¿Cómo lograr entender la emergencia de Xóchitl Gálvez como candidata de la derecha a la presidencia de México? ¿Cómo lograrlo sin conocer las razones que debieron ponderar los miembros de ese pequeño y cerrado círculo político que la designó adalid de una coalición cuyo nombre mismo –“Fuerza y Corazón por México” (FCM)– dice poco o nada de su razón de ser? Una manera de aproximarse al tema es suponer que la amalgama de intereses opositores que conforman la FCM consideró que el enemigo a vencer no era tanto la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sino el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y cuyo proyecto había sido asumido como propio por la doctora Sheinbaum. Esta perspectiva supone que deslegitimar de manera profunda a AMLO redundaría en herir de muerte al lopezobradorismo y a su proyecto de continuidad.
Si partimos del supuesto anterior entonces la función de la ingeniera Gálvez y sus promotores abiertos o soterrados no era tanto buscar el apoyo a un proyecto alternativo sino embestir contra los puntos fuertes del lopezobradorismo.
En otros tiempos, los del antiguo régimen, los candidatos presidenciales del PRI eran políticos moldeados durante años en los usos y costumbres de un partido de Estado. En contraste y hasta 1993 los candidatos del PAN Efraín González Luna, Luis H. Álvarez, José González Torres, Efraín González Morfín, Pablo Emilio Madero e incluso Manuel J. Clouthier y Diego Fernández de Cevallos emergieron de las clases medias o altas socializados en la cultura propia del panismo, de los profesionistas o empresarios de ciertas élites urbanas –católicos de adecuada educación universitaria, buenos modales y bibliotecas y cuidadosa o al menos aceptable dicción– y dispuestos a cumplir un papel supuestamente “civilizatorio” en un país autoritario y con una educación popular deficiente. Suponían que tras una “brega de eternidad” (Manuel Gómez Morín dixit) alcanzarían el poder e implantarían la democracia liberal.
En el año 2000, cuando el PRI ya estaba en una etapa avanzada de declive y descomposición, los panistas optaron por presentar un candidato que si bien rompía el molde tradicional –desde su atuendo hasta su dicción y ausencia de biblioteca “de gente culta”– en cambio conectaba con sectores populares ¡y emergió Vicente Fox! Tras 71 años ininterrumpidos en el poder, el PRI optó por renunciar graciosamente a la presidencia para cederla a un derechista “populachero” que prometía ser capaz de algo que ya le era imposible al priismo: desmovilizar a los sectores populares neocardenistas.
El fracaso final del foxismo y una victoria en 2006 claramente increíble de Felipe Calderón –antítesis de Fox en estilo, pero no en contenido– permitió que en 2012 el PRI recuperara la presidencia. Pero se trató de un PRI ya sin vitalidad y al que literalmente le resultaba a contrapelo operar en un entorno de creciente pluralismo político, lo que llevó a que, en la siguiente elección, la de 2018, se tuviera que aceptar que el partido de izquierda creado a pulso y a marchas forzadas por AMLO entre 2011 y 2014, Morena, llegara a la presidencia.
En la actual coyuntura la candidata de la izquierda no ha pretendido ser una versión femenina de AMLO sino la líder de una segunda etapa de la 4ª Transformación, es decir, del complicado proceso de cambio pacífico de régimen. En cambio, la coalición PAN-PRI-PRD optó por no enfrentar a Claudia Sheinbaum con una plataforma política estructurada y realmente alternativa sino con lo que se consideró que podría ser una versión de derecha de algunas de las políticas sociales y características del liderazgo de AMLO más un toque foxista: un origen y una socialización no elitista, cierto éxito empresarial, un atuendo y un lenguaje “populares”, un discurso desenfadado y salpicado de improvisaciones no exentas de errores, acorde con el lugar, ocasión y tipo de público pero atacando sin tregua al lopezobradorismo más que proponiendo y todo ello envuelto por un ambiente de ataques sin tregua de fake news en los medios de comunicación convencionales y cibernéticos donde resaltan las tácticas de la “guerra sucia” al estilo de millones de mensajes de “narco presidente”, “narco candidata” y similares.
Las encuestas de opinión insisten en mostrar a la supuesta guía de la derecha en un lejano segundo lugar (barómetro Bloomberg 16/04/24). Y es que finalmente su estilo y sustancia nunca estuvieron sostenidos por una biografía y una visión de México a la altura de su propio proyecto y menos aún de las circunstancias históricas del país.

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En el eclipse solar del 8 de abril todo salió como estaba pronosticado: la luna tomó el lugar esperado entre el sol y la tierra a la hora anunciada y todos los espectadores quedaron satisfechos. Acá, en nuestro país, también tuvo lugar un evento previsto, esperado y ampliamente publicitado, aunque su carácter fue político. Y sucedió que uno de sus resultados también puede considerarse como un eclipse, aun no total, de una de las participantes.
El entorno del mencionado primer debate organizado por el INE entre las tres personas que aspiran a ganar la elección presidencial del próximo 2 de junio, tuvo como trasfondo un hecho evidente: que el grueso de las encuestas de opinión da a Claudia Sheinbaum como la candidata que cuenta con la simpatía o aceptación de la mayoría de los encuestados. El segundo lugar y bastante alejado del primero, lo ocupa la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez y un más distante tercer lugar le corresponde a un candidato casi imposible: Jorge Álvarez Máynez.
En tales circunstancias lo realmente importante tanto para los candidatos como para todos los posibles votantes era la incertidumbre sobre la forma en que el encuentro podría incidir en la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de los candidatos. Y es que, si en el intercambio de ideas y propuestas, la aspirante opositora lograba dar un golpe contundente, demoledor, a quien hasta ese momento era percibida como ganadora el panorama político mexicano aún podría dar un vuelco. Pues bien, esto último no ocurrió y por tanto es más improbable un retorno de la derecha a la presidencia de un país y sistema político presidencialistas. Y es que todo aquel que quiso observar con algún grado de objetividad el evento pudo comprobar que la confrontación del 7 de abril simplemente reafirmó las tendencias ya establecidas.
En la atmósfera del post debate un grupo significativo de observadores y comentaristas, incluso algunos identificados con la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez, coincidieron en atribuir el poco éxito de quien encabeza la alternativa de derecha, “Fuerza y Corazón por México”, a su incapacidad para armar y ofrecer al elector un proyecto de nación alternativo al elaborado por la izquierda. Pero quizá ese no es exactamente el caso.
Se puede argumentar que hoy la coalición opositora aglutinada alrededor del PAN y del PRI si tiene un proyecto muy completo, articulado y muy probado, pero que su problema no es tanto el discurso de su candidata ni menos la falta de objetivos concretos sino el que ésta no puede presentarlos explícita y públicamente como tales porque se trata, en la medida en que le fuera posible, de desandar lo ya andado por el lopezobradorismo en el camino que lleva a un cambio de régimen. Se intenta volver a dar vida a los arreglos políticos, económicos, sociales e incluso culturales, que prevalecían hasta 2018.
En el conjunto de críticas de la oposición –que son muchas y constantes– está implícito un proyecto de nación que busca reestablecer la pirámide de poder anterior a 2018 y donde los intereses de la oligarquía no se sentían amenazados sino cobijados, donde las posiciones de las varias capas que componen a la clase media no enfrentaban el reto cultural que implica ese “por el bien de todos primero los pobres”. Retornar al imperio de las supuestas “leyes del mercado” que determinaban cómo, cuándo y quienes eran los ganadores de un supuesto juego económico competitivo, pero en realidad jugado con dados cargados por una corrupción sistémica y donde, en la práctica, la desigualdad social se justifica como una inevitable característica de un sistema que premia a los audaces y castiga a los faltos de imaginación, apáticos y conformistas. En fin, volver a ese México donde se suponía que el mero crecimiento del PIB llevaría a una paulatina disminución de las desigualdades.
En fin, que en lo inmediato el proyecto explícito de la derecha es simplemente detener a la 4ª Transformación, detener el difícil desmantelamiento del antiguo régimen –desmantelamiento calificado por la derecha como la “destrucción del país”.
Si esa derecha llegara a recuperar la presidencia por algún medio, la reconstrucción de su México ahora idealizado implicaría confrontaciones más abiertas y agudas que las actuales pues lo ya desatado en el sexenio de AMLO no podría volverse a atar por las buenas. Quizá a la derecha mexicana, a la “realmente existente”, le conviniera, pasadas las elecciones, negociar su coexistencia con la 4T que continuar confrontándola al estilo de la coalición armada en torno a “Fuerza y Corazón por México”.

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Es de suponerse que desde el momento en que los homo sapiens lograron dar forma a sociedades complejas también surgió la necesidad de justificar el poder y privilegios de unos –los menos– y la obediencia de otros –los más–. Como en otros temas de naturaleza ética y práctica igualmente complejos, los teóricos de la antigüedad clásica recurrieron a la racionalidad para explicar la naturaleza del poder político y, sobre todo, para imaginar un modelo de dirigente político perfecto para una polis perfecta. Y en este campo, Platón llevó bastante lejos su propuesta: el “rey filósofo”.
Para ser aceptado como rey el personaje debía distinguirse como filósofo y por ende no podía ambicionar el mando. La contradicción entre la propuesta platónica y la realidad histórica es notable.
Platón tuvo como punto de partida este supuesto: la búsqueda del conocimiento es el mejor camino hacia la virtud y la felicidad pues no hay actividad ni empresa más digna del ser humano que el “amor por la sabiduría”. Por tanto, un filósofo cabal es quien debería ser responsable de ese elemento tan peligroso que es el poder político. Sin embargo, como la política es una actividad menos digna que el empeño por ampliar el conocimiento y llegar a la verdad, sería necesario obligar al filósofo a ser rey pues su interés no podría ser el ejercicio del poder sino el mantenerse sumergido en la tarea sin fin de investigar los secretos del mundo. Sólo la conciencia de una responsabilidad moral –el bienestar de sus conciudadanos– podría hacer soportable a un auténtico sabio el sacrificar su “amor por la sabiduría” en aras de administrar una polis. Es verdad que por un tiempo un filósofo clásico –Aristóteles– fue tutor de quien sería el gran conquistador de la antigüedad, Alejandro Magno, pero el resultado de esa relación no fue precisamente el esperado por Platón.
La experiencia histórica muestra que sólo en circunstancias realmente extraordinarias se ha podido obligar a alguien a asumir con éxito el papel de dirigente de una comunidad –entre nosotros eso sólo sucede en algunos municipios notables por su pobreza y aislamiento– la regla es lo contrario: la eterna lucha por “el privilegio de mandar”.
Los griegos tenían buenas razones para subrayar la importancia de una educación de excelencia para los gobernantes –dominar las matemáticas, la dialéctica, etc.– pero la sobrevaluaron. Y así lo prueba nuestra propia experiencia. El ex presidente Carlos Salinas, por ejemplo, hizo sus estudios preuniversitarios en buenas instituciones de la Ciudad de México, obtuvo una licenciatura en economía en la UNAM y luego dos maestrías y un doctorado en economía política y gobierno en Harvard. Pero finalmente su elección como presidente quedó desde el inicio bajo sospecha de fraude y su desempeño como presidente ni de lejos correspondió a la calidad que los clásicos suponían propia del poseedor de tan esmerada –y cara– educación.
En contraste está el caso del general Lázaro Cárdenas. Sus estudios formales los hizo en su natal Jiquilpan –5 mil habitantes– y sólo pudo cursar hasta el cuarto año de primaria pues a los 14 años y tras la muerte de su padre empezó a trabajar como “meritorio” en la oficina de rentas local con un sueldo de 15 pesos mensuales. La Revolución Mexicana, más su carácter y la buena fortuna le abrieron a Cárdenas un camino antes inexistente y a los 33 años era ya general de división y a los 39 presidente. A falta de mayor educación formal Cárdenas tuvo algo mucho más importante: empatía con los mexicanos comunes de su tiempo. En la práctica el cardenismo significó poner a los pobres primero. Pese a no ser “gente de mundo” Cárdenas sorteo con notable éxito los peligros de un entorno internacional embravecido por el derrumbe del orden internacional y finalmente no permitieron que la corrupción que ya caracterizaba a la élite de la postrevolución lo envolviera.
Y retornando a Platón, al rey filósofo, al contraste Salinas-Cárdenas y al realismo político, es claro que la sabiduría que caracteriza a los buenos gobernantes no proviene necesariamente de la excelencia de su educación formal sino de otra fuente más importante: de su carácter, de su temple forjado en coyunturas críticas. Finalmente, proviene también de su empatía cognitiva, de voluntad y capacidad para colocarse afectiva y efectivamente en el lugar de la mayoría de aquellos sobre los que ejerce su poder.
En suma, que a Platón se le puede responder aquello que “Lo que natura no da, Salamanca (o Harvard) no presta” aunque se le pague con oro. Y en la democracia actual la responsabilidad del ciudadano es elegir y apoyar a quién, de entre el puñado de posibles ocupantes al puesto de mayor jerarquía política de la comunidad, realmente haya dado ya indicios de poseer tanto elementos de la sabiduría como del carácter que desde la antigüedad se asociaron con el modelo ideal de gobernante.

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En política el tiempo puede ser un factor crucial. Hoy se pueden hacer cambios negociando, pero mañana quizá se intente hacerlos con violencia.
Que hoy el grueso de las sociedades acepte, al menos en teoría, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y sus implicaciones legales, políticas, económicas o culturales, es un logro histórico producto de choques y conflictos a veces innecesariamente brutales y que abarcaron desde la esfera familiar hasta el sistema internacional mismo. Cosa igual puede decirse de otras desigualdades: de clase, raciales, culturales, económicas, internacionales y más. En todos los casos el cambio sustantivo ha involucrado conflicto, pero la naturaleza del choque de intereses depende de la voluntad de negociarlos.
Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, (2013) es hoy por hoy el gran teórico de la naturaleza y evolución histórica de la desigualdad social, de sus características y modalidades. El autor muestra cómo, en los diferentes caminos que han seguido las sociedades modernas para enfrentar las desigualdades dentro y entre las naciones, se ha requerido de presionar al estatus quo. La naturaleza de la presión depende de la voluntad e inteligencia de las partes en conflicto en este tema-eje de la historia moderna. La centralidad de este eje se puede constatar simplemente por las consecuencias y los notables logros al respecto derivados de fenómenos como las guerras mundiales o las grandes revoluciones. Hoy la lucha más apremiante se da en torno a la catastrófica degradación del medio ambiente, consecuencia directa o indirecta del hipercapitalismo que también es la causa de la desigualdad social lo mismo en Estados Unidos que en China.
Y es que, vista desde una perspectiva global y sobre todo a partir de los dos últimos siglos como lo hace de manera muy sintética y didáctica este autor –“El último gran intelectual francés”, según El País (15/10/23)– en su Breve historia de la igualdad (2021). Los grandes datos le dan la razón a su propuesta: gracias a la lucha contra la desigualdad la humanidad es hoy menos desigual que hace un par de siglos atrás en materia de salud pública, condiciones de trabajo, acceso a la educación o a la participación política. Y todo ello gracias no a un cambio en los valores y actitudes de las clases que históricamente se beneficiaron de las desigualdades sino “gracias a una serie de revueltas, revoluciones y movilizaciones políticas a gran escala” (p. 271).
Desde estas perspectivas la experiencia histórica mexicana encaja perfectamente en el escenario global de lucha contra la desigualdad. Sin embargo, y pese a la enormidad de los esfuerzos los resultados concretos del impulso hacia la construcción de una sociedad mexicana menos desigual siguen lejos de corresponder al esfuerzo y sacrificio desplegado a lo largo de los últimos siglos.
En una publicación dela Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Miguel del Castillo Negrete La distribución del ingreso y la riqueza (2023) encontramos que en 36 años el 0.1% de las familias más ricas de México duplicaron la proporción que recibieron del ingreso nacional (15.5% en 1984 a 30.8% en 2020) y que el sueldo de un CEO (por caso, en Citigroup México) en 2022 fue de 18.3 millones de pesos mensuales mientras el salario mínimo fue de 5 mil 258 pesos. Para Castillo Negrete es este modelo de asignación tan desigual de ingresos “el primer responsable de los problemas de pobreza y falta de desarrollo de las familias en México”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido como lema “primero los pobres” y ha hecho esfuerzos en ese sentido. El gasto público destinado a los programas sociales creció en 30%. Y, sin embargo, los mexicanos que aún viven en situación de pobreza según Coneval son 46.8 millones (36.6% de la población) y de ellos los clasificados como “pobres extremos” siguen siendo alrededor del 7% de la población. En contraste, los 14 “ultrarricos” y de acuerdo con la organización Oxfam, mantienen un acelerado proceso de crecimiento de su riqueza que ya equivale al 8% de la riqueza total del país y, por tanto, la desigualdad en México es realmente notable y por tanto preocupante.
Para Pikkety el modelo hipercapitalista y su ideología que, con variantes, prevalecen en el mundo ya son obsoletos y sumamente dañinos para el grueso de la humanidad. El cambio lo exige el que “los países ricos son ricos en el sentido de que la riqueza privada nunca ha sido tan alta, sólo sus Estados son pobres” (p. 280). Y es justamente ese “Estado pobre” el que debe y va a ser acicateado y sin tregua por la movilización y la presión de los menos favorecidos para que revierta de manera más enérgica esa persistencia de la concentración extrema de la riqueza. Según Castillo Negrete el 5% de hogares más ricos de México llegaron a recibir en 2014 el 67.5% del ingreso familiar y en 2020 el 60.8%. Sin duda hay políticas en beneficio de la igualdad en nuestro país, pero estas deben acelerarse para evitar que la inequidad desemboque, de nuevo, en reacciones donde las posibilidades de negociación entre los beneficiados por el statu quo y los impacientes por revertirlo disminuyen y el conflicto escale. Si como señala Pikkety la tendencia histórica a la igualdad tiende a ser irreversible, las sociedades deber adaptarse a ese cambio, negociarlo, antes de que sea tarde.

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Las definiciones de guerra de Karl Von Clausewitz “la continuación de la política por otros medios” o “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” pueden ser útiles al examinar la naturaleza y el papel de la “guerra sucia” política.
La actual campaña electoral en México busca decidir no sólo que grupo dirigirá al país en los próximos años sino también la naturaleza del régimen. Desde esta perspectiva la política adquiere el carácter de una guerra pues se trata de una lucha que echa mano de todos medios a su alcance –éticos o no–, para obligar al otro a acatar la voluntad del atacante.
El historial de la lucha electoral del México independiente no es un ejemplo de contiendas guiadas por el espíritu de considerar al otro no como un enemigo a someter o destruir, sino como un contendiente con el que finalmente se tiene que convivir y llegar a acuerdos. Fue al calor de los resultados una gran conmoción del orden internacional, provocada por las revoluciones norteamericana y francesa, las guerras napoleónicas y las independencias latinoamericanas que en un México ya independiente tuvo lugar la primera elección presidencial (1824). Sin embargo, México distaba entonces de ser una nación y las cosas no marcharon como debían. Hubo un rosario de elecciones nacionales a partir de entonces –alrededor de cuatro decenas– pero poco tuvieron que ver con los giros de la turbulenta vida pública del siglo XIX. El poder dependió del ejercicio directo de la fuerza: de los pronunciamientos, de una guerra civil intermitente y de la mano dura de la pax porfirica.
Justamente por ese carácter tan poco relevante de las elecciones la rebelión democrática maderista de 1910 tuvo como lema el “sufragio efectivo, no reelección”. Sin embargo, y de no haber sido por el asesinato de Obregón, el principio de la no reelección –que finalmente resultó muy funcional para la renovación interna del régimen de la Revolución– no hubiera sobrevivido más allá de 1928 y el sufragio nunca tuvo la menor oportunidad de ser efectivo.
A partir de la segunda mitad del siglo pasado el desgaste del sistema autoritario postrevolucionario –crisis políticas intercaladas con crisis económicas– obligó al sistema de partido de Estado a aceptar reformas electorales hasta llegar en el año 2000 a perder la Presidencia, pero cuidándose de dejarla en manos de una “oposición leal” que aseguraba que los cambios en las formas de administrar el poder no tocaran a su contenido.
Finalmente, en el 2018 tuvo lugar una elección presidencial con contenido, cuyo resultado no fue previamente negociado y que tuvo las características propias de una votación democrática: libertad de sufragio, acceso a información plural y contrastante, opción entre proyectos partidistas con diferencias reales y resultados creíbles.
Si bien por todo lo anterior ya hay elementos para alimentar el optimismo en torno a la dirección del sistema electoral mexicano, desde 2006 apareció una sombra: los inicios de la guerra sucia en las campañas electorales. En el resultado oficial de hace 18 años, donde supuestamente la oposición perdió la elección por sólo medio punto porcentual, influyó y mucho un clima de miedo generado por una novedosa guerra sucia que a través de Televisa advertía incesantemente que si se reconocía la victoria de la oposición de izquierda México se vendría abajo.
Hoy los practicantes de la guerra sucia electoral ya la admiten desvergonzadamente como un arma necesaria en su arsenal. Jorge Castañeda, por ejemplo, recomienda (04/04/24) que la campaña de la oposición use todos los medios recomendados por el arte de guerra sucia para bajar las preferencias ciudadanas por la candidata puntera –Claudia Sheinbaum– y suba las de su oponente. Un experto que estudia las guerras sucias en América Latina, Julián Macías Tovar de Pandemia Digital, ha mostrado, vía errores del programador de un trollcenter, que miles de cuentas y millones de mensajes en el ciber espacio que relacionan al presidente y a Sheinbaum con el narco son sólo un producto de robots creados por empresas especializadas en México, España o Argentina.
No sabemos hasta donde pueda llegar esta “política por otros medios” pero es muy perturbador que cuando finalmente estamos en posibilidad de vivir una etapa de genuina competencia electoral la oposición de manera franca, descarada, opte por las armas ilegítimas de la “guerra sucia” para ganar lo que no puede en buena lid.

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En memoria de Carlos Urzúa, amigo y colega.

Una buena definición del conservadurismo la dio precisamente un conservador e ideólogo de la derecha norteamericana, anticomunista radical, fundador de la revista de derecha National Review, comentarista muy agudo, cercano a Ronald Reagan, por un tiempo trabajó para la CIA y en 1973 fue representante de Estados Unidos en la ONU: William Buckley. Este ideólogo llegó a la siguiente, simple y clara definición: “Un conservador es alguien que se atraviesa frente a la historia y le grita ‘detente’” (The Economist, 15/02/24). Hoy en México el proyecto de la derecha consiste precisamente en eso, en tratar de detener un proceso histórico en una coyuntura donde la izquierda intenta impulsar un cambio de régimen.
El zócalo de la Ciudad de México encuadrado por el Palacio Nacional y la catedral es un escenario privilegiado para observar momentos clave del drama político nacional. Ahí está la escena recreada por un artista de las tropas norteamericanas en el zócalo en 1847 o las fotografías de esa plaza regada de cadáveres de soldados, civiles y caballos que marcó el inicio de la Decena Trágica en 1913 o de las tanquetas abriéndose paso entre estudiantes, para dispersarlos, en el 68. Pues bien, se ha sugerido desde el lado conservador que hay una similitud entre esta última escena en 1968 y la concentración de miles de ciudadanos, predominantemente de clase media, que tuvo lugar en el zócalo el pasado domingo para condenar la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en general, y sus 20 propuestas de reformas a la Constitución en particular, en el marco de una campaña presidencial realmente competida y polarizante.
En realidad, la única similitud válida posible entre la concentración del 18 de febrero y las varias que tuvieron lugar hace años es lo multitudinaria y su carácter de protesta contra el gobierno, pero la forma y el contenido de las manifestaciones son totalmente diferentes.
Las concentraciones del 68 eran parte de la protesta contra un régimen autoritario muy arraigado tras cinco décadas de ejercicio ininterrumpido de un poder sin contrapesos, con elecciones sin contenido y donde sólo los actores políticos aceptados por el poder presidencial podían actuar sin temor a ser reprimidos.
La atmósfera en que actuó la oposición del 68 era una de violencia y miedo pues: en 1961 y 1963 el ejército había reprimido al Movimiento Cívico Potosino encabezado por el doctor Salvador Nava. En 1962 se había asesinado al líder campesino Rubén Jaramillo y a su familia, en 1965 había tenido lugar el frustrado asalto al cuartel de Madera. Es con ese telón de fondo que los jóvenes del 68 llevaron a cabo sus manifestaciones que concluyeron con la masacre del 2 de octubre. En contraste, las actuales manifestaciones de la derecha tienen lugar en un ambiente diametralmente opuesto: se puede asistir a ellas con toda la familia sabiendo que no aparecerá ninguna tanqueta, se puede insultar al presidente y a su proyecto a placer sin que pase nada y al fin de la jornada puede irse a un restaurante de la zona. No, nadie en su sano juicio puede temer hoy que su manifestación con pancartas insultantes para el presidente pueda terminar como las del 68, especialmente la última.
No, protestar en 2024 en nada se asemeja a haber protestado en 1968.
El lado positivo de concentraciones como la de hace una semana es que finalmente en sí mismas son un indicador objetivo de los avances democráticos en México. En efecto, el partido en el gobierno y a diferencia del 68, hoy tiene que enfrentar a una oposición encabezada por institutos partidistas fogueados, con gran historial en todo tipo de elecciones –el PRI con 95 y el PAN con 85 suman 180 años de experiencia– mientras su adversario –Morena– apenas llega a los 13. En principio PRI y PAN deben contar con miles de cuadros en todo el país. A la oposición no le faltan recursos pues el mundo empresarial al que pertenece el generador de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Claudio X. González, los ve con gran simpatía. La autoridad electoral –el INE y el TEPJF– en caso de estar sesgada, lo estaría a favor de la oposición al igual que el grueso de los medios de información convencionales nacionales y extranjeros.
Si algo está faltando en este camino hacia las urnas el 2 de junio para darle mayor fuerza al contexto democrático es el programa o proyecto de la oposición. Hasta ahora su lema central es el “No”, “el INE no se toca”, “El poder judicial no se toca”, “La constitución no se toca”, “Mi voto no se toca”, etc. Como bien observó Buckley, hasta ahora el conservadurismo mexicano sólo le ha dicho a la historia reciente “detente” y eso, como propuesta en tiempos del cambio, es una muy pobre propuesta.

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En teoría, alcanzar el poder e instalarse en la lógica de administrarlo según sus intereses explícitos y, sobre todo, implícitos suele ser el objetivo de los partidos que no cuestionan la naturaleza misma del régimen donde operan. En su caso la alternancia partidista podrá llevar a cambios en el estilo de gobernar y en políticas muy puntuales que se explicarán por virajes hacia la derecha o la izquierda según el caso, pero dentro de los marcos del statu quo.
Un ejemplo de ello se tiene en el PAN cuando en el año 2000, y por dos sexenios, remplazó al PRI en la presidencia. La victoria de Vicente Fox significó un cambio partidista tanto en los altos mandos del gobierno como en su logo –el águila completa fue remplazada por “la mocha”– pero en esencia todo siguió como antes. En contraste, con la llegada a la presidencia del gobierno del partido-movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la mera toma del mando del aparato de gobierno nunca fue el prepósito final sino apenas el punto de partida para lograr un objetivo mucho más ambicioso y disruptivo: modificar la naturaleza del sistema político.
Y en relación a la tarea de empezar la demolición del viejo régimen e iniciar la construcción de otro –por régimen aquí se entiende el conjunto de instituciones formales e informales y la naturaleza de las relaciones entre los ámbitos públicos y privados y los valores que efectivamente rigen en la lucha y el ejercicio del poder– conviene recordar lo que hace cinco siglos advirtió Maquiavelo: “…no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que introducir nuevas leyes” , (El príncipe, (1531), capítulo VI).
Y justamente el introducir nuevas leyes, modificar prácticas y, sobre todo, trastocar valores culturales, de convivencia y de poder entre las clases, es la esencia de un cambio de régimen. En esa coyuntura AMLO y Morena han debido enfrentar no sólo a los desplazados del mando sino también a quienes inicialmente le apoyaron, pero quedaron resentidos al no haber recibido lo que creían merecer y a una multitud que con razón o incluso sin ella se consideran afectados o amenazados por el cambio. La experiencia de la 4T confirma una vez más a Maquiavelo.
Si Morena consiguiera en las urnas este año un mandato similar o superior al que obtuvo en 2018 estaría en posibilidad de lograr lo que hace 84 años el cardenismo no pudo: continuidad y con ello la posibilidad de consolidar el cambio hacia la izquierda.
En el 2018 el lopezobradorismo logró lo que por muchos años parecía un imposible: por la vía de una legalidad diseñada expresamente por el sistema autoritario ganar pacíficamente el control de las estructuras de gobierno y de inmediato empezó a poner los cimientos de uno nuevo. De volver a triunfar Morena, la mera conservación y administración de lo ya ganado no puede ser una opción legítima para Claudia Sheinbaum y la 4T pues, de un lado aún hay promesas por cumplir y, por otro, mucho de lo logrado puede ser reversible si no se avanza. El proyecto de la oposición es justamente reimponer en lo esencial el status quo ante.
Para la 4T la lista de las tareas sustantivas de gran importancia a continuar o emprender para no perder la iniciativa incluyen, además de la consolidación, las siguientes, aunque no necesariamente en ese orden. Medidas inmediatas para sacar de la pobreza extrema a los nueve millones de mexicanos que se encuentran en esa categoría. Frenar la tendencia hacia la concentración de la riqueza; la tesis de Oxfam al respecto es contundente: la democracia es incompatible con una estructura de poder que permite que 14 supermillonarios posean 8.18 pesos de cada cien pesos de la riqueza privada en un país de 126 millones de habitantes. Ya se hizo tarde para proceder a una reforma fiscal pues mientras el fisco de los países de la OCDE recaba en promedio el 34.1% de su PIB, México apenas logra un magro 17%. En esas condiciones la gran inversión necesaria en educación, salud e infraestructura es imposible.
Mientras la soberanía del Estado siga cuestionada por el crimen organizado en varias regiones del país una de sus características fundamentales estará en duda. Como la posibilidad de que se mantenga la hostilidad concertada de los medios de comunicación corporativos contra la 4T se requiere mantener una red de canales de comunicación cotidiana con los ciudadanos que ya no descanse sólo en la capacidad del presidente y su “mañanera”. Y la lista puede seguir.
En fin, la elección por venir tiene ya un sello histórico pues de ella depende si es posible o no acabar de dar forma a un nuevo régimen.

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Para el ingeniero Carlos Slim es “una tontería” considerar la desigualdad social y la inequitativa distribución de la riqueza en nuestro país –dos caras de una misma moneda– como temas y problemas fundamentales, al menos así se reporta lo que argumentó el ingeniero en un seminario que tuvo lugar en el ITAM. Para el hombre con la mayor fortuna en México y presidente honorario y vitalicio del grupo Carso, la discusión de fondo en nuestro país debe centrarse en cómo se puede alcanzar un mayor crecimiento económico y no en andar centrando el debate en torno a políticas destinadas a lograr una distribución más equitativa de la riqueza.
Desde esa perspectiva, lo que importa es explotar la coyuntura –el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el nearshoring– para generar la riqueza que haga crecer el PIB a un ritmo bastante mayor al actual. Lo ideal es diseñar y poner en práctica un plan para lograr que la inversión llegue a ser el 30% del PIB y donde las 2/3 partes sean inversión privada nacional (se supone que Carso tendría ahí un papel preponderante) y el resto correspondería a inversión externa y pública por partes iguales (La Jornada, 13/01/24).
En un escenario así emplear tiempo debatiendo en torno a la desigualdad y la distribución del ingreso resultan verdaderas “tonterías”. Lo esencial es “volver a la unidad sin confrontaciones”, tener un gobierno “con un rumbo definido” y llegar a acuerdos con Estados Unidos y el resto de los países americanos “para detener la ola migratoria”. En suma, el esfuerzo debe tener como meta el que “fortalezcamos el poder adquisitivo de la población” y ser conscientes que el reto inmediato no tiene que ver con la disminución de la desigualdad y la inequidad sino con el potencial que tiene la inteligencia artificial para generar desempleo.
Para el ingeniero Slim –cabeza de un grupo empresarial valuado en más de cien mil millones de dólares según datos de la agencia Bloomberg– los últimos cuarenta años, justo aquellos en que predominó la política neoliberal que tanto fomentó el ITAM, no fueron precisamente la mejor época de la economía mexicana pues el PIB tuvo un crecimiento raquítico. No, la última buena época económica para México fue la que se inauguró con la campaña nacionalista de los 1930 como una respuesta a los efectos en México de la Gran Depresión de 1929. Fue en esa coyuntura y siempre según la interpretación del ingeniero Slim, que México se transformó de sociedad rural en industrial con la participación del sector empresarial nacional, y por medio siglo pudo mantener un crecimiento económico del 6.17% anual.
La interpretación del ingeniero Slim de los últimos 95 años del desarrollo económico mexicano está un tanto sesgada pues la supuesta unidad nacionalista que arrancó en los años treinta, fueron los años del cardenismo y estuvo políticamente asentada en un gran esfuerzo (¿una tontería?) por disminuir las desigualdades sociales. Esa política se centró en la reforma agraria, es decir, en una gran redistribución del principal recurso económico del México rural y mayoritario de entonces. Y la tierra fue expropiada a los grandes concentradores de la riqueza que más importaba a las mayorías de la época. La redistribución de la tierra más el aumento del poder de negociación del sindicalismo fueron convertidos por un partido único (PRM y luego PRI) en la base de un corporativismo encabezado por una presidencia fuerte y autoritaria. Esos fueron los elementos clave para construir la unidad política y hacer viables las políticas económicas de una época en que el PIB mexicano alcanzó tan notable crecimiento.
Pero al juzgar esa época aparentemente dorada en materia económica hay que tener en cuenta al menos dos hechos: a) que en el arranque tuvo como prerrequisito una gran redistribución de la propiedad y b) que la aparición del México industrial y urbano se hizo a un costo social enorme. Como botón de muestra puede, y deben, leerse trabajos como Los hijos de Sánchez (1961) del antropólogo Oscar Lewis para aquilatar el precio que la mayoría de los mexicanos tuvieron que pagar por el llamado “Milagro mexicano”. Intentar repetir ahora la fórmula sería políticamente inviable y moralmente inaceptable.
Como post data vale la pena recordar que el ciclo de gran crecimiento de la economía novohispana de finales del siglo XVIII e inicios del XIX basado en la explotación minera concluyó con una gran explosión social justamente en la zona donde se acumuló la gran riqueza de la pequeña minoría propietaria. Y que el fenómeno se repitió al concluir las notables celebraciones de la modernidad industrial del Porfiriato en 1910. No, desentenderse de la desigualdad y la distribución inequitativa de la riqueza no es una tontería es una irresponsabilidad.

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En estos días, y en relación al liderazgo carismático que ha caracterizado a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se comenta y se escribe mucho en torno al efecto que su ausencia a partir del 1° de octubre de este año pueda tener en la forma y contenido del liderazgo del país. Pero primero ¿qué es el carisma en términos políticos y cuál es su importancia en la coyuntura de la elección de la próxima presidenta o presidente?
En sociología política el concepto de carisma está estrechamente ligado al trabajo del gran sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) y a su teoría sobre la autoridad. Tras un amplio examen de la historia del poder, Weber propuso tres modelos ideales para entender su naturaleza y ejercicio. Ninguno de ellos, corresponde a una situación histórica real, son ideales, pero sirven para subrayar sus elementos esenciales. Uno es el de la autoridad basada en la tradición, en los “usos y costumbres”, otro es el de la autoridad asentada ya en estructuras legales con una racionalidad bien definida, como es el caso en la mayoría de las estructuras de poder actuales y el tercero es la autoridad carismática y que puede darse en cualquier época tanto en grupos reducidos como al nivel más alto de la organización social.
En la realidad las estructuras de autoridad a cualquier nivel funcionan como una mezcla de los tres modelos. El reto para el observador es determinar en cada caso específico la importancia de los componentes propios de cada uno de los modelos ideales y por esa vía explicar el caso concreto.
En principio, el surgimiento de un fenómeno carismático no es previsible pero a nivel del sistema político generalmente es resultado de la combinación de al menos dos factores: un entorno social donde sus miembros viven en condiciones que consideran insatisfactorias, de injusticia estructural y evidente y sin perspectivas de solución; el otro es la emergencia de un personaje con dotes de líder y cuyo discurso y conducta –su estilo de vida, su biografía– lo llevan a ser considerado como la personificación de la respuesta que esperaban los miembros insatisfechos de su entorno pues lo consideran la persona que les entiende y que posee la clave para poder superar las condiciones que han ocasionado la insatisfacción de la colectividad. El carisma es entonces aquello que se produce con la emergencia de un líder inesperado pero deseado, que no proviene ni de las figuras de autoridad propias de la tradición ni de la normalidad institucional vigente sino de un medio ambas y al que se apoya y se sigue por creer en su especial capacidad para encabezar una transformación de fondo de la realidad vigente e inaugurar una nueva época, una que desembocará en una existencia individual y colectiva diferente y superior.
Siguiendo la formulación de Weber, el carisma es una característica o un don estrictamente personal y que no se puede heredar, de ahí que quien dentro del círculo de los cercanos al personaje carismático, los discípulos, suceda al líder podrá beneficiarse de su cercanía y tratar, en su calidad de sucesor, de lo que Weber llamó la “rutinización del carisma” pero en cualquier caso estará obligado a intentar alguna otra fórmula para cimentar su derecho a un ejercicio legítimo y efectivo del poder.
De refrendar Morena en 2024 su derecho a mantener la presidencia, su victoria en las urnas, quizá la mejor vía para lograr un ejercicio efectivo del poder no será la que se empleó en los cambios sexenales del viejo régimen y donde el presidente entrante procuraba subrayar sus diferencias con el saliente sino todo lo contrario, insistir en continuar el proyecto original, pero con una mayor eficacia en su la consolidación de lo que originalmente diseñó y puso en marcha el lopezobradorismo. Para ello, y entre otras cosas, hay que hacer más eficientes y aumentar los canales para recibir las demandas de las clases populares, mantener el contacto informativo y cotidiano entre gobierno y ciudadanía, sostener la “sana distancia” entre el gobierno y la elite económica, expandir y hacer más eficiente los sistemas de salud, de educación y de seguridad públicas y la lista es larga. En fin, que el reto de llenar el vacío dejado por la desaparición del carisma en la cúpula gubernamental va a ser grande pero no es insuperable.

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En la construcción de cualquier sistema político moderno, democrático y funcional siempre habrá, junto a lo logrado, lo que aún queda por alcanzar pues la meta siempre se mantendrá como un ideal. El caso mexicano ha estado históricamente retrasado en su proyecto nacional. Viene al caso citar al poeta Robert Frost en su reflexión sobre su proyecto vital: “Antes de poder descansar aún tengo promesas que cumplir y millas por andar”.
Robert Dahl –uno de los teóricos clásicos en materia de democracia– listó hace ya medio siglo las características esenciales del sistema. Dicha propuesta tiene como característica fundamental una meta tan clara como difícil de materializar: un gobierno que de manera sistemáticamente responda a las preferencias políticas expresadas libremente por ciudadanos considerados como iguales, (Poliarchy, 1971).
Tres son los rasgos esenciales del ideal: 1) marco legal e institucional que permita la existencia de organizaciones ciudadanas que libremente generen y difundan preferencias políticas en un contexto donde hay acceso a la información pertinente, 2) canales institucionales que habiliten a los ciudadanos, de manera individual o colectiva, para hacer saber sus preferencias, 3) asegurar que dichas preferencias sean realmente tomadas en cuenta y procesadas de manera efectiva y equitativa por las estructuras institucionales.
Hasta hace muy poco tiempo, las prácticas reales del sistema político mexicano cuadraban muy bien con la naturaleza de los regímenes autoritarios y muy mal con las de los gobiernos democráticos. Sin embargo, en los últimos años la situación mexicana ha experimentado cambios muy significativos al punto que hoy su naturaleza se acerca más a las propias del modelo democrático y menos a las de algunas variantes del autoritarismo. No obstante, dicha transición aún no es completa.
En la práctica, nuestro actual Instituto Nacional Electoral (INE) todavía debe desprenderse del peso de la desconfianza que heredó de su antecesor, el IFE, y de todas las estructuras y prácticas que históricamente se distinguieron por organizar elecciones sin contenido real, fraudulentas e incapaces de generar legitimidad democrática. Es posible que la evolución de nuestra cultura política en combinación con la compleja y costosa maquinaria del INE lleven a hacer realidad, por fin, el lema maderista del sufragio efectivo. De ser así, debemos esperar que las decisiones y acciones del gobierno coincidan cada vez más con las preferencias expresadas en las urnas.
La interferencia con la libre expresión de las preferencias de críticos y opositores fue un rasgo recurrente a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, en la coyuntura actual, la oposición y los críticos mantienen un activismo sistemático sin experimentar no una represión al estilo santanista o porfirista, diazordacista o echeverrista, sino la más discreta como, por ejemplo, la de López Mateos o Carlos Salinas. Hoy la oposición puede actuar sin cuidarse las espaldas como debe ser en el modelo democrático.
México siempre ha experimentado con intensidad las propuestas de proyectos antagónicos de nación que desembocaban en el intento de anular al adversario -imperio vs república, centralización vs federalismo, liberalismo vs conservadurismo, releccionismo vs anti reeleccionismo, revolución vs contrarrevolución, etc. Sin embargo, el actual enfrentamiento entre la 4ª Transformación y la derecha se está dando con gran intensidad, pero observando las reglas democráticas y desechando la vía violenta.
Hoy el ciudadano mexicano dispone de información relativamente abundante, aunque tal información aún no tiene la calidad que requiere un proceso realmente democrático pues los medios, televisión, prensa y radio se mantienen sesgados en sus noticias y análisis. Aquí hay mucho camino que recorrer para acercarnos al ideal.
Finalmente, el supuesto de la igualdad política entre los ciudadanos, característica central para el buen funcionamiento de estos procesos, es un supuesto que aún está lejos de poder remontar un obstáculo enorme en México: la desigualdad social arraigada en nuestra historia colonial y prolongada hasta nuestros días. Según CEPAL 2/3 partes de la riqueza mexicana está en manos del 10% de su población.
En suma, la construcción de México como nación democrática ha avanzado rápido en los últimos tiempos, pero aún tiene un camino difícil de recorrer particularmente en el campo de la información y del complejo problema de la desigualdad antes de poder acercarse más al supuesto de la igualdad ciudadana y de la sociedad adecuadamente informada.

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