Integrantes del Frente Popular de la Montaña, en el plantón en la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo.
Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), instalaron un plantón afuera del Congreso local para exigir que los diputados llamen a comparecer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por la liberación del principal sospechoso de la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.
En la protesta, uno de los miembros de la dirección del FPM, Telésforo Aguilar Villanueva, recordó que el Poder Judicial hace tres meses declaró inocente al morenista Marco Antonio García Morales, Tony, principal sospechoso del homicidio del defensor de derechos humanos, desaparecido el 11 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre 2019.
No obstante que desde el inicio del proceso legal, la organización denunció diversas irregularidades que estaba cometiendo la Fiscalía General del Estado, y que no tomó en cuenta el juez que determinó su liberación, pese a que anticipadamente señalaron las faltas ante el mismo presidente del poder Judicial.
“Entendemos que hubo un acuerdo económico con el magistrado en primera instancia, que lo liberó (por insuficiencia probatoria)”.
Aclaró que aún faltan dos instancias a las cuales pueden recurrir, pero insistieron en que el Congreso local atienda esta demanda, porque antes, hicieron en un plantón en las instalaciones del tribunal y conversaron con el presidente que sólo les respondía que la ley estaba a favor del acusado.
“Nos decía que supuestamente él no interviene, pero antes de la sentencia, afirmó que las pruebas estaban a favor del (autor) intelectual, cuando sabemos que no es cierto. Nuestro compañero señaló directamente a quién lo estaba a amenazando”.
Añadió que el inculpado fue aprehendido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y liberado en la administración de Mo-rena, de Evelyn Salgado Pineda.
“No es un tema de justicia, sabemos que el actor intelectual ha estado apoyando directamente a la gobernadora desde que estuvo en campaña, por eso estamos aquí nuevamente”.
García Morales también fue precandidato a la alcaldía de Tlapa y los hechos ocurrieron cuando era el jefe de gabinete del Ayuntamiento.
Ratificó que el magistrado debe informar al poder Legislativo sobre la resolución que se emitió en un caso emblemático de violencia en la región.
La denuncia de hechos, es que Cerón Soriano fue citado por una persona conocida en las afueras de la ciudad de Tlapa. Después de que fue torturado y asesinado, su cuerpo fue traslado en un vehículo que cruzó la ciudad para colocarlo en una fosa de tres metros, con el fin de desaparecerlo. Tras mucha presión social se dio la investigación. Sus restos fueron rescatado al mes siguiente.
La protesta del FPM se instaló afuera del portón principal del Congreso del estado, a las 1:40 de la tarde. De acuerdo con Aguilar Villanueva, un secretario de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, fue a preguntar qué pedían al Congreso, y no regresó durante toda la tarde.
Adentró se desarrollaba una sesión que concluyó por la noche, donde vieron salir al personal. Aclaró que la protesta continuará en el acceso del poder Legislativo, hasta tener una respuesta formal.
Añadió que antes de la sentencia, también recurrieron al Congreso para que fueron observador del juicio, y entonces se comprometieron a enviar un exhorto al poder Judicial, por la justicia.
A las 9 de la noche, el director general de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al plantón del FDP en el Congreso local a dialogar con los manifestantes.
Vía telefónica, Aguilar Villanueva indicó que el funcionario les dijo que llegó a atender una queja de la diputada Yoloczin Domínguez, de que estaban impidiendo la salida de los diputados con el plantón en la puerta del estacionamiento, donde se habían instalado siete horas antes.
A través del funcionario estatal, indicó que se acordó una audiencia con la presidenta de la Jucopo, para este martes a la 1 de la tarde.
La fuente precisó que la manifestación no cerró ningún de los accesos principales o alternos del edificio, incluso aclaró que al concluir la sesión del Congreso, vieron salir a varios diputados por la puerta del estacionamiento, a pie, pero la diputada de Morena pedía salir en su vehículo.
Los estudiantes y docentes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) liberaron al recién designado rector, luego de mantenerlo encerrado una noche y parte de la mañana en la oficina de la Rectoría.
La liberación se logró tras acordar que alumnos y docentes harán algunas propuestas, para los colaboradores de confianza que tendrá.
Lo anterior, luego de salvar el punto de no haber recibido información previa sobre el cambio.
Así, el nuevo rector y profesor del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), Rubén Casiano Mendoza, y el trabajador de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que lo acompañó para presentarlo ante la comunidad estudiantil, académica y administrativa, fueron liberados a las 12 del día.
En el diálogo estuvo presente el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce.
La inconformidad de los estudiantes fue porque cada rector llega con nuevas personas, engrosando la nómina y plantilla laboral, y luego, cuando los cambian no se los llevan.
Los estudiantes cerraron al rector y a su acompañante en la oficina, el miércoles como a las 10 de la mañana, cuando se negó aceptar que no llevaría más personal con él.
La universidad está en la comunidad me’phaa La Ciénega, municipio de Malinaltepec, sobre la carretera Tlapa-Marquelia.
Casiano Mendoza llega al puesto un año después de la designación del universitario Octavio Nájera Rodríguez. (Carmen González Benicio / Tlapa).
Familiares de Paula Calderón y Lenin Locia, detenidos acusados de secuestrar a 40 militares y policías estatales, en conferencia de prensa. De izquiera a derecha, de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño; el padre y la hija de Paula Calderón, Belester Herrera y Ariadna Bernal y los padres de Lenin Locia, María Victoria Reyes y Ángel Locia Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los ex comisarios de Petaquillas, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes, fueron detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales en esa población el 7 de junio del 2022.
Este lunes, familiares de los detenidos exigieron en una conferencia de prensa su libertad. Aseguraron que son inocentes, que no participaron en los hechos y sólo se sumaron al final de la protesta de los pobladores y a la mesa de diálogo para firmar la minuta de acuerdos para la liberación de los retenidos porque era su deber como autoridades electas de la localidad.
Estuvieron en la conferencia de prensa el tío y padre adoptivo de Paula Calderón Herrera, Belester Herrera Rojas, y la hija de la detenida, Ariadna Pilar Bernal Calderón, así como el padre del también detenido Lenin Locia Reyes, Ángel Locia Hidalgo y su madre María Victoria Reyes de la Cruz.
Los familiares fueron acompañados por los abogados de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño Buitrón, quienes les darán acompañamiento en el proceso judicial, según explicaron al final de la conferencia.
El 7 de junio del año pasado, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatales entraron a Petaquillas y detuvieron a una persona, pero pobladores les impidieron la salida para presionar la liberación de su vecino.
Argumentaron que los militares realizaron algunos disparos por el rumbo del segundo panteón y la telesecundaria del pueblo, “no importándoles que hubiera gente adulta, adolescentes y niños”, explicaron ayer en un escrito los familiares de los detenidos.
Agregaron que al oír los disparos la “guardia civil” se desplazó hacia allá “y alguien” tocó las campanas de la iglesia y se pidió a los vecinos que se concentraron que se trasladaran al panteón nuevo donde exigieron la libertad de su vecino.
“Pero ante la terquedad de los militares la gente reaccionó cerrándoles el paso”.
En su escrito aseguraron que tanto Paula Calderón como Lenin Locia “no participaron en la obstrucción del paso”, que es de lo que los están acusando, porque estaban en sus respectivos centros
de trabajo, “y se puede comprobar con documentos, libro de firmas y reloj checador”.
Paula Calderón –contó entre sollozos su padre adoptivo, Belester Herrera– es madre soltera y jefa de familia. Trabaja en el Congreso local desde hace 24 años “y de su buena conducta y desempeño laboral pueden dar fe los diputados de la actual y de las anteriores legislatura”.
“Ha sido una luchadora social y presidenta de una asociación civil formada con el único propósito de hacerle llegar a la población productos a bajo costo como pollitas ponedoras, herramientas, tinacos y cemento”, aseguró y agregó que es afromexicana, nacida en Juchitán, Guerrero.
En tanto que el padre de Lenin, Ángel Locia Hidalgo, contó que es biólogo de profesión “amante de la cultura de Petaquillas”, y es coautor del libro Miradas al pasado.
“Es un amante de la naturaleza, de la danza folklórica y participa en eventos culturales, religiosos, deportivos y de entretenimiento”.
En el escrito entregado a los medios de comunicación explicaron que ambos se incorporaron como “testigos” de los hechos después de las 4 de la tarde “por la responsabilidad que tenían como comisarios electos” pero que su único propósito fue “calmar los ánimos” de la gente, llegar a un acuerdo con las autoridades y firmar la minuta de acuerdos”.
Se explica en el documento que el día de los hechos aún no habían tomado protesta, y que ocho días después del conflicto la planilla completa, cuatro comisarios, el titular, dos vocales y el suplente presentaron su renuncia en una asamblea porque consideraron que no había condiciones para seguir al frente.
A más de un año, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el viernes pasado, según sus familiares, por policías federales. Lenin fue detenido a las nueve de la mañana en su centro de trabajo, en tanto que Paula en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo en uno de los retenes de la Guardia Nacional, militares y policías estatales cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Es ilógico, irracional, una estupidez, que solamente en una cabeza de poco cerebro y razonamiento estrecho puede caber que una mujer de mínima estatura, y un integrante del grupo LGBTI, hayan secuestrado a cierto número de militares armados hasta los dientes”, cuestionaron en su escrito.
Informaron que después de que fueron detenidos el viernes los trasladaron a las instalaciones de Ciudad Judicial de Chilpancingo, pero por la noche los trasladaron al penal de la Unión, supuestamente por el riesgo que implica la delincuencia organizada.
Contaron que desde allá los estarán trasladando a Chilpancingo cuando se realicen las audiencias del juicio oral.
Los familiares de los dos detenidos pidieron la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda para que sean liberados, pues insistieron que es injusta su detención y que son inocentes.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las personas que se manifestaron este lunes en Chilpancingo, tenían como objetivo exigir la liberación de dos personas integrantes de Los Ardillos.
“Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria explicó que este lunes se dio una manifestación provocada por la detención de dos personas relacionadas con Los Ardillos.
“Ayer (lunes) en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionados aparte con diversos delitos, en la comisión de delitos en esta región”.
Comentó que exhortó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a sostener reuniones con autoridades municipales y ejidales para solicitar la liberación de 13 servidores públicos detenidos, cinco de la Guardia Nacional, cinco de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal.
“En la Mesa de Paz y Seguridad de Guerrero, acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para solicitar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer”, dijo Rodríguez.
De igual forma, señaló que se pidió privilegiar el diálogo y evitar la confrontación, además de la instrucción de no responder a provocaciones, afirmando que había personas obligadas a manifestarse.
“Se inició una investigación sobre los hechos del día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse, porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia”.
Señaló que Gilmar Jaír Sereno Chávez, vocero principal de los manifestantes, es investigado por las autoridades correspondientes y el 16 de febrero de 2023 organizó manifestaciones similares en Quechultenango, donde se retuvo a un militar y agentes de la Fiscalía estatal, exigiendo la liberación de una persona detenida.
De igual forma se mostraron fotografías de la persona en cuestión en la Torre Eiffel en París, y una comparativa de imágenes de la manifestación del 16 de febrero con las de este 10 de julio para la comprobación de que se trata del mismo sujeto.
“El vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad”.
También señaló directamente a Guillermo Marías Marrón, presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, como afín a Los Ardillos, y mostró que tiene una orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza.
“También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también son personas que son afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos”
Añadió que la directriz es: “diálogo, diálogo y más diálogo”, asegurando que se mantendrán en las mesas y no responderán con violencia, especificando que las liberaciones no dependen del aparato gubernamental, sino de un juez.
“Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación, tanto las autoridades federales como estatales, se privilegió el diálogo y en todo momento, en todo momento se evitó la confrontación, esto para evitar cualquier tipo de mayor violencia de cualquier tipo, caer en provocación”.
“Estamos a favor de la manifestación, pero de acciones pacíficas, de ninguna manera estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el estado. Estamos en la mejor disposición de escucharlos, pero no de apoyar las acciones que han estado haciendo”, declaró.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que respalda las acciones políticas de diálogo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que llevaron a la liberación de policías estatales, federales y trabajadores de Gobernación, “para garantizar la atención humana sin caer en la represión.
En un mensaje en redes, la gobernadora destacó que se llegaron a acuerdos con los manifestantes “sin represión ni confrontación”.
Los funcionarios públicos estuvieron retenidos desde el lunes por pobladores de comunidades de la Montaña baja y circuito azul, que protestaron con marchas y bloqueos en la capital del estado.
Con un boletín, indicó que en la sesión virtual de ayer se acordó reforzar la seguridad con filtros de revisión y recorridos de seguridad, para restablecer el servicio del transporte público en la ruta de Río Azul, y las actividades comerciales en la ciudad.
Con mensajes en redes sociales desde la 12:40 de la tarde, la gobernadora destacó los acuerdos con los manifestantes en una reunión en la explanada de la sede del poder ejecutivo estatal, con secretario general de Gobierno en el marco de la ley “sin represión ni confrontación”.
Entre estos acuerdos, destacó la liberación de 13 servidores públicos retenidos por los inconformes, que enseguida recibieron atención médica para garantizar su buen estado físico, además del libre tránsito en la Autopista del Sol, y de la devolución del vehículo blindado propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Aclaró que instruyó a Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a dialogar dentro del marco de la ley, “priozando el bienestar del pueblo”. Enfatizó: “luchamos por la justicia social: encima de la ley nada, fuera de la ley, nadie”.
Con otro mensaje, agregó que el gobierno del Estado de Guerrero seguirá avanzando en la ruta del diálogo y la legalidad.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañada del secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública Evelio Méndez Gómez, visitaron en el Hospital Sur y en el militar a los policías y funcionarios que estuvieron retenidos por pobladores que bloquearon la Autopista del Sol durante dos días. (Redacción / Chilpancingo).
Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Santa Rosa de Lima, Tecpan
Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.
Padres de familia de la primaria Jaime Torres Bodet, que se ubica en la colonia Ciudad Renacimiento en el municipio de Acapulco, bloquearon una hora el bulevar Lázaro Cárdenas, para exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que manden los cinco maestros que hacen falta.
A las 9:30 de la mañana, los padres con cartulinas en donde se leía su queja, bloquearon ambos sentidos del bulevar, y fue hasta las 10:30 de la mañana que llegó el delegado de los Servicio Educativos Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, y dialogó con los inconformes.
Miranda Vergara se comprometió a que el próximo ciclo escolar se repondrá a los maestros, porque faltan dos semanas para que concluya el ciclo escolar; además de que aclaró que no son cinco los profesores faltantes, sino dos que se jubilaron y uno que pidió su cambio.
Debido al bloqueo, las combis de pasajeros que van a las comunidades de la zona rural, al municipio de San Marcos, Ayutla y los camiones del sistema de transporte Acabús, quedaron varados en el bloqueo. Lo que molestó a los ciudadanos, mismos que se hicieron de palabras con los padres de familia para que se quitaran.
Aunque llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para desviar la circulación en vías alternas, se hizo una fila larga de carros. Hasta las 10:45 los padres de familia desbloquearon los dos sentidos del bulevar.
“Queremos que las autoridades echen ojo a las escuelas, no somos las únicas escuelas afectadas. A nosotros nos hacen falta cinco maestros, imagínense esos maestros lo hemos estado cubriendo los padres de familia. Contratamos maestros para que nuestros hijos no se queden sin clases”, dijo el padre Fernando Ortiz.
Recordó que desde hace cinco meses se cooperan los padres de familia para pagar a los maestros que les dan clases a sus hijos, “hemos enviado varios oficios, le hemos llamado por teléfono. Ahorita el delegado nos dice que nos quitemos, pero esta es la única manera en que el gobierno nos toma en cuenta”.
El padre de familia dijo que dan una cooperación de 200 pesos para pagarle a los “cinco maestros que nos hacen falta. Lo que nosotros queremos es una solución, que no nos hagan promesas porque hace meses tuvimos el mismo problema, pero nos mandan maestros que van contratados por él, pero no les paga”.
“Son cinco maestros, de primero, tercero, quinto, cuarto año de primaria y una maestra de artística. Son más de 150 alumnos y lo que hacemos los padres es que nos tenemos que cooperar, y ya estamos cansados de pagar. Son maestros que se jubilaron desde que empezó el ciclo escolar, pero no mandan repuesto”.
El ex presidente del comité de padres reprochó a las autoridades de la SEG, porque mencionó que el gobernador Héctor Astudillo Flores apenas entregó plazas de maestro, “¿dónde están esas plazas? ¿Dónde las entregó? Porque en Acapulco no hay nada, no se ve en ninguna escuela a maestros nuevos”.
“La escuela cuenta con 500 alumnos y desde que empezó el ciclo escolar no hemos tenido maestros, son maestros que se jubilaron y hasta la fecha no nos han mandado el repuesto. El delegado va y nos dice ‘vamos a hacer los grupos de 45 alumnos’, quieren juntar y hacer dos y eso es la forma de trabajar”, puntualizó.
Las Fiscalía General del Estado (FGE) por error detuvo por cinco horas al maestro y supervisor de la zona escolar 15 del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alfonso Vargas Muñoz, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, equivocadamente imputado del delito de homicidio.
Por un error en la lectura del nombre, agentes ministeriales detuvieron al docente este jueves en un retén ubicado entre las comunidades Campo de Aviación y Los Morros, al confundirlo con Alonso Vargas Muñoz, sobre el cual gira una orden de aprehensión por estar acusado de homicidio sucedido en Tlapa, región de la Montaña.
Alfonso Vargas relató que a las 8 de la mañana de este jueves circulaba acompañado de dos maestros más, en su carro por la carretera de la sierra a escasos kilómetros de la comunidad Los Morros, pero fue detenido en un retén, donde además había personal del Ejército realizando labores de inspección.
“Veníamos de Tlacotepec, íbamos hacia una actividad que estaba convocada en Chilpancingo, en la supervisión escolar”, describió.
Relató que al llegar al retén fue inspeccionado por los ministeriales, quienes le pidieron que se identificara y cuando entregó sus documentos, se le informó que tenía una orden de aprehensión en su contra.
Los ministeriales tenían una computadora donde tienen la base de datos de personas que se buscan, la cual está integrada por características físicas, como la edad que tiene el presunto responsable del delito.
“No pudieron confirmar la información por que no había internet, entonces por eso ellos argumentaron que me tenían que trasladar”, agregó.
Vargas Muñoz explicó que los ministeriales lo esposaron para trasladarlo a la FGE, pues accedió a ser trasladado para que se realizara la verificación del nombre, ya que él sabía que no había cometido ningún delito.
Los ministeriales lo trasladaron en una camioneta, mientras que su carro fue conducido por otro policía.
“Yo considero que es un atropello a mis derechos como ciudadano, porque no traen a la mano la información adecuada, ya cuando llegamos acá resulta que me estaban confundiendo”, enfatizó.
Los agentes ministeriales que lo detuvieron, esposaron y trasladaron a la capital del estado, se equivocaron en el nombre y en la edad del presunto delincuente, sólo coincidía en los apellidos.
Al maestro y supervisor lo confundieron con Alonso Vargas, de 22 años, quien es acusado de un homicidio ocurrido en mayo de 2015 en Tlapa.
De manera simultanea a la detención, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) denunciaron en una conferencia improvisada, que su compañero fue detenido en la comunidad Los Morros, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Agregaron que el docente viajaba en su carro hacia la capital del estado, para realizar trámites correspondientes de su zona escolar, cuando fue detenido por policías ministeriales en un retén.
Aseguraron que Vargas Muñoz es inocente y calificaron la acusación como increíble, porque ha tenido una “larga trayectoria en su carrera”.
Al lugar también llegó el líder sindical Arcángel Ramírez Perulero, quien se entrevistó con el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Néstor Fiallo Samayoa.
Ante el hecho, 20 maestros de la CETEG se trasladaron a la Fiscalía con el objetivo de apoyar y presionar a las autoridades para su liberación.
Integrantes de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), para exigir la liberación de 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado.
A las 12 del mediodía, unos 40 integrantes de la organización tomaron las oficinas del INAES; portaron pancartas en las que leía “Exigimos la liberación de proyectos”, “UNIMOSS exigimos solución a los proyectos”.
En el lugar se habló con el coordinador estatal de la Unimoss, Miguel Ángel Hernández Garibay, quien dijo que acudieron al INAES para exigir la liberación del presupuesto, porque desde el 31 de agosto el comité técnico regional de la zona Centro autorizó 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado, pero sólo han liberado 17 proyectos de los 51 autorizados.
“Este miércoles venimos a exigir a la delegación que haga el puente con la coordinación nacional del programa, para que no nos olviden; no puede ser que se haya liberado el presupuesto y no se entregue, porque el recurso que no es ejercido es regresado a la federación”, resaltó Hernández Garibay.
Expresó que los integrantes de la Unimoss temen porque en dos meses termina el ejercicio fiscal, y exigieron que se entregue el dinero para que en la próxima convocatoria sea tomado en cuanta Guerrero. Unas 200 personas están en el programa de proyectos productivos comerciales, ganaderos y agrícolas, quienes saldrían perjudicadas si se va el presupuesto.
Los trabajadores del INAES solicitaron a los inconformes que integraran una comisión para hablar sobre sus peticiones.
A las 2:30 de la tarde salió la comisión, informaron que las autoridades se comprometieron a que la liberación del presupuesto será dentro de 15 días, y de no cumplirse el acuerdo nuevamente los manifestantes acudirán a las oficinas del INAES a exigir, “no vamos a permitir que ese dinero se regrese a la federación”, concluyó Hernández Garibay.
El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que seguirá insistiendo “hasta el último momento” de su administración en la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Herrera Campos, e incluso adelantó que si esto no se consigue continuará impulsando esa petición aunque ya no esté en el cargo.
Aunque dijo que es respetuoso del plan de trabajo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, confió en que “por su sensibilidad”, el priista retomará este asunto cuando asuma el cargo, en coordinación con la actual legislatura del Congreso local.
Ortega Martínez asistió ayer al Complejo Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), para la clausura de Las Caravanas Culturales por la Paz que encabezó su hija, la presidenta del DIF-Guerrero, Marxitania Ortega, y en donde estuvo presente el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Al concluir la actividad, a Ortega Martínez se le preguntó sobre la negativa del fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de desistirse de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y la negativa del Congreso local de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que su administración ha impulsado, sin éxito, desde la legislatura pasada.
“Hasta el último momento, hasta las 12 de la noche del lunes 26 de octubre vamos a seguir insistiendo en que se pueda liberar a la ciudadana Nestora Salgado, a Gonzalo Molina, a Arturo Campos, a Máximo Mojica, a los muchachos de la Policía Comunitaria de la casa del Paraíso en Ayutla, y a las luchadoras y luchadores sociales que están en prisión”, respondió.
Aunque no precisó cuándo lo hará, dijo que enviará de nueva cuenta una petición al fiscal para que reconsidere su postura respecto a la petición que le ha hecho para que se desista de la acción penal en contra de Nestora Salgado.
Dijo que para el 27 de octubre, cuando entre en funciones el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y él ya no sea gobernador, en su carácter de ciudadano y universitario seguirá insistiendo en la liberación de los presos políticos.
Dijo estar convencido de que la libertad de los presos políticos en Guerrero sería una acción justa que abonaría a la armonía y a la paz de Guerrero.
-¿Ha hablado usted con Héctor Astudillo de esto? ¿Le ha pedido que impulse la liberación de los presos? -preguntó este reportero.
-Hemos hablado de este y muchos otros temas, yo le he expresado al licenciado Héctor Astudillo mi convicción de que esto ayuda a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad democrática. Si contribuimos para que, a través del debido proceso, que no se obstruya, que no se obstaculice la justicia, hay casos que se pueden desahogar y poder alcanzar la libertad a través de lo que proceda.
-¿Debería Héctor Astudillo impulsar esas iniciativas? -se le insistió.
-Yo solamente sugiero, ya el licenciado tendrá oportunidad de revisar y analizar estos casos, y espero, porque creo que es un hombre sensible, un hombre justo, que habremos de coincidir, y yo como simple ciudadano tenga la satisfacción de ver un acto de solidaridad y de justicia de parte del gobernador electo Héctor Astudillo para que atienda estos casos.
De las finanzas del gobierno estatal, recordó que recibió la administración con un déficit de 3 mil millones de pesos, y él dejará menos de 200 millones, “yo funcioné con mil 500 millones menos que como funcionaban otros gobiernos”.
Dijo que Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, gracias a una estrategia en la que condonaron las deudas que enfrentaban los contribuyentes, pero con la condición de que estuvieran al corriente con el pago de sus impuestos en la actual administración, entre otras medidas que merecieron el reconocimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De la reunión con diputados locales de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en la que el fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, compareció ante el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, horas después de los ataques a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, lo que deja entrever la posibilidad de que lo dejaron escapar, Rogelio Ortega dijo que es respetuoso “de lo que al respecto se diga”, ya que no es un asunto de su competencia.
-¿No abonaría la comparecencia de Iñaky Blanco para que explicara por qué no se detuvo al secretario de seguridad de Iguala? -se le preguntó.
-Yo soy de la idea de que todas las personas que estuvieron involucradas o cercanas por responsabilidades gubernamentales y que puedan aportar a la investigación y encontrar la ruta de la verdad y la justicia, deben tener la voluntad de comparecer y decir lo que les consta.
