De la presencia de policías de la AFI –dijo el dirigente estudiantil–, “nos hemos percatado porque automóviles sin placas y con vidrios polarizados, se estacionan por varias horas tanto en la entrada de la Normal Rural así como en una de las casetas –parada de ascenso y descenso– por la que normalmente circulan los estudiantes”.

El dirigente estudiantil, insistió en que el hostigamiento de la AFI deriva del “temor” del gobierno federal de que las normales rurales emprendan acciones para impedir el cierre de ese tipo de instituciones educativas.

Uno de los resolutivos del Congreso Nacional de la FECSM es que el próximo 29 de abril estudiantes de las 17 normales rurales en el país llevarán a cabo una marcha en la ciudad de México en defensa de la educación pública y el respeto a las normales rurales, así como para pedir a la AFI que cese el hostigamiento.

El también dirigente estudiantil, Ángel Sotelo Carmona, en su intervención pidió al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz, que los atienda en una audiencia de carácter resolutiva para buscar solución a la         propuesta de reducción de la matrícula en las normales del estado.

Exigió también Sotelo Carmona el respeto a la minuta que firmaron con Pano Cruz en octubre de 2002, en la que establecieron que la matrícula de la normal rural será de ingreso por egreso, “ello significa que si este año salieron 134 alumnos, ese mismo número debe ingresar el próximo año escolar”.

Dirigente indígena del Consejo del Alto Balsas pide que lo deje de hostigar la AFI

Dice desconocer por qué se le persigue

 Denuncia que lo buscaban para detenerlo poco antes de su salida a Ginebra, Suiza, para exponer la situación de los indígenas de México ante la 60 Sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU

 El presidente del Consejo Náhuatl del Alto Balsas, Marcelino Díaz de Jesús, llamó ayer al gobierno federal para que“cese” la persecución y el hostigamiento que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), está ejerciendo en su contra, para “intentar detenerme por defender los derechos de los pueblos indígenas en foros internacionales”.

Díaz de Jesús explicó por vía telefónica, que desde el 1 de abril mientras se dirigía a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a llevarse a cabo en Ginebra, Suiza, la AFI lo ha buscado para aprehenderlo, “yo desconozco el por qué, aunque presumo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

Aseguró que desde esa fecha, mientras se dirigía la 60 Sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, llegaron agentes de la AFI “preguntando por mí”a la presidencia municipal de Tepecoacuilco de donde es originario.

Ahí en el Ayuntamiento, según Díaz de Jesús, los recibió el secretario municipal, Genaro Alejandro Adame, quien luego de atenderlos, “se comunicó conmigo –cuando se encontraba en el aeropuerto– para decirme: ten cuidado te anda siguiendo la AFI”.

A pesar de ello, en la sesión de Ginebra, Díaz de Jesús exigió la presentación con vida del dirigente mixteco e integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Gregorio Alfonso Alvarado.

Pidió también la liberación “inmediata” del indígena tének, –presidente del Parlamento Indígena Estatal de San Luis Potosí–, Domingo Rodríguez Martell; del tarahumara, Isidro Baldenegro López y exigió castigo a los seis militares que violaron a mujeres indígenas de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec.

Asimismo acudió a recoger ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el resultado de la denuncia que interpuso el Sindicato de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA), por incumplimiento del gobierno mexicano al convenio 169 en cuanto a pueblos indios.

Ese mismo día –el 8 de abril– mientras denunciaba y criticaba el informe del relator especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Rofoldo Stavenhagen, por “insuficiente”, agentes de la AFI acudió a su casa ubicada en Xalitla –comunidad de Tepecoacuilco– y a su hermano, Floreano Díaz de Jesús, “le preguntaron por mi, diciendo que iban a detenerme”.

“Desconozco de qué se me acusa, pero mi abogado logró la suspensión de esa orden de aprehensión, pero mañana –este vienes– concertamos de qué se trata, aunque no es más que acto de represión política, me siento un perseguido político por mi trabajo en la ONU”.

Finalmente Díaz de Jesús llamó al gobierno federal para que “cese esta represión política, esta persecución y hostigamiento”, asimismo llamó a las organizaciones sociales indígenas a estar atentas ante “esta injusticia”.

Insistió en que el gobierno federal “debe de moderar su acciones y a quien debe castigar es a los militares que violaron a las indígenas”, y advirtió que a pesar de esta “persecución política, no vamos a callar, vamos a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos de los indígenas”.

Marchan mil personas exigiendo respeto a ejidos y cese hostigamiento a sus líderes por la PGR

Campesinos, colonos y dirigentes, en el contingente

 Karina Contreras Zihuatanejo

Más de mil personas, entre ejidatarios, colonos y organizaciones sociales, llevaron a cabo una marcha en la Costera para exigir el respeto a las tierras de los ejidos y comunidades de Acapulco; cese el hostigamiento de la Procuraduría General de la República (PGR)  y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a sus dirigentes a quienes les han “fabricado delitos”; rechazó al proyecto de la presa La Parota, así como la libertad de los presos políticos.

Otras de las exigencias de los inconformes fueron el cese inmediato de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Luz Mercedes del Carmen López Díaz; que los TUA pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pues actualmente están inmersos en la “corrupción y consigna a favor de las empresas y caciques”, entre otras demanadas.

La marcha empezó a las 10:40 de la mañana y salió de la glorieta de La Diana con dirección al Zócalo. El contingente ocupó tres de los cuatro carriles, pero aún así se dificultó el tráfico que los agentes de Tránsito trataban de agilizar.

La protesta estaba presidida por una gran manta, en la cual se leía: “Presidente Vicente Fox atienda los problemas de los ejidos de Acapulco. Alto a las persecuciones a dirigentes campesinos”.

Atrás de ella, el contingente de más de mil personas era encabezado por los dirigentes, con los brazos entrelazados, que marcaban el paso de la marcha. Ahí, se vio al ex diputado federal del PT, Félix Castellanos Hernández; el asesor jurídico, Humberto Sevilla García; la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado; el regidor, José Luis Morales; el dirigente de la Corriente Crítica, Leopoldo Calderón Caballero; la ex diputada local, Rosario Merlín García; el Comisario Ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles.

También, en la marcha, se observó a Martha Olivia Niño, a los familiares de César Sabino Palma, a las autoridades de los ejidos como El Podrido, Icacos, Cayaco, La Estación, Plan de los Amates, Las Cruces, Llano Largo, Puerto Marqués, Lomas de Chapultepec, La Venta, Barrio Nuevo.

Contingentes de colonias como Renacimiento, Fuerza Aérea, Ex Campo de Tiro, Zapata, La Laja, que también llevaban sus propias peticiones como servicio de agua, luz y drenaje.

Durante las dos horas que duró la marcha, los oradores, mediante un megáfono, insistían una y otra vez que esa era la marcha de la dignidad de los campesinos y mediante las bocinas salían un alto a la represión y persecución por parte de la PGR, al asesor, Humberto Servilla García y a Rosario Merlín García, ya que insistían que no eran delincuentes y que no habían saqueado al pueblo como los priístas.

Más de 30 mantas y muchos carteles se observaron en el contingente, en los cuales estaban plasmadas las peticiones.                 Entre ellas, la que decía “Familia Niño Palma. Cerro del Tigre, Presente en la defensa de los derechos de sus tierras”, “Sr. Presidente Vicente Fox. Queremos justicia. Los ejidos del municipio de Acapulco y de Guerrero con magistrada equilibrada”, “Sr. Gobernador y Sr. Presidente. El ejido de Llano Largo reclama justicia al despojo de tierra por decretos que no se han cumplido”.

También estaba la manta de los ejidatarios de Icacos, donde se leía: “El ejido de Icacos del municipio de Acapulco exige a Pemex la devolución de la hectárea de tierra donde se construyen las Torres Victoria expropiada en 1942” o la de “Ejido de Lomas de Chapultepec exigimos agilidad e imparcialidad del TUA 41 en la solución del juicio agrario”.

Las consignas estuvieron presentes, y de las más repetidas estaban “ En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el gobierno chingando a la nación”; “Sí Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “”Zapata vive, la lucha sigue”, “La gente se pregunta y esos quiénes son, somos ejidatarios, y exigimos solución” o la de “René entiende, el pueblo no se vende”.

Durante su recorrido, los inconformes recibieron el apoyo de los ciudadanos que observaban la marcha en las banquetas, incluso algunos repetían las consignas. Luego de dos horas, la marcha llegó al Zócalo, lugar en donde se dieron los discursos de los dirigentes y en donde coincidieron en mantener la unidad de los ejidos para evitar que sigan los despojos a las tierras de los campesinos.

Los oradores

El primero en participar fue el secretario del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Eduardo Martínez, quien los exhortó a mantenerse unidos y dijo que esa marcha era para demostrarle al gobierno que no se van a dejar pisotear por los empresarios ni por el gobierno. Manifestó que es hora de que Guerrero se dé cuenta y es el momento de reaccionar y luchar, porque ya basta de la marginación y de pisotear el derecho constitucional.

Por su parte, la presidenta del PRD municipal, Beatriz González dijo que ese partido apoya a los campesinos porque su lucha es justa, y agregó que el tan pregonado estado de derechos por todos los ámbitos de gobierno no se está respetando.

Hizo un llamado al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame para que instruya a quien corresponda para que den cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue favorable a los ejidatarios de El Podrido.

La dirigente municipal pidió también una mesa de trabajo para analizar cada uno de los problemas de los ejidos.

En su intervención, el dirigente de uno de los grupos inconformes con la presa La Parota, Gumersindo Joaquín Prudencio, insistió en pedir apoyo a los ejidos para el conflicto que enfrentan con la CFE y los gobiernos.

Acusó el dirigente que los tres niveles de gobierno hasta el momento se han hecho oídos sordos,   y no han querido solucionar el conflicto, porque le están apostando al magno proyecto que quieren llevar a cabo en las tierras de los campesinos de Cacahuatepec, y que son el patrimonio y el futuro de sus hijos.

Joaquín Prudencio advirtió que la CFE va a fallar en su proyecto, pues  los campesinos no van a permitir que con su arrogancia sigan queriendo imponer, como lo ha hecho en otras presas, donde solamente ha dejado pobreza. Dijo que están firmes y no se van a doblegar porque saben que el gobierno y la CFE le apuesta al cansancio.

Mientras que el asesor, Humberto Sevilla García dijo que no lo doblega ni la intimidación ni la amenaza, pues está convencido de que tienen que reclamar los derechos del pueblo. Se pronunció también por el cese inmediata de la magistrada del TUA 41 a quien acusó de manipular las resoluciones a favor de los empresarios.

Pidió la intervención del procurador de la PGR, Rafael Macedo de la Concha para que volteé sus ojos a sus subalternos, porque están ofertando “como mercancía barata” la PGR a favor de los empresarios y están amenazando a las familias por cumplir a favor de los empresarios.

Denuncian hostigamiento de militares contra pobladores de Xitopontla

 No pusieron ninguna queja con los enviados de la Codehum al poblado, dice el visitador Hipólito Lugo

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Autoridades comunales de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, denunciaron que militares los hostigaron para que les dijeran los nombres de los propietarios de dos viviendas donde encontraron 441 kilos de mariguana, el miércoles de la semana pasada.

En tanto, el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, informó que los trabajadores del organismo que acudieron a observar no recibieron ninguna queja de los pobladores.

Dijo que se trasladaron a Xitopontla luego de una llamada de Irene Salvador Escobar, integrante de la Red de Derechos Humanos de México, quien les dijo que el secretario del Comisariado Comunal, Nicolás Benito Francisco, denunció que tres mujeres fueron golpeadas por los militares.

Señaló que cuando los empleados de la Codehum llegaron al lugar, el propio Benito Francisco les indicó que las tres señoras sólo habían sido hostigadas por los soldados para que les dijeran los nombres de los propietarios de las tres viviendas donde encontraron la droga.

Explicó que los soldados y agentes de la AFI rodearon tres viviendas, pero que ese mismo día por la tarde llegó el general Audomaro Martínez Zapata, comandante de la 35 Zona Militar, con las órdenes de cateo y así pudieron ingresar.

Indicó que en dos de ellas efectivamente había droga, pero en la tercera sólo era fertilizante almacenado.

Lugo Cortés informó que durante el tiempo que permaneció el Ejército en la localidad, los ciudadanos del lugar se mantuvieron reunidos en la comisaría municipal, para actuar en caso de que cometieran abusos.

Indicó que al final los habitantes no quisieron presentar una queja formal ante los enviados de la Codehum.

Hostiga el Cisen a familiares del arraigado por el caso Peimbert, dice José Sánchez

 

 El abogado José Sánchez Sánchez, defensor de Misael Alejandro Silva Ramírez, quien fue acusado de participar en el secuestro del veterinario acapulqueño, Arturo Péimbert Puente, denunció que agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), están hostigando a los familiares de su defendido.

En conferencia de prensa en el Zócalo porteño, Sánchez Sánchez informó que los agentes del Cisen del Distrito Federal, se presentaron como personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y pidieron información del acusado y de la familia en la colonia ex Campo de Tiro, por lo que calificó estas actividades como “espionaje”.

Los hechos –según Sánchez– ocurrieron el 1 de abril, cuando los agentes del Cisen, Erick Reyes y Juan Hernández Martínez, llegaron a la casa de Misael Alejandro Silva Ramírez, ubicada en la colonia irregular ex Campo de Tiro, haciéndose pasar por visitadores de la CNDH, para preguntar “cómo vivían y de dónde obtenían los ingresos económicos”.

Los pseudovisitadores también les dijeron que no deberían permitir que José Sánchez los defendiera, ya que “estaba confrontado con el Estado”.

El abogado señaló que ante esta actitud los familiares desconfiaron y les pidieron que mostraran sus credenciales, lo que molestó a los dos hombres, que reconocieron que pertenecían al Cisen y empezaron a grabar con una cámara de video a los familiares.

Manifestó Sánchez Sánchez que esta situación de hostigamiento y persecución ha preocupado a los familiares de su defendido, que se encuentra arraigado en la ciudad de México, por la Sub Procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el secuestro del veterinario acapulqueño.

Adelantó que interpondrán una queja en la CNDH por estar usurpando funciones y así mismo pedir al Congreso de la Unión que ordene al Cisen “sacar las manos de un proceso que deben investigar la instancias judiciales, ya que ese no es el papel de ellos”.

El abogado dijo que estas actitudes de espionaje hacia la familia “pueden ser un asunto político y para ver si pertenecen a una red amplia de delincuencia”.

Sánchez Sánchez exigió finalmente al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda –de donde depende el Cisen– detener el hostigamiento de sus “secuaces disfrazados y que dé garantías a esas familias, que son personas honestas”.