No sería la primera vez que México tendría que recorrer en solitario el camino político que demanda la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos –lo hizo durante la Revolución– pero es de desear que las próximas elecciones en Brasil no le entreguen el poder a la derecha para que México pueda mantenerse en compañía de ese país en el empeño por hacer frente a la política imperial de Donald Trump.
Pese a lo asimétrico del choque, los indicadores llevan a concluir que en el Medio Oriente, Estados Unidos y su aliado Israel no han ganado la guerra que ellos mismos desataron contra Irán en febrero. Y esos indicadores no son otros que los objetivos públicamente anunciados por los propios atacantes y que hasta hoy no han alcanzado plenamente o que de plano ya fracasaron. Lo que el presidente norteamericano se propuso lograr al anunciar al mundo su decisión de atacar a Irán era la rendición incondicional de ese país, la destrucción total de sus instalaciones nucleares, la destrucción del arsenal y de las fábricas de misiles balísticos iranís, poner fin al apoyo de ese país a los grupos armados en la región –Hezbolá, Hamás y los hutíes– y, finalmente, cambiar el régimen teocrático de la antigua Persia por uno más afín a Washington.
Sin embargo, ahora lo que Trump intenta es algo menos espectacular: apenas negociar los términos de una tregua para evitar una crisis de la economía mundial por la disminución en el suministro de petróleo proveniente del Golfo Pérsico. Es evidente que Washington ha causado y puede seguir causando un gran daño a la infraestructura militar y civil de Irán, pero no ha logrado cabalmente ninguno de sus objetivos iniciales. Por otro lado, es claro que la resistencia de Irán ha modificado la configuración política de la región y no en el sentido deseado por los gobiernos de Washington y Tel-Aviv y que era poner fin al papel de ese país como potencia regional.
En términos humanos el costo pagado por Irán y sus aliados en el Líbano ha sido alto: 3 mil 400 muertos en Irán y alrededor de 4 mil en Líbano. Sin embargo, Irán ha sabido usar muy bien sus misiles y drones contra las bases norteamericanas en la región y, sobre todo, ha mostrado su capacidad para interrumpir el suministro de petróleo y fertilizantes al mercado mundial. Por eso y contra su voluntad, Trump se ha visto obligado a olvidar sus demandas de rendición incondicional y cambio de régimen y hoy se limita a buscar un acuerdo sobre cómo reducir el proyecto atómico del país de los ayatolas.
En contraste con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en el hemisferio occidental, particularmente en la América Latina, el proyecto imperial de Trump para reafirmar a su país como el gran e indiscutible poder dominante en el hemisferio pareciera imponerse sin grandes problemas, lo que para México no es una buena noticia. Veamos.
En Venezuela la “presidenta encargada”, Delcy Eloína Rodríguez, cumple sin chistar lo que Washinton le ordena sobre todo en materia petrolera. En Colombia el candidato presidencial de derecha recibe las felicitaciones de Trump y su secretario de Estado, y al felicitarle le han asegurado todo el apoyo de Washington pues como le expresó Marco Rubio: “El futuro de Colombia está por venir”. Obvio que todo futuro está por venir, pero lo sustantivo de ese futuro es que el derechista De la Espriella, que como Trump transita sin escalas de empresario a presidente, tiene como tarea impedir que Colombia quedara en manos de personas como Iván Cepeda, que según Trump es “un marxista radical”, y en cambio marche por el camino que ya recorren Argentina, Ecuador, El Salvador y que Chile también ya inició guiado por un personaje identificado con el pinochetismo. Y eso no es todo, sino que también el Perú que será gobernado por Keiko Fujimori es candidato para añadirse a ese grupo en la medida en que el fujimorismo es un movimiento personalista y populista de derecha, aunque ante la señora Fujimori tendrá que mostrar que puede mantenerse al frente de una presidencia particularmente inestable como es la peruana.
En fin, que en el futuro inmediato el proyecto que tiene como bandera a la llamada “Doctrina Donroe” tiene frente a sí un horizonte mucho más propicio que el que enfrenta en el Medio Oriente. Y vale cerrar este recuento reconociendo el creciente daño del bloqueo energético norteamericano a Cuba y el cerco que la derecha local apoyada por el Departamento de Estado ha construido en torno a la presidencia de Bernardo Arévalo en nuestra vecina Guatemala.
Fijemos ahora la atención en Brasil. Un eje Brasil-Mexico englobaría al 51.3% de la población de América Latina y El Caribe y a dos de las economías más importantes de la región. Luis Inacio Lula da Silva es el presidente latinoamericano con mayor experiencia para el cargo pues el actual es su tercer mandato, su ideología es de una izquierda moderada, Brasil es fundador del grupo de los BRICS y por ello y otras cosas se ha enfrentado a Trump y mantiene una buena relación con el gobierno de México. Lula, pese a su edad –80 años– va en busca de su cuarta reelección no consecutiva en este octubre. Y para ello tendrá que vencer al “bolsonarismo”, un movimiento de derecha encabezado por Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro –hoy en prisión por pretender dar un golpe de Estado contra Lula– y que según las encuestas es una corriente política en ascenso. En cualquier caso, la familia Bolsonaro mantiene relaciones personales con Trump y el apoyo abierto del mandatario norteamericano al vástago del expresidente golpista es un factor que sin duda jugará en la elección de octubre.
Bueno, ahora veamos a México. Desde la perspectiva del gobierno de la 4T, al mal tiempo político para la izquierda continental debe ponérsele no una “buena cara” sino una batería de acciones que activen y refuercen la base de apoyo social al régimen. Hay que insistir en lo mucho que está en juego en la defensa de ese “primero los pobres” y de la soberanía mexicana frente a la avasalladora ofensiva del trumpismo. Hay que fortalecer las bases de la 4T con el discurso, pero sobre todo con la selección de buenos candidatos para las elecciones intermedias y con acciones eficaces y bien difundidas en materia de seguridad y combate a la corrupción, incluida la que se da dentro del partido en el poder. Hasta hoy, la derecha mexicana no encuentra un liderazgo y un proyecto nacional a la altura de su meta –poner fin al proyecto lopezobradorista– pero ya cuenta con la formación de un nuevo partido de cuadros, con el apoyo de los medios tradicionales de información, con la renuencia del gran capital mexicano a invertir más para sacar a la economía de su estancamiento y finalmente también cuenta con la presión sistemática de Washington sobre el gobierno de Claudia Sheibaum para hacerlo aparecer como débil e incapaz. La derecha mexicana y el gobierno de la potencia del norte van a insistir en minar al régimen de la 4T con la esperanza de transformar a México en una pieza más del proyecto trumpista en el hemisferio occidental.
Desde el 2016, al inicio de su primera campaña presidencial, Trump encontró políticamente redituable caracterizar a México como un peligro para la seguridad y bienestar de su país. El hombre de negocios inmobiliarios neoyorkinos transformado en presidente de la mayor potencia señaló como peligros para su país a la amplia y “desprotegida” frontera sur y al empleo de millones de indocumentados como la explicación de la pérdida de empleo de trabajadores norteamericanos, también del tráfico en gran escala de drogas ilegales aunque sin mencionar el papel central que jugaban tanto la demanda masiva de mano de obra indocumentada por parte de los empleadores norteamericanos como la demanda de drogas por los adictos en ese país ni la voluntad de sus vendedores para proveer de armas a los ejércitos privados de los carteles mexicanos. La caracterización inicial de Trump del peligro que viene del sur se mantiene hasta hoy como un elemento de cohesión que presenta al trumpismo como la única fuerza capaz de enfrentar y someter al peligro mexicano.
Finalmente, por lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, Trump lo caracteriza como un instrumento para “robarle” empleos a su país sin considerar que la enorme corriente de exportaciones mexicanas a Estados Unidos está básicamente en manos norteamericanas y que el gran crecimiento de esas exportaciones tiene lugar al mismo tiempo que el crecimiento del PIB mexicano se ha estancado, lo que indica que los más beneficiados por ese intercambio están al norte del Bravo.
En enero Trump declaró “vamos a empezar a atacar por tierra a los carteles [del narcotráfico]. Los carteles están controlando México”. Luego, el 6 de mayo afirmó que si México no hacía su trabajo en este campo, Estados Unidos lo haría. Y el 17 de junio en la reunión del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) insistió en que México estaba “controlado por los carteles” y su presidenta era “una mujer muy asustada.” ¿La pregunta que cierra esta columna es: ¿a dónde busca el autor de la “Doctrina Donroe” llevar su presión sobre México?
Es claro que el discurso de Trump –prepotente y brutal– y sus acciones no siempre se corresponden, pero a veces sí. La incertidumbre en la relación es entonces la norma y por eso es justo caracterizar a la actual como “La Era de la Mala Vecindad”. Si en el Medio Oriente la hegemonía norteamericana va en retirada, en nuestro continente no.

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La pública reafirmación de la agenda política que tiene en mente el Washington de Donald Trump para el continente americano –la llamada “Doctrina Donroe”– básicamente busca mantener e incluso reforzar los aspectos neocoloniales de las relaciones de la gran potencia con los países del continente, Canadá incluido ¿Podremos y querremos neutralizar esta ofensiva? Es pregunta que espero contestemos positivamente.
El concepto de colonialismo puede definirse como el dominio político, económico y cultural que ejerce un país –la metrópoli– sobre otra sociedad –la colonia– situada fuera de sus fronteras y a la que se obliga a participar en el proyecto nacional del país dominante, proyecto que no sólo le es ajeno sino antagónico. En este contexto lo que llamamos neocolonialismo es la continuidad de la relación de sujeción descrita, aunque bajo formas diferentes, pues el poder del país hegemónico se ejerce de manera indirecta pues teóricamente el país subordinado ya no es colonia sino entidad soberana, pero en la práctica su soberanía está limitada por los intereses y presiones del país más fuerte. Desde esta perspectiva, el sello en nuestro continente de la actual administración norteamericana viene a ser su esfuerzo deliberado y sistemático por detener y debilitar a las fuerzas que buscan combatir al neocolonialismo. Desde esta perspectiva la política de Trump en el continente consiste en imponer variantes de la relación que ya está construyendo con Venezuela: una que nulifique los esfuerzos de aquellos actores y grupos políticos que en las sociedades subordinadas se esfuerzan por dar un contenido verdadero y progresista a su soberanía modificando las condiciones y estructuras que implican relaciones de dependencia.
Desde hace tiempo América Latina es un crisol de relaciones neocoloniales lo mismo que de esfuerzos nacionalistas por modificar esa condición. El grado y características de los nexos de subordinación política de cada país del continente salvo Cuba respecto de Estados Unidos, es variable pero innegable. Y esa variación ha dependido de la época, de los proyectos nacionales de cada país, de su historial de resistencia o aceptación de dichos designios imperiales y de los cambios políticos y económicos al interior de Estados Unidos, pero en cualquiera de los casos el “factor norteamericano” sigue condicionando el ejercicio de la soberanía de todas las naciones del hemisferio. La importancia y efectos de ese “factor” en la relación de Washington con el resto del continente ha variado no sólo por factores propios de la región sino también por cambios en la naturaleza y los equilibrios de la estructura del poder mundial. Hasta inicios del siglo XX, las influencias de actores europeos en América Latina, sobre todo de Inglaterra, fueron muy significativas y en ocasiones chocaron con las norteamericanas. Sin embargo, tras las dos guerras mundiales la influencia del viejo continente en nuestra región disminuyó mucho salvo por la de Moscú.
Tras la desaparición de la Unión Soviética al final del siglo pasado el sistema internacional adquirió un carácter unipolar y Estados Unidos fue la única potencia que campeó en América Latina. Con el ascenso de China esa unipolaridad ya está siendo sustituida por una multipolaridad en formación. En esa circunstancia, el Washington trumpista ha dejado saber que, si bien en otros continentes está dispuesto a negociar su posición con la competencia, en el nuestro no. Y es que según los nada sutiles argumentos expuestos por el gobierno de Trump en su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de 2025, Estados Unidos va a seguir empeñado en que América sea su esfera de influencia natural y exclusiva.
Esta política norteamericana de abierto corte neocolonial tiene, dentro de ese país, una base social de derecha muy dura y militante. Una encuesta de opinión pública dada a conocer por el Pew Researh Center el 10 de junio sobre las orientaciones políticas norteamericanas clasifica a los entrevistados en nueve categorías ideológicas. Y la derecha extrema calificada por Pew como la No Apologies Right (la derecha militante e intolerante), tiene como característica central la visión de unos Estados Unidos como un país superior a cualquier otro y que es imperativo preservar su estatus de super poder militar y por lo mismo respaldan todas las acciones en el exterior de sus fuerzas armadas independientemente de su legalidad, como fue el secuestro del presidente de Venezuela. Es verdad que esta derecha extrema representa apenas al 9% de la población adulta norteamericana, pero es muy activa en la votación, 99% republicana y es el corazón del Make America Great Again (MAGA), es decir del trumpismo duro. Si a esos 23 millones de ciudadanos extremistas y activos se agregan los de las otras tres categorías que según PEW completan el universo de la derecha norteamericana –First Fait Conservatives (conservadores por motivos religiosos, básicamente evangélicos), Unconventional Right (derecha no particularmente ideológica) y Pragmatic and Polite Right (derecha pragmática)– se tiene que un 44% de los ciudadanos de Estados Unidos pueden ser considerados como la base social de las decisiones de política exterior que se toman en la Casa Blanca.
Hace ya buen tiempo que Cuba dejó de ser un factor que interfiriera con los objetivos de Estados Unidos en o fuera del hemisferio. Sin embargo, todo indica que en Washington se han vuelto a revivir los planes para recuperar a Cuba como la neocolonia que fue a lo largo de toda la mitad del siglo pasado. Y ni que decir de Venezuela, que tras una operación relámpago y de gran precisión militar pero totalmente contraria a las normas del derecho internacional, Estados Unidos secuestró a su presidente y dejó en el Palacio de Miraflores en Caracas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una auténtica Quisling (una gobernante local al servicio de un conquistador como en la Noruega de la II Guerra Mundial) que Washinton usa para aparentar una “continuidad institucional” local pero es desde Miami que un personaje sin ningún cargo formal pero de la absoluta confianza de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio –Mauricio Claver-Carone– el que vigila a la presidenta Rodríguez y al proceso político del día a día en Caracas mientras la actividad petrolera del país la supervisa directamente Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos y él decide los procesos de reapertura de refinerías y plantas eléctricas, las ventas de petróleo y gas de PDVSA y del puñado de empresas transnacionales que controlan esa actividad entre las que destaca Chevron. El papel de Claver-Carone como “virrey norteamericano en Caracas” está analizado y destacado en un largo reportaje del Washington Post (25/05/26). Se trata de un abogado y cabildero estadunidense, pero de origen cubano que trabajó en Washington para el Consejo de Seguridad Nacional y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Al inicio de la segunda presidencia de Trump se desempeñó brevemente como enviado especial para América Latina.
Anulado Venezuela como un país que escapaba al control político de Washington y Cuba sometida por décadas a un bloqueo comercial y ahora a uno energético y amenazada con una acción directa para cambiar su régimen, sólo quedan tres gobiernos de peso en el conjunto latinoamericano que se resisten a ser parte del grupo de países abiertamente sometidos a las directivas de la Casa Blanca. Esa tercia la conforman Colombia, Brasil y México.
La coyuntura electoral de Colombia le está permitiendo a Trump pronunciarse abiertamente por el candidato de la derecha extrema Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario que se identifica con Trump, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. De la Espriella que también tiene el apoyo de los grupos evangélicos, propone disminuir el papel del Estado, pero llevar a cabo una política de mano dura contra los grupos armados, el narcotráfico y la delincuencia en general.
En Brasil el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro hoy en prisión por haber intentado un golpe de Estado, tiene el respaldo del bolsonarismo, una corriente de derecha que el hijo del expresidente busca convertir de fuerza personalista en una más adecuada para sostener a “nueva derecha” brasileña. La cercanía de la familia Bolsonaro con el presidente Trump es pública y el bolsonarismo cuadra perfectamente con el trumpismo.
Finalmente, está México. Aquí la izquierda ha derrotado en las urnas a la derecha de manera contundente en 2018 y 2024, está debilitada y además no hay una coyuntura electoral próxima y que Trump pueda aprovechar para revigorizarla, lo que no impide que el trumpismo ya vaya preparando el campo para el 2030. De ahí el empeño de Trump en caracterizar a nuestro país como uno con un gobierno corrupto donde el poder real reside en los grupos del crimen organizado. Desde esta perspectiva una “invasión” de indocumentados y de drogas prohibidas provenientes de México son presentadas como fallas estructurales de los gobiernos del país vecino que afectan la seguridad norteamericana y que podrían justificar como legitima defensa una acción directa cuyas consecuencias podrían descarrilar el proyecto de izquierda de la 4T en favor de la derecha local y de la “Doctrina Donroe”.
Es de desear que el escenario anterior o una variante no se materialice, pero el nacionalismo mexicano debe de estar preparado para esa eventualidad. En cualquier caso, los mexicanos debemos esforzarnos al máximo en “mantener la casa en orden” y no dar al trumpismo elementos que justifiquen el debilitamiento de la soberanía nacional y el afianzamiento de fuerzas y proyectos neocoloniales.

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Cuba y su entorno. “Puedes decir todas las cosas buenas que quieras sobre las reglas y conductas en el ámbito internacional, pero vivimos en el mundo real –en el mundo real, Jake– que es gobernado por la dureza, por la fuerza, gobernado por el poder…Estas son las leyes de hierro del mundo y que han existido desde el principio de los tiempos”. La declaración anterior la hizo Stephen Miller –el asesor de seguridad nacional de Donald Trump– y que de esa manera resumió para la cadena de televisión CNN la esencia de la política exterior del Washington de Donald Trump y que los responsables en ese momento tenían en mente a Venezuela y a Dinamarca, pero es la misma que aplican al resto del mundo (trasmisión del 05/05/26).
Es realmente muy corta la distancia entre las costas de Estados Unidos y Cuba –apenas 145 kilómetros entre Cayo Hueso en Florida y el norte de Cuba– pero es enorme en términos de poder, tanto que a primera vista lo realmente difícil de explicar es como el gobierno de la isla ha podido sobrellevar y sobrevivir a lo largo de ¡67 años! una relación de confrontación sistemática con Estados Unidos que ha incluido el apoyo de Washington a una fuerza invasora (Bahía de Cochinos), sabotajes, castigo económico permanente, intentos de asesinato de su liderazgo y más; y de parte de Cuba optar y mantenerse socialista en plena Guerra Fría, forjar alianzas con los adversarios de Washington y apoyar a movimientos revolucionarios y antiimperialistas en América Latina y África.
Esa larga y dura confrontación ha tenido un par de momentos de tensión máxima –la invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961 y la crisis de los misiles de octubre de 1962– y otros de hostilidad institucionalizada apenas temporalmente suavizada por el restablecimiento de relaciones diplomáticas Washington-La Habana en julio de 2015 y el viaje del presidente norteamericano Barack Obama a Cuba al año siguiente, meses antes del fallecimiento de Fidel Castro.
Pero ese deshielo político fue breve pues no le siguió ninguna primavera. En 2017 arribó Donald Trump a la Casa Blanca y volvió a imponerse el clima invernal entre los dos países al punto de intervenir en Venezuela para, entre otras cosas, hacerse de su petróleo y de inmediato cortar la principal fuente de energía de Cuba. Y hoy en Washington se habla de una posible acción directa contra el régimen cubano, algo que hasta ahora no ha intentado.
Durante los años de la Guerra Fría y la bipolaridad del sistema internacional, Cuba logró el apoyo y protección efectiva de la URSS, pero a partir de la disolución del bloque soviético la isla caribeña empezó a sentir el tremendo peso del aislamiento, de la asimetría de poder en la confrontación con Washington que se intensificó tras el viraje hacia la derecha extrema del gobierno de la gran potencia. Después de la efectiva y violenta decapitación del régimen venezolano –el aliado insustituible de Cuba en la región– la isla antillana ha quedado totalmente expuesta a la vocación imperial de la hoy llamada “Doctrina Donroe”, enunciada y anunciada sin recato en el documento “Estrategia de Seguridad Nacional” (NSS) publicado por la Casa Blanca en diciembre de 2025 y donde el enfoque respecto al hemisferio occidental se puede resumir en el ya clásico “América para los (norte) americanos”.
La posibilidad de una acción militar directa norteamericana en Cuba tiene como base no sólo la descarnada visión que sobre la política internacional tiene hoy Washington y una declaración de Trump del 16 de marzo hecha en una reunión con reporteros en la Casa Blanca. Casi al final de una sesión de preguntas y respuestas el mandatario tocó el tema cubano y afirmó: “Yo creo que tendré el honor de tomar Cuba”. Y cuando se le pidió que, si su acción fuese el resultado de la diplomacia o de una acción militar, él simplemente respondió: “Creo que puedo hacerlo como yo quiera” (Pool Reports 03/16/26, Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/393360 “In-Town Pool Report #11”).
Como lo expresara el ya citado Stephen Miller, en el Washington de Trump se puede hablar del destino que aguarda a un país sin la menor referencia a los principios del derecho internacional, al respeto de su soberanía y a todos los instrumentos que la salvaguardan en los países con pocos medios de poder y que están claramente especificados en la Carta de las Naciones Unidas, institución que Estados Unidos ayudó a crear tras la costosa victoria de los aliados sobre el régimen nacionalsocialista de Hitler, justamente uno que vio e interpretó al mundo sólo en términos de poder, tal y como hoy lo ve e interpreta el trumpismo.
Cuba vista desde México. Para México y desde el siglo XIX la política de las potencias coloniales e imperialistas hacia Cuba ha sido de su directa incumbencia. Nuestro país logró su independencia en 1821 pero hasta noviembre de 1825 los españoles se mantuvieron en posesión de la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz y ello fue posible porque su guarnición fue sostenida y municionada desde Cuba. Poco tiempo después, en julio de 1829 tuvo lugar el desembarco de 4 mil soldados españoles al mando del brigadier Isidro Barradas en las costas de Cabo Rojo, al norte de Veracruz con el propósito de tomar Tampico y detonar un movimiento interno apoyado por los insatisfechos con la independencia en México y en favor de que retornara el país a su estatus de colonia. Esa expedición fracasó, pero México tuvo que tomar nota que el contingente lo había organizado el gobierno español en Cuba. La idea de una expedición conjunta de México y Colombia para expulsar a España del Caribe simplemente no se materializó, pero no fue por falta de voluntad sino de medios.
Cuando México logró finalmente superar sus complejos problemas internos y externos posteriores a la independencia y los liberales tuvieron el control definitivo del país, en Cuba en 1868 Carlos Manuel de Céspedes inició la guerra de independencia (Grito de Yara), guerra que de una manera u otra continuaría hasta el fin del siglo. En México los gobiernos presididos por Benito Juárez y Porfirio Díaz tuvieron una natural simpatía por los esfuerzos de los independentistas cubanos, pero desde su perspectiva era mejor una Cuba en manos de un imperio en declive –el español– que bajo el control de un imperio en ascenso –el norteamericano– y que de tiempo atrás había mostrado su deseo de controlar la isla y más. En la prensa mexicana hubo una breve campaña en favor de intentar que España cediera la isla a México como alternativa a lo que finalmente sucedió: una guerra hispano-norteamericana que dejó a la Cuba “independiente” a merced de una “enmienda” impuesta a su constitución en 1902 por el congreso norteamericano: la “Enmienda Platt. Así que, tras tres decenios de una cruenta guerra por su independencia, los cubanos tuvieron que aceptar que un pegote redactado por el senador norteamericano Orville Platt y conocido como la infame “enmienda Platt” dio el derecho a Estados Unidos a intervenir en el nuevo país según Washington lo considerara apropiado.
En 1934 se eliminó por innecesario el añadido elaborado por el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, para entonces ya era claro que el grado de soberanía de Cuba era muy limitado y que dependía de la tolerancia y voluntad de la Casa Blanca. En 1959 el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por el Movimiento 26 de Julio casi de inmediato llevó a un choque con Estados Unidos y a la ruptura de relaciones en 1961. Un año más tarde, en 1962 Washington logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) expulsara a Cuba y que los países latinoamericanos rompieran sus relaciones con la isla, sólo México se rehusó a seguir la política de aislamiento contra la Cuba revolucionaria, aunque tampoco le dio mayor apoyo y bajo los dos gobiernos panistas de inicios del presente siglo (2000-2012) las relaciones México-La Habana fueron notoriamente distantes.
Con la victoria electoral de Morena en México en 2018 y el inicio de la construcción de un nuevo régimen orientado hacía la izquierda, las relaciones entre La Habana y México se vigorizaron pero justamente esa mejoría en la relación entre los dos vecinos de Estados Unidos se ha enfrentado a la intensificación de la presión norteamericana contra el país caribeño lo que, naturalmente ha redundado en un tema más de desacuerdo en la compleja agenda de la relación de México con su vecino del norte, sobre todo en una coyuntura en que los proyectos nacionales de México y Estados Unidos se mueven en direcciones ideológicas distintas.
Hoy por hoy, México no puede proporcionar a Cuba lo que necesita con urgencia: petróleo, porque Estados Unidos de inmediato ejercería represalias económicas significativas en un contexto donde las exportaciones mexicanas al vecino del norte representan el 80% del total. Por otra parte, la soberanía mexicana se vería más limitada de lo que ya está si nuestra presidenta no se manifestara públicamente contra el ilegítimo e ilegal aumento del bloqueo económico de Cuba –condenado ya por 165 países en Naciones Unidas– y no mandara a la isla ayuda no petrolera y que, sin ser decisiva, no deja de ser un gesto de independencia frente a Trump y su secretario de Estado.
Es posible que las complicaciones de Estados Unidos en su actual guerra contra Irán hagan reconsiderar a Trump la idea de emprender en el futuro inmediato una acción directa contra Cuba, pero eso no significa que en la agenda de política exterior de México las reacciones norteamericanas en torno a Cuba pierdan importancia. Al final, el haz de luz roja que hoy proyecta Washington con intensidad sobre Cuba también, de refilón, ya nos llega a nosotros.

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No es que el personaje –Donald John Trump, el 45° y actualmente el 47° presidente de Estados Unidos de América– necesariamente padezca un trastorno mental, aunque a veces da esa impresión, sino que en su caso ocurrió algo con pòcos precedentes en la historia contemporánea y que se refleja en lo peculiar de su conducta: pasar directamente del pedestre mundo de los reality shows de la televisión, del de ambientes no convencionales y siniestros como los propiciados por Jeffrey Epstein o del de los obscuros negocios inmobiliarios millonarios de Nueva York, al mundo del ejercicio directo del máximo poder político de una gran potencia. Se trata de un salto desde la irrelevancia hasta el imperial con el mayor poder .
Aunado a lo anterior –la falta de experiencia política combinada con el peso de la responsabilidad que conlleva tamaño ejercicio del poder–, resulta que el personaje en cuestión asumió el puesto de jefe del Poder Ejecutivo norteamericano en un contexto interno muy peculiar: uno donde los tradicionales pesos y contrapesos políticos casi han dejado de operar. Ese supuesto mecanismo de equilibrio de los poderes políticos diseñado desde el norteamericano para evitar una concentración de los procesos de toma de decisiones en una sola persona o institución, más o menos funcionó por más de dos siglos. Pero hoy ya no es el caso, por decisión de la mayoría republicana en el Congreso y de los miembros conservadores de la Suprema Corte de Justicia, ambas instituciones se han sometido a la voluntad presidencial. Actualmente dos de los tres poderes tradicionales –el Legislativo y Judicial– simplemente han abdicado de lo esencial de sus responsabilidades, lo que en la práctica ha dejado la toma de decisiones tan sustantivas como el emprender la guerra contra Irán, en manos del ocupante de la única institución de carácter unipersonal en el contexto la división de poderes en Estados Unidos: la Presidencia. En tales circunstancias pareciera que actualmente en ese país y por lo que resta del cuatrienio de Trump, el juego interno de los pesos y contrapesos institucionales ha quedado suspendido.
A las consideraciones anteriores en torno a la coyuntura que tiene como centro al presidente Trump hay que añadir otro elemento y que puede no ser secundario: la vejez del personaje. Asumió su alto cargo a una edad ya avanzada –en 2017 tenía 71 años y hoy está por cumplir 80 y dormita en actos públicos– y con una biografía donde los usos y costumbres adquiridos en los primeros 70 años ya son sellos indelebles, desemboca en la forma y contenido del proceso de la toma de decisiones. Como ya se apuntó, los sellos o marcas actuales de la personalidad de Trump se generaron en el ambiente autoritario en que nació y creció, en la especulación propia de sus negocios inmobiliarios, en la conducción de los shows televisivos y en su participación en los “círculos reservados” donde miembros de las élites norteamericanas se dan permiso de conducirse en ambientes donde se permiten y propician normas de conducta que no están vigentes para la sociedad en general.
Es posible que los estilos de conducta y valores que Trump ha mostrado en el ejercicio de su cargo le hayan resultado útiles en su papel de candidato populista de derecha pues el contraste con los estilos de sus oponentes le ganaron votos de clases medias blancas conservadoras, precarizadas y muy resentidas con las élites políticas tradicionales. Pero finalmente ese estilo y discurso ya no le han ayudado en el desempeño de su papel como estadista y líder de una gran potencia mundial.
Ahora bien, como si lo expuesto no bastara para explicar el peculiar y no muy exitoso ejercicio de Donald Trump como líder imperial, hay otros elementos a considerar para mejor intentar entender las dificultades y consecuencias del desempeño del ex productor de reality shows como responsable de la política exterior norteamericana en un entorno internacional en rápida transformación. Y es que Trump no sólo arribó a la cúspide de la pirámide del poder mundial sin la preparación intelectual y la experiencia personal que demandan las responsabilidades del puesto, sino que en una coyuntura histórica mundial muy difícil para el imperio norteamericano. Veamos, a nivel internacional en este primer cuarto del siglo XXI está teniendo lugar un verdadero cambio de época, una transformación que no es la que Estados Unidos –sus élites y su ciudadanía– esperaban y que por ende no estaban preparadas para asumir sus consecuencias. Y la esencia del cambio en cuestión es la pérdida de ese país de su carácter de “única nación indispensable” según la caracterización hecha por la también única mujer secretaria de Estado norteamericana (1997 y 2001), Madeleine Albright.
Un buen indicador del cambio de época que está afectando la esencia misma del lugar que Estados Unidos ocupa en la escena internacional se encuentra en la suerte que corrió el empeño de un grupo de notables pensadores de la derecha norteamericana encabezado por William Kristol y Robert Kagan. En 1997 y desbordando optimismo en sus marcos teóricos y confianza en el poder militar norteamericano, ese grupo decidió fundar en Washington y con el apoyo del American Enterprise Institute, una institución –un think tank– dedicada al estudio de las posibilidades futuras de la política mundial de Estados Unidos. A tal institución le dieron el rimbombante título que era también el corazón de su propuesta: “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano” (PNAC) y que en el año 2000 dio a luz un documento que supusieron sería la guía de la política mundial de Estados Unidos. Para el PNAC la meta era mantener indefinidamente lo logrado tras la desaparición de la URSS: el dominio militar y económico del sistema mundial. Pese a la derrota de Estados Unidos en Vietnam (1975), para los neoconservadores del PNAC, la hegemonía norteamericana no debía aceptarse como un fenómeno transitorio sino como una realidad que debía y podía prolongarse indefinidamente. Sin embargo, para 2006 y tras el desastre que finalmente fue la invasión de Iraq por una coalición encabezada por Estados Unidos, el PNAC y su proyecto simplemente desaparecieron del mapa político como efecto del fracaso en que concluyó la aventura imperial de Estados Unidos en Iraq. Y para cuando Trump llegó a la Casa Blanca ya había otro fracaso más: Afganistán. La invasión norteamericana de ese país y apoyada por la OTAN para eliminar al Talibán concluyó en 2021 tras dos décadas de lucha que culminaron con los fundamentalistas islámicos en el poder y con una retirada desastrosa de los norteamericanos. Así pues, cuando Trump inició su segundo período presidencia en 2025 ya era obvio que este siglo no sería norteamericano sino uno de poder compartido entre ellos con China, Rusia, India y otros más. Sin embargo, la derecha norteamericana encabezada por Trump no pareció resignarse a esta pérdida relativa de poder. De ahí su decisión de embarcarse este año en una nueva aventura imperial, esta vez en Irán.
En el documento firmado en noviembre pasado por Trump en la Casa Blanca y titulado “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos” se subrayó el hecho de que, pese a sus recursos petroleros y las bases militares de Estados Unidos en la región, el Medio Oriente ya no ocuparía un lugar central en la estrategia global norteamericana. Sin embargo, para el 28 de febrero de este año, Trump en unión de Israel e instigado por éste, desató contra Irán la operación “Furia Épica”. A estas alturas la tal furia se considera un error y más del 60% del público norteamericano la reprueba. Y por ahora el presidente norteamericano ya no sabe cómo terminar esta aventura que ha llevado al cierre de la importante vía marítima petrolera del estrecho de Hormús, lo que afecta a la economía mundial y que ha provocado, hasta fines de abril, la muerte de alrededor de 3,500 iraníes, la destrucción de parte de la infraestructura de Irán, pero también de las bases militares norteamericanas en la región.
De acuerdo con las declaraciones de Trump él esperaba que la guerra aérea en Irán, dominada totalmente por Estados Unidos, además de provocar la muerte del líder supremo de ese país acabaría con sus proyectos nucleares, desembocaría en su rendición incondicional y el cambio de régimen, más o menos como había ocurrido en Venezuela. Sin embargo, todo indica que la república islámica está decidida a resistir al imperio y que, en cambio, éste no está preparado para llevar su guerra al plano de la invasión terrestre, pues Irán es un país de 90 millones de habitantes y con unas fuerzas armadas de 600 mil efectivos más reservistas. Sin el apoyo del grueso de la opinión pública norteamericana la invasión de Irán resulta ser una auténtica misión imposible.
Finalmente, en el frente Ucrania-Rusia la situación ha escalado. En el inicio Estados Unidos, como líder de la OTAN, dio todo su apoyo a Ucrania, pero ahora toman distancia de una OTAN empeñada en derrotar a Rusia en tanto que Trump pareciera ya no tener apetito de involucrarse en este conflicto que no es existencial para Estados Unidos y que incluso puede escalar hasta llevar a una de las partes a echar mano de armas atómicas, algo que Estados Unidos no desea por ningún motivo.
En fin, para qué seguir adelante. A estas alturas es claro que Trump no es el líder adecuado para conducir a su país y a sus aliados por los meandros de una situación donde la unipolaridad que por más de medio siglo caracterizó al sistema internacional está siendo sustituida por una multipolaridad que aún no cuaja y que por ello este pasaje de una época a otra es particularmente inestable, complicado y peligroso.

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AGENDA CIUDADANA

 

 

 

En un país como el nuestro y en una situación tan asimétrica como la que tenemos desde buen tiempo frente a la gran potencia vecina del norte, el supuesto de que la mejor política externa es una buena política interna es muy válido. Las debilidades domésticas de nuestro Estado y gobiernos son otros tantos flancos abiertos a las presiones norteamericanas.

En la siempre complicada y asimétrica relación con los muy poderosos e imperiales Estados Unidos hay coyunturas de mayor complicación. En la circunstancia actual domina uno de esos embrollos generados por una acusación norteamericana de corrupción grave contra un gobernador y un senador mexicanos de Sinaloa y por eso viene a cuento el parafrasear a sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poeta del siglo XVII, en sus famosas Redondillas “Hombres necios” y el verso podría ser este: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: el país de los que pecan por la paga (México) o el de los que pagan por pecar (Estados Unidos?).” Igual tiene sentido parafrasear el inicio mismo del verso y decir: “Vecino necio del norte, que acusáis a México [casi] sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Y es que de no existir la notable demanda de drogas ilegales en la sociedad norteamericana y de no existir el contrabando masivo de armas procedentes del norte del río Bravo, los llamados cárteles de la droga mexicanos no serían las formidables organizaciones criminales que hoy son y que tanto malestar causan en las buenas conciencias norteamericanas. Sin la existencia de esos consumidores y proveedores del norte los carteles mexicanos no tendrían razón ni recursos para existir, al menos no en su modalidad de actores criminales internacionales dignos de Netflix.

Como ya quedó claro fue sólo por accidente que el gobierno mexicano descubrió que al menos cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) estaban operando ilegalmente en Chihuahua y con el consentimiento de la autoridad local. Inmediatamente después de darnos por enterados del “caso Chihuahua” y del reclamo del gobierno federal a Washington, unos fiscales de Nueva York se fueron a la ofensiva y armaron “el caso Sinaloa”: hicieron pública una petición para la captura y extradición de diez funcionarios del gobierno de ese estado y que incluía al gobernador y a un senador –ambos del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum– acusándolos de estar o haber estado en la nómina de los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.

Desde la óptica de la prensa norteamericana la acusación de los fiscales neoyorquinos opacaba en importancia la ilegalidad de la presencia de la CIA en Chihuahua y supuestamente habrá de sumir al gobierno de la 4T en México en una crisis justo cuando, según esa misma prensa, el apoyo ciudadano a la presidenta Sheinbaum esta declinando (The New York Times, 30/04/26).

Vista desde México, la situación no pareciera ser realmente la propia de una crisis interna y en cualquier caso conviene tener en cuenta que según los sondeos de opinión al finalizar abril la presidenta mexicana mantiene la aprobación del 68% de la ciudadanía (encuesta de El Financiero). En contraste, el ocupante de la Casa Blanca apenas cuenta con la aprobación del 37% de los ciudadanos (encuesta del Washington Post-ABC News e Ipsos) y el embrollo en que, por decisión propia, ese personaje se ha metido en el Oriente Medio y afecta a toda la economía mundial, sí tiene visos de ser una crisis real aunque hay que reconocer que la posición dura del mandatario norteamericano en relación al control de la frontera de su país con México sí le ha redituado pues de entre todas sus políticas esa que implica una posición dura frente a los mexicanos tiene el mayor reconocimiento positivo entre  la ciudadanía del país del norte -45%- aunque la desaprueba ¡el 56%!, (The Guardian, 03/05/26).

La reacción de la presidenta mexicana ante las acciones norteamericanas ha sido la de exigir una vez más el respeto para la soberanía mexicana (caso Chihuahua) y luego demandar las pruebas realmente sustantivas con que se sustenta la petición de arresto y extradición de los funcionarios (caso Sinaloa).

Las dos soberanías. Es natural e inevitable que en un entorno como el descrito, la soberanía esté en el centro del discurso presidencial mexicano, pero ¿qué significa exactamente ese concepto y que implica su defensa? Partamos de que no hay una definición de soberanía única, universalmente aceptada, pero sí puede afirmarse que la teoría se refiere al ejercicio efectivo de la autoridad legal suprema de un Estado dentro de su territorio. Y ese ejercicio tiene al menos dos dimensiones: una interna y otra externa.

Como lo señalara un reconocido teórico del tema, Stephen D. Krasner en Sovereignity: Organized Hypocrisy, (1999), si bien fueron los acuerdos de paz de Westfalia de 1648 los que no sólo pusieron fin a dos guerras europeas que parecían interminables, sino que por primera vez propusieron crear un orden europeo que bajo el principio de reconocer a todos los estados involucrados como entes plenamente soberanos e iguales aceptara inequívocamente el derecho irrestricto de todos y cada uno de ellos a gobernarse sin interferencias externas. Desafortunadamente, la norma fue sistemáticamente negada por la realidad y la desigualdad en poder sigue rigiendo hasta hoy la relación entre los estados y el respeto a la soberanía de los débiles fue y es, en la práctica, letra casi muerta, pues el grado de soberanía de cada Estado depende no de los tratados e instrumentos jurídicos similares sino de su poder y de su habilidad para usarlo.

En el caso mexicano y desde la restauración de la República en 1867 el comportamiento del “factor norteamericano” ha sido el elemento determinante del grado en que la sociedad y el Estado de nuestro país han podido ejercer de manera efectiva la soberanía. En el caso de la externa, la gran asimetría de poder militar y económico frente a nuestro vecino del norte ha sido la determinante y es un hecho tan obvio que no tiene sentido ahondar más en él. En contrataste, el caso de la soberanía interna es relativamente diferente. En el plano interno México debe emplear a fondo su poder gubernamental y el de la movilización social para hacer efectivo y dar sentido al reclamo a la no intervención externa y al respeto a nuestra autonomía. La coyuntura actual demanda echar mano de la soberanía doméstica.

La soberanía interna se basa en la capacidad del gobierno de efectivamente ejercer su derecho y obligación de hacer respetar su autoridad suprema dentro de nuestras fronteras. Y aquí viene muy a cuento la definición de Max Weber sobre la esencia del Estado: su monopolio en el uso de la violencia legítima. Si la autoridad que debe mantener como un instrumento insustituible su monopolio de la violencia legítima no puede imponerse claramente sobre aquellos que le retan abierta, sistemática y organizadamente ejerciendo una violencia criminal y que en determinadas regiones y momentos incluso la superan en mando, entonces hay que admitir que existe una falla grave e inaceptable en la esencia del Estado. Y algo casi equivalente ocurre si la corrupción, la ausencia de profesionalismo y de sentido de responsabilidad de los funcionarios afecta al aparato administrativo estatal.

Y resulta que, en nuestro caso, de tarde en tarde, el gobierno de Estados Unidos aprovecha estas fallas del Estado mexicano para deslegitimarlo y presionarlo lo que afecta tanto al gobierno como al régimen y por ende a la soberanía y al buen gobierno y razón de ser del Estado mexicano.

El cambio de régimen que tuvo lugar a raíz de la elección de 2018 se logró porque el partido ganador enarboló las banderas de la anticorrupción, del buen gobierno y de la seguridad. Sin embargo, dada la fuerza y hondura de la corrupción –sus raíces datan al menos de la época colonial– no es posible esperar que males seculares se puedan superar en unos cuantos años. Sin embargo, es claro que debemos esforzarnos por acelerar el paso en esta materia y, sobre todo, mostrar que las puertas para el ingreso a los puestos de poder están cerradas y bien cerradas a las biografías sospechosas de corrupción, especialmente de las ligadas con la violencia ilegítima del crimen organizado. La seguridad nacional lo exige.

La interferencia o injerencia desde el exterior puede afectar el campo de la soberanía interna. En nuestro caso el peso de la presión norteamericana, la de organismos internacionales o la proveniente de grandes concentraciones de recursos económicos externos, debe y puede ser confrontada con y por la legitimidad de la autoridad y de su respaldo social. Sólo así tiene sentido y es efectivo el poner a la defensa de la soberanía en el centro del discurso nacional.

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En teoría, el México actual debió de haberse transformado en democracia de manera pacífica y efectiva desde hace un buen tiempo. Pero su clase política no se arriesgó a aceptar las propuestas, bien razonadas, que le hicieron entonces algunos teóricos y que partían del supuesto que era mejor para todos, inclusive para las élites, “otorgar” la democracia a la sociedad y no esperar a que ésta fuera “arrancada” tras forcejeos, movilizaciones, represión y crisis de legitimidad.
El proceso de reexaminar y juzgar grandes eventos o tendencias políticas del pasado, coyunturas críticas de otras épocas, puede llevarnos a modificar no lo que ya pasó sino las interpretaciones de lo que pasó. Y es que resulta casi inevitable especular desde el aquí y ahora sobre desenlaces diferentes de lo que efectivamente aconteció. Tal ejercicio no es vano sino una forma de aprovechar experiencias pasadas para mejorar tanto el presente como las posibilidades del futuro.
El régimen político mexicano al que la gran movilización electoral encabezada por Andrés Manuel López Obrador en 2018 le dio la puntilla en las urnas, fue el sistema político autoritario más longevo de la América Latina en el siglo XX. A lo largo de su existencia la naturaleza de ese sistema fue examinada y juzgada por muchos, entre ellos académicos e intelectuales que advirtieron fallas graves y la necesidad de cambiarlo para evitarle a la nación otro final de régimen catastrófico.
En el pasado algunos de los estudiosos de los procesos políticos de nuestro país detectaron y expusieron fallas y contradicciones de fondo en la Pax priista y plantearon la necesidad de proceder a modificar al régimen desde su interior y sin esperar a que sus contradicciones se agudizaran y llevaran a callejones sin más salida que el choque violento. Desde esa perspectiva era factible cambiar al régimen sin tener que volver a someter a la sociedad mexicana a nuevas etapas de tensiones o a sufrir la prolongación indefinida de las deformidades del autoritarismo y la corrupción.
El régimen que había nacido en 1910 como resultado de una movilización ciudadana de protesta contra el fraude electoral y que finalmente se transformó en revolución tuvo como lema central el “sufragio efectivo”, es decir el hacer auténticos los procesos electorales. En 1913 la reacción contra un golpe militar de la derecha llevó a que las demandas de los inconformes adquirieran un contenido social radical y su movilización devino en una verdadera revolución que puso fin a un viejo orden oligárquico. El punto culminante del nuevo régimen fue la presidencia del joven general michoacano Lázaro Cárdenas (1934-1940). Pero cuando finalmente este nuevo orden con base social amplia y popular se asentó, su desdén por practicar una democracia política genuina le llevó a adquirir una naturaleza tan antidemocrática, autoritaria y corrupta como la que tuvo aquel al que sustituyó. Pese a todo, ese nuevo sistema se mantuvo vigente por poco más de un siglo y en su etapa final ya era una oligarquía tan bien estructurada y extractiva como la que existía en la etapa previa, la porfirista.
Para cuando la II Guerra Mundial concluyó era evidente que la Revolución Mexicana también había llegado a su final y que ya daba señales de estar girando hacia la derecha. Fue entonces cuando empezaron a aparecer voces de alerta por la modificación en la naturaleza del proyecto nacional. Un ejemplo de esas voces fue el diagnóstico de Daniel Cosío Villegas que publicó en 1947, cuando apenas se iniciaba el alemanismo –un período presidencial que pasaría a la historia como símbolo de la corrupción política postrevolucionaria– y que apareció en la revista Cuadernos Americanos como “La crisis de México” y que le valió al autor una andanada de reseñas negativas y el quedar relativamente marginado del debate nacional.
La crisis anunciada por Cosío no parecía evidente entonces, entre otras cosas porque no era una mera coyuntura como otras que en el pasado inmediato también habían sido calificadas como crisis –rebeliones de militares descontentos o de católicos que consideraban intolerable vivir en un Estado laico, choques con la potencia hegemónica o descalabros de la economía– sino que era un problema diferente, uno de moral política. El origen de esa crisis radicaba en el manejo corrupto del poder y en la negativa de la clase gobernante de avanzar en la democratización prometida por el movimiento revolucionario.
Para muchos de los observadores y actores de la vida pública mexicana de entonces lo realmente significativo no era la moral sino el crecimiento económico propiciado por los arreglos del fin de la II Guerra Mundial, la buena relación con la potencia hegemónica del hemisferio, la estabilidad política propia de un partido de Estado, la industrialización vía la sustitución de importaciones y la rápida urbanización de una sociedad que estaba dejando atrás su carácter rural.
En ese ambiente, para muchos de quienes leyeron el ensayo de Cosío Villegas, la crisis anunciada no era relevante porque simplemente no les convenía aceptar que la “deshonestidad administrativa” de la que hablaba Cosío ya le estaba ganado la partida a los impulsos de justicia social y democracia que habían legitimado a la Revolución Mexicana.
Cundo arribó a la presidencia Miguel Alemán (1946-1952), el ejercicio del poder con un partido de Estado, elecciones hechas desde la Secretaría de Gobernación, medios de comunicación controlados, represión justificada por el anticomunismo y una presidencia sin contrapesos efectivos –características todas del autoritarismo–, la postrevolución ya había forjado los primeros y sólidos eslabones de la que sería una cadena de presidencias fuertes, encabezadas por civiles ya sin biografía revolucionaria, ajenas a la democracia pero muy dadas a tolerar o fomentar la corrupción y muy efectivas en el arte de combinar represión con cooptación.
Fue en ese ambiente generado por una “familia revolucionaria” sin enemigo significativo al frente, con gran confianza en su modus operandi, en su proyecto de modernización económica y de enriquecimiento personal y en su capacidad de control sobre las variables del poder, que los poderosos de la época simplemente ignoraron, desdeñaron o ridiculizaron diagnósticos como el de Cosío, un intelectual forjado en el vasconcelismo original. Sólo el tiempo habría de permitir aquilatar plenamente el valor del diagnóstico temprano de lo que sería uno de los nuevos “grandes problemas nacionales”.
Una de las conclusiones a las que arribó entonces Cosío fue que ni la oposición de derecha -–su diagnóstico sobre el PAN fue demoledor– ni la de la izquierda de entonces, anterior a la acentuación de la Guerra Fría pero ya afectada por la cooptación personificada por Vicente Lombardo Toledano, podían ser alternativa viable a un PRI sin rival pero que tarde que temprano podría ver en su subordinación a Estados Unidos –convertidos ya en la mayor potencia mundial– la solución de los problemas estructurales del país. Medio siglo más tarde la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos suscrito en un entorno de emergencia económica, le daría la razón a Cosío en este punto crucial.
En las circunstancias descritas, la única salida viable a la crisis era que desde dentro del propio grupo dominante surgiera una corriente que se propusiera una “reafirmación de principios y una depuración de hombres” que permitiera recuperar la esencia del proyecto original de sufragio efectivo, equidad, justicia e identidad propia de la Revolución y de relacionarse con Estados Unidos “sin dejar de ser México”.
Dos décadas más tarde, la demanda de buscar la salvación nacional vía el cambio desde arriba y desde dentro del propio régimen –la llamada “democracia otorgada”– fue reformulada por otro académico: Pablo Gonzáéz Casanova.
En 1965 apareció La democracia en México. Este examen del sistema político postrevolucionario en su etapa de madurez ya no fue un ensayo sino un sólido estudio socio político sobre la naturaleza y la mecánica del poder autoritario en México. La obra apareció justo en el momento en que ese sistema postrevolucionario estaba en la cima de su evolución, pero en vísperas de experimentar el tipo de crisis vaticinada por Cosío 18 años atrás: el movimiento estudiantil de 1968. Y aunque “el sistema” se mantendría vigente por varias décadas más su legitimidad quedó tocada de manera irremediable.
Lo que el autor de La democracia en México mostró con datos e interpretaciones precisas y una cuidadosa mezcla de los enfoques teóricos marxista y estructuralista dominantes entonces en la URSS y Estados Unidos, fue lo que el ciudadano promedio ya intuía: que la “democracia mexicana” no era más que un caparazón de una organización de un poder en esencia autoritario y de estructura muy compleja de arreglos al margen de la legalidad y con poca legitimidad.
Y es que la sociedad mexicana había transformado mucho en su demografía y en su complejidad económica, social y cultural respecto de lo que era cuando el régimen se consolidó y los arreglos antidemocráticos vigentes eran ya un obstáculo al desarrollo del país. Sin embargo, en esa coyuntura los dirigentes del aparato de poder mexicano aún tenían la posibilidad de transformar en el marco dentro del cual transcurría el ejercicio de su poder: ir por el camino de la “democracia otorgada” de lo contrario se corría el riesgo de hacer estallar ese marco.
Finalmente, sería un entorno caracterizado por la represión del 68 (más su secuela en el 71), la “guerra sucia”, los efectos sociales del neoliberalismo adoptado como proyecto nacional y el neozapatismo, lo que alentó las inconformidades generadas por la izquierda dentro del propio partido de Estado y que desembocaría en una “rebelión interna” encabezada por el hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc, en 1987.
En el inicio, esos “los rebeldes desde dentro” fueron apenas un puñado de notables pero muy pronto otros se les unieron hasta crear una movilización popular y entonces se empezó a vislumbrar la posibilidad efectiva de un gran proceso de cambio político en México, de una “democracia arrancada” por las movilizaciones opositoras que tras superar fraudes electorales y muchos otros obstáculos cristalizó en 2018 al poner en la presidencia del país a Andrés Manuel López Obrador, un carismático opositor de izquierda que había iniciado su carrera política dentro del PRI pero que lo abandonó para unirse y luego revigorizar la movilización neocardenista hasta lograr cerrar pacíficamente el largo ciclo autoritario de la post Revolución Mexicana.
Se puede concluir que entre los intelectuales que identificaron las causas que llevarían al final del régimen priista se vislumbró la posibilidad de que el cambio se diera “desde dentro” pero esta posibilidad no se concretó. Sólo hasta que políticos profesionales formados dentro del propio sistema priista pero inconformes con su deriva derechista se arriesgaron y optaron por actuar desde fuera, cuando el cambio se materializó. La “democracia otorgada” si hubiera sido posible pero nunca tuvo una oportunidad real. Las reformas desde dentro existieron, pero fueron “gatopardistas” y sólo la “democracia arrancada” tuvo éxito, aunque en ese proceso destacaron un buen número de ex priistas en particular Andrés Manuel López Obrador.

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La coyuntura. Una sola declaración entre las muchas del presidente norteamericano Donald Trump puede servir para caracterizar e incluso resumir la naturaleza de la coyuntura internacional. Se trata de la expresada el pasado 16 de marzo: “Nosotros –dijo Trump entonces y refiriéndose a Estados Unidos– somos la nación más poderosa del mundo. De lejos nosotros tenemos el ejército más fuerte del mundo. Nosotros no necesitamos de ellos”. Y ese despectivo “ellos” se refería a sus aliados europeos de la OTAN que acababan de declarar que el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán no era su guerra y no la apoyarían militarmente pues había sido declarada sin su conocimiento pese a que sus consecuencias sí les afectaban. Pocos ejemplos ilustran mejor el unilateralismo adoptado por Washington frente al orden global y eso, indirectamente, nos atañe.
Nuestra soberanía en la coyuntura. Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca y desde la orilla mexicana del río Bravo los mensajes de nuestra presidenta hacia su poderosa contraparte en la margen opuesta han sido muy diplomáticos pero su esencia ha sido clara: “Así no, presidente Trump”. Y es que si desde el norte nos mandan señales que tienen contenidos potencial o abiertamente peligrosos para la soberanía mexicana, como ese que asegura que el narco en las Américas tiene su epicentro en México, es vital insistir y dejar constancia que, pese a desigualdad en poder, la cooperación entre países vecinos no debe convertirse en imposición.
Por lo anterior es conveniente hacer públicas las razones del rechazo mexicano a ciertos ofrecimientos de “ayuda” que impliquen, por ejemplo, aceptar la presencia en el terreno de efectivos militares norteamericanos para el combate al narcotráfico o participar en coaliciones internacionales abiertamente dispuestas a subordinarse a las directrices de Washington como es el caso del recién nacido en Miami “Escudo de las Américas”. De ahí que se aprecie la decisión de la presidenta Sheinbaum de decirle “así no” a Trump en aquellas circunstancias en que aceptar los ofrecimientos o demandas de la gran potencia cuando sus términos puede llevar a la subordinación.
Y es que la constante en la relación México-Estados Unidos, la asimetría y la coyuntura generada por la segunda presidencia de Donald Trump, hacen cada vez más difícil el manejo de esa relación bilateral sin poner en riesgo el interés nacional. Hoy la Casa Blanca de Washington está dominada enteramente por el núcleo duro del trumpismo lo que implica que la gran potencia ha entrado en una fase donde impera eso que en la teoría se conoce como “poder duro” lo que hace que las alternativas a la dureza simplemente se ignoren o de plano se desprecien y ridiculicen, tal y como lo ha expresado pública y repetidamente el influyente asesor presidencial Stephen Miller, para quien el mundo es de aquellos que pueden imponer sus intereses, reglas y condiciones a las naciones y sociedades con poco o nulo poder de negociación.
El actual proyecto nacional de Trump arranca del supuesto resumido en su divisa “America First” que en su contenido práctico es abierta y brutalmente imperial. Según la visión imperante en la Casa Blanca, el hemisferio occidental es una zona exclusiva de influencia de Estados Unidos. Esa visión arranca con una “doctrina” enunciada por el presidente James Monroe en 1823 y culmina con la presentación de la national security strategy del año pasado y con la llamada “doctrina Donroe”. Según este documento y declaración, Washington deberá ser selectivo en sus acciones extra hemisféricas y en cambio dar prioridad en nuestro continente al control de sus fronteras –las acciones del ICE contra inmigrantes indo-cumentados en Estados Unidos son hoy el corazón de esa política–, mantener su liderazgo industrial (en realidad reindustria-lizarse y combatir el nearshoring) y asegurar en el hemisferio una influencia sin rival (uncontested influence). Ahora bien, resulta que en esos tres puntos –el primero de los cuales ya se echó por la borda al atacar a Irán– hay amplias posibilidades de choque con México ya que los indocumen-tados perseguidos en Estados Unidos son mayoritariamente mexicanos, el anti nearshoring tiene el potencial de cerrar plantas industriales en México y finalmente el insistir en el completo control político del hemisferio por Washington limita las posibilidades mexicanas de acuerdos con países como China e incluso el ofrecer petróleo a Cuba.
El proyecto mexicano también es nacionalista y de fuerte rai-gambre histórica, pero a diferen-cia del nacionalismo norteame-ricano el nuestro es básicamente defensivo y no agresivo. Y así, mientras el trumpismo se ha convertido en un modelo para la derecha, el proyecto mexicano actual está empeñado en mantener una orientación de izquierda moderada dentro de un marco construido tras la evolución pacífica del viejo régimen autoritario a uno básicamente democrático. En este nuevo régimen la fuerza armada responde básicamente a la necesidad de contener desafíos internos –el combate a los carteles del narcotráfico, por ejemplo–, su base económica es la propia de un país en desarrollo pero aún muy dependiente de la economía norteamericana –el mercado del vecino del norte es el destino de más del 80% de sus exportaciones y el origen del 40% o 50% de sus importaciones–, la pobreza todavía es un problema que afecta al 30% de la población y el andamiaje institucional aún debe librar serias batallas contra la corrupción. Es en estas condiciones que México tiene que enfrentarse al trumpismo.
Ahora bien, el “poder duro” y el “poder blando” usados por potencias como Estados Unidos en su trato con países como el nuestro son modelos ideales desarrollados en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales y que subrayan la naturaleza de dos posibles estrategias: las que privilegian la confrontación o la que optan por la persuasión. En el caso del poder duro favorecido hoy por Estados Unidos su espina dorsal está conformada por la fuerza armada y por los medios económicos que un Estado es capaz de emplear mediante la violencia y sanciones materiales sustantivas para forzar a otro a ceder ante sus demandas. La contraparte del poder duro es el “poder blando” que también tiene el mismo objetivo: llevar a un país a aceptar la adopción de políticas acordes con el interés nacional de otro país, pero echando mano de medios no coercitivos. Se trata de ejercer la capacidad de un gobierno, de una sociedad o de ambos de influir en la contraparte para lograr a través de la diplomacia, persuasión y la atracción o incluso la cooptación para que el país influido acepte sin resistir la adopción de políticas acordes con el interés del país influyente.
El examen de las relaciones históricas entre México y su vecino del norte muestra cómo Washington ha variado en diferentes épocas la combinación de sus medios duros y blandos para tratar de amoldar a nuestro país a las necesidades de su proyecto hegemónico. Ese mismo examen también revela en qué medida México ha podido mantener una independencia relativa pese a lo creciente de la asimetría.
Qué esperar ahora. Para entender la coyuntura de la relación con la potencia hegemónica con la que México está obligado a convivir conviene partir de un supuesto evidente pero que las autoridades de los dos países evitan mencionar. En su esencia el trumpismo norteamericano y la 4T mexicana son dos proyectos nacionales de naturaleza muy diferente y en ciertos aspectos son antagónicos. Esta diferencia, más la asimetría de poder hace que el interés mexicano requiera no dar pretexto al trumpismo de usar su política dura en la relación bilateral y alentar, en la medida en que sea compatible con el interés y la dignidad nacionales, las políticas no coercitivas de la contraparte. En todo caso el gobierno mexicano deberá dar siempre por sentado la inclinación de Trump por la amenaza y la dureza. Claro que, como lo señalara Maquiavelo, a veces la fortuna pude sonreír al débil, pero lo realista es no confiar en ella.
En la medida en que Estados Unidos se mantenga adicto al ejercicio del poder duro ¿cómo puede México defender el espacio de soberanía e independencia relativa? Pues como se señaló: buscando eludir la confrontación abierta con Washington y confiando en que situaciones como la complejidad de la “excursión” norteamericana en Irán muevan a la opinión pública de ese país a no avalar otra aventura similar en México para pretender “resolver” el problema del narcotráfico al insistir en presentar ese fenómeno como exclusivamente resultado de la oferta y no como lo que realmente es: un problema alimentado por la demanda, el contrabando de armas desde el norte y combinado con las facilidades que allá existen para el lavado de dinero. Finalmente, la fuerza del régimen mexicano frente al trumpismo descansa en el apoyo ciudadano a su gobierno y por tanto es responsabilidad de éste mantenerlo vivo por la vía de la eficacia en el manejo de todo lo público, fuente principal de su legitimidad.

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El 1° de febrero Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, pronunció un discurso en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich. Según esto, para Estados Unidos la relación con sus aliados europeos es importante y está sustentada en la conciencia de que los norteamericanos son legítimos receptores y celosos guardianes de una “herencia sagrada”: ese legado es ni más ni menos que la esencia de una civilización, la generada en la Europa occidental. Por tanto, la relación entre las dos orillas del Atlántico Norte tiene un sólido cimiento construido por los siglos de una gran historia cultural compartida.
El tono y la perspectiva del discurso del responsable de la política exterior de Donald Trump fue extremadamente elogioso para con los asistentes –la élite gubernamental y política de Europa– y por ello pareció ser el reverso de lo expresado sobre el tema hace apenas un año antes en ese mismo lugar y con la misma gente por otro también alto representante del trumpismo puro y duro: el vicepresidente James Vance. En aquella ocasión Vance no fue amable, fue particularmente crítico de las políticas y perspectivas de sus aliados de la OTAN. “Lo que me preocupa –dijo entonces Vance– es la amenaza desde dentro: el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales. Valores compartidos con los Estados Unidos”. Para Vance, la “amenaza desde dentro” es la presencia masiva en Europa de migrantes ajenos a la cultura y a los supuestos valores occidentales combinada con una actitud pusilánime de las elites europeas ante la posibilidad de expulsar de su entorno geográfico a los portadores de los elementos ajenos a los propios de los europeos y de sus herederos legítimos, los estadunidenses.
En apariencia Vance y Rubio parecieran representar posiciones diferentes frente a Europa. Vance no dudó en calificar de envejecidas y culturalmente débiles a las clases dirigentes de ese continente en tanto que Rubio fue deferente y positivo ante ellas. Sin embargo, visto con cuidado resulta que ambos personajes simplemente asumieron los roles clásicos que Trump desde siempre ha aconsejado para desconcertar al interlocutor: sacarlo de balance atacándolo desde el inicio para luego retroceder y negociar con la ventaja que pueda dar el haber generado incertidumbre en el otro. Vance y Rubio simplemente son las dos caras de la misma moneda trumpista.
En una interpretación histórica muy propia de la derecha, Rubio definió como héroes culturales a los navegantes europeos que “descubrieron un nuevo mundo” como también lo fueron los exploradores que posteriormente levantaron el mapa del continente a conquistar y los misioneros que introdujeron en ese espacio el cristianismo. El secretario de Estado se esforzó por subrayar su admiración por la Europa que dio al mundo esos héroes y también el “Estado de derecho”, las universidades y la revolución científica y que, en materia de arte, aportó lo mismo el genio de Mozart que el de los Beatles y que generó obras arquitectónicas tan espectaculares como las catedrales góticas que son testimonios “de la fe en Dios”. En fin, que según Rubio la “civilización occidental” abundó en maravillas y por tanto también presagia “las maravillas que nos esperan en el futuro”. Pero ese futuro de maravilla sólo se logrará si la gran civilización europea se mantiene fiel a sí misma, a sus orígenes y no se deja arrastrar por los falsos valores de los actuales “progresistas”, es decir de la izquierda, que busca deslegitimar lo esencial de ella y por ende de su heredero en América, el trumpismo.
El mensaje implícito. Obviamente esa carta pública de agradecimiento y amor del secretario de Estado norteamericano a la Europa de las empresas coloniales de Occidente también puede y debe interpretarse como un mensaje indirecto para el resto del mundo, el no europeo.
Y es que la gran aventura y empresa de los navegantes y exploradores europeos en América no sólo se significó por lo subrayado en Munich por el responsable de la política exterior norteamericana –la introducción del “Estado de derecho”, las universidades, la religión cristiana, los Beatles, etcétera– sino también por lo que no se dijo en Múnich: por una cara muy obscura y siniestra de la que también Estados Unidos es el heredero y continuador. Se trata de esa cara descrita entre otros muchos por fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, por Joseph Conrad al final del siglo XIX o por Frantz Fanon a mediados del siglo pasado. La esclavitud, el genocidio, la intolerancia religiosa, el racismo, la discriminación, la explotación brutal y continua del amplio mundo periférico –de sus sociedades lo mismo que de sus riquezas naturales– producto del colonialismo y de la naturaleza de su capitalismo. Hoy y salvo por la esclavitud formal, todas y cada una de las supuestas virtudes de la “herencia sagrada” que Rubio exaltó ante un auditorio que le aplaudió con entusiasmo y mantiene mucho de ese legado obscuro que no es sólo historia sino realidad vigente en Europa y en su autoproclamado gran heredero: los Estados Unidos.
¿La marcha hoy es hacia atrás? Hay un par de elementos en los discursos de Múnich aquí examinados que nos atañen particularmente aquí y ahora a los mexicanos. El más obvio es el de la migración. De manera implícita los Estados Unidos de Trump le están diciendo a Europa que la “invasión de los migrantes indeseables” se puede y se debe detener “al estilo americano”: reclutando a miles de ciudadanos blancos jóvenes y marginados, entrenándolos (superficialmente), armándolos y lanzándolos a las calles de las zonas urbanas “invadidas” para cazar sin importar las formas a los “sin papeles” –a éstos se les identifica simplemente por el color de su piel y por su habla– y deportarlos. En una palabra, en la Europa propuesta por Vance y Rubio el modelo ICE podría operar como un “corazón de las tinieblas” de la civilización europea para impedir su pérdida de identidad.
Para México el otro elemento por destacar de lo dicho en Múnich son el uso de las tarifas y el neoproteccionismo como instrumentos de una reindustrialización de los países centrales. Tras la II Guerra Mundial Washington, en su calidad de la mayor y más dinámica economía del planeta, asumió el papel de campeón de la globalización, del mercado sin fronteras. Sin embargo, en Múnich el secretario de Estado se pronunció por un cambio radical en la materia y abogó por dar contramarcha pues construir plantas industriales en países como México equivale a un “outsourcing de soberanía”. La desindustrialización, el comercio sin fronteras, el desinterés en el rearme de sus ejércitos y el culto a la preservación de la naturaleza están llevando a un futuro indeseable, al debilitamiento material y espiritual de Occidente. El gobierno de Trump pide a sus aliados del viejo continente dar marcha atrás en estos temas como condición necesaria para que recuperen la confianza de los norteamericanos y en ellos mismos. En este ambiente, el libre comercio México-Estados Unidos (T-MEC) no tiene mayor futuro.
Como bien apunta Ross Douthat en una de sus columnas en The New York Times (18/02/26) lo que el trumpismo dice admirar y querer no es la Europa actual sino una que ya no existe. Así pues, es el regreso al pasado el precio que Washington exige para que la “herencia sagrada” vuelva a renacer en el Atlántico. ¿Oirá Europa el llamado trumpista? Sólo el tiempo nos lo dirá, pero nosotros debemos estar atentos.

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Cambios. En América Latina y desde hace más de dos siglos se ha escrito y discutido mucho sobre los cambios en sus regímenes políticos. Por buenas y malas razones los ciudadanos latinoamericanos estamos familiarizados con la naturaleza imperfecta y mutante de las reglas fundamentales de nuestros procesos políticos. Sin embargo, y hasta hace poco, en las sociedades al norte del río Bravo, sobre todo en Estados Unidos, había prevalecido una extraordinaria confianza en la longevidad de las estructuras constitucionales creadas por sus “padres fundadores”. Se daba por sentado que esos Estados Unidos de América eran algo tan excepcionalmente bien ideado que podría sostenerse por siglos con apenas pocos cambios.
Ni duda que la solidez del régimen político norteamericano es notable, pero también es evidente que hoy en el país de Donald Trump hay ciertos principios políticos clave de su estructura política, como la división de los tres poderes clásicos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que pareciera que ya no funcionan tan bien como antes, en particular los que fijan los límites del poder presidencial.
Y es que no pueden verse y entenderse como normales –como politics as usual– los choques abiertos, físicos, que han tenido lugar en media docena de estados de la Unión Americana entre ciudadanos airados y las milicias federales patrullando las calles y a las que los primeros definen como fuerzas de ocupación, particularmente en los casos de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o ICE, que van masiva y literalmente a la caza violenta de sus presas –inmigrantes indocumentados– lo mismo en las calles que en sus viviendas. El supuesto motivo de esta cacería humana es que los indocumentados –a los que simplemente identifican por sus rasgos físicos o forma de hablar y vestir–pueden ser personas peligrosas y nocivas para la preservación de la identidad nacional norteamericana.
De acuerdo con cálculos del Pew Research Center, el conjunto de extranjeros sin documentos migratorios en el país del norte alcanzó su cifra pico en 2024: 14 millones, en su mayoría mexicanos, aunque hoy ya son menos. Y como la orden del asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, es que las redadas deben lograr al menos una captura de tres mil personas diarias, la cacería humana ha adquirido un carácter masivo, indiscriminado y brutal. Hasta ahora, las protestas contra operaciones bautizadas como Metro Surge o Catch of the Day han modificado muy poco su modus operandi, pero su objetivo sigue invariable: 3 mil al día. Por tanto, los arrestos masivos continúan y el discurso presidencial que los legitima insiste en la bondad de su razón de ser: la “salvaguarda” de un supuesto y patriótico interés nacional.
Las operaciones Surge, Catch y similares lo mismo que las protestas masivas en su contra que los argumentos de las autoridades locales acusando a Trump y a las agencias federales de abuso de poder, todos son otros tantos indicadores de que hay algo muy disfuncional en el sistema político del país vecino.
Ahondando en las causas de los choques y protestas callejeras en urbes norteamericanas y difundidas por los medios mundiales lo mismo que los significados de fondo de ciertos discursos de los actores, de análisis de observadores y académicos, se encuentra que el corazón de la discusión se centra menos en las causas de lo inmediato –los indocumentados– y más en hipótesis que hasta no hace mucho parecían ociosas o irrelevantes: ¿Estados Unidos, cuyo régimen político se fundó a fines del siglo XVIII no estará experimentando un proceso de cambio en algunas de sus centenarias instituciones –presidencia, Poder Judicial, Congreso, partidos, medios– y de sus hábitos políticos?
En la América de origen ibérico tenemos un nutrido historial de cambios de régimen. Sólo en el período comprendido entre inicios de la Guerra Fría al presente hay decenas. Y tras la reciente y violenta captura del presidente de Venezuela por el ejército estadunidense puede estar tomando forma uno más. Y con el corte de suministros de petróleo venezolano a La Habana, Washington busca lograr por fin el cambio que no logró detonar el desembarco de su “Brigada 2506” en Bahía de Cochinos en abril de 1961. En fin, que la fragilidad de los regímenes de América Latina forma parte esencial de su historia nacional pero no es el caso en la América al norte del río Bravo.
Qué es lo que puede cambiar. No hay una única definición del concepto de régimen o sistema político pero una adecuada para esta columna puede ser esta: el conjunto de instituciones, reglas y valores formales e informales que efectivamente rigen la lucha por el poder y su ejercicio dentro de un Estado. Desde esa perspectiva el régimen es el corazón de la forma de vida de una comunidad soberana.
Las imágenes de los enfrentamientos callejeros en ciudades de Estados Unidos entre ciudadanos y efectivos armados de dos cuerpos paramilitares dependientes del Departamento de Seguridad Interior (DHS), la Patrulla Fronteriza, el ICE –estructura creada a nivel de gabinete tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York–, son en realidad choques entre el trumpismo y esa parte de la ciudadanía que teme y rechaza lo que considera políticas de corte francamente autoritario, encaminadas no sólo a detener migrantes sino a imponer la autoridad y supremacía de un presidencia super poderosa y sus oponentes.
Tradicionalmente, la presidencia norteamericana no se inmiscuía en los asuntos de seguridad de las ciudades, esa era esfera de competencia casi exclusiva de las policías locales y de los alcaldes, pero ahora so pretexto de una “invasión de indocumentados” Trump se ha impuesto en la geografía urbana dominada por sus adversarios con el pretexto de que debe cumplir una promesa –“la gran promesa”– de sus dos campañas presidenciales: recuperar el control de las fronteras –sobre todo la del sur– y expulsar a la mayor cantidad posible de “invasores extranjeros”, es decir de trabajadores indocumentados. Al inicio, esa decisión pareciera haber sido apoyada por una parte importante del electorado. Se trató de aquellos grupos sociales culturalmente predispuestos a aceptar la caracterización que Trump y el trumpismo hicieron y siguen haciendo de los indocumentados como una horda de bárbaros invadiendo a una nueva Roma imperial, es decir, a los Estados Unidos blancos y protestantes.
Los cambios de fondo. Después de la espectacular “guerra de los aranceles” declarada por Trump al resto del mundo y del despliegue del trumpismo armado en la geografía norteamericana lo que hay de fondo es eso que resume a la puntualidad y con indignación y pasión moral el discurso que pronunció en el capitolio de Washington el senador progresista por Vermont, Bernie Sanders, el 31 de enero al justificar su voto en contra de autorizar fondos para el ICE, al que define como un “ejército doméstico” con acciones anticonstitucionales que aterroriza a la población donde actúa. Sanders hizo una disección puntual de la deriva del trumpismo hacia el establecimiento de un sistema político y social propio de un régimen autoritario; un autoritarismo al servicio de los intereses de una cada vez más poderosa oligarquía que ha vuelto a Estados Unidos un país cada vez más desigual e injusto y cada vez menos democrático.
De no haber una reacción más amplia y firme de la sociedad norteamericana como la que propone Sanders, el trumpismo tiene ya el potencial necesario para intentar transformar a la potencia del norte en un sistema de presidencialismo descontrolado. Obviamente de darse esa evolución las consecuencias negativas se dejarían sentir de inmediato en México –de hecho, ya se sienten los prolegómenos–. Ojalá la alerta de Sanders y de los que hoy protestan en las ciudades norteamericanas sea escuchada y remediada por los votantes de ese país y el temido cambio de régimen al norte de nuestra frontera se frustre.

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El retroceso. El sorpresivo ataque de Estados Unidos a Caracas para secuestrar al jefe de gobierno venezolano, la amenaza del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia sin que importe vulnerar la soberanía de un pequeño pero fiel aliado –Dinamarca– más otras acciones recientes, pueden interpretarse como otros tantos indicadores de una vuelta al pasado imperialista norteamericano más crudo o como el inicio de una nueva era.
El objetivo imperial es controlar, por las malas, unos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo o apoderarse sin más de una gran isla al norte del continente americano de dimensiones mayores que México (2.16 millones de km2), casi despoblada (menos de 60 mil habitantes) pero que hoy tiene un gran valor económico y estratégico por poseer minerales y “tierras raras” y, sobre todo, por su localización estratégica en tiempos de proyectiles supersónicos.
La acción armada norteamericana en Venezuela lo mismo que la amenaza de apoderarse de Groenlandia, incluso por la fuerza, deben interpretarse a la luz de un documento: el National Security Strategy (Estrategia de Seguridad Nacional) donde Estados Unidos por sí y ante sí redefine la llamada “Doctrina Monroe” de 1823 y subraya su determinación de impedir que alguna otra gran potencia arraigue su presencia política y económica en el hemisferio occidental: América es para los (norte)americanos. Y es que la relación petrolera y política de China con la Venezuela chavista no era del agrado de Trump como tampoco lo es el apoyo político de ocho países europeos a la negativa de Dinamarca de transferir a Washington su soberanía sobre la isla. Lo relevante es que ese apoyo europeo al gobierno danés puede ser signo de los límites que hoy tiene la tradicional subordinación y disciplina de los miembros de la OTAN –la gran alianza atlántica formada en1949 para enfrentar a la URSS– a las demandas de Washington.
La presión de Trump sobre Dinamarca muestra que el ser miembro de la alianza atlántica así como el haber colaborado históricamente en las aventuras militares norteamericanas en Irak y Afganistán, en los Balcanes y en Libia más el haber facilitado a Estados Unidos el uso de bases danesas en Groenlandia desde la II Guerra Mundial –hoy la base de Pituffik es clave para el sistema de alerta temprana norteamericano en caso de un ataque con misiles intercontinentales– no significa ya nada en Washington. Con Trump, el imperio se impone de manera igual de brutal sobre la Venezuela chavista que sobre la obsequiosa Dinamarca.
El crudo ejercicio de la política del poder económico de Estados Unidos en la llamada “Guerra Mundial de los Aranceles” o en los bombardeos recientes efectuados en Venezuela, Irán, Irak, Yemen, Siria, Nigeria o Somalia, tienen su razón de ser en la admisión explícita del mandatario norteamericano de que el único límite a su política del poder es el que le impone su “moral personal”. Esto significa que el resto del planeta tendrá que especular sobre la naturaleza de ese código y olvidarse del derecho internacional.
Las primeras reacciones a los excesos. Para el hombre más poderoso del mundo las normas del derecho internacional actual parecieran ser irrelevantes. Sin embargo, es justamente ese imperial desprecio por los límites que el resto del mundo ha codificado a lo largo de siglos, es uno de los factores que está acelerando el fin de la actual estructura de relaciones entre los estados soberanos, estructura que más o menos mantuvo vigencia en el período que va del colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 hasta que Trump lo desechó.
Estados Unidos fue el centro indiscutible del sistema de poder internacional en los últimos 34 años, pero todo indica que hoy ese sistema está experimentando una desordenada desintegración o reconfiguración y que lo mismo apunta a la bipolaridad Estados Unidos-China que a una multipolaridad aún por cuajar.
Para intentar entender esta etapa de descomposición y recomposición se puede empezar por el primer gran cambio introducido por Trump: la destrucción del sistema de comercio internacional nacido de los acuerdos económicos de Breton Woods en 1944. Punto central de dichos acuerdos fue el tratar de limitar las barreras arancelarias proteccionistas en el comercio internacional y poner al dólar norteamericano como la moneda mundial de referencia pues la mitad del PIB mundial se generaba entonces en Estados Unidos. La URSS y China no llegaron a sumarse al acuerdo, pero éste funcionó hasta que empezó a mostrar sus límites en los 1970 y el golpe final lo dieron Trump y sus aranceles. Casi de la noche a la mañana Estados Unidos empezó a convertirse en una economía protegida bajo el pretexto de que el resto del mundo estaba “abusando” de su generosidad y lo había desindustrializado. La “Guerra Mundial de los Aranceles” se mantiene y para México es una verdadera Espada de Damocles que pende sobre la renegociación del TMEC, especialmente porque Trump ha comentado que para él, ese acuerdo ya le resulta irrelevante.
La reacción mundial al trumpismo imperial aún está por adquirir forma y fuerza, pero puede ser que la negativa europea a ceder Groenlandia a Estados Unidos haga que la OTAN deje de ser la gran alianza militar de Occidente que fue. Por otro lado, el gran acuerdo comercial que tras una larga negociación –más de treinta años– se acaba de lograr entre la Unión Europea y el Mercosur está a punto de dar a luz una zona de libre comercio con 700 millones de compradores que muy probablemente será parte importante de la reconstrucción del sistema internacional. El acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser el germen de un polo de poder económico con implicaciones políticas internacionales sustantivas.
La lenta pero evidente pérdida de interés de Washington por Europa en general y Ucrania en particular también puede interpretarse tanto como un debilitamiento de la OTAN empeñada en frustrar la “operación especial” rusa en Ucrania como la aceptación tácita de Washington al “derecho” de Moscú de dar forma a su zona exclusiva de influencia y a que China haga lo mismo en Asia.
La visita del primer ministro de Canadá a China –la gran potencia en ascenso y némesis de Trump–, el acuerdo comercial resultante y el retador discurso de su primer ministro en Davos, pueden interpretarse como un alejamiento de un Canadá muy humillado por Trump del proyecto que originalmente inspiró al TLC y al TMEC.
¿Y México? Para México, la agresividad de la política exterior de Estados Unidos es hoy su mayor reto externo. Trump le ha mostrado que Estados Unidos puede transformarse muy rápidamente de un gran mercado a un vecino nada confiable. Nuestro país está obligado a caminar hoy por una cuerda muy floja tendida entre la defensa de su soberanía –siempre relativa por la asimetría de poder frente al norte– y la necesidad de evitar el choque directo con Washington. Sin embargo, no debe perderse tiempo en buscar o crear oportunidades en la caótica recomposición del sistema de poder internacional para disminuir su gran dependencia económica del vecino del norte.

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