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Ataca un perro guardián al dirigente del sector Sierra en el penal de Chilpancingo

Maestros exigen su inmediata liberación

Trascendió que el director del penal, Alejandro Santos, le pidió a Valverde Ruiz “no decir nada a los medios de comunicación a cambio de algunos privilegios”

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Maestros del sector Sierra exigieron al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, así como al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, la liberación “inmediata” del cetegista detenido, Armando Valverde Ruiz, ello luego de que este fin de semana dentro del reclusorio fue atacado por un perro guardián, cuando un custodio de manera “intencional” lo llevó a hacer la faena a un área restringida para los internos.

Fue cerca de las 7 de la mañana de este sábado cuando de manera “premeditada” el custodio, Jesús Hernández Sánchez, llevó al cetegista detenido desde hace más de un mes, a llevar a cabo su faena en el perímetro de seguridad en donde se encuentran los perros guardianes y fue atacado por uno de ellos, explicó el docente de la Zona Centro, Raúl Leyva Martínez.

Entrevistado luego de visitar en el reclusorio a Valverde Ruiz, Leyva Martínez calificó de “irresponsable” la acción del custodio –quien también es el encargado de los perros guardianes– “porque pudo haber sido de lamentables consecuencias, además lo llevó a un lugar que es restringido para los internos”.

La consecuencia del ataque del animal guardián, según Leyva Martínez, fue una mordida en la pantorrilla izquierda de Valverde Ruiz, sin embargo esto hizo que inmediatamente acudieran al reclusorio de esta capital tanto el director, Alejandro Santos, así como director de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), Joaquín Estrada Salmerón.

Adentro del reclusorio, los funcionarios se reunieron con los maestros cetegistas. Ahí, de acuerdo con Leyva Martínez, el director de los Ceresos les dijo que se levantó un acta administrativa en contra del custodio y se comprometió a iniciar una investigación por la actitud del custodio, así como a brindarle seguridad al cetegista.

Trascendió que antes de la reunión el director del penal, Alejandro Santos, le pidió a Valverde Ruiz “no decir nada –sobre la mordida del perro– a los medios de comunicación. A cambio ofreció algunos privilegios”. Asimismo se supo que la presencia del director de Ceresos obedeció a que el 27 de abril el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, va a comparecer “y todo debe estar bien”.

Sobre el custodio responsable, mencionó Leyva Martínez, que tras “realizar esa acción intencional, que no sabemos de dónde viene, salió del penal, hablan de que levantaron un acta pero queremos que actúen”.

Para los maestros de la Zona Centro, Armando Valverde Ruiz, quien fue detenido el 21 de marzo por la causa penal 37/2004-II, en agravio de la SEG, es un “preso político”, resaltó Leyva Martínez y por eso pidió al gobernador del estado, René Juárez Cisneros, así como al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz “su liberación inmediata”.

Por la “represión” en contra de Valverde Ruíz, su esposa, Fátima Melo, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y desde el pasado viernes una comisión de maestros del sector Sierra se trasladaron a la ciudad de México para pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Solo fue un rasguño”: director del penal

Por su parte el director del penal de esta capital, Alejandro Santos, negó que a Armando Valverde Ruíz lo haya mordido un perro guardián; “sólo se trató de un rasguño con la garras pero ya está todo bien”.

Entrevistado afuera del penal, luego de salir a despedir a un “molesto” director de los Ceresos, Alejandro Santos de modo apresurado dijo que “ya intervenimos, se levantó el acta administrativa y se van a iniciar las investigaciones”.

Indicó que “se va a proceder en contra del custodió y sí es posible se va a poner a disposición del Ministerio Público”.

Antes de consultarlo, y tras despedir al molesto director de los Ceresos, según uno de los maestros que se encontraba afuera del reclusorio, el director del penal regañó al jefe de seguridad del reclusorio, a quien le dijo: “cabrón, cómo se les ocurre hacer esas chingaderas, no ven que es un preso político”.

Exige la dirigencia del PRD la libertad de la dirigente de Ahuacuotzingo

 

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La dirigencia estatal del PRD demandó ayer la libertad de la ex regidora de ese partido en el municipio de Ahuacuotzingo, Martina Reyes Antonio, quien fue detenida el lunes pasado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, dijo que no hay elementos que comprueben que la dirigente haya incurrido en los delitos de rebelión y motín, como se le acusa.

Informó que de acuerdo con la causa penal 103/97, se le relaciona con presuntos hechos delictuosos cometidos en 1997, “lo que implica que el gobierno usa las averiguaciones previas cuando le conviene, qué casualidad que hasta ahora la vinieron a detener”.

Aseguró que no hay elementos que comprueben que la ex regidora cometió los delitos de motín y rebelión de que la acusan, “por eso la dirigencia estatal exige su libertad”.

Liberan taxistas oficinas de la delegación de Transportes de la periferia

  * Se auditará el desempeño del delegado

 * Negocian trabajar en Real Hacienda, otro de los resultados con autoridades

Las oficinas de la delegación de Transportes de la periferia fueron liberadas, la mañana de ayer, informó el dirigente de taxistas, Eleazar Hernández Camacho, quien dijo que durante la reunión de trabajo que sostuvieron con  autoridades del estado acordaron que se realizará una investigación en torno a las acusaciones en contra del titular de esta representación estatal. Asimismo, comentó que se efectuarán realizarán mesas de trabajo para negociar la posibilidad de que trabajen taxis en Real Hacienda.

Los dirigentes de la Alianza de Transportistas, Eleazar Hernández Camacho, Teodoro Marino Moreno y Vicente López Valle, fueron quienes entregaron las oficinas de la periferia al  delegado de Transportes de la zona Centro, Arturo Heredia Agatón, alrededor de las 10: 30 de la mañana.

Hernández Camacho comentó que los acuerdos a los que llegaron   con el director de Transportes del Estado, René Morales Barrientos, son que se realizará    una investigación minuciosa del trabajo que hasta el momento ha hecho Gildardo Gutiérrez Ramírez, a quien han acusado de proteger unidades piratas y otras irregularidades.

Por su parte, el acusado expresó que es lamentable que el grupo de la Alianza se haya manifestado con una marcha y la ciudadanía, en general, haya sido la más afectada, sobre todo cuando siempre ha habido disposición de su parte para dialogar con todos los transportistas de las diferentes organizaciones que hay en la periferia. Gutiérrez Ramírez mencionó que las acusaciones hechas en su contra por corrupción, no se han demostrado con pruebas y agregó que la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, localizada en la colonia Emiliano Zapata, en contra de los dirigentes de la Alianza, continúa su marcha y               como autoridad estatal tuvo que actuar de esa manera,               ya que el Estado y la Comisión Técnica del Transporte fueron los agraviados. (Luluani Vega).

Pide un ecologista que fue liberado la excarcelación de sus compañeros

* Estuvo cuatro años preso acusado de portar armas

 * Cuatro campesinos siguen recluidos en el penal de Acapulco por oponerse a que se acaben los bosques, afirma Pilar Martínez Pérez

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El campesino Pilar Martínez Pérez, quien estuvo preso en el Centro de Readaptación Social de Acapulco acusado de portar armas de uso reservado de las Fuerzas Armadas, obtuvo su libertad junto con su compañero Moisés Martínez Torres, por lo que ahora exige que el gobierno libere a otros campesinos acusados “pero no se les ha comprobado nada”.

Martínez Pérez, de 47 años de edad, entonces integrante de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fue aprehendido por militares en su domicilio, ubicado en la comunidad de las Canalejas, el 22 de febrero de 2000, acusado de portar armas de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

Ese mismo día también fue detenido Moisés Martínez Torres, hoy de 31 años de edad, y los dos campesinos fueron trasladados al Cereso de Acapulco, donde estuvieron recluidos por 4 años y 10 días, y que por intervención del aspirante a la gubernatura, Zeferino Torreblanca Galindo, y la presión de organizaciones no gubernamentales internacionales quedaron libres el 2 de marzo pasado.

Martínez Pérez y Martínez Torres inicialmente fueron apoyados por el extinto dirigente de la organización ecologista, Juan Bautista Valle, para conseguir su libertad, pero a su muerte, el ex secretario del grupo, Felipe Arriaga Sánchez, gestionó ante Torreblanca Galindo y representantes de ONG’s internacionales para lograr que salieran libres ellos y cinco campesinos más, “pero no se pudo”.

Ayer lunes, vía telefónica, Pilar Martínez exigió que el gobierno federal deje en libertad a Alfredo García Torres, Juan García Avila, Francisco Bautista Valle y Alvaro García Valle, quienes están acusados “de cosas más fuertes, pero hasta el momento no les han podido comprobar nada, están ahí por culpa de los que quieren acabar con el bosque”.

Dijo que los campesinos petatlecos que aún siguen en ese centro penitenciario están sentenciados, pero en los juicios nunca se ha presentado la persona que los acu,sa “y yo pido que el gobierno los saque y los deje libres porque allá adentro se sufre mucho; el gobierno tiene que sacarlos o que lleve a los que los están acusando”.

Pidió la intervención de las ONG’s que lo apoyaron a él y a Moisés Martínez para que los reos queden en libertad; “nos fabricaron los delitos, nada de lo que nos acusan es cierto, los que quedaron adentro están acusados de cosas más delicadas, pero no son ciertas, y pido al gobierno que los deje libres porque lo único que hemos hecho es oponernos a que se acaben los árboles”.

Liberan a los campesinos ecologistas Pilar Martínez y Moisés Martínez

 * Les beneficia una reforma, dicen presos políticos

 

 Aurelio Peláez * Este martes, dos integrantes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fueron liberados, luego de permanecer cuatro años en prisión.

Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres, dos de los ocho campesinos ecologistas presos, que fueron detenidos por el Ejército en el ejido La Botella con motivo de la defensa de los bosques, recibieron el beneficio de la libertad por una modificación a la ley de armas y tras haber alcanzado el beneficio de la ley de reducción de penas. Tenían una sentencia de 10 años de prisión.

Por medio de un comunicado, el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, Alfredo García Torres –también ecologista– contó que este martes “salieron libres nuestros compañeros ecologistas… después de cumplir cuatro años con ocho días en esta prisión por el delito de portación de armas. Aunque fueron sentenciados a 10 años, con la reforma de la ley de armas se les redujo la pena a cuatro años, y así obtuvieron su libertad”.

Agregó que “esperamos que se apliquen los mismos beneficios a los compañeros que traen (sentencia por) portación de armas y de acuerdo a la reducción de penas ya alcanzan el beneficio. También invitamos a las organizaciones para ver las sentencias de los compañeros y que soliciten su libertad”.

Otros campesinos ecologistas que están presos son originarios del ejido Los Fresnos. Hace cuatro años fueron detenidos por efectivos del 19 Batallón del Ejército sin orden de aprehensión.

Informó que hasta antes de la liberación de este martes, había ocho campesinos ecologistas presos, acusados de diversos delitos a raíz de su participación en defensa de los bosques de la sierra, y agregó que el comité de presos era integrado por 12 personas.

A la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán pertenecen también los conocidos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, liberados hace dos años y a quienes se inculpó por delitos relacionados con la portación de armas y el cultivo de drogas.

Piden que se resuelva el conflicto de la escuela Leyva Mancilla de Acapulco

El Comité de Presos Políticos manifestó además su solidaridad con los padres de familia y alumnos de la escuela Baltazar R. Leyva Mancilla, de Acapulco, en la que existe un conflicto entre maestros institucionales y de la CETEG.

Ahí, los maestros institucionales no reconocen al supervisor de la zona 60, Cipriano Gutiérrez Niño, un cetegista, lo que provocó que ambos grupos den clases, unos fuera y otros dentro de la escuela. Dentro, los institucionales son apoyados por la directora Dalia de los Santos Lugardo.

En su carta, el comité de presos pide a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), “que intervenga y se hagan cumplidas las demandas, que se cumpla lo que les prometieron la licenciada Dominga Chávez, Max Arturo López Hernández, Martín Ramírez Hernández, que en esta semana se cambiaría toda la plantilla de la escuela y hasta ahora no lo han hecho. Los niños siguen en la calle, arriesgando su vida, sólo con la ilusión de aprender a leer y superarse, pero desgraciadamente no les quieren dar la oportunidad. También les decimos a los padres de familia que dialoguen con las autoridades esta semana, y si no se llega a ningún acuerdo se convoque a todas las organizaciones sociales y se decida qué seguimiento se le dará”.