No se puede imponer la reforma a sangre y fuego, dicen investigadores y condenan la represión en Oaxaca

Investigadores, docentes y maestros condenaron los hechos violentos contra maestros en Nochixtlán, Oaxaca, y llamaron al gobierno federal, los maestros y la sociedad civil a establecer un diálogo para evitar la represión.
Los investigadores y académicos convocaron a una conferencia de prensa para ofrecerse a aportar sus conocimientos para la causa del futuro de México, al que consideraron como un país en el que se debe tener en cuenta la diversidad para plantear las reformas necesarias.
En la conferencia estuvieron el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Humberto Santos Bautista; el Coordinador del Instituto de Investigación Humanístico Social de la UPN, Adán Aguirre Benítez; el integrante del Colegio de Guerrero, Guillermo Álvarez Nicanor; el docente e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y también profesor de la UPN, Floriberto Gonzáles González; el académico de la UAG, Aurelio Vázquez; y la investigadora y docente de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, Blanca América Wences.
“Todos, desde nuestra trinchera debemos de manifestarnos antes de que la escalada de violencia sea mayor, y después rebase el punto del no retorno”, expresaron los docentes e investigadores.
Refirieron que ante los hechos violentos en Oaxaca y otras partes del país, incluyendo a Guerrero el gobierno mejor debería llamar al diálogo, y si no es así que renuncien a sus cargos los funcionarios. Si el magisterio se niega al diálogo, entonces que la sociedad civil los llame a que se sienten a negociar, pues dijeron no se puede sufrir más violencia.
Señalaron que, la exigencia de que se derogue la reforma educativa debe incluir la propuesta de un nuevo proyecto educativo en el país, y que no es posible que, como ha pasado en otros países, como Chile, el gobierno imponga reformas que lo único que ocasionan es el origen de movilizaciones sociales.
Indicaron que es urgente construir alternativas que emerjan de estas coyunturas políticas impositivas autoritarias y que no sólo se plasmen en leyes; señalaron que las imposiciones autoritarias de estas reformas están hechas de “sangre, y eso es lo preocupante, que cada reforma política se hace deteriorando el medio ambiente, se hace deteriorando vidas, calidad de vida y eso no tiene mayor trascendía para los que elaboran las políticas públicas, eso no les interesa, están fuera del contexto humanista”.
Resaltaron que se deben implementar medidas que puedan propiciar un diálogo, para evitar la represión y que haya más presos políticos. Ofrecieron comprometerse con sus conocimientos con la causa “que tiene que ver con el futuro que vamos a implementar en México, pero esta causa, esta educación tiene que partir desde la raíz de nuestro contexto; México es un país diverso y (…) una reforma requiere poner atención a esa diversidad, Guerrero es un estado diverso y por lo tanto la educación que proponemos debe de ser diversa”, explicaron.
Pidieron una mesa de diálogo en la que puedan incidir como mediadores e interlocutores para crear un puente de comunicación, pues la situación no sólo es tensa en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, sino también en otros estados donde el descontento no es sólo hacia la reforma educativa, sino hacia otras reformas estructurales.
Dijeron que una reforma educativa “no se puede imponer a sangre y fuego”, y señalaron la urgencia de que los gobiernos federal y estatal, “se sienten a dialogar, principalmente con la disidencia magisterial”.
Los docentes compararon que parece que vivimos una guerra civil a causa de la delincuencia y el narcotráfico, a la que se suma la represión del gobierno del estado.
Detallaron que esta reforma educativa implica el control político de los profesores, mientras que el gobierno ni siquiera ha presentado una solución a la falta de infraestructura en las escuelas, porque en Guerrero hay 7 mil 500 escuelas “en condiciones deplorables” que en esta época de lluvias ni siquiera son adecuadas para las clases.
Asimismo, comentaron que esta reforma tampoco considera las condiciones de las comunidades indígenas del país. “Es una vergüenza que una persona como el actual secretario de Educación Pública (Aurelio Niño), que tiene un perfil para ser gerente de una tienda departamental, ocupe este espacio”, puntualizaron.