La mala suerte. Pues resulta que en nuestro continente ha reemergido una maldición: la de pretender que toda la América sea zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, al menos así se asienta en la National Security Strategy o Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), un documento endosado personalmente por el propio presidente Donald Trump.
La ESN, una comunicación de 30 cuartillas de Washington al mundo que anuncia que Estados Unidos se propone mantener su estatus como el gran poder internacional, aunque de manera tangencial admite que sus capacidades para imponer por sí solo sus prioridades en todo el orbe ya no son lo que fueron tras ganar la guerra fría. Ante las realidades de Asia y Europa los estrategas de Trump han decidido rediseñar un tanto sus viejos planes, pero por lo que hace al hemisferio occidental Estados Unidos informa que está decidido a mantenerlo como una región de su exclusiva competencia y donde el juego interno y externo del poder será definido por Washington y por nadie más. Y ese “nadie más” incluye no sólo a actores extracontinentales sino también a todos los países del propio continente –una columna de opinión de Steven Simon y Jonathan Stevenson en el New York Times [08/12/2025] explora de manera sucinta las implicaciones de esta posición.
En su introducción al ESN Trump no tiene empacho en asentar, entre otras cosas, que se propone resucitar de entre los muertos a la llamada Doctrina Monroe (DM). De esta manera el mandatario asume sin mediar acuerdo o consulta alguna con los implicados, que es legítimo que América Latina, Canadá y El Caribe sean vistos como regiones de dominio político y económico exclusivo de Estados Unidos. De aceptarse explícita o implícitamente esa posición de Trump entonces la soberanía nacional de 34 de los 35 países que conviven en el continente dejará de ser considerada como una de sus características para convertirlos en meros administradores de un poder que en última instancia reside en Washington.
¿Pero qué es la DM? Si por doctrina se entiende un sistema de creencias que pretende tener validez general, entonces lo enunciado por el presidente norteamericano James Monroe el 2 de diciembre de 1823 en el mensaje a su Congreso no es una doctrina sino apenas un pronunciamiento unilateral frente a hipotéticos proyectos de reconquista de la América española que entonces circulaban en las cancillerías europeas.
La esencia de la DM era subrayar que Estados Unidos, pese a no ser entonces una potencia, se proponía observar una regla muy simple: ese país no tomaría partido en las interminables disputas europeas, pero a cambio demandaba que Europa no intentara recuperar el control de los países americanos. Originalmente, Monroe y su secretario de Estado supusieron que tamaña declaración sólo tendría sentido si Inglaterra la respaldaba con su flota, pero al final optaron por lanzarla en solitario y las potencias europeas simplemente no se dieron por aludidas.
Una década más tarde Inglaterra se apoderó de las islas Malvinas y Estados Unidos no chistó y en los 1860 Francia se lanzó sobre México sin tomar en cuenta a unos Estados Unidos que tenían una guerra civil entre manos. Sólo hasta que Estados Unidos alcanzó el estatus de potencia a fines del siglo XIX la DM fue rescatada por Washington. Fue entonces cuando el primer presidente Roosevelt (Theodore) formuló un “corolario” que explícitamente asentó que Estados Unidos era el único país autorizado para intervenir en los asuntos internos de los países vecinos ya que los que consideraba como su zona de influencia. Diez años más tarde y a raíz de la Revolución Mexicana y de la I Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson, sin acudir a ninguna “doctrina” o “corolario”, impuso la hegemonía norteamericana al sur del Bravo, empezando por México.
Trump y el segundo “corolario”. Pues bien, con la publicación de la ESN en noviembre de 2025, Trump anunció que su objetivo final en política exterior es “asegurar que Estados Unidos se mantenga como la nación más grande y exitosa de la historia humana y que albergue en su seno la libertad. En los años por venir… haremos a América [Estados Unidos] más segura, más rica más libre, más grande y poderosa que nunca”.
Y por lo que se refiere concretamente a nuestro continente, la ESN anuncia lo que llama un nuevo “Corolario Trump” y que este reza así: “Tras años de descuido los Estados Unidos se propone recuperar y aplicar la Doctrina Monroe para restablecer su preeminencia en el hemisferio occidental y proteger así a nuestro país lo mismo que mantener nuestro acceso a puntos geográficos estratégicos en la región. Negaremos a nuestros competidores de fuera del hemisferio la capacidad de estacionar fuerzas o erigir estructuras que les den la capacidad de amenazarnos y de obtener la propiedad o el control de recursos estrátegicos vitales en nuestro hemisferio”.
De las líneas anteriores y que obviamente hoy están dedicadas a China, se deduce que Estados Unidos se propone “recuperar” un derecho que nadie le ha otorgado pero que se deduce de una “doctrina” hemisférica que sólo Washington considera que es tal, es decir, que supuestamente constituye un conjunto de ideas u opiniones políticas, sustentadas por su gobierno para aplicarlas en todo un continente como si ese gobierno fuera el legítimo detentador de la soberanía de los 35 países del hemisferio, lo que no es para nada el caso.
Quien sabe hasta donde y por cuanto tiempo los Estados Unidos de Trump insistan en imponer su “corolario” como lo están intentando ya en Venezuela y que amenaza con desembocar en un cambio de gobierno vía una invasión externa. Quién sabe si incluso pueden intentarlo contra un México que se resiste a caminar por la senda de la derecha como ya lo hacen otros países y otros electorados de la región. En cualquier caso, hay que estar preparados para, llegado el caso, reactivar el nacionalismo mexicano y defender la soberanía frente a las pretensiones de un inaceptable corolario Trump y de una igualmente inaceptable “doctrina”.

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AGENDA CIUDADANA

La esencia del juego suma cero es clara: lo que un jugador gana es lo que el otro pierde. Desde la perspectiva de Washington ese es justamente el tipo de relación política que hoy tiene con China, de ahí la hostilidad del presidente Donald Trump hacia la potencia asiática.
En 2024 el PIB de China, país con alrededor de 1,410 millones de habitantes, creció al 5.4% anual en tanto que el de los 340 millones de norteamericanos lo hizo a sólo la mitad: 2.8% ¿A dónde puede conducir esta dinámica?
Seguir de cerca la competencia y confrontación de las grandes potencias es siempre un gran espectáculo. Su movimientos y choques se asemejan en algo al de los gladiadores en el circo romano, pero con una gran diferencia: hoy y con frecuencia la sangre que puede correr la derraman no los actores centrales sino los periféricos. Y es que un choque directo entre las potencias atómicas puede llevar a la hecatombe nuclear mundial. Es por eso si en el pasado las grandes potencias nunca descartaban la posibilidad de enfrentarse directamente, en esta era atómica recurren al uso de peones y en teatros periféricos. Ejemplos de lo anterior no escasean: la guerra civil en Grecia (1946-1949), la de Corea (1950-1953), el conflicto por el canal de Suez (1956) y docenas de otros eventos como golpes de Estado o de guerras civiles intervenidas por una o ambas de las potencias dominantes como ocurrió en Guatemala (1954), el Congo (1960-1965), Angola (1961-1975), en la crisis de los misiles en Cuba (1962), en el golpe militar en Chile (1973), en la guerra de los Balcanes (1991-2001).
El sistema de poder internacional que provocó las dos guerras mundiales del siglo XX estaba influido por los intereses de varias potencias europeas más los de Estados Unidos y Japón. En aquella coyuntura China fue apenas una ex potencia histórica y el objeto del deseo del imperio japones y de su proyecto de hegemonía: “La Esfera de Coprosperidad Asiática”. A partir de la derrota de la Alemania nazi y sus aliados el sistema mundial fue diferente al multipolar de la época de entreguerras. Esta vez se trató de uno dominado por sólo dos poderosos: Estados Unidos y la URSS y cuya rivalidad llevó a una larga “Guerra Fría” entre ellas, pero con numerosos choques calientes en las periferias. En esa bipolaridad en tensión permanente una China pauperizada y en reconstrucción como resultado de su lucha contra Japón -China había sufrido alrededor de 20 millones de bajas civiles y militares entre 1937 y 1945- apenas si fue tomada en cuenta.
La bipolaridad anterior llegó abruptamente a su fin en 1991 con la desaparición de la URSS. Inevitablemente a ese sistema con dos polos lo sustituyó un sistema con un indiscutible centro en Washington. Sin embargo, ese arreglo de unos Estados Unidos super dominante pareciera estar llegando a su etapa final. El momento cumbre de este período en el que aún nos encontramos lo simbolizó el lanzamiento encabezado por dos intelectuales públicos de derecha norteamericanos –Robert Kagan y William Kristol– que desde Washington y en 1997 anunciaron con gran confianza y entusiasmo un Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Sin embargo, ese proyecto que pretendía trazar las grandes líneas políticas que iban a permitir mantener la supremacía norteamericana por cien años más ¡sobrevivió apenas una década ¡pues en 2006 desapareció y quedó claro que desde su inicio tal pretensión estaba fuera de contexto.
En la actualidad ya es posible afirmar que China ha alcanzado el estatus de superpotencia y eso inaugura una nueva etapa de bipolaridad. En la llamada “guerra de los aranceles” que le ha declarado el presidente Donald Trump al mundo se anunciaron tarifas a China ¡¿del 140%?! Como sabemos al final Washington simplemente se vio obligado a desistir de su empeño y aceptar la derrota.
En un ensayo reciente en el New York Times titulado “El momento en que China demostró que había logrado paridad con Norteamérica” (The Moment China Proved It Was America’s Equal (11/19/25), Rush Doshi, un experto en China y que fue miembro del Consejo de Seguridad del presidente Biden, sostiene que Washington ya necesita de aliados para mantener la política de competencia con China pues por sí solo no podrá imponerse sobre un país que va acumulando poder económico a una velocidad sorprendente. Lydia Polgreen, otra experta en el tema llega a la misma conclusión y en el mismo diario, aunque desde esta perspectiva: China ¡busca “usurpar” el lugar que “por derecho” le corresponde a Estados Unidos: mantenerse a la cabeza del mundo! (11/21/25). En fin, que ya es notorio que Estados Unidos ya tiene compañía en la cúspide de la pirámide del poder mundial.
Estilos muy diferentes. Como lo ha subrayado un reconocido experto en los procesos de globalización, el economista y profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, China en su historia milenaria solo excepcionalmente buscó invadir y colonizar a sus vecinos. El enorme y unificado imperio chino no fue imperialista al estilo de Europa o de Estados Unidos porque, entre otras cosas, sus recursos humanos y naturales lo hicieron autosuficiente por milenios. Las tres pequeñas carabelas de Colón que inauguraron la globalización del imperialismo europeo eran poca cosa frente a la gran flota china de entonces -docenas de grandes barcos de cinco mástiles y que incluían además de varios miles de tripulantes y solados hasta una biblioteca- comandada por el almirante Zheng He que se hizo a la mar entre 1405 y 1433 y llegó al África y a la península arábiga. Zheng He capitaneó siete expediciones, pero ninguna en plan de conquista y colonización como lo hicieron los europeos en América sino sólo para dar a conocer al mundo la importancia de la civilización y el imperio chinos.
Hasta hoy China con pleno dominio de la tecnología más avanzada pareciera buscar fuera de sus fronteras mercados y materias primas para mantener la dinámica de su economía, pero no necesariamente imponer su modelo económico ni su predominio sobre los procesos políticos domésticos en las sociedades con las que está tejiendo su compleja red comercial.
En conclusión. A querer que no para México y por un futuro difícil de vislumbrar, la influencia del “factor norteamericano” seguirá siendo un elemento determinante de su evolución económica, política, social y cultural. Sin embargo, ya es conveniente empezar a diseñar los futuros posibles para nuestro país a partir de suponer un declive relativo y paulatino de la superpotencia vecina del norte y de la posible formación de una estructura de poder internacional diferente a la actual, una con posibilidades de mayor juego político para actores como México.
Una gran incógnita respecto a los futuros posibles es la pregunta que da título a la columna: ¿la nueva bipolaridad en ciernes será una de tensión permanente al estilo de la vieja Guerra Fría o la potencia en descenso aceptará como inevitable lo que sugiere el título mismo del libro de Emma Ashford First Among Equals, “Primero entre iguales”, (2025). La dinámica del ascenso actual de China permite suponer que ese primer lugar que hoy Estados Unidos tiene y sostenido sobre todo por su poder militar pero ya no por el económico y científico, puede cambiar y que el futuro de largo plazo del sistema mundial ya no será tampoco de una bipolaridad China-Estados Unidos sino de una multipolaridad compleja y no exenta de peligros.
El primero peligro de la evolución política actual del sistema mundial ya es evidente: Trump y los suyos se están negando a aceptar la realidad y siguen empeñados en actuar como si Estados Unidos siguiera teniendo la capacidad de imponerse sobre el resto del mundo. El caso de la agresividad de Washington frente a Venezuela es el ejemplo actual de la insistencia norteamericana de actuar como director de un mundo que ya no puede ni debe comandar una sola superpotencia.

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El principio. Según el Índice Global de 2025 sobre el Crimen Organizado elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nuestro país ocupa el nada envidiable tercer lugar mundial en presencia y severidad de ese tipo de transgresión. Por otra parte, en la encuesta de junio de este año del Inegi más del 60% de los mexicanos entrevistados dijeron sentirse inseguros en su ciudad. No es necesario seguir buscando más indicadores: es obvio que la inseguridad es un asunto central para la sociedad mexicana y un grave problema a resolver para el gobierno y para la preservación de la legitimidad del régimen.
El tema de la inseguridad es añejo y con altas y bajas a lo largo de los dos últimos siglos. Desafortunadamente, en la actualidad nos encontramos aún en una de las etapas al alza.
Cuando en 1821 el país ganó su acta de nacimiento como independiente ya tenía más de una década de cargar con el problema. Y es que, en los años de lucha a muerte entre los insurgentes y las fuerzas del gobierno virreinal, el antiguo orden sufrió un colapso que llevó a un aumento de la inseguridad en el enorme territorio de la Nueva España. Un territorio que, en sus bordes, especialmente en el norte, la soberanía del Estado nunca había sido muy efectiva. En fin, que el arranque de México como una nueva nación no resultó particularmente afortunado y la situación de desorden interno empeoraría antes de empezar a mejorar.
El México independiente surgió sin contar con un aparato de gobierno de su propia creación y capaz de desempeñar las tareas que teóricamente eran de su responsabilidad: construir a la nación que pretendía gobernar y ser reconocida por la comunidad internacional y reconstruir el orden interno. Esa reconstrucción implicaba, entre otras muchas y complejas tareas, proveer de seguridad y justicia a su dispersa población. La empresa era urgente pero imposible debido a la feroz lucha entre las élites políticas y a una constante falta de recursos fiscales para dar forma a un sistema de seguridad pública medianamente efectivo. Por varias décadas de ese siglo XIX el país sería escenario de una lucha a muerte por la hegemonía entre liberales y conservadores y la seguridad de los habitantes no fue, no podía ser, una prioridad en una nación apenas en las primeras etapas de su construcción.
A la falta de la unidad nacional y de recursos, se deben añadir los efectos de las invasiones extranjeras y ciertas características internas: la pobreza y la notable desigualdad social, la agudización de las diferencias regionales, el estancamiento de la economía tras la caída de la minería de la plata, los movimientos separatistas desde Texas hasta Yucatán, la corrupción y un largo etcétera. Todos esos factores explican el clima de inseguridad en que vivieron los mexicanos en la etapa formativa de la nación.
Finalmente, en 1867 el triunfo definitivo del grupo liberal en la gran guerra civil de entonces permitió la consolidación de un Estado mexicano oligárquico pero viable. Fue entonces que la dictadura liberal de Porfirio Díaz (1876-1911) se propuso, y en buena medida logró, reactivar la economía y generar un ambiente de relativa seguridad en los caminos, pueblos y ciudades. En 1910 la Revolución Mexicana puso fin a la pax porfírica y por un par de décadas la inseguridad fue nuevamente parte de la vida mexicana. Poco a poco un nuevo régimen reimpuso el orden y dio forma a una pax priista, también autoritaria e imperfecta pero ya no centrada en la persona de un líder y que contrastó positivamente con la violencia e inseguridad que habían caracterizado al país revolucionario.
Las crisis económicas y políticas que se iniciaron a partir de la brutal represión del movimiento estudiantil y democrático de 1968 coincidieron con el surgimiento al norte de nuestra frontera de una demanda creciente de drogas declaradas ilícitas, y ese “factor americano” más un entorno muy propicio a la corrupción en las instituciones de gobierno, particularmente en su aparato de seguridad, llevó a que ninguna de las campañas de “renovación moral” del régimen diera resultados. Pero lo que sí se generó fue un entorno muy propició para la expansión de un crimen organizado y pujante al punto que uno de sus líderes más conocidos, Joaquín El Chapo Guzmán, se dio el lujo de aparecer por cuatro años consecutivos –2009 a 2012– en la lista de los multimillonarios del mundo elaborada por la revista Forbes –tenía el lugar 701 en el listado de 2009. Y si finalmente El Chapo desapareció de Forbes se debió simplemente a la imposibilidad de la revista para seguir documentando su riqueza.
Si en las etapas iniciales del México independiente la inseguridad fue propiciada por invasiones y guerras civiles, la criminalidad organizada prosperó en la era del México priista cuando el crimen organizado actual surgió y prosperó como parte de un sistema autoritario y notable por su estabilidad política. De ahí puede concluirse que uno de los factores que explican la fuerza del crimen organizado en nuestro país, además de la demanda de drogas ilícitas en el mercado mundial, la propició la corrupción institucionalizada del régimen postrevolucionario.
El caso de Michoacán. Hoy la violencia y capacidad de los carteles de la droga para imponer sus prioridades a la sociedad y quitar al Estado control territorial en algunos estados nos obliga a centrar la atención en Michoacán como antes fue en Sinaloa (el “culiacanazo”) o en Guerrero, (Ayotzinapa), etcétera.
La novela decimonónica de Luis G. Inclán Astucia (1865-1866) tiene como centro a un joven ranchero de la clase media rural michoacana, Lorenzo Cabello, que en la primera mitad del siglo XIX se dedica primero a contrabandear aguardiente y luego, en unión de otra media docena de su condición social, termina por organizar un eficiente sistema de contrabando de tabaco. Inclán pone énfasis en el gran aparato de apoyo que lograron construir los “charros contrabandistas” entre la población rural michoacana y que constituyeron su base social. Los contrabandistas no sólo comparten algo de sus ganancias con la sociedad local, sino que observan una conducta personal impecable por eso “los hermanos de la hoja” tienen siempre de su lado lo que les faltaba a los numerosos gobiernos de la época: un respaldo popular genuino.
Hoy la situación de hace siglo y medio en Michoacán pareciera repetirse, aunque con diferencias fundamentales: la estabilidad política del régimen actual es un hecho incontrovertible respaldado por elecciones nacionales genuinas. Pero los actuales fuera de la ley –CJNG, Familia Michoacana, etc.– disponen de recursos económicos y de armas en abundancia y que por lo mismo pueden comprar lealtades y sobornar a la autoridad a lo grande. Pero que, por otra parte, los fuera de la ley son auténticos criminales que secuestran, extorsionan y aterrorizan con acciones de violencia brutal a una población casi indefensa.
Los indicadores nos dicen que mientras en Portugal se registraron 0.7 homicidios por cada cien mil habitantes en 2024 en México la tasa fue de 24.9 y que en ese mismo año Uruapan ocupó el lugar 19 entre el medio centenar de las ciudades más violentas del mundo. Aunque Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana y Culiacán le superaban como entornos violentos.
En estos días y a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan que personalmente enfrentó a los criminales, Carlos Manzo, la oposición de derecha a la 4T está usando su nombre, su causa y su símbolo –el “Movimiento del Sombrero”– para responsabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum de la inseguridad generalizada. Sin embargo, para una apreciación más completa de lo ocurrido en Uruapan, conviene consultar el reportaje de Pedro Anza que entrevistó al alcalde poco antes de su asesinato y le acompañó en uno de sus frecuentes “operativos de seguridad” nocturnos por la ciudad michoacana, (Milenio, 16/11/25). Manzo reconocía que para matar la raíz social del crimen organizado se requerían políticas de largo plazo que eliminaran la pobreza y transformar el sistema educativo. Pero también consideraba que la seguridad en el aquí y ahora de la gente de Uruapan requería de acciones inmediatas contra las “células delictivas” que operaban cotidianamente en su ciudad. Ahora bien, el enfrentamiento de un alcalde en un entorno ya dominado de tiempo atrás por el CJNG u organizaciones semejantes era una lucha de tan desigual, imposible. Es claro que se requiere movilizar todo el poder del Estado para proteger físicamente a los habitantes de a pie contra la criminalidad organizada y contra sus redes internacionales de lavado de dinero en tanto maduran las medidas de fondo que son también de largo plazo y las únicas que impedirán que en México se sigan nutriendo las profundas históricas raíces del crimen organizado y eso lo debemos entender todos: el mal que se dejó crecer por décadas y en terrenos históricamente propicios no puede eliminarse de un tajo.
La oposición ha explotado sistemáticamente las fallas y las diferencias entre las políticas contra el crimen organizado de corto y largo plazo. Sin embargo, esa oposición carece de la autoridad moral que la respalde pues, cuando tuvo la oportunidad y la obligación de actuar en la materia, fracasó rotundamente y su discurso hoy simplemente carece de una propuesta sobre este y sobre muchos otros temas más.

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Breve historia imperial. Según el diccionario de la RAE, corolario es “una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente”. En la historia de la política exterior norteamericana ya hay un “corolario Roosevelt” pero quizá en el futuro se podrá hacer referencia a otro u otros, entre ellos el de Trump, que es contradictorio e inaceptable pero no inofensivo.
El llamado corolario Roosevelt de 1904 es una declaración política intervencionista e imperial que pretende deducirse de la llamada “Doctrina Monroe” enunciada por un presidente norteamericano en 1823 y que un historiador norteamericano calificó como “dogma nacional sagrado” (Julius Pratt, A History of Unites Otates Foreign Policy, [1955] p. 166). Lo que hace más de dos siglos James Monroe propuso y se elevó a nivel de “doctrina” fue que unos Estados Unidos que aún no eran potencia pero que aspiraban a serlo, no se implicaría en las rivalidades políticas de la lejana Europa pero se opondría a que esa Europa insistiera en seguir practicando el colonialismo en alguna parte de la América ya independiente. El mensaje iba especialmente dirigido para Gran Bretaña en Oregón y para Rusia en el sur de Alaska. En los hechos y con el paso del tiempo la “doctrina Monroe” significó oponerse de manera efectiva a la existencia de nuevas zonas de influencia europeas en América que rivalizaran con el proyecto expansionista y hegemónico norteamericano. De ahí ese llamado “Corolario [de Theodore] Roosevelt” de 1904 que anunciaba al mundo que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir directamente en los países que veía ya como parte de su zona de influencia exclusiva en El Caribe y Centroamérica para mantenerlos en “orden” pero negaba esa posibilidad a otras potencias. Lo que ese primer presidente Roosevelt se propuso entonces era evitar que se repitieran situaciones como la acción armada directa y sin aviso previo de varios países europeos para cobrarle deudas al gobierno de Venezuela encabezado por Cipriano Castro, un dictador. Y es que para entonces Estados Unidos ya tenía tanto la capacidad como la voluntad de ser efectivamente el valedor de la doctrina Monroe.
El segundo Roosevelt y la Guerra Fría. La rápida y contundente victoria de Estados Unidos sobre España en Cuba y Filipinas en 1898 fue el boleto de entrada de ese país al club de las grandes potencias navales e imperialistas. Más tarde el gobierno del presidente Woodrow Wilson aprovechó la coyuntura generada por la Revolución Mexicana y luego por la I Guerra Mundial para, entre otras muchas cosas, subordinar definitivamente a la aprobación o veto de Washington a los intereses ingleses y alemanes en México y América Latina, (Lorenzo Meyer, Su majestad británica y la Revolución Mexicana, [1991]).
Tras la derrota de Alemania el supuesto orden internacional creado por la Paz de Versalles (1919) duró poco. Para los años de los 1930 el segundo presidente Roosevelt, Franklin, consideró que una manera de evitar que la inestabilidad creciente en Europa y Asia repercutieran es su relación con América Latina debía cambiarse en el continente la “política del garrote” de su antecesor por otra más amable y cooperativa. Así fue y en 1933 nació la “Buena Vecindad”. La II Guerra terminó por consolidar la hegemonía norteamericana en nuestro hemisferio. Los sucesores de Franklin Roosevelt ya no consideraron necesario preservar el espíritu de la Buena Vecindad y por ello la Alianza para el Progreso formulada en 1961 nunca tuvo la relevancia de su antecesora.
La Guerra Fría (1947-1991) modificó el contexto de la relación Estados Unidos-América Latina. En el caso de México el régimen priista garantizó la estabilidad política en la frontera sur norteamericana y un muy efectivo anticomunismo recubierto con una capa de “nacionalismo revolucionario” le ganó el respaldo de Washington al régimen mexicano. La relación México-Estados Unidos de la época experimentó algunas complicaciones pero finalmente fue funcional para los intereses de ambas partes.
La unipolaridad actual. Ya sin la URSS el sistema de poder internacional se volvió inevitablemente unipolar y con su centro en Washington. Entre las varias consecuencias de ese cambio una fue particularmente relevante para México: el vecino del norte dejó de justificar la naturaleza no democrática del régimen mexicano como había sido el caso en 1968 o en 1988 cuando una matanza o un fraude electoral simplemente no hicieron mella en la relación bilateral de México con la gran potencia.
Los avances de la izquierda mexicana a partir de finales del siglo pasado y la debilidad creciente del régimen priista ya no llegaron a preocupar a Estados Unidos. Una segunda Cuba al sur del Bravo simplemente ya no era factible.
El fin de la Guerra Fría en los 1990 le hizo perder a los gobiernos mexicanos su papel de guardianes de la seguridad fronteriza norteamericana. Por el contrario, ya sin el fantasma del comunismo la situación de la vecindad con México se fue percibiendo como un problema para la sociedad norteamericana por tratarse de una frontera muy propicia al paso de drogas prohibidas, de masas de trabajadores indocumentados y la mudanza de grandes plantas industriales norteamericanas a México en busca de mano de obra barata. Hasta hoy, los trabajadores sin papeles procedentes de México han seguido siendo requeridos por ciertos sectores de la economía norteamericana pero rechazados por una buena parte de su sociedad que los considera una amenaza demográfica y cultural para un Estados Unidos originalmente de blancos y protestantes. Y por lo que respecta al narcotráfico, se culpa a los carteles mexicanos de la adicción creciente a las drogas en aquel país suponiendo que la oferta y no la demanda es la responsable del problema. Así pues, para una parte de la sociedad estadunidense actual México y los mexicanos se han convertido en un verdadero peligro y consideran, como Trump, que la relación con el vecino del sur debe hacerse distante y requiere no de la integración que implica el TMEC sino de muros al estilo del Berlín de la Guerra Fría.
Trump. La presidencia de Donald Trump y el trumpismo significan entre otras cosas la entrada de las relaciones México-Estados Unidos en una zona de arena movediza y que, en más de un sentido, es el reverso de lo que fue durante la “Buena Vecindad”. Y es que esas relaciones tienen lugar hoy no sólo en el tradicional contexto de asimetría de poder y diferencias étnicas y culturales sino además de divergencia de proyectos nacionales. Mientras México tiene un proyecto de izquierda, el trumpismo lo tiene de derecha radical y con poco respeto por la soberanía de países relativamente débiles e insumisos.
Y es aquí donde entra una especie de “corolario Trump”: como Estados Unidos es la principal potencia militar y el gran mercado de la globalización, su presidente no ha tenido empacho en declarar una guerra también global de aranceles y que ha usado para amedrentar a amigos y enemigos. Además, al proclamar terroristas a carteles del narcotráfico, se ha adjudicado el derecho de usar la fuerza extrema para atacar sin previo aviso a quienes considera narcotraficantes, séanlo o no.
En el inicio mismo de su lucha por la presidencia Trump declaró: “Quiero ayudar a todos nuestros aliados, pero estamos perdiendo miles y miles de millones de dólares. No podemos ser los ‘policías del mundo’” (primer debate Clinton-Trump, 26/09/16), pero en su decidido apoyo a Israel en la destrucción de Gaza o en el bombardeo a Siria o las instalaciones atómicas de Irán lo mismo que hundir lanchas en El Caribe o al estacionar frente a Venezuela al mayor portaviones de la flota americana para respaldar su demanda de cambio de gobierno en ese país, va tomando forma un corolario Trump y que dice más o menos esto: “cuando pueda, Estados Unidos va a actuar en el plano internacional como le plazca a su presidente”. Y es que a la unipolaridad se ha añadido un jefe del Ejecutivo de la gran potencia que domina completamente a su partido, así como a los poderes Legislativo y Judicial de su país.
El colofón de todo lo anterior es una información de NBC News (La Jornada, 04/11/25) en el sentido de que militares y personal de inteligencia norteamericanos se preparan para actuar contra los carteles de la droga en territorio mexicano. Quizá tal noticia no signifique nada, pero en cualquier caso es más que oportuno el rechazo tajante expresado por la presidenta Sheinbaum a tamaña idea, aunque…

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Ya se sabe, pero nada se pierde con subrayarlo y, sobre todo, con internalizarlo: los así llamados “desastres naturales” son efectivamente desastres, pero no son naturales sino resultado de situaciones producto de acciones humanas. Los ríos se han desbordado desde el principio de los tiempos, lo mismo que los movimientos de las placas tectónicas o el incendio de zonas boscosas y praderas y sitios que alguna vez fueron hogar de flora y fauna exuberantes al paso de milenios se convirtieron en grandes extensiones de dunas y médanos. Sin embargo, es la acción humana lo que detona el desastre: el poblamiento y las modificaciones del entorno original de costas, riberas y sitios propicios a las inundaciones periódicas, a los deslizamientos en laderas erosionadas por la tala, a las construcciones en tierras trémulas, etcétera.
En varias regiones de México la época de lluvias del 2025 fue atípica y se despidió con un final realmente catastrófico. Mientras en la frontera norte persistieron zonas de sequías, en el centro del país y en septiembre se registraron precipitaciones pluviales en promedio hasta 80% superiores a las de los últimos años. Entre el 6 y el 9 de octubre en ambas costas y en regiones centrales la lluvia produjo desbordamientos –algunos inéditos– de ríos y derrumbes en la red de carreteras y caminos. Los estados más afectados fueron Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro. A la fecha, las cifras oficiales son: siete decenas de municipios afectados de manera muy severa, casi dos centenares de localidades incomunicadas, 76 fallecidos, 39 personas no localizadas y alrededor de 100 mil familias afectadas además de daños cuantiosos a las actividades productivas regionales.
Es prácticamente imposible prever y evitar toda la gama de “desastres naturales” que nos pueden afectar. Por milenios el desconocimiento de algunos de los factores que provocan terremotos, marejadas y tsunamis, erupciones, tormentas o sequías, plagas, epidemias y eventos similares dejaban a las concentraciones humanas a merced de “la ira de los dioses”. Hoy la ciencia permite, si se dispone de recursos y de la organización y voluntad política adecuadas, prevenir o al menos tomar a tiempo medidas que impidan que estos eventos inevitables asuman un carácter catastrófico. Ya se puede determinar con más o menos exactitud la probabilidad de que se forme un huracán o una tormenta y cuál puede ser su magnitud y trayectoria probables; también ya es factible alertar a las poblaciones un tanto alejadas del epicentro de un sismo con algunos minutos de anticipación o predecir las ondas gélidas o de calores extremos. Sin embargo, aún hay muchas situaciones que pueden ser catastróficas e imposibles de predecir o evitar a tiempo. Hay otras que por razones históricas han generado las condiciones para propiciar el surgimiento y sostenimiento de grandes asentamientos humanos en zonas de riesgo pero que hoy ya es materialmente imposible intentar trasladarlas a sitios más seguros.
Un caso que ilustra lo anterior es justamente el de la Ciudad de México. Nuestra capital está asentada en una zona que se encuentra a 2 mil 240 metros de altura sobre el nivel del mar y por ello hoy es difícil y muy costoso surtirla de agua proveniente de fuentes situadas a menor altura y en las cantidades requeridas por una población de 22 millones de personas. Por otro lado, esa ciudad está rodeada por un anillo de montañas y asentada en lo que fue un gran lago por ende su subsuelo es poco firme y propenso a experimentar los efectos de movimientos telúricos de magnitudes capaces de causar daños catastróficos en una zona tan densamente poblada.
Sirva de contraste comparar nuestra situación con la del país vecino del sur. En la época colonial la Capitanía General de Guatemala y debido a desastres producidos por terremotos optó dos veces por mudar su capital a lo que entonces se consideraron lugares seguros. Fueron sendas catástrofes “naturales” las que llevaron a esas mudanzas. La primera ocurrió en 1541 –un aluvión originado en movimientos de un volcán cercano– y otro producto de los terremotos de 1773. En la capital del México colonial sucedió lo contrario: frente a un gran desastre se optó por permanecer en el mismo sitio, pero alterándolo. Tras la gran inundación de 1629 –cuyos efectos se prolongaron a lo largo de un lustro– se desechó la posibilidad de cambiar de sitio a la ciudad lacustre y se optó por alterar la naturaleza de su cuenca abriéndole en el siglo XVIII un desagüe: el Tajo de Nochistongo. Fue ese el inicio de un esfuerzo gubernamental gigante por dotar al gran cuenco del Valle de México de un desagüe. Y el esfuerzo no ha cesado.
Paradójicamente lo que podemos llamar “el problema del agua” en la Ciudad de México hoy consiste no sólo en su difícil drene cotidiano sino también en la igualmente difícil tarea de proveerla de agua potable y en cantidades y calidades adecuadas a las formas de vida de los millones de habitantes de la gran zona metropolitana y hacer del “derecho humano al agua” no sólo una disposición constitucional, sino una realidad cabal para todos los miembros de la megalópolis.
Y para tener una idea de lo que significa proveer de agua potable y suficiente proveniente en parte de zonas más bajas a una concentración urbana de la magnitud de nuestra capital y sus alrededores disponemos hoy de una “Evaluación integral de la política de agua potable de la Ciudad de México 2018-2024”. Se trata del informe recién presentado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y que fue elaborado por un equipo de nueve especialistas coordinado por la Dra. Judith Domínguez Serrano de El Colegio de México.
El informe de 292 páginas aborda más de un centenar de temas puntuales con el sustento de una amplia bibliografía. Su conclusión no es pesimista pero sí preocupante pues deja en claro que la Ciudad de México “enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. Los efectos del cambio climático se reflejan en los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos: una sequía de más de cinco años que en las épocas de estiaje convierten el ya de por si desigual acceso [al agua] en una situación muy crítica y, en épocas de lluvias, inundaciones urbanas que agravan una situación estructural” (p. 26). Veamos algunas cifras para darnos cuenta del problema. En 2018 el consumo promedio de agua en la zona estudiada se estimó en 350 litros por habitante por día, pero hoy se ha reducido a sólo 147 litros y ese promedio es engañoso pues hay zonas de la ciudad que consumen 500 litros per capita en tanto que en otras apenas llegan a los 100 litros. Y aquí conviene tener en cuenta que la OMS recomienda como mínimo para hacer efectivo el derecho humano al agua disponer de entre 100 y 150 litros per cápita. Esas zonas con menos disponibilidad de agua ya están en el límite mínimo de lo aceptable.
Además de la cantidad está el problema de la calidad. Un estudio de 2020 concluyó que el 18% del agua de la urbe presentaba problemas de calidad que iban desde su contenido de metales pesados hasta sus bacterias. De los cuerpos de agua superficial que no entran al sistema de agua potable pero que sí son parte del entorno del Valle de México el monitoreo muestra que el 78% registran altos niveles de contaminación debido a las descargas sin control que reciben en sus trayectos.
Las fallas en la red de distribución, en buena medida ya obsoleta, hacen que el 42% del líquido se pierda en fugas. Es de poco consuelo saber que esas pérdidas de agua se filtran a un manto friático sobre explotado. Se calcula que hay un déficit creciente del agua del subsuelo de la ciudad. En 2023 “[l]a extracción en el acuífero del Valle de México presentó una extracción del 215% del volumen con respecto a la recarga” (p. 16). ¡Es obvio que ese déficit es insostenible en el largo plazo!
Mantener y sobre todo poner al día el complejo y parchado sistema de abastecimiento de agua en el Valle de México requiere de recursos económicos en montos muy superiores a los que hoy se destinan para tal fin. Por tanto, hay que revisar las tarifas que se cobran por el consumo de agua en cada sector social de tal manera que se pueda auto financiar y hacer sostenible un sistema de abasto que no requiera del subsidio ni del complemento del uso de las llamadas “pipas” que entre otras cosas ya se han convertido en una fuente más de ingresos para el crimen organizado.
Hoy el costo del agua en la ciudad está subsidiado, pero de manera inequitativa. El consumo de agua de los hogares con ingresos medios bajos se beneficia del 43% del subsidio total que se otorga al consumo del líquido, los hogares de ingreso medio alto reciben un 26 % de ese subsidio, pero los de ingresos medios bajos solo se benefician con el 10.5%. Obviamente esta situación debe revertirse tanto por motivos económicos como de justicia social. Y a la lista de problemas se debe añadir el de los asentamientos humanos precarios en zonas de recarga de los acuíferos que es otro de los varios retos a resolver, pero siempre con un sentido claro de equidad. En fin, el proyecto de echar mano de la llamada “cosecha de lluvia” en los hogares es una buena idea, pero requiere de incentivos para que los casatenientes se decidan a invertir en las adecuaciones para la recolección y almacenamiento que esa “cosecha” requiere.
En fin, que en el período evaluado en el estudio citado que va de 2018 a 2024 se concluye que: “se realizaron acciones significativas para la gestión [del agua en la capital] que permitieron que no se llegara al temido ‘día cero’, tales como la reducción de la presión en la red o los acuerdos con otros [grandes] usuarios… que permitieron usar el agua en la ciudad para abastecimiento doméstico.” Pero finalmente la crisis sigue ahí y su solución demanda de una centralización de la administración del agua y de una planificación de largo plazo para hacer frente a una problemática que no sólo es de la capital mexicana, sino que tiene potencial de afectar la viabilidad del sistema político y la seguridad de la nación pues un “desastre natural” en el corazón político de México es algo que, por sus consecuencias, simplemente no nos debemos permitir.

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El proyecto y el arquitecto. A sus cuarenta años Stephen Miller es el subjefe del Gabinete Presidencial de Donald Trump, se le puede considerar también un ideólogo –el ideólogo residente de la Casa Blanca– y además tiene la reputación de ser el personaje no electo más poderoso de Washington. Examinar a Miller, su biografía y sus ideas, es una forma de tratar de entender a Trump, al trumpismo y a su proyecto.
Para Miller, el papel que hoy deben asumir Estados Unidos y su gobierno es ni más ni menos que el de encabezar la gran lucha por definir el futuro de la civilización, (Washington Post 22/09/25). Ahora bien, qué exactamente entiende Miller por civilización y cuáles son las estructuras y los hábitos culturales de la sociedad norteamericana y mundial por los que él y los suyos deben luchar y cuál es el sentido último de esa lucha, no está claro. Sin embargo, no es aventurado suponer que cualquiera que sea el concepto de civilización del trumpismo no corresponde al que tiene la mayoría de los norteamericanos: según The Economist (06/10/25) el 40% de los estadunidenses aprueba la política presidencial pero el 55% la reprueba y el 5% restante está indeciso. Es posible suponer que en el resto del mundo las opiniones desfavorables a lo que el trumpismo entiende por civilización sea mayor.
La falta de una definición clara de cuál es el proyecto civilizatorio de la pax americana en la época de Trump obliga a deducirlo vía el examen del discurso y de las políticas que efectivamente se han puesto en marcha por el actual gobierno norteamericano, pero también echando una ojeada a las biografías de personajes clave del círculo presidencial como es Miller.
Y si bien no tenemos un documento avalado por Trump o elaborado directamente por el subjefe de su gabinete sobre el futuro deseable, la propia carrera de Miller ayuda a perfilarlo. La semblanza del personaje publicada en abril de este año por David Klion en The Nation ­–una de las publicaciones periódicas más antiguas e independientes de Estados Unidos-– presenta al poderoso asesor de Trump como un personaje poco atractivo: no sólo es derechista extremo sino también es poseedor de una personalidad “monstruosa”, de ideas tan radicales como simples, banales y brutales, que se ha esforzado en mantenerse en perfecta sintonía con el discurso de su jefe aunque dándole a sus ideas un tono más extremo, lo que hace que, por comparación, la posición pública del presidente en temas como la migración aparezca como menos inicua. Sin embargo, por ser Miller intelectualmente inferior a anteriores consejeros presidenciales de derecha como Henry Kissinger o Condoleezza Rice es que el asesor cuadra muy bien con la visión del mundo y la mentalidad de Donald Trump pues no le hace sombra ni le cuestiona, sino que simplemente le refuerzas sus ideas y prejuicios. Por ejemplo, la idea de separar a los indocumentados de sus hijos menores no es de Trump sino de Miller, el presidente simplemente le dio el visto bueno.
Miller nació en Santa Mónica, en California en el seno de una familia acomodada descendiente de judíos migrantes de Rusia y que como tantas de su clase y región tenía sirvientes hispanos y por tanto el pequeño Stephen tuvo trato cotidiano con latinos, pero siempre en condiciones de subordinación (para Klion, la Santa Mónica de Miller era una sociedad de castas). Ya en la secundaria el Miller adolescente trabó amistad en condiciones de igualdad con un compañero de escuela de origen mexicano, pero según Klion justamente por eso decidió romper abruptamente con él. Ya desde antes de entrar a la universidad de Duke, Miller optó por asumir públicamente un discurso y una conducta notoriamente xenófoba y antinmigrante. De esa manera logró ganarse a pulso un lugar en programas de televisión como un joven y prometedor exponente de la derecha radical. Ya en Washington y afiliado al Partido Republicano, el personaje consiguió ser ayudante de congresistas y desde ahí se sumó, entre otras acciones políticas, al exitoso esfuerzo por impedir la reforma migratoria de Barack Obama que hubiera beneficiado a una parte de la población indocumentada.
En 2016 Miller fue parte de quienes apoyaron a Trump para ganar la candidatura republicana y más tarde la presidencial. Ya con Trump en la Casa Blanca Miller fue speechwriter (redactor de discursos) presidencial. Desde ahí maniobró para escalar hasta llegar a ser lo que hoy es: el nacionalista blanco radical y asesor clave de Trump en materia de seguridad nacional y entusiasta impulsor de la idea de poner en marcha “la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos” y que incluyó separar a padres e hijos en el proceso. Y es que para Miller el corazón de la lucha actual por la llamada “civilización” norteamericana consiste en transformar demográfica, económica y culturalmente al país deshaciéndose de varios millones de indocumentados, básicamente hispanos, y por esa vía evitar que Estados Unidos deje de ser lo que se supone que siempre debió ser: un país “de blancos”. En la visión de personajes como Miller los afroamericanos son un problema complicado que ya no puede resolverse deportándolos a Liberia, como se consideró hacerlo con los esclavos libertos en 1816, por lo menos hay que evitar que en Estados Unidos los indocumentados acentúen el desvanecimiento de su “blanquitud” original.
El contexto mundial. En el contexto externo los Estados Unidos de Trump parecieran empeñados en seguir aprovechando al máximo su posición de potencia dominante para evitar o al menos retardar un cambio del actual sistema de poder unipolar.
Es verdad que los años de la Guerra Fría (1947-1991) fueron también años de una bipolaridad, pero peligrosa y sometida a tensiones extremas como ocurrió en la coyuntura de 1962 –la crisis de los misiles en Cuba– cuando el mundo estuvo al borde de la catástrofe nuclear. Sin embargo, y visto en retrospectiva, para países como México esa tensión entre dos grandes potencias –Estados Unidos y la URSS– también tuvo efectos positivos pues abrió a países como el nuestro espacio para ejercer su soberanía. En nuestro caso obligó a Estados Unidos a moderar sus instintos imperiales y aceptar que México mantuviera una posición diferente frente a Cuba en una organización creada y dominada por Washington como es la OEA.
La Guerra Fría llegó a su fin con la disolución de la URSS y el sistema internacional se tornó claramente unipolar con Estados Unidos como su eje. Esa transformación ha propiciado situaciones en donde la súper potencia ha podido empeñarse en juegos de poder suma cero sin correr gran riesgo, es decir en juegos donde lo que Estados Unidos se propone ganar todo lo que la otra parte va a perder.
Es verdad que hoy Rusia aún puede desafiar a Washington en Ucrania, a la que considera parte irrenunciable de su zona de seguridad. Y también lo es que Pekín puede retar a Estados Unidos en el Mar de China y que ese país en algún futuro quizá no muy lejano puede llegar a ser el otro eje de una nueva bipolaridad –tiene los recursos para ello– pero aún no es un contrapeso efectivo de la política de Washington como lo fue la URSS.
En nuestro continente un ejemplo extremo de la unipolaridad de la pax americana es precisamente Cuba, pues ya sin el apoyo de la URSS la isla por su historia, sus dimensiones, su estratégica localización geográfica y su negativa a ceder a las demandas de Washington –cambiar su régimen–, se ha visto sometida a una presión económica extrema de enormes costos sociales y económicos. En esas condiciones el gran espacio de autonomía o soberanía que había ganado con su revolución frente a Estados Unidos hoy casi lo ha perdido. El aflojar o apretar el lazo que ahoga a Cuba depende absolutamente del juego que las fuerzas políticas dentro de Estados Unidos quieran jugar y sin importar cuantas veces en la ONU se haya demandado a Washington que deje de someter a la isla a presiones que ya se prolongan por décadas. En el pasado el gobierno de Obama optó por relajar la presión sobre la isla caribeña pero la administración de Trump la volvió a imponer e incluso aumentar sin importarle la crítica de la comunidad internacional.
Otro ejemplo incluso más dramático por lo brutal que puede llegar a ser el actual juego internacional norteamericano de suma cero es el de Gaza. Desde 1948 la comunidad internacional ha propuesto como una solución al conflicto árabe-israelí en Palestina la creación de dos estados nacionales en lo que fue el Mandato de Palestina otorgado a Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial. Bajo ese marco y de inmediato tomó forma el Estado de Israel, pero no así el palestino. En la coyuntura actual, Washington ha vacilado entre apoyar abiertamente el proyecto de Israel en su uso de la violencia extrema para expulsar o eliminar a la población árabe de Gaza e incorporar todo su territorio a su Estado nacional o dar un vago apoyo a la idea de los dos estados. En un sistema mundial unipolar como el actual el apoyo de buena parte de la comunidad internacional al derecho de los palestinos a tener su propio Estado ha resultado, hasta ahora, casi irrelevante y el fiel de la balanza, por ahora, lo tiene Trump.
Qué concluir. Para México el reto de desarrollar un proyecto nacional de izquierda en el marco de una pax americana claramente de derecha extrema es un reto cotidiano y mayúsculo, pero hay que intentarlo, con prudencia, inteligencia y voluntad política.

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Hace 40 años un agudo y experimentado corres-ponsal extranjero –Alan Riding– fue asignado por The New York Times para que residiera en nuestro país y se adentrara en las entrañas políticas y culturales de México, las examinara desde la óptica de su periódico y de su propio bagaje cultural –el de un británico nacido en Brasil y cuyo público era básicamente norteamericano–. El resultado fue, además de una larga serie de artículos periodísticos bien armados, un libro sobre la naturaleza de la relación entre México y Estados Unidos: Vecinos distantes. La geopolítica había colocado a México lado a lado de Estados Unidos pero el desarrollo de los respectivos procesos de los dos países –políticos, económicos y culturales– los habían mantenido históricamente muy distantes. Por un tiempo pareció que justamente la distancia subrayada por Riding iba camino a disminuir gracias a la adopción en México de las ideas neoliberales norteamericanas y a la integración formal y real de las economías de los países vecinos, pero finalmente no ha sido el caso, al menos no por lo que respecta a la orientación política: en Estados Unidos su presidente, Donald Trump, no ha mostrado mucho interés en preservar la integración económica y en México están aumentando las dudas al respecto. Por otra parte, nuestro país dejó atrás su sistema de partido único y las elecciones nacionales ya dejaron de arrojar resultados increíbles –en 1988 Riding volvió a México y escribió un artículo donde el supuesto triunfo de Carlos Salinas no salía bien parado– y la oposición de izquierda pudo llegar pacíficamente al poder. Sin embargo, justo entonces fue que en Estados Unidos una derecha nacionalista y cristiana encabezada por Trump logró llegar a la Casa Blanca y los vecinos separados por el río Bravo empezaron a marchar por caminos ideológicos no solo diferentes sino opuestos y que reafirman que su vecindad sigue siendo realmente distante.
Hoy es muy claro que Estados Unidos está modificando el equilibrio tradicional de sus fuerzas políticas y lo está haciendo de forma rápida y notable al punto que tanto su proceso político interno como su conducta como gran potencia imperial han quedado bajo el control efectivo de una derecha extrema que en unos pocos años casi se ha desembarazado de los contrapesos tradicionales que ponían límites a las tentaciones de abusos del poder por parte del Ejecutivo tanto en ámbitos internos como externos.
Es claro que la pérdida relativa de poder de las fuerzas políticas moderadas en el país vecino del norte tiene ya efectos negativos para México y que la dinámica de los procesos políticos que tienen lugar al norte del río Bravo hace temer que por ahora están dadas las condiciones para que esa dinámica se mantenga. Lo peligroso es que nuestro país tiene zonas de vulnerabilidad frente a Estados Unidos muy evidentes y a las que afecta la derechización estadunidense.
Una y otra vez el conservadurismo del nacionalismo cristiano norteamericano ha mostrado que su guía en el ejercicio del poder no es tanto la Biblia como los manuales de realpolitik y que por tanto Estados Unidos no tiene ya empacho en dejar de lado el principio de la igualdad jurídica de los estados cada vez que convenga o que simplemente no es práctico seguir pretendiendo que Washington debe aceptar los principios centrales del derecho internacional pues en su condición de superpotencia puede y debe guiarse por su propia interpretación e interés de lo que está bien y de lo que está mal en materia de política exterior e ignorar pronunciamientos como los de la ONU o la Corte Internacional de Justicia.
La transformación un tanto sorpresiva del discurso de Washington hace hoy más difícil que antes el poder predecir los movimientos y objetivos de largo plazo de la Casa Blanca. La derecha tradicional norteamericana, aquella encabezada en su tiempo por Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan o Richard Nixon, por ejemplo, era relativamente más clara en sus proyectos globales, regionales y bilaterales que la derecha extrema trumpista. Y ese es un gran problema para un México que busca su futuro marchando por la orilla izquierda de su historia mientras Estados Unidos marcha por la orilla derecha de la suya.
Todo lo anterior conduce a concluir que la actual naturaleza unipolar de la estructura de poder del sistema internacional más los procesos políticos dentro de Estados Unidos han ido estrechando el espacio donde México puede ejercer sin grandes riesgos su independencia o soberanía.
La frontera compartida lleva a que ciertas decisiones políticas internas norteamericanas de Estados Unidos inevitablemente afecten de inmediato de manera sustantiva a México. Tal es actualmente el caso de la agresiva campaña norteamericana de localización, captura y expulsión de trabajadores indocumentados y que pueden contarse por millones. También lo es la política de reindustrialización anunciada por Trump que pretende incentivar el retorno a territorio norteamericano de plantas industriales ya arraigadas en México. Otro problema interno del país vecino, la drogadicción, ha llevado a Washington a sostener en la práctica que esa adicción es un problema cuya raíz se encuentra al sur de su frontera por la oferta de sustancias prohibidas por parte de los carteles mexicanos; carteles que, supuestamente, las autoridades mexicanas no combaten como debieran. Desde la óptica del gobierno de Trump la gran demanda de drogas al norte del Bravo y el contrabando de armas en dirección contraria ­–norte a sur– simplemente no tienen el peso que merecen como factores que han afectado y siguen afectando a México y que deben ser encarados con mayor enjundia por Washington.
Desde la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC y TMEC) el valor del comercio bilateral México-Estados Unidos alcanza montos notables (138 mil millones de dólares sólo en el primer trimestre de este año) y de ahí que la “guerra de los aranceles” que Estados Unidos ha declarado al resto del mundo tenga el potencial de afectar y mucho a las exportaciones de México que en un 80% esta destinadas al mercado estadunidense. Hoy la política arancelaria de Washington es una Espada de Damocles sobre un sector clave de nuestra actividad industrial y de la agricultura de exportación. Y la lista de vulnerabilidades mexicanas en la relación estrictamente bilateral con Estados Unidos debe incluir también el manejo de los ríos internacionales, el turismo, el medio ambiente, etc.
Tras el asesinato de Charlie Kirk en Utah, este cofundador de Turning Point USA y muy eficaz difusor de la ideología trumpista del nacionalismo cristiano, se ha convertido en un mártir y profeta de la extrema derecha norteamericana. Pues bien, en junio este exponente de la visión del trumpismo duro declaró: “De todos los líderes mundiales, a quien más detesto es a la presidenta mexicana (Claudia Sheibaum)… honestamente esta mujer puede causar más daño a los EE UU que Putin” (podcast de Charlie Kirk Show en la red Truth Social del 9 de junio de 2025) ¿La razón de tamaña afirmación?: los comentarios que la presidenta había hecho en las mañaneras en torno a las razones de las protestas básicamente pacíficas de los mexicanos y sus simpatizantes en California contra las redadas del ICE (Servicio de Inmigración). Esa y otras declaraciones de Kirk en igual sentido pueden tomarse como indicadores del grado de hostilidad del trumpismo militante hacia México y que puede ser base de apoyo a políticas antimexicanas por parte de Washington.
En conclusión. El entorno político internacional en el que se tiene que mover actualmente la 4T es muy complicado y demanda de nuestro gobierno mucha prudencia más dosis de buena suerte. La opinión pública mexicana pareciera tener conciencia de las dificultades que le están generando al gobierno de Claudia Sheinbaum la política interna y externa del país vecino: una encuesta de opinión internacional destaca que en México el 68% de los encuestados percibieron a Estados Unidos como la principal amenaza para su país en tanto que sólo el 32% lo consideró su aliado principal (encuesta levantada en 24 países por el Pew Research Center y publicada el 08/07/25). Así pues, la distancia entre México y su vecino del norte que subrayó hace tiempo Alan Riding ha evolucionado, pero no ha desaparecido.

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La continuidad

En el viejo régimen, especialmente durante los años en que el PRI se acostumbró a actuar como partido único, resultaba muy funcional para las cúpulas del poder que al inicio de cada sexenio y a falta de un auténtico “sufragio efectivo” y de otros de los elementos propios de la democracia política, los presidentes emplearan un discurso y tomaran algunas decisiones –ligeros golpes de timón– que buscaban marcar una cierta diferencia y distancia respecto de su antecesor. El objetivo era dar la impresión de que cada sexenio traía consigo cambios políticos importantes dentro de la continuidad del régimen. Sólo en el caso del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) hubo efectivamente una transformación significativa en la naturaleza del proyecto gubernamental respecto del pasado inmediato, pero a partir de 1941 los sucesores de Cárdenas retomaron la ruta política ya marcada por los vencedores de Villa y Zapata y la nave del Estado mexicano siguió el rumbo trazado por el consenso de “la familia revolucionaria”.
En contraste con los usos y costumbres del régimen que ya concluyó o casi –el de la Revolución Mexicana– la presidenta Claudia Sheinbaum no ha creído necesario o siquiera útil subrayar una rectificación del rumbo trazado por el movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni modificar los objetivos del proyecto en marcha. Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum sólo ha conducido su gobierno de una manera menos dada a chocar de frente con la ola como ocurrió con frecuencia en el sexenio pasado, pero sin modificar la trayectoria trazada entre 2018 y 2024. Al contrario, una y otra vez la jefa del gobierno ha reiterado que la Cuarta Transformación (4T) debe seguir adelante sin titubeos en sus propósitos pues es una empresa de largo aliento que ya tiene un rumbo definido y ratificado el año pasado en las urnas.
Es claro que hoy por hoy la legitimidad del mandato de la presidenta Sheinbaum está fincada en la autenticidad del “sufragio efectivo” que tuvo lugar en 2024 donde recibió el 59.5% de los votos y en ese 70% a 79% de aprobación de su desempeño posterior como jefa del Poder Ejecutivo (la variación en las cifras depende de la encuestadora que se elija) y no en un contraste con AMLO. Y es que ese desempeño que tiene una aprobación mayoritaria tiene como propósito explícito justamente seguir adelante con la obra de AMLO: un desmantelamiento pacífico del viejo régimen y sostener la separación del poder político del económico, transformar al Poder Judicial (PJ) para que deje de ser el baluarte de los restos del antiguo orden y efectivamente imparta la justicia que la mayoría demanda, continuar y ampliar las políticas sociales que dan sentido al lema de “por el bien de todos, primero los pobres”, ampliación de los programas sociales y construcción de infraestructura –ferrocarriles, carreteras, hospitales, universidades–, “austeridad republicana” en las cúpulas del sector público, lucha sistemática y efectiva contra la corrupción al más alto nivel, restauración de la seguridad pública en todo el territorio, preservar el espacio de soberanía a que obliga la vecindad con el imperio –especialmente en tiempos de Donald Trump– etcétera.
De los procesos de cambio llevados adelante por Claudia Sheinbaum vale la pena subrayar y aquilatar uno fundamental: el relacionado con el Poder Judicial (PJ). La presidenta pudo haber encontrado conveniente hacer caso a las voces que dominan en los medios masivos de información y que aconsejaron usar la coyuntura abierta por el arranque de la nueva

 

administración para buscar una salida menos radical que la propuesta por AMLO para transformar al PJ. Para finales del gobierno lopezobradorista era claro que el proyecto del nuevo régimen requería superar el obstáculo que representaba la oposición frontal de la SCJN en su calidad de último y formidable baluarte del antiguo arreglo político y también era claro que para ello ya no convenía ni se podía recurrir a la fórmula usada por Ernesto Zedillo en 1995: desaparecer de un plumazo a toda la SCJN y por la mera voluntad presidencial recrearla a conveniencia del nuevo jefe del Ejecutivo.
AMLO intentó inducir el cambio en el aparato judicial “por la buena”, por la vía complicada de la negociación con los interesados y sugirió que fuera la propia Corte la que diseñara el proceso y el alcance del cambio. Sin embargo, al grupo duro dentro del PJ –particularmente dentro de la SCJN–, le faltó visión y le sobró soberbia y simplemente se empeñó en seguir la línea de confrontación directa con el lopezobradorismo apoyándose en aquellos poderes interesados en mantener al PJ como baluarte del estatus quo. Fue así como el primer sexenio de la 4T concluyó con un impasse y heredó a la sucesora la complicada tarea de deshacer el entuerto. La presidenta Sheinbaum bien pudo aprovechar esa coyuntura para replantear el problema y de paso marcar una diferencia con AMLO y disminuir la presión interna y externa proveniente de Washington que exigía no tocar a la SCJN ni al aparato judicial que pese a no gozar de buena reputación si protegían con eficacia intereses económicos sustantivos.
En suma. En la coyuntura descrita la presidenta no titubeó y en cambio se propuso lograr lo que AMLO había empezado. Fue su empeño el factor que logró cambiar de raíz y en un proceso muy complicado no sólo a la SCJN sino a todo ese tercer poder del Estado.
El futuro. Hasta ahora la continuidad del proyecto lopezobradorista se sostiene y se ahonda, pero su actual líder –la presidenta Sheinbaum– sus colaboradores y su partido tienen el futuro inmediato marcado por retos formidables. No se prevé que las tormentas políticas amainen sino todo lo contrario y sortearlas va a requerir tanto de la mano firme en el timón como de capotear sus embates tratando de minimizar el daño que puedan causar.
Para empezar, la 4T debe decidirse a cerrar ya y satisfactoriamente heridas que son compromisos morales y que el mero trascurrir del tiempo no puede curar. Destaca en esa lista el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014. La sospecha sobre el papel del Ejército en esa tragedia lleva ya once años sin desaparecer y no debe seguir viva. Desde luego el caso reciente de los altos mandos de la Armada involucrados en el contrabando masivo de combustible requiere aclararse rápidamente y no dar lugar a que se agregue a la lista de lo no resuelto.
El caso Ayotzinapa como el contrabando masivo de combustible son ejemplos destacados de un reto aún mayor: el del crimen organizado. Es verdad que el gabinete de seguridad se reúne todos los días y que las estadísticas indican una baja en casi todos los delitos, pero también queda claro que los carteles siguen operando y no solo como estructuras dedicadas al contrabando internacional sino también a la extorsión violenta al interior de nuestras fronteras y que afectan sectores amplios de la población además de continuar como fallas del Estado que dan pie a presiones norteamericanas sobre nuestro país. La Guardia Nacional está identificada como una institución generada por la 4T y la 4T está obligada a evitar la corrupción de sus mandos y a ser evidentemente eficaz en la recuperación del control gubernamental efectivo de todo el territorio nacional, control sin el cual el Estado mexicano no puede cumplir a cabalidad con sus funciones.
El entorno más difícil en el que tenemos que navegar la presidenta, su gobierno y México como país, es el internacional. Hoy las condiciones son más difíciles que en el pasado inmediato. La “guerra de los aranceles” desatada a nivel global por el gobierno de Washington encuentra a México muy vulnerable ya que el 80% de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano y en ese campo nuestra dependencia es extrema. Se puede incrementar la acción contra los carteles del narcotráfico, pero mientras Estados Unidos siga siendo el gran demandante de drogas prohibidas ese flanco débil de nuestra estructura institucional seguirá abierto. Tampoco es mucho lo que el gobierno de nuestro país puede hacer para evitar que la Casa Blanca siga caracterizando a México como país “invasor” por el origen de los migrantes indocumentados. En fin, que hasta ahora Claudia Sheinbaum y su equipo han manejado bien el timón de la nave mexicana y no se han apartado de la ruta original señalada por la brújula donde se inscribe “por el bien de todos primero los pobres”. Por ahora hay que insistir en que lo logrado es mucho y no hay que amilanarse ante la magnitud del reto que se vislumbra en lo porvenir de una empresa histórica que finalmente no es responsabilidad sólo de la presidenta o de su gobierno, sino que es colectiva.

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El concepto

Es de suponer que los casos de destrucción total y deliberada de un grupo humano por otro -esa es la esencia del genocidio- se remonta a la prehistoria. Sin embargo, el concepto mismo es relativamente reciente y apareció por primera vez en un libro sobre la ocupación nazi en Europa publicado en Estados Unidos en 1944 obra de Raphael Lemkin. Una vez acuñado el término éste entró tanto en el lenguaje especializado del derecho internacional como en el del discurso político. Lemkin fue un jurista y activista judío por los derechos humanos nacido en Bielorrusia en 1900. Su formación profesional tuvo lugar en Ucrania, pero la aparición del nazismo le hizo huir de Europa y tras un largo y tortuoso periplo logró desembarcar en Estados Unidos y obtener una plaza como profesor en la universidad de Duke.
Una historia muy sintética pero que cubre lo esencial del proceso intelectual y político que llevó a la construcción del concepto, a su evolución, ambigüedades e implicaciones se puede encontrar en la interesante y larga conversación que hace poco sostuvo Ezra Klein, conductor de “The Ezra Klein Show” con un especialista en derecho internacional, Philippe Sands, y que se transcribió íntegra en el New York Times (08/13/25). Se trata de una conversación entre dos judíos, Klein conductor del programa y Sands un abogado que actualmente representa al gobierno de Gambia ante la Corte Internacional de Justicia en un caso donde se acusa de genocida al gobierno de Myanmar por la persecución y asesinato sistemático de los musulmanes rohinyá actualmente refugiados en Bangladesh o dispersos.
Pero antes de seguir adelante ¿de qué estamos hablando. ¿Cuál es exactamente la definición de genocidio? En diciembre de 1948, tras hacerse públicos los horrores del Holocausto o Shoah perpetrado por los nazis contra los judíos en Europa y en el contexto de los juicios del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg (1945-1946) -y en buena medida gracias a los esfuerzos de Lemkin en Nuremberg- la recién creada organización de las Naciones Unidas adoptó esta definición: genocidio es “cualquiera de los actos siguientes perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matar a miembros del grupo; b) causar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) imponer medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) trasladar por la fuerza niños del grupo a otro grupo”.
Detrás de esta definición aceptada por el medio centenar de países que entonces componían la ONU está el cabildeo realmente titánico de Lemkin el autor del concepto. Pese a su éxito, Lemkin nunca quedó conforme con la redacción contenida en la llamada “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Pero antes de adentrarnos en la razón de su inconformidad vale la pena apuntar que uno de los muchos obstáculos que tuvo que sortear la definición fue la oposición de un grupo de legisladores norteamericanos sureños que vieron en ella, y con razón, que sus términos parecían quedar como pintiparados para describir, y por tanto condenar, las políticas seguidas no sólo por la Alemania Nazi sino antes por los propios Estados Unidos respecto de los grupos indígenas y afroamericanos en su territorio.
Con la tipificación internacional del genocidio y de la defensa de los derechos humanos de cualquier individuo como delitos perpetrados por o dentro de un Estado se dejó de lado la idea, muy arraigada, que dentro de sus fronteras nacionales los gobiernos podían tratar a sus ciudadanos como les placiera pues decidir la naturaleza de ese trato era parte de su soberanía. Hasta entonces los únicos crímenes de los que se podía responsabilizar desde el exterior a un estado eran los crímenes de guerra.
Teóricamente, a partir de la segunda postguerra mundial la soberanía nacional ya no puede usarse como argumento para no rendir cuentas al resto del mundo por la violación de los derechos humanos. Si, por ejemplo, entre 1915 y 1923 se pudo argumentar que la muerte de un millón o más de armenios como resultado de la política turca era un asunto interno del imperio otomano a partir de 1948 ese argumento perdió toda validez y legitimidad. Y, por cierto, fue el genocidio armenio el disparador del interés de Lemkin para proponer la condena de ese tipo de conductas estatales, de ahí que hoy, por ejemplo, Gambia o Sudáfrica puedan acusar a Myanmar o a Israel, de genocidas.

El punto débil

En principio hoy el genocidio es un crimen que puede y debe ser expuesto y juzgado tanto por los tribunales internacionales como por la opinión pública mundial. Lemkin como un judío cuya familia -medio centenar de personas- fue exterminada por los nazis debió de sentirse más que satisfecho cuando consiguió que su concepto fuera incorporado al derecho internacional vigente. Sin embargo, ese no fue el caso. Quedó muy insatisfecho.
A juicio de Lemkin el que el 9 de diciembre de 1948 la ONU definiera y condenara el genocidio, tuvo una falla y grave: la definición formalmente adoptada y que ya se citó aquí no fue la de su propuesta original pues tenía un talón de Aquiles tan grande que en la práctica podía hacerle perder su esencia: el condicionar la definición y sanción del crimen a que el perpetrador tuviera “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Por tanto, el requisito de intencionalidad abría la posibilidad de exculpar al autor del crimen alegando que los daños causados por sus acciones a todo un grupo eran meras consecuencias no buscadas de acciones legítimas y no el resultado de una voluntad genocida, como por ejemplo políticas de seguridad nacional o de acciones contra un enemigo que se oculta entre la población civil y donde el maltrato a todo un grupo se justifica como daño colateral y no como una acción deliberada.
Desde la perspectiva anterior la política de colonización de Estados Unidos y que en la práctica significó el exterminio o el confinamiento de grupos completos de pobladores originarios ya no podría calificarse como genocidio. Es más, podría argumentarse como lo hace hoy el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que aquello que su gobierno busca en Gaza no es hacer invivible para los palestinos ese territorio sino defender la seguridad de Israel. Desde esa perspectiva la muerte de entre 60 y cien mil palestinos o la hambruna provocada que en ese territorio ya ha ocasionado el fallecimiento por inanición de centenares de niños palestinos (El País, 29/07/25), no es resultado de una política anti gazatí. No, Netanyahu sostiene que las muertes registradas en Gaza son, en su mayoría daños no intencionales en un empeño por impedir que una organización clandestina como Hamas pueda volver a intentar acciones terroristas como la que perpetró contra los asistentes a un concierto el 7 de octubre de 2023 y que dejó un saldo de 1,139 israelíes muertos y más de 200 tomados como rehenes, algunos de los cuales también murieron y otros siguen prisioneros. Cuando algún miembro del gabinete actual de Israel ha declarado abiertamente que la operación militar en Gaza tiene como objetivo final eliminar permanentemente a la población palestina de ese territorio, Netanyahu simplemente ha respondido que esas son declaraciones de un ministro, pero no del gobierno y por tanto la definición de genocidio no corresponde a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.
Y resulta que el argumento del gobierno israelí es justamente el que Lemkin temía que se podría emplear para neutralizar la fuerza de su concepto y la naturaleza de los hechos. Como sea, algunos grupos defensores de los derechos humanos en Israel, Physicians for Human Rights Israel (PHRI) y B’Tselem aceptaron ya calificar de genocidas las acciones de su ejército en Gaza (ttps://edition.cnn.com/2025/07/28/middleeast/israeli-human-rights-group-accuses-israel-genocide-gaza-intl.) como finalmente también lo hicieron los dos participantes en la conversación ya citada del Ezra Kline Show.

Conclusión

Israelíes y palestinos reclaman como suyo el mismo territorio y sostienen sus respectivos derechos con argumentos históricos e incluso religiosos que son excluyentes. Es claro que pretender hoy la convivencia armónica de las dos comunidades, una teniendo que vivir sin un Estado propio que la defienda y dentro de un territorio muy limitado que esta bajo el férreo control de otra que sí cuentan con una estructura estatal -con un ejército muy poderoso y apoyado por la principal potencia mundial- es pretender un imposible.
Teóricamente, la solución probable en Palestina sigue siendo la propuesta en 1947 por la ONU: la creación de dos es-tados, uno árabe y otro judío, y otorgar a los palestinos la misma soberanía de la que hoy gozan los israelíes. Pero, aunque hoy esa solución parece ser tan imposible o más que en 1947, el resto del mundo debe pronunciarse en su favor y en contra de la política de Netanyahu que, en lo esencial, corresponde a lo que Raphael Lemkin y a nombre de la humanidad consideró como algo inhumano y absolutamente inaceptable.

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