Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó una Ley de Austeridad, una nueva Ley de Participación Ciudadana, reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y modificó la Ley de Archivos para atender dos acciones de inconstitucionalidad.
En la primera sesión del día, se realizaron todas las primeras lecturas, y en la segunda siguió la jornada de aprobación del paquete fiscal con la primera lectura del proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2024.
Luego, sin la fundamentación ni discusión, se aprobaron por unanimidad dos leyes nuevas: la Ley de Austeridad y de Participación Ciudadana, las reformas a la Ley de Archivos, y en paquete los cambios a la Ley del Municipio Libre.

Erradicar derroches, remuneraciones y gastos excesivos

La Ley de Austeridad que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 20 de septiembre de 2022, fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictamen el 20 de septiembre del año en curso, según el antecedente.
Desde el objetivo del dictamen, plantea “erradicar los derroches y redirigir los recursos públicos a las personas más necesitadas”, especificando montos y erogaciones realizadas en el ejercicio del gasto público, y “las medidas de austeridad aplicadas (que) estarán necesariamente alineadas a la política nacional de Austeridad Republicana”.
Asimismo, dice que medidas de esta ley “se reflejará(n) en los ahorros obtenidos, pero las medidas no serán permanentes, “se anunciarán conforme vayan progresando a través de la aplicación de esta Ley, nuevas reformas que permitan perfeccionar las líneas de acción que se estimen necesarias”.
Como parte medular, contempla acabar con las remuneraciones excesivas, ahorros en prestaciones para altos mandos, reducir el gasto en comunicación social y de administración excesivos; buscar el gasto eficiente de viáticos y pasajes, y enfatiza que no busca generar daños injustificados a los servidores públicos ni recortes de personal, y los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias.

Se erradica Comités Ciudadanos
en la nueva Ley

La Comisión de Participacion Ciudadana propuso crear una nueva Ley de Participación Ciudadana Justicia para sustitución a la que se aprobó en 2008, que resulta obsoleta.
“Es conveniente señalar que, con el paso de los años esta Ley ha sufrido las fases de cualquier otra norma: el avance de la realidad la ha dejado en total obsolescencia, en este sentido, es neesario actualizar y proponer un nuevo cuerpo normativo que acorde con las exigencias de un Guerrero revolucionario y democrático en el que habitan personas con iniciativa y ganas de participar en temas coletivos con el fin de menorar su calidad de vida”, detalla.
Entre otros temas, suprime la elección y la figura de los Comités Ciudadanos, señalados en la Ley anterior, que nunca se aplicó, “por la duplicidad de funciones que generaría con otras figuras legalmente constituidas que ya operan en el estado, y por los conflictos sociales y políticos que se pudieran originar”.
La Ley contempla, como instrumentos de participación ciudadana, el plebiscito, referéndum, consulta popular guerrerense, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, parlamento abierto, presupuesto participativo, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, audiencia pública, recorridos de la presidencia municipal, cabildo abierto, observatorios ciudadanos y contralorías ciudadanas.

Archivo General con estructura
y financiamiento

Para la Ley de Archivos, la Comisión de Justicia que presentó el dictamen, indicó que tomó dos iniciativas, la de la fracción parlamentaria del PRI para atender las acciones de inconstitucionalidad que promovieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 122/2021 y su acumulada 125/2021 ante la Suprema Corte de la Nación, que ordena la creación de una estructura burocrática, con recursos financieros, materiales y humanos, que sea similar al del Archivo General de la Nación.
Así como a la iniciativa de la diputada de Morena, Angélica Espinoza García, de mejorar la organización, clasificación y manejo del flujo documental y digital, para fortalecer el reconocimiento a los derechos de la ciudadanía al solicitar, demandar y manejar el acceso y obtención de datos específicos.
Con estas adecuaciones se pueda crear el organismo público descentralizado que será responsable de administrar el Archivo General, integrado por una estructura burocrática con recursos financieros, materiales y humanos que permitan su mejor funcionamiento, indica

Nuevas funciones a Municipios

Con los cinco dictámentes presentados por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, se agregan los nuevos cuatro ayuntamientos: Ñuu Savi, Santa Cruz del Rincón, Las Vigas y San Nicolás, a la Ley del Municipio Libre, y se homologa el orden de los municipios al de la Constitución política local.
Se integró el principio de paridad de género para las designaciones y nombramientos de los órganos municipales y en las comisarías.
Se agregan dos ramos para la vigilancia de la administración municipal y en consecuencia, para que los ayuntamientos promuevan programas de vivienda y generen instrumento de apoyo a la construcción, considerando distintos tipos y modalidades de producción habitacional.
En materia de diversidad sexual, para determinar las políticas, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones que garanticen el principio de no discriminación, y desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas de la diversidad sexual.
Se crea y se reconoce legalmente el servicio público de estacionamientos, y se establece que habrá un Reglamento de Estacionamientos para prevenir que “en los estacionamientos de las Plazas Comerciales, Tiendas de Autoservicio, Tiendas Departamentales o similares, se hace efectiva otorgar la gratuidad de dos horas de uso a quienes demuestren haber consumido en dicho comercio”.
Además se actualizaron los nombre de la Auditoría General del Estado, un órgano con autonomía técnica, y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental dependencias estatales, y de la Fiscalía.