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Las diferencias de Zeferino con Chavarría, base de la petición para que la CIDH investigue el asesinato


En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) presentó en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta investigara el asesinato del diputado Armando Chavarría, también remarcó las diferencias que tenía con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En este documento entregado a la CIDH en noviembre del 2015 se destaca que el desacuerdo que desencadenó la renuncia de Chavarría Barrera como secretario de Gobierno en la administración zeferinista “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla de los Libres”.
El entonces secretario de Gobierno consideró que con este operativo detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región.
Asimismo, destaca que el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ejecutado el 20 de agosto del 2009 afuera de su casa en esta capital, era considerado “como el más viable candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones de 2011”.
En el escrito se subraya, además, que los familiares de la víctima siguen sin tener acceso a las copias del expediente y que no existe una investigación oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para esclarecer los hechos.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), a través de la cual fue presentado el amicus curiae, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica ayer que este escrito sigue vigente a nueve meses de que fue presentado.
El documento denominado “Armando Chavarría Barrera P-1459-15 en contra de los Estados Unidos Mexicanos” fue presentado por la UAG a la CIDH “en calidad de amicus curiae, con el objetivo de lograr una justicia transicional integral para este caso”.
Fue presentado por la institución educativa debido a que Chavarría Barrera fue egresado de la Escuela de Economía de la casa de estudios, y durante su época estudiantil fue líder de la Fede-ración Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).
La UAG elaboró un análisis del estado que hasta noviembre del 2015 guardaba el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, con el objeto de “abordar, en particular, la obligación incumplida del Estado mexicano de investigar este caso”, dice el documento.
El amicus curiae fue firmado por el rector Javier Saldaña Almazán y en él la institución pide que la CIDH le otorgue la admisibilidad de manera pronta, “para que las víctimas indirectas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reconciliación”.
Además se establece que la petición tiene la intención de fortalecer la búsqueda de la verdad en el caso del diputado Armando Chavarría, cuyo asesinato cumple siete años el próximo sábado 20.
El documento subraya que este caso al igual que otros de dirigentes sociales y de activistas, permanece en la impunidad.
En el escrito se establecen las diferencias que había entre el político perredista con el entonces gobernador Torreblanca.
Dice, por ejemplo, que Chavarría Barrera renunció a la Secretaría de Gobierno el 6 de mayo del 2008 “por notorias diferencias político ideológicas con el gobernador”, y que el desacuerdo que desencadenó la renuncia “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla”.
El documento sigue: “Armando Chavarría rechazó esta decisión porque consideró que detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región, por lo cual renuncia y se incorpora a la campaña política de su partido, que lo llevó a ser diputado local en la LIX Legislatura y coordinador de la bancada perredista del estado, además de presidente del Congreso de Guerrero”.
Asimismo, destaca que era considerado como “el más viable” candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones del 2011.
También señala que en esos días Chavarría Barrera trabajaba en la construcción de las alianzas con otros partidos políticos para lanzar una candidatura fuerte que posibilitara ganar la elección, proyecto que venía consolidando y que, a la vez, preparaba un acto masivo para el 27 de agosto, en el cual tenía previsto hacer públicas sus aspiraciones políticas, pero fue asesinado siete días antes.
En la petición de la UAG a la CIDH dice que es imprescindible el esclarecimiento del caso, porque al momento de que fue ejecutado Chavarría Barrera era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y estaba considerado como el candidato más fuerte y viable para las elecciones a gobernador.
Asimismo dice que el caso es paradigmático, ya que el asesinato ocurrió a plena luz del día y frente a la casa de la víctima, pero que aún existe un retardo injustificado en las investigaciones.
También destaca que existen muchas irregularidades en el procedimiento de investigación.
Según el escrito, una de ellas tiene que ver con la custodia, recolección y manejo de evidencias de la ejecución, “mismas que no fueron resguardadas, con su consecuente omisión en la determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados con las irregularidades”.
Menciona que otra irregularidad es el retraso injustificado y la inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, “lo que da por resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.
Menciona que el caso nunca fue resuelto, “y en algún punto Alberto López Rosas, procurador de Justicia –el primero de los designados a ese cargo por el gobernador Angel Aguirre–, anunció que el expediente de la investigación del homicidio de Armando Chavarría se había perdido durante el cambio de administración”.
Recuerda que por este caso, dos ex miembros de la Policía Investigadora Ministerial fueron arrestados, “pero los cargos en su contra no han sido revelados”, cuestiona, en referencia a los agentes Rafael Romero y/o Felipe Romero Romero y Jorge Luis García Jacinto, presos en los penales de Puente Grande Jalisco y de Tepic, Nayarit.
“Los familiares siguen sin tener acceso a las copias del expediente, no existe una investigación de manera oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria penal mexicana para esclarecer los hechos mencionados”, denuncia.
Insiste que por estas causas el Estado mexicano ha incumplido este derecho en perjuicio de las víctimas indirectas de este caso, a las que se les ha negado el derecho a la verdad histórica de lo sucedido ese 20 de agosto de 2009.
“Es visible que el Estado mexicano ha incumplido la convencionalidad en el caso del Lic. Armando Chavarría Barrera, ya que no ha investigado de manera seria, precisa y transparente este caso, por lo que ha violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte.
Concluye que “a la luz de los derechos humanos, este caso permanece en total impunidad, y la impunidad es contraria a los derechos humanos, es denegación a la justicia e impide acceder al derecho a la verdad”.
Al respecto la UAG pide a la CIDH que le otorgue el per saltum a este caso, le conceda la admisibilidad, adjunte el memorial al expediente del caso y “adopte las posturas establecidas en el presente escrito”.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica que aun cuando no existe respuesta a este tipo de escritos, espera que el organismo internacional admita el caso para su investigación.

Pide la Profeco que se investigue sobre prácticas monopólicas de molineros



foto La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) a que investigue si la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla tiene prácticas monopólicas por el “desproporcionado” aumento de 10 a 12 pesos al kilo de tortilla.
Esto porque mientras los consumidores afectados se quejan del aumento y exigen que se mejore el producto, los molineros denuncian el desabasto de maíz a nivel nacional y la disminución en sus ventas.
En la tortillería La Central, justo frente al paso elevado en construcción en Aguas Blancas, casi esquina con Cuauhtémoc, los clientes siguen fluyendo sobre todo a la hora en que se aplicó la encuesta, entre 2 y 3 de la tarde.
Allí la encargada y esposa del propietario, quien decidió no decir su nombre, calculó que desde el aumento disminuyeron sus ventas un 10 por ciento.
“La gente se queja pero sigue comprando, es un producto de primera necesidad para los mexicanos, nosotros seguimos vendiendo, pero sí nos afecta”, señaló.
Dijo que las presiones sociales cuando sube la tortilla son muchas, lo que no permite que se dispare el precio aunque tampoco existe un tope al costo por kilogramo porque los subsidios al gremio molinero se acabaron.
Indicó que el desabasto de maíz a nivel nacional causa un aumento en el costo y culpó a los acaparadores de no dejar salir el grano.
Después de comprar medio kilo de tortillas, el relojero del barrio de La Fábrica, Joaquín Rubio, opinó que este aumento afecta a las personas que ganan el salario mínimo y se quejó que este indicador haya subido tan poco en relación con los costos de los alimentos en la canasta básica.
María Betancourt Martínez, ama de casa de 49 años de edad y vecina de la colonia Jardín, opinó que “es un precio muy elevado de la tortilla” sobre todo cuando es de pésima calidad, si le subieran pero compensaran con una buena tortilla sería aceptable, pero así está más cara y cada vez está peor”.
Si se toma en cuenta que María Betancourt compra 2 kilos de tortilla al día para su familia de cinco personas, con el nuevo precio se gasta 720 pesos al mes sólo en este producto.
Por su parte el delegado de la Profeco, Joel Ángel Tacuba García, envío a esta Redacción una copia de la carta emitida al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano vigilante de la Profeco, a fin de que investigue si existen prácticas monopólicas en la Unión de la Masa y la Tortilla, que agrupa a más de mil expendios en las dos costas de Guerrero y en Acapulco.
En el documento señala que la petición se debe a que esta agrupación acordó “fijar” en forma independiente el kilogramo a partir de enero de este año, lo que representa un incremento de 20 por ciento por ciento con respecto al precio anterior de 10 pesos por kilo.
En esta sección El Sur publicó la nota con el aumento al costo de la tortilla el 1 de octubre, de 9 a 10 pesos el kilo.
En menos de tres meses, se autoriza otro incremento a causa de factores como la escasez del maíz y el aumento en el costo de los insumos necesarios para la producción de la masa y la tortilla.
En la misiva firmada por Tacuba García se especifica que el incremento “nos parece desproporcionado para un estado con las condiciones económicas en las que viven los ciudadanos”.
Asimismo se pide la intervención de la Cofeco “para sancionar a quienes estén cometiendo abusos en contra de los consumidores, asimismo le solicitamos que en caso de que se determinen prácticas monopólicas de este gremio se les sancione conforme lo establece su normatividad”.