¿Cuál es el objeto de empecinarse en una reforma electoral que pone en riesgo el control político en las cámaras que hoy detenta la fuerza gobernante? Se dice que el ahorro económico que supondría reducir el presupuesto del INE y el de los partidos, realmente no pinta en las finanzas públicas como para justificar un tsunami político. O que pedirle a los partidos aliados que se den un disparo al pie no solo es irreal sino que también amenaza con romper la mayoría constitucional que le permite a Palacio el control del poder legislativo.
Quizá, pero el verdadero telón de fondo para Claudia Sheinbaum es trascendente: la Cuarta Transformación debe comenzar a tomar decisiones entre la lucha por el poder y la lucha por los principios. No tiene sentido haber tomado la Presidencia para sanear la vida pública, si el proceso de tomar y conservar el poder contradice o posterga indefinidamente esos ideales. Tras el despojo sufrido en 2006, López Obrador entendió que resultaba imposible vencer al sistema sin recurrir a las artimañas de ese sistema. En consecuencia antes y durante su gobierno se asumieron alianzas penosas y se toleraron excesos poco congruentes con las banderas del movimiento. Los males necesarios incluyeron repartos con organizaciones de convicciones tan ajenas como el Partido Verde o candidaturas tan perniciosas como las de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos. El problema es que “los males necesarios” terminan por desvirtuar a un movimiento.
Peor aún, con el tiempo se convierten en parte constitutiva del sistema y su erradicación pone en riesgo al sistema mismo, como la extirpación de un tumor arraigado que entraña la destrucción de un órgano vital. Los dos partidos, Verde y del Trabajo, aprovecharon la necesidad de Morena y negociaron candidaturas que les han llevado a ampliar su cuota en el Congreso; y, como todo círculo vicioso, el peso adquirido les hace cada vez más imprescindibles. Hoy se les necesita más que ayer, y si esto no cambia, mañana no se podrá gobernar sin ellos. Los números son explícitos: en este momento Morena tiene 252 diputados, es decir apenas libra la mayoría relativa (251), indispensable para aprobar leyes secundarias y presupuesto. Si en las próximas elecciones los dos partidos aliados negocian a la alza, como lo han venido haciendo, en el siguiente congreso Morena podría depender de ellos para el día a día de la operación política y administrativa. Por no hablar de su dependencia para alcanzar la mayoría calificada (334) que exige los cambios constitucionales.
Lo paradójico es que ambos partidos carecen realmente de fuerza propia o de una base social importante. Deben su peso a un arreglo artificioso, y lo han engrosado a partir de su alianza con Morena. Hoy los gobiernos de la 4T afrontan una extraña encrucijada: la coyuntura inmediata les lleva a mimar a los partidos aliados para sacar adelante las reformas; pero tendencialmente ese mimo compromete las posibilidades de la fuerza gobernante a mediano y largo plazo, porque le genera una adicción a los aliados mercenarios sin relación con el movimiento y sus banderas.
Con su propuesta de reforma político electoral, la presidenta está intentando que la fuerza de los partidos periféricos refleje de mejor manera su capacidad real y no una que es ficticia. Reducir los cuantiosos presupuestos de los que viven las dirigencias, eliminar las plurinominales o por lo menos que sean producto de los votos y no de las cúpulas partidistas, forma parte de este nuevo diseño.
Como sabemos, el planteamiento ha provocado la rebelión de ambos partidos. Las modificaciones que ha sufrido la versión original enviada por Palacio son tantas que Sheinbaum ha cuestionado la utilidad de su aprobación. El próximo martes informará su decisión al respecto. Los analistas contemplan dos posibles salidas: una, que reitere la versión original a sabiendas de que será rechazada por los partidos aliados, con lo cual no alcanzará la aprobación, pero evidenciará ante la opinión pública el carácter rentista y parasitario de estos partidos; o dos, que anuncie una tercera versión, a medio camino entre la original y la deslactosada, con la esperanza de llegar a un acuerdo de última instancia. Se asume que a lo largo de estos últimos días se siguen sosteniendo conversaciones para lograrlo. Y, desde luego, cabe la posibilidad de que Palacio Nacional retire la iniciativa y la guarde para tiempos mejores.
En cualquier escenario, caben dos reflexiones de fondo. Una, que con reforma o sin ella, Morena tendría que cambiar los términos de su alianza electoral de cara a los comicios de 2027, para no dar vida artificial a organizaciones en las que no puede confiar. Es una apuesta riesgosa, desde luego, porque no solo está en juego la composición del Congreso para la segunda mitad del sexenio, sino también el relevo en 17 gubernaturas. Pero quizá ha llegado el momento de asumir pérdidas en lo inmediato para sanear el futuro. Quedarse con 20 gubernaturas en lugar de 24 es algo que puede permitirse la fuerza gobernante, en el peor de los casos, si eso la desvincula de arreglos vergonzantes y comienza a desandar el campo minado en el que se ha metido.
La segunda reflexión tendría que ver con la operación política. Las intenciones de la presidenta son las correctas, pero habría que preguntarse si la capacidad y lealtad de los alfiles responsables de operar tales intenciones están a la altura. No siempre basta con una estrategia inteligente, en ocasiones primero es necesario asegurarse de contar con los operadores capaces de ponerla en marcha.
En los próximos días conoceremos el desenlace de este entuerto. Las intenciones de la presidenta, más allá de los detalles con los cuales se pueda o no estar de acuerdo, van encaminadas a sanear vicios evidentes. El resultado de esta iniciativa será un diagnóstico para confirmar la resistencia de los tumores a ser extirpados.

@jorgezepedaP

 

El gobierno de Claudia Sheinbaum está atrapado en lo que los anglosajones llaman un problema feliz. Está logrando abatir las cifras de criminalidad, pero buena parte de la opinión pública está convencida de que nunca habíamos estado peor. Y digo un “feliz” problema porque está consiguiendo lo más difícil: disminuir la inseguridad pública. Y con esto no quiero decir que el problema se haya resuelto, ni mucho menos. Simplemente que, tras el fracaso de una administración tras otra, Sheinbaum ha podido, por fin, poner en marcha una estrategia que parecería estar resultando; mes a mes han comenzado a descender los niveles de violencia después de muchos años en ascenso.
Pero la política se nutre de percepciones, no de números. Donald Trump ganó las elecciones, entre otras razones, porque convenció a los votantes de que la economía estadunidense se desplomaba y que la inflación era inadmisible, cuando justamente estaba sucediendo lo contrario. Que la mayoría de los mexicanos crean que la violencia sigue aumentando, a pesar de que no sea así, aún no tiene un costo político en lo inmediato. Pero es una creencia que a la larga erosionará la imagen del gobierno y puede pasar factura en las elecciones intermedias del próximo año, cuando cambiará buena parte del Poder Legislativo y la mitad de las gubernaturas.
¿Puede el gobierno hacer algo con respecto a esta paradoja? Primero habría que analizar las causas. ¿Por qué tantos mexicanos asumen que estamos peor en materia de inseguridad cuando está mejorando?
Las razones son varias y se refuerzan mutuamente. Por un lado, hay un efecto acumulativo, de hartazgo. Quizá los homicidios diarios hoy promedien 60 personas al día, después de estar en 100 durante varios años; 20 mil al año en lugar de 35 mil. Pero el grado de intolerancia a la inseguridad ha crecido, porque el miedo se alimenta de la percepción y del efecto sumado de tantos muertos del pasado. No son 20 mil asesinados en abstracto; los más recientes se suman a la pérdida de 200 mil de los últimos 10 años.
Segundo, las redes sociales intensifican el impacto de la violencia. No solo por la multiplicación exponencial de los vehículos de exposición, todo celular es hoy un medio de comunicación; también por la lógica que poseen las plataformas espontáneas, que suelen viralizar los contenidos más agresivos o morbosos. La pulsión que lleva a una familia a pasar a vuelta de rueda al lado de un accidente sangriento en la carretera es la misma que propicia la reproducción ad nauseam de atracos o situaciones violentas. Antes no existían las cámaras callejeras capaces de captar imágenes que hoy seguirán circulando, e indignando, durante meses o años.
Tercero, la oposición y la prensa crítica han asumido que la inconformidad por la violencia puede ser el talón de Aquiles de Morena. El apoyo popular al movimiento fundado por López Obrador ha sido refractario a cualquier otra crítica. Durante todo el sexenio la mayoría de los medios “desnudaron” los defectos del gobierno de la 4T pero convencieron a muy pocos. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones con más votos que López Obrador. Los medios antagónicos al gobierno se han dado cuenta que auspiciar el miedo y el hartazgo es la única manera de levantar una inconformidad real en contra de una fuerza política que parece imparable en tantos otros frentes.
En consecuencia, la cobertura periodística ha convertido la nota roja en actor protagónico de las portadas de los diarios y de las entradas de noticieros de radio y televisión. En el pasado los hechos de sangre solían ser presentados en las páginas finales de los periódicos o de plano quedaban remitidos a la llamada prensa amarillista. Publicaciones como Alarma, Sucesos o equivalentes. Basta asomarse a las portadas de los diarios en cualquier mes del gobierno de Peña Nieto, hace ocho o nueve años, cuando morían 100 al día, pero ningún caso era mencionado, y compararlas con las de hoy en que se recoge de manera estridente, aunque sean casi la mitad de casos diarios. La percepción del público es que los crímenes han aumentado, cuando en realidad es la exposición de los crímenes lo que en verdad ha explosionado.
Y, finalmente, hay un elemento cualitativo que, sin duda, impacta. El crimen organizado está más organizado que nunca, es cierto. Puede estar descendiendo el número de casos, pero la sofisticación, diversidad e intensidad con la que los cárteles han fincado su poder en algunas regiones llevan a concluir que el fenómeno se ha acentuado.
Tampoco ayuda que si bien la mayor parte de los delitos van a la baja (asesinatos, asaltos en domicilios y en calle, secuestros, robo de automóviles), el de la extorsión es una epidemia. Sobre todo ahora que se está contabilizando gracias a la infraestructura y los cambios de legislación que permiten denunciarlos, lo cual ha llevado a un salto en la estadística.
O quizá simplemente se trate de una cuestión de tiempo. Es decir, la tendencia a la baja de la actividad criminal es demasiado reciente y aún endeble para permear de manera consistente en la percepción de los ciudadanos. Interrogada al respecto en una mañanera, Claudia Sheinbaum privilegió esta respuesta. Hay que profundizar en la estrategia, avanzar en la atención a las causas de fondo y mejorar el desempeño de la seguridad, afirmó. Está convencida de que su plan tendrá éxito y a la postre la población podrá ver los resultados.
Ojalá. Pero temo que incluso si lo consigue los factores mencionados arriba podrían impedir un cambio en la percepción. Solo para ilustrar el argumento: los 60 asesinatos diarios podrían hipotéticamente descender a 10, y colocarnos en las mismas ligas de un país escandinavo, pero parecerían demasiados si todos los días la cobertura informativa comienza con ellos.
Me parece que, en algún momento, la estrategia de seguridad tendrá que incluir el diseño de una política de comunicación más convincente. Por lo visto no basta con ser eficaz, también hay que encontrar la manera de demostrarlo.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

Todos quisiéramos golpes espectaculares, detenciones de escándalo, inesperados peces gordos tras las rejas. Algo que permitiera pensar que el gobierno de la Cuarta Transformación intenta eliminar la corrupción de la vida pública del país. Ciertamente hasta ahora no ha sido el caso.
El gobierno de Morena ha cumplido con algunas de sus promesas, pero no ésta. Podrá argumentarse que la escala de la corrupción no alcanza los excesos que registró con Peña Nieto o que el comportamiento de los gobernadores no es el de los cachorros del PRI, que convirtieron el erario en patrimonio familiar. Pero los abusos están allí. Incluso adquirieron nuevas formas por las particularidades del sexenio: sea el apresuramiento de las obras insignia, como Tren Maya, en las que la urgencia era más importante que los procedimientos de licitación o que el respeto a las normas medioambientales; sea por el protagonismo asumido por los militares, un sector poco propicio a la transparencia o a la rendición de cuentas frente al resto de la sociedad.
Había expectativas de que esta asignatura pendiente, el combate a la corrupción, se convirtiera en una tarea prioritaria del llamado segundo piso de la 4T. Claudia Sheinbaum tiene una reputación impecable en este tema y una forma de vida que no se ha separado de los usos y costumbres de la clase media en la que creció. Para muchos observadores resulta frustrante que, tras un año en el poder, la presidenta no ha comenzado una campaña de limpieza y de aprehensiones significativas que muestren la disposición del gobierno de encarar, por fin, este cáncer.
Me parece, sin embargo, que esta estrategia de limpieza ha comenzado y no nos hemos dado cuenta. Y es así porque no ha consistido en cambios cosméticos ni detenciones estridentes. El planteamiento de Sheinbaum es otro: la mejor estrategia no es aquella que se centra en la persecución de los culpables, sino la que disminuye y dificulta las posibilidades de delinquir. A largo plazo, el verdadero programa contra la corrupción no es el que conduce la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, importante como es, sino la llamada Agencia de Transformación Digital, responsable de la modernización, simplificación, transparencia y automatización de la vida pública. De la misma manera que si bien es necesario un analgésico para quitar el dolor de cabeza, la solución real consiste en eliminar los hábitos o motivos que lo generan.
Me tocó crecer en una época en la que tramitar el pasaporte implicaba colas infinitas y desmañanadas absurdas para alcanzar a entrar en el cupo diario al que se restringía la oficina de Relaciones Exteriores. La ambigüedad de la información solicitada, el tamaño y enfoque de la foto exigida, convertían al funcionario de ventanilla en juez arbitrario para la tramitación del expediente. Un nicho ecológico diseñado para que el pago de coyotes, coludidos con los empleados, se convirtiera poco menos que en una necesidad para estar en condiciones de recoger el pasaporte siete horas más tarde. La última vez que lo renové, hace unos meses, hice la cita por internet, digitalicé los documentos de manera anticipada y acudí a un trámite que duró exactamente 12 minutos, sin un coyote a la vista.
Años más tarde la publicación del semanario Día Siete me obligó a convertirme por un tiempo en importador de papel. Los trámites aduanales me hicieron recordar a los viejos pasaportes. Requisitos sobre requisitos, ambigüedades y valoraciones arbitrarias que parecían pensadas para la extorsión. Obviamente la respuesta ante tal universo corrupto no pasa por una estrategia punitiva y vigilante para castigar los abusos, sino por el cambio de sistema, como en el caso del pasaporte, que permita la digitalización, autonomía y transparencia.
Lo mismo podríamos decir de muchos campos de la vida pública. La eliminación del charrismo sindical no pasa, en última instancia, por la persecución de una serie de líderes corruptos, sino por la eliminación de canonjías y privilegios que ellos gestionan frente a sus agremiados y la incorporación de mecanismos de elección democráticos al interior de las organizaciones. La entrega directa de pensiones y apoyos sociales a las cuentas de los beneficiados fue la vía para disminuir la multitud de gestores y líderes, que durante décadas ordeñaron de las políticas asistenciales del Estado mexicano.
Lo mismo vale para el Poder Judicial o el Legislativo. La reforma político electoral impulsada por Palacio Nacional camina en la misma dirección. Disminuir la bolsa destinada a los cuadros dirigentes de los partidos y reducir o eliminar los cargos plurinominales en las cámaras de diputados y senadores, convertidos en aviadurías que no pasan por el voto popular o la rendición de cuentas, amparadas por casacas partidistas. Es más útil para el país la eliminación paulatina de las condiciones que posibilitan estas prácticas, que una estrategia para perseguir a quienes están abusando de ellas.
Desde luego las dos tareas no son excluyentes. Recurrir a la aspirina en lo inmediato y cambiar malos hábitos de vida en lo mediato, el cruce de la Secretaría de Anticorrupción para castigar excesos y la Agencia Digital para prevenirlos (y de hecho están actuando juntos). Combatir la impunidad obliga a trabajar los dos frentes. Hasta ahora Claudia Sheinbaum se ha centrado en el más importante, la modernización de la administración pública, y de tener éxito sus resultados serán visibles al mediano plazo. No está mal porque son los que conllevan cambios definitivos.
Pero es cierto que el proceso se aceleraría con acciones ejemplares. Los golpes mediáticos no han servido de mucho en anteriores sexenios, entre otras razones porque respondían a motivos y vendettas políticas y no iban acompañados con un saneamiento de los mecanismos, como ahora se está haciendo. Sin embargo, me parece que se acerca el momento en que una serie de intervenciones de alto valor simbólico ofrezca muestras de una voluntad presidencial que muchos no perciben. Hay una revolución silenciosa que está en marcha; no tendría que ser tan silenciosa.

@Jorgezepedap

 

Los mexicanos tendríamos que comenzar a asumir la posibilidad de que Donald Trump cumpla sus amenazas y ordene un ataque terrestre contra un “narco” objetivo en nuestro país. El mandatario ha estado en el poder apenas un año y le faltan otros tres; las posibilidades operan en contra nuestra. Es cierto que el bluf tiene un carácter protagónico en la estrategia del presidente; muchas de sus amenazas quedan en el papel y están destinadas simplemente a amedrentar a un interlocutor para negociar en condiciones de fuerza. Pero el éxito de un blufero reside en su capacidad para demostrar que, cuando se lo propone, la amenaza se convierte en realidad. El envío de tropas a ciudades como Washington y Los Ángeles, el hundimiento de lanchas y la ejecución de sus tripulaciones en aguas internacionales o el secuestro de Maduro, revelan que el republicano es capaz de cumplir lo que parecía una mera baladronada. Apoderarse de Groenlandia y atacar un blanco terrestre en México son las nuevas amenazas de las que habla Trump en discursos y entrevistas más recientes.
Inconcebible o no para la razón, para nuestro orgullo o para la conveniencia de los dos países, la probabilidad de que suceda es alta y así deberían ser las previsiones. ¿Qué forma podría tomar un ataque? Lo menos comprometedor desde la lógica de Washington sería un misil sobre laboratorios clandestinos usados por los narcos en las sierras de Durango o Sinaloa. Así corre menos riesgo de causar bajas entre población civil ajena a los cárteles. Aunque con Trump cualquier barbaridad es concebible, resulta menos probable que se piense en un operativo que implique intervención de tropas de asalto. El peor de los escenarios para la Casa Blanca reside en la pérdida de vidas de sus soldados, sea por una reacción inesperada de los adversarios o incluso por un accidente operativo. Existe muy poca tolerancia en la opinión pública estadunidense para aceptar el regreso de sus hijos en un ataúd porque así lo decidió un político. Fue esta, justamente, una de las banderas de la campaña de Trump.
Asumiendo, sin conceder, que Trump informe al mundo cualquiera de estos días que Estados Unidos fulminó un laboratorio clandestino en la sierra Tarahumara o equivalente, habría que anticipar reacciones. Los dos escenarios extremos serían, por un lado, la aceptación pasiva y resignada como si fuese la última trastada de un vecino poderoso al que conviene no incordiar, no nos vaya a hacer algo peor. Habrá quienes digan que, en última instancia no pasó a mayores y no se pierde nada, que es algo que el gobierno mexicano tendría que haber hecho antes. Más aún, una parte de la oposición y la prensa crítica echará la culpa a la Cuarta Transformación y no a Trump, tratando de llevar agua a su molino. Después de todo la intervención estadunidense es en cierta forma un corolario de la campaña que estos medios conducen tratando de convencernos de que la violencia en México está peor que antes, justificando los argumentos de Trump, y que el gobierno ha fracasado, a pesar de que los datos comienzan a mostrar lo contrario.
El escenario opuesto también me parece inadecuado: el “maseosare” que apele al patria o muerte y al martirilogio en aras del honor ofendido. Esto supondría asumir decisiones que afecten la relación de ambos países en otras áreas, lo cual a su vez impactaría en la vida y la economía de muchos mexicanos. Peor aún, puede dar lugar a una escalada de medidas autoritarias de parte de Washington, dominado por la voluntad de un hombre desquiciado por el poder.
Hasta ahora Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ejercer, en relación a Trump, un cuidadoso equilibrio entre prudencia y dignidad. Tendría que mantenerlo, incluso en caso de que suceda lo hasta antes impensable. Lo importante es considerar que Donald Trump no es Estados Unidos, que la mayoría de los intereses de aquel país no están a favor de una intervención directa. La respuesta del gobierno mexicano tendría que separar una cosa de la otra, hasta donde sea posible. Las medidas más inteligentes serán aquellas que conduzcan a incrementar la reacción de la opinión pública en contra de la decisión de Trump. Es allí donde habría que centrar la estrategia. Lo que está claro es que rasgarse vestiduras, apelar al derecho internacional, organizar marchas y actos de dignidad, pueden servir a la 4T para cerrar filas y fortalecer su popularidad, pero resultan inocuas para disuadir a Trump de emprender el siguiente ataque o una agresión de otro tipo.
Lo más útil sería comenzar esa estrategia desde ahora: mostrar a la opinión pública que el gobierno mexicano ha dado un giro drástico en el combate al tráfico de drogas con resultados contundentes en solo 15 meses. Este jueves el semanario británico The Economist publicó un reportaje sorprendente: para junio de 2023 se habían acumulado 85 mil muertos por sobredosis en los doce meses anteriores; para abril de 2025 (último mes disponibles) se registraban 48 mil decesos a lo largo del último año. Casi la mitad. La explicación, afirma el texto, reside en una disminución drástica de la oferta de fentanilo, que provoca el 70% de las muertes. Si a eso sumamos el hecho de que los homicidios en México han caído de un promedio de 89 diarios a 52, una reducción de 40% en poco más de un año, habría argumentos sólidos para mostrar que la estrategia está funcionando. Y eso es la mejor vacuna para evitar una intervención estadunidense, que Washington intenta vender como recurso extremo y necesario frente al fracaso de México.
Es cierto que Trump no permite que un dato lo inhiba de hacer lo que quiere. Pero sí lo puede hacer la pérdida potencial de votos en contra en las elecciones legislativas del próximo noviembre. La mejor manera de evitar una agresión reside en conseguir una difusión masiva de estos resultados en la reducción de muertes de este lado y del otro de la frontera. Piezas como la de The Economist y estadísticas reales de lo que está pasando tendrían que ser objeto de una campaña de cabildeo y publicidad magnificadas en Estados Unidos. La mejor manera de responder a una intervención es evitarla. Convertir en conocimiento común y masivo que México ha dado un giro al combate a las drogas, aislar a Trump en su apreciación, es mucho mejor que organizar marchas o agachar la cabeza resignada sobre hechos consumados.

@jorgezepedap

El verdadero riesgo para el movimiento de la Cuarta Transformación no es la ultraderecha nacional e internacional, sino la eventual inconformidad entre la mayoría de los votantes sea por inseguridad, insatisfacciones económicas o una mezcla de ellas. No es Milei quien puso fin a los gobiernos populares de Argentina, sino los millones de personas que decidieron optar por él. Excéntricos e irresponsables ha habido siempre; un Milei habría sido irrelevante hace 10 años. En 2015 la mayoría mantenía la esperanza en un gobierno popular de izquierda, en 2025 dominaba la desesperanza.
Digo lo anterior porque veo con preocupación el tiempo e intensidad que dedican algunos colegas, simpatizantes de la 4T, a alertar sobre la fuerza de la ultraderecha internacional y nacional y la peligrosa estrategia que se ceba sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. No pretendo minimizar este fenómeno. Es evidente que el fantasma del populismo de derecha, aupado en la era Trump, recorre Europa y ahora América Latina. El problema es que la excesiva atención a este punto, la ultraderecha, lleva a olvidar que el verdadero sujeto de la historia es el pueblo, los ciudadanos, los votantes, o como quiera llamárseles.
En 2018 la oposición hizo justamente lo que ahora hace la izquierda. Asumió que el problema era Andrés Manuel López Obrador, en lugar de entender que 35 años de gobiernos en favor de los sectores prósperos pero minoritarios, habían provocado la inconformidad de las mayorías. Ellos fabricaron su propia oposición. Resultaba más fácil atribuir la pérdida del poder a la “perversidad y demagogia” del tabasqueño, que asumir su responsabilidad o la necesidad de cambiar. La izquierda, ahora en el poder, corre el riesgo de incurrir en lo mismo.
Tal actitud se conoce en psicología como externalización de la culpa o victimismo. Tendencia en las personas a atribuir sus problemas a factores externos, con lo cual evita la responsabilidad personal y le permite mantenerse en una zona de confort que le exime de tomar conciencia de sus errores y cambiar. Un comportamiento que describe puntualmente lo que la oposición ha estado haciendo los últimos ocho años. Si el apoyo popular del que goza la 4T es culpa de la demagogia y las dádivas del gobierno (lo cual supone que la mayoría de los mexicanos son tontos o vendidos), el PAN o el PRI no tienen necesidad de cambiar, mejorar la propuesta de cara a las mayorías o, al menos, lavarse el rostro. Basta exhibir la perversidad y lo dañino de las posiciones del adversario, en este caso, Morena.
El riesgo de que ahora se inviertan los papeles está a la vista. Atribuir toda marcha de protesta o una campaña de bloqueos carreteros a la acción de los intereses oscuros de la oposición, conlleva el peligro de dejar de ver los agravios y las fuentes de inconformidad que anidan entre los diversos actores sociales. Y habría que insistir, la caída de los gobiernos populares en América Latina, uno tras otro, tiene mucho menos que ver con la acción de la ultraderecha, aunque haya sido la beneficiada, que con la impaciencia y desencanto de las mayorías que votaron por ellos.
Por supuesto que la oposición tratará de montarse en cualquier expresión de malestar de parte de la población; eso sucede en cualquier lugar del mundo. Pero resulta muy peligroso, para un gobierno sustentado en el apoyo popular, creer que toda expresión de malestar es producto de la manipulación de la derecha. El 70% o más de la población aprueba el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí; pero también son evidentes los pendientes de millones de mexicanos. No necesariamente son panistas los vecinos que interrumpen una calle por la desaparición de una de sus hijas; ni priistas todos los transportistas que bloquearon los caminos en demanda de seguridad. E incluso si algunas manifestaciones tuvieran un origen esencialmente político tampoco es algo perverso. Para empezar 40% de los mexicanos votaron por una opción diferente a Sheinbaum, y eso son muchos millones de personas. Que algunos de ellos salgan a la calle a mostrar su inconformidad con políticas públicas o acciones de los gobiernos de Morena, no tiene nada de sorprendente. En lugar de estigmatizarlas convendría mostrar a muchos de estos ciudadanos, con acciones y resultados, que el gobierno está atacando los problemas que les preocupan.
Es cierto que resulta útil conocer las estrategias que sigue la derecha para socavar la imagen de la 4T. Exhibir el modo de operar de los asesores importados, expertos en guerra sucia mediática. Es interesante, también, documentar los enormes presupuestos dedicados a estas operaciones. Sin embargo, todo eso deja de ser útil, si deriva en el victimismo, en la externalización de la culpa. O, como dirían los clásicos, si se quita la vista del balón. No es en lo que hagan o dejen de hacer Ricardo Salinas Pliego o Claudio X. González donde estriba el potencial fracaso o éxito de la 4T. Dependerá, más bien, de su capacidad para afrontar su verdadero compromiso: mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las grandes mayorías. Eso significa, encontrar el financiamiento para ampliar sus políticas redistributivas y, sobre todo, activar la economía para generar los empleos que necesita la mitad de ese pueblo bueno que vive en la informalidad. Perderse en infiernillos, instalarse en el reproche, acusar a otros de la propia suerte, refugiarnos en la zona de confort respecto al verdadero reto, es el peligro de fondo. Peor aún, el victimismo anticipa el martirologio, una coartada para justificar un posible fracaso. Magnificar al adversario anticipa el resultado: lo intentamos, pero ellos eran muy malos y poderosos.

@jorgezepedap
 

 

Primero se pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum cabeza fría en sus reacciones a lo que hace y dice el belicoso (y veleidoso) Donald Trump, lo cual ella ha venido haciendo de manera impecable, y ahora se le pide con relación a marchas y bloqueos de inconformidad que han estallado en las últimas semanas. Lo último que se desea es una polarización política entre Morena y la oposición, en la que se involucre la presidencia entre epítetos y descalificaciones. Se necesita equilibrio y ecuanimidad en momentos en que la gobernabilidad y la certidumbre serán decisivos si queremos reactivar a la economía.
Pero así como demandamos cabeza fría a la mandataria, tendríamos que exigírnosla nosotros mismos. La politización convierte a la opinión pública en rehén de comentocracia y medios de comunicación sobre excitados, que tienden a emitir condenas y juicios concluyentes de acuerdo con sus inclinaciones ideológicas. La lectura que se hace del desempeño económico es un ejemplo.
El Banco de México acaba de recalcular el pronóstico de crecimiento para este año, reduciéndolo a un magro 0.3%, inferior incluso al crecimiento de la población. Anticipa, además, que en 2026 podría llegar a 1.1% y a 2.0% en 2027, es decir, apenas por encima de 1% promedio anual en los primeros tres años del sexenio. A partir de estimaciones como esta los críticos han decretado, desde ahora, la inminente e inexorable debacle de la economía y, por ende, el fracaso del gobierno de la 4T.
Convendría no apresurarse, porque podrían llevarse una sorpresa. Enrique Quintana, director del diario El Financiero, da cuenta en su columna del viernes pasado de una estadística reveladora. Solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el país experimentó un mejor desempeño en los primeros tres años: 2.0% promedio anual. Con Felipe Calderón (2006-2012) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no sólo no creció la economía en la primera mitad del sexenio, tuvo un retroceso: -1.2 con el primero, -1.1 con el tabasqueño. Ambos fueron víctimas de un contexto internacional trágico. Calderón padeció la crisis financiera de 2009, mientras que López Obrador sufrió los efectos de la pandemia. Pero tampoco la primera mitad del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) es para presumir. Apenas registró 0.1% promedio anual en el primer trienio. Es decir, prácticamente parálisis.
Los anteriores antecedentes tendrían que llevarnos a no interpretar una realidad a partir de su fotografía en lugar de su película. Incluso si se cumplen los negros vaticinios que anuncia el Banco de México, el desempeño de la primera mitad del sexenio de Claudia Sheinbaum habrá sido mejor que el de tres de los cuatro presidentes que la antecedieron. Con lo anterior no pretendo hacer pasar como un buen resultado algo que no lo es, por el simple expediente de compararlo con otros peores. Solo quiero señalar la necesidad de poner en contexto las cosas antes de decretar condenas absolutas o catastróficas.
Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador tuvieron un segundo tiempo mucho mejor que el primero, para ponerlo en términos futboleros. Terminaron con un marcador superior al que habían obtenido al llegar al medio tiempo.
Y en este punto, habría que hacer un paréntesis. Con estos números no estoy considerando el desempeño de estos gobiernos respecto al tema de la desigualdad o la pobreza. El PIB del sexenio lopezobradorista fue más bajo que en administraciones anteriores, pero consiguió un cambio importante, al disminuir el nivel de desigualdad y sacar a 13.5 millones de personas de la pobreza. Para efectos del desarrollo se perdió en lo cuantitativo, se ganó en lo cualitativo.
Regreso al crecimiento. Normalmente el primer año es el más difícil en términos económicos porque la inversión pública de parte de un gobierno entrante suele ser mínima, en tanto ajusta políticas públicas y presupuestos. Claudia Sheinbaum tuvo el infortunio, además, de que coincidiera con el tsunami que representa Donald Trump. Como sabemos, la incertidumbre en los mercados por la guerra tarifaria que desató el nuevo inquilino de la Casa Blanca, provocó una contracción mundial. En cierta forma habrá salido barato si conseguimos que este annus horribilis no termine con tasa negativa.
Se argumenta que el vaticinio de que México habrá de crecer más modestamente que el resto de los países latinoamericanos en 2025 y 2026, es prueba irrefutable del mal gobierno de la 4T. En realidad, la explicación tiene más bien que ver con el hecho de que ningún país es tan sensible al factor Trump, que hoy desestabiliza y paraliza la inversión en el mundo. No solo porque, a diferencia de las economías del sur del continente, nuestras exportaciones y buena parte de la producción nacional está inmersa en cadenas articuladas a nuestro poderoso vecino. También por la vulnerabilidad en la que nos deja la vida fronteriza, el turismo, las remesas, la migración o los temas de inseguridad. La pandemia afectó a la economía de todos los países de manera bastante generalizada; el efecto Trump, en cambio, tiene un impacto más desigual, en función de la vulnerabilidad de cada país frente a Washington. Y ninguna es mayor que la nuestra.
Y, pese a todo, la estimación de que el país estaría creciendo a ritmo de 2% en el tercer año del sexenio abre la posibilidad de que el segundo trienio tome un cauce positivo y termine con un desempeño más que interesante. No se trata de una posibilidad descabellada, ni mucho menos. Se está saneando y profesionalizando la administración pública, se realiza un esfuerzo enorme para equilibrar las finanzas de Pemex a partir de 2027 y dejar atrás el boquete que hoy representa, se exploran modalidades de inversión mixta pública y privada en renglones estratégicos, se fundan parques industriales, se negocian incentivos a la inversión de cara al Plan México, se tienden puentes con el empresariado y para bien o para mal quedará atrás la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) previsto para 2026.
Nada garantiza el éxito, pero lo cierto es que tampoco estamos condenados a la catástrofe inexorable que se quiere decretar con una lectura sacada de contexto e impulsada por una mirada política interesada en el fracaso. Un fracaso que en realidad sería de todos. En resumen, estamos experimentando un típico arranque de sexenio, aunque el imponderable esta vez sea Trump. Lo que siga dependerá de muchas cosas, pero la historia y lo que está en proceso muestra que hay una buena posibilidad que sean mejores de lo que habremos de vivir los primeros dos años.

@jorgezepedap

 

A falta de alternativas, los contrarios al movimiento de la Cuarta Transformación procuran, al menos, avivar la llama de la inconformidad. Hasta ahora con pocos resultados, a juzgar por los altos niveles de aprobación que mantiene el gobierno de Claudia Sheinbaum. Luego de siete años de argumentos fallidos para convencer a los ciudadanos de la supuesta perfidia o incapacidad del obradorismo, la crítica ha terminado por desgastarse. Se necesita demasiada ingenuidad para creer en la tesis del narco gobierno luego de que Sheinbaum envió a 52 capos a Estados Unidos. De haber existido algún pacto, el gobierno habría sido el menos interesado en poner a sus supuestos cómplices en manos de otro gobierno.
Mucho más redituable ha sido la explotación del tema de la inseguridad. El efecto acumulado tras casi 20 años de violencia indiscriminada, convierte a la opinión pública en campo fértil para sembrar miedo y exasperación. Muy probablemente la “batalla” decisiva entre la 4T y la oposición a la larga habrá de centrarse en la economía, pero por lo pronto es más explotable el tema de la violencia.
El problema para los adversarios del gobierno de Sheinbaum es que se trata del terreno en el que ofrece mejores resultados en su primer año. La reducción de la cifra de homicidios dolosos es significativa, incluso si se considera el tema de los desaparecidos. De 87 asesinatos diarios se pasó a 54, es decir una reducción de 37% en apenas 13 meses. Por vez primera en muchos años hay una estrategia de combate al crimen que está fructificando.
Eso no ha impedido que los medios críticos dejen de explotar el tema. La sensación de inseguridad es relativamente la más fácil de insuflar entre familias y comunidades. Consecuentemente, la prensa de oposición se ha lanzado a un pulso entre percepción y realidad. Enrique Peña Nieto terminó su gobierno con un promedio de 100 homicidios dolosos cada día, pero los medios de comunicación omitían dar cuenta de ellos. Quien quiera tomarse la molestia puede consultar las páginas de los diarios de esos meses. Hoy, que estamos llegando a la mitad de esa cifra, los muertos ocupan primeras planas de periódicos y cortinillas de noticieros, como si se tratase de un fenómeno en insoportable crecimiento.
Pero justamente porque está sucediendo lo contrario, es que no se citan cifras. A la prensa le basta con exponer los cinco o seis casos más sangrientos o llamativos del día. Y cuando se menciona algún número, suele ser el resultado de poner la lupa e ignorar el resto: “Crecen muertos en Guerrero, en 10 días más asesinatos que en todo el mes anterior”. En ningún momento se da cuenta que en otras entidades disminuyó la violencia, ni se reportará que un mes más tarde Guerrero regresará a cifras más modestas. Para entonces se buscará el dato más llamativo de cualquier otro lugar.
El único renglón que permite ofrecer cifras contundentes para magnificar la criminalidad es la extorsión. De allí que solo esta estadística sea utilizada en los titulares de noticias. Nunca el descenso en homicidios, robos en casa, comercios y carreteras, robo de vehículos; todos estos delitos han descendido casi a la mitad desde los tiempos de Enrique Peña Nieto. En cambio, la extorsión ha crecido 27%. Eso la convierte en la noticia estelar en la batalla por la opinión pública.
Sin embargo, hay una trampa en el manejo de esta información. Se trata del delito menos reportado porque conlleva una amenaza explícita de los delincuentes. A diferencia de otros crímenes, cuyo reporte suele ser a “toro pasado”, el de la extorsión es un flagelo en curso y delatarlo entraña un riesgo evidente. En realidad los diarios no divulgan el número de extorsiones reales, sino el de extorsiones denunciadas. Son estas las que han aumentado.
Intuitivamente se entiende que la extorsión ha adquirido modalidades de carácter “industrial” que antes no existían: a productores y comerciantes de un producto o cultivo en particular; o la generalización del derecho de piso en toda una población.
El gobierno en cierta forma había operado contra su propia imagen, al incentivar las denuncias y la promesa de atenderlas, sin haber resuelto realmente una fórmula efectiva para conseguirlo. El resultado fue el peor de los mundos: aumentó el número de denuncias, con lo cual se generó la percepción de que se trataba de un delito que crecía exponencialmente, pero no se montó una estrategia puntual para atenderlo de manera eficaz. Música para los oídos de la prensa crítica.
Una contradicción que no pasó inadvertida a la presidenta. Hace cinco meses Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que se trataba del único crimen que no había descendido y presentó una estrategia específica para combatirlo. Al 089, número dedicado explícitamente a reportar denuncias de manera anónima, se añadió un protocolo de respuesta rápida, unidades de atención especializada, amén de un incremento en la penalidad para este delito. En lo inmediato provocó un repunte en las denuncias, pero en los últimos tres meses ha comenzado a disminuir y hoy se registran un 14% de casos menos diarios. Gracias a la atención a los reportes se han logrado prevenir 62 mil extorsiones.
Que la extorsión siga descendiendo dependerá del avance de la estrategia en varios frentes, porque se trata de un fenómeno complejo. Respuesta rápida y protocolos eficaces para abatir la extorsión; bloqueo electrónico en prisiones e inteligencia digital para aminorar la extorsión virtual; control del territorio para neutralizar a mafias y cárteles que ordeñan a productores y comerciantes.
Supongo que a la larga el gobierno conseguirá avances sustanciales, aunque también supongo que la prensa crítica encontrará la forma de ventilar el dato que dañe o el caso que indigne para sostener lo contrario.
Sin embargo, para los críticos será una batalla perdida, me parece. No pretendo minimizar el hartazgo que genera la violencia crónica en nuestro país, pero es irresponsable inflarla por motivos incendiarios o ignorar que algo por fin ha comenzado a mejorar. El riesgo para la oposición es que al agrandar el fenómeno también aumenta el mérito del gobierno que logre un avance sustancial en la materia. Sin proponérselo, terminarán magnificando la figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y, por extensión, el de su jefa.

@jorgezepedap

 

 

Todavía el año pasado seguíamos hablando de la ola política que había pintado el continente de un color rojo. En México, Guatemala, Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia se instalaron gobiernos de izquierda por la vía electoral en un proceso que abarcó casi 15 años. Pero de un tiempo acá el fenómeno ha perdido fuelle y en muchos lugares se ha revertido. En los últimos cuatro países (Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia) los ciudadanos han sufragado en favor de candidatos conservadores poniendo fin, al menos por el momento, a las experiencias de gobiernos de corte popular. En Colombia y en Chile aún persisten, en manos de Petro y de Boric, respectivamente, pero terminan su período con niveles de aprobación preocupantes para su causa. En Brasil mismo, Lula da Silva fue capaz de recuperar el poder hace dos años, a partir de los cuales comenzó a declinar su popularidad; el pasado verano parecía destinado a una caída libre, pero paradójicamente Trump vino a su rescate de manera involuntaria. Muchos brasileños han cerrado filas con su gobierno a partir de las abusivas amenazas dirigidas en contra del país, pero parecería ser un tanque de oxígeno momentáneo.
¿Qué factores explican este giro pendular? Se entiende que la irrupción de gobiernos populares de izquierda fue el resultado de una insatisfacción creciente de las masas empobrecidas, dejadas atrás por una globalización que favoreció a los grupos prósperos.  López Obrador, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirshner, Petro, Boric y equivalentes fueron capaces de convertir en votos la insatisfacción de tantos. Una vez en el poder, cada cual con sus propias características, recurrió a una batería de acciones para conseguir una mejor distribución del ingreso y una derrama del gasto público en favor de los pobres.
Unos tuvieron más éxito que otros, aunque habría que decir que en términos políticos sólo López Obrador consiguió terminar con mayor popularidad y fuerza que como comenzó. El resto padeció o aún padece un proceso de desgaste que explica el surgimiento de alternancias cada vez más antagónicas a su proyecto.
Lo que habría que explicar es por qué razón en muchos de estos países las mayorías que estaban recibiendo de gobiernos populares una atención que antes no tenían, terminaron votando por candidatos conservadores.
La explicación podría ser la mezcla resultante de varios factores. Uno, “los rendimientos decrecientes” de las políticas públicas populares. Es decir, las primeras acciones tienen un efecto inmediato y lucidor: el reparto de subsidios o pensiones, el aumento de salarios mínimos, el fin de prácticas abusivas. El impulso inicial genera una mejoría en la condición de los pobres. Estadísticamente saca de la miseria a millones de personas. Pero luego suceden dos cosas. Primero, que llegado un punto el gobierno topa con límites presupuestales para ampliar esas ayudas de manera significativa. Conseguir financiamiento con cargo al endeudamiento, a la fabricación de billetes o al aumento de impuestos, es un paliativo que permite avanzar un poco más, pero provoca efectos económicos desfavorables. Inflación, salida de capitales, depreciación y estancamiento han sido un flagelo recurrente en varios de estos países. Muchos ciudadanos, incluso entre los sectores más pobres, perciben que la derrama se ha estancado y en cambio sus condiciones de vida se deterioran por la inflación y el estancamiento.
Y segundo, para la mayor parte de los gobiernos de izquierda sigue siendo un problema no resuelto el divorcio de las dos variables esenciales:  distribución y crecimiento. Es decir, un mejor reparto de la riqueza con frecuencia se convierte en un clima desfavorable para la inversión y la generación de empleos para sacar a la gente de la pobreza de forma sostenida. En la mayoría de los casos los gobiernos populares han conseguido mejorar la distribución, pero de un pastel que no crece. Los gobiernos entran en un círculo vicioso desgastante, incapaces de sostener el reparto o consiguiéndolo con costos políticos y financieros cada vez más altos.
Esto se convierte en combustible para la aparición de candidatos jilgueros y oportunistas capaces de cosechar el miedo, la incertidumbre y las expectativas frustradas. A propósito de Trump, el articulista David Brooks apuntó en The New York Times una serie de razones para explicar el éxito de este discurso populista “inverso”, en contra de gobiernos que buscaban el beneficio de las mayorías. Le robaron a la izquierda la rabia y la energía transformadora, afirma Brooks. Son antiglobalizantes, critican a las élites políticas tradicionales, se consideran víctimas del sistema, vienen a contradecir, a cuestionar lo políticamente correcto. Las hordas trumpistas o bolsonaristas que irrumpieron en el Capitolio o en el Palacio de Justicia en Brasilia, bien podrían firmar el lema “al diablo con las instituciones”. Todo lo anterior mezclado con el clima estridente y visceral que producen las redes sociales, en parte de manera espontánea y en parte a través de sofisticados procesos financiados por la cartera de sectores conservadores.
O quizá la explicación está en otro lado. Esta semana Martín Caparrós escribió al respecto: Todos nos equivocamos cuando supusimos que Milei iba a perder estas elecciones. “Las ganó por goleada”. El país del que creemos formar parte es un invento. Son millones de personas que viven en lugares distintos, urgencias distintas, casas distintas, vidas distintas. Uno cree, dice Caparrós, que los argentinos no van a soportar a un tipo que los caga de hambre, que siempre parece un chiste malo, que se humilla ante Trump. Solo para descubrir que la gente decidió optar por todo ello. La democracia al menos sirve para eso, añade, “para mostrarte que estabas perfectamente equivocado, que ciertas cosas que te parecían intolerables son muy toleradas por buena parte de tus compatriotas, que eso que te importaba tanto no les importaba mucho”.
Escoja usted su explicación.

@jorgezepedap

El millonario nunca ha llegado a donde está ofreciendo disculpas, más probablemente lo ha logrado a empellones. Pero el cinismo no era algo que se presumía. Frías como solían ser las reglas del mercado, el buen nombre y la imagen de un magnate estaba ligados a las buenas obras, a la presunción de los empleos generados, a las donaciones culturales. Eso ha desaparecido o está en proceso de extinción. En la sociedad centrada en el consumo, el éxito y la admiración se han desnudado por completo para quedar reducidos al dinero acumulado y a la manera de ostentarlo. Es cierto que no podemos ser ingenuos; en el fondo nunca ha importado el origen de la riqueza; y para ejemplo los millonarios creados por el tráfico de esclavos hace dos siglos, rápidamente incorporados a la aristocracia europea. Pero invariablemente había un proceso de “blanqueo” de imagen, una especie de condición no escrita. De allí las fundaciones, museos y fondos creados por las dinastías de orígenes impresentables. Eso ha desaparecido. El capitalismo tercera generación se ha despojado de cualquier máscara.
Nada lo ilustra más dramáticamente que el cambio que va de Bill Gates a Elon Musk. No solo porque este último ha desplazado al anterior en la primera posición de la lista de ultra millonarios, sino por la imagen pública que ambos han querido labrarse. Gates a través de ingentes donaciones en favor de la salud de los más desprotegidos. Musk intentando destruir la ayuda a los necesitados. En ese sentido, nada ejemplifica más nítidamente la dureza de los tiempos que vivimos, el narcisismo convertido en políticas públicas a través del Brexit o America First, que la filosofía del dueño de Tesla. Una visión del mundo que va más allá del desdén a los desprotegidos para convertirse en una ofensiva en contra de ellos.
Elon Musk se ha atrevido a decir lo que en realidad sostiene la nueva ultraderecha que está hegemonizando la opinión pública en los países ricos. El empresario afirma que la empatía no solo no es deseable, es algo que estorba. Solidarizarse con el que se quedó atrás se convierte en atraso. La empatía y la compasión frente a los problemas del otro le parece que debilitan a la especie. La sobrevivencia del más apto. Una tesis que ha sido refutada en buena medida por la historia misma de los seres humanos y las muchas experiencias que confirman la necesidad de responder en términos comunitarios a los problemas del mundo. Se entiende que eso sea irrelevante para alguien que está convencido de que la sobrevivencia de la especie no reside en intentar salvar al planeta y a sus habitantes, sino acelerar el escape a colonias en el espacio, presumiblemente Marte, por parte del puñado de millonarios que puedan pagarlo.
Se dirá que se trata de un posicionamiento extremo, fuera de norma, excéntrico. Pero no es así. Lo sintomático es que lo abandere el hombre más poderoso del planeta, considerando que Trump se va en tres años. El millonario está en proceso de convertirse en dueño del espacio y sus satélites, de controlar con otros tres colegas a las redes sociales que modulan la opinión pública, y es uno de los protagonistas dominantes de la Inteligencia Artificial que gestionará al mundo.
Habría que advertir que lo de Musk no es un exabrupto. Es la última expresión de una lógica que lleva rato imponiéndose. Desde el momento en el que un fabricante sensible al empleo o a la lealtad de sus obreros quedó obsoleto, dejó el paso a fondos de inversión y tiburones empeñados en maximizar ganancias rápidas descuartizando empresas, devastando recursos naturales o destruyendo comunidades. Nada de eso importó si gracias a ello iban a ser objeto de admiración.
Por todo lo anterior es que hoy, más que nunca, es urgente resistir a ese aparente “sentido común” que está ligado al éxito inmediato sin importar las consecuencias, a la falta de contexto, a la ausencia de mirada respecto a lo que dejamos atrás, a opinar y vivir el mundo a partir de etiquetas y epítetos. El sálvese quien pueda en realidad nos condena porque por esa vía sólo habrán de salvarse los peores de todos nosotros.
No se trata de una cuestión filosófica sino práctica, entendiendo que nuestros hijos o nietos estarán entre los 7 mil millones de personas que no van a subirse a las naves de Musk y a colonizar Marte, incluso si este tiene éxito. La única alternativa es apostar por la posibilidad de salir juntos de los desafíos de hoy y de mañana. Y eso pasa por sanear el tejido social, por promover valores que estén asociados a la ayuda mutua, a la comprensión del otro, a la revisión de las consecuencias que nuestros actos tienen en el entorno o en los demás.
De allí la importancia de revisar lo que consume nuestro espíritu y lo que nutre la conciencia de nuestros hijos. El arte y la literatura constituyen un poderoso recurso, quizá el mejor, para ayudar a revertir la banalidad egoísta de la satisfacción inmediata que hoy domina.
Este domingo participo en la FIL del libro del Zócalo en una mesa que aborda la pertinencia de la obra del escritor portugués José Saramago. Recordarlo en este contexto tiene mucho sentido porque su mirada es casi profética y su respuesta es el mejor antídoto frente a lo que estamos viviendo. Saramago construyó una buena parte de su obra anticipando las situaciones límite a las que nos estamos acercando. ¿Qué pasa si un día todos amanecemos ciegos? ¿Qué pasa si la gente deja de morir? ¿Qué pasa si un día de elecciones nadie llega a las urnas? ¿Qué pasa si un día me topo conmigo mismo, con mi doble? ¿Qué pasa si un país se desprende del continente y se convierte en una isla?
Las respuestas que ofrece Saramago a estas preguntas, a través de sus personajes, muestran que los Elon Musk y el llamado al sálvense quien pueda están equivocados. Que la única salvación posible es la que construimos juntos a través de la compasión, la solidaridad y la acción colectiva. Leer a Saramago hace 20 años era un deleite. Hoy es un plan de acción.

@jorgezepedap

 

Tras la golpiza propinada a los policías de la Ciudad de México por cientos de vándalos, muchos de ellos encapuchados, incrustados en las marchas del 2 de octubre, cabría preguntarse si ha llegado el momento de hacer algo. Es decir, algo más que ofrecer disculpas a los ciudadanos y asumirlo como un costo a pagar en determinados aniversarios.
Por lo general, las autoridades suelen preferir pasar el trago amargo “del día siguiente”, que enfrentar a estos grupos de infiltrados enardecidos y correr el riesgo de la foto con una imagen represiva que puede costar la renuncia del funcionario o incluso una averiguación penal. Negociar con las joyerías y los comercios afectados y reparar destrozos es mucho más seguro que asumir la responsabilidad de lo que pueda suceder en un enfrentamiento de poder a poder. Es muy fácil indignarse frente a lo sucedido y acusar con dedo flamígero, pero tampoco podemos ser ingenuos e ignorar que esos mismos acusadores, y otros más, lincharían mediáticamente a gobierno y autoridades si un operativo de contención se sale de las manos y un joven termina en la morgue.
Eso desde el punto de vista de los funcionarios. Pero incluso desde un enfoque más orgánico o institucional, la aversión al riesgo es comprensible. En cualquier país occidental hay pocas cosas que los gobiernos teman más que una chispa capaz de detonar la exasperación de tantos que tienen algo que reclamar. Vándalo o no, cualquier potencial víctima de “la represión policiaca” pertenece a una comunidad, probablemente marginal, cargada de agravios.
Son las razones por las cuales en Londres, París o Ciudad de México las autoridades suelen preferir hacer control de daños de los destrozos, que enfrentar el riesgo de provocar una cadena de movimientos potencialmente incendiaria.
Dicho lo anterior, la inacción tiene un costo creciente. Frente a la impunidad, los grupos provocadores tienden a multiplicarse y, peor aún, a intensificar la violencia y la severidad de sus acciones. Porque no estamos hablando ya de situaciones que se salen de cauce en una marcha por el arrebato emocional o la calentura de un par de acelerados (y descerebrados). Se trata de operaciones de provocación y violencia pensadas de antemano. Las investigaciones tendrán que precisar el origen de la agresión este 2 de octubre, pero los sospechosos usuales son mencionables: porros de la UNAM, grupos de ultraderecha o neonazis, radicales de ultraizquierda que desean “desenmascarar” al gobierno, pseudoanarquistas que no pierden la oportunidad de golpear policías, crimen organizado siempre interesado en crear escenarios de río revuelto. El problema es que de no hacer nada, o algo mejor de lo que se está haciendo, aumentará la tentación entre estos grupos para aprovechar la oportunidad de poner en marcha sus agendas. Y tampoco podemos descartar que la agresión de este jueves no esté relacionada con algo peor; por ejemplo, el asesinato de los dos colaboradores de la Jefa de Gobierno hace algunos meses.
El daño provocado por estos grupos afecta en tres sentidos. Por un lado, los policías obligados a afrontar sin bastones o equivalente, a cuadrillas de vándalos armados de cadenas y barras de metal. “Si mi casco no hubiera resistido estaría muerto”, afirmó uno de ellos. Otros tres no fueron tan afortunados y su vida pende de un hilo. Nada bueno derivará de que los policías y sus comandantes lleguen a la conclusión de que los funcionarios prefieren evitar riesgos políticos con cargo a la integridad física de guardias y granaderos. De no hacerse algo se corre el riesgo de que los cuerpos de seguridad acumulen un resentimiento justificado por la sensación de ser utilizados como carne de cañón. Y a ningún sistema político conviene la acumulación de enconos de parte de las fuerzas armadas con respecto al poder civil.
Luego están los comerciantes afectados. El gobierno puede compensar algunos daños económicos, pero va más allá de eso. El seguro anual que cubre pérdidas será cada vez más caro; el temor de clientes y empleados en determinadas fechas será paralizante. Pero sobre todo la sensación de impotencia frente a fuerzas salvajes respecto a las cuales la autoridad es incapaz de ofrecer mínimos de seguridad. Obvio decir que, en momentos en que el gobierno de la 4T intenta construir un clima favorable a la inversión y a la generación de empleos, el malestar de los comerciantes es contraproducente.
Y finalmente está la opinión pública y las sensaciones de la ciudadanía. Muchos mexicanos no hacen los cálculos políticos de los párrafos anteriores. Simplemente asumen que el gobierno es incapaz de contener a un centenar de vagos y proteger a comerciantes y a mujeres y hombres de a pie. Una sensación de impotencia que poco a poco se va traduciendo en pérdida de credibilidad, incertidumbre y miedo. Los ingredientes que, combinados y macerados, derivan en un apetito por los pregoneros de mano dura; los Bolsonaros, los Trumps y los Bukeles.
En ese sentido, constituye una paradoja que un gobierno que utiliza el argumento de no ceder a la provocación, para no convertirse en autoridad represiva, termina alimentando un clima favorable a soluciones autoritarias.
Todo lo anterior no significa que esté abogando por una confrontación a palos, ni mucho menos. Pero sí por una estrategia de fondo. El deseo de no reprimir, premisa con la que estoy de acuerdo, no puede convertirse en coartada para la inacción, porque eso, insisto, agravará el problema.
Más bien se requiere voluntad política para afrontarlo profesionalmente antes, durante y después. Antes, mediante trabajo de inteligencia para detectar estos grupos, infiltrarlos, captar comunicaciones, identificar a sus líderes y sus posibles vínculos criminales. Durante, con un despliegue de mayor fuerza a lo largo de las marchas y plantones para desincentivar la violencia y un trabajo de conciencia entre los manifestantes genuinos para que se deslinden de los provocadores. Y después, para evitar la impunidad sobre los crímenes cometidos: los policías deben saber que la agresión destinada a lastimarlos culmina en detenciones. Eso implica recursos, investigación y disposición. Algo mucho más que lo que hasta ahora ha sido una mera disculpa y una apuesta para que el tema se olvide en dos o tres días.

@jorgezepedap