Ayotzinapa es nuestro corazón de las tinieblas.

Una sociedad harta de una larga cadena de impunidades reclama con fuerza el esclarecimiento definitivo de la desaparición forzada hace diez años de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La naturaleza brutal de ese crimen y la manera igualmente siniestra y absurda con que se trató entonces de dar por cerrado el caso son otras tantas razones que justifican el esfuerzo por generar ya un nuevo régimen.
Es frecuente que se equipare al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la Cuarta Transformación (4T) del régimen político del México independiente. AMLO y 4T han sido tomados como sinónimos. Sin embargo, con el fin del sexenio, el retiro total de AMLO y el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum la 4T también tiene que modificar su identidad: de equipararse con un período presidencial y un líder debe ahora transitar a reconocerse como el inicio de un régimen nuevo. Aquí conviene aclarar el concepto: el régimen no es sólo el gobierno sino el conjunto de instituciones y actores tanto formales como fácticos cuyas relaciones y valores determinan cómo y en beneficio de quién se lleva al cabo la distribución de los bienes materiales y simbólicos dentro del conjunto social.
Un propósito central del proyecto anunciado por AMLO como parte de su empeño por alcanzar la presidencia fue justamente el poner fin al régimen vigente desde inicios del siglo pasado y muy identificado con los intereses de una oligarquía formada y crecida a su sombra. Ese régimen surgido de una rebelión popular en 1910 inspirada por la simple pero poderosa bandera maderista del “sufragio efectivo, no reelección” se convirtió en revolución social porque hizo suyas las demandas del agrarismo zapatista, del nacionalismo carrancista y del sindicalismo de un naciente movimiento obrero. El sexenio cardenista combinó esos tres elementos y los convirtió en el corazón ideológico del entonces nuevo régimen.
Sin embargo, unos cuantos años más tarde el discurso revolucionario se difuminó, la realidad política viró definitivamente hacia la derecha y la corrupción del grupo gobernante más el autoritarismo presidencial sostenido por un partido corporativo desembocó en un neoliberalismo descarnado que acrecentó el carácter oligárquico y concentrador de la riqueza del sistema. Fue en ese entorno político, social y cultural que encontró eco el llamado de AMLO a movilizar a los sectores populares y dar contenido al voto para cambiar la naturaleza misma del régimen.
Tras una serie de intentos fallidos AMLO y su partido lograron finalmente que su proyecto de izquierda se hiciera gobierno. Se inició entonces de manera formal el difícil proceso de modificar el régimen imperante. Muy pronto quedó claro que la resistencia al cambio de los intereses creados sería recia y que transformar el régimen y arraigar a uno nuevo iba a requerir de un gran esfuerzo sostenido a lo largo de varios sexenios. Desde esa perspectiva la meta inmediata fue lograr la transexenalidad del proyecto, es decir generar desde las urnas el respaldo necesario para mantener ya sin el líder original carismático el impulso reformista del lopezobradorismo. De haber fallado AMLO y los suyos en los comicios del pasado 2 de junio de todas formas el viejo régimen ya no habría podido hacer efectiva su restauración, pero la 4T tampoco hubiera podido seguir adelante con su proyecto. Pero AMLO se salió con la suya.
El sexenio que será presidido por Claudia Sheinbaum dispone ya de las señales para orientarse en los caminos que ha prometido recorrer, pero eso no implica que no tenga que enfrentar grandes obstáculos. AMLO ganó la “madre de todas las batallas” al viejo orden, pero su sucesora, Sheinbaum, su equipo y Morena tienen una doble tarea que está llena de incógnitas y peligros: continuar con la demolición de lo indeseable que aún se mantiene en pie, pero sobre todo avanzar en la construcción de lo nuevo. Y los frentes en que la 4T en su papel de régimen tiene que librar sus propias batallas tanto internas como externas. En lo interno debe hacer de Morena un partido sólido donde sus propios mecanismos impidan que la diversidad en su interior le genere las fracturas y luchas sordas que caracterizaron al PRD y que dieron al traste con él.
En el plano externo la sociedad demanda abiertamente y también por la vía de las encuestas que se recupere la seguridad y el control territorial que el crimen organizado le ha arrebatado al Estado. Es igualmente o más importante enfrentar de manera radical ese mal social histórico, el de la pobreza, en particular la extrema. Pobreza y desigualdad han ido de la mano, pero no son lo mismo y hay que diseñar políticas específicas que lleven a disminuir la desigualdad hasta hacerla socialmente tolerable. La reforma del Poder Judicial apenas se ha iniciado y debe desembocar en algo que sea evidentemente superior a lo existente. Salud y educación públicas son campos que deben convertirse en fuentes de legitimidad política lo mismo que el combate a la corrupción en los niveles medios y bajos del aparato gubernamental y que son los que más se perciben al nivel ciudadano.
En fin, que la batalla para mantener y solidificar el apoyo mayoritario para que la 4T se transforme en nuevo régimen no está aún ganada.

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Quienes acudieron al llamado presidencial para celebrar en la plaza de la Constitución el 15 de septiembre en la noche estaban conscientes no sólo de que esa ceremonia del “Grito de independencia” sería la última presidida por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sino también que sería la última ocasión en que él llamaría a llenar la plaza –¡y vaya que si la llenó!– que él hizo suya desde antes de llegar a la Presidencia.
Tras dejar la Presidencia nadie ni nada obliga a AMLO a que también deje el escenario político mexicano, pero es su voluntad declarada retirarse en pleno triunfo de su singular empeño por cambiar pacíficamente la naturaleza un régimen ya caduco con una gran raíz antidemocrática, injusta y corrupta hasta la médula para empezar a dar forma a otro más generoso, digno y democrático. Por todo un sexenio ni aliados ni enemigos –a los que calificó de meros adversarios– le hicieron sombra al singular político tabasqueño que hoy está a punto de ser historia para dejar que otros –otra– asuma plenamente la responsabilidad de quedar al frente del nuevo sistema político en construcción.
Como presidente AMLO concluyó su mandato con una aprobación ciudadana del 71% según un promedio de las encuestas de opinión disponibles, (Oráculus, 02/09/24) y con una autoevaluación promedio de las perspectivas a futuro de 8.4 sobre diez (INEGI, Bienestar autoreportado, julio 2024). Sin embargo, lo más notable ha sido la intensidad de la identificación de quienes respaldaron tanto el discurso como las acciones del político tabasqueño para modificar la estructura del poder en México.
En buena medida la explicación de la construcción del liderazgo carismático de AMLO se encuentra en un rasgo de su biografía: su capacidad para aceptar riesgos e incertidumbres, en no “jugarle a la segura” en el juego del poder sino en apostar por lo que se correspondía con los valores y metas de su proyecto de largo plazo y que le llevó a un enfrentamiento ininterrumpido con prácticamente todos los intereses creados en torno al antiguo orden. Las coyunturas difíciles, peligrosas, en la carrera política de AMLO fueron muchas y en todas se jugó su futuro. Una lista parcial de estas coyunturas incluye desde su desafío de los usos y costumbres del PRI cuando fungió como su dirigente en su estado natal para luego romper con ese partido pese a ser entonces la fuerza dominante a nivel local y nacional, destacar como líder opositor e imponerse en 2005 sobre un desafuero orquestado desde la mismísima Presidencia con apoyo del Poder Judicial y de la mayoría del Poder Legislativo, rechazar abiertamente por fraudulentos e innegociables los resultados de las elecciones de 2006 y 2012, abandonar al PRD que había dirigido para crear en muy poco tiempo un partido propio –Morena–. Ya como presidente AMLO persistió en apuestas arriesgadas: entre otras desafiar a los “poderes fácticos” –a la oligarquía– empeñada en llevar adelante el gran proyecto de un nuevo aeropuerto internacional en medio del lago de Texcoco, neutralizar a los medios convencionales con las “mañaneras”, involucró al Ejército en la construcción de un aeropuerto alternativo y luego en las otras grandes obras públicas, negoció en sus términos con el presidente Trump y al cuarto para las doce del sexenio logró la aprobación de un “Plan C” para rehacer de punta a cabo al Poder Judicial, gran bastión de los poderes fácticos, etcétera.
El capital político que va a entregar AMLO a su sucesora incluye, entre otras muchas cosas, los resultados electorales del 2 de julio donde la oposición perdió buena parte de un terreno que alguna vez fue completamente suyo. La herencia también incluye a las mayorías calificadas en el Congreso, el grueso de los gobiernos estatales y locales además de una mayoría ciudadana bien dispuesta a aceptar a la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo: Claudia Sheinbaum.
El núcleo del proyecto político de AMLO se puede resumir en dos propuestas: “por el bien de todos, primero los pobres” y “el cambio del régimen”. En ambos casos el presidente ya dejó construidas las bases de lo que puede ser el régimen de la 4T. Sin embargo, es evidente que aún hay mucho que derruir y mucho por construir sobre esas bases antes de poder decir que las estructuras sociales y políticas de un nuevo orden en México quedaron firmes y operando como se ha prometido.
La herencia que está a punto de recibir Sheinbaum es muy valiosa, pero a la vez muy problemática. El camino que AMLO ya no pudo andar lo debe recorrer ella sola y eso implica, entre otras cosas, recuperar la seguridad pública, recuperar el crecimiento de la economía sin sacrificar los valores de la izquierda para así lograr reducir la pobreza hasta dejarla en una expresión mínima, acelerar y hacer más efectivo el combate a una corrupción endémica, rehacer todo el aparato de impartición de justicia incluyendo fiscalías, reducir al máximo la presencia territorial e influencia del crimen organizado, mantener de manera efectiva la separación entre poder político y económico e impedir la remergencia del poder oligárquico, redefinir el papel de las fuerzas armadas, etcétera.
El cambio de régimen en que se embarcó el lopezobradorismo es ahora el proyecto de la presidenta. Y ese cambio implica un cambio de estilo, de forma, que en el caso de la política es fondo. Lo que vaya a ser del lopezobradorismo de aquí en adelante ya no dependerá del hombre de Tepetitán sino en buena medida de la dirección que le dé una presidenta que se formó en la complejidad de la oposición, en el ejercicio del poder en la capital y también en el complejo universo de la ciencia y de la academia.
La siguiente etapa del proceso político mexicano: el lopezobradorismo sin López Obrador.

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La represión y abuso de la autoridad durante el periodo en que el proceso político del México postrevolucionario tuvo lugar en el marco de un sistema autoritario fue una constante que se cubrió con el discurso del “nacionalismo revolucionario” y de la modernización económica. Solo con la publicación de trabajos con material de archivo y entrevistas como el presentado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart en Fue el Estado (1965-1990). Presentación, resumen y recomendaciones del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, (2024) se puede apreciar la magnitud del lado obscuro de la estructura de poder que por casi un siglo controló la vida pública de nuestro país y que actuó lo mismo contra disidentes políticos que contra periodistas, contra poblaciones enteras desplazadas por la fuerza para la construcción de grandes obras públicas que contra sindicalistas o personas con orientación sexual “inaceptable”.
A la violencia revolucionaria desatada a partir de 1910 le siguió la otra, producto del choque de proyectos entre carrancistas, villistas y zapatistas. La victoria del primero no trajo la paz pues además del renacimiento del bandidaje y de sus rebeliones internas –la de Aguaprieta, delahuertista y escobarista– el nuevo régimen debió enfrentar a quienes buscaban destruirlo: los cristeros.
Durante la 2ª Guerra Mundial los sinarquistas fueron un objetivo prioritario de la represión, pero con inicio de la Guerra Fría el blanco cambio de signo y la violencia del régimen se cebó en los personajes y organizaciones de izquierda especialmente a partir del surgimiento de una oposición guerrillera (Ciudad Madera, en 1965) y de movilizaciones masivas urbanas como el navismo potosino o las estudiantiles del 68 y del 71. Estos estallidos de inconformidad política enfrentaron la represión “ejemplar” combinada con otra que se mantuvo fuera del ojo público. Ahora bien, esa violencia ilegítima siempre se combinó con el discurso oficial de respeto a la ley más una política exterior “progresista e independiente” y bien publicitada.
Fue el Estado… es una narrativa muy documentada de la última etapa del ahora “antiguo régimen”, el priísta, que busca “el esclarecimiento de la historia oculta” de la represión sistemática contra la izquierda o contra quienes se oponen, obstaculizan o se desvían de las normas escritas o no escritas del régimen. El voluminoso documento busca la verdad de los hechos y justicia para las víctimas y su derecho a la exposición de las violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) cometidas por un sistema autoritario entre 1965 y 1990.
Imposible resumir aquí la documentación, la narrativa y las implicaciones de lo contenido en los seis volúmenes de este Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MVEH). El listado registra a 8 mil 594 víctimas de VVGGDDHH y que son las que el equipo de investigación pudo rastrear. El tipo de las violaciones registradas abarca desde la detención arbitraria hasta la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales tanto en contextos rurales como urbanos. Geográficamente, el mayor número de violaciones se dio en zonas rurales de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo o Oaxaca, aunque en la Ciudad de México el fenómeno no fue menor. La documentación registra minuciosamente lo mismo a víctimas menores de edad que a personas de la tercera edad a mujeres que a hombres y trans. Varios eventos se califican de masacres y en este contexto el sexenio del incoloro Miguel de la Madrid cobra color: el negro.
Es verdad que la radiografía de las VVGGDDHH en México y en el período sólo excepcionalmente adquirió dimensiones comparables a las que entonces ocurrieron en Argentina o Chile pero los presentadores dejan en claro que si por ejemplo el número de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas documentadas son menores en el México del “nacionalismo revolucionario” (504) que en las dictaduras abiertas del Cono Sur, el juicio moral sobre la naturaleza de la “estabilidad” política mexicana de entonces no puede ser menos severo.
La otra cara de la moneda del documento es la enumeración de los responsables que usaron a las instituciones públicas cometieron VVGGDDHH en contra de miles de mexicanos y extranjeros. Los implicados incluyen a todos los presidentes del período y un buen número de secretarios de Estado, gobernadores, procuradores, jefes policiacos o del Estado Mayor Presidencial y líderes políticos. Esta lista de operadores de la maquinaria criminal incluye desde generales hasta los escalones inferiores de la jerarquía militar, policiaca o caciquil.
En suma, este documento publicado por la Secretaría Gobernación puede dar pie a acusaciones que no debieran prescribir, así como a trabajos académicos y periodísticos de investigación y, desde luego, a una discusión en torno a la naturaleza de la responsabilidad individual como del régimen político del siglo pasado.
El título del documento hace referencia a ese grito que hoy se corea al reclamar el esclarecimiento de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 “Fue el Estado” aunque de manera más específica fue el régimen político de entonces cuya naturaleza íntima –el uso ilegítimo y corrupto del poder– queda al descubierto con investigaciones como la aquí reseñada y que debe alentar a un examen más exhaustivo que ilumine las muchas zonas obscuras de nuestro pasado cercano para llevarnos a persistir en el enfuerzo por entenderlo y no permitir que vuelva a ser.

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Al final Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quien sus adversarios habían creído minimizar llamándole desfasado y “Mesías tropical” terminó por vencer en buena lid y en el campo político a los orgullosos guardianes del templo neoliberal y defensores del estatus quo. La divisa lopezobradorista “Por el bien de todos, primero los pobres” recibió en 2018 el respaldo de 30 millones de votos y seis años más tarde con 36 millones de sufragios pudo dejar a Claudia Sheinbaum al frente de su movimiento y reafirmar la condición de éste como la fuerza política dominante.
El último informe del gobierno de AMLO no fue leído en un recinto oficial sino al aire libre, en una Plaza de la Constitución repleta de partidarios entusiastas. Ese fue también el último acto político masivo convocado antes de su retiro de la vida pública por el carismático político tabasqueño en su calidad no sólo de jefe del Poder Ejecutivo sino de creador y líder indiscutible de un movimiento de masas –Morena– convertido en el motor de un proceso de cambio de régimen.
Desde la oposición al partido de Estado, desde una base en el sur profundo –Tabasco– y maniobrando en un entorno hostil producto de casi un siglo de prácticas propias de un sistema autoritario cada vez más inclinado hacia la derecha, AMLO supo generar y dar dirección a un movimiento democrático y de izquierda que en un espacio de tiempo relativamente corto se convirtió en una gran fuerza electoral que permitió a su líder llevar a cabo con éxito una operación muy compleja. Por un lado, pudo encumbrar a la Presidencia de la República a una mujer con una carrera política sistemáticamente de izquierda –Claudia Sheinbaum– con un programa de gobierno que reafirmaba el objetivo original del partido Morena y que es cambiar la naturaleza del régimen político.
Por el otro lado, AMLO aprovechó la gran fuerza del lopezobradorismo en la coyuntura de fin de sexenio para introducir un elemento muy importante de discontinuidad en el proceso político en curso: el retiro total del líder original del escenario político. Ese retiro significa un corte de tajo con el “estilo de gobernar” inicial del proceso. Ese retiro de AMLO para guardarse en su sur, en su casa de Palenque, implica eliminar el elemento carismático en la conducción tanto de Morena como del gobierno. De esta manera el proceso político encabezado por la izquierda va a entrar en una etapa donde la administración y arraigo de lo logrado se convertirá en la gran tarea y responsabilidad de la presidenta Sheinbaum y de su equipo. En principio un nuevo “estilo de gobernar” no debería implicar un cambio en la esencia de la divisa de Morena “por el bien de todos, primero los pobres” pero natural e inevitablemente llevará a cambios en políticas concretas, en sus formas y contenidos y en cualquier caso el nuevo liderazgo deberá mantener, consolidar y ampliar la base social que hereda.
En la coyuntura actual el dúo AMLO-Sheinbaum funciona como una unidad política y por tanto el apoyo de sus bases que tiene el líder tabasqueño y que es sustantivo se puede considerar como el punto de partida del respaldo social del que dispondrá Claudia Sheinbaum al hacerse de la conducción del país y ya sin tener al lado a AMLO. Un sondeo de opinión llevado al cabo en agosto por la encuestadora De Las Heras Demotecnia concluye que el 73% de los encuestados en una muestra representativa aprobó el desempeño del presidente saliente y sólo el 22% lo reprobó. Es particularmente relevantes que 82% consideró que con AMLO México efectivamente vivió una transformación y de entre éstos el 89% consideró que el cambio había sido para bien Sin embargo, 01/09/24). Estas cifras no difieren mucho del promedio del conjunto de las encuestas disponibles (Oraculus, 02/09/24).
El juicio que se haga en el futuro en torno al papel que jugó el líder tabasqueño en el proceso político de México en el siglo XXI va a depender de muchos factores –ideología del evaluador, circunstancias en que tenga lugar la evaluación, etcétera– pero poca duda cabe que en cualquier caso se reconocerá lo indeleble de su huella, la naturaleza de los cambios que propició y la sacudida que le dio al estatus quo político, social y cultural. Pero la importancia y dimensiones del lopezobradorismo en el futuro no van a depender sólo de lo hecho por el político tabasqueño sino también de la manera en que sus sucesores aprovechen (o desaprovechen) su legado. El último capítulo de esa historia no va a terminar con el retiro del personaje del escenario a su sur profundo, sino que apenas está empezando a escribirse.
Como sea, aquel a quien sus detractores llamaron “Mesías tropical” finalmente logró congregar en torno suyo a multitudes, cimbrar a la sociedad de su tiempo y a querer que la echó a andar por un rumbo nuevo.

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Para evaluar significado y alcance del documento de dos cuartillas que el embajador de Estados Unidos en México hizo público el pasado 22 de agosto y que ha llevado al gobierno mexicano a presentar una nota de extrañamiento a la embajada y al presidente Andrés Manuel López Obrador a declarar “en pausa” su relación con la misma se puede empezar por entender que si bien la forma no es la propia de una nota de protesta en la práctica sí lo es. Es una “protesta preventiva” contra algo que aún no ocurre pero que pronto ocurrirá: una modificación sustantiva en el procedimiento por medio del cual se nombrará a los miembros del Poder Judicial de nuestro país. La posible modificación es un asunto consustancial a nuestra soberanía, pero la gran potencia vecina decidió hacer evidente que también es asunto suyo porque México está en su zona de influencia.
El documento ese presenta como un mero comentario de carácter personal, como un “punto de vista” del signatario y que tiene como meta compartir con México la experiencia de alguien que por un cuarto de siglo actuó en las cortes de su país en calidad de abogado y procurador estatal. De esta forma el embajador buscó evitar expresarse oficialmente como lo que es, el representante de una gran potencia que reprueba lo que está ocurriendo en una zona de su interés.
De entrada, el embajador hace saber que él sí sabe de lo que habla para advertir a quienes aparentemente no lo saben –el presidente mexicano, los legisladores y el pueblo mismo– de las terribles consecuencias de lo que pretenden hacer. La conclusión de esas, llamémosle “reflexiones”, es que no se debe seguir adelante con el proyecto de reforma judicial tal como el presidente lo presentó al Congreso. El embajador no cuestiona la legitimidad del empeño mismo –reformar al Poder Judicial– sino el pretender que en el futuro la elección de sus miembros quede en manos de los ciudadanos. Y es que eso implica un “riesgo mayor” para la democracia pues abre la puerta a la “corrupción de la política” y afecta “la confianza de los inversionistas en el marco legal de México” al facilitar que “actores malignos” puedan aprovecharse de “jueces inexpertos”.
El documento no niega que el sistema judicial mexicano está afectado por la corrupción, pero “en mi punto de vista” –la expresión vuelve a suponer que el documento es sólo una opinión personal– la “elección directa y política de jueces” no resuelve el problema y en cambio afecta la “calificación” que deben de tener los juzgadores lo que a su vez redundaría en la buena marcha de la integración económica de la América del Norte.
De entrada, hay que desechar la supuesta preocupación del gobierno norteamericano por el posible efecto que la reforma judicial pueda tener sobre la democracia mexicana. La historia simplemente no la avala. Washington suscribió y celebró el tratado original de libre comercio en 1994 con el gobierno de Carlos Salinas, sin importarle que éste fuera producto del régimen antidemocrático y que su elección fuera todo menos limpia. Lo que preocupa a su gobierno es la elección “política de jueces” pero en realidad cualquier método de selección de jueces es política. Una prueba de ello se tiene en los constantes debates en torno a la designación de los miembros de la Suprema Corte en Estados Unidos. El que las elecciones directas de los jueces puedan abrir la puerta de los juzgados a los carteles de la droga, a otros “actores malignos” y “a la corrupción de la política” implica no reconocer que esa puerta ha estado abierta desde hace mucho.
El embajador como consejero aparece en una coyuntura donde, tras el apoyo abrumador en las urnas a Claudia Sheinbaum, los enemigos del proceso de cambio político están empeñados en una defensa casi numantina del actual Poder Judicial porque este es un reducto del antiguo régimen.
El documento del embajador de la gran potencia que se ostenta como la gran defensora de la democracia en el orbe constituye una intromisión en asuntos internos de nuestro país que objetivamente apuntala el discurso de la oposición perdedora de las últimas elecciones. Y queda claro que en la batalla política que tiene lugar en México el “factor norteamericano” juega como refuerzo de los defensores del estatus quo. Entre líneas, el embajador sugiere lo que ya su prensa advierte con claridad: que México tiene un flanco muy débil por el que le puede atacar y es su dependencia económica respecto de Estados Unidos. En efecto, el documento en cuestión sugiere que si la pretensión de reformar al corrupto aparato de justicia de nuestro país sigue adelante “debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte”. Canadá ya anunció que respalda esta posición.
La relación de México con Estados Unidos nunca ha sido ni será fácil, pero se complica más cuando el primero intenta cambios internos que afectan o pueden afectar intereses políticos o económicos del segundo. Y es justo en vísperas de la entrega del mando del primer gobierno de la 4T al segundo que Washington decidió que ese era el momento de leerle la cartilla a su vecino sureño. La gran potencia juega rudo y hoy ha dejado en claro una vez que más la “buena vecindad” siempre es relativa.

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En vísperas del final anunciado no sólo de su gobierno sino de su papel como líder en activo de un movimiento político –y al margen del juicio que cada quien haga sobre la naturaleza del largo e improbable, por accidentado, camino que debió recorrer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para llegar a donde llegó– es claro que la trayectoria del singular político tabasqueño es realmente excepcional y que, finalmente, logró lo que buscó: empujar hacia la izquierda el desarrollo democrático del sistema político mexicano y, en el proceso, dejar una profunda huella personal.
Lo improbable de AMLO y del lopezobradorismo está en el principio mismo. Las condiciones sociales y familiares del despegue estuvieron lejos de ser las adecuadas. En el México de los años 60 y 70 del siglo pasado cuando el régimen priista alcanzó su apogeo– para quien pretendiera desde Tepetitán, Tabasco, un lugar en la clase política era necesario salir de su pueblo y obtener algún título académico –de preferencia de la UNAM– para luego acercarse al PRI (desde Garrido Canabal Tabasco era tierra de un auténtico partido de Estado) para luego iniciar desde abajo la carrera propiamente política.
AMLO lo logró pese a no tener apoyos familiares a lo Carlos Salinas, Peña Nieto o al menos a lo Roberto Madrazo. Empezar el ascenso trabajando varios años en la zona chontal, le puso en contacto con lo más profundo del “México profundo”. Su tesis de licenciatura en ciencia política fue una zambullida en la “alta política” del pasado y le permitió examinar la naturaleza del inicio del Estado nacional mexicano, una etapa de lucha feroz entre los intereses ideológicos y económicos del estatus quo y los del cambio. También le hizo comprender de los límites del cambio cuando este se queda en las partes superiores de la estructura social.
El joven AMLO sin lazos y recursos económicos familiares que le sirvieran de apoyo a su proyecto tuvo que construirlos desde los cimientos, conoció desde dentro al PRI local y debió aceptar que ese partido simplemente no podía ser un instrumento para el cambio. Al final de los 1980 tomó una decisión personal crucial: rechazar la oferta de ser oficial mayor del gobierno tabasqueño para insertarse de lleno en la oposición democrática, pacífica y de izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. De sus esfuerzos y fracasos como opositor en Tabasco primero y a nivel nacional después aprendió a exponer con éxito el Talón de Aquiles del sistema priista: la corrupción de un sistema que disponía de recursos materiales y políticos legales e ilegales en abundancia, pero con un notorio y creciente déficit de legitimidad.
La tenacidad, imaginación, y sensibilidad política de AMLO combinadas con un discurso comprensible y una conducta política y personal congruente terminaron por hacerlo un líder efectivo y carismático. Sus interminables recorridos por toda la geografía mexicana y a ras del suelo le dieron un conocimiento excepcional del país, pero también llevaron a que el país tomara nota del líder y de su proyecto: la “reconstrucción nacional” a partir de una propuesta: “por el bien de todos, primero los pobres”. Al final, ese político que vino del sur profundo logró sin recurrir a la violencia generar una movilización que abrió la posibilidad de un cambio de régimen dentro de una institucionalidad diseñada para lo opuesto, para mantener un estatus quo conservador y cuya divisa implícita era “por el bien de los pocos, primero las grandes concentraciones de la riqueza”.
Quizá la toma del control del gobierno por el lopezobradorismo en 2018 por la vía democrática cogió por sorpresa a una oligarquía acostumbrada a que la clase política simplemente gestionara sin cuestionar la buena marcha de sus intereses. Quizá también esos intereses confiaron en que el poder norteamericano se encargaría de interferir con el proyecto de la izquierda –política que Washington sí está intentando, la interferencia directa– pero lo está haciendo al final del sexenio y tras la reafirmación del respaldo masivo en las urnas a la continuidad de la 4T.
El resultado de la elección del 2 junio fue la culminación de los afanes de AMLO. En principio él saldrá del centro del escenario político en unas semanas, pero la 4ª Transformación se quedará. La presidenta electa Claudia Sheinbaum y el partido del lopezobradorismo triunfaron de manera arrolladora en la elección que decidió el futuro inmediato del país justamente por haber hecho explícito su compromiso de continuar el cambio de régimen político. Es claro que ese cambio aún tiene mucho camino por recorrer y obstáculos mayores que superar antes de poder proclamar que se alcanzaron los objetivos. Visto así, la conclusión del sexenio encabezado por el personaje de Tepetitán no sería realmente un final sino el inicio de un proceso de plazo largo.

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¿Hacia qué futuro colectivo apunta la brújula de la historia? ¿En particular, ¿hacia dónde se dirigirá México en esa marcha que lo ha llevado de ser un conjunto nada armónico de sociedades originales a una colonia europea y finalmente a un Estado-nación contiguo a una gran potencia hegemónica?
La interrogante no se presta a una respuesta clara. La visión del presente y del futuro colectivo depende de factores difíciles de definir y más aún de medir: los valores del observador, su interpretación del pasado, su visión de la naturaleza y dinámica de la estructura social y del lugar que el observador ocupe en esa estructura, etcétera. En cualquier caso, si bien la pregunta no admite una respuesta certera no es ociosa pues su planteamiento es central a nuestra razón de ser en tanto actores sociales.
Hace apenas un par de siglos la mayor parte de quienes habitaban lo que hoy llamamos México no tenían una identidad de pertenencia a lo que hoy es la nación. Y es que en su realidad simplemente no tenían cabida las ideas de una comunidad más allá del entorno local ni tampoco que el futuro pudiera ser diferente de lo que suponían que siempre había sido. Como afirmara el historiador Luis González, lo que existía para el grueso de la población de entonces eran “las matrias” no “la patria”. La otra cara de la moneda es que las minorías dirigentes de entonces, en la medida en que efectivamente dirigían al México que apenas nacía, proponían futuros incompatibles.
A diferencia del primer siglo de vida del Estado nacional mexicano y a costa de una serie larga de luchas internas y contra enemigos externos muy brutales y encarnizadas, en algún punto del siglo pasado se hizo realidad que la mayoría de los habitantes de nuestro país se considerasen miembros de la nación mexicana. Ahora bien, más o menos resuelto el problema de la identidad lo que falta por dilucidar es algo igualmente importante: ¿cómo imaginamos que podrá y deberá ser la naturaleza política de esa comunidad mexicana en el futuro? Y es que en buena medida la respuesta a esa cuestión es también un enigma para el grueso de la sociedad global donde prevalece una visión difusa, contradictoria y angustiante de la marcha hacia el futuro.
Superadas hasta cierto punto las grandes luchas políticas que tuvieron lugar en nuestro país a partir de la independencia persisten las diferencias en torno al futuro posible y deseable. Y en buena medida tales diferencias se enmarcan en uno de los paradigmas de izquierda o de derecha disponibles y que son las cartas de navegación rumbo a lo porvenir.
Fue el contexto del final de la Guerra Fría lo que llevó a un académico norteamericano, Francis Fukuyama, a proponer y pregonar con gran optimismo y entusiasmo el camino rumbo a lo venidero como el “fin de la historia”. El profesor Fukuyama entendió entonces –1992– ese final como el momento en que una interpretación de la historia del desarrollo universal se impondría de manera contundente e irreversible sobre el resto de las alternativas. Para él, con la desaparición de la URSS la evolución política y moral de la humanidad estaba llegando a su culminación. Desde una perspectiva inspirada en la filosofía de Hegel, el fascismo y el comunismo habían sido derrotados teórica, moral y materialmente por el capitalismo liberal y democrático que quedaba así como el único sistema viable de organización social. Variantes de esa democracia liberal y de economía de mercado coexistirían aunque la conclusión del proceso aún llevaría tiempo (sobre todo en el mundo islámico). La confrontación entre intereses nacionales específicos podría no desaparecer pero ya no alcanzaría el carácter de guerra total como en el pasado. Para las derechas, entre ellas la mexicana, concebir así el futuro les viene como anillo al dedo incluso después de que el propio Fukuyama ha expresado reservas sobre su teoría.
Desde la óptica de la izquierda la situación es distinta. Pese la derrota del “socialismo real” el largo plazo del capitalismo no luce sólido pues sus contradicciones de los intereses de clase persisten e incluso se agudizan con la concentración escandalosa de la riqueza a nivel global y el “fin de la historia” no es real. La concentración de la riqueza significa un aumento de la desigualdad social y por tanto la explotación del hombre y de la naturaleza por el hombre. Ya que estas premisas se mantienen como parte de la esencia de la dinámica del capitalismo dicho sistema no debe ni puede ser aceptado como un futuro legítimo.
Para la izquierda la historia en tanto lucha de ideologías sigue. Sin embargo, la certeza que alguna vez tuvo sobre la inevitabilidad del arribo a la sociedad sin clases, sin capitalistas e incluso sin Estado –el “fin de la historia” desde la interpretación marxista de Hegel– ya no funciona como la estupenda brújula que fue para adentrarse en lo porvenir.
En estas condiciones lo que queda para la izquierda es actuar con proyectos más modestos pero más realistas que sirvan para limitar la brutalidad del capitalismo aunque no su creatividad. Y uno de esos proyectos concretos es el que echó a andar Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. El lopezobradorismo parte de la aceptación, por ahora inevitable, del capitalismo como sistema económico pero aplicándole por la vía de la democracia política todos los límites que promete el “humanismo mexicano” que propone usar la capacidad del Estado para atemperar la explotación del hombre por el hombre. En tanto la visión del largo plazo permanezca difusa el proyecto de AMLO vale como futuro inmediato.

 

 

Max Weber dividió en dos grupos a los profesionales de la política. En uno colocó a aquellos que toman esa actividad como la principal o única vía para ganarse el sustento y en el otro puso a los que se sumergen en el torbellino de la acción política no por necesidad sino por inclinación, por vocación. La muerte de José Agustín Ortiz Pinchetti el pasado 3 de agosto puso fin a la existencia de un político mexicano que perteneció a ese último grupo, al de los políticos por vocación y no por una necesidad económica sino por otra de índole muy diferente y que en José Agustín surgió desde su adolescencia como “una voluntad de poder componer las cosas y también por una vocación natural y sana de destacar”. Esta vocación le condujo a unirse a un grupo encabezado por un disidente priista tabasqueño: Carlos Madrazo y tras la muerte inesperada de éste José Agustín encontraría su lugar definitivo en otro grupo igualmente encabezado por un tabasqueño y disidente del PRI que se formó en torno a un proyecto de transformación democrática del régimen conducido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Previo a su inmersión en la política activa José Agustín había construido en su práctica de la abogacía un sólido sostén de su modo de vida. Su ingreso a ese mundo donde tiene lugar la lucha por el poder, y al ámbito donde se decide quién o quiénes han de obtener como y en qué medida los bienes materiales o simbólicos escasos de una sociedad, obedeció exclusivamente a su pasión por vivir dentro y no de la política. Su energía por participar en el mundo del poder provino de una voluntad por dejar huella de su paso. Y no cualquier huella ni a cualquier costo sino una claramente guiada por los valores éticos adquiridos a lo largo de su educación con maestros jesuitas y por ende muy influido por la concepción de la obligación individual de comportarse como ente moral en sociedad, incluso en esa donde muchos aceptaron la validez de definiciones como “la moral es un árbol que da moras” de Gonzalo N. Santos, famoso cacique potosino, o “el político pobre, es un pobre político” del mexiquense Carlos Hank González.
Como abogado de prestigio egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en derecho económico por la Universidad Iberoamericana, José Agustín mantuvo su posición como miembro con pleno derecho de la clase media capitalina ilustrada y acomodada. Sin embargo, se esforzó por dirigir una parte sustantiva de su energía vital a la lucha por la transformación pacífica de su país y desde una posición de izquierda. El camino elegido era quizá el más difícil para alcanzar la meta pero lo recorrió con entusiasmo y energía y de esa manera forjó una segunda carrera paralela a la de abogado y profesor exitoso de derecho: la de legislador federal, consejero ciudadano del IFE, secretario de Gobierno de AMLO en la Ciudad de México, secretario de relaciones políticas del “Gobierno Legítimo” cuando AMLO desconoció la legalidad del gobierno de Felipe Calderón tras las elecciones de 2006, responsable de organizar semana a semana y hacer crecer a lo largo de seis años las bases del obradorismo en Puebla a ras del suelo social con mucho trabajo y pocos recursos. La edad le obligó a declinar su candidatura a una alcaldía de la Ciudad de México y la muerte lo alcanzó en pleno desempeño de su último cargo como responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, justo cuando estos delitos empezaban a ser cosa del pasado como resultado de los avances del proceso de democratización.
No es común toparse con un libro como el último que publicó José Agustín en calidad de coautor con su hermano Francisco, periodista igualmente inmerso en la crónica del proceso político mexicano. Y es que un libro de los Ortiz Pinchetti, Dos hermanos y un país (Editorial Porrúa, 2024) ha aparecido justo cuando la muerte puso punto final a la carrera del mayor de los dos hermanos. Por tanto y en relación a José Agustín debe considerarse este libro como un testamento en el sentido de que lo ahí expresado constituye su punto de vista y juicio sobre la historia del poder en México a partir de lo estudiado combinado con lo vivido como testigo y como participante en coyunturas críticas desde la segunda mitad del siglo XX. El hilo conductor de lo narrado es el proceso en virtud del cual un joven de clase media acomodada capitalina, educado en instituciones privadas de élite poco a poco se transformó de abogado en exitosos despachos pero mero observador de su entorno en militante político empeñado en ser actor en la problemática y prolongada transformación de un país que pasó de un sólido régimen autoritario, de partido de Estado y presidencia sin contrapesos a otro donde la democracia política empieza a sentar sus reales y a librarse de las muchas y sofisticadas ataduras que limitaron las manifestaciones de un creciente pluralismo social y cultural.
El proceso, como lo muestra esta obra autobiográfica, no ha sido terso y la participación de ciudadanos activos y conscientes como José Agustín ha resultado decisiva para enfrentar esa obvia e inmoral malformación del cuerpo social mexicano ya advertida desde hace más de un siglo por Andrés Molina Henríquez: una donde destaca su amplia base de pobres absolutos o relativos que sostienen a una clase media no muy amplia ni firme y a una parte superior –la oligarquía– notable por lo reducido de su tamaño y la enormidad de su riqueza acumulada.
Lo interesante y contrastante es que en ese caminar hacia un México democrático y menos injusto los hermanos Ortiz Pinchetti optaron por vías diferentes. La de José Agustín corrió por la margen izquierda de la política mexicana –por el lopezobradorismo en concreto– y la de Francisco por otro muy diferente pero justamente al expresar y vivir esa diferencia el lector puede percibir el sentido y posibilidades pero también las dificultades y límites de vivir en lo que es la democracia.

 

Las elecciones presidenciales en Venezuela han sido impugnadas por la oposición y lo mismo está sucediendo en México, pero con efectos diametralmente opuestos.
Las cifras de la votación del 2 de junio pasado en nuestro país resultaron contundentes: a Claudia Sheinbaum la respaldaron el 59.75% de los votos. Pese a lo anterior, las dirigencias de la oposición en México decidieron impugnar la validez de esa victoria y pidieron a la autoridad electoral del Poder Judicial no particularmente afín a la izquierda que nulifique a la elección misma por la inequidad y las irregularidades que caracterizaron el proceso. Lo anterior implica que no habría sido la mala calidad de la propuesta opositora ni tampoco su desempeño e historial la causa de su fracaso sino las “mañaneras”, la violencia generalizada o el uso indebido de los programas sociales.
En una democracia electoral ideal –esa que no existe pero debería– al concluir una elección donde la disputa por el voto se jugó en un entorno de libertades de expresión, organización e información, donde al elector se le presentaron alternativas verdaderas y donde la celebración, contabilidad y calificación del proceso lo avaló una autoridad imparcial, la aceptación formal del resultado por la parte perdedora sería tan obligada como natural y constituiría el broche de oro de un proceso de reafirmación de la legitimidad del sistema en su conjunto.
Un ejemplo real del alto valor político que puede llegar a tener la aceptación explicita de la victoria del otro en circunstancias no ideales tuvo lugar en Estados Unidos en el año 2000 cuando el candidato presidencial demócrata Al Gore optó por aceptar la derrota frente al republicano George H. W. Bush pero no porque éste último hubiera recibido más votos populares sino porque así lo decidió la Suprema Corte pese a que no se había concluido un complicado y absurdo recuento de los votos en Florida que, a su vez, determinaría los votos en el también absurdo colegio electoral. En esa ocasión, Al Gore prefirió aceptar una derrota dudosa que deslegitimar al sistema político del que era parte.
Un ejemplo de lo contrario y en ese mismo país se tuvo cuando Donald Trump, como presidente, se negó a reconocer la validez de los resultados de una votación que le negaba la reelección en 2020. Desde entonces un buen número de sus conciudadanos dudan de la legitimidad de quien ocupa hoy la presidencia pese a que el conteo oficial le dio a este último cinco millones y pico más de votos que a Trump y que posteriormente en el Colegio Electoral su victoria lo fue por un margen superior a 10%. Lo interesante del caso es que pese a la negativa del perdedor a aceptar la legitimidad del ganador, éste pudo desempeñar con normalidad sus responsabilidad, pero la legitimidad misma del sistema sufrió una lesión que aún no sana. Y es que la base social del trumpismo se mantuvo y solidificó y hoy está predispuesta a dudar del proceso electoral si su candidato vuelve a perder. El cuestionamiento de las elecciones del 2020 ya afecta a las que están por venir.
La experiencia mexicana nos dice que por mucho tiempo lo electoral fue un tema casi irrelevante y que en la medida en que el hoy viejo régimen tuvo legitimidad ésta no provino de las urnas. Sin embargo, en 1988 las oposiciones electorales de izquierda y derecha lograron que pese a la evidente inequidad de la contienda y a la burda manipulación de los resultados, se reconociera que casi la mitad los votos (44%) habían sido para la oposición y que la izquierda –a la que se tuvo que reconocer el 31% de la votación– nunca aceptó la legalidad del gobierno de Carlos Salinas. A partir de esa coyuntura se aceleró la marcha cuesta abajo del régimen priista. La alternancia PRI-PAN en la presidencia desde el 2000 al 2018 no estabilizó al régimen y los procesos electorales siguieron siendo calificados como ilegítimos por la oposición de izquierda hasta que en ese último año el régimen de las elecciones sin contenido o truqueadas se vio obligado a reconocer lo que hasta entonces había rechazado: la victoria electoral de quienes se proponían ponerle fin.
Las últimas elecciones reafirmaron con contundencia la opción por la izquierda, pero esta vez la derecha se ha negado a aceptar la derrota y si bien no ha podido acusar a los vencedores de fraude sí lo ha hecho por inequidad e irregularidades. Y para sostener su demanda de invalidez de la elección de 2024 ha presentado ante las autoridades electorales una lista de 396 quejas. Sin embargo, todo indica que por ese camino que evita tener que asumir lo insustancial de su proyecto y liderazgo y prefiere culpar de su fracaso al adversario, la derecha va camino a ser un factor de reafirmación de la victoria de Claudia Sheinbaum, un factor más en la consolidación de la 4T y una confirmación de que, como oposición, necesita renovar sus cuadros y revisar a fondo su proyecto.

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“Los cárteles [del narcotráfico] son quienes administran México, pueden quitar al presidente en dos minutos”. Esta afirmación tan contundente y brutal como falsa hecha por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 23 de julio a Fox News ¿es parte del tic…tic de una bomba de tiempo política que Donald Trump y su vicepresidente J. D. Vance están colocando en la frontera sur para detonarla cuando lleguen, si es que llegan, a la Casa Blanca tras las elecciones del próximo 5 de noviembre?
Lo declarado por Trump en la citada entrevista con Fox News y antes, en muchas otras ocasiones, implica que a ojos del republicano y los suyos en México el gobierno es sólo una fachada tras la que se ocultan los verdaderos poderes del país: los cárteles de la droga que envenenan a la sociedad norteamericana. Desde esa perspectiva nuestro país es un narco Estado y por tanto un gran peligro para Estados Unidos. Y ese peligro es aún mayor porque México es también el origen de una invasión silenciosa de indocumentados –Trump asegura que suman ya entre 15 y 20 millones, aunque el Pew Research Center pone una cifra un poco más baja, 10.5 millones en 2021 y, desde luego, los mexicanos son sólo una parte del total. A ojos de Trump, esos indeseables son responsables, entre otras cosas, de la inseguridad de los ciudadanos norteamericanos, de robarles empleos y de algo aún peor: de “envenenar la sangre de nuestro país”.
Definido el “peligro mexicano” en los términos anteriores ¿cómo proceder? De entrada, el candidato republicano propone cumplir la promesa que hizo en 2016 y que no cumplió: terminar el “muro de Berlín” en los 3 mil 152 kilómetros de la frontera sur pero ahora acompañado de redadas y deportaciones masivas de indocumentados empleando para ello no sólo a la Patrulla Fronteriza sino a todas las agencias disponibles incluyendo a la Guardia Nacional y al Ejército. En este contexto, el líder de Make America Great Again se ha comprometido a llevar a cabo la mayor expulsión masiva de extranjeros en la historia norteamericana, es decir que opacaría en cifras que no en objetivo a todas las anteriores, como la que tuvo lugar durante la Gran Depresión de los años treinta o la llamada “espaldas mojadas” de mediados de los 1950. Según las encuestas disponibles, hoy el discurso xenófobo de Trump se apoya en una realidad: una mayoría de los ciudadanos norteamericanos apoyaría esta política (Axios Vibes survey by The Harris Poll, 25/04/2024).
En suma, el trumpismo presenta y define a México y los mexicanos como un peligro existencial para Estados Unidos y por tanto actuar directamente contra los cárteles de la droga, incluso en territorio mexicano, e intervenir contra la migración indocumentada, serían acciones en defensa propia. Y ambos temas son apenas unos de los elementos de la plataforma del candidato republicano que pueden dañar seriamente a nuestro país.
Desde inicios del siglo XIX Estados Unidos ha empleado como instrumento de política exterior uno que se coloca entre la negociación amigable y la guerra y que es el de las sanciones económicas. En la actualidad un tercio del total de miembros de la comunidad internacional han sido objeto de algún tipo de sanciones económicas por parte de Washington, donde hay toda una dependencia especializada en el uso de este instrumento (Washington Post, 25/07/24). Cuando Trump fue presidente ya empleó la amenaza económica para presionar a México.
En el pasado y pese a la asimetría de poder, México ha logrado defender con éxito sus intereses frente a las presiones norteamericanas. Y en más de una ocasión lo logró aprovechando que en la agenda norteamericana había temas internos y externos más urgentes que desviaron la atención y energía de Washington. Desafortunadamente hoy Trump y el trumpismo han colocado entre sus prioridades nacionales el tema de los indocumentados y suponen que pueden resolverlo según sus métodos de presión.
Para México en general, y para la administración de Claudia Sheinbaum en particular, una segunda presidencia de Trump supondría un problema mayúsculo. Desde luego que existe el factor fortuna al que Maquiavelo le atribuyó la última palabra en asuntos políticos. Y es que una presidenta demócrata en 2025 al norte de la frontera –Kamala Harris– sería un buen horizonte. También es claro que el proyecto trumpista sobre México choca con los intereses de las grandes empresas norteamericanas que desean aprovechar los bajos costos de producción en nuestro país y la cercanía geográfica –el nearshoring. Y en el mismo sentido opera la lógica de la rivalidad económica y política de Estados Unidos con China y en ese contexto una relación positiva México-Estados Unidos es de mutua conveniencia como una y otra vez lo ha subrayado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En fin, el tic… tic de la bomba que Trump dice que hará detonar para cambiar la naturaleza de la relación entre México y Estados Unidos puede detenerse si el republicano pierde la próxima elección presidencial en su país o si la misma complejidad de la relación bilateral hace que sus planes tan simplistas como tenebrosos, simplemente fallen.

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