Hace unas semanas escribí un texto que llevaba por título “Adán, el cadáver político útil”. La defunción política de Adán Augusto López fue resultado de la divulgación de la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, acusado de dirigir el cártel La Barredora. Bermúdez había sido colocado en el gobierno por Adán Augusto cuando fue mandatario de aquel estado. En ese texto (Milenio, 26 de agosto) argumenté que para Claudia Sheinbaum resultaba más conveniente un debilitado Adán Augusto como líder del Senado, que afrontar las olas que desataría un intento de remoción en ese momento. En todo caso, Sheinbaum no tenía motivos para apresurarse: arrancar una fruta antes de su maduración termina sacudiendo el árbol, tomarla cuando está a punto de caer por su propio peso está libre de tensiones o esfuerzos.
Durante estas semanas la prioridad de la presidenta en lo tocante al Poder Legislativo ha sido la aprobación de sus iniciativas de ley y sus presupuestos. Es cierto que, a lo largo del primer año y en tanto coordinador del Senado, Adán Augusto había cumplido las instrucciones de Palacio, pero siempre llevando agua al molino de su propia agenda. Los manejos y estilos del tabasqueño claramente desafinaban con los de la presidenta y, en algunos momentos, el ex secretario de Gobernación pretendía asumirse como una especie de contrapoder al interior del propio movimiento. Desde hace un mes eso es historia. El escándalo terminó por desplomar su capital político, que de cualquier manera venía desgastándose en la medida que crecía el liderazgo y popularidad de Sheinbaum.
Pero no perdamos de vista que, al arranque del sexenio no podía descartarse la posibilidad de que hubiera existido algún imponderable o circunstancia externa (Trump), un desliz de Sheinbaum o un escándalo inesperado capaz de debilitar a la nueva presidenta. Adán Augusto ha ostentado estos meses la segunda posición de fuerza política dentro del movimiento, y no por prestigio o méritos, sino por designio de López Obrador. La fórmula diseñada por el ex presidente provocó que el Poder Ejecutivo quedara en manos de Claudia, pero el Legislativo en la de sus dos ex rivales, Adán en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Nunca entendí las razones de peso para el enorme riesgo que corrió López Obrador con este esquema: algún escenario inesperado pudo haber dejado al movimiento en manos de estos dos ex priistas, claramente ajenos a la agenda social en favor de los desprotegidos. Por fortuna, no sucedió en buena medida gracias a los méritos de Claudia y a los obvios deméritos de Adán Augusto.
En el artículo mencionado insistí en que, si bien el coordinador del Senado era ya un cadáver político, no convenía a Sheinbaum tomar la iniciativa para precipitar un cambio; era innecesario asumir el costo, por poco que fuese, de una medida que pudiera ser vista como una purga claudista. Pero a la postre la lógica termina venciendo: hay cadáveres que pueden ser útiles, hasta que llega el punto en que irremediablemente comienzan a apestar. Ese momento ha comenzado.
Y no solo por lo que puedan arrojar las declaraciones del recién aprehendido Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora. También porque para Morena tiene un costo de imagen cada semana adicional que el ex secretario de Gobernación se mantiene como líder en el Senado. Recordemos que, en paralelo al escándalo de La Barredora de Tabasco, el espacio mediático ha sido sacudido por el de los oficiales marinos de alto rango, familiares del ex titular de la secretaría, vinculados al llamado huachicol fiscal.
En ambas situaciones dos miembros del ex gabinete de López Obrador habrían colocado a operadores del crimen organizado en posiciones de poder. Adán Augusto en Tabasco y el almirante José Rafael Ojeda a sus sobrinos en Aduanas. En el mejor de los casos se trata de negligencia; en el peor, de complicidad. Cabe la posibilidad de que ambos sean inocentes de este último cargo, por supuesto. Pero mantenerlos en ubicaciones de tal fuerza (al menos a Adán) y sin ser objeto de una investigación, supone un costo político dentro y fuera del país, particularmente cuando la derecha norteamericana ha convertido la presunción de una infiltración de los cárteles en el gobierno en un argumento para intervenir de manera directa.
Quizá aún exista algún obradorista despistado que considere que remover a Adán Augusto, colocado allí por López Obrador, constituirá motivo de tensiones internas o una especie de desacato. Pero las posibilidades de que alguien en el movimiento levante la mano en favor del tabasqueño son ya mínimas. Curiosamente dos gobernadores que apoyaron su candidatura a la presidencia, Rubén Rocha en Sinaloa y en algún momento Rutilio Escandón en Chiapas (y hoy cónsul en Miami), por distintos motivos son también objeto de cuestionamientos; serían los últimos interesados en hacerse notar.
Pero habría que considerar que, incluso al margen del movimiento, comienza a ser una cuestión de Estado tener un personaje bajo sospecha a cargo del Senado, pues la inacción o aparente permisividad daña la imagen del gobierno mexicano. Su papel como jefe de la bancada, me parece, tiene los días contados. El tema es cómo y cuándo.

@jorgezepedap

 

La detención del vicealmi-rante de la Marina, Manuel Farías, confirmada este sábado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene una importancia mayúscula. Primero, por los motivos: huachicol fiscal. Segundo, por tratarse de un militar de alto rango. Tercero, por haber formado parte del círculo del ex secretario de Marina del gobierno de López Obrador.
¿Se trata de un garbanzo de a libra motivado por la investigación del decomiso de 10 millones de litros de combustible en marzo pasado, un escándalo internacional? ¿Por presiones puntuales de Estados Unidos? ¿O revela un cambio de estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, dispuesta finalmente a emprender un combate a la corrupción como había prometido el gobierno de la 4T, sin cumplirlo? El tiempo lo dirá, pero tengo la impresión de que podría ser una mezcla de las razones anteriores. La presidenta parecería dispuesta a aprovechar una coyuntura favorable para hacer un pronunciamiento dirigido a los grupos e individuos enquistados en el poder.
Empecemos por el primer punto, el huachicol. Desde hace meses era visible el deseo del nuevo gobierno de combatir el enorme boquete que abre el huachicol fiscal o directo. Imposible dimensionar con exactitud, pero se han mencionado cifras que equivalen al 25% del consumo actual. Probablemente se trata de estimaciones exageradas, pero los decomisos en aumento dan cuenta de un fenómeno muy extendido. Se entiende que toda iniciativa para sanear la economía de Pemex (y mejorar la recaudación fiscal) pasaba por tapar ese boquete.
Evidentemente la presidenta decidió hacer algo al respecto, pero había algo extraño. Muchos decomisos y muy pocas aprehensiones. Se incautaron buques, almacenes, decenas o centenas de camiones cisterna, millones de litros, pero nunca aparecieron los responsables. A lo mucho algún conductor o un vigilante. Como si el gobierno quisiera prevenir el fenómeno pero por alguna razón no deseaba o no podía tocar a los poderosos intereses involucrados. Concediendo el beneficio de la duda, se podría decir que fue el tiempo que requirieron las averiguaciones correspondientes para fincar aprehensiones en firme en tan altas esferas. O quizá fue el lapso que requirió el nuevo gobierno para emprender una limpieza que algunos estamentos verán como un pulso de poder a poder. Lo cual nos lleva al segundo punto: los militares.
Para ningún poder civil resulta fácil emprender una acción penal en contra de un oficial de alto rango. No solo ahora sino desde siempre; no solo en México sino en cualquier país. Los militares constituyen un poder en sí mismo y suelen ser muy celosos de su imagen y sus márgenes de autonomía. De entrada, pues, se trata de una acción susceptible de generar tensiones. Pero era urgente para el gobierno de Claudia Sheinbaum estar en condiciones de hacerlo. Y no se trata de satanizar a las fuerzas armadas, pero en la medida en que Ejército y Marina han asumido tareas de dirección en diversos sectores de la administración pública, era necesario establecer las atribuciones del Ejecutivo para castigar irregularidades sin distinción del gremio al que se pertenezca.
Y este militar, en particular, no era cualquiera (tercer punto). Si bien vicealmirantes hay muchos, más de medio centenar, Manuel Roberto Farías Laguna formó parte del puñado de cuadros de más alto nivel de la Secretaría de Marina del sexenio pasado. Fue comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, pero, sobre todo, según fuentes periodísticas, había sido secretario particular del titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, de quien además, era sobrino político (hijo de su cuñada). Por dónde se le mire, se trata de una detención sensible políticamente, por la gravedad de las acusaciones y la cercanía que guardaba con un miembro del gabinete anterior.
En las próximas horas habrá más información puntual sobre esta detención. Hasta ahora ha trascendido que se trata de una decena de personas que incluyen a un hermano de Manuel Farías y varios empresarios. En particular la investigación remite a la incautación del buque que llegó al puerto de Tampico en marzo pasado con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. El barco provenía de Texas y portaba documentación que acreditaba un cargamento de aditivos para aceites lubricantes. En su momento resultó evidente que un delito de esta magnitud requería de una operación financiera mayúscula, flujos bancarios, contrataciones ilegales y permisos fraudulentos. Es decir, el involucramiento de empresarios y funcionarios a distintos niveles, a ambos lados de la frontera. No está claro en qué grado habrían participado las autoridades estadunidenses en esta investigación, pero es obvio que la indagación tiene que haber sido conjunta.
En suma, importante como es la detención de un presunto grupo criminal vinculado a las altas esferas, particularmente tratándose del huachicol, respecto al cual la 4T tenía una deuda pendiente, el caso tiene una significación política a la vista. En cierta forma un pronunciamiento de la presidenta respecto al resto de los poderes fácticos e incluso al interior de las alianzas con las que el gobierno de la 4T opera. Desearía que esto signifique  que militares, dirigentes de partidos, líderes sindicales, empresarios corruptos y gobernadores han sido advertidos de que no habrá impunidad, sin importar la adscripción política o los supuestos “méritos en campaña”. Ojalá sea así.
En todo caso, el hecho habla de la fuerza con la que se siente la presidenta, a casi un año de llegar a Palacio. Eso, y su habilidad para aprovechar, como en el judo, las presiones estadunidenses en su favor, y poner orden entre el resto de los actores del entramado de poder en México.

@jorgezepedap
 

Todo gabinete de inicio es provisional o transicional, como bien se sabe. Sea porque la primera versión es todavía el resultado de una mezcla o conciliación entre el poder que se va y el que entra, sea por los ajustes lógicos luego de los encontronazos con la realidad por parte del equipo original. En ocasiones simplemente por imponderables, trátase de un escándalo o un desafío adicional que obliga a inclinarse por un perfil diferente. Lo cierto es que al final de un sexenio más de la mitad de los titulares de las oficinas han sido reemplazados.
Después de casi un año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es lógico que tirios y troyanos se pregunten cuándo y en qué sentido serán los cambios que la mandataria habrá de introducir. Muchos interpretarán esos cambios con el exclusivo y obsesivo enfoque de saber si se trata del “esperado” distanciamiento de la presidenta de su predecesor y líder histórico del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.
Pero esta es una lectura equivocada, por más que los usos y costumbres lleven a interpretarlo así. Un enfoque que equivale a no entender la singularidad de este movimiento político. Se asume erróneamente que la verdadera fortaleza de Sheinbaum solo será posible cuando “se sacuda” el peso o la influencia de López Obrador. No es así. Por el contrario; el vínculo con el fundador del movimiento consolida lo más preciado por cualquier gobernante, el apoyo de las masas. ¿Para qué ponerse a rivalizar en popularidad cuando es mucho más sencillo mostrarse como la obradorista número uno de ese movimiento y convertirse para todos los efectos prácticos en la beneficiaria primordial de ese apoyo?
Por lo mismo, lo último que le interesa a Claudia Sheinbaum es deslindarse de López Obrador. Primero, porque más allá de afectos y respetos mutuos, comparte sus banderas; para modernizarlas de cara a los nuevos desafíos no necesita traicionarlas ni renunciar a ellas. Puede instalar su segundo piso modificando, incluso, algunos tramos del trazo original. Y para hacerlo no requiere pregonar una crítica a lo que está modificando. El caso de la estrategia de seguridad es un ejemplo.
Y segundo, insisto, porque, contra lo que se cree, dar el famoso “manotazo” sobre la mesa, o cortar el cordón umbilical, no la haría más fuerte sino más débil. Al menos por dos razones. Una, ninguna cabeza del movimiento puede disputarle a la presidenta el papel como guía ideológica de Morena. En pocas palabras, nadie puede decir con un mínimo de credibilidad entre la base “lo que está haciendo Sheinbaum es incorrecto”, “López Obrador nunca lo habría aprobado” o “la 4T no es eso”. Las cabezas del poder legislativo como Adán Augusto o Ricardo Monreal carecen de autoridad moral, por decirlo rápido. Los familiares del ex presidente tampoco estarían en condiciones de hacerlo. Por su parte, los dirigentes formales del partido entienden que el líder en funciones del movimiento reside en Palacio. No hay gobernadores o cuadros fuertes dentro de Morena con interés o peso para hacer una crítica a Claudia presentándose, ante la base, como alguien más leal a López Obrador.
Dos, y más importante, todo esto es así por la responsable actitud asumida por el propio López Obrador. El deslinde sería necesario si el ex presidente estuviera recibiendo quejosos o resentidos, enviando recomendaciones, exigiendo posiciones o simplemente haciendo circular su parecer sobre los dichos y hechos de la nueva administración. Nada de eso está sucediendo, aunque a muchos les cueste trabajo creerlo.
Pero bien mirado no carece de lógica. A López Obrador lo que más le conviene o interesa es que Claudia Sheinbaum tenga el mayor éxito posible y la 4T consiga sus objetivos. En esencia son los mismos. El propio López Obrador asumió que su sucesor tendría que ser más moderno y ajustar el país a nuevas realidades. Su famoso “cambio con continuidad”. Y es justamente lo que está sucediendo. Seguramente algunos matices podrían no ser de su completo agrado; no lo sé, aunque es lógico suponerlo. Pero es evidente que ninguno de estos matices merecería poner en movimiento una reacción que, inevitablemente, terminaría por dividir a Morena. Mientras el proyecto camine en esa dirección y su sucesora sea respetuosa con su legado, su figura y su familia, el ex presidente asumirá su responsabilidad histórica. Sheinbaum la suya. Y en esa lógica ni deslindes ni rupturas vendrán de parte de ellos.
Los cambios llegarán como resultado natural del ejercicio de gobernar. Sucedió en Hacienda hace meses y en la Unidad de Inteligencia Financiera hace unas semanas. Dependiendo de las circunstancias y la valoración de desempeños, poco a poco habrá remociones y enroques. La presidenta es una jefa exigente, sabe lo que quiere de cada colaborador y actúa en consecuencia. Lo demostró en su gabinete como jefa de la Ciudad. Lo que podemos estar seguros es que los cambios no vendrán en función de cuán cercano o lejano sea un funcionario a López Obrador. En el nombramiento inicial pudo haber existido un gabinete de transición en el que las señales de identidad y estabilidad eran convenientes. Pero los cambios que vendrán obedecerán esencialmente a las necesidades y desafíos que afronta el Ejecutivo. Habrá que tenerlo en cuenta para cuando se desate la interminable especulación sobre el supuesto “deslinde”, frente a los cambios que más temprano que tarde habrán de venir.

@jorgezepedap
 

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por hacer a un lado todo aquello que ensombrece, obstaculiza o contradice sus ideales. Durante años su antídoto fue infalible: tras una derrota o infamia reaccionaba con una nueva gira al México profundo para reconciliarse con la certeza de que, sin importar desengaños o contratiempos, lo más importante era hacer algo para remediar la pobreza y la injusticia. Era la premisa que subordinaba cualquier malestar, el motor para continuar la lucha sin importar desencantos y frustraciones.
Me pregunto cómo estará de ánimo ahora que se ha “exiliado” en su rancho de Palenque, poco menos que a lodo y canto por disciplina y convicción política, y carece de esa posibilidad de recargar baterías recorriendo plazas y mercados, como lo hizo durante 35 años. Particularmente ahora que han surgido escándalos entre su círculo personal.
Cómo afrontar que su propia familia esté protagonizando situaciones que traicionan los valores que sostiene el movimiento que él fundó. No es que exista un delito, ni mucho menos, en los actos de sus hijos o de su esposa. Se trata simplemente de que no han estado a la altura de la responsabilidad política e histórica que les tocó vivir. Una situación que debe ser dolorosa para alguien que tanto insistió en predicar con el ejemplo.
Es decepcionante, sí, que Beatriz Gutiérrez Muller haya emprendido el mismo camino seguido por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y solicitado residencia para vivir en Madrid y obtener la ciudadanía. Particularmente porque ella fue la más dura del círculo presidencial en contra de España, cuando se exigieron disculpas de parte de la Corona y se pusieron en pausa las relaciones con este país. Los símbolos son importantes, desde luego, pero también es cierto que hubo un costo, tratándose de un socio comercial importante y un potencial aliado toda vez que había obvias identidades con un gobierno socialista, aun con todos sus matices europeos. No entraré en la discusión sobre la conveniencia o no de esta exigencia del perdón, porque merecería un texto aparte, pero un mínimo de congruencia obligaría a abstenerse, apenas a seis meses de haber dejado Palacio Nacional, de esa urgencia de convertirse en vasalla de la corona pidiendo la ciudadanía española. López Obrador ha sido respetuoso de la decisión, pero no debe ser cómodo asumir que esposa e hijo hayan preferido dejar atrás a su querido México y convertirse en súbditos del otrora colonizador al que tanto se criticó.
Algo similar pasa con Andrés López Beltrán, Andy, el único de sus hijos que ha preferido dedicarse a la política. Y si bien se le atribuyen cualidades para el trabajo de organización y una larga experiencia, no parece haber heredado la sustancia política que hizo tan singular a su padre. No hay un universo paralelo en el cual pueda imaginarse a López Obrador saliendo de una tienda Prada, ni siquiera por curiosidad antropológica. Y no se trata de un simple descuido, sino de algo mucho más revelador, sea o no cierto que una persona le acompañaba cargando las compras realizadas. El mero deseo de entrar en ella muestra que no entendió nada. Lo exhibe en su carta de justificación: no es cierto que la habitación costara 12 mil o 15 mil pesos como se decía en las notas periodísticas, el precio solo era de 7 mil 500 pesos por noche, afirma el joven. No parece darse cuenta de que es casi el salario mínimo mensual que perciben millones de trabajadores, particularmente en el sector informal, un sector social que representa Morena. Su defensa, la necesidad de un merecido descanso luego de un trabajo extenuante, es una confesión involuntaria de la ausencia de convicciones obradoristas. Como si dijese “estoy de vacaciones, no tengo que representar los ideales del movimiento, puedo ser yo mismo”.
Andy es responsable de la organización de Morena, el puesto número dos del movimiento obradorista, no tanto por méritos propios (que los tiene, pero no a tal grado comparado con otros cuadros), como por el hecho de llevar ese apellido. Las circunstancias han dejado en claro que no es en la familia del fundador donde el movimiento encontrará el repositorio de sus valores éticos o ideológicos. En algún momento el joven encontrará la posición que acomode a sus atributos y a su verdadera vocación, pero es evidente que se hará un favor a sí mismo y a su partido si deja a otros la cabina de mando de este enorme proyecto.
Por más que nadie está exento de la subjetividad que entraña el amor de padre, López Obrador habrá constatado que no es en la familia en donde reside la continuación de su legado. Los hijos de sangre no se eligen, pero los herederos políticos sí. Y en ese sentido el verdadero consuelo a estos escándalos consiste en comprobar el acierto de entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Mientras que el resto de los cuadros y líderes se ha desdibujado, la sucesora política de López Obrador confirma día a día el tino, la congruencia y la capacidad para construir el segundo piso de la 4T. A juzgar por las encuestas, la presidenta ha resultado mejor aún de lo que la mayoría se había imaginado. Esa tendría que ser la mayor satisfacción del fundador.
Hace unos días escribí un texto en el que señalaba que, pese a los hechos y dichos controversiales, los errores o incongruencias durante su sexenio, López Obrador cumplió con su promesa fundamental y razón de ser del movimiento: primero los pobres. Los datos han confirmado la disminución de la desigualdad y la miseria. Un milagro en un país como el nuestro. Esa tendrá que ser la fuente de orgullo personal, la satisfacción por el trabajo realizado, la justificación de una vida de lucha social. Eso, y la tranquilidad de saber que dejó el poder en las mejores manos posibles, aunque esas no lleven su apellido, pero sí lo que verdaderamente importa, sus convicciones.

@jorgezepeda
 

Han comenzado a circular fotos de los primeros niños fallecidos por desnutrición extrema en Gaza. Imágenes de cuerpos esqueléticos coronados por cabezas desproporcionadas y pómulos acerados, que hacen pensar en los campos de exterminio nazis o las peores hambrunas africanas. Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas, que puede escalar a peor. Dos millones de personas que habitan en la franja padecen desde hace meses un bloqueo severo que impide la entrada de alimentos; la economía local necesaria para producirlos ha sido destruida.
Lo más duro de aceptar es que la hambruna desatada no es un mero efecto secundario de la guerra, sino una estrategia deliberada para producir la muerte o la huida de los pobladores que han habitado durante años la franja de Gaza. Pese a los esfuerzos de la ONU y otras organizaciones humanitarias, el Estado de Israel ha hecho todo lo posible para evitar la distribución de alimentos. Más de mil personas han sido asesinadas en las últimas semanas en torno a los sitios de reparto, en un intento de impedir que lleguen a las manos de los necesitados. En estricto sentido la crisis no proviene por la falta de despensas, porque atrás de la frontera la ayuda humanitaria ha acumulado lo necesario para suministrar tres meses de consumo a la población. Se trata, más bien, de una política de Estado, que se niega a aceptar la entrada de alimentos y en las pocas ocasiones que lo permite orillado por la presión internacional, sus francotiradores cobran víctimas.
Lo que resulta imperdonable es que esté sucediendo a la vista de todos y salvo algunas excepciones, el mundo ha decidido voltear la vista a otro lado. Se aducen justificaciones políticas (la raíz del problema es muy compleja), imposibilidades prácticas (sucede en otro continente) o temor a ser acusados de antisemitismo.
Sin embargo, habría que separar lo político de lo humanitario. La condena a Hamas por el ataque terrorista hace casi dos años con saldo de mil 200 muertos debe ser categórica; como también debe serlo la muerte de 60 mil pobladores de Gaza como resultado de las represalias. La inmensa mayoría de los muertos, en ambos lados, son civiles atrapados por decisiones de políticos y militares, también de ambos lados. No se trata de darle la razón a uno u otro o de intentar resolver la incapacidad histórica para entenderse entre árabes y judíos. Es más bien hacer ver que hay crímenes de lesa humanidad que el mundo no puede permitir en contra de una población indefensa y a tal escala. Matar de hambre a cientos de miles de niños y mujeres, simplemente porque un ejército tiene la fuerza para hacerlo no puede dejarnos indiferentes.
Habría que separar también antisemitismo y antisionismo. Lo primero es el odio y los prejuicios en contra de los judíos; un sentimiento que, en efecto, es deleznable. Pero el sionismo remite al movimiento político que lleva a la formación del Estado de Israel como un hogar del pueblo judío. Cuestionar las políticas del gobierno de Netanyahu no es antisemita, y ni siquiera antisionista, no significa estar en contra de los judíos ni su derecho a una patria. Significa, simplemente, oponerse a políticas criminales en contra de la población inerme. De hecho, muchos ciudadanos judíos, habitantes de Israel, están en desacuerdo con la beligerancia de la ultraderecha que ha tomado el poder en su país. Y desde luego eso no los convierte en antisemitas.
Durante la guerra de los Balcanes, en los años 1990, en que los odios ancestrales entre naciones internas, etnias y religiones condujeron al enfrentamiento, el mundo tuvo que intervenir cuando Serbia logró imponerse a sus adversarios y algunos de sus generales decidieron emprender una “limpieza étnica” en sus territorios. Las potencias detuvieron las masacres, no porque hayan adoptado el punto de vista de una de las partes, sino por el principio de que cualquiera de estas no tenía el derecho a que su superioridad militar se tradujera en el exterminio de la otra. Una situación que describe lo que está sucediendo en Gaza.
Habría que condenar por igual las acciones terroristas de Hamas y del Estado de Israel y su impacto criminal sobre la población civil. Pero más importante, habría que hacer algo para detener una política de Estado destinada a matar de hambre. Son laboratorios de crueldad, dice una funcionaria de Médicos Sin Fronteras: testan los límites de la humanidad para aceptar la ignominia sin intervenir, hacernos creer que como ciudadanos no podemos hacer nada.
Dos millones de habitantes padecen ya los efectos del hambre; pero medio millón se encuentra en situación catastrófica y se teme que los fallecimientos por mera desnutrición se multipliquen de manera exponencial, a menos que algo cambie.
¿Qué podemos hacer? Los gobiernos mucho, para presionar a Israel a detener la locura de Netanyahu. ¿Y cada uno de nosotros? Divulgar en nuestras redes el impacto de la destrucción, de la desnutrición; es necesario que la multiplicación de los mensajes alcance a los remisos dentro y fuera de Israel, dentro y fuera de las esferas de poder. Argumentar que oponerse a esa crueldad no es oponerse al derecho de los judíos a tener un hogar. Donar lo que cada cual pueda a través de alguno de los sitios fuera de toda sospecha. La ONU ha establecido el sitio UNRWA para donaciones (united nations relief and works for palestine refugees). Se estima que por cada 10 euros (250 pesos) la organización internacional puede alimentar a una familia de siete miembros durante una semana.
El mundo necesita darse una lección a sí mismo de que no todo está perdido frente al egoísmo y la deshumanización en los tiempos que corren. E incluso si esta esperanza es derrotada, es importante que cada uno de nosotros asuma que no fue por nuestra pasividad o nuestra indiferencia. El sitio para donar de la ONU:

 

Hay una especie de regocijo apenas contenido entre la oposición y en la prensa crítica por la amenaza de Trump de imponer tarifas de 30 por ciento a México a partir del 1 de agosto. Lo hace bajo el pretexto de que el gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga. Un argumento reforzado con la “oportuna” acusación del abogado de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, quien se entregó a las autoridades estadunidenses en busca de un trato favorable, a cambio de información que resulte interesante al Departamento de Justicia y a la DEA. Si fuera boxeo sería un “uno-dos”, golpe arriba y golpe abajo, para poner al gobierno mexicano de rodillas.
Pero hay un enorme riesgo en festinar lo que en realidad es un ataque frontal a la economía mexicana y confundirlo con una posibilidad de debilitamiento de Morena y, en general, de la 4T. Para clarificarlo tendríamos que abordar, primero, los motivos de esta amenaza de Trump y, luego, las consecuencias.
Lo que no se dice, o no se pone en contexto, porque eso debilita el ataque a Sheinbaum, es que un día antes Trump amenazó a Canadá con tarifas mayores que a México (35 por ciento), aún cuando se trata de un país que no pinta significativamente en el tráfico de drogas a Estados Unidos.  Tampoco se destaca que el mismo día que se nos anuncia la advertencia, la Casa Blanca también impone la misma tarifa de 30 por ciento a Europa y se afirma que en los próximos días se enviarán cartas similares a otros países. Lo cual significa que el tema del fentanilo mencionado como razón para agredir a México es un mero pretexto. Lo que está sucediendo es que Trump está en proceso de asestar una oleada de amenazas a todos los países con los que existe un déficit comercial, para obligarlos a hacer concesiones y conseguir así ventajas comerciales significativas. México iba a ser incluido en este embate no importa qué hubiera hecho el gobierno respecto a los cárteles o, mejor dicho, a pesar de lo mucho que ha mejorado en esta materia desde el sexenio anterior. Así que “celebrar” que se está castigando a México por eso, es simplemente ignorancia, mezquindad o mala fe.
Y, por otra parte, están las consecuencias, que en realidad son económicas más que políticas, salvo para la oposición que está más pendiente de buscar alguna posible ventaja o alguna debilidad, aún a costa de la situación del país. Veamos por un momento las implicaciones de concretarse la amenaza de Trump. Altas tarifas reducirían las exportaciones, que no son del gobierno sino de muchos empresarios que dan empleo a millones de mexicanos. Algunas o muchas trasnacionales instaladas en nuestro país con el objeto de abastecer al mercado norteamericano, terminarían por “desinstalarse” con el desastre consecuente en las comunidades en las que hoy se encuentran (Norte y Centro norte, principalmente).
Así pues, hay una parte de la comentocracia que, aunque no lo dice explícitamente, asume que si le va mal al país, Morena terminará perdiendo el apoyo de los electores y cederá el poder. Pero no es así. Podría incluso ser lo contrario. Hasta ahora Sheinbaum ha sido muy cauta frente a las amenazas y baladronadas de Trump; una estrategia evidente para mantener un diálogo amistoso y no confrontador, a pesar de las provocaciones. Pero, en el hipotético caso de que los peores escenarios se cumplieran y las agresiones comerciales de Washington se convirtieran en un flagelo para el bienestar de muchos mexicanos, el gobierno tendría un enorme espacio para una narrativa nacionalista frente al abuso del poderoso vecino. En ese contexto, la popularidad de Claudia Sheinbaum incluso podría aumentar. Algo así ha sucedido en Canadá, por ejemplo. Pero evidentemente es un escenario que no necesita y que desde luego no está deseando.
La pregunta de fondo es qué hacer frente a esta amenaza de Trump. Europa y Canadá muy probablemente sugerirán plantear represalias y aplicar, a su vez, gravámenes a los productos estadunidenses. En respuesta, Trump amenazará con doblar las tarifas anunciadas. Eso asustará a los mercados bursátiles y a los dueños del dinero, lo cual llevará a la Casa Blanca a matizar sus amenazas, restringir las tarifas a solo unos productos y a extender fechas. Es un proceso que ya vivimos en dos ocasiones en apenas siete meses.
Por lo mismo, conviene la prudencia. Habría que recordar que México es el país más vulnerable frente a Estados Unidos. No solo por el altísimo nivel de integración, también porque padecemos dependencias que otros no tienen, o al menos no en la misma proporción. El turismo, las remesas, las políticas migratorias, 3 mil kilómetros de frontera. Y quizá lo más grave: en muchos sentidos Washington considera a México como un asunto de seguridad nacional por tratarse del vecino de su “puerta trasera”. Los riesgos de una confrontación abierta están a la vista.
Por lo pronto, el pleito de Trump es contra tantos frente al mismo tiempo, que resulta conveniente que otros, que no tienen tanto que perder, le eleven la factura y desinflen el bluf con el que ha sacudido de nuevo a los mercados. Habrá que esperar lo que suceda en las próximas dos semanas, antes de que, en teoría, entren en vigor las tarifas anunciadas. Mientras tanto los periodicazos seguirán apostando a la estridencia y al escándalo, a pesar de que eso signifique seguir el juego de los halcones de Washington, que desearían poner contra la pared al gobierno mexicano y conseguir prebendas y concesiones para intervenir en nuestro territorio. La mejor defensa es, en efecto, cabeza fría, analizar todos los frentes simultáneamente y, sobre todo, no caer en provocaciones, ni de adentro ni de afuera.

@jorgezepedap

 

La primera impresión fue que Claudia Sheinbaum dejó escapar una oportunidad única. Trump le sugirió por teléfono, tras suspenderse en Canadá lo que habría sido la primera cita personal entre ellos, que en su paso de regreso a México se detuviera en Washington. Ella prefirió declinar alegando que la agenda estaba complicada pero que podrían programar la reunión lo más pronto posible. Palabras más, palabras menos, así lo informó ella misma en la siguiente mañanera sostenida ya en México.
Solo podemos especular las razones a las que obedece esta respuesta, considerando que la mayor parte de los mandatarios del mundo habrían agradecido una invitación como esa. Ningún tema de agenda es más importante para México hoy en día como la relación con la Casa Blanca, habida cuenta de los muchos peligros por los que corre el país bajo el impacto de lo que Trump haga o deje de hacer. La oportunidad de conversar en corto, establecer una relación personal cordial, explicar de viva voz algunos de nuestros argumentos, parecerían una oportunidad única. En cierta forma es lo que se buscaba con su encuentro en Canadá.
Sin embargo, había una diferencia sustancial y seguramente eso pesó en la decisión. Una reunión extraoficial en las pausas de una cumbre de G7 es totalmente distinta a una visita a Estados Unidos. Allá se trataba de un espacio neutro, no se llegaría con documentos preparados por los equipos de ambos países ni habría acuerdos o firmas previsibles. Pasar a tomarse un café en la Casa Blanca quizá equivaldría a quemar un cartucho, sin posibilidad de cerrar algún trato o sacar adelante una propuesta. Habría sido una visita improvisada, que muy probablemente retrasaría la disposición de la oficina del presidente a programar un viaje oficial de Sheinbaum a Washington. Por otra parte, se entendía que sería recibida en medio de la crisis de Medio Oriente desatada por el conflicto Israel-Irán, que había precipitado el regreso de Trump a Estados Unidos.
Pero quizá el verdadero motivo es una razón estratégica. Por un lado, la impresión de que resulta muy difícil predecir la reacción de Donald Trump frente a un planteamiento de fondo. La experiencia de estos meses deja en claro que ha sido más provechoso hacer el lento y acucioso trabajo de convencer a funcionarios medios y altos de los argumentos de México, con datos sobre los muchos beneficios que obtiene Estados Unidos y el daño que podrían ocasionar algunas medidas precipitadas. Se está haciendo un trabajo de zapa en materia migratoria, comercial y de seguridad que comienza a permear en algunos estratos de la administración del gobierno republicano y del mundo de los negocios estadunidenses. Mejor apostar a que esos argumentos poco a poco corran hacia arriba que jugársela a un “ave maría”, el todo por el todo con Trump, como bien pueden certificarlo Zelensky y Trudeau, de Ucrania y Canadá respectivamente, que hicieron esa apuesta y resultaron raspados.
Consecuentemente, sería mucho más prudente procurar una reunión oficial cuando el trabajo previo entre los equipos haya madurado y el balance de lo pre acordado con los círculos cercanos a Trump ayude a acotar sus posibles reacciones.
La única ventaja real de hacerlo ahora, incluso de manera informal, era la posibilidad de que la buena impresión que tiene Trump de Sheinbaum, resultado de sus amigables conversaciones telefóni-cas, podría haberse profundizado en un encuentro personal. Pero, por desgracia, cabe también el escenario opuesto, un desencuentro que even-tualmente derive en animosi-dad. Con Trump nunca se sabe. Así que, por lo pronto, en nada daña que el presidente siga asumiendo que la mandataria mexicana es una mujer que le cae bien.
Y, finalmente, más allá de las visitas, comienza a advertirse un patrón de comportamiento en Donald Trump que ya había aflorado durante su primer gobierno (2017-2021). Amenaza y acusa de manera muy agresiva, en ocasiones en versión grosera y absurda, e incluso firma dictámenes a diestra y siniestra, pero antes de que aterricen o tengan un efecto real los suaviza o de plano los elimina. Sheinbaum ya había señalado que no tenía sentido prestarse a discusiones con respecto a las declaraciones del presidente y mejor atenerse a los documentos firmados. No tiene caso entrar a dimes y diretes o desgastarse en la retórica y mucho menos meterse a torneos verbales que tanto disfruta Trump. Pero ahora habría que añadir que ni siquiera vale la pena hacerlo de forma inmediata con los dictámenes que firma; muchos de ellos son neutralizados o diferidos por las propias leyes estadunidenses o modificados por el presidente bajo la presión de aliados y de la opinión pública.
Donald Trump tiene demasiados frentes abiertos y la extraña habilidad para generar otros cada semana. La mejor estrategia, parecería ser aquella que limite al máximo la exposición y minimice la probabilidad de que México forme parte del escándalo de la semana.
El mejor aliado de nuestro país es el tiempo. A Trump le quedan 40 meses en la Casa Blanca, tres años y medio. Cada mes que transcurre sin mayor agravio, es un mes salvado. Tras su retiro, Sheinbaum tendrá año y medio para reparar y ajustar los perjuicios, llegado el caso.
Al no comprometerse con actitudes reactivas ante los ataques o posturas provocadoras de Trump, ella puede redirigir la atención de la Casa Blanca hacia agendas más constructivas como la cooperación en materia de migración, desarrollo económico y sostenibilidad.
Llegará el momento en que un encuentro oficial sea inevitable. A menos que exista una crisis inmediata a resolver, lo más conveniente es retrasarla lo más posible y tras un intenso cabildeo en los círculos que rodean a Trump. O para ponerlo en términos coloquiales, la estrategia idónea parecería ser, simplemente, patear el bote hacia adelante.
@jorgezepedap
 

 

Muchas cosas se facilitarán para Morena con el triunfo de jueces y ministros cercanos a su visión de país. En cierta manera es la consecuencia lógica de la batalla económica y política en favor de un cambio de modelo. El sistema judicial se había convertido en la trinchera para frenar y atenuar las iniciativas emanadas del Ejecutivo, la llamada lawfare. Desde allí se hicieron los amparos y se emitieron las sentencias que ponían en suspensión o contravenían los designios de Palacio o de las cámaras, en manos de la 4T. Ahora han barrido con este obstáculo.
Y digo que es una consecuencia lógica porque el grueso de los ciudadanos de este país votó por un cambio en favor de los dejados atrás; lo hizo en 2018 y lo reiteró en 2024. Esta voluntad de las mayorías solo afectó al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y desde estas instancias, con aciertos y desaciertos, se ha buscado dar cauce a esa exigencia. Pero el voto no había modificado al Poder Judicial, todavía en manos de personeros del sistema anterior; y fue desde allí donde se ejerció la resistencia.
Aunque el vuelco que ha traído la reforma judicial ha dado motivo a la rasgadura de vestiduras por parte de la oposición, habría que entender que se trata de un desenlace que tiene que ver más con la física y la correlación de fuerzas, que con la violación de valores universales e intocables, como hoy se quejan. Para decirlo rápido, el sistema de justicia en México es lamentable por donde se le mire. No solo por la impunidad vigente y la falta de profesionalismo, sino por el sesgo económico que invariablemente garantiza el triunfo del rico o del influyente. Hay mucho de hipocresía en esta defensa a ultranza de un sistema que tiene a tantos inocentes en prisión y a tantos facinerosos en libertad; una justicia que constituye sinónimo de injusticia para todo el que carece de recursos o de contactos para no ser victimizado por los poderosos.
Con el cambio por el que ahora hemos pasado solo una cosa es segura; el Poder Judicial no será obstáculo al proceso de cambio de los gobiernos de la 4T. Todo lo demás es una incógnita. No sabemos si será más o menos profesional que el anterior (la vara era demasiado baja), si en verdad será más sensible a las necesidades de los desamparados y menos vulnerable a la acción corruptora del dinero. Lo más probable es que haya claroscuros en ese sentido.
Pero el gran desafío es que el sesgo económico que hacía de la justicia un instrumento de los ricos, no sea sustituido por el sesgo político en favor de un influyentismo vinculado a Morena. La tentación será grande.
Por ahora solo quisiera detenerme en una preocupación de fondo. Las cosas se le facilitarán a la 4T en muchos sentidos, pero en otros podrían complicarse. Ejercer el poder en soledad entraña problemas.
México necesita una oposición que realmente compita con Morena en el mercado político. La falta de alternativas es dañina para el mejor desempeño de todo proceso, escribí en otro texto hace unos días. Gobernar sin oposición real ni contrapesos políticos tiene ventajas operativas pero también peligros a la vista.
Por otro lado, el Poder Judicial no es solo una palanca más del tablero de mando del país. Se trata de una zona frontera entre lo público y lo privado. Hay corrientes de la izquierda que abordan cada predio de poder  adquirido como si fuera un coto para ser ejercido a discreción, bajo la supuesta consideración de que se trata de la voluntad del pueblo. Una voluntad que con harta frecuencia es entendida como aquello que favorece a los intereses personales o de facción política.
Esto representa un problema. Morena ejerce ahora poco menos que el monopolio del poder político, pero no el económico y eso no va a cambiar. El sector privado genera el 75% del PIB del país y de él depende la inversión necesaria para crecer y generar empleos. El gobierno puede favorecer un contexto que permita una operación del mercado menos injusta. Pero concebir el poder político como una llave que permite “tomar todo” es esquizofrénico porque el mercado se rige por otra lógica. Ignorar esta realidad conduce a un divorcio absoluto entre la esfera política y la económica y ya hay varios países latinoamericanos que muestran la pesadilla extrema a la que puede conducir.
Los tribunales son instancias de conciliación para los intereses contradictorios entre personas e instituciones de una sociedad, incluyendo las desavenencias entre los ciudadanos, las empresas y la autoridad. Tienen funciones vitales para la vida cotidiana. El Poder Legislativo ya ha dejado de ser un espacio para proyectar las diferencias políticas, ideológicas o económicas; los coordinadores parlamentarios de Morena lo manejan como una extensión de los intereses del obradorismo. Salvo para efectos discursivos, la vida parlamentaria no es un canal para expresar las posiciones económicas.
El Poder Judicial es otra cosa. Los sectores conservadores lo utilizaron como bastión para combatir políticamente al proyecto de cambio impulsado por la 4T. Pero lo mismo podría decirse en caso contrario. Una cosa es haber neutralizado esa guerra jurídica disfrazada y otra es ponerla a funcionar en sentido inverso. Si el capital económico asume que toda diferencia o litigio con respecto a otros actores sociales (comunidades, asociaciones, instituciones públicas, funcionarios, sindicatos, etc.) está perdida de antemano en tribunales, preferirá inhibir todo proyecto que entrañe un riesgo. El verdadero peligro no reside en que los dueños del dinero intenten tumbar al gobierno, sino que simplemente lo envíen a otro lado o que se sienten a esperar otro sexenio.
Claudia Sheinbaum ha intentado a lo largo de siete meses la construcción de un diálogo con la IP que permita al país crecer. Una parte sustancial de ese trabajo residirá ahora en asegurar que el sistema judicial no sea percibido como un instrumento político hostil y amenazante para la actividad económica. De allí el riesgo de una instrumentación de la justicia ideológicamente mal entendida. Algunos ministros y jueces entenderán correctamente que los nuevos tiempos exigen impartir una justicia sensible a los mexicanos hasta ahora maltratados, pero con legitimidad para la sociedad en su conjunto. Incluidos los sectores considerados hoy privilegiados. ¿Qué hará un juez frente a una invasión ilegal de terrenos de una empresa por parte de comuneros con el pretexto de estar sin uso? Hay el riesgo de que algunos jueces asuman como un mandato favorecer los intereses de Morena y sus bases sociales, independientemente de las leyes vigentes. En fin, buenas noticias para Claudia Sheinbaum que, esperemos, no se le conviertan en un dolor de cabeza.

@jorgezepedap

 

Hoy viene al caso el recuerdo de una entrevista que vi en televisión hace algunos años, cuando maestros de la CNTE marchaban para protestar por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El reportero de la televisora, obsequioso con el gobierno, trató de ridiculizar lo que intentaban defender los profesores con un interrogatorio que parecía demoledor: ¿no le resulta deshonesto que ustedes se hereden las plazas en las escuelas entre familiares sean o no buenos maestros? ¿Usted cree que eso es lo mejor para la formación de las nuevas generaciones? ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Pues sí joven, respondió palabras más palabras menos una de las marchistas, es cierto que eso es lo que estamos defendiendo, porque el gobierno quiere quitarlo. Pero mire, nosotros venimos de Oaxaca y nos preguntamos ¿por qué los gobernadores si pueden dejar la plaza a su hijo y nosotros no?
No es fácil mantener la simpatía, o al menos la comprensión, de los motivos de los enjundiosos marchistas de la CNTE tras varios días de desquiciamiento de la movilidad en la Ciudad de México. Pero es cierto que muchas de sus reivindicaciones son de peso, considerando el largo rezago en remuneraciones, incluso comparadas con otros sectores de la burocracia. Según cifras del gobierno federal, los profesores de primaria de la SEP, en el tercer trimestre de 2024 percibían en promedio 7 mil 900 pesos mensuales por una jornada laboral equivalente a 22 horas semanales. El ingreso promedio de un asalariado inscrito en el IMSS supera los 17 mil pesos mensuales, más del doble. En algunas entidades existen complementos de sueldo que pueden mejorar en 3 o 4 mil pesos adicionales el ingreso de los profesores. Como se sabe, los maestros afiliados a la CNTE corresponden a las regiones más modestas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca sobre todo (no confundir con el resto del SNTE, por el momento al margen de este conflicto).
Y si sus ingresos actuales dejan mucho que desear, sus futuras jubilaciones pintan aun peor, sometidos como están a la reforma del ISSSTE de 2007, introducida durante el gobierno de Felipe Calderón, mediante la cual se pasó de un sistema solidario (en el que los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados) a uno de cuentas individuales en las Afores en el que las pensiones se pagan a partir de lo que haya ahorrado el trabajador durante su vida laboral. Un sistema similar al que se había introducido para el IMSSS con Ernesto Zedillo 10 años antes. La derogación de este modelo es la principal razón de la protesta de los maestros hoy en día.
La queja, pues, es comprensible. El problema es que resolverlo es imposible. El Estado mexicano no tiene la capacidad económica para soportar el impacto que significaría la derogación de las reformas de Zedillo y la de Calderón. Al menos no de manera categórica. Es decir, no hay posibilidad de asegurar por el resto de la vida de cada mexicano que se jubile, un ingreso mensual similar al del último mes laborado (más futuros ajustes por la inflación). Claudia Sheinbaum entiende que otorgar esta concesión a los maestros, provocaría la inmediata exigencia de otros sectores de la burocracia y, a la postre, de todos los sindicalizados, sean o no del sector público. La carga de pensiones dinamitaría las finanzas públicas por el crecimiento exponencial que supone el envejecimiento de la población. Particularmente, además, porque otra de las exigencias es recorrer a una edad más temprana el momento de la jubilación.
A la larga es un reto económico insalvable, en lo inmediato es un reto político enorme. Una amenaza para el gobierno de Sheinbaum porque se le presenta por su flanco izquierdo. La popularidad de la 4T reside en gran medida en mantener la premisa de constituir un gobierno en favor de las causas de los sectores dejados atrás.
En este pulso entre la dirigencia de la CNTE y el gobierno federal llama la atención la belicosidad de los maestros, considerando los oídos favorables que podrían encontrar en Palacio Nacional. Se entendía que sus primeras movilizaciones buscaban abrir boca con un sentido de urgencia y de determinación. Pero, en efecto, extraña la “rudeza innecesaria” para paralizar la Ciudad de México aun cuando ya estaba fijada la fecha para la primera reunión entre la presidenta y los maestros. Una exhibición de músculo injusta y gratuita, con cargo a la molestia de millones de ciudadanos.
Al suspender la cita del viernes pasado, como respuesta a esa rudeza innecesaria, la presidenta incrementa la apuesta. Si le sale bien eso llevará a una mesa de negociación más realista, en el sentido de que los maestros entiendan que la autoridad no está dispuesta a ser un rehén pasivo frente a la presión unilateral.
Por el contrario, si sale mal, el magisterio podría subir la apuesta incrementando la presión al intentar hacer la vida de la capital imposible para los ciudadanos. Es una vía riesgosa para ambas partes. Para los maestros porque terminarán cada vez más aislados y eventualmente repudiados por el daño causado a diestra y siniestra; y, por lo demás, corren el riesgo de que la violencia de sus intervenciones y afectaciones deriven en prácticas ilegales según la legislación vigente. Para la autoridad también es un enfrentamiento destructivo, porque la molestia ciudadana por los daños no solo responsabilizará a los maestros sino también a la autoridad que los permite. Y, por lo demás, siempre cabe el riesgo de que los maestros tengan éxito en su propósito de atraer a otras ramas del sector laboral resentidas con el actual sistema de pensiones.
El tema de fondo es la reforma de la ley de jubilación del ISSSTE. Si los maestros están utilizando esta exigencia como un recurso para negociar de manera favorable otras prestaciones, el asunto es “tramitable”. Pero si su propósito indeclinable es la reinstalación del antiguo sistema de pensiones, el problema es mucho más serio.
Un gobierno responsable no puede aceptar un compromiso que resulta insostenible económicamente, solo para quitarse de encima un problema inmediato. Si lo va a hacer necesitará replantear a fondo las finanzas públicas, con reforma fiscal incluida. Por otro lado, rechazarlos de manera rotunda tampoco es opción, porque un gobierno democrático no puede responder con mano dura a trabajadores con exigencias legítimas, aun cuando no sea posible concederlas o se expresen de manera inadmisible. Es el momento de la política.

@jorgezepedap

 

Se agradece la rápida disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver de manera sencilla un problema que podría haberse hecho engrudo con respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones; “si crea confusión y se piensa que es para censurar, que se elimine el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, afirmó este viernes en su “mañanera”. Poco más tarde se informó que la ley sería sometida a nuevas discusiones y revisiones entre las partes interesadas.
Como se recordará, la nueva reforma aprobada tentativamente en comisiones, fue criticada porque en opinión de muchos daba al gobierno capacidades irrestrictas para bloquear a voluntad contenidos de las plataformas digitales, entre otras cosas. El próximo lunes entraba al pleno de la cámara para su aprobación definitiva; la intervención de la mandataria supone una revisión completa, antes de eso.
La rectificación da cuenta del sentido práctico de Sheinbaum, desprovisto de la prepotencia que suelen tener los gobernantes (en realidad inseguridad) para “no dar su brazo a torcer”. Pero más allá del acierto para asumir un desencuentro que esperemos sea pasajero, el tema remite a dos problemas, uno de procedimiento y otro de fondo.
Son varias ya las ocasiones en que las cámaras han procesado leyes de manera apresurada, incluso desaseada. Por la prisa para darle gusto a Palacio Nacional, con frecuencia los legisladores de Morena terminan dándole un disgusto. Sucedió durante el sexenio de López Obrador y está sucediendo en el actual. Las amplias mayorías de las que goza el partido en el poder le permiten la aprobación de leyes sin pasar necesariamente por una negociación con las otras fracciones parlamentarias u otros actores de la sociedad. Si bien eso hace muy expedito el proceso, limita las posibilidades de aquilatar incongruencias, inexactitudes y, como suele suceder, impactos inesperados en determinados sectores de la comunidad. Está sucediendo justamente ahora con la ley del Infonavit, que ha desatado un alud de amparos, porque por una falla de la redacción, los patrones deben pagar la cuota correspondiente al trabajador cuando este se encuentra en licencia o incapacidad, lo cual resulta absurdo.
En teoría, un periodo de discusión real en comisiones y en tribunas podría vacunar contra tales omisiones. Se trata de una factura política que los legisladores podrían evitarle al gobierno si hicieran mejor su trabajo.
Pero mucho más grave es el problema de fondo. El gobierno de la 4T está aprovechando sus mayorías para aprobar leyes que, en lo general, otorgan más peso al Poder Ejecutivo. Que eso sea conveniente o no, depende del cristal político con que se mire. Unos, lo consideran una riesgosa deriva autoritaria, porque elimina contrapesos al poder del soberano; otros, asumen que es necesario para dar oportunidad a la presidencia de hacer un cambio en favor de los pobres, contra las muchas resistencias del sistema y los poderes fácticos. Usted escoja.
Pero más allá de esta polémica, me parece que hay una dimensión que Morena no está considerando en esta fiebre legislativa transformadora: que no gobernará para siempre. Por más que la oposición esté desdibujada en este momento, sería absurdo asumir que en los tiempos que corren una fuerza política pueda instalarse indefinidamente en el poder. Trump, Milei, Bolsonaro, Boris Johnson o Bukele eran impensables cuatro o cinco años antes de su irrupción. Nada asegura que para 2030 y, sobre todo, para 2036 México no experimente otro movimiento pendular en las urnas. Particularmente si el problema de inseguridad sigue vigente, porque la opinión pública se hace peligrosamente sensible al discurso de una mano dura que prometa suprimir la violencia, por ejemplo. En tales condiciones, las atribuciones que hoy se otorgan a Palacio Nacional para favorecer “al pueblo”, podrían volverse en contra de los intereses populares.
La alternancia regresará tarde o temprano, o por lo menos habría que gobernar teniendo en cuenta esa posibilidad. Se dirá que, en tal caso, podrían introducirse modificaciones en las leyes para limitar atribuciones y excesos a gobernantes abusivos, pero es evidente que si ganan en las urnas lo más probable es que cuenten con el suficiente peso en las cámaras para neutralizar cualquier cambio que busque “debilitarlos”.
La mayoría calificada con la que hoy cuenta Morena en el Poder Legislativo, necesaria para modificar la Constitución, quizá no vuelva a alcanzarse en muchos años, toda vez que requiere una proporción superior a dos tercios de curules y escaños. Varios países europeos viven maniatados por legislaciones que hoy no pueden cambiar, en algunas ocasiones en situaciones absurdas, por la mutua neutralización de las fuerzas políticas en la vida parlamentaria.
En ese sentido, el gobierno de la 4T tendría que considerar que los poderes que hoy se otorga para sí mismo eventualmente serán esgrimidos por sus adversarios políticos. Antes de adquirir una pistola y dejarla al alcance de la mano conviene valorar la posibilidad de que pueda ser usada en contra nuestra.
La prisa por poner palancas y botones en el tablero de mando de la presidencia es comprensible, desde la perspectiva de una fuerza política empeñada en impulsar un giro de timón tras 35 años de regímenes neoliberales. Mucho que desandar y aún más que construir. Al final, Morena tendrá las mayorías para sacar adelante el diseño arquitectónico que considere más conveniente para la vida pública y económica de los próximos años; pero se trata de un edificio que habitaremos todos. Antes de hacer cimientos convendría que conocieran mejor los usos que los ocupantes harán de espacios y paredes. Pero, sobre todo, es necesario que antes de otorgar una nueva atribución al Ejecutivo se haga el pequeño ejercicio de imaginar tales poderes al servicio de presidentes como Calderón, Peña Nieto o Fox. El futuro no nos exime de sus nuevas versiones.

@jorgezepedap