El populismo “es una filosofía política que busca llevar los principios de la democracia a su conclusión lógica”. De entre las muchas definiciones de populismo esta de Ariel Kaminer (New York Times, 06/07/24) que es un comentario a un ensayo de Oren Cass –economista de la conservadora American Compass– es quizá la más sucinta e incluyente y puede aplicarse tanto al populismo de derecha como al de izquierda.
Cass, que políticamente se identifica con el Partido Republicano parte de un diagnóstico tajante: quienes ocupan los altos puestos en los aparatos de gobierno, empresarial, académico, jurídico, medios de comunicación y del resto de las esferas del poder de Estados Unidos, constituyen una élite que desde hace tiempo dejó de tener contacto y empatía con el grueso de su sociedad. Cass sabe de lo que habla, pues además de los datos que maneja él mismo es asesor de los republicanos y egresado de Harvard, universidad que educa a vástagos de las élites.
Según Cass, hay un descontento evidente en las clases medias trabajadoras norteamericanas blancas y en segmentos significativos de otras. Un caso de naturaleza cultural evidente tuvo lugar durante la campaña electoral de 2016. Al no entender los motivos del rechazo de un segmento significativo de la clase trabajadora a su candidatura y a su persona, Hillary Clinton simplemente optó por atribuirlo a que un “cesto de deplorables” que no lograba entender la complejidad e importancia política de lo que entonces estaba en juego. Los aludidos nunca se lo perdonaron, y es que esos “deplorables” tenían y siguen teniendo razones materiales y morales de peso para sentirse ofendidos por quienes desde las alturas políticas norteamericana y escudados en sus títulos universitarios, puestos y riqueza no reconocen que como dirigentes le han fallado a los menos afortunados de su sociedad. Sin embargo, para la candidata Clinton resultaba claro que quienes habían fallado eran justamente los “de abajo” por rechazar a sus superiores culturales.
Cass considera que el ascenso de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos –107 mil 500 en 2023– es indicador “de la decadencia y la desesperación nacionales”. Y hay más datos que apuntan en la misma dirección: en 2020 el promedio del ingreso ajustado por inflación de los hombres jóvenes (entre 25 y 29 años) mostró haber descendido respecto al que ese grupo había recibido ¡medio siglo atrás! En 2014 el “sueño americano” de los encuestados ya no era experimentar la supuesta movilidad ascendente de antes –cada generación tendría un nivel de vida superior al de sus padres– sino apenas alcanzar una estabilidad financiera.
Es debido a una sensación de inseguridad económica que las encuestas muestran que la mayoría de los norteamericanos hoy rechazan uno de los pilares del neoliberalismo: el libre comercio global. Lo que los desilusionados con la globalización desean es justamente lo contrario: quieren vivir en una economía protegida por aranceles para forzar el retorno de las fábricas a unos Estados Unidos que “hagan cosas” y ofrezcan empleos con salarios propios de las clases medias. Y es así como una mayoría preferiría enfrentar precios más altos por su consumo a cambio de no competir con la mano de obra barata vía el comercio exterior o el ingreso de esa misma mano de obra mal pagada vía la migración, en particular la indocumentada, que a su juicio es la que abarata más el salario de los norteamericanos que carecen de credenciales académicas.
La masa de descontentos rechaza sin remordimientos las llamadas energías limpias por ser más caras que las fósiles y prefieren salvarse ellos aquí y ahora que pagar un supuesto salvamento a futuro del medio ambiente. Consideran que sólo las capas altas, donde están “los que no manufacturan cosas” y que viven de las manipulaciones financieras, pueden darse el lujo de preocuparse por el planeta.
En ese ambiente de separación entre descontento y satisfacción la irrupción de un líder externo al consenso elitista –Donald Trump– que lo mismo embistió contra tirios y troyanos, se despertó el entusiasmo político de quienes lo habían perdido de tiempo atrás. A ojos de los desencantados, Trump aparece no como el líder político ideal pero sí como el único disponible. Por defender su reelección atacaron el Capitolio en 2021 y también por eso, pese a la reciente condena de su líder en los tribunales por hacer transacciones ilegales para evitar un escándalo de índole sexual, el entusiasmo de los trumpistas por un líder que arremete contra el establishment sin cuidar los buenos modales no ha disminuido.
Desde la perspectiva anterior, Trump, como otros populistas de derecha, simboliza a la democracia brutal en acción. Una que ofrece desde la derecha salvaje tomar en cuenta la voluntad de los “de abajo” aunque no de todos y humillar públicamente a las “minorías selectas” y hacerles pagar por sus desplantes de superioridad no sólo cultural sino moral por aprovechar su poder para relegar las demandas de los “deplorables”.
Es así como el abandono por decenios de los intereses básicos de los numerosos precarizados por un modelo neoliberal en el centro de la economía global terminó por engendrar vía las urnas el populismo de derecha. Y es que pese a sus formas inciviles y brutales el reclamo de los trumpistas tiene una raíz legítima desde la perspectiva democrática. En su momento Franklin D. Roosevelt fue calificado como “traidor a su clase” y combatido por las élites de su época por poner en marcha un New Deal en favor de los dañados por la Gran Depresión, pero su estilo fue muy otro, lo cual muestra que en la calidad y orientación del liderazgo reside gran parte de la orientación y el resultado de la confrontación democrática entre las minorías que viven en sus burbujas y las mayorías politizadas y descontentas.

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Para aquilatar un significado político y social de lo ocurrido el 2 de junio pasado se puede recurrir a un análisis de las coyunturas políticas de 1940 y 2024, recordando que lo que no pasó en caso pudo haber pasado –historia contrafactual– y que la política comparada que tan buenos resultados ha dado desde que la empleó Aristóteles suele ofrecer buenas explicaciones.
El complejo proceso político de la llamada Cuarta Transformación o 4T y que se presenta como la primera etapa de un proceso de cambio mayor cuyo objetivo es recuperar al Estado activo para ponerle un arnés a la fuerza del mercado y poder conducir a esa fuerza a donde mejor armonice con la mezcla de intereses en choque que conviven en nuestra sociedad. A la 4T le interesa dar prioridad a lo que en principio no lo es para el mercado: la suerte de los económicamente débiles y que son la base del partido en el poder. Para ello y entre otras cosas se necesita mantener la separación entre el poder político y el económico –la desoligarquización del ejercicio del poder– para revertir la notable desigualdad social y regional que ha caracterizado a México por siglos.
Al ver la actual 4T con perspectiva histórica es posible suponer que un proceso similar que pudo haberse iniciado ocho décadas atrás fue bruscamente interrumpido en 1940 y no alcanzó a cambiar el rumbo conservador que ya llevaba el desarrollo mexicano y sólo quedó registrado como el sexenio progresista de la post Revolución Mexicana: el cardenismo (1934-1940).
El éxito inicial de la política de masas del presidente Lázaro Cárdenas requirió como primer paso que el general michoacano se desembarazara del control informal pero efectivo que el expresidente Plutarco Elías Calles había mantenido sobre los tres antecesores de Cárdenas: el presidente interino Emilio Portes Gil (1928-1930), el presidente constitucional Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y el presidente sustituto Abelardo Rodríguez (1932-1934). Cárdenas pudo deshacerse de Calles en su papel de “Jefe Máximo de la Revolución Mexicana” y asumir efectivamente las riendas del Poder Ejecutivo en 1935 gracias a que mantuvo el control sobre el ejército en la coyuntura, un ejército que en ese momento ya empezaba a comportarse institucionalmente y dejaba atrás la época en que generales poderosos se insubordinaban contra los presidentes Venustiano Carranza (rebelión de Agua Prieta), Álvaro Obregón (rebelión delahuertista) y Pascual Ortiz Rubio (rebelión escobarista). En junio de 1935 Cárdenas purgó a su gabinete y al gobierno –incluido el ejército– de callistas y en abril de 1936 pudo expulsar del país al propio “Jefe Máximo” sin mayor problema. Fue en esas condiciones cuando el presidente pudo acelerar la construcción de su propia base de poder y desarrollar a fondo sus políticas de izquierda en materia agraria, obrera, educativa, internacional y otras.
En contraste con el cardenismo, la 4T y el lopezobradorismo adquirieron forma y contenido mucho antes de ganar la presidencia y poner en marcha sus políticas. Mientras Cárdenas tomó el poder desde dentro y por sorpresa Andres Manuel López Obrador (AMLO) lo hizo desde fuera y tras una lucha larga. Es ya en el ejercicio efectivo del poder cuando el cardenismo y lopezobradorismo se hermanan.
Por un momento la gran energía generada por la política de masas del cardenismo tuvo el potencial de trascender el sexenio y desembocar en una transformación de largo plazo del régimen moldeado por los gobiernos presididos por los líderes norteños.
Cárdenas pudo poner en marcha su política nacionalista y de masas porque aprovechó al máximo las condiciones interna y externa favorable. La interna fue sobre todo la previa destrucción de la oligarquía porfirista. La externa fue la adopción en la potencia vecina del norte del reformismo del presidente Franklin D. Roosevelt: el New Deal y la Good Neighborn Policy en Latinoamérica. AMLO sí tuvo que enfrentar a la nueva oligarquía, pero también contó con algo que le favoreció: el fin de la Guerra Fría a partir de 1991 lo que le evitó confrontar el anticomunismo internacional de Washington que consideraba peligrosa e intolerable que cualquier manifestación de izquierda o nacionalista al sur de su frontera.
Es en el tema de la continuidad transexenal donde se vuelve a hacer notorio el contraste entre cardenismo y lopezobradorismo. Para 1940 la hostilidad de las derechas mexicanas ante la eventualidad de la consolidación del cardenismo vía la candidatura del general Francisco J. Múgica hizo que empezara a fraguarse un movimiento de rebeldía encabezado por el general Juan Andrew Almazán que finalmente echó abajo esa posibilidad.
Y otra vez el contraste. Así como el arribo al poder de la 4T fue resultado de un largo proceso, la sucesión de AMLO también fue preparada de tal forma que la candidatura de Claudia Sheinbaum como abanderada del “cambio en la continuidad” contó desde el inicio con el respaldo masivo y organizado de las bases lopezobradoristas. Y aunque la oposición de derecha se mostró tan dispuesta como la de 1940 a acabar con las posibilidades de continuidad del giro a la izquierda, nunca contó con una base masiva como la de Morena ni con la posibilidad de una fractura en un ejército plenamente institucionalizado, ni menos con un liderazgo que pudiera neutralizar al muy consolidado y carismático de AMLO y sí tuvo que cargar con el desprestigio histórico de la oligarquía neoliberal, del PRI y de su aliado de conveniencia, el PAN.
El fin de la presidencia de AMLO y la continuación de la 4T en el próximo sexenio va a requerir, entre otras condiciones, que la esencia política y moral del lopezobradorismo se mantenga sin AMLO, de tal manera que el implante de la 4T en la orientación del sistema político mexicano sea estructural y ya no personal. Sólo así podrá resistir las presiones en contra que va a generar la poderosa oligarquía neoliberal.

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En El estilo personal de gobernar, (Joaquín Mortiz, 1974) Daniel Cosío Villegas puso de relieve la importancia del estilo presidencial como variable explicativa del período presidencial de Luis Echeverría (1970-1976).
El estilo no es sólo una manera peculiar de decir o hacer algo, sino que es reflejo de las prioridades y valores de una persona. ¡Y vaya que sí Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha obligado lo mismo a analistas que a los ciudadanos en general a fijarse y juzgar su muy singular forma de hacer política!
La manera como el presidente saliente está conduciendo el relevo presidencial en el marco de la 4ª Transformación contrasta con la tradición política mexicana. Veamos someramente esa tradición. El primer cambio formal en la cúspide de la estructura de gobierno del México independiente tuvo lugar en 1823 e implicó el estallido de un movimiento de rebeldía militar que pedía la renuncia a la corona del efímero Agustín I. Al proclamarse la República, Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente de México, pero al concluir su cuatrienio la disputa por ese cargo se caracterizó por una sistemática desobediencia a las reglas de la sucesión. Las presidencias efímeras no fueron entonces excepciones. Antes de la Constitución del 57 hubo siete cambios presidenciales en un solo año (1833), cinco en 1847 y cuatro en 1844, 1846 y 1855. A raíz de la Guerra de Reforma y la restauración de la República hubo dos casos de prolongación indefinida en el cargo: los de Benito Juárez y Porfirio Díaz. También en ese siglo y en los primeros decenios del siguiente hubo quienes asumieron al mismo tiempo, aunque en diferentes lugares como presidentes o jefes del gobierno nacional.
Cuando el régimen de la Revolución Mexicana finalmente se estabilizó y las rebeliones quedaron atrás, los cambios presidenciales no programados siguieron. Entre 1928 y 1934 México vio a Álvaro Obregón como presidente reelecto y luego asesinado, a Emilio Portes Gil como presidente interino (1928-1930), a Pascual Ortiz Rubio como presidente constitucional que renunció al cargo (1930-1932) y Abelardo Rodríguez como presidente sustituto, (1932-1934). En contraste, a partir de la elección de Lázaro Cárdenas en 1934 la normalidad en el proceso sucesorio fue la regla, pero con una peculiaridad: que por sesenta años la transferencia del cargo presidencial se dio exclusivamente entre miembros del mismo partido.
Con el siglo XXI tuvo lugar la alternancia entre dos partidos en la presidencia: el PRI y el PAN. Esa alternancia en el cargo no alteró para nada lo sustantivo de la naturaleza neoliberal del estatus quo que diseñaron desde antes los presidentes priistas. Sin embargo, en 2018 la contienda electoral se dio ya en un entorno pluripartidista –PRI-PAN-Morena– que desembocó en el triunfo de la izquierda lopezobradorista.
La victoria de AMLO en 2018 implicó una transformación notable en el estilo presidencial de gobernar como parte de un cambio mayor: el de la naturaleza del régimen político, es decir en la forma y contenido de la política en su nivel más alto. Y el estilo personal actual del quehacer presidencial se ha mantenido hasta el final del proceso de transferencia del cargo a la sucesora, a Claudia Sheinbaum.
Es verdad que en 2024 México ha vuelto a presenciar algo ya conocido: la entrega de la banda presidencial entre correligionarios –aunque esta vez es una correligionaria y compañera de lucha– pero el estilo y el contenido son diferentes. La próxima presidenta ganó su elección en un entorno de competencia genuina y si en el pasado priista el sucesor se sentía obligado a marcar desde el inicio sus distancias con el saliente –debía matarlo simbólicamente– en el proceso actual el cambio de estafeta se da como parte de otro proceso de cambio mayor, el de régimen, que requiere lo contrario: poner el acento en la continuidad del proyecto y en la cohesión dentro del equipo gobernante. Y es aquí donde el estilo personal de AMLO también contrasta con las sucesiones presidenciales entre priistas.
El presidente saliente se ha empeñado en acentuar la continuidad transexenal de la 4T mediante giras de fin de semana por el país en compañía de la presidenta electa y nueva líder de Morena con el compromiso expreso y reiterado que él va a seguir ejerciendo plenamente su responsabilidad presidencial hasta el 1° de octubre pero que a partir de esa fecha desaparecerá totalmente de la escena para aislarse en su finca de Palenque y no interferirá en nada con la tarea y centralidad política de la nueva presidenta. La oposición sostiene que ese compromiso es falso y que el AMLO carismático ya ha sembrado la semilla de su poder tras el trono.
Al final, será la realidad la que en el futuro cercano confirme o desmienta a AMLO ex presidente y a la originalidad de su estilo personal de abordar su concepción de la responsabilidad y legado políticos.

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Le queda poco tiempo como presidente, pero López Obrador (AMLO) acaba de reafirmar que está consciente de su compromiso con los padres de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. El compromiso es aclarar la noche, la trágica “noche de Iguala”. En realidad, ese compromiso es con todo el país y consigo mismo, con su legado.
A fines de diciembre de ese 2014, cuando ya habían transcurrido poco más de dos meses de la siniestra noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, el presidente de entonces, Enrique Peña Nieto, creyó haber encontrado la fórmula para dejar atrás el escándalo nacional y mundial que produjo la desaparición de los 43 jóvenes normalistas y seis asesinados más en las calles de Iguala. Esa fórmula, que desde el inicio fue una salida falsa y ofensivamente simplona, consistió en pedir resignación tanto a las familias de las víctimas como a la sociedad mexicana. Y es que en una visita a Guerrero Peña Nieto propuso un “esfuerzo colectivo” para “superar este momento de dolor” y poder “dar un paso hacia adelante”, es decir, pidió asumir que lo ocurrido en Iguala se podía “superar” si se le tomaba como un incidente más de la realidad cotidiana en un territorio narco, es decir como parte de la “rutina nacional”.
Finalmente, la fórmula propuesta por el de Atlacomulco ni siquiera se consideró, sino que agudizó el escándalo que ya había pasado del plano local al nacional hasta situarse en el internacional. Y es que pese a lo brutalmente absurdo de lo que ya se suponía había sido una masacre pese a no encontrarse los restos de las víctimas, la situación no parecía muy distinta a otras que ya habían tenido lugar en territorios de narcos: como, por ejemplo, las de 2010: una en las Villas de Salvárcar en Chihuahua donde el narco sacrificó a 16 jóvenes y otra en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinó a 72 migrantes. Sin embargo, la de Iguala resultó ser ya la gota que derramó el vaso y detonó una ola nacional de protestas que aún no cesa.
El procurador del gobierno de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, pergeñó a toda prisa “la verdad histórica” para justificar el cierre del caso y cuya tesis principal se resume así: los 43 estudiantes fueron confundidos por “Guerreros Unidos” con miembros de un cártel rival, asesinados en un basurero, sus cadáveres incinerados y finalmente echados a un río. Sin embargo, esa explicación tuvo inconsistencias, no satisfizo a los familiares de las víctimas y el caso seguía abierto cuando AMLO y la 4T asumieron el gobierno y Peña Nieto y Murillo Karam se convirtieron en parte de un viejo régimen.
Como era de esperarse, el gobierno de AMLO echó por tierra la explicación elaborada por el equipo de Peña Nieto, procedió contra el ex procurador hasta llevarlo a la cárcel acusado de desaparición forzada, tortura y acciones contra la administración de la justicia. Sin embargo, pese a los trabajos de fiscales especiales asignados al caso por AMLO y la participación de una comisión coadyuvante de especialistas extranjeros, la investigación no se ha podido concluir por, entre otras razones, las resistencias dentro de las instituciones que han participado en la tarea, la resistencia de Israel a extraditar a un personaje clave en la elaboración de “la verdad histórica” –Tomás Zerón de Lucio– o la liberación por parte de jueces de personajes confesos de haber participado en el secuestro de los normalistas.
A estas alturas ya queda claro que la tragedia de Iguala implicó una red de complicidades de autoridades locales, estatales e incluso federales –notablemente mandos y personal del 27 batallón de infantería– con “Guerreros Unidos”. Sin embargo, la explicación completa y definitiva del caso aún sigue pendiente pues no se ha podido determinar con certeza cómo, por quién y dónde fueron ejecutadas las víctimas y a donde fueron a dar sus restos. Además, los familiares de los estudiantes desconfían de los elementos del Ejército entonces en Iguala –la memoria de los militares en la guerra sucia contra la guerrilla de Guerrero en los 1970 sigue viva– que siempre estuvieron al tanto de las acciones de los narcotraficantes contra los normalistas, pero no hicieron nada por impedirlas.
En fin, que la “la noche de Iguala” se ha convertido en un símbolo más de la gran corrupción y brutalidad del antiguo régimen. La renuncia de Alejandro Encinas como responsable del “caso Ayotzinapa” a fines de 2023 llevó a AMLO a tener que asumir directamente la responsabilidad de desenredar el nudo gordiano en que se ha convertido esa investigación y no heredarlo a su sucesora. Para lograrlo el presidente tiene que estar trabajando ahora a contrarreloj.
En el “caso Ayotzinapa” y por el bien de la moral colectiva, es de desear que en esta tarea final del sexenio y que involucra la definición misma de justicia de la Cuarta Transformación el presidente logre finalmente “desfacer el entuerto”. Merece cerrar con ese broche de oro una trayectoria política realmente notable.

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Intentar captar y explicar desde la ribera izquierda el rápido fluir de los acontecimientos políticos requiere, entre otras cosas, aceptar como punto de partida que la realidad puede llegar a divergir de nuestros valores, preferencias y prejuicios. Sin embargo, en aras de la objetividad el observador que pretenda tomarse en serio está obligado a no forzar o distorsionar a sabiendas los hechos para hacerlos coincidir con sus preferencias e interpretaciones. Es humanamente imposible que el observador se despoje de toda su subjetividad cuando aborda algo que concierne a su idea del mundo, pero al final su tarea se desempeñará mejor en la medida en que pueda dejar en un segundo plano sus preferencias personales.
Otro elemento por considerar cuando se intenta captar y explicar una realidad social compleja y de la que se es parte, es tener conciencia que al examinar cualquier estructura de poder o ejercicio de autoridad y por más legítimo que se les considere e identifique con sus valores y preferencias personales el observador encontrará algo que falta o falla al confrontar la realidad examinada con “lo que debe de ser”. En tales circunstancias suele surgir la tentación de ignorar la contradicción, pero ignorar u ocultar conscientemente las fallas de los actores con los que el observador simpatiza implica también perder la oportunidad de enfrentar el problema. En fin, mostrar e incluso ahondar de manera constructiva en imperfecciones o yerros en el ejercicio del poder con el cual el observador se identifica puede resultar incómodo, pero a la
larga tiene el potencial de ser un acicate para que se modifique la situación.
Quienes se proponen como su tarea observar, entender y exponer la naturaleza del proceso político, pero desde fuera de las estructuras formales del poder –académicos, periodistas, editorialistas, intelectuales– pueden o no tener influencia detectable en la realidad que examinan, pero nunca serán “observadores inocentes”. En el examen, explicación y difusión de la naturaleza de la incesante lucha por el poder, todo individuo o institución que sistemáticamente se empeñe en esa tarea inevitablemente asume los papeles de juez y parte, será “observador participante” y por tanto también un actor político, aunque situado en un segundo plano pues su tarea no implicará la responsabilidad de acciones concretas.
Bajo el supuesto de un entorno de democracia efectiva los analistas en lo individual, así como las instituciones que se asumen independientes en el escrutinio de los procesos que determinan la toma y ejecución de decisiones de poder, pueden ser actores reconocidos, marginales o de plano ignorados. Pero en cualquier caso ejercerán una libertad de análisis y de expresión que no tienen quienes formalmente están dentro de los aparatos de poder público o fáctico. Si el análisis y la crítica se hacen desde la oposición se tiene un campo amplísimo para desarrollar el “arte” para detectar y señalar las inevitables fallas tanto del gobierno como de sus aliados –personajes, partidos, organizaciones de la sociedad civil, poderes fácticos, etcétera– y del marco ideológico en que ambos se desenvuelven.
Por otro lado, desde la ribera izquierda y cuando la coyuntura lleva a un cambio de régimen como es hoy el caso en México, y la corriente del proceso político empieza a coincidir con los valores del observador algunos suponen que entonces el ojo de ese crítico va a modificar su modo de ver el entorno, que ya no buscará exponer las fallas del gobierno sino las de la oposición. No es o no debería ser así. Desde la izquierda la crítica debe seguir teniendo como objetivo las acciones del gobierno –su gobierno– pero ahora con un énfasis en cómo se pone en práctica el proyecto de nación que le sirvió de plataforma electoral. Quizá el área más interesante y compleja de observar desde esta óptica debe ser el examen de las pugnas y negociaciones entre los actores gubernamentales y los poderes fácticos que surgieron o se fortalecieron dentro de las estructuras oligárquicas del antiguo régimen y que son “enemigos naturales” del nuevo orden. Y es que, si bien una insurgencia electoral hizo perder a la derecha su control casi directo sobre las políticas públicas sustantivas, lo cierto es que el viejo sistema sigue manteniendo su predominio en el campo de la economía, de los medios de comunicación, de las religiones organizadas y de la relación con sus contrapartes en el exterior.
El antiguo régimen centrado en el arreglo oligárquico ya dejó de existir en México, pero el nuevo orden enfrenta la formidable tarea de su consolidación. En este contexto las críticas hechas desde fuera, pero coincidentes en los objetivos del gobierno deben hacerse con sensibilidad: no regatear logros, pero tampoco disimular yerros. La complejidad del entramado social mexicano puede llevar a distorsionar el proyecto original como le ocurrió al liberalismo del siglo XIX o a la Revolución Mexicana. Y por eso el papel de la observación crítica desde la margen izquierda y desde ya debe enfocarse tanto en los adversarios del cambio como de los responsables de ese cambio.

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El título de esta columna perdería la brevedad de su inspiración –el cuento de Tito Monterroso– pero ganaría en exactitud si dijese: Y cuando a la mañana del día siguiente de nuestro al encuentro con las urnas a los mexicanos nos despertó el conteo rápido de los votos y el lopezobradorismo seguía ahí, pero más arraigado y a la cabeza del proceso de cambio pacífico del régimen político.
El nuevo régimen con el que se busca sustituir al vigente hasta 2018 está aún en proceso de dar forma a su estructura básica pero su primera y decisiva etapa está por concluir y ya ha quedado indisolublemente ligada a la figura y proyecto de quien la presidió: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es el líder carismático que vino del sur, de Tepetitán, para generar una sorprendente y muy efectiva movilización pacífica de clases populares y proceder al asalto final al último reducto, a la “torre del homenaje” de la vieja fortaleza autoritaria que por decenios mantuvo al PRI en control de la política mexicana. Se trata de la torre donde sobrevivían los restos de un régimen político ya entonces obsoleto, construido y sostenido a base de cooptación y represión por los triunfadores norteños de la Revolución Mexicana y que sus herederos administraron como auténticos robber barons (caballeros ladrones) –para seguir con el símil medieval– junto a sus aliados de última hora, los panistas.
El ahora viejo régimen, el de la postrevolución, fue notable por su estabilidad política, pero en su última etapa, la neoliberal, fue aún más notable por su voracidad. Un par de indicadores bastan para ilustrar la esencia del México del PRIAN: según el Inegi (26/07/23) del ingreso total de los hogares mexicanos en 2022 el 10% de los más pobres sobrevivió con apenas el 2.1% del mismo en tanto que el 10% de los más ricos se quedó con el 31.5%. Y si ponemos la vista en la riqueza acumulada hasta esa misma fecha y según datos de World Inequality Database el 10% más rico de la población mexicana poseía el 79.1% de la riqueza privada, el 10% más pobre tenía una riqueza negativa.
Tras la elección del 2 de junio y frente a las cámaras de televisión connotados intelectuales en estado de shock postraumático demandaban una explicación racional del arrollador triunfo en las urnas del lopezobradorismo. Ante esa pregunta uno no puede menos que hacerse otra pregunta: ¿es que nunca entendieron el contexto social en que ha resonado una y otra vez el eslogan de AMLO, de su partido y de la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum: “por el bien de todos, primero los pobres”?
Los pobres y los solidarios con ellos no tuvieron mayor problema en entender al lopezobradorismo, al discurso en que AMLO envolvió todas sus acciones, un discurso que subrayó la dignidad de los excluidos de la riqueza acumulada por los pocos.
Sólo una vez el viejo régimen intentó un viraje serio hacia la izquierda como el que se ha dado a partir de 2018 y fue el cardenismo (1934-1940). Ese viraje tomó por sorpresa a la derecha de aquel tiempo pero que finalmente pudo frenarlo con la amenaza del uso de la fuerza desde dentro y desde fuera del gobierno. Hoy la situación es muy diferente pues las victorias electorales de Morena no han sido resultados sorpresivos e inesperado sino coyunturas generadas por años de movilizaciones populares, de esfuerzos sistemáticos de concientización, de discusión y de preparación de un proyecto nacional difundido, literalmente, urbi et orbi.
En 1940 la corriente conservadora anti cardenista tenía bases muy fuertes dentro del aparato mismo de gobierno –notablemente en el ejército y en el partido oficial–, contaba con el apoyo del gran capital local e internacional de la época y un líder nada improvisado y con fama de capaz: el general Juan Andrew Almazán. En la coyuntura actual la derecha mantiene de su lado a los dueños de la gran riqueza, pero carece de verdaderos líderes. En contraste, Claudia Sheinbaum posee el mayor nivel de preparación académica posible, tiene una militancia política sistemática y siempre dentro de la izquierda y la experiencia adecuada ya no para tomar la fortaleza del viejo régimen –eso lo hizo AMLO– sino para poner en orden el campo después de la batalla y organizar la consolidación del nuevo régimen con una “fuerza arcoíris” que va desde la izquierda veterana de mil batallas hasta un sin número de personajes que sólo están con el ganador por las oportunidades que se abren a los oportunistas.
Claudia Sheinbaum encabezará un sexenio donde se abre la posibilidad de consolidar un nuevo régimen, uno donde poder político y el económico no se fundan de nuevo en una unidad oligárquica y donde “por el bien de todos, primero los pobres” sea además de divisa una realidad.

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Un libro de reciente publicación resulta de mucha utilidad para meternos de lleno en la muy violenta forja de las primeras etapas de la construcción de un Estado mexicano viable. Se trata de Resistir es vencer, de Héctor Strobel (Ed. Grano de Sal, 2024) y que lleva como subtítulo “Historia militar de la intervención francesa, 1862-1867”. Si a ese de Strobel se le añade el de Will Fowler de 2020, La guerra de tres años. El conflicto del que nació el Estado laico mexicano (Paidós), se tiene una puesta al día del viacrucis que recorrió México en el arranque de sus primeras etapas de vida independiente y de lo sorprendente que resulta que finalmente nuestro país haya podido sobrevivir y cuajar como tal teniendo tantos factores en contra.
La polarización política que hoy lamentan algunos palidece si se le compara con aquella que tuvo lugar en el siglo XIX. La independencia fue un parto muy doloroso pero la guerra contra los invasores norteamericanos, la guerra de reforma y la guerra entre la república y el imperio de Maximiliano resultaron en un bautizo de sangre tan prolongado como brutal.
La obra que acaba de publicar Strobel es una minuciosa investigación de archivo, de muchos archivos, y aunque su atención está centrada en la historia militar mexicana de 1862 a 1867, a cada paso del relato el lector puede atisbar e imaginar el abanico de implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de una sociedad que aún no cuajaba como nación y que en plena guerra civil debió enfrentar la invasión de una gran potencia imperial europea que se consideraba y que efectivamente era poseedora de la mejor fuerza armada de su época.
Resistir es vencer subraya la apabullante asimetría entre el profesionalismo y el respaldo logístico de un ejército moderno francés y la pobreza y debilidad en todos los sentidos del improvisado ejército republicano mexicano comandado por Benito Juárez y la élite liberal, donde los militares profesionales eran apenas una minoría en tanto la mayoría se hizo sobre la marcha. En la primera parte del trabajo resalta la enorme desventaja republicana en armamento y equipo: el del ejército francés con sus fusiles y artillería de ánima rayada era el más avanzado de la época y contrastaba penosamente y en todos aspectos con el armamento ya obsoleto de los mexicanos y ni que decir de la fuerza naval, prácticamente inexistente en el lado mexicano y absolutamente dominante en el francés. Pero la comparación más dramática es la del elemento humano, pues mientras la fuerza expedicionaria francesa estaba compuesta a mitades por soldados voluntarios franceses y extranjeros y la otra por quienes hacían su servicio militar –todos con entrenamiento adecuado y con una oficialidad profesional– del lado mexicano la gran mayoría de los contingentes estaban conformados por individuos forzados, resultado de la leva sistemática entre las clases más pobres, mal armados y uniformados y con escaso o nulo entrenamiento y por tanto dispuestos a desertar en la primera oportunidad. Los datos sobre la leva y las deserciones en masa son apabullantes: cuerpos completos del ejército perdían cientos e incluso millares de efectivos de un día para otro. Y su adiestramiento era tan rudimentario como su servicio de sanidad, su paga o su alimentación. Los cuerpos de ejército con la misma velocidad con que se formaban se evaporaban. Sólo en posiciones defensivas fijas, los oficiales republicanos podían controlar la hemorragia de deserciones. De los datos se desprende que apenas la oficialidad tenía conciencia de las razones de su lucha por la República o por el emperador en el caso de las fuerzas imperiales mexicanas, pues México como tal tenía poco o ningún sentido para la mayoría del pueblo raso.
Strobel muestra que en esas condiciones resulta más sorprendente la resistencia republicana en la segunda batalla de Puebla, la de 1863, donde pese al hambre y la enfermedad la fuerza al mando de Jesús González Ortega resistió por dos meses el embate francés.
Al final, la tesis del libro resulta clara: en combates masivos formales resultaba inevitable que la superioridad francesa se impusiera al punto de llevar a la disolución del ejército regular republicano pero la enormidad del territorio mexicano y, sobre todo, la voluntad política juarista de mantener la resistencia terminó por echar abajo el proyecto imperial francés. La formación de guerrillas o de meras bandas que combinaban bandidaje con ataques al invasor impidieron la pacificación que esperaban los monárquicos. El tiempo corrió en contra de la consolidación de Maximiliano y su decisión de declarar criminales a los combatientes republicanos y condenarlos a muerte selló la suerte del emperador.
Obras como la de Strobel son indispensables para seguir dando sentido a nuestra idea de México. Valorar la magnitud de lo acontecido para tener una noción clara de lo que hoy somos y lo que debemos hacer o no hacer.

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Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía, recurre a Isaiah Berlin al tratar la libertad del mercado en el neoliberalismo (NL): es la que tendría un lobo entre corderos. Stiglitz resume así las cuatro décadas de vigencia del (NL): “expandió las libertades de las corporaciones y de los billonarios para imponer su voluntad y poder, amasar fortunas enormes, pero a un precio altísimo: el bienestar y la libertad del resto de la sociedad” (Washington Post, 13/05/24,).
El socialismo soviético descansa, sin paz, en el cementerio de la historia. Su antípoda, el NL como arreglo histórico económico-político-social-cultural sobrevive, pero sin paz ni legitimidad. La supuesta utopía neoliberal –la prosperidad concentrada inicialmente en la cúspide social terminaría por percolar hasta las clases medias y populares– ya se esfumó, pero su herencia –la concentración de la riqueza– sigue vigente y determinando prioridades.
La historia muestra arreglos institucionales que pese a haber perdido su razón de ser sobreviven a falta de la alternativa que les rompa lo único que les queda: el cascarón, y ponga en evidencia su vacuidad. En México esa opción ya emergió, pero aún requiere de tiempo y lucha antes de poder cuajar.
La 4T surgió con Andrés Manuel López Obrador como la alternativa de la izquierda posible al NL. Su referencia histórica fue el cardenismo, una variante del populismo de izquierda que el presidente Lázaro Cárdenas puso en marcha aprovechando una coyuntura favorable: la destrucción de la oligarquía porfirista y el surgimiento en Estados Unidos del New Deal que hizo virar a la izquierda el timón del gobierno de ese país y llevó a la política de “buena vecindad” y Washington ya no fue ideológicamente hostil al cardenismo. A lo anterior hay que agregar el derrumbe del orden internacional que permitió a Cárdenas identificarse con Franklin Roosevelt frente a los avances del nacional socialismo alemán, del fascismo italiano, de la “esfera de coprosperidad” japonesa e incluso del franquismo en España.
Hoy la oposición ha llegado al absurdo de calificar al lopezobradorismo y a la 4T de antesalas del comunismo. La 4T puede ser antesala de algo, de algo que aún no puede ser bien definido pero que tiene puntos de contacto con el “capitalismo progresista” de Stiglitz y que se centra en la idea anti neoliberal que sostiene que no es la intervención del gobierno en el mercado la causa de los males que aquejan a nuestra época “sino que la mayoría de todos nuestros problemas sociales, desde la contaminación excesiva hasta la inestabilidad financiera y la desigualdad económica, han sido producto del mercado” (People, Power and Profits, 2019 y The Road to Freedom: Economics and the Good Society, 2024, entre otros).
En la publicación editada por Claudia Sheinbaum y que puede consultarse en línea, 100 pasos para la transformación, https://x.com/Claudiasheinstatus/1788625197885173520) se tiene ya la esencia de lo que la 4T propone como políticas del futuro inmediato y que deben contrarrestar los daños causados por el lobo NL entre los corderos. La propuesta consiste no en empeñarse en un anticapitalismo por ahora imposible sino en abandonar el NL, continuar despojándolo de sus efectos más negativos sobre las formas de vida de quienes están en la base de la pirámide social. En la plataforma política de Claudia Sheinbaum para “construir el 2º piso de la 4T” se subraya la recuperación de la centralidad del sector público en la asignación de los recursos económicos disponibles, en la recuperación y reafirmación de su papel como generador, seleccionador, impulsor y armonizador de prioridades de los esfuerzos nacionales –tarea siempre complicada por las inevitables contradicciones de los intereses de clase– y que sólo un gobierno con fuerte base social puede armonizar y administrar.
Sin plantear aún un régimen alternativo al capitalismo (¿hay alguno en marcha y con éxito evidente en alguna parte del planeta?) la 4T se propone mantener el principio de “por el bien de todos primero los pobres” para dar con las vías más efectivas para seguir avanzando en mejorar salarios, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas, la impartición de justicia, la reducción de la pobreza y la desigualdad junto con la continuación del combate a la corrupción endémica.
El realismo político obliga a dejar abiertas las soluciones a algunos de nuestros grandes problemas, entre ellos acumular a tiempo la fuerza política suficiente para intentar una reforma que permita al fisco disponer de una porción del PIB mayor de la actual. En buena medida la respuesta a esa y otras incógnitas dependerá de lo que digan las urnas en junio.

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Quien ganó la elección presidencial de 2018 en México se propuso desarmar sin violencia a un viejo régimen político autoritario. Ese viejo régimen fue plantado por el carrancismo (1917-1920) pero a partir de los 1980 cambió su proyecto de nación y se convirtió al neoliberalismo –globalización, control del gasto público, tipo de cambio competitivo, tasas de interés positivas, eliminar las trabas a la inversión externa, privatizar las empresas estatales y más– pero hace seis años una especie de rebelión en las urnas puso en la presidencia a un proyecto distinto, antineoliberal.
La mayoría de los cambios históricos de régimen en nuestro país han transitado por la vía violenta –la subyugación de las sociedades indígenas para forjar el imperio español de América, el paso de Nueva España a nación independiente, el establecimiento del Estado laico a mediados del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Otros cambios –los menos– emergieron de contextos de baja violencia, pero alta intensidad política, como las reformas borbónicas del siglo XVIII o el neoliberalismo autoritario que, sin proponérselo, llevó al sistema priista a un entorno de elecciones competidas donde le derrotó una izquierda que, con la divisa de “por el bien de todos primero los pobres”, revivió al Estado activo, separó al poder político del económico y empezó a revertir una vieja y notable desigualdad social.
Las próximas elecciones significarán no sólo el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sino también la posibilidad de un lopezobradorismo sin el líder original pero que puede consolidar el cambio que se inició hace seis años.
Para entender mejor el escenario de una consolidación de la transformación encabezada por AMLO es útil contrastar la actual coyuntura con la que tuvo lugar en aquella única ocasión antes del 2018 en que la izquierda mexicana llegó al poder: el cardenismo.
En buena medida el cardenismo (1934-1940) fue una toma por sorpresa del poder desde el poder mismo. Antes de ser presidente el joven general Lázaro Cárdenas no era abanderado de ninguna oposición abierta al estatus quo ni era visto por la élite postrevolucionaria encabezada por Plutarco Elías Calles como una amenaza. Desde la presidencia y apoyándose en una estructura corporativa formada por el ejército, obreros sindicalizados y los campesinos de la CNC, Cárdenas generó el poder necesario para llevar a cabo la parte sustantiva de la reforma agraria, hacer avanzar al sindicalismo y expropiar la industria petrolera. Sin embargo, al llegar a la cita electoral de 1940 el anti cardenismo dentro del propio régimen hizo inviable la candidatura de un hombre de izquierda –el general Francisco J. Mújica– y el ala progresista del partido oficial ya no volvió a encabezar el proceso político en tanto la represión y la cooptación neutralizaron a la izquierda independiente.
Al final del siglo pasado y tras abandonar al PRI de Tabasco AMLO inició su “larga marcha” como líder carismático de una izquierda que daría forma a un partido-movimiento de oposición, Morena, que por la vía electoral desafiaría a un sistema abiertamente de derecha, pero en decadencia. El entorno internacional –“la tercera ola democrática” y el fin de la Guerra Fría– favoreció que la competencia electoral dejara de ser vista por Estados Unidos como peligrosa. Por segunda vez la izquierda pudo ganar en las urnas su retorno al poder.
Ya presidente, AMLO asumió el principio de la Revolución Mexicana de “no reelección” y al final llevó a cabo una maniobra inusual en los casos de los liderazgos carismáticos: anunció el éxito de su misión, entregó públicamente el bastón de mando a una sucesora sin causar rupturas graves a su movimiento y declaró públicamente su retiro de la arena política.
De conseguir Claudia Sheinbaum la victoria en la elección en puerta la llamada Cuarta Transformación (4T) estará en posibilidad de lograr lo que en 1940 le fue imposible al cardenismo: renovar su liderazgo, retener la presidencia y avanzar en el empeño por dar forma al nuevo régimen. Para ello tendrá aún que superar muchos obstáculos entre los que destacan dos: resistir el embate de una derecha profundamente agraviada por haber sido desplazada de zonas de poder y prestigio que considera de su exclusividad, que dispone de recursos económicos sustantivos, que tiene una sólida implantación tanto entre las clases medias y altas como en el entramado institucional, que domina los medios de comunicación y que cuenta con apoyo internacional. Por otro lado, la 4T deberá mantener su unidad de propósito y de dirección y sostener la confianza y la cercanía con las capas populares.
AMLO logró ser percibido por una mayoría como el portador de una utopía –el “humanismo mexicano”– sus herederos deberán reafirmar esa percepción y emplearla para resistir los embates de sus enemigos inevitables y avanzar en la búsqueda de la utopía.

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Una serie de serias acusaciones anónimas se acaban de dar a conocer contra el ex ministro Arturo Zaldívar. Sin pruebas, las acusaciones carecen de valor, pero en cualquier caso sí ofrecen elementos para adentrarse en un posible tipo de modus operandi dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El doctor Zaldívar fue miembro de la SCJN por 14 años, la presidió a lo largo de cuatro (2019 y 2022) y por tanto también estuvo al frente de su órgano de vigilancia interna: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Zaldívar renunció a esa corte antes de que concluyera su encargo para unirse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum (CS) y es más que probable que en esa decisión se encuentre el origen y razón del anónimo que lo acusa de haber presionado a jueces y magistrados para que emitieran fallos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su proyecto político: la Cuarta Transformación.
Quien o quienes redactaron esa denuncia que supuestamente llegó apenas hace tres semanas a manos de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, y donde se detallan supuestas conductas de Arturo Zaldívar que “pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa” no estaban interesados en lo absoluto en hacer del conocimiento público la forma en que se tejen y funcionan ciertas redes de corrupción dentro de la SCJN pero resulta que eso es lo que ya lograron aunque está por verse si realmente dañaron y en qué medida a Zaldívar, a AMLO y a CS.
Del documento que la ministra Piña debió mantener bajo riguroso resguardo y alejado de la publicidad, pero que no lo hizo, se puede deducir un modelo de corrupción –uno de varios posibles– que han hecho del Poder Judicial, y desde hace mucho, una estructura muy disfuncional para impartir justicia.
Según el anónimo, un modelo de red de corrupción que por acción u omisión funciona dentro del Poder Judicial es en realidad simple, pero puede ser efectivo y estas son algunas de sus características. A) El detonador es el nivel más alto de la pirámide de poder: el jefe del Poder Ejecutivo. B) El consejero jurídico de la Presidencia entra en contacto con el presidente de la SCJN y de su CJF y le comunica una petición del nivel superior. C) Quien preside la SCJN inicia entonces la parte operativa del proceso a través de uno de sus subordinados de confianza, que puede ser el encargado(a) de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas o de otra oficina de nivel y carácter similar. D) Desde esa oficina se llama o se entrevista al magistrado(a) o al juez(a) que lleva el asunto que interesa a los niveles superiores (en el documento se da una lista no exhaustiva de poco más de 70 de esos personajes) y se le pide que resuelvan el asunto de acuerdo con los lineamientos que entonces se le dan. E) los temas que se piden a nombre del presidente de la SCJN que se resuelvan “a modo” de los deseos de la cúspide del poder son muy variados: amparos que afectan decisiones tomadas por el jefe del Poder Ejecutivo, sentencias en contra o en favor de figuras relevantes de administraciones pasadas, asuntos que afectan a algún gran proyecto en marcha o alguna gran empresa pública o privada, etcétera. F) Los instrumentos de presión son variados y van desde los positivos, como promociones en el escalafón o dinero; hasta los negativos: desde cambio de adscripción hasta amenazas de procesos penales. G) El resultado, según el documento, es que algunos de los presionados se resisten a la coacción por su sentido del deber, pero otros de entrada o a lo largo del proceso sucumben a las presiones o a las ofertas y “se doblan”.
Aunque en teoría todo acusado, y más quien lo es de manera anónima, debiera considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario, el ex ministro Zaldívar ya ha sido afectado por el tamaño de la acusación y en una coyuntura clave para su carrera lo que puede resultar en una gran injusticia. Ni duda que la política puede ser brutal y este caso lo demuestra.
Sin embargo, y desde el punto de vista del interés general y de largo plazo, el documento anónimo obliga a poner la lupa no sólo o no tanto en las personas ahí mencionadas sino en la manera y la atmósfera tan dañina en que puede llegar a operar nuestro sistema de justicia y que refuerza una visión ya muy generalizada: que nuestro Poder Judicial puede ser un gran poder pero que está afectado por una gran corrupción y urge limpiarlo como a los establos del rey Augías, pero ni Hércules lo lograría sin un previo acuerdo nacional, acuerdo que por ahora pareciera imposible pero que hay que empezar a generarlo desde ya.

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