Marchan mil personas exigiendo respeto a ejidos y cese hostigamiento a sus líderes por la PGR

Campesinos, colonos y dirigentes, en el contingente

 Karina Contreras Zihuatanejo

Más de mil personas, entre ejidatarios, colonos y organizaciones sociales, llevaron a cabo una marcha en la Costera para exigir el respeto a las tierras de los ejidos y comunidades de Acapulco; cese el hostigamiento de la Procuraduría General de la República (PGR)  y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a sus dirigentes a quienes les han “fabricado delitos”; rechazó al proyecto de la presa La Parota, así como la libertad de los presos políticos.

Otras de las exigencias de los inconformes fueron el cese inmediato de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Luz Mercedes del Carmen López Díaz; que los TUA pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pues actualmente están inmersos en la “corrupción y consigna a favor de las empresas y caciques”, entre otras demanadas.

La marcha empezó a las 10:40 de la mañana y salió de la glorieta de La Diana con dirección al Zócalo. El contingente ocupó tres de los cuatro carriles, pero aún así se dificultó el tráfico que los agentes de Tránsito trataban de agilizar.

La protesta estaba presidida por una gran manta, en la cual se leía: “Presidente Vicente Fox atienda los problemas de los ejidos de Acapulco. Alto a las persecuciones a dirigentes campesinos”.

Atrás de ella, el contingente de más de mil personas era encabezado por los dirigentes, con los brazos entrelazados, que marcaban el paso de la marcha. Ahí, se vio al ex diputado federal del PT, Félix Castellanos Hernández; el asesor jurídico, Humberto Sevilla García; la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado; el regidor, José Luis Morales; el dirigente de la Corriente Crítica, Leopoldo Calderón Caballero; la ex diputada local, Rosario Merlín García; el Comisario Ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles.

También, en la marcha, se observó a Martha Olivia Niño, a los familiares de César Sabino Palma, a las autoridades de los ejidos como El Podrido, Icacos, Cayaco, La Estación, Plan de los Amates, Las Cruces, Llano Largo, Puerto Marqués, Lomas de Chapultepec, La Venta, Barrio Nuevo.

Contingentes de colonias como Renacimiento, Fuerza Aérea, Ex Campo de Tiro, Zapata, La Laja, que también llevaban sus propias peticiones como servicio de agua, luz y drenaje.

Durante las dos horas que duró la marcha, los oradores, mediante un megáfono, insistían una y otra vez que esa era la marcha de la dignidad de los campesinos y mediante las bocinas salían un alto a la represión y persecución por parte de la PGR, al asesor, Humberto Servilla García y a Rosario Merlín García, ya que insistían que no eran delincuentes y que no habían saqueado al pueblo como los priístas.

Más de 30 mantas y muchos carteles se observaron en el contingente, en los cuales estaban plasmadas las peticiones.                 Entre ellas, la que decía “Familia Niño Palma. Cerro del Tigre, Presente en la defensa de los derechos de sus tierras”, “Sr. Presidente Vicente Fox. Queremos justicia. Los ejidos del municipio de Acapulco y de Guerrero con magistrada equilibrada”, “Sr. Gobernador y Sr. Presidente. El ejido de Llano Largo reclama justicia al despojo de tierra por decretos que no se han cumplido”.

También estaba la manta de los ejidatarios de Icacos, donde se leía: “El ejido de Icacos del municipio de Acapulco exige a Pemex la devolución de la hectárea de tierra donde se construyen las Torres Victoria expropiada en 1942” o la de “Ejido de Lomas de Chapultepec exigimos agilidad e imparcialidad del TUA 41 en la solución del juicio agrario”.

Las consignas estuvieron presentes, y de las más repetidas estaban “ En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el gobierno chingando a la nación”; “Sí Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “”Zapata vive, la lucha sigue”, “La gente se pregunta y esos quiénes son, somos ejidatarios, y exigimos solución” o la de “René entiende, el pueblo no se vende”.

Durante su recorrido, los inconformes recibieron el apoyo de los ciudadanos que observaban la marcha en las banquetas, incluso algunos repetían las consignas. Luego de dos horas, la marcha llegó al Zócalo, lugar en donde se dieron los discursos de los dirigentes y en donde coincidieron en mantener la unidad de los ejidos para evitar que sigan los despojos a las tierras de los campesinos.

Los oradores

El primero en participar fue el secretario del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Eduardo Martínez, quien los exhortó a mantenerse unidos y dijo que esa marcha era para demostrarle al gobierno que no se van a dejar pisotear por los empresarios ni por el gobierno. Manifestó que es hora de que Guerrero se dé cuenta y es el momento de reaccionar y luchar, porque ya basta de la marginación y de pisotear el derecho constitucional.

Por su parte, la presidenta del PRD municipal, Beatriz González dijo que ese partido apoya a los campesinos porque su lucha es justa, y agregó que el tan pregonado estado de derechos por todos los ámbitos de gobierno no se está respetando.

Hizo un llamado al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame para que instruya a quien corresponda para que den cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue favorable a los ejidatarios de El Podrido.

La dirigente municipal pidió también una mesa de trabajo para analizar cada uno de los problemas de los ejidos.

En su intervención, el dirigente de uno de los grupos inconformes con la presa La Parota, Gumersindo Joaquín Prudencio, insistió en pedir apoyo a los ejidos para el conflicto que enfrentan con la CFE y los gobiernos.

Acusó el dirigente que los tres niveles de gobierno hasta el momento se han hecho oídos sordos,   y no han querido solucionar el conflicto, porque le están apostando al magno proyecto que quieren llevar a cabo en las tierras de los campesinos de Cacahuatepec, y que son el patrimonio y el futuro de sus hijos.

Joaquín Prudencio advirtió que la CFE va a fallar en su proyecto, pues  los campesinos no van a permitir que con su arrogancia sigan queriendo imponer, como lo ha hecho en otras presas, donde solamente ha dejado pobreza. Dijo que están firmes y no se van a doblegar porque saben que el gobierno y la CFE le apuesta al cansancio.

Mientras que el asesor, Humberto Sevilla García dijo que no lo doblega ni la intimidación ni la amenaza, pues está convencido de que tienen que reclamar los derechos del pueblo. Se pronunció también por el cese inmediata de la magistrada del TUA 41 a quien acusó de manipular las resoluciones a favor de los empresarios.

Pidió la intervención del procurador de la PGR, Rafael Macedo de la Concha para que volteé sus ojos a sus subalternos, porque están ofertando “como mercancía barata” la PGR a favor de los empresarios y están amenazando a las familias por cumplir a favor de los empresarios.

Denuncian hostigamiento de militares contra pobladores de Xitopontla

 No pusieron ninguna queja con los enviados de la Codehum al poblado, dice el visitador Hipólito Lugo

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Autoridades comunales de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, denunciaron que militares los hostigaron para que les dijeran los nombres de los propietarios de dos viviendas donde encontraron 441 kilos de mariguana, el miércoles de la semana pasada.

En tanto, el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, informó que los trabajadores del organismo que acudieron a observar no recibieron ninguna queja de los pobladores.

Dijo que se trasladaron a Xitopontla luego de una llamada de Irene Salvador Escobar, integrante de la Red de Derechos Humanos de México, quien les dijo que el secretario del Comisariado Comunal, Nicolás Benito Francisco, denunció que tres mujeres fueron golpeadas por los militares.

Señaló que cuando los empleados de la Codehum llegaron al lugar, el propio Benito Francisco les indicó que las tres señoras sólo habían sido hostigadas por los soldados para que les dijeran los nombres de los propietarios de las tres viviendas donde encontraron la droga.

Explicó que los soldados y agentes de la AFI rodearon tres viviendas, pero que ese mismo día por la tarde llegó el general Audomaro Martínez Zapata, comandante de la 35 Zona Militar, con las órdenes de cateo y así pudieron ingresar.

Indicó que en dos de ellas efectivamente había droga, pero en la tercera sólo era fertilizante almacenado.

Lugo Cortés informó que durante el tiempo que permaneció el Ejército en la localidad, los ciudadanos del lugar se mantuvieron reunidos en la comisaría municipal, para actuar en caso de que cometieran abusos.

Indicó que al final los habitantes no quisieron presentar una queja formal ante los enviados de la Codehum.

Hostiga el Cisen a familiares del arraigado por el caso Peimbert, dice José Sánchez

 

 El abogado José Sánchez Sánchez, defensor de Misael Alejandro Silva Ramírez, quien fue acusado de participar en el secuestro del veterinario acapulqueño, Arturo Péimbert Puente, denunció que agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), están hostigando a los familiares de su defendido.

En conferencia de prensa en el Zócalo porteño, Sánchez Sánchez informó que los agentes del Cisen del Distrito Federal, se presentaron como personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y pidieron información del acusado y de la familia en la colonia ex Campo de Tiro, por lo que calificó estas actividades como “espionaje”.

Los hechos –según Sánchez– ocurrieron el 1 de abril, cuando los agentes del Cisen, Erick Reyes y Juan Hernández Martínez, llegaron a la casa de Misael Alejandro Silva Ramírez, ubicada en la colonia irregular ex Campo de Tiro, haciéndose pasar por visitadores de la CNDH, para preguntar “cómo vivían y de dónde obtenían los ingresos económicos”.

Los pseudovisitadores también les dijeron que no deberían permitir que José Sánchez los defendiera, ya que “estaba confrontado con el Estado”.

El abogado señaló que ante esta actitud los familiares desconfiaron y les pidieron que mostraran sus credenciales, lo que molestó a los dos hombres, que reconocieron que pertenecían al Cisen y empezaron a grabar con una cámara de video a los familiares.

Manifestó Sánchez Sánchez que esta situación de hostigamiento y persecución ha preocupado a los familiares de su defendido, que se encuentra arraigado en la ciudad de México, por la Sub Procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el secuestro del veterinario acapulqueño.

Adelantó que interpondrán una queja en la CNDH por estar usurpando funciones y así mismo pedir al Congreso de la Unión que ordene al Cisen “sacar las manos de un proceso que deben investigar la instancias judiciales, ya que ese no es el papel de ellos”.

El abogado dijo que estas actitudes de espionaje hacia la familia “pueden ser un asunto político y para ver si pertenecen a una red amplia de delincuencia”.

Sánchez Sánchez exigió finalmente al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda –de donde depende el Cisen– detener el hostigamiento de sus “secuaces disfrazados y que dé garantías a esas familias, que son personas honestas”.

Acusan a maestra de Odontología de la UAG de hostigamiento y de cobros indebidos

 

 Estudiantes y directivos exigen que Lourdes Muñúzuri sea sustituida por una interina

 Estudiantes y directivos de la Unidad Académica de Odontología de la UAG, denunciaron públicamente el supuesto hostigamiento que lleva a cabo la maestra Hilda Lourdes Muñúzuri Arana en contra de estudiantes.

La maestra también es acusada de irregularidades, al cobrar el año pasado 12 mil 250 pesos por un curso a estudiantes reprobados.

Los estudiantes inconformes estuvieron acompañados por el director del plantel, Alejandro Vélez Flores, además de maestros y personal directivo que les manifestaron su respaldo, brindaron una conferencia de prensa en el restaurante 100 por ciento Natural.

La jefa del salón 802, Rosario Longares Serna, informó que la maestra titular de la materia de odontopediatría los amaga constantemente con reprobarlos e incluso como responsable de una materia de titulación prolongar su estadía en la escuela. Por todo esto se perdió el respeto en la relación de alumno-maestro.

La estudiante precisó que la profesora se comporta de manera “grosera y altanera”, además “nos ha amagado con reprobarnos cuando nos imparta la materia de ergonomía y la materia para titulación”. Ante este panorama la mayoría de los alumnos de cuarto año de odontología exigen que ya no sean instruidos por Muñúzuri Arana.

Comentó que ante el disgusto de los estudiantes, ahora María Esther Adame es la maestra interina y que 60 de 75 alumnos prefieren recibir clases de la nueva maestra, que de la titular.

Rosario Longares también criticó la apatía de los representantes universitarios de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerenses, a quienes les pidieron su apoyo y un representante –de quien omitió su nombre– se comprometió a dialogar con la dirección, pero “por cuestiones de grupos políticos” no hizo llegar la inconformidad a la Comisión Mixta o al rector Nelson Valle López.

Aseguró que el interés de denunciar públicamente la irregularidad, es para “detener el hostigamiento”, y consideró que están rezagados los procedimientos en el departamento jurídico de la universidad e incluso en la Coordinación Regional de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, ya que su demanda ha sido infructuosa; ante ello preguntó “¿entonces quién nos va a defender como estudiantes?”.

La jefa del grupo 801, Wendy Escobar Suástegui, mostró un informal recibo signado el 1° de julio de 2003 por la maestra impugnada, que recibió 10 mil pesos por el cobro de un curso de Clínica II. La representante estudiantil precisó que después le entregaron 2 mil 250 pesos, porque algunos alumnos faltaron de pagar.

En tanto, el director del plantel mostró un documento en donde sólo autorizó que se abriera el curso, porque no se cumplió con todo el programa de estudio, pero recientemente fue informado del pago de los 12 mil 250 pesos que recibió la docente.

Alejandro Veléz aseguró que la maestra impugnada es una buena académica, pero el conflicto con los estudiantes se debe a la álgida relación personal que existe. Informó que la dirección signó un acuerdo para la incursión de la maestra interina, y garantizarle a Muñúzuri Arana el pago íntegro de las horas de clases, debido a la intervención del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.

El director de la escuela reconoció que “los alumnos son amagados con la reprobación”, y reiteró que los alumnos son apoyados por el personal directivo de la unidad académica.

Acusan al secretario de la Sección 36 de Salud de hostigar a empleados

Teresa de la Cruz corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Unión Trabajadora por la Salud del Estado de Guerrero AC acusaron ayer al secretario general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Felipe Becerril Sotelo, de incurrir en “irregularidades” y “continuar con la represión y el hostigamiento” contra trabajadores que no apoyaron a su planilla para llegar a la dirigencia sindical.

En conferencia de prensa, la dirigente de la Unión de Trabajadores por la Salud del Estado de Guerrero, Jaqueline Balbuena Ramos, explicó que debido a las “irregularidades” y violación a “nuestros derechos laborales y sindicales” por parte de el secretario general de la Sección 36 del sindicato de Salud, “decidimos formar, el pasado 29 de enero, una asociación”.

La unión de trabajadores –según Balbuena Ramos– “no es paralela al sindicato, es una asociación civil que integramos, preocupados por la represión y el hostigamiento” de que son objetos por parte del dirigente sindical de la Sección 36.

Entre las “irregularidades” en las que ha incurrido el dirigente sindical, Balbuena Ramos citó el caso de la técnica en Atención Primaria a la Salud, Columba Ortega Bravo –que laboraba en Conhuaxo, municipio de Huamuxtitlán– quien falleció el año pasado y cuya clave Becerril Sotelo “se negó a entregar a los familiares, y en cambio la asignó a sus allegados”.

Resaltó que Becerril Sotelo “en todo momento se negó a recibir a los familiares de Columba Ortega –quien era madre soltera de tres hijos–, quienes le pedirían la asignación de la clave que por derecho les corresponde”.

Lo que hizo el dirigente sindical –dijo Balbuena Ramos– es “otorgar la clave a otra trabajadora de nombre Celia Ortiz, y la de ésta la transfirió a Erubiel García, cuya clave de administrativo la asignó a un familiar de Columba Ortega, pero eso es injusto, se debió respetar su categoría” de técnica en Atención Primaria a la Salud, por lo que pidió al gobernador René Juárez que intervenga en esta “injusticia”.

En cuando a los casos de “represión y hostigamiento que han sufrido los trabajadores que no apoyaron a Becerril Sotelo para llegar a la dirigencia sindical, dijo Balbuena Ramos que existe el caso de las enfermeras del Hospital de Acatepec, a quienes “las quiere obligar a rolar su jornada laboral” , pero “no hay una aplicación correcta de los estímulos”.

Denuncia Gallegos que es hostigado por desconocidos que vigilan su casa

*  La PGJE o emisarios de la guerra sucia, posible origen

 * El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales atribuye el acoso a las denuncias que ha hecho de la guerra sucia, en particular por el caso de Nazar, o contra las detenciones injustas por el asesinato de Zacarías Barrientos

 El presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, José Arturo Gallegos Nájera, denunció que es hostigado por parte de personas que vigilan su casa.

Atribuyó este acoso a las declaraciones que ha hecho en contra de la detención de cinco personas a las que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero involucra en el asesinato del testigo de la guerra sucia Zacarías Barrientos Peralta, o a las denuncias de casos de desaparecidos de la guerra sucia.

Consideró que esa acción pudiera venir de dos fuentes: de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), o de “emisarios del pasado relacionados con la detención de (el ex jefe de la Dirección Federal de seguridad procesado por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de Ignacio Salas Obregón). Agregó que esos dos grupos “son los únicos que pueden perjudicar a los que reclaman justicia y castigo a los responsables”.

En el caso

Gallegos ha denunciado la desaparición de seis de sus familiares, en la época de la guerra sucia en Acapulco y un asesinato, pero además, dice, “ser presidente de una asociación nacional             me obliga a tomar la defensa de todos los casos”.

Informó que ante el hostigamiento va a levantar un acta contra quien resulte responsable, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, “a efecto de que se entere de lo que está resultando después de las declaraciones hechas por mí, y por las comparecencias que hice exigiendo justicia por los desaparecidos”.

Gallegos detalló vía telefónica que el pasado miércoles en la tarde frente a su casa ubicada en la colonia San Isidro, de la ciudad de Acapulco, su familia observó que en un auto marca Stratus color negro sin placas, iban cuatro personas una de ellas mujer, que iban muy despacio a diferencia del resto de los vehículos que por ahí circulan.

Dijo que del sospechoso vehículo se bajó un hombre a tomar fotografías de la fachada de su casa, y después el grupo se retiró ese día pero horas más tarde volvieron las personas en el auto negro, y en esa ocasión no se bajaron del auto.

Gallejos ha denunciado las “detenciones injustas” de Isaías Martínez Gervasio, Benito Salgado Aguirre, María de Jesús Martínez Reyes, Ramiro Rosas Contreras y Apolinar Martínez Barrientos, ocurridas el 6 de enero, señalados por la Procuraduría de Guerrero como responsables del asesinato de Zacarías Barrientos, que era testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Socales y Políticos del Pasado, en diciembre de 2003.

Consideró que el objetivo del hostigamiento es “silenciar las voces de denuncia”, situación “que no lograrán” porque el arma principal “es la denuncia”. Manifestó su temor de que continúe el hostigamiento y no descartó la posibilidad de que “sucediera un hecho lamentable” originado por el acoso.

Gallegos mencionó que en Guerrero existe mucha incertidumbre, y no existen garantías al asegurar que “se quedó corto” el informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el sentido de que en Guerrero, existe un pobre respeto a los derechos humanos. (Raquel Santiago)