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No tienen ni bolsas para poner a los desmembrados, reprochan agentes, policías y peritos al fiscal Olea

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y parque vehicular para su labor operativa, y revelaron que no hay material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”.
Ayer en hubo una reunión de más de una hora entre el fiscal Javier Olea Peláez y unos 100 inconformes, en el auditorio de la FGE. Acudieron el vicefiscal de investigación José Antonio Bonilla Uribe y el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuraduría de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz.
El policía ministerial Salvador Vargas Carrasco que lleva 18 años de servicio pidió que Olea Peláez atienda las demandas de los trabajadores como bono de riesgo de dos mil 500 pesos y viáticos, mencionó que a los policías estatales cada quincena les pagan tres mil 750 pesos y los meses que tienen 31 días les dan cuatro mil.
Dijo que desde hace años la institución no les ha dado el bono de riesgo de 2 mil 500 pesos que les corresponde cada quincena, ante el riesgo que representa su labor.
Comentó que en el caso del personal operativo como peritos, agentes de los ministerios públicos y policías ministeriales les dan viáticos de 3 mil pesos, y piden que se les aumente como a los policías estatales, “es nuestro derecho que nos den este dinero porque nosotros andamos en la calle y corremos el riesgo que nos pueda pasar algo”.
Otra de las demandas fue el pago e incremento del bono del Día del Padre y el del Día de las Madre. Les entregan 2 mil pesos en dos pagos cuando a los trabajadores del gobierno del estado les dan 8 mil.
Dijo que el año pasado entregaron un oficio al gobernador Héctor Astudillo Flores para que atendiera las peticiones, pero no han tenido respuesta.

Falta material en el Semefo

En su participación, la perito en criminalística en materia de campo, María Guadalupe Hernández Vega se quejó de que carecen de material de trabajo y tienen que comprar bolsas para embalar los cuerpos, “cuando llegan los desmembrados al Servicio Médico Forense (Semefo) tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos, y pedimos las facturas a las tiendas Oxxo para que después nos paguen nuestro dinero”.
“Esta reunión es por la inquietud de la base trabajadora, para mejoras salariales y prestaciones, pero desafortunadamente en cada administración estamos haciendo gestiones para que se nos escuche, pero sólo la logramos al realizar protestas en Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado y nos atienden”, indicó.
Dijo que no cuentan con suficiente gasolina y los vehículos están en malas condiciones, lo que les impide trasladarse a los lugares para los levantamientos de muertos y los peritajes.
Agregó que en el año pasado que inició el Nuevo Sistema Penal Acusatorio les dijeron que les iban a incrementar el salario, pero no han atendidos sus peticiones.
“No es posible que peritos de otros estados tengan mejores salarios que nosotros que somos de Guerrero, sabemos que en el estado hay inseguridad, todos estamos expuestos, por eso hago un llamado a favor de mis compañeros, a que por favor se atiendan las peticiones”, pidió.
En respuesta a las peticiones de los trabajadores, el fiscal Javier Olea reconoció que la Fiscalía no cuenta con el dinero para resolver los problemas financieros, y que se tienen que hacer gestiones ante el gobierno del estado para resolver de manera gradual el problema económico.
Aseguró que la Fiscalía no cuenta con autonomía financiera para disponer de recursos, porque depende del gobierno del estado, “en esa virtud pues dependemos de las políticas financieras que tiene el estado”.
Mencionó que hace un mes el gobierno estatal mediante el gobierno federal adquirió vehículos para atender las demandas de la Fiscalía, pero no se han entregado a los trabajadores porque no cuentan con seguro, y en caso de algún accidente no habría dinero para repararlos.
Informó que en este año hubo un incremento del presupuesto para la FGE, no precisó la cantidad y reconoció que apenas alcanza para atender las demandas de la institución.
Agregó que le pidió al vicefiscal Hernández Ruiz una reunión para el miércoles con la Secretaría de Finanzas, para buscar alternativas y resolver el problema financiero.
Pidió a los inconformes tolerancia y juntos gestionar los recursos económicos, sacar adelante a la Fiscalía y mejorar los derechos laborales de los trabajadores.
Durante la reunión los trabajadores de la Fiscalía que estaban dentro del auditorio gritaban, “queremos solución” en repetidas ocasiones.
El perito de criminalística, Jesús Apátiga reprochó a Olea Peláez que no le alcanza su salario para mantener a sus cuatro hijos, y en ocasiones se queda sin dinero, “otra cosa que nos afecta es el gasolinazo que también a nosotros nos afecta nuestros bolsillo”.
Un policía ministerial comentó que no toman en cuenta a trabajadores que llevan más de 20 años en la institución para tener un cargo de mayor rango, y desempeñar sus conocimientos a favor de la Fiscalía.
Expuso que cuando llega una nueva administración lleva nueva gente a ocupar cargos, pero no tienen la experiencia para hacer su trabajo. Dijo que en el periodo del fiscal Miguel Ángel Godínez se le plantearon las misma demandas, “pero nunca tuvimos respuesta”.
Los agentes pidieron al fiscal que no haya represalias en contra de ellos por asistir a la reunión en la que informaron de las carencias que sufren.
Después de más de una hora de exponer sus peticiones acordaron la conformación de una mesa de trabajo con los vicefiscales Bonilla Uribe y Hernández Ruiz, para gestionar que cada demanda se resuelva.

 

Se reúnen integrantes de cinco colectivos de desaparecidos con la CEAV

Integrantes de cinco colectivos de familiares de desparecidos en Guerrero sostuvieron un encuentro privado con representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para continuar los trabajos para la conformación de un Frente Estatal de Víctimas.
La reunión fue en el salón Ignacio Manuel Altamirano del edificio Centro de Palacio de Gobierno, donde durante cuatro horas los familiares de desaparecidos de los municipios de Iguala, Chilapa, Chilpancingo y Acapulco conformaron la agenda de trabajo para este año.
El encuentro tenía como objetivo “aterrizar” la atención para los familiares de los desparecidos y articular una agenda de trabajo en la que se cumpla la revisión puntual de cada expediente.
Por su parte, la secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz informó que se planteó la manera para que las familias tengan acceso a un apoyo alimentario y de becas.
“La mayoría de los colectivos tenemos familias con situaciones críticas que necesitan ayuda”, expresó.
Dijo que ya se empezaría a trabajar con cada uno de los colectivos que se han organizado en Guerrero y dentro de un mes se estarían reuniendo nuevamente para otra evaluación sobre los avances en cada caso.
Detalló que el 20 y 21 de febrero los representantes de la CEAV estarán en Chilapa y dentro de ocho días estarán en Chilpancingo, quedando pendiente la cita para Acapulco.
Por su parte, el vocero del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro señaló que en el encuentro expresó que el problema de la violencia en su municipio se suma a la pobreza de las familias de los desaparecidos.
“Son muchas situaciones que se han presentado, una de las demandas más importantes es que las familias tengan accesos a programas de atención a víctimas”, agregó.
Dijo que en la reunión donde permaneció sólo 15 minutos el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe, se planteó la búsqueda en vida de los desaparecidos, así como la de las fosas .
En el caso de Chilapa, dijo que con el encuentro no se sintieron satisfechos debido a que no se cumplió con la presencia de los titulares de las áreas encargadas de la atención a los familiares, pero con la promesa de las próximas reuniones ven un avance para atender la agenda planteada.
Los colectivos coincidieron en que el principal reclamo hacia las diversas autoridades se centró en el nulo avance por parte de las autoridades en las investigaciones para otorgar justicia a las familias.
En esta reunión estaba programada la asistencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, así como el gobernador, Héctor Astudillo Flores, pero no llegaron.
Ésta es la segunda reunión del año que se hace en Palacio de Gobierno, la primera fue la semana pasada donde estuvo presente el subsecretario de la Segob, a quien se le solicitó que fueran encontrados con vida los desaparecidos.

 

Abandona Los Otros Desaparecidos una reunión con la Fiscalía porque no presentó la información que prometió

Integrantes del colectivo Los otros Desaparecidos de Iguala abandonaron el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde peritos exponían las fichas técnicas de personas no identificadas que serán enviadas al Cementerio Forense.
Los familiares de víctimas de desaparición exigieron datos de las exhumaciones en las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La representante de la organización, Adriana Bahena Cruz dijo que una vez que se descartó que los restos hallados en aquellas fosas eran los normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Fiscalía los hizo a un lado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores en su visita a Iguala en agosto pasado les pidió un voto de confianza, y hace 15 días Bahena Cruz se reunió con el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe para acordar esta reunión.
El acuerdo fue que les presentarían los resultados de las exhumaciones de fosas clandestinas de 2014 que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Sin embargo no les presentaron la información solicitada, a pesar de que ya la tienen.
Ayer recriminó que “sólo nos hicieron perder el tiempo, nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir”.
En la mañana se tuvo conocimiento que dos camiones con integrantes del colectivo salieron de Iguala rumbo a Chilpancingo, y poco después de las 11 comenzó la reunión con especialistas forenses de la Fiscalía que explicaron el tipo de análisis a los cuerpos encontrados, antes de enviarlos al Cementerio Forense.
A los activistas les dijeron que todas las muestras biológicas de los familiares, se confrontan automáticamente con la base de datos de todos los fallecidos que no han sido identificados.
A pregunta de los familiares sobre sus desaparecidos les respondieron que si no les han llamado es porque no ha habido coincidencia con los perfiles genéticos de los cuerpos.
Comenzó la exposición de las fichas técnicas de los primeros 20 cuerpos enviados del Servicio Médico Forense de Iguala que no fueron reclamados. Entre ellos algunos casos de 2011 a 2015.
Mencionaron siete casos de homicidios, tres de desnutrición severa e inanición -probablemente indigentes-, y una persona que se infartó en la vía pública, cada cual con su filiación personal, racial y prendas de vestir al momento del deceso.
Continuaron con los cuerpos de la morgue de Chilpancingo enviados de Chilapa en 2015, y a media exposición Adriana Bahena denunció que no se habían trasladado de Iguala a conocer los datos de personas que murieron en hospitales, y que la información que les ofrecieron apenas la están preparando.
A las 12:45 los familiares salieron del auditorio, la mayoría con reclamos ante el desgaste y la pérdida de tiempo.
“Hoy nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir con una parte, porque el colectivo se forma con mil 200 personas. Yo no sé si quieren que yo le venga a hacer un zafarrancho y vea la manera de que esa información se nos haga llegar”, se quejó Adriana Bahena.
Relató que los integrantes del colectivo llevan meses pidiendo la información de ocho fosas en específico que tiene la Fiscalía, “son las que nos interesan a nosotros, algunas de estas fosas tienen como 30 cuerpos, más de 200 en total, y nos interesa saber qué pasó con esos restos”.
Mencionó la de Mexcaltepec, Taxco, que ubicaron con un grupo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Miguel Ángel Jimenez Blanco en febrero de 2014, con 25 cadáveres.
Al salir del auditorio el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, José Luis Gallego Peralta abordó a la dirigente del grupo para decirle que irá el viernes a Iguala, y que a fin de mes entregaría al Colectivo la información que requiere.
Ella respondió que era mucho tiempo, pues Eréndida -en referencia a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Procuraduría General de la República (PGR)- le dijo frente a Bonilla que la Fiscalía ya entregó esa información a la PGR.
La activista le recordó a Gallegos Peralta que está prevista una visita del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián a Iguala el 2 de febrero, como si el gobierno estatal quisiera hacer coincidir la entrega de los datos con la visita del funcionario federal. Gallegos sólo respondió que son muchos temas para abordar con Campa.

De noviembre de 2014 a junio de 2015 se hallaron 104 cuerpos en fosas de Iguala y sus alrededores

Un recuento de El Sur del 30 de noviembre de 2015 indica que de noviembre de 2014 a junio de 2015, después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala y sus alrededores fueron hallados 104 cuerpos, de los cuales 11 eran mujeres, la mayoría presentaba huellas de tortura, tiro de gracia, pies y manos atados, golpes, estaban amordazados y con los rostros cubiertos.
En el paraje La Joya se exhumaron 20 cuerpos, 42 en Monte Hored, 13 en la Barranca del Tigre, 26 en El Maizal y 30 en Las Parotas.
Los últimos cuerpos fueron exhumados por peritos y antropólogos de la PGR el 15, 17 y 22 de junio, recuperaron tres cuerpos con huellas de calcinación en tres fosas diferentes a sólo unos metros de donde en octubre la Fiscalía hizo la exhumación de Las Parotas.
Antes del 26 de septiembre de 2014, la FGE ya había hecho exhumaciones masivas con base en declaraciones de supuestos detenidos.
El 27 de marzo de 2014 fueron exhumados dos cuerpos en fosas de Pueblo Viejo, al pie del Cerro Gordo, entre el 16 y 17 de abril de ese año la Fiscalía sacó nueve cuerpos más del paraje La Joya y el 20 y 21 de mayo, sólo un mes después, fueron exhumados 19 cuerpos en el paraje Monte Hored, todas estas zonas ubicadas en la misma ruta hacia el Cerro Gordo, al poniente de Iguala.
Antes, del 10 al 14 de febrero de 2014 la Fiscalía y soldados del 41 Batallón de Infantería con base en Iguala exhumaron 25 cadáveres en el cerro de La Antena, en la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, colindante con Iguala.

 

Envían otros 19 cuerpos al Cementerio Forense en Chilpancingo; ahora fueron de Iguala y suman 58

Al mediodía de este martes 19 cuerpos que estaban depositados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala fueron inhumados en el Cementerio Forense Estatal del gobierno del estado que está en la capital, con éstos suman 58 cadáveres sin identificar que son depositados en ese lugar.
Esta es la tercera ocasión que cadáveres no identificados que permanecen en los Semefos son depositados en este cementerio, el jueves pasado enviaron 19 cuerpos provenientes de Acapulco y hace ocho días otros 20 cadáveres de la región Centro, sacados de la morgue de Chilpancingo.
A las 12:20 del día al panteón privado Cementerio La Paz entre el fraccionamiento Villas del Sol y la colonia Rosario Ibarra al poniente y periferia de la capital llegaron agentes del Ministerio Público (MP), peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), trabajadores de la Secretaría Salud (Ssa) y de Semefo provenientes de Iguala.
Fuentes de la Fiscalía informaron que los cuerpos no identificados permanecían en el Semefo de Iguala desde el 2012 y que pertenecen a los municipios de Iguala, Taxco, Cocula y de la región de la Tierra Caliente.
Los trabajadores de Semefo se encargaron de depositar los cuerpos en las gavetas en el nicho de la región Norte, que tiene la capacidad para almacenar 80 cadáveres para desahogar el Semefo de Iguala.
Cada gaveta cuenta con la información del cadáver depositado, tiene una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, además cuentan con una carpeta de identificación.
Hace ocho días, el vicefiscal de la FGE, José Antonio Bonilla Uribe informó que hay un total hay 460 cuerpos no identificados en los Semefos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
El martes pasado (cuando se depositaron los primero 20 cuerpos), el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez ofreció a familiares de desaparecidos que ese organismo expedirá medidas cautelares para que la FGE suspenda el traslado de cadáveres del Semefo al Cementerio Forense Estatal, y hasta que se compruebe que está cumpliendo con los protocolos establecidos en la materia.
El enviado de la CNDH recibió reclamos tanto de familiares de desaparecidos como de representantes de colectivos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco ante la falta de la intervención de dicho organismo para impedir el traslado, cuando se enteraron que la FGE ya había hecho el traslado de los cuerpos.
Por la tarde de ese día, la FGE informó en un boletín de prensa que el traslado de los cadáveres son bajo los protocolos homologados de necropsia para preservar los cuerpos en un lugar específico, “para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de estudios correspondientes de los cuerpos identificables”.
“Ante este hecho, se trabajaron con las recomendaciones de la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para el diseño, creación y manejo de un panteón ministerial, para posibilitar una identificación y cotejo de la información guardada y, esta permita, la identificación de posibles familiares”, concluye el comunicado.