En el premiado y violento filme de Alejandro González Iñárritu The Revenant (El renacido), el personaje central es un cazador que en los 1820 y en el norte de lo que hoy es Estados Unidos es dado por próximo a morir y abandonado por sus compañeros, pero sobrevive y cobra venganza. Bueno, el ex presidente norteamericano Donald Trump, derrotado en su intento de reelección, va camino a ser un moderno revenant pues tras inspirar un espectacular motín que tomó por asalto el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 fue dado por muerto políticamente y abandonado por su círculo íntimo. Sin embargo, y en medio de un trío de procesos penales en su contra en cortes estatales, Trump pareciera haber sobrevivido políticamente y estar de regreso para retomar la presidencia en 2024.
De salirse con la suya, Trump ya anunció que entre sus objetivos está usar el poder del ejecutivo para destruir al “Estado profundo” norteamericano y además cobrar venganza a quienes no le apoyaron en su empeño por desconocer los resultados de la elección de 2020 para continuar en la Casa Blanca.
De lograr sobreponerse a sus rivales en las próximas elecciones primarias del Partido Republicano –lo que es muy probable– y luego vencer a su rival Demócrata en las elecciones generales de noviembre de 2024, Trump se propone ajustar cuentas con quien fuera su vicepresidente, Mike Pence, con su ex procurador William Barr, con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto general Mark Milley, con el ex presidente del Partido Republicano Michael Steele y muchos otros que él considera que le abandonaron en el momento crítico y también vengarse de los fiscales que hoy le siguen cuatros juicios.
En realidad, el exp residente Trump que ha retornado como la gran fuerza política conservadora de Estados Unidos y se propone, según lo anunció el “Día de los Veteranos” el 13 de noviembre, “erradicar a los comunistas, marxistas, fascistas y a los matones de la izquierda radical que como alimañas pululan en los confines de nuestro país”. Con toda razón un analista del Washington Post, Philip Bump (13/11/23) calificó esa oratoria y proyecto de hitlerianos.
Pero ¿qué tan factible es que Trump en su papel de revenant se haga de nuevo con la presidencia de su país? Las encuestas nos dicen que muy factible. Un sondeo de opinión del New York Times y Siena College (05/11/23) muestra que, en cinco de los seis estados más disputados en la última elección presidencial, las preferencias por Trump superan entre un 5% y un 10% a las de su probable rival demócrata y en la entidad donde Biden va adelante –Wisconsin– su ventaja es de apenas 2%.
¿Pero todo lo anterior nos concierne? Pues sí, ya que desde la perspectiva del interés nacional mexicano el discurso trumpista no es sólo una amenaza para su país, sino que es, como lo sostiene The Economist (16/11/23) en sus predicciones para 2024, un auténtico peligro para el mundo pues en las condiciones actuales el retorno de Trump simplemente “confirmaría sus instintos más destructivos en relación al [uso del] poder” de la mayor potencia del globo. Y que conste que la revista británica argumenta desde una perspectiva conservadora.
México, en concreto, tiene varias razones para temer las consecuencias de esos “instintos destructivos”. En primer lugar, porque Trump ya está volviendo a usar el tema de la migración indocumentada y del narcotráfico como justificación para ofrecer a sus posibles electores una política de mano dura en “una frontera sur descontrolada”, posición que, según encuestas, suena bien a los oídos de la mayoría republicana (US News & World Report, 13/07/23).
Greg Grandin, un historiador de la universidad de Yale, acaba de publicar un artículo en el New York Times (05/11/23) donde analiza el uso histórico de la fuerza por parte de Washington es su relación con México. El historiador no descarta del todo la posibilidad de que Trump pueda usar algunos de los instrumentos de fuerza a su disposición contra objetivos mexicanos. En realidad, en algún momento de su presidencia Trump insinuó a su secretario de Defensa un bombardeo selectivo contra bases de narcotraficantes en México, pero afortunadamente el secretario lo desaconsejó. En tiempos más recientes han vuelto a considerar esta posibilidad de actuar con violencia frente a México líderes republicanos como el gobernador Ron de Santis y varios congresistas.
En fin, si Trump se convierte realmente en un revenant quien asuma la presidencia de nuestro país en 2024 quizá enfrente un gran problema con Estados Unidos.

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AGENDA CIUDADANA

 

En un tiempo muy corto el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) transitó de mera asociación civil a finales de 2011 a partido político de oposición en 2014, al año siguiente logró que se le reconociera el 8 por ciento de la votación y en tres años más y con el respaldo de más de 30 millones de votos se hizo de la presidencia. Hoy ya tiene también el grueso de los gobiernos estatales.
Con ese capital el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inició su anunciado proyecto de transformar el régimen vigente. La llamada 4ª Transformación (4T) propone alejar al país de un viejo, notablemente corrupto sistema autoritario y muy escorado hacia la derecha para instalarlo en otro por la vía izquierda.
A estas alturas vale ir evaluando las varias transformaciones puntuales que está llevado a cabo la 4T de manera directa e indirecta. Una de ellas tiene lugar en los procesos de selección internos de Morena que sin ser tan decisivos como las elecciones oficiales, son mecanismos que condicionan la naturaleza de las elecciones formales y también determinan la calidad de los proyectos y personajes que buscan tener el derecho a gobernar.
Ese proceso doméstico de selección puede llegar a convertir a un partido en campo de batallas tan intensas como las que tienen lugar entre los partidos. Experiencias recientes de selección interna muestran que aún hay que afinar sus instrumentos para impedir que el uso indebido de recursos desemboque en campañas de propaganda muy unilaterales y que, por esa u otra vía se nulifique el principio de “piso parejo”. Ni duda que en la competencia interna reciente de Morena se violaron abiertamente los tiempos y la equidad entre los participantes.
Otro factor fundamental en el proceso interno de designación de candidatos es el papel de las dirigencias. Una tesis clásica en ciencia política es la “ley de hierro de las oligarquías” desarrollada por el sociólogo alemán Robert Michels en su obra Los partidos políticos (1915). Según él, la dirección de toda organización compleja como los partidos políticos inevitablemente desarrolla características oligárquicas y por tanto una minoría se adueña de la organización, minoría cuyas formas de vida e intereses tenderán a diferenciarse y antagonizarse con los del grueso de la membresía.
Los partidos políticos mexicanos son ejemplos perfectos de esa “ley de hierro” de Michels, pero en esta etapa inicial de la 4T pareciera haber una conciencia y un empeño en intentar vacunar a Morena contra los efectos más dañinos del virus oligárquico y antidemocrático. La vacuna ensayada son las encuestas –y en ciertos niveles la tómbola– como instrumentos para hacer entrar como variable a las opiniones e intereses de las bases o de la ciudadanía en general en la ecuación que determinará la designación de los candidatos. Sólo el tiempo y la práctica dirán hasta que punto estos instrumentos realmente habrán de disminuir el peso del tradicional “dedazo” y dar un papel efectivo a la participación de una ciudadanía que apenas está emergiendo como tal.
Morena también está intentando aprender de los errores del pasado. Recordemos que ese partido es producto de una cadena de desprendimientos ocurridos en partidos que le precedieron: PRI y PRD. En el PRI siempre hubo una corriente cardenista que, a raíz de la conversión del priismo al neoliberalismo ese cardenismo latente se activó como Corriente Democrática (CD) encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas (1987). La CD pronto abandonó al PRI para reinventarse en 1989 como un partido de oposición: el PRD. Sin embargo, desde el inicio, el PRD fue escenario de corrientes en pugna que terminaron por inutilizarlo y llevar a un nuevo desprendimiento del que surgió Morena. El nuevo partido aprendió la lección e incorporó en sus estatutos el rechazo a la formación de grupos en su interior. Claro que esa prohibición no garantiza su cumplimiento, pero sin duda es un desincentivo para la formación de corrientes y pugnas internas.
Finalmente, pero de extraordinaria importancia para el presente y el futuro será la forma en que Morena y la 4T procesen el anunciado retiro voluntario al fin del sexenio de su fundador y líder carismático indiscutible: AMLO. De golpe, las dos creaturas del tabasqueño –Morena y la 4T– tendrán que seguir transitando por caminos muy tortuosos y desconocidos antes de poder terminar de madurar y modificar la naturaleza del viejo régimen. El carisma y experiencia de AMLO lo hacen insustituible y su ausencia abrirá una gran incertidumbre en la izquierda y en el proceso político mexicano mismo.

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Rotundo gesto: nuestra Águila Azteca
para Salvador Allende en el 50 aniversario de su asesinato.

Un nuevo eslogan para la 4 T podría ser: “Por el bien de todos, resolver el crimen de Ayotzinapa” pues sería apropiado que antes de dejar el cargo el presidente pudiera deconstruir esa herencia maldita que recibió del régimen anterior: Ayotzinapa.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa más el asesinato de otras nueve personas y las heridas a otras 17 durante esa infame “noche de Iguala” del 26 al 27 de septiembre de 2014, se pretendió resolver rápidamente mediante la elaboración de una “verdad histórica” que fue un burdo intento de encubrimiento del último gobierno priista y que, por fallido, simplemente trasladó la responsabilidad del caso al primer gobierno de la 4T.
Deconstruir plenamente la falsa “verdad histórica” implica no sólo desmontarla sino generar la verdadera verdad para finalmente actuar en consecuencia contra los responsables. Esta vez el proceso no puede dejar cabos sueltos y sí ofrecer un relato creíble, coherente y sostenido con la mayor evidencia documental disponible, es decir, con la que ya se tiene más la que se supone –con fundadas sospechas– que aún se mantiene inaccesible en los archivos de las instituciones involucradas en los sucesos de 2014, particularmente en los del ejército.
La “noche de Iguala” sigue siendo un evento imposible de relegar no sólo por su brutalidad e injusticia absurdas sino también por sus implicaciones políticas. Lo ocurrido en nuestro país hace nueve años se mantiene como noticia viva nacional e internacional porque es un indicador y símbolo de una falla fundamental del Estado mexicano: si sus instituciones no pueden resolver un crimen de esa magnitud y con tantos involucrados es porque la corrupción que está en su raíz es sistémica.
Ejemplo del daño que la no solución del crimen contra los jóvenes normalistas de una de las regiones más pobres de México es el reportaje publicado en el New York Times (02/09/23) por Natalie Kitroeff y Ronen Bergman. Independientemente de si tal artículo obedece o no a una agenda política del diario, los hechos ahí consignados son contundentes porque tienen como sustento 23 mil documentos de conversaciones interferidas. Esa investigación más las muchas que le han antecedido dan pie a una serie de consideraciones a cuál más de negativas.
En primer lugar, que desde antes de que tuviera lugar la tragedia de Iguala el dominio de esta ciudad y su zona de influencia ya no lo tenían las autoridades formales sino el crimen organizado de los Guerreros Unidos (GU). Para 2014, GU controlaba totalmente la producción, el procesamiento y la exportación al mercado internacional –Estados Unidos– de los derivados del cultivo intensivo de la amapola en la zona. Según la documentación en poder del New York Times los GU de tiempo atrás tenían a su servicio a todas las autoridades locales y a todas las responsables en la región de las estructuras del gobierno estatal y, finalmente a quienes estaban al frente de las federales, entre ellas a los mandos de la guarnición del ejército, el 27° y 41° batallones de infantería.
Dadas las condiciones históricas de Guerrero la única organización armada capaz de enfrentar con éxito a la violencia ilegítima de GU, o de otras organizaciones, era el ejército. Pero el crimen organizado simplemente lo desarmó vía sobornos que incluso a los ojos de los criminales eran excesivos pero que estuvieron dispuestos a pagar pues contaban con los recursos gracias a sus ganancias en el mercado de Chicago.
En la práctica, GU era el centro real del poder, el soberano en Iguala, pues tenía la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte por si y ante sí. Y vale notar que la cúspide de ese poder ni siquiera ya residía en Guerrero o en México sino en Chicago, donde se encontraban tanto el mercado para la droga como quienes tomaban decisiones inapelables como la de desaparecer a los estudiantes normalistas por creer, erróneamente, que los “ayotzinapos” eran la punta de lanza de una invasión a su territorio por otro grupo criminal.
En suma, en tanto lo acontecido en Iguala siga sin resolverse plenamente, se mantendrá vivo el justo reclamo de los padres de los jóvenes y también el caso seguirá siendo usado dentro y fuera del país como el ejemplo perfecto de la incapacidad del Estado mexicano de ser lo que en teoría debería ser: una estructura de poder legítima y en control efectivo de su territorio e instituciones.

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En la Grecia clásica se interpretó a la historia como un proceso cíclico: surgimiento, desarrollo, auge, decadencia y vuelta a empezar. El optimismo renacentista del progreso creyó poner fin a esa visión, pero a veces pareciera que aquellos griegos no andaban tan desencaminados. Al menos a esa conclusión se puede llegar al presenciar la polémica y el choque entre el gobierno y la oposición en torno a los libros de texto que es una variante de la confrontación original entre los liberales y los conservadores y la Iglesia católica a mediados del siglo XIX. Ese choque se volvió a dar, aunque en otra dimensión, entre aquellos constituyentes de 1916 que propusieron marginar del todo en el sistema educativo cualquier influencia religiosa y los más moderados. El choque volvió a escenificarse a mediados de los 1930 entre quienes apoyaron la educación socialista del cardenismo y quienes la repudiaron por comunista. Tres decenios más tarde el enfrentamiento volvió a salir a escena entre el gobierno de Adolfo López Mateos, que se propuso editar un libro de texto gratuito (LTG) para la educación primaria, y los conservadores de la época.
En el siglo XIX la lucha fue, literalmente, a muerte entre quienes buscaban, tras tres siglos de ser un solo cuerpo, separar al Estado de la iglesia. Una característica de ese Estado laico propuesto por los liberales era la libertad de cultos y acabar con el monopolio de la Iglesia católica sobre la educación. Junto a las armas reales la Iglesia blandió la excomunión como arma disuasoria frente a aquellos dispuestos a jurar la Constitución liberal de 1857. Entre las discusiones más enconadas que se desarrollaron en el congreso constituyente reunido en Querétaro en 1916, se encuentran las que tuvieron lugar en torno a la naturaleza de la enseñanza escolar. Al final se impuso el ala radical: ni en las escuelas privadas habría educación religiosa ni los miembros del clero podrían ejercer el magisterio. Diez años más tarde estalló la rebelión cristera.
En el Plan Sexenal de 1933 se afirmó que la enseñanza primaria “además de excluir toda enseñanza religiosa” debería ofrecer algo mejor a los alumnos: “formarles un concepto exacto y positivo del mundo que los rodea y de la sociedad en que viven.” Una consecuencia inmediata de la puesta en práctica del plan fue que las partidas cristeras aún activas asesinaran o cortaran las orejas a los maestros rurales que cayeron en sus manos. Al final, la educación socialista no sobrevivió al post cardenismo.
El conflicto en torno a la naturaleza de la educación y el papel del gobierno para regular su contenido volvió a reavivarse a raíz de la decisión del presidente López Mateos de editar un LTG obligatorio en todo el sistema escolar. El PAN, la Unión Nacional de Padres de Familia, el Movimiento Cristiano, la prensa, sectores del empresariado y la propia jerarquía católica, se manifestaron en contra y muy ruidosamente. En febrero de 1962, en Monterrey, tuvo lugar la mayor manifestación en contra de un LTG que, según los “inconformes” difundía “ideas y doctrinas ajenas a la idiosincrasia del pueblo mexicano”, es decir, comunistas.
Pese a todo la posición de la Secretaría de Educación se sostuvo pues tanto para el gobierno como para los líderes de las movilizaciones de inconformes estaba claro que la confrontación no era realmente por el LTG sino por algo más sustantivo: para las derechas, especialmente las del norte del país, rechazar el LTG era una buena vía para poner a prueba su capacidad de imponer sus prioridades sobre las del gobierno y para este también era claro que sostener al LTG era una forma de mostrar a todos los actores políticos, incluidos el gran capital y la Iglesia, lo inviable de un desafío abierto a la Presidencia.
Hoy la situación se repite. Los nuevos LTG para primaria y secundaria son parte central del proyecto de la Nueva Escuela Mexicana que, a su vez, se inscribe dentro de un proyecto nacional de la Cuarta Transformación (4 T). Es por ello que hoy están en el centro de un gran choque político que va más allá de los libros pues es la pugna entre las fuerzas que impulsan un cambio de régimen en los términos de la 4T y quienes se le oponen y todo en el contexto de una mega contienda electoral donde estarán en juego la presidencia y miles de cargos nacionales y locales. Es posible que, como en 1962, la oposición recurra a movilizaciones en torno al LTG, pero no hay ya posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás pues lo que realmente está en juego es la disputa por la ruta que seguirá la nación.

 

En la medida en que la actividad de un partido político se centre en ganar el poder, su “frente de guerra” debe ser la confrontación con las organizaciones rivales. Pero, con frecuencia, ese proceso también implica la existencia de un “segundo frente”, uno donde los adversarios están formalmente en el mismo lado y portan el mismo uniforme, pero suelen ser el origen del “fuego amigo”.
Hoy México es campo de batalla entre partidos y proyectos. Pero, a la vez, lo es de batallas internas en cada una de esas organizaciones y con sus aliados. La confrontación formal es el choque entre dos grandes alianzas, una de izquierda y otra de derecha que buscan ganar en 2024 la presidencia y los centenares de puestos en disputa a nivel estatal y local. Sin embargo, es creciente la intensidad del choque en el terreno de los “segundos frentes”. La contienda interna de mayor importancia y más visible, aunque no única, es la que tiene lugar dentro del partido en el poder porque también tiene la mayor probabilidad de retenerlo en el 2024. En este caso y de manera natural e inevitable la pugna interna se empezó a gestar desde el momento mismo de su contundente triunfo en 2018 pero el presidente mantuvo los forcejeos y disputas bajo control. Hoy ese control ya no es posible por la cercanía de la nueva gran elección. Inevitablemente, las diferencias de origen entre personalidades y corrientes tuvieron que salir a la superficie y hacerse evidentes. Lo novedoso es que esta disputa interna es bastante pública y con reglas formales, no bien observadas, pero reglas, al fin y al cabo.
En el origen del viejo sistema político que hoy está en plena transformación la situación era muy contrastante. A partir de la destrucción definitiva del régimen porfirista en 1914 la competencia por el poder no fue entre un “viejo” y un “nuevo” régimen sino dentro del grupo de la heterogénea coalición revolucionaria triunfante y donde las armas decidían. La lucha fuera del círculo de los revolucionarios tuvo pocas consecuencias y todos los choques decisivos ocurrieron dentro de ese círculo. Primero, el grupo carrancista logró eliminar militarmente –aunque no moralmente– a las facciones de corte más popular: la villista y la zapatista. Acto seguido, el grupo sonorense liderado por Álvaro Obregón se insubordinó y eliminó a Carranza y de paso a Pablo González. Entre 1920 y 1928 Obregón “depuró” su propio entorno deshaciéndose de los delahuertistas primero y luego de los generales Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y a sus seguidores. La única oposición y opción externa de importancia entonces fue la cristera entre 1926 y 1929. Un decenio más tarde apareció el PAN, pero como “oposición leal” en términos ideológicos, pero no electorales y por el siguiente medio siglo simplemente no fue un factor en la disputa por el poder.
Entre 1940 y 1950 los partidos almazanista, padillista y henriquista fueron producto intenso pero efímero de otras tantas disputas internas del partido oficial. No sobrevivieron a su circunstancia original. En 1989 tuvo lugar otro desprendimiento similar pero esta vez sí logró superar la coyuntura y permanecer como PRD.
Al concluir el siglo pasado y en su papel de oposición, un PRD en la izquierda y un veterano PAN en la derecha empezaron a dar contenido y sentido real a la competencia electoral. El neocardenismo del PRD –una amalgama de corrientes de izquierda– pudo sostenerse como alternativa al sistema priista en la medida en que mantuvo su ímpetu contra el viejo régimen, pero cuando lo perdió surgió Morena (2011) como la alternativa de izquierda y bajo el liderazgo carismático de Andrés López Obrador (AMLO) y ocupó el espacio abandonado por el PRD.
Morena y AMLO lograron agrupar y revitalizar a buena parte de la heterogeneidad de la izquierda y en 2018 dieron la batalla electoral ganadora y ahora se proponen volverla a dar contra la concertación de fuerzas negociada entre el PRI y sus antiguos adversarios: el PAN y el PRD. Esa alianza ya no es contra natura sino natural pues sus componentes convergen en un propósito: la defensa de un estatus quo amenazado por Morena.
El control de la presidencia y de 21 gobernaturas por Morena hace hoy de ese partido-movimiento el actor político dominante y también por ello la agrupación que enfrenta la mayor tensión interna. El contexto de esta nueva batalla de “segundo frente” lo da este supuesto: de su resultado bien puede depender la dirección que tomen las principales variables del país en el próximo sexenio. Por ello, intereses de dentro y fuera de Morena van a intentar intervenir tanto en su disputa interna como externa y al final todos estaremos invitados a participar en el resultado.

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En el período clásico del autoritarismo priista se tenía una verdad incontrovertible de la que más valía no dudar, la existencia de una trinidad que no se podía cuestionar públicamente: la virgen de Guadalupe, el presidente de la República y el Ejército. Bueno, de la tercia de intocables ya sólo queda la virgen. El ritmo del cambio político de los últimos decenios se ha acelerado tras el arribo de la 4T al poder y ha llegado al punto en que un retorno al pasado es imposible. Quiérase o no, ya se está conformando un nuevo régimen en México. Lo nuevo y su naturaleza dependerá de cómo se vaya dando la correlación de fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales, entre otras.
El cambio no fue detonado por alguien en particular, sino que arrancó con la crisis económica de 1982. Fue en esa coyuntura que Carlos Salinas vislumbró la oportunidad de consolidar su presidencia –tambaleante tras la victoria sin credibilidad del 88 mediante una modificación audaz del modelo económico y de la que él y su grupo serían los grandes beneficiados. Así, México transitó de un capitalismo moldeado por la sustitución de importaciones a otro centrado en la privatización, la globalización y un TLCAN que sería el afianzamiento de una alianza económica y política con Estados Unidos. A diferencia de otros cambios como el post soviético, Salinas buscó alterar a fondo el modelo económico, pero no el político: perestroika sin glasnost. El combinar un capitalismo neoliberal duro con el autoritarismo tradicional llevó, entre otras cosas, a acentuar el carácter oligárquico del poder pero también a un surgimiento de las movilizaciones opositoras: neocardenismo, neozapatismo y otras de grupos populares que fueron quedando fuera del control corporativo tradicional. Salinas y su sucesor tuvieron que ceder en el frente electoral hasta llegar a perder la presidencia en el inicio del nuevo siglo. A cambio, obtuvieron algo fundamental: el apoyo de las derechas locales y externas para afianzar el cambio de modelo económico.
Fue así qué México pasó de elecciones sin contenido al estilo priista a otras con contenido real, aunque limitado. Y es que los dados electorales se mantuvieron cargados cuando existió la posibilidad de un triunfo de la izquierda. Fue un acuerdo informal de las dirigencias del PRI y del PAN –la “oposición leal”– lo que permitió a este último partido asumir la presidencia entre el 2000 y el 2012 y su recuperación por el PRI en 2012.
La alternancia en el poder entre PRI y PAN se llevó entre las patas de los caballos a la estructura corporativa priista. Y la desaparición de la URSS en 1991 dejó sin justificación una nueva represión a la izquierda –el EZLN ya no fue objeto de un extermino al estilo de la “guerra sucia” que tuvo lugar antes en Guerrero– o el veto al acceso de un partido de izquierda a la presidencia. En 2005, una gran movilización obligó al gobierno panista a recular en su propósito de desaforar a Andrés Manuel López Obrador para impedir su candidatura presidencial. A partir de entonces el arribo de la izquierda a la Presidencia de la República se convirtió en una cuestión de tiempo, y ese tiempo llegó en 2018.
Volvamos al tema inicial, al de los intocables. En el Tlatelolco de 1968, en la reacción del aparato de seguridad a la pedrada que recibió el presidente en la UNAM en 1975, o a la bomba Molotov que se lanzó contra el balcón presidencial en 1984, los autores del desafío pagaron cara su osadía. Sin embargo, hoy la oposición critica cotidianamente hasta llegar al insulto pleno y a la difamación al presidente sin que les pase nada. Y por lo que hace al Ejército hasta en documentos oficiales ya se le cuestiona por acciones pasadas, como es el caso del informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero de 2014. Ante el reclamo de otras comisiones que buscan aclarar la participación del Éjército y la Armada en la desaparición y encubrimiento de quienes en 2014 hicieron desaparecer a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se han abierto archivos –aunque hasta hoy solo a medias. A regañadientes, pero el Ejército ha sido obligado a aceptar que tiene dar cuenta de sus acciones y dos generales están detenidos y sometidos a proceso por ello, lo que no implica que ese penoso capítulo de nuestra historia reciente ya esté cerrado.
En fin, son muchos los ejemplos de lo que el viento del cambio se ha llevado en nuestro sistema político, económico, social y cultural pero también ha traído semillas nuevas que, no sin dificultades, ya empiezan a germinar, aunque en un entorno lleno de riesgos.

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Desde antes de que hiciera su aparición en el escenario mexicano el Covid, ya la oposición y los medios de difusión se mostraban implacables en su crítica a la política económica y social del lopezobradorismo. Con la pandemia esa visión negativa adquirió tonos apocalípticos. Al final el país no se vino abajo pero ya no es el mismo.
Al aparecer el virus en 2020 el presidente no optó, como lo demandó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por condonar impuestos ni dar estímulos fiscales al sector empresarial, sino que decidió aprovechar la coyuntura para acelerar el arranque de su proyecto de largo plazo: dejar atrás el neoliberalismo y empezar a dar contenido al lema de “primero los pobres”. Y por eso se desoyó al CCE y, en cambio, se incrementó el gasto en salud pública, en programas sociales y de infraestructura. Se trataba de impedir que cayera el poder de compra de las bases de la pirámide social y generar, hasta donde se pudiera, el empleo propio de las grandes obras.
Si el paradigma anterior a 2018 era el del goteo –si se mantiene el riego en la cúspide de la pirámide social gotearía en la base– AMLO optó por un paradigma opuesto: el de los vasos comunicantes: si se riega la ancha base de esa pirámide, un fenómeno parecido al de los vasos comunicantes terminará por humedecer la cúspide, pero además se afianzaría la relación entre los sectores populares favorecidos y el lopezobradorismo.
Y ya se puede empezar a ver que la idea del presidente ha empezado a funcionar. Según las encuestas, el apoyo al presidente y a su política se mantiene ya que el corazón de esa política es ejercer a fondo el poder presidencial para empezar a redistribuir de manera menos inequitativa los beneficios de la creación de la riqueza y hacerlo de manera pacífica.
La gran distancia entre ricos y pobres fue una característica muy marcada del México colonial. El proyecto nacional de los insurgentes, según lo señaló en 1813 José María Morelos, era dar forma a un sistema político democrático en donde se “moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre”. Sin embargo, esa insurgencia representada por Morelos no triunfó ni tampoco su proyecto, aunque su utopía como tal no se perdió. El primer medio siglo de independencia se caracterizó por una feroz y destructiva disputa interna que desembocó en el México oligárquico del porfiriato. La revolución iniciada en 1910 terminó con la neutralización de sus corrientes más radicales y la revolución se interrumpió, como bien lo asentó la tesis de Adolfo Gilly, y la política redistributiva de esa revolución sólo tuvo una breve oportunidad durante el cardenismo (1934-1940).
A partir del sexenio alemanista (1946-1952) la maquinaria del poder de un presidencialismo autoritario de partido de Estado volvió a recrear un México oligárquico que con Salinas de Gortari (1988-1994) impuso un proyecto neoliberal donde se hizo realidad un glasnost (transformación económica) sin perestroika (cambio de régimen). Sin embargo, las últimas cifras del Inegi permiten suponer que de continuar el proceso inaugurado por la victoria electoral del lopezobradorismo quizá la utopía de Morelos pueda adquirir realidad y se logre moderar la opulencia y la miseria.
Las últimas cifras del INEGI nos muestran que el PIB ha vuelto a crecer (3.7% en los dos últimos trimestres, lo que se encaja bien a nivel mundial), que el índice de desigualdad de Gini ha disminuido al pasar de 0.448 en 2016 a 0.402 en 2022, que el poder adquisitivo del salario mínimo aumentó lo mismo que el ingreso corriente promedio de los hogares: el 10% de los más pobres creció en 20.4% entre 2016 y 2022 y el del 10% más rico disminuyó 13.2%. Bien, pero el camino por recorrer en materia de desigualdad es largo: en 2022 la distancia entre el ingreso promedio trimestral del 10% de los hogares más pobres y el 10% de los más ricos es enorme: 13 mil 411 pesos contra 200 mil 696.
En suma, la recuperación de la economía mexicana es un hecho y la brecha de la desigualdad entre las clases empieza a reducirse. Pero esa brecha es tan brutalmente amplia que el “primero los pobres” debe continuar hasta que esa maldición de nuestra historia que es la desigualdad social sea efectivamente historia y ya no presente… ¡por el bien de todos!

 

 

*Los tres conjuntos de instituciones que dan sentido a la política moderna o nunca han funcionado en México o están dejando de hacerlo.

Tragedia. Normalmente los organismos biológicos o sociales no llegan a la decadencia antes de experimentar la plenitud. Sin embargo, en nuestro país puede estar gestándose un caso de decadencia prematura que puede resumirse así: la transición a la democracia que empezó a hacerse evidente al finalizar el siglo pasado se topó muy rápido con condiciones adversas que obstaculizaron su maduración. Esta hipótesis puede sustentarse con indicadores como el siguiente: a tres lustros de haber experimentado el primer cambio de partido en el poder pacífico y dentro de las normas, una encuesta nos informa que hoy apenas el 19 por ciento de los ciudadanos mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de su joven democracia: ¡18 puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano! (Latinobarómetro, 2015).
Tres Grandes Indicadores Institucionales. Francis Fukuyama, en su último libro Political order and political decay, (Nueva York, 2014) examina tres conjuntos de instituciones que considera son los indicadores clave para examinar la naturaleza del proceso político de cualquier Estado moderno y que permiten comparar diferentes etapas en la evolución política de una sociedad o a diferentes sociedades entre sí. Se trata de: a) la naturaleza del Estado, b) la vigencia efectiva de la ley (the rule of law) y c) la rendición de cuentas a la sociedad. Cuando la relación entre estas tres grandes conjuntos de instituciones es funcional, se tiene la posibilidad de un orden político a la altura de los valores de la modernidad. Veamos rápidamente el caso mexicano.
El Estado. El Estado –definido como una organización jerárquica, centralizada y capaz de ejercer de manera efectiva el monopolio de la fuerza que se considera legítima sobre un territorio claramente definido–, tardó en aparecer en el México independiente.
En el período que va del Plan de Iguala a la República Restaurada –1821 a 1867– la centralización del poder, el monopolio efectivo de la violencia o, incluso, la delimitación clara del territorio nacional, fueron más un proyecto que una realidad. Sin embargo, bajo la última presidencia de Benito Juárez (1867-1872) y los dos cuatrienios iniciales de Porfirio Díaz (1877-1880, 1884-1888), emergió un Estado más o menos compatible con la definición expuesta. Si bien la Revolución Mexicana llevó a que ese Estado se derrumbara y desapareciera por unos años, se recreó relativamente rápido y para 1940 era ya más fuerte que antes y así funcionó por el resto del siglo. Se trató de un Estado con un régimen formalmente democrático pero efectivamente autoritario.
Ese Estado de la segunda mitad del siglo XX centralizó de manera muy efectiva el poder y una presidencia fuerte subordinó a prácticamente todos los actores políticos relevantes, desde las organizaciones de masas y los partidos hasta los grandes grupos empresariales, pasando, desde luego, por el crimen organizado. Sin embargo la gran crisis económica de 1982 y sus consecuencias empezaron a debilitarlo.
La vigencia de la ley. Esta segunda variable siempre ha sido problemática en México. Tras la restauración de la República, a la Constitución de 1867 se le puso en un nicho y ahí se le mantuvo, no se le usó. En la práctica, los jefes políticos del porfiriato –institución creada por la Constitución de 1812– eran quienes efectivamente tomaban la ley en sus manos en sus respectivos distritos. La naturaleza oligárquica del régimen y la corrupción tradicional hicieron mella en la “imparcialidad” de la justicia. Tras la Revolución desaparecieron las jefaturas políticas pero no la situación de fondo. En materia de justicia el peso presidencial así como la corrupción de la policía, el Ministerio Público o de los jueces, llevaron a que hoy el 66 por ciento de los mexicanos consideren que la ley se respeta poco o nada (Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, IFE-El Colegio de México, 2014).
Rendición de cuentas. La existencia de un Poder Legislativo responsable ante sus electores que vigile el funcionamiento del gobierno es el mecanismo central de rendición de cuentas en el Estado moderno. Con Juárez, el Congreso fue capaz de enfrentarse a una Presidencia que deseaba cambiar la Constitución pero con Díaz la situación se invirtió y así se mantuvo tras la Revolución, cuando el Legislativo vio reducirse a la nada su independencia frente al Ejecutivo. En la actualidad, el Congreso federal ha ganado en independencia –no es el caso con todos los congresos locales– pero tomando como botón de muestra el caso de la casa blanca, resulta que su capacidad y voluntad para exigir una auténtica rendición de cuentas es tan poca como antes.
Resumiendo. México sigue sin hacer funcionar aceptablemente a dos de los tres conjuntos de instituciones básicas de la política moderna: el Estado de derecho y la rendición de cuentas. En cambio, sí consiguió a fines del siglo XIX y en el siguiente montar un Estado más o menos funcional aunque dentro de un régimen no democrático. Sin embargo, hoy la efectividad de ese Estado ha disminuido mucho –la violencia del crimen organizado lo mismo que las grandes concentraciones de poder económico lo están retando con efectividad– mientras que el imperio de la ley y la rendición de cuentas parecen tan lejanas como siempre. Desde esta óptica, la vida política mexicana pareciera ir más en dirección de la decadencia que en la del ascenso.

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