Fue en la reconstrucción de la Inglaterra de la segunda postguerra mundial donde nació el estilo arquitectónico “brutalista”. Se trató de grandes edificaciones donde los materiales esenciales –el concreto y el acero– quedaban al desnudo, sin recubrimientos que mitigaran su dureza.
Hoy la política exterior anunciada por el presidente electo norteamericano Donald Trump puede definirse como una de esencia brutalista. Y ese brutalismo puede ser visto y explicado en parte como resultado de una guerra, la “guerra fría” ganada por Estados Unidos y que le permite hoy a Trump anunciar urbe et orbi que se propone dejar al desnudo la esencia del poder de su país y prescindir de velos pudorosos como el respeto de la soberanía de países débiles o la supuesta igualdad entre las naciones. El discurso de Trump advierte que va a intentar imponer sus prioridades al resto del mundo empezando por Canadá, México y Panamá.
Hubo un tiempo en que la interpretación dominante en Washington sobre la naturaleza de su relación con México era otra, una que partía de suponer que el interés prioritario de Estados Unidos respecto del vecino del sur era obtener ganancias territoriales o ventajas económicas pero a partir de los 1930 empezó a cambiar, cuando vio que era necesario blindar al continente americano, particularmente a su parte norte, de la presencia o influencia nazi primero y soviética después. Para ello buscó ganar por “las buenas” la colaboración de las élites y la simpatía de una opinión pública mexicana tradicionalmente recelosa de las intenciones de los gobiernos de Washington
Desde Franklin Roosevelt y Harry Truman la política de la gran potencia hacia México no sería ya de “suma cero” sino supuestamente de ganar-ganar. Esa “Buena Vecindad” prolongada intentó superar la arraigada desconfianza mexicana generada a partir de la anexión de Texas y la guerra del 47, más las tensiones fronterizas de finales del siglo XIX y las generadas a raíz del nacionalismo de la Revolución Mexicana. La política de “Buena Vecindad” inaugurada en los 1930 desembocó en una alianza formal México-Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y en una informal después.
Durante la “Guerra Fría” entre Estados Unidos y la Unión Soviética (1947-1991), Washington continuó moderando sus impulsos imperiales frente a ciertas acciones y posicionamientos nacionalistas, básicamente simbólicos, con los que los gobiernos mexicanos buscaban reafirmar su legitimidad interna. Los ejemplos de estas muestras de independencia relativa mexicana incluyeron auspiciar en 1959 una gran exposición industrial soviética y recibir al vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS Anastás Mikoyán, mantener relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro, acercarse a países que buscaban escapar de la bipolaridad como la Yugoslavia de Tito o la India de Nehru, reprobar el golpe de Estado auspiciado por Washington contra el socialista Salvador Allende y otras.
La contraparte a esta independencia mexicana fue una política interna de discreto pero muy efectivo anticomunismo. En reciprocidad Washington siempre calificó de democrático al régimen autoritario del PRI y sus represiones violentas de movimientos como los estudiantiles de 1968 y 1971 o la “guerra sucia” de los 1970, no fueron tomados en cuenta por las autoridades ni los medios en Estados Unidos. No obstante este entendimiento de fondo, el vecino del norte no dejó de poner de tarde en tarde en aprietos al gobierno mexicano. Por ejemplo, una vez que se consideró que la economía norteamericana ya no requería de tanta mano de obra mexicana contratada como efecto de la segunda guerra mundial, el gobierno de Dwight Eisenhower en 1954 procedió a una deportación masiva de “espaldas mojadas” que afectó a más de un millón de mexicanos.
Ya sin la Guerra Fría, poco a poco Estados Unidos dejó de sentirse obligado a dar un apoyo incondicional a la estabilidad autoritaria mexicana aunque todavía pasó por alto el fraude electoral de 1988 y en aras de la globalización aceptó firmar el TLCAN. Sin embargo, desde entonces los encargados de las relaciones con México en la Casa Blanca empezaron a tomar distancia del régimen priista cada vez más desacreditado y ya no se alarmaron por el levantamiento neozapatista en Chiapas. Tampoco actuaron como lo habían hecho en Guatemala en 1954 o en Chile en 1973 cuando un partido de izquierda, Morena, fue ganando terreno y superando fraudes electorales hasta imponerse en las urnas y ganar la Presidencia en 2018
Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en México después de Lázaro Cárdenas, logró construir una relación aceptable con el primer gobierno de Trump. Sin embargo, el “trumpismo recargado” que va a retornar ahora a la Casa Blanca da muestras de una mayor agresividad contra México y pareciera tenerle ya sin cuidado el efecto negativo que pudiera tener aquí el brutalismo político que anuncia y que cuenta con un fuerte apoyo del electorado de derecha al norte del Bravo.
Innegablemente un aumento sustantivo de aranceles a los bienes procedentes de México o el impacto de una deportación masiva de trabajadores indocumentados generarían una enorme presión sobre la economía mexicana Y la amenaza de acciones armadas unilaterales armadas contra carteles de la droga en territorio mexicano haría aún más relativa nuestra soberanía y debilitaría al nuevo régimen.
Ante la amenaza que representa la gran potencia vecina tripulada por un trumpismo recargado la mejor defensa está en el ámbito interno y lo primero es contar con gobiernos de legitimidad incuestionable. Eso ya lo tenemos pero no es suficiente. También requerimos de una gobernanza eficiente, libre de corrupción y que tenga el control efectivo de todo el territorio más una economía autosuficiente en áreas estratégicas como la energía y la producción de alimentos. En fin, es claro que nuestra mejor defensa contra las amenazas que se avecinan es una buena política y administración internas, pero en esa materia aún tenemos grandes déficits y el tiempo corre en contra.

El presidente Lázaro Cárdenas murió hace ya 54 años, pero si viviera podría echar mano de su propia experiencia para aconsejar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la 4ª Transformación (4T) en una coyuntura donde se vuelve a abrir la posibilidad histórica de lograr lo que el cardenismo no pudo: el cambio pacífico del régimen hacia la construcción de una sociedad más justa.
Idealmente, en esta segunda administración lopezobradorista las relaciones dentro del aparato de gobierno deben obedecer a una coordinación clara y disciplinada para enraizar en la izquierda el cambio en la forma y el contenido del quehacer político (el PAN falló en su intento de arraigarlo en la derecha entre el 2000 y el 2012). Y para ello quienes hoy son responsables del proceso político debe ser percibidos como actores congruentes con su lema: “no robar, no mentir y no traicionar” y siempre anteponer la buena marcha de la transformación del régimen a los intereses individuales o de camarilla.
Como bien lo han advertido observadores que simpatizan con la 4T, hay personajes en puestos clave de gobierno que no están desempeñando bien su papel, que están resultando disfuncionales para la buena marcha del contenido ético de un proyecto que se define como Humanismo Mexicano y que busca ser un hito en la historia política de nuestro país.
Desde la perspectiva de observadores como Jorge Zepeda Patterson (Milenio, 17/12/24), la forma como AMLO operó el proceso de su sucesión en 2024 fue complicada pero finalmente resulto todo un éxito porque logró que la persona que él consideró el cuadro de Morena que tenía la mejor visión sobre la naturaleza del cambio, el compromiso más sólido con esa transformación y la mayor voluntad para profundizar los cimientos de la 4T era Claudia Sheinbaum y ella acabó siendo la candidata presidencial y la ganadora indiscutible de una elección genuina en forma y contenido y realmente competida.
Sin embargo, ese éxito tuvo un precio: una serie de compromisos con los perdedores en los procesos internos de Morena para asignarles puestos clave dentro del gabinete o del Poder Legislativo. Lo anterior, aunado al retiro total y voluntario del escenario político de AMLO, líder indiscutible y carismático de Morena como partido y movimiento para evitar la percepción de querer ser “el poder tras el trono”, pareció dejar todo “atado y bien atado” para que la nueva presidenta no temiera puñaladas por la espalda y pudiera concentrar su energía en hacer frente a la gran tarea de asegurar la continuidad de su proyecto. Sin embargo, ese no ha sido del todo el caso como lo acaba de mostrar el choque abierto de los dos coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso y cuya conducta pone en duda su disposición a subordinar sus intereses personales a los valores que son el corazón ético de la 4T.
Y es aquí donde conviene imaginar una hipotética carta del presidente Cárdenas a la presidenta Sheinbaum. Y es que de haber tolerado Cárdenas la permanencia en puestos clave de su gobierno de elementos heredados y no genuinamente dispuestos a comprometerse con el resurgimiento del proyecto social de la Revolución Mexicana el mandatario michoacano simplemente no hubiera podido poner en práctica el Plan Sexenal y el cardenismo ni siquiera hubiera existido.
Si el presidente Cárdenas es hoy un referente claro para la 4T es porque en el arranque de su sexenio usó todo el potencial de la institución presidencial para sacudirse de cuadros políticos y caciques con agenda propia y disciplinar al resto de la élite política. Esa experiencia sería la primera parte de la hipotética carta de Cárdenas.
Una segunda parte de la misiva sería una reflexión sobre las debilidades del marco político y social que impidieron el arraigo del proyecto cardenista. En la pugna interna por la sucesión presidencial de 1940 esa parte de la élite política que sólo superficialmente era cardenista –el general Juan Andrew Almazán y los que se unieron en torno suyo– impidió la construcción un “segundo piso” del cardenismo y desde entonces y hasta 2018 la vida política, social, económica y cultural mexicana transcurrió a la sombra de los diferentes matices de derecha disponibles en México.
Claudia Sheinbaum y la 4T tienen instrumentos para evitar un final como el del sexenio de Cárdenas, tienen un partido muy distinto al del general michoacano y el reto es mantener esa diferencia. Y es que el PNR y PRM (que finalmente desembocaron en el PRI) no nacieron democráticos, ni para ganar elecciones, sino simplemente para administrar el poder. Sus cuadros no tuvieron que foguearse como oposición como en Morena y finalmente nunca se comprometieron con una ideología. Si Morena debe ser el sostén de la 4T es menester que realmente se conduzca de manera selectiva en el reclutamiento y promoción de sus cuadros, que se blinde contra los oportunistas y que nunca se despegue de sus bases y de sus orígenes y de sus principios.

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La 4ª Transformación o 4T considera a “El Humanismo Mexicano” el corazón de su ideología. Bien, pero ¿qué es ese humanismo? Y ¿qué es la ideología? Ésta última cuestión se puede responder de manera sucinta: ideología es el conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político (Norberto Bobbio). El humanismo, por otra parte, es un concepto menos susceptible de encapsular en una definición concisa. Pero partamos de una realidad reveladora: hoy en nuestras universidades la historia, la filosofía y la literatura son el núcleo duro de las facultades de humanidades.
Al humanismo como concepto se le denominó como tal hasta el siglo XIX, pero su esencia ya llevaba siglos de discusión en Europa como visión y propuesta de una forma de vivir y entender el sentido mismo de esa vida. Fueron las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio en la Italia de los siglos XIII y XIV las que sentaron las bases de un movimiento intelectual al que siglos después se le denominó humanismo.
La esencia de ese movimiento fue un esfuerzo por revivir ciertos valores del mundo clásico para, desde esa perspectiva precristiana de Grecia y Roma explorar la esencia de la naturaleza humana fuera de los límites intelectuales impuestos por el dogma religioso del mundo medieval. Así, intelectuales y artistas pudieron poner el acento en la importancia de la educación en torno al arte y la literatura de la antigüedad, en las virtudes individuales y cívicas valiosas por sí mismas que permitirían a quien las practicara desarrollarse plenamente de manera virtuosa y racional como persona y como miembro de su comunidad. En fin, fue una propuesta para entender y explorar sin previas ataduras doctrinales al ser humano y al mundo (Mar k Cartwrigth, World History Encyclopedia, 2020).
Ya en esta época nuestra en que los dogmas de las ideologías políticas se han venido abajo, el “humanismo mexicano” de la 4T propone insistir desde la izquierda en la práctica de esas virtudes individuales y colectivas con valor intrínseco y cimentarlas tanto en las fuentes del humanismo clásico europeo como del propiamente mexicano –ese que tiene raíces en ciertas prácticas y valores de las culturas que florecieron con anterioridad a la conquista europea. Sin embargo, es en nuestro pasado mexicano más reciente, en ese de los últimos dos siglos donde se entrelazan los valores de las civilizaciones originales de acá con los provenientes de Europa donde se forjan las ideas básicas que hoy conforman la ideología de la 4T. Es en el muy difícil y por momentos brutal y violento proceso político que llevó a transformar a lo que fue una colonia europea de tres siglos y numerosas comunidades poco comunicadas entre sí en una sociedad nacional independiente donde se fraguaron los valores y objetivos que la 4T asume como corazón de su proyecto político: construcción y defensa de la soberanía de la nación, bienestar social compartido y sostenido por la estructura política, una distribución de la riqueza menos inequitativa que la actual, intolerancia frente a la endémica corrupción pública, combate a la discriminación y al racismo, solidaridad con los países víctimas de las acciones imperiales.
El humanismo, surgido de un entorno dominado por la Iglesia católica y sus dogmas, rechazó los dogmas. La 4T es una izquierda post soviética y ajena ya al discurso dogmático. Ahora bien, a la izquierda ortodoxa tradicional caracterizaba un optimismo básico respecto del futuro: al capitalismo debía seguir irremediablemente la revolución socialista y a ésta el comunismo, la sociedad sin clases y sin Estado. Esta certeza, esta ausencia de dudas sobre la naturaleza positiva e inevitable del futuro era parte de su fuerza y atractivo.
En contraste, la 4T se ocupa sólo del futuro inmediato y éste ya no implica necesariamente la revolución ni siquiera una superación inminente del capitalismo. En este proyecto el optimismo reside en la posibilidad de hacer realidad un humanismo inspirado en el proceso civilizatorio de México apuntalado en valores tanto de su pasado remoto como reciente y que le permita al Estado construir un régimen que lleve a humanizar las prácticas del capitalismo nacional.
La utopía de la 4T es, por tanto, modesta pero realista y es la que permite la naturaleza de los tiempos, unos donde el futuro luce amenazador y ante el cual se debe tomar en serio la posibilidad de una catástrofe ecológica o atómica que ponga fin a la historia humana.

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En la etapa de expansión sin barreras del capitalismo global del siglo XIX la “diplomacia de las cañoneras” o gunboat diplomacy fue practicada con gran éxito y entusiasmo por las potencias europeas y Estados Unidos para abrirse mercados e imponer las condiciones del intercambio en Asia y África. El ejemplo clásico fueron las “guerras del opio” del siglo XIX (1839 a 1860) en virtud de las cuales Inglaterra seguida por Francia y luego por Estados Unidos y Rusia obligaron a China a abrirse a un intercambio comercial más allá del opio, pero en términos de desigualdad. Pues bien, hoy el Estados Unidos de Donald Trump pareciera dispuesto a sustituir la “diplomacia de las cañoneras” por la “diplomacia de las tarifas” pero manteniendo invariable el espíritu imperial original.
Trump aún no toma posesión como presidente reelecto de Estados Unidos y ya está poniendo en marcha una agresiva “diplo-macia de tarifas”. Y como fue el caso de su primera presidencia, en el arranque ha elegido a México más Canadá y China para amenazar con aumento de tarifas arancelarias a sus exportaciones al mercado estadunidense si no cooperan en los términos que él demanda para impedir el paso de migrantes indocumentados y de drogas prohibidas. Según la revista Rolling Stone, en el equipo de Trump se ha discutido incluso la posibilidad de llevar a cabo incursiones en México (¿“inva-siones suaves”?) para atacar directamente a los carteles de narcotraficantes (Rolling Stone en español, 29/11/2024). Este primer movimiento de la “diplomacia de las tarifas” incluyó la advertencia a los países (BRICS) que ame-nazan con sustituir el dólar con otras monedas que sirvan de reser-vas internacionales de imponerles aranceles del 100% si siguen ade-lante con su proyecto de desdo-larización.
La respuesta de la pre-sidenta mexicana a las amenazas men-cionadas ha sido ejemplar: sin dar las muestras de pánico que asumieron las autoridades cana-dienses, ha rechazado los términos del próximo presidente norteame-ricano y en cambio ha propuesto entrar en un diálogo civilizado sobre los temas difíciles y sub-rayado que una guerra de aran-celes terminaría por perjudicar a todos los involucrados.
La “diplomacia de las cañoneras” de inmediato dio buenos resultados a sus autores, pero no a la larga. Las guerras y la humillación debilitaron al régimen chino y metieron a ese país en un proceso de violencia y decadencia política que desembocó en una gran revolución socialista que dio forma al régimen nacionalista y antiimperialista que hoy ha colocado a China como gran potencia y rival de Estados Unidos y que mantiene muy vivo el agravio de la “diplomacia de las cañoneras”, (The Economist, 19/12/2017).
Hoy las encuestas muestran que el 60 por ciento de los estadunidenses tienen una opinión negativa sobre México y entre los republicanos la cifra es de 77 por ciento (Pew Research Center, 12/08/2024). Este es el factor que el trumpismo fomenta y explota al diseñar su política hacia nuestro país. Y es que, a ojos de casi dos de cada tres ciudadanos de ese país, México es responsable de las muertes por sobredosis de fentanilo entre los jóvenes estadunidenses, de la “invasión” de indocumentados y del “robo de empleos” por la apertura o traslado de plantas industriales al sur del río Bravo (el caso de la planta de Stellantis en Saltillo es el ejemplo más reciente). Vista desde esa perspectiva, Trump es la solución.
¿Qué hacer? De entrada, insistir en la defensa de la soberanía y argumentar aquí y allá con datos duros que, dado el alto grado de integración de la economía mexicana con la norteamericana, el alza de aranceles o la deportación masiva de trabajadores indocumentados significaría una pérdida neta de utilidades, de empleos, de ingresos fiscales y de poder de compra en Estados Unidos, (véase a Viri Ríos, Milenio, 02/12/24). Ejemplos puntuales reforzarán la posición mexicana. El 80 por ciento de la cerveza que importa Estados Unidos proviene de México y los aranceles signi-ficarían un aumento de precios al consumidor de entre 4 y 12 por ciento. El 97 por ciento de la cebada malteada norteamericana va al mercado mexicano y finalmente Constellation Brands, la principal exportadora de cerveza mexicana al país del norte tiene su casa matriz en Rochester, Nueva York.
La mejor defensa de un país con pocos instrumentos de poder y que es vecino de la mayor potencia imperial es no tener flancos internos débiles. La defensa interna descansa en un gobierno con legitimidad, con apoyo ciudadano evidente y una estructura institucional sólida y eficaz. Hoy México tiene un régimen legítimo y con respaldo electoral probado pero su estructura institucional heredada del viejo régimen deja aún mucho que desear pues sigue minada por la corrupción y la ineficacia lo que le impide tener un control efectivo de sus fronteras y de zonas completas de su interior.
Hoy por hoy el mayor Talón de Aquiles de nuestra soberanía es la corrupción y las evidentes fallas de las instituciones encargadas de mantener la seguridad y el orden interior. Es en este campo donde se debe actuar para no darle justificaciones a la ferocidad imperial trumpista.

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La celebración por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana tuvo un doble propósito: enfatizar el advenimiento de una nueva etapa en México de la lucha feminista por la igualdad efectiva al punto que una mujer ya es hoy la presidenta de la República; e insistir en que justamente ese nuevo gobierno tiene como una de sus fuentes de inspiración el gran movimiento de rebeldía que estalló en 1910 contra un sistema abiertamente oligárquico y de notable desigualdad social. Resaltar en la celebración los movimientos feministas en Yucatán durante los gobiernos revolucionarios de Salvador Alvarado –norteño– y de Felipe Carrillo Puerto –yucateco– conjuga bien los dos temas.
Es de notar que la Revolución Mexicana fue dada por muerta o superada más de una vez para luego resucitar tanto en el discurso como en la puesta en marcha de proyectos políticos –exitosos unos fallidos otros– a lo largo de más de un siglo.
En los cien años y pico transcurridos desde que una gran rebelión nacional destruyó el régimen porfirista, algunas de las razones que llevaron a ese notable estallido social desembocaron en cambios de fondo casi de inmediato: la disolución del ejército de la dictadura, la promulgación de una Constitución que desapareció las odiosas jefaturas políticas, reafirmó con fuerza el carácter laico del sistema político, adoptó la no reelección presidencial para abrir el camino a la renovación sistemática de la élite política, pero sobre todo abrió las puertas a la reforma agraria, al movimiento sindical y a la recuperación del control nacional de los hidrocarburos.
Todo lo anterior desembocó, entre otras cosas, en la desestructuración de la oligarquía porfirista. Por otra parte, si bien el poder político del gran capital nacional y extranjero menguó, las relaciones de clase y la estructura social no se transformaron tanto como el discurso revolucionario habría hecho suponer. La democracia política anunciada en el lema “sufragio efectivo” simplemente se mantuvo como promesa a cumplir en un futuro indefinido, la corrupción no amainó, la justicia siguió comprándose y la mezcla de cooptación y represión de los inconformes fue la fórmula que realmente funcionó en la política real.
La desaparición de Porfirio Díaz no significó la desaparición de la presidencia con poderes metaconstitucionales sino todo lo contrario, pues la emergencia de un gran partido de Estado de masas dotó al Poder Ejecutivo de un nuevo instrumento de control. Con el correr del tiempo todo lo anterior desembocaría en un sistema político tan lejano a la democracia como el viejo régimen, aunque más plebeyo y con una mayor base social.
Fue esa persistencia de rasgos propios del régimen prerrevolucionario, aunque mezclados con cambios y con un discurso revolucionario, lo que para los 1930 llevó a un buen número de observadores y activistas de izquierda a considerar como poco relevante o de plano fallecida a la Revolución Mexicana. De ahí que la acentuación del “gran viraje” hacia la derecha del régimen a partir de 1940 una y otra vez los inconformes recurrieran a las raíces del magonismo, zapatismo o del villismo para condenar ese viraje y demandar la recuperación del espíritu de justicia social generado por las promesas incumplidas de la Revolución.
La primera y más notable resurrección del espíritu revolucionario tuvo lugar en los 1930 y fue obra de alguien que fue actor de esa revolución: el general Lázaro Cárdenas quién desde la presidencia intentó su renacimiento. Ese intento concluyó con el final mismo del sexenio cardenista. Fue ya desde la oposición al régimen postrevolucionario, a la sombra de la Guerra Fría y de una revolución vecina –la cubana– que la guerrilla de Ciudad Madera, los slogans del movimiento estudiantil del 68 y los diversos movimientos armados rurales y urbanos de los 1970, donde la Revolución Mexicana –esa que Adolfo Gilly calificó de “la revolución interrumpida”– volvió a ser fuente de inspiración para los inconformes. El estallido en Chiapas en 1994 de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue otra coyuntura donde la inconformidad rural e indígena hizo resurgir al espíritu del proyecto zapatista original para justificar tanto la rebeldía armada contra el neoliberalismo como la propuesta de una reorganización social anticapitalista.
La 4a Transformación (4T) encabezada por Andrés Manuel López Obrador y Morena como movimiento y partido en el poder desde finales de 2018 reelaboró otra visión de la Revolución Mexicana –la lopezobradorista– para devolver al sector público, a sus grandes empresas y a una red de programas sociales la responsabilidad de encauzar las energías de lo público con el leitmotiv “por el bien de todos, primero los pobres.”
La conmemoración del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que tuvo lugar en la capital y todo el discurso que la envolvió indican que Claudia Sheinbaum seguirá manteniendo al movimiento de rebelión que en 1910 encabezara Francisco I. Madero como una de las brújulas –la histórica– que permiten entender la naturaleza del presente mexicano y la propuesta de futuro.

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Lorenzo MeyerSir Niall Ferguson es un historiador nacido en Escocia recién nombrado caballero por el rey de Inglaterra y que reside en Estados Unidos. Es autor de 15 volúmenes y docenas de capítulos y artículos sobre imperios, guerras, grandes fortunas y biografías y con cátedras en Harvard y la London School of Economics. Como historiador pareciera no encontrar virtud en temas de corto alcance, sino que prefiere grandes temas y generalizaciones e incluso ha propuesto una “ley Ferguson” con relación a los déficit económicos de las grandes potencias y su auge y declinación.
Algunas de las generalizaciones y propuestas de este historiador conservador pueden resultar difíciles de probar y aceptar, pero siempre son argumentadas de manera inteligente, despiertan la imaginación e invitan al debate. Tal es el caso una de sus últimas propuestas presentada como pregunta en una conferencia que tituló Are we living in late ‘late Soviet America’? (disponible en YouTube).
Como se sabe, al norte del río Bravo “América” es sinónimo de Estados Unidos y por tanto el asunto es determinar si esa gran potencia está entrando en una etapa histórica que comparte rasgos con el proceso que ya se vivió en la URSS un par de décadas antes de su disolución en 1991. Ferguson acepta que a primera vista la pregunta resulta contraintuitiva pues la economía norteamericana está creciendo a un ritmo anual no espectacular pero aceptable: 2.9% en 2023. Sin embargo, resulta que esa cifra es engañosa porque es un crecimiento sostenido por “esteroides fiscales y monetarios”, es decir en un déficit fiscal del 6.4% del PIB (2024). Y es que Estados Unidos es el país con la mayor deuda pública del mundo. Desde 2012 su deuda rebasó el 100% del PIB y en 2023 ya fue del orden de 118.7%. Si las grandes empresas estatales soviéticas de los 1970 y 1980 no eran eficientes hoy la economía norteamericana, aunque crezca, tampoco lo es. Y según la “ley de Ferguson” la historia muestra que cuando una potencia gasta más en el servicio de su deuda que en su ejército se encamina a de dejar de ser potencia. Hoy Estados Unidos sostiene un gasto militar equivalente al 3.5% de su PIB (2022) pero su déficit fiscal es casi el doble.
Otro indicador que hace semejantes a la desaparecida URSS y al Estados Unidos de hoy es el carácter gerontocrático de sus clases políticas lo que en ambos casos dio como resultado una gran diferencia de percepciones de la realidad entre los miembros de la élite y las generaciones más jóvenes. En la URSS el poder lo ejercieron personajes que lo retuvieron hasta edades relativamente avanzadas: Stalin, Jrushchov, Brezhnev, Andropov, Chernenko. La relativa juventud del último, Gorbachov, ya no le ayudó gran cosa. En Estados Unidos, Trump y Biden sobrepasan la media de sus antecesores, pero es en el Congreso donde se nota más la distancia que separa a la élite política del ciudadano común.
Al final la distancia entre gobierno y gobernados en la URSS respecto al sistema político era abismal. En Estados Unidos las encuestas de opinión y los resultados de las elecciones muestran la existencia de un fenómeno similar de desconfianza en el arreglo político vigente. El cinismo político que caracterizó al ciudadano soviético frente al discurso del Partido Comunista tiene su contraparte, según Ferguson, en una actitud similar del norteamericano trabajador y sin educación universitaria frente al Partido Demócrata, que alguna vez fue el de las mayorías y que hoy es el partido de la meritocracia, de los que tienen títulos universitarios y que dominan casi por completo la educación superior, las estructuras financieras, los medios de comunicación mientras que el nivel de vida en el fondo de la pirámide social se deteriora en términos de ingreso, salud, educación y ofertas de trabajo –las grandes zonas industriales del pasado hoy son un rust belt o cinturón oxidado.
Ferguson subraya la desmoralización y pérdida de la autoestima de las clases trabajadores y su rencor frente a las élites. En los últimos días de la URSS el alcoholismo entre los varones rusos y las muertes por desesperanza alcanzaron niveles sorprendentes. Las estadísticas norteamericanas sobre alcoholismo, drogadicción y muertes prematuras ya alcanzan niveles similares a los rusos en los sectores socialmente desfavorecidos.
Ferguson busca en esta “sovietización” de Estados Unidos la razón del trumpismo, pero confía en que voces como la suya lleven a la élite norteamericana a percatarse del peligro y logre recuperar la legitimidad perdida. Finalmente, se puede o no estar de acuerdo con el historiador escocés y sus motivos, pero sus argumentos proveen materia para la discusión y la reflexión.

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El concepto “interméstico” sirve bien para subrayar la naturaleza dual de ciertos fenómenos políticos que en principio pueden considerarse exclusivos del ámbito doméstico de un país pero que evolucionan hasta convertirse también en asuntos de carácter internacional o viceversa.
En la coyuntura actual México y su gobierno se enfrentan a una problemática compleja en su relación externa más importante y determinante: la que mantienen con Estados Unidos. Y en este campo sobresalen los temas intermésticos: fenómenos que emergieron por causas internas y evolucionaron hasta transformarse en serios problemas bilaterales.
El ámbito internacional mexicano lo ocupa casi por entero su relación con la gran potencia del norte. Es ahí donde cobran relevancia temas como la concentración del intercambio comercial, la migración o el trasiego de drogas y armas. El primero tiene como disparador la diferencia de oportunidades de empleo bien remunerado para el trabajo manual no calificado y una variante del mismo fenómeno se repite en el ámbito del narcotráfico: la existencia de un gran mercado de drogas prohibidas en Estados Unidos hizo surgir en México zonas enteras donde, a falta de mejores alternativas y aprovechando las debilidades de las estructuras de gobierno, en zonas aisladas y deprimidas surgieron y crecieron organizaciones al margen de la ley para proveer al mercado norteamericano de sustancias prohibidas lo que ha llevado a Washington a declararlas como un peligro para la salud pública y la seguridad nacional de ese país.
La lista de problemas intermésticos en la relación México-Estados Unidos también incluye al agua pues las demandas de la agricultura del norte mexicano han llevado a que nuestro país no cumpla a cabalidad con las entregas del líquido a Estados Unidos según los términos de un tratado de aguas firmado en 1944. Por otra parte, el llamado nearshoring o traslado de fábricas o partes de los procesos de fabricación de Estados Unidos a México –central en el intercambio comercial entre ambos países– es presentado por sus críticos al norte de la frontera como un “robo de empleos” a los trabajadores norteamericanos y que ha deprimido regiones completas de su país: el infame rust belt.
La lista de temas y problemas de naturaleza interméstica en la agenda México-Estados Unidos puede ampliarse con la posibilidad de imponer aranceles prohibitivos a bienes procedentes de México, pero lo importante es que en una coyuntura dominada por el discurso desbordado de Donald Trump y donde el control del trumpismo sobre los poderes Legislativo y Judicial de Washington es completa, México se está convirtiendo en gran chivo expiatorio de la derecha extrema de ese país y que parece decidida a responsabilizarlo de males cuya raíz profunda está dentro de sus fronteras. Esta visión, conjugada con la enorme asimetría de poder entre las dos naciones, ha conducido a que los mexicanos y otros extranjeros indocumentados sean vistos como objetivos legítimos de planes para llevar al cabo grandes redadas y expulsiones masivas apoyadas por el 88 por ciento de los votantes de Trump y que afectarían a una comunidad de más de 11 millones de personas de las cuales más de 2 millones son mexicanas (datos del Pew Research Center).
Y ya está formado y anunciado el equipo que se encargará de sellar la frontera con México y proceder a lo que se planea que será la mayor deportación de la historia norteamericana. Tom Homan, que considera a las deportaciones como “a long awaited job” (una tarea largamente pospuesta) será el “zar de la frontera”; se trata de un ex policía, ex miembro de la Patrulla Fronteriza y ex responsable del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). También está en el equipo Stephen Miller, el “cerebro” detrás de la idea de levantar un muro fronterizo con México y de llevar a cabo deportaciones masivas de indocumentados. El Departamento de Estado lo conducirá el senador por Florida Marco Rubio que en 2022 acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haber entregado a México a los narcotraficantes. Kristi Moem, gobernadora de Dakota del Sur, que movilizó a su Guardia Nacional para “defender la frontera sur” en Texas estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la revista norteamericana Politico en abril de 2013 Trump llegó a plantear la posibilidad de usar misiles contra sitios de concentración de narcotraficantes en México e incluso enviar ahí fuerzas especiales (La Jornada, 11/04/2023).
No es imposible que las ideas de intervención directa en México vuelvan a circular en la Casa Blanca sin importar que la última vez que Washington intentó resolver de esa manera la captura de Villa en Chihuahua –1916–, fracasara por completo. Ojalá que la complejidad misma de intentar resolver a la manera imperial y brutal la relación con México lleve al trumpismo a moderarse. En cualquier caso, debemos prepararnos para tiempos difíciles como resultado de los procesos internos de la gran potencia vecina y sobre los cuales tenemos poca o ninguna influencia.

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Cualquier proceso de cambio de régimen político –­definido éste como el conjunto de reglas formales e informales que efectivamente rigen las acciones de poder que determinan la distribución de los valores materiales y simbólicos de una sociedad– repercute en el tono y contenido del intercambio de ideas y opiniones de esa sociedad.
En los tiempos que corren el ambiente mexicano se ha ido crispando en la medida en que ha tomado forma y contenido la modificación de la naturaleza del régimen político que se conformó tras el triunfo de los líderes revolucionarios sonorenses en los 1920. La aparición del neocardenismo en 1987 obligó a dar contenido a las elecciones y poner fin al partido casi único. Finalmente, las elecciones en nuestro país ya ofrecen opciones significativas al elector y sus resultados son creíbles. Este proceso también ha llevado a que el diálogo político involucre cada vez a más participantes que provienen de ámbitos que antes eran casi indiferentes en este campo y con intereses contradictorios y que emplean lenguajes notoriamente provocadores. Por tanto, este diálogo se ha hecho más vivo, pero también más ríspido por incorporar voces e intereses que antes estaban ausentes o silenciados.
Cuando la oposición de izquierda obtuvo en 2018 la victoria en elecciones nacionales realmente competidas y que arrojaron resultados libres de sospecha, se acentuó el carácter áspero del diálogo entre la izquierda en ascenso y la derecha que defendía la esencia del estatus quo. Y como era de esperar tras las elecciones de junio de 2024 que reafirmaron la propuesta de la izquierda para persistir en el cambio de régimen, el tono de las descalificaciones ha ido en aumento. Hoy la oposición sostiene que el cambio de reglas y prioridades en el sistema político que impulsan los gobiernos de Morena y sus aliados implican que México va rumbo a, o que de plano ya vive en la militarización y en la dictadura gracias a elecciones que si bien no fueron fraudulentas sí fueron “elecciones de Estado”. Desde el lado de Morena se acusa a la oposición de intentar generar artificialmente un clima de alarma y crisis para defender intereses ilegítimos y antipopulares creados bajo el viejo régimen, notablemente en su etapa neoliberal, y lo que no pudo ganar en las urnas hoy pretende lograrlo mediante la lawfare o “guerra legal” empleando a fondo su control casi total sobre los medios de información, aprovechando su influencia en el sistema judicial –un reducto del viejo sistema dentro del aparato de gobierno– su cercanía con la prensa y la inversión extranjeras y destinando grandes sumas a hacerse presente en las redes sociales, y buscando el apoyo de los organismos internacionales donde la influencia del gobierno norteamericano y sus intereses ha sido constante desde su creación.
Por mucho tiempo los temas de la “alta política” interesaban poco al ciudadano de a pie pues bien sabía que su opinión o preferencias en ese ámbito eran irrelevantes justamente porque las elecciones carecían de contenido ya que el sistema de partidos no era tal por la existencia de un partido de Estado, el PRI, y por el abrumador dominio de los medios de comunicación identificados plenamente con los intereses del hoy viejo régimen.
Sin embargo, poco a poco el mexicano-súbdito se ha transformado en el mexicano-ciudadano y eso ha implicado que el diálogo al nivel de las bases sociales también refleje la rispidez, dureza y descalificaciones que caracterizan a los círculos de los políticos profesionales. Las marchas y sus slogans, las encuestas y, desde luego los resultados electorales, muestran una clara división en la opinión pública respecto de los dirigencias y proyectos del gobierno y los partidos.
Y es en este nivel poblado por los ciudadanos comunes y corrientes –la familia, las amistades, los centros de trabajo– donde también se reflejan con intensidad los intercambios de opiniones encontradas y llenas de pasión, aunque no necesariamente de información.
Con gran regularidad los argumentos de los críticos del gobierno se centran en personas y situaciones del momento –que tal secretario de Estado, gobernador o legislador no es más que un oportuno cambio de chaqueta, que tal funcionario es corrupto o inepto o ambas cosas, etcétera– y por tanto nada ha cambiado y todo ha emporado. Y los ejemplos puntuales de la conversación pueden o no ser verídicos pero el ambiente de irritación y descalificaciones casi no permite argumentar lo importante: que históricamente todo cambio de régimen es un proceso lleno de imperfecciones y contradicciones, que la utopía de los que antes eran oposición y hoy controlan el aparato de gobierno dejó de ser eso, una utopía y se volvió realidad imperfecta pero que finalmente está obligando a la sociedad mexicana a querer que no a ingresar en una nueva etapa en su desarrollo político, a un nuevo régimen con banderas más justas que las del pasado reciente.
Ningún proyecto de nación sobrevive intacto a su choque con la realidad. En el proceso experimenta deformaciones y en algunos casos fracasos, pero no por eso deja de tener sentido y efectos el intento. Y sí, la reforma judicial en marcha quizá no logre lo que se propone –“primero los pobres”– pero la historia de la estructura que va a reemplazar simplemente es indefendible éticamente. Ahora bien, los desplazados y la oposición está más que dispuesta a señalar o inventar fallas y por hora es inevitable la prolongación o agudización de la rispidez de nuestra vida política y su reflejo en la vida cotidiana.

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El cambio de régimen que está en marcha en nuestro país es pacífico pero si se invierten los términos de la definición de guerra de Carl von Clausewitz entonces se puede decir que la confrontación entre la 4ª Transformación (4T) y la derecha es la guerra por otros medios.
La reforma al Poder Judicial (PJ) es actualmente el frente más activo de la lucha política que se libra en México. Se trata de una especie de guerra de retaguardia donde el viejo régimen se retira peleando.
Por no haber sido la renovación del PJ parte de los procesos electorales del 2018, éste se ha convertido en un enclave del viejo régimen que obstaculiza las reformas impulsadas primero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora por el de Claudia Sheinbaum. En las elecciones intermedias de 2021 Morena y sus aliados volvieron a imponerse, pero sin alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para desde ahí seguir dando forma a nuevas reglas. En esas condiciones la oposición optó por la guerra de retaguardia: votar contra todas las iniciativas de la 4T. Esa “política del no” tuvo cierto éxito, pero las elecciones de 2024 le pusieron fin.
Tras su victoria con el 60% de los votos Claudia Sheinbaum se propuso seguir con la reforma del PJ para neutralizar su carácter de enclave del viejo régimen. Y ya con mayoría absoluta en el Congreso Morena no recorrió la vía ya abierta por Ernesto Zedillo en 1994 –jubilar a toda la Suprema Corte y reducir su membresía de 26 a 11– sino que siguió el camino trazado por AMLO, uno novedoso incluso a nivel mundial: el del voto ciudadano.
La reforma constitucional que se aprobó el 15 de septiembre obliga a que el conjunto de miembros del PJ –ministros de la SCJN, el Consejo de la Judicatura, magistrados del TEPJF y magistrados y jueces de distrito– sean electos por el voto popular si cumplen los requisitos como candidatos y ganan un sorteo. El proceso se llevará por etapas e involucrará a más de mil 600 cargos judiciales que al asumir sus puestos tendrán una base de legitimidad similar a la que poseen la jefatura del Poder Ejecutivo y los legisladores, es decir, por mayoría de votos. Y es que por haber logrado en las urnas una mayoría calificada en el Congreso y los gobiernos de 24 estados Morena y a sus aliados pudieron reformar la Constitución para hacer realidad una reforma al PJ justamente en los términos propuestos por la izquierda.
Aquí conviene subrayar que de tiempo atrás AMLO había sugerido al PJ que fueran los propios miembros de ese poder quienes propusieran y discutieran los términos de una reforma que pusiera al PJ a tono con los cambios que estaban teniendo lugar en el entorno político mexicano, pero la propuesta no fue oída. También AMLO planteó que siguiendo el ejemplo presidencial y de la alta burocracia, el PJ redujera sus exagerados altos salarios y prestaciones para que cumplieran con la disposición constitucional que prohibía a los funcionarios públicos recibir una retribución mayor a la que recibía el presidente. El PJ hizo oídos sordos a la sugerencia.
Finalmente, el gran trasfondo de la reforma judicial que se echó a andar se encuentra en la larga historia de corrupción e ineficacia del PJ. Entre otros factores fue justamente esa historia la que llevó en 1994 a Luis Donaldo Colosio a incluir en su discurso de toma de protesta como candidato presidencial del PRI la frase “Veo un México con hambre y sed de justicia”. El PJ tampoco hizo mayor esfuerzo por apagar esa hambre y sed, al contrario.
Casi en su totalidad, el PJ ha rechazado la reforma judicial y en esa actitud ha contado con el apoyo del conjunto de la oposición de derecha –PAN, PRI, MC, el grueso de los medios de información convencionales más algunos del extranjero y un buen número de académicos e intelectuales– e incluso con el apoyo indirecto, pero claro de miembros de la iglesia católica y del propio embajador norteamericano. Ese conjunto de actores ha montado una conspicua reprobación de la reforma al PJ, pero hasta ahora no ha podido conseguir un respaldo significativo en la opinión pública.
La guerra de retaguardia en el campo del PJ produjo el lanzamiento de una verdadera lluvia de amparos para anular la reforma. El más notable provino de una jueza –Nancy Juárez Salas– que sin más ordenó borrar del Diario Oficial el texto de la reforma so pena de proceder por desacato contra la propia presidenta. La respuesta presidencial fue clara y contundente: la reforma se mantendrá en pie porque el artículo 61 de la ley de amparo señala que ese instrumento no procede en caso de reformas a la Constitución. No deja de ser irónico, como lo observaron algunos medios, que ese artículo tiene su origen en una propuesta priista de 2012 para evitar que la izquierda usara al amparo para echar abajo la reforma energética de Peña Nieto.
La reforma judicial aún debe enfrentar la prueba de la realidad, pero hoy por hoy no pareciera que la guerra de retaguardia de la derecha pueda echarla para atrás.

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Y bueno ¿hacia dónde nos podemos encaminar los mexicanos como sociedad nacional?
Una preocupación tan vieja como la humanidad ha sido la búsqueda de fórmulas para predecir futuros personales o colectivos. Se ha intentado conocer lo que vendrá lo mismo escudriñando en los astros que en las entrañas de los animales, en textos sagrados o en la palma de una mano. Y la búsqueda continúa, pero por ahora, y en la medida en que aún se tiene confianza en poder vislumbrar lo que nos espera, esta confianza se deposita con cautela en la ciencia. Desafortunadamente las teorías de la organización social y en materia de predicción tienen problemas serios, para empezar la imprecisión de sus conceptos lo que dificulta en extremo la prueba de las hipótesis. Por tanto, en el examen de los fenómenos sociales, en particular en el campo de la política, las predicciones no pasan de ser meras probabilidades basadas en datos que con frecuencia son “blandos” y que se mezclan con prejuicios.
Como sea, para tratar de hacernos una idea de hacia dónde pudiéramos ir como sociedad tenemos que partir de preguntarnos de dónde venimos y en donde nos encontramos, que en sí mismo ya es debatible pues toda evaluación del pasado y del presente contiene una buena dosis de subjetivismo y de zonas grises o de plano obscuras. Pero no hay alternativa y es mejor intentarlo porque en algo puede alumbrar el camino por donde vamos a marchar.
La nuestra es una sociedad capitalista y dependiente y las variantes de las teorías de izquierda en torno a la evolución del capitalismo tienen un tronco común que sostiene que las contradicciones de ese sistema son insalvables y que tarde o temprano tiene que llevarle a crisis económicas y sociales más o menos profundas y no ajenas a la violencia revolucionaria que, a su vez, desembocaría en algún tipo de socialismo. Y según las visiones más radicales, desde el socialismo se podría empezar a avizorar el comunismo y el inicio, por fin, de la utopía: una auténtica nueva etapa civilizatoria que sería el arranque de la verdadera historia de la humanidad.
La derecha más ilustrada y optimista concibe el futuro de otra manera: como el triunfo definitivo y universal del capitalismo democrático. La implosión de la URSS y la transformación de China en semi capitalista eliminaron la alternativa del “socialismo real” como antesala de una futura sociedad sin clases ni Estado, es decir la utopía. Esta interpretación del capitalismo triunfante tuvo –o tiene– en Francis Fukuyama a un teórico muy sofisticado. Para este profesor de Stanford la evolución de las sociedades, desde las de los primates hasta las propiamente humanas muestra que la economía capitalista enmarcada en un sistema político realmente democrático e incluyente puede llevar a un “fin de la historia” tal como la hemos vivido para inaugurar una nueva eran, una donde la gran tarea sea el perfeccionamiento de lo ya logrado –el capitalismo democrático– y extenderlo a todos los rincones del planeta.
Según esta última visión, en el horizonte del capitalismo futuro desaparecerán o se limarán sus rasgos más brutales y se impondrán, vía políticas democráticas, frenos a la degradación de la naturaleza, sistemas fiscales que reviertan la actual tendencia a la acumulación desmedida y antisocial de la riqueza con el consiguiente aumento de la desigualdad y de la violencia en los ámbitos nacionales e internacional.
En este primer cuarto del siglo XX la izquierda mexicana no acepta la versión optimista de un capitalismo benigno futuro, pero tampoco ofrece una alternativa teórica clara y práctica frente al conjunto de reglas y mecanismos del capitalismo triunfante. A nivel global y en el mundo de la post Guerra Fría, Estados Unidos aparece como la superpotencia dominante con una China en ascenso y que poco a poco se ha desprendido de su esencia socialista, aunque no de la autoritaria.
En términos generales la izquierda mexicana, especialmente la que hoy está en el poder, no puede operar bajo la premisa de prepararse para un futuro post capitalista próximo. El realismo obliga a esa izquierda suponer que guste o no y por un tiempo indefinido México tendrá que aceptar a nivel local e internacional que las reglas de su economía seguirán siendo las del mercado. Con esta premisa la meta debería ser emplear a fondo todos los instrumentos del poder democrático a su disposición, sea ya como gobierno o como partido y movimiento y expandir al máximo los servicios públicos, hacerlos de calidad y usar su poder para limitar los innegables efectos socialmente dañinos del sistema de economía de mercado, como la explotación desmedida de la naturaleza y de las clases trabajadoras.
Finalmente, el elemento ético en el ejercicio del poder y de toda la actividad política debe de ser el distintivo de la política de izquierda y rasgo fundamental de su discurso y de su práctica. En la ética de la 4T, en su concepto de “humanismo mexicano” debe mantenerse como factor moral de contraste frente al capitalismo en cualquiera de sus modalidades.

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